Del encuentro participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director ejecutivo de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Exequiel Donda. Representando a la Mesa de Enlace, estuvieron presentes Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso (Sociedad Rural Argentina), Matías Martiarena (Federación Agraria Argentina) y Ronald Garnier (Federación Entrerriana de Cooperativas), entre otros.

Durante la reunión, Bernaudo presentó un estudio comparativo sobre la actualización del IIR en provincias vecinas como Córdoba, Santa Fe y Corrientes, asegurando que el ajuste en Entre Ríos sería "significativamente menor", buscando equilibrar el alivio fiscal para los productores con mejoras sustanciales en la infraestructura vial.

Por su parte, Korell destacó las medidas tributarias adoptadas para aliviar la carga fiscal del sector, como la reducción al 0,5% de la tasa de inscripción de camiones y maquinaria agrícola, y beneficios de hasta un 35% de descuento por pago anticipado, buen cumplimiento y adhesión a la boleta digital. Además, se repasaron los alcances de la próxima Reforma Tributaria 2025, que pretende incentivar la inversión y la producción en la provincia.

"Dialogamos sobre temas tributarios y el impacto de los recursos del IIR en la reparación de los caminos rurales, además de analizar beneficios fiscales como la baja en el Impuesto a los Sellos y en Ingresos Brutos para el transporte local", explicó el titular de ATER.

Al finalizar el encuentro, Juan Diego Etchevehere expresó: "Asistimos a esta convocatoria del Gobierno de Entre Ríos y trasladamos la realidad que vive el productor entrerriano, con números que no cierran y que deben ser considerados seriamente por las autoridades".

La reunión fué llevada a cabo este miércoles al mediodía en Casa de Gobierno de Entre Ríos, los integrantes de la Mesa de Enlace provincial y miembros del gabinete del Gobierno entrerriano, analizaron el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. 

Por el Distrito Entre Ríos de la SRA, asistió su director Juan Diego Etchevehere y el delegado Mariano Berisso; por la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, Farer, Nicasio Tito; por la Federación Entrerriana de Cooperativas, Fedeco, Ronald Garnier, y por Federación Agraria de Entre Ríos, Elvio Guía, quienes fueron recibidos por el Secretario de Desarrollo Económico de Entre Ríos Guillermo Bernaudo, el Secretario de Presupuesto y Finanzas Cr. Uriel Maximiliano Brupacher y por la Administradora Tributaria de Entre Ríos, su Director Ejecutivo Cr. Jesús Rafael Korell.

Desde el campo “expusimos la realidad actual del productor agropecuario entrerriano que viene de sufrir tres emergencias consecutivas, muy desfinanciado por las pérdidas económicas que debió afrontar y dentro de un contexto de presión fiscal récord. El productor de Entre Ríos es el que más recursos debe pagar a algún tipo de Estado (nacional, provincial y municipal) de toda la región pampeana y central del país. Cada 100 pesos que produce, 65 van a la burocracia estatal, un disparate”, afirmó Juan Diego Etchevehere.

“Expresamos a los funcionarios del Gobierno que según nuestros análisis la actualización del impuesto inmobiliario provincial debería rondar el 140% -de acuerdo a la productividad de nuestras tierras y otros indicadores complementarios- y que en un contexto de aumento de costos y estancamiento de precios de nuestra producción, nos arruinaría económicamente cualquier índice de aumento que se acerque al 200% como lo viene impulsando equivocadamente el gobierno kirchnerista de Axel Kicillof .

La voracidad fiscal que están afrontando los productores de la provincia de Buenos Aires es lo que no queremos que suceda en Entre Ríos”, afirmó el director de la SRA Entre Ríos.

Tanto es el agite que ya suceden reuniones de productores analizando los más y los menos de no pagar el gravamen. Hablan de una rebelión fiscal y lo hacen al amparo de las declaraciones del diputado oficialista José Luis Espert, en tal sentido. El legislador ya enfrenta en su provincia un pedido de denuncia penal por tales dichos.

Salpicados quizá por esa movida, que mereció la máxima atención de los medios porteños, la Mesa de Enlace provincial abrió el paraguas y publicó un texto donde expresan el rechazo a la suba de marras. Argumentan que la ley que regula tal ajuste contiene una fórmula de actualización tributaria que arrojaría un aumento del 139%.

Como contrapartida, desde el gobierno provincial diseñan una convocatoria amplia a la Mesa de Enlace entrerriana para conversar del tema. Las diferencias en la relación de las entidades con los gobiernos de Entre Ríos y el de Buenos Aires son como extremos opuestos. Aquí, el diálogo es el término que describe el vínculo; y nada aparece en el horizonte que haga sospechar de un resquebrajamiento.

En el texto donde sientan posición tanto ruralistas de CRA y la Rural Argentina, como federados y cooperativistas del pago chico, dice: “Los productores venimos de hacer frente a tres emergencias agropecuarias consecutivas con pérdidas parciales o totales en casi la mayoría de las actividades. Hoy, debemos afrontar al pago de las prórrogas impositivas otorgadas en su momento, en un contexto de incremento de costos y precios de la producción estancados”.

El tono que define la posición de la Mesa, -conducida en Entre Ríos por Elvio Guía, Nicasio Tito, Ronald Garnier y Juan Diego Etchevehere-, tiene un remate que despeja dudas: “Nuestra provincia ha marcado la historia reciente nacional por ser una de las que mayor presión tributaria aplica a sus actividades productivas. Este capítulo debería quedar atrás definitivamente si queremos construir una provincia más próspera. Por ello reiteramos, nuestra solicitud de que se aplique la ley como ya está estipulada. No hay ninguna razón por la cual no se la respete”. Por lo pronto, queda por recordar que al menos en los últimos tres años el aumento del Inmobiliario Rural fue por debajo de la inflación.

La Mesa de Enlace de Entre Ríos mantuvo una reunión con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el coordinador general del Ministerio, Daniel Rodríguez; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho; el subdirector de Vialidad, Alfredo Bel y gran parte del gabinete.

La misma tuvo lugar en la Casa de Gobierno y giró en torno a distintos temas centrales para el sector agropecuario como lo son los caminos de la producción; la postergada ley de fitosanitarios y el ordenamiento territorial; tarifa eléctrica del sector rural; líneas crediticias y financiamiento con aval del Fondo de Garantías de Entre Ríos (FOGAER); el Documento Único de Tránsito (DUT); ley de humedales y dentro de lo impositivo, el Impuesto Inmobiliario Rural 2024, ingresos brutos y sellados; la necesidad de contar con protocolos para sobrellevar cuestiones vinculadas a las inundaciones y los incendios; entre otros.

En representación de las entidades rurales participaron Nicasio Tito, Héctor Reniero y Sergio Dalcol (FARER); Matías Martiarena y Luciano Challiol (FAA); Juan Diego Etchevehere, Eduardo Morrogh Bernard, Gaston Leynaud y Andrea Firpo (SRA) y Roland Garnier, Diego Brauer y Miguel Laurencena (FEDECO).

Luego del encuentro, los dirigentes coincidieron en que "esta fue una primera reunión, donde más allá de las presentaciones de rigor, necesitábamos poner cuanto antes arriba de la mesa cuestiones que son inherentes a la producción agropecuaria. Ahora ya conocemos los interlocutores para cada temática específica y avanzamos en el abordaje de tópicos centrales", indicaron.

Los dirigentes de las gremiales rurales señalaron que "siempre el diálogo es un buen camino y lo hemos honrado siempre, aún en épocas donde nuestros aportes y pedidos fueron desoídos. Entendemos que se pueden construir muchas cosas a partir del trabajo mancomunado y así debe ser comprendido por todas las partes. Acá debiera primar el sentido común, ir por los aspectos más urgentes y plantear con firmeza las políticas estratégicas que necesita la provincia. Necesitamos un rumbo productivo que saque a Entre Ríos del letargo", afirmaron.

Por su parte, se acordó entre las partes que cuando existan temas sectoriales, como podría ser el arroz, se convoque a las reuniones a la Cámara específica a los efectos de no duplicar encuentros, al tiempo que se resolvió una periodicidad de reunión con el ministro de 45 días, más allá de que cada mesa sectorial pueda ir trabajando paralelamente con mayor asiduidad.

Asimismo, destacaron la reunión como "positiva" y si bien resaltaron que no pudieron profundizar en la gran mayoría de los temas "se comprendieron cuáles de ellos deben ser tomados con celeridad, ya que algunos llevan años esperando en los cajones de la legislatura o de los despachos del ejecutivo entrerriano. Temas como una verdadera política de Estado para los caminos rurales y carecer de una ley que regule la producción, son hechos que no pueden dilatarse más porque conllevan efectos negativos gigantescos".

La mesa de enlace se niega a pagar el bono de fin de año a trabajadores rurales, se trata del monto de $26.000 acordado con el Gobierno. Las entidades de productores solicitaron una medida cautelar al Poder Judicial para evadir el pago. A esto hay que sumarle la negativa de los miembros de la Sociedad Rural de actualizar la paritaria como habían acordado el año pasado.

A finales del año pasado la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) acordó con el Gobierno, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), un bono de $26.000 pesos para fin de año con el objetivo de paliar la caída del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Según explicó el gremio este monto fijo sería cobrado sólo por los trabajadores formales que perciban un ingreso inferior a $185.859.

El acuerdo vino con la promesa de una próxima reunión para revisar la última paritaria firmada en agosto del 2022, la misma estipulaba una instancia de reajuste en enero para intentar contener la escalada inflacionaria.

La Mesa de Enlace que rechazó en diciembre este acuerdo y se negó a pagarlo, recurrió este jueves al Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 71 para solicitar una medida cautelar que le permita “legalmente” no abonar el bono extraordinario de fin de año a los trabajadores rurales.

Pese a los distintos beneficios que les viene dando el Gobierno, cómo el dólar soja, las patronales agrarias ponen de excusa la sequía para intentar evadir el pago, y apelan a las condiciones “crítica” de los productores, sin mencionar claro ni las ganancias que tuvieron en el último año, ni la situación en la que se encuentran los trabajadores registrados y mucho menos de los miles que se ven obligados a trabajar de manera informal sin ningún derecho laboral, un 70% de los trabajadores rurales sufren esa condición.

En medio de un contexto con fuertes cuestionamientos internos tras la marcha organizada por autoconvocados el fin de semana, la Mesa de Enlace se reunirá en el transcurso de la semana, para analizar los pasos a seguir.

Entre los directivos de las gremiales rurales las lecturas sobre lo ocurrido están divididas. "Fue un error estratégico no haber acompañado", sostuvo uno de ellos. "No conseguimos adhesiones para ir y los productores dijeron que no era el momento", señaló Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina. El único apoyo que obtuvieron fue el más impensado: en declaraciones periodísticas, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, sostuvo que sólo tratará los problemas del campo con las entidades que lo representan.

El tractorazo en Plaza de Mayo dejó en evidencia las fisuras que existen al interior de las gremiales agropecuarias y el primer coletazo lo sufrieron los cooperativistas. Fuentes de Coninagro explicaron que hace dos semanas, y tras consultar con sus bases, consensuaron no participar. Luego de esa decisión, Alejandro Buttiero, presidente del Consejo Provincial en Córdoba, adhirió en esa provincia con su firma a la marcha. "Hizo algo diferente a lo que decidimos como entidad, no fue orgánico", remarcaron. Por estas horas, se está analizando su continuidad. En primer lugar, deberá expedirse la Asociación de Cooperativas Argentinas (entidad a la que pertenece Buttiero) y luego lo hará Coninagro.

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La Mesa de Enlace se verá las caras y si bien organizarán la agenda de reuniones con los legisladores, uno de los temas obligados será analizar las estrategias a abordar, para acompañar los reclamos del campo. "Tenemos que hacer una lectura autocrítica de lo que pasó el sábado y hay que salir a conversar con los productores", reconocieron. Con respecto a la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que fue suspendida la semana pasada, por el momento no se confirmó una nueva fecha.

Achetoni explicó que respetaron la decisión de sus bases de no participar en el acto, situación que también se trasladó al resto de las gremiales. Al conocerse el llamado a la protesta de los autoconvocados, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se pronunciaron de manera similar. Más allá de esta decisión, se pudo ver en el acto al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y al vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, conversando junto a los productores.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aprovechó al máximo este clima de fragilidad entre los dirigentes rurales y envío un mensaje con un doble propósito. En declaraciones periodísticas, reconoció que si hay problemas con el sector, solo lo hablará con las "entidades que representan al campo". Así, además de restarle entidad a los autoconvocados, tendió puentes con la Mesa de Enlace.

Por Andres Lobato 

El Secretario de Comercio Interior criticó la postura de los empresarios del campo y aseguró que si el conflicto entre Rusia y Ucrania se extiende puede haber un "importante desabastecimiento alimenticio en el mundo" porque entre ellas exportan casi el 30% del trigo mundial.

El funcionario nacional, Roberto Feletti se refirió a los dichos de la Mesa de Enlace y el pedido de quitar las retenciones en un contexto de suba del precio del trigo, "muestra su falta de solidaridad, nadie en Argentina gana salarios a precios internacionales" expresó y añadió "todos sabemos que si las retenciones son cero, el precio del pan va a ser a precio internacional".En ese sentido remarcó que "nadie en la Argentina, y sobre todo en un consumo popular, gana salarios a precios internacionales", por lo cual "pensar que se puede consumir pan con el precio del trigo a casi 500 dólares la tonelada, sin ningún mecanismo de desacople de precio interno del internacional, es decir 'no coman pan'".

Feletti catalogó como "un impacto muy grande" el aumento de la tonelada de trigo de 280 dólares a 490 que se dio en los últimos días y analizó que "es una buena noticia que suba el precio de los productos que la Argentina exporta pero tiene que preservarse el consumo interno". "Si eso se traslada al precio del pan, deja de ser una buena noticia", advirtió.

A su vez resaltó que entre Ucrania y Rusia exportan de casi el 29% de las toneladas de trigo en el mundo y casi el 19% en maíz, "la presión sobre esos granos es grande, si vos no tenés mecanismos suficientes de desacople va a haber tensión" añertó y acotó, "hoy las medidas que ponemos para este desacople frente a este escenario de volatilidad de precios internacionales pueden llegar a ser insuficientes".

Para cerrar aclaró que esto último, "ya es una preocupación que se ha instalado en el seno del Gobierno" y contó que lo ha hablado con los ministros Guzmán y Kulfas. "El escenario internacional se presenta muy complejo y si la guerra prosigue el desabastecimiento alimenticio en el mundo puede ser importante" y concluyó, "puede favorecer a la Argentina, como ha pasado en otras guerras, pero también hay que pensar que eso tiene que preservar el consumo popular".

El total de hectáreas afectadas en Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa, llegan a las 500.000, de acuerdo con un relevamiento realizado por las entidades, aunque el distrito correntino sería el más afectado.

En Corrientes solamente ya se perdieron más de 25.000 millones de pesos, datos que surgen de un relevamiento presentado por los propios productores.

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias emitió un comunicado manifestando “su preocupación ante la catastrófica situación que viven los productores en las provincias del litoral argentino como consecuencia de los fenómenos climáticos que azotan la región”.

Indica el documento que la provincia de Misiones arrastra un período seco que lleva casi tres meses, sumado a un 2021 que fue el año con menos lluvias registradas de las últimas cinco décadas.

El mismo fenómeno climático afectó al 90% de las hectáreas productivas de Entre Ríos con pérdidas económicas en su diversidad productiva. En Corrientes los incendios ya arrasaron más de 380.000 hectáreas convirtiendo los campos en una línea de fuego casi imposible de controlar.

En Chaco y Formosa la sequía pegó fuerte en la actividad ganadera y en la zona agrícola donde los rendimientos serán inferiores a los estimados.

Las entidades que conforman la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria y Coninagro le pidieron al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que cambie el temario de la reunión, prevista para este miércoles en el marco del Consejo Federal Agropecuario (CFA).

En una carta dirigida al titular de Agricultura le solicitaron que se elimine el anticipo de Ganancias para los productores que sufren las consecuencias de la sequía, e inundaciones en algunas regiones.

Para el encuentro, previsto para este miércoles el Gobierno había propuesto abordar tres ítems: normativa de troceo a la carne que le pondrá fin a la media res, programas de créditos y el plan ganadero, señala la Mesa de Enlace.

La carta señala que "como es por ud. conocido, son miles los productores afectados en este momento por las dramáticas consecuencias de la sequía y/o las inundaciones que han castigado despiadadamente a distintas zonas geográficas de nuestro país".

"Por tal sentido, consideramos que la reunión que deberíamos sostener quienes fuimos elegidos al frente de las entidades que representamos a los damnificados y conformamos esta Comisión de Enlace, con los ministros y funcionarios de la Nación y de las provincias que conforman el Consejo Federal Agropecuario, debiera tener como ítem único, urgente y prioritario la búsqueda de soluciones que brinden asistencia a los productores para salir de esta difícil situación, continúa la misiva.

"Incluso, debiéramos poder discutir alternativas para que no se avance con el irrisorio e inadecuado cobro de un supuesto "anticipo de ganancias" a quienes están viendo desvanecerse ante sus ojos los resultados de su trabajo y su inversión, por lo que les resulta absurdo pensar en ganancias", puntualiza.

El Gobierno nacional y la Mesa de Enlace acordaron este martes flexibilizar las restricciones vigentes para la exportación de vaca conserva y manufactura a China desde el lunes próximo, tal como informó Ámbito.

"Resolvemos de esta manera un problema planteado por los gobernadores y las entidades y también la situación de los frigoríficos que no habían podido participar", expresó Julián Domínguez, el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que se presentó acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

Asimismo, el funcionario remarcó: "El presidente de la República me pidió de manera especial poner en funcionamiento aquello que la pandemia nos había impedido que funcionara".

Manzur, por su parte, aseguró que la reunión con los representantes de la Mesa de Enlace fue "extremadamente productiva" y afirmó que "la agenda de trabajo fue resulta en su totalidad a través del diálogo".

En la reunión que se llevó a cabo en las instalaciones del Ministerio concurrieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En tanto que por el sector empresarial, los cuatro presidentes de las entidades de la Mesa de Enlace: Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Elbio Laucirica (Coninagro) y Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas).

La flexibilización para exportar a China se suma a los cortes destinados a la Unión Europea para cumplir con la Cuota Hilton y de carne kosher para el mercado de Israel, que ya habían sido habilitados por el Ejecutivo nacional.

La medida conocida como el "cepo a la carne" regía desde el mayo con el objetivo de frenar el alza de precios e incrementar la oferta a nivel local y estaba vigente hasta el 31 de octubre. El pedido para detener el alza de los precios fue renovado en esta oportunidad.

La decisión generó en un principio el rechazo por parte de la Mesa de Enlace al calificarla como un retroceso en un momento en el que el país requiere de dólares.

En la previa de la reunión, Paula Español, secretaria de Comercio Interior, defendió la restricción y aseguró que logró "quebrar la dinámica ascendente" de los precios en las carnicerías.

Para la funcionaria "se cortó el alza" de los precios en las carnicerías, mientras que un mes después "hubo un parate y hasta una baja en algunos productos".

Los dirigentes de la Mesa de Enlace anunciaron este martes un plan de lucha que incluirá una cese de la comercialización que comenzará en las próximas horas, y que podría intensificarse luego de las elecciones del 12 de septiembre. La medida surge tras el anuncio del Gobierno de prorrogar hasta el próximo 31 de octubre el freno a las exportaciones de carne

Lo comunicaron durante una conferencia de prensa de la Mesa de Enlace en Santa Fe en la cual la dirigencia agropecuaria, ya previendo esta prórroga, decidió reunirse para analizar el escenario y definir las medidas a tomar.

También participaron del encuentro Guillermo Merediz, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación; Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa.

El anunció del Gobierno de extender las restricciones a las exportaciones de carne hasta el 31 de octubre fue publicado mediante la resolución conjunta 7/21 de los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Allí dispusieron prorrogar por dos meses las restricciones a las exportaciones de carne establecidas en el decreto 408/21, precisamente en el día de su vencimiento.

Según los fundamentos de la prórroga "en materia de precios, el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos", ya que "tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena".

"En consecuencia puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios", señalaron Basterra y Kulfas en los considerandos de la resolución conjunta. No obstante, los ministros admitieron que "la solución estructural a la tensión entre mercado externo y mercado interno se vincula con medidas que permitan aumentar la producción".

El presidente de CRA, Jorge Chemes, afirmó tras conocer esta medida que "el gobierno buscan un escenario de confrontación con el campo". En los últimos días ya había adelantado la actitud de la administración nacional, ya que, según su opinión: "Es muy claro lo que se dice. El Gobierno toma las decisiones por nosotros, nunca somos consultados. En 2019 el presidente dijo que no iban a tomar ninguna decisión sin consultarnos y no fue así".

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), junto a las demás entidades de la Mesa de Enlace entrerriana (FAA, SRA y FEDECO) han decidido convocar a dos asambleas de productores para analizar los pasos a seguir ante la continuidad de la Resolución N° 77 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), es decir el Plan Nacional de Control y Erradicación de Brucelosis Bovina.

Las asambleas previstas han sido convocadas para el jueves 12 de agosto en la Sociedad Rural de María Grande y para el 25 del mismo mes en Villa Elisa (Sociedad Rural de Colón).

"La idea es que junto a los productores definamos una postura conjunta ante el plan de brucelosis del SENASA que desde la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) no compartimos y ante lo cual en diciembre del 2020 aprobamos un proyecto alternativo y superador para encarar esta lucha en Entre Ríos, con esquemas sensiblemente más racionales, usando la vigilancia epidemiológica y con un menor costo para los productores ganaderos", explicó el titular de FARER, José Colombatto.

El dirigente gremial sostuvo que "provincias como Corrientes y Misiones también han mostrado su disconformidad con la obligación de la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) que exige el SENASA", al tiempo que aseguró que "Entre Ríos es una de las provincias más comprometidas con las luchas sanitarias y quieren obligarnos a realizar acciones muy onerosas que no van a mejorar los índices de presencia de la brucella, más teniendo en cuenta que venimos trabajando hace muchos años exitosamente en el control de la enfermedad", remarcó.

Las entidades que integran la Mesa de Enlace remarcaron la importancia de continuar el diálogo con el Gobierno nacional para levantar las restricciones para exportar carne vacuna y volvieron a plantear la necesidad de que se produzca una apertura total para los envíos.

Los dirigentes esperan que el Poder Ejecutivo oficialice en los próximos días una flexibilización de la medida.

En el marco de un encuentro organizado por el Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba, el presidente de la Sociedad Rural (SRA), Nicolás Pino; el titular de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, y el titular interino de Coninagro, Elbio Lauricida, también manifestaron sus diferencias con los denominados productores autoconvocados.

"La Mesa de Enlace está dialogando. El lunes pasado tuvimos esa reunión con dos ministros (Matías Kulas, de Desarrollo Productivo y Luis Basterra, de Agricultura), en la que éramos varios representantes de los eslabones de la actividad. Desde ese día me despierto a la noche a ver el Boletín Oficial, porque hubo un compromiso de ir flexibilizando este tema de la exportación", dijo Pino.

Para el ruralista, "el diálogo, siempre y cuando sea constructivo y no quede en palabras huecas, es lo último que hay que romper. Tenemos la responsabilidad, como dirigentes, de llevar a Argentina a un buen destino, pero sí tenemos que pedir que no queremos ir de banquina en banquina".

En la misma línea, Achetoni dijo que en el Gobierno "estaban elaborando un decreto donde las distintas entidades, también de los frigoríficos y trabajadores, se les pidió que la flexibilización no existiera, sino que haya una apertura total de exportaciones, que es lo que ha venido dando la potencialidad y mejora en el crecimiento en el número de cabezas".

A su turno, Lauridica planteó que los dirigentes deben "dialogar con las funcionarios que estén en el área y tengan las competencias necesarias para toma las decisiones. Este tema salió en la última reunión, porque cada vez que hablamos hemos encontrado una buena disposición, pero las decisiones no aparecen y no se concretan".

"Estamos en un momento muy acuciante y necesitamos que estas decisiones se tomen de manera rápida porque los perjuicios son notables y lo que ellos buscan no se logra", agregó Lauricida.

Por último, Chemes expresó que "si el Gobierno no tiene una visión clara del daño (que provoca la medida) vamos a ir a un país con muchos problemas y si no tiene la capacidad de dialogar, hay que llamarle la atención a través de medidas como las de San Nicolás".

Respecto al comunicado publicado ayer por los productores autodenominados autoconvocados, en el cual le dan un plazo de 20 días al Gobierno para atender sus reclamos, Chemes dijo que las entidades "no compartimos las amenazas", tras lo cual argumentó que el documento tiene un "concepto claro".

"Ninguno de nosotros se siente presionado por los autoconvocados. Estamos hablando de los mismos problemas. La diferencia es en la metodología: los autoconvocados tienen una idea diferente a la nuestra donde no existe la paciencia para el diálogo que hay en la entidades. Nosotros tenemos que tener esa paciencia", concluyó el titular de CRA.

Varios miles de productores rurales y empresarios de la agroindustria se manifestaron este viernes contra las políticas del Gobierno en una proclama en San Nicolás, reclamando que cesen las limitaciones sobre las exportaciones de materias primas y productos agroindustriales.

En el kilómetro 228 de la ruta 9 (Rosario-Buenos Aires) pudieron observarse cientos de vehículos y también llegaron unos 200 jinetes a caballo.

Para la Mesa de Enlace, que nuclea a las principales entidades del campo, hubo unas 65.000 personas; las imágenes aportadas por los drones de los canales de noticias no mostraron tal masividad.

Con la consigna "Ciudadanos movilizados en defensa de la producción, el trabajo y la educación", también se acercaron a dar sus apoyos representantes de actividades como el turismo, la educación, la gastronomía y la salud.

La protesta en el marco de la celebración por el Día de la Independencia de la Argentina se originó en un llamamiento de productores autoconvocados, aunque recibió el apoyo de la Mesa de Enlace e incluso de partidos de la oposición política al Gobierno.

El mejor lugar para conmemorar el Día de la Independencia", escribió en sus redes sociales Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agroindustria de Macri.

Los organizadores del encuentro habían agradecido de antemano el interés opositor por la protesta y pidieron que no asistieran referentes partidarios para que no se terminara deslegitimando el reclamo. Bullrich fue igual y fue una de las protagonistas.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, afirmó en el acto que el cierre de las exportaciones de carne vacuna "es inexplicable" porque le ha hecho perder divisas al país. También cuestionó el nuevo régimen de biocombustibles y el control estatal por un año de la Hidrovía

En el mismo sentido se expresaron los titulares de la Sociedad Rural, Nicolás Pino; Carlos Achetoni, de la Federación Agraria; y Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales.

Los cuatro solicitaron al Gobierno que sume a la Mesa de Enlace a las deliberaciones sobre la política agroindustriales.Con amplia presencia cordobesa, el agro elevó la voz contra el Gobierno desde San Nicolás

El Gobierno no tiene en cuenta a la Mesa de Enlace en el diálogo sino que viene negociando medidas y decisiones con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el cual es conducido por el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins; el coordinador de la Mesa Nacional de las Carnes, Dardo Chiesa; y el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idigoras; no obstante, Chemes se suele sumar.

Ocho reclamos puntuales

Desde las primeras horas, los productores hicieron circular la "Proclama de San Nicolás de los Arroyos", un documento -que fue sumando firmas- con ocho puntos de reclamo, algunos técnicos y económicos, otros estrictamente políticos.

El primero de los ocho pedidos figura el cumplimiento de la Constitución Nacional, dado que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas "cuya constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible".

También pidieron una baja en la presión impositiva y la flexibilización de las leyes laborales actuales; que los funcionarios públicos no "relativicen" el derecho a la propiedad privada; y que haya exenciones impositivas para todo sector que se vea "forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas" por la pandemia.Protesta del campo contra el Gobierno en San Nicolás. (Clarín)Asimismo, los ruralistas pidieron que se mantengan las clases presenciales porque solo ellas pueden garantizar el acceso a la educación de los alumnos.

"Las escuelas deben ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse", dice la proclama.En sexto lugar, se pidió que ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado supere en monto o porcentaje a aquel que se otorgue a médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema de salud.

En séptimo lugar el documento dice que "el gobierno debe derogar inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de las retenciones que permita eliminarlas en el menor tiempo posible".Y por último, pidieron los ruralistas, que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto político en particular.

"La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis", agrega el documento

La Mesa de Enlace de Entre Ríos, integrada por la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), la Sociedad Rural Argentina, distrito Entre Ríos, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y la Federación Agraria Argentina, adhiere a la movilización del viernes próximo.

"Pasado un año y medio de gestión del gobierno nacional, notamos con preocupación la ejecución de una serie de medidas que no sólo atentan contra el campo, la producción y la cadena agroindustrial del país, sino también contra muchos sectores independientes de nuestra sociedad", dice el comunicado

Luego, dan sus razones del malestar con el Gobierno Nacional: "A las medidas intempestivas altamente intervencionistas del gobierno nacional, como el incremento de retenciones e impuestos, las limitaciones fijadas a las exportaciones de carne, la estatización de la Hidrovía del Paraná, la ideologización de un órgano técnico como el INTA, hay que sumar la inexistencia de un diálogo constructivo, la limitación de las libertades, las restricciones a la propiedad privada y las declaraciones oficiales sesgadas. En suma, la generación de un clima de enojo y zozobra en el campo y gran parte de la sociedad".

Afirman, por todo ello, la Mesa de Enlace de Entre Ríos adhiere e invita a participar de la movilización nacional que se realizará el 9 de julio en la localidad de San Nicolás, ruta nacional N° 9, km 228, a las 10 horas.

Este miércoles terminó el paro de comercialización de hacienda dispuesto por las entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace en rechazo al cierre de exportaciones de carne vacuna por 30 días dispuesto por el Gobierno nacional ante el fuerte aumento de los precios internos. "El jueves habrá normal comercialización de ganado", aseguró el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Tras 14 días de paro la medida se terminó "en función de los ciclos naturales, las necesidades por los compromisos asumidos por los productores, los necesarios movimientos que implican la actividad de cría y por sobre todo porque no queremos producir perjuicio alguno sobre el ya castigado ciudadano argentino", anticiparon desde las entidades.

El lock out de los productores se produjo en reacción ante la suspensión de las exportaciones por 30 días que adoptó el Gobierno nacional por el "aumento injustificado" del precio de la carne en el mercado local, y a las operaciones irregulares detectadas en los embarques al exterior vinculadas a la subfacturación de los cortes declarados.

Según el presidente de Coninagro, "el espíritu es que no haya nadie perjudicado ni desabastecido, sino que el Gobierno entienda que este no es el camino; que necesitamos un plan de crecimiento productivo, necesitamos exportar; ya se han perdido 120 millones de dólares, vamos a perder cerca de 360 millones mensuales; es una medida totalmente inexplicable porque hay un ambiente de diálogo y de consenso en toda la cadena".

En ese sentido, aseguró que "el jueves habrá comercialización de ganado; la decisión que se tomó es llegar al miércoles y abrir una ventana suficiente de tiempo de 10 días para normalizar el suministro; esperemos que en ese tiempo surja algún ámbito de negociación que resuelva el tema".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams destacó que "hubo un aumento del 9% tras el paro de comercialización y va a costar mucho que bajen los precios".

En ese marco, Williams destacó que "este es un problema político", dado que "el carnicero no forma precios", y contó que desde el sector se pidió que se forme "una mesa de discusión, pero los grandes exportadores no quieren".

Los dirigentes de la Mesa de Enlace decidieron extender el cese de comercialización de hacienda hasta las 24hs del miércoles que viene, en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna. Así lo confirmaron sectores cercanos a las entidades de productores agropecuarios. No se suman otras producciones, como habían reclamado las bases en las últimas semanas.

Anoche el presidente Alberto Fernández aseguró: "Vamos a levantar el cierre de exportaciones el día que tengamos resuelto este tema. Está visto que exportando el 30% de lo que se produce tenemos un problema enorme en los precios internos". A todo esto, el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, aseguró: "Se solicitó al sector exportador de la carne que busque un precio adecuado. La negociación por el precio de la carne es sencilla. Ya hace tiempo veníamos generando diálogo con el sector exportador para buscar un precio adecuado que se estacione en las posibilidades de los ingresos que tienen las familias argentinas".

Con el cierre del mercado externo todavía firme es que los dirigentes del agro decidieron extender la medida de fuerza. Tres entidades diferentes que conforman la Mesa de Enlace confirmaron a Infobae que la medida de fuerza se extenderá hasta el miércoles que viene. En las próximas horas se confirmará a través de un comunicado oficial.

Hasta el momento la protesta registró un alto acatamiento, con un Mercado de Liniers sin ingreso de animales y los remates físicos y virtuales suspendidos. Esta nueva etapa del paro no incluye a otras producciones, teniendo en cuenta que los presidentes de las cuatro entidades de productores agropecuarios recibieron el pedido de sus bases de sumar los granos, porcinos y economías regionales.

Por otro lado, no prosperó la negociación entre el Gobierno y los frigoríficos exportadores, pese a que en las últimas horas hubo avances importantes en aceptar la propuesta del sector privado de trasladar más volumen de carne para el programa de 11 cortes de carne vacuna que se comercializan a precios accesibles en supermercados. A cambio de eso se pedía el levantamiento de las restricciones para exportar.

También hubo una reunión de funcionarios nacionales con representantes de la Mesa de las Carnes, el pasado viernes, a partir de un pedido de audiencia del Consejo Agroindustrial Argentino y con matarifes y distribuidores de carnes, quienes en las últimas horas advirtieron que en el caso de extenderse el paro, podría faltar carne en los mostradores de las carnicerías a partir del lunes o martes de la semana próxima.

La Mesa de Enlace confirmó este lunes que el paro del campo continúa pese a la reapertura parcial en las exportaciones de maíz. La decisión fue tomada durante un encuentro que mantuvieron Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Daniel Pelegrina, de la Sociedad Rural, y Carlos Achetoni, de la Federación Agraria. También estuvo Carlos Iannizzotto, de Coninagro, que no se sumó a la medida de fuerza.

"Para nosotros el cese de comercialización sigue igual", dijo Pelegrina tras la reunión de los ruralistas. "Cuando se hizo la argumentación por el cierre es que no había maíz, ahora parece que hay mucho maíz", ironizó. "Con esta nueva medida se pretende regular y morigerar la inflación, que tiene otro origen, no en el precio de los alimentos. Otro error", agregó Pelegrina.

El enojo de los ruralistas pasa por la reapertura de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de solamente 30.000 toneladas de maíz diarios, lo que trae recuerdos de los famosos ROE, que durante la segunda gestión de Cristina Kirchner regulaba quién exportaba y cuánto. En la resolución oficial no se especifica la cantidad de toneladas que se pueden exportar, pero sí lo anunció el comunicado oficial del Ministerio de Agricultura.

"La historia nos muestra que las intervenciones han llevado a un sistema de corrupción", dijo Chemes, titular de CRA. "Es muy parecido a lo que fueron los ROE", recordó. "Necesitamos la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención de mercados, porque si hoy son 30 mil toneladas, mañana pueden ser 70 , 100 o lo que quieran. No va a ser aceptado", reproduce Infobae.

Agricultura levantó la suspensión de las exportaciones de maíz hasta marzo

En un comunicado, la cartera señaló que "luego de intensas negociaciones entre el Ministerio y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), incluidos representantes de Maizar, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y de las producciones aviar, entre otras, en referencia a la situación del mercado de maíz en la Argentina, se alcanzaron acuerdos entre los distintos actores de la cadena agroindustrial de esta materia prima".

El Ministerio de Agricultura levantó la suspensión de las exportaciones de maíz que regía hasta el 1 de marzo próximo, pero fijó un máximo de ventas externas diaria de 30.000 toneladas de granos.

"Luego de intensas negociaciones entre el Ministerio y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), incluidos representantes de Maizar, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y de las producciones aviar, entre otras, en referencia a la situación del mercado de maíz en la Argentina, se alcanzaron acuerdos entre los distintos actores de la cadena agroindustrial de esta materia prima", señaló Agricultura en un comunicado.

Indicó que "se verifica el compromiso de los oferentes al abastecimiento del mercado con fluidez hasta el empalme con la campaña 20/21", y afirmó que se trata de un "compromiso aceptado por los sectores demandantes de las cadenas productoras de alimentos de consumo".

Asimismo, subrayó que "es de preocupación del Estado nacional, el impacto de los precios de esta materia prima sobre las distintas cadenas de transformación en alimentos de la mesa de los argentinos y argentinas".

En este sentido, remarcó que "el CAA también expresó preocupación similar, acordándose un cronograma de trabajo, con inicio el próximo martes 12 de enero, a los efectos de trabajar propuestas para desacoplar los precios internacionales de los domésticos".

"Considerando desde el Gobierno que se alcanzó el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, pero que resta aún resolver las condiciones de accesibilidad a dicha oferta no sólo en términos de cantidad sino también de precios, y atento al acuerdo del CAA, se decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVEI de maíz", sostuvo Agricultura.

No obstante, puntualizó que "durante el período de análisis de las alternativas para el logro de estos objetivos, mientras se alcanzan los consensos, el Ministerio a través de la Subsecretaría de Mercados realizará un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20".

A tal efecto, precisó que "las DJVE Maíz 19/20 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias", y aclaró que "estarán exceptuadas de este requerimiento las especialidades Flint y las orgánicas NOP".

"En virtud del diálogo continuo y el trabajo virtuoso entre el sector productivo, de comercialización y la industria representados por el CAA, con el Ministerio de Agricultura, se logró atender los diversos intereses sectoriales sin desatender los sociales", concluyó el área que conduce Luis Basterra.