La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes las condenas contra Lázaro Báez y otros 21 acusados en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K”, al rechazar por “inadmisibles” los recursos presentados por las defensas. Con esta decisión, el máximo tribunal cerró una de las investigaciones más emblemáticas sobre lavado de activos provenientes de la corrupción en la Argentina.

La sentencia ahora definitiva impone diez años de prisión a Báez por operaciones ilícitas por más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. El empresario, estrechamente vinculado al kirchnerismo, había montado una estructura financiera y societaria para canalizar los fondos, tanto dentro como fuera del país. El caso cobró repercusión pública a partir de la difusión en 2016 del video en la financiera “La Rosadita”, donde se veía a su hijo manipulando fajos de dinero.

El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González. Aplicaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite rechazar recursos sin fundamentar. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, argumentando que debía intervenir la Procuración General.

La resolución también confirma las penas a otros condenados: Martín Báez (seis años y medio), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (seis años), Julio Mendoza (cinco años) y Leonardo Fariña (tres años y medio), entre otros. En total, son 22 las personas condenadas, aunque las hijas de Báez fueron absueltas por falta de pruebas.

Además de las penas de prisión, el fallo ratificó multas por hasta 328 millones de dólares y el decomiso de activos valuados en 65 millones. El Tribunal Oral Federal N°4, que juzgó el caso entre 2018 y 2021, deberá ahora determinar cuánto tiempo de condena cumplió cada imputado y resolver sobre posibles arrestos o penas en suspenso.

La causa comenzó en 2013 tras un informe televisivo, y se consolidó en 2016 con el video que evidenció las maniobras en la financiera SGI. La Justicia determinó que el lavado de dinero provenía de fondos obtenidos mediante evasión fiscal y facturación falsa, en el marco de la actividad de Austral Construcciones, empresa de Báez.

Por otra parte, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en este expediente continúa en etapa de instrucción. Aunque había sido sobreseída por el juez Sebastián Casanello, la Cámara Federal revocó esa decisión al admitir como querellante a una ONG. La Corte también rechazó los recursos de su defensa por cuestiones formales.

Con condenas firmes, decomisos históricos y una instrucción aún abierta en torno a figuras políticas de alto perfil, la “Ruta del Dinero K” se posiciona como uno de los casos más avanzados de la Justicia en materia de corrupción en los últimos años.

La Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de la defensa del empresario Lázaro Báez y de otros imputados para que la Corte Suprema revisara las condenas en la causa conocida como “Ruta del Dinero”.

El máximo tribunal penal declaró “inadmisible” sendos recursos extraordinarios planteados por los condenados Báez, Juan De Rasis, Claudio Bustos, Martín Eraso, Julio Mendoza, César Fernández, Fabián Rossi, Carlos Molinari, Eduardo Castro, Martín Báez, Walter Zanzot, Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco.

El fallo ratifica las penas para todos –en el caso de Lázaro Báez, a diez años de cárcel- y deja firme el criterio respecto a la modalidad del delito de “lavado” por el que fueron condenados.

En la etapa de juicio oral, el tribunal sostuvo que el dinero –unos 65 millones de dólares- que se les atribuye haber lavado provenía de la corrupción en la obra pública.

Sin embargo la Cámara de Casación consideró que el “delito precedente” que generó el dinero ilegal que el grupo lavó provino, en realidad, de la evasión impositiva.

La Cámara de Casación había rebajado las penas de los imputados, en el caso de Báez de 12 años de prisión a diez.

Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky cerraron la vía de apelación ante la Corte en un proceso en el que también están condenados dos hijos de Báez y los financistas Leonardo Fariña y Federico Elaskar.

Las defensas tienen ahora la posibilidad de recurrir ante la Corte por vía de un “recurso directo” o de “queja”, para un último paso antes que las condenas adquieran fuerza de cosa juzgada.N.A.

El juicio oral en la causa Vialidad se reanuda este lunes con el comienzo del alegato final de la defensa del empresario Lázaro Báez, quien tiene un pedido de condena de 12 años de prisión por parte de la fiscalía en la causa que investiga si fue beneficiado con la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Federal 2 escuchará al abogado de Báez, Juan Villanueva, quien hablará ante los jueces durante tres jornadas, en respuesta a las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola Báez.

Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y cumple con arresto domiciliario por esa causa.

El dueño de Austral Construcciones enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron "prevaricato".

Báez está acusado por supuesta "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".

La semana pasada los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon a las defensas de otros dos acusados, el exsecretario de Obras Públicas José López y el también exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner. En ambos casos se reclamó la absolución.

"José López no cometió ilícitos. Nunca pudo haber cometido corrupción en la obra pública porque no lo controlaba", señaló el defensor de López, Santiago Finn. Además, la defensa oficial del exfuncionario cuestionó que los fiscales hayan involucrado al acusado en un presunto operativo para "limpiar todo", que según ellos se habría puesto en marcha a fines de 2015 para ocultar los presuntos ilícitos que ahora se juzgan.

"¿Como se 'limpian' kilómetros de caminos viales? No se limpian, quedan ahí", planteó el defensor y además sostuvo que "la intimidad resultó absolutamente violada, para López y las personas que hablaban con él".

La defensa se refirió al uso por parte la fiscalía como prueba en su alegato final del contenido de mensajes del celular del exfuncionario, que había sido peritado en otra causa en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito y que el TOF2 aceptó incorporar a este juicio.

Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión. Periotti está acusado como supuesto organizador de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

El debate se inició hace más de tres años, están acusados 13 imputados y, una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas por parte de las partes, si es que las hay.

En el juicio ya reclamó su absolución la Vicepresidenta, quien expuso por videoconferencia ante los jueces y denunció que los fiscales cometieron "prevaricato", por lo que pidió que se extraigan testimonios en el momento del veredicto para una eventual denuncia penal.

"La acusación de los fiscales viola la Constitución" porque "un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita", remarcó la vicepresidenta en su exposición, al asumir su propia defensa por ser abogada.

"A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo", enfatizó la titular del Senado.

También reclamaron absoluciones los abogados de los acusados Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; la del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y la de los exfuncionarios de Vialidad nacional y provincial que trabajaban en Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.

El debate se inició hace más de tres años, están acusados 13 imputados y, una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas por parte de las partes, si es que las hay.

Luego se fijará un cronograma para últimas palabras y, finalmente, la fecha del veredicto, que se evalúa dar a conocer antes de fin de año.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el arresto domiciliario del empresario Lázaro Báez y rechazó su pedido para salir en libertad. La defensa había apelado la negativa a salir en libertad que previamente resolvió el Tribunal Oral Federal 4 en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como “M&P” por movimientos sospechosos de dinero entre empresas del grupo.

Báez está detenido en su casa y conlleva una condena de 12 años de prisión por lavado de dinero en la causa conocida como “ruta del dinero k”, aunque la misma no está firme y al estar excedidos los plazos de prescripción de la prisión preventiva se le dio en su momento el arresto domiciliario. Además, el empresario está monitoreado con una tobillera electrónica.

Al prolongarse los años detenido de forma preventiva, la defensa invocó ello. Dos fiscales avalaron sus planteos, el de juicio Abel Córdoba y su colega ante la Casación Javier De Luca.

Por mayoría de la Sala IV de Casación, se rechaza los planteos de la defensa de Báez y seguirá preso en su casa vigilado por tobillera electrónica. 

“Habida cuenta de sus condiciones personales, del poder de disposición con el que aún cuenta y de la concreta existencia de una sentencia condenatoria, dictada por el propio tribunal actuante, a la pena de doce años de prisión y multa de ocho veces el monto de las operaciones allí acreditadas”, recordó en su voto Javier Carbajo.

“También debía valorarse -como se hizo en el fallo- los recursos económicos y el relevante patrimonio del acusado, aludidos en extenso por la acusación, extremos que razonablemente permiten inferir de su parte cierta facilidad para abandonar el país o permanecer oculto”, agregó

El juez Gustavo Hornos explicó también al votar porque siga arrestado en su casa: "La disposición de estas medidas tendientes a garantizar la comparecencia del encausado, debe atenerse a una finalidad cautelar coherente con el adecuado resguardo que debe imperar en este tipo de casos en el que, justamente, se juzgan conductas de considerable impacto patrimonial”. 

“En efecto, cabe memorar que la escala penal para el delito por el cual el imputado se encuentra procesado oscila entre un mínimo de cuatro (4) años y seis (6) meses y una pena máxima de trece (13) años y cuatro (4) meses de prisión, con lo cual es posible afirmar que, en este caso, la pena en expectativa resulta irremediablemente severa y que en su mínimo también permite descartar la procedencia de una condena, en su caso, de ejecución condicional”, resumió.

En cambio, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia al señalar que había falta de fundamentación en la decisión del Tribunal Oral. “En las particulares circunstancias del caso se aprecia que, el tribunal oral incurrió en un exceso jurisdiccional al imponer una medida cautelar más restrictiva a los derechos del imputado que la oportunamente solicitada por el señor Fiscal General interviniente en su dictamen, mediante el cual contestó la vista que le fuera corrida por el propio sentenciante a tales fines”, dijo.N.A.

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como "la ruta del dinero K". También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. "Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina", graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. "La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador", dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo "El Carrizalejo", en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa (absuelto)

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo "El Carrizalejo". El otro campo, conocido como "El Entrevero", quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.\

"Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina", graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. "Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando", explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció "una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación". El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que "la causa tiene un objetivo político" y repasó varias tapas de diarios para concluir que "se buscó involucrar a la ex presidenta" Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. "La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias", sostuvo en ese momento.

El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa "secreta" donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. "Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos", dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

El empresario kirchnerista Lázaro Báez, preso con prisión preventiva desde hace más de cuatro años, quedó hoy a un paso de dejar la cárcel de Ezeiza, tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó que corresponde otorgarle la prisión domiciliaria.

Báez está excarcelado en la causa conocida como "la ruta del dinero k", el principal caso que avanza en su contra, y tiene otorgada la prisión domiciliaria en un desprendimiento de ese expediente (la causa "El Entrevero"), pero el Tribunal Oral Federal 4, que lo juzga por otra acusación diferente, se había opuesto a que esa domiciliaria se hiciera efectiva y lo mantiene en prisión.

De acuerdo con el fallo de la Casación de hoy, que lleva las firmas de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, aquella decisión de autorizarlo a que quedara detenido en su domicilio está firme. Los camaristas sostuvieron además que con el nuevo Código Procesal Penal, el tribunal no puede mantener a un acusado detenido cuando ni los fiscales ni las querellas se oponen a que deje la cárcel con prisión domiciliaria, como pasó en este caso. Ni Abel Córdoba ni Javier De Luca, los fiscales que intervienen en esta causa, se negaron a la salida de Báez en estas condiciones.

Lázaro Báez lleva más de cuatro años preso, cuando el máximo previsto por la ley para las prisiones preventivas es de dos años, prorrogable, como excepción, a tres. La situación de Báez depende ahora de la decisión de los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini.

Esta mañana, fuentes del TOF 4 dijeron a LA NACION que discrepan con el criterio de la Casación y que la salida de Báez del penal no será automática. Los jueces del tribunal están evaluando ahora los pasos por seguir.

El TOF 4, por orden de la Casación, le había concedido a Báez la excarcelación en el caso que tienen a su cargo ("M&P") pero la sujetó a una caución que la defensa del empresario consideró "impagable". La Casación finalmente redujo esa fianza, pero Báez tampoco cubrió hasta ahora el nuevo monto fijado. En paralelo, la defensa pidió que, mientras se discute si el empresario sale en libertad, le aplicaran la prisión domiciliaria que ya tenía dispuesta en la causa El Entrevero.

Cruces entre jueces

Las diferencias entre los jueces de Casación y el TOF 4 quedaron expuestas en este expediente más de una vez. Según la Casación, el TOF 4, que se había negado a excarcelar a Báez, debió aceptar que quedara en libertad porque ninguna de las partes acusadoras en el proceso habían pedido que siguiera preso. Fue así como finalmente el TOF 4 lo excarceló, pero con la fianza que todavía se sigue discutiendo. Además, la Casación le demandó al TOF 4 mayor celeridad en los juicios contra Báez, en un fallo que el tribunal oral consideró que había sido un "exceso" en las atribuciones de la Casación.

Báez está detenido desde 2016, cuando ordenó su prisión preventiva el juez federal Casanello en "la ruta del dinero K", la causa en la que Báez es el principal acusado de un presunto lavado de casi 60 millones de dólares.