Para el oficialismo de turno, tanto para llevar adelante las posibilidades de crecimiento nacional como para generar el armado interno que se necesita para lograr lo mencionado anteriormente, son momentos claves en los cuáles no podrá prescindir de una herramienta sumamente importante para el ejercicio político: la legitimidad.

El devenir conceptual de la legitimidad política aparece como representación justificatoria del poder político, bien sea como concreción de un consenso a partir de un proceso electoral o como necesidad, en términos de funcionalidad del poder. La legitimidad contiene el reconocimiento del ejercicio del poder político por parte del llamado a ejercerlo, no de otro, es decir, de quien ostenta la titularidad del poder político, dado que esa titularidad aparece como consecuencia de la asunción al cargo que demanda el ejercicio del poder político y de la correspondiente aceptación del mismo por parte de los asociados al Estado (Fuente: Carlos Rúa Delgado, abogado y profesor universitario. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122013000200004#n21).

La legitimidad que otorgan las urnas en toda república no alcanza para el quehacer político del cotidiano. Por si mismo, el proceso electoral sólo es un eje de la legitimidad política. Debe quedar claro lo siguiente: la legitimidad política se obtiene pero también se construye. El ejercicio del poder político implica un arduo trabajo infinito para producir legitimidad a la hora de mantener un cargo ejecutivo público. En este sentido, es imposible tomar decisiones y llevar adelante diversas normativas si la sociedad civil deja de legitimar políticamente a los administradores del Estado.

El Presidente Alberto Fernández ha erosionado su legitimidad política, tanto para afuera como para adentro de su coalición. Es impracticable una tarea de tal tenor si la legitimación necesaria para desempeñar la función ejecutiva más alta del país es escasa. En este punto actual de la realidad argentina, es imprescindible que el Presidente comience a tomar medidas certeras de cara a la sociedad que le permitan recomponer su legitimidad perdida y le posibiliten el consenso necesario para afrontar el escenario político y económico que se viene.

Asimismo, este mencionado consenso debe ser estructurado con sus pares dentro de su propia agrupación. En este sentido, no hay margen para luchas internas amparadas en el ego personal.

Legitimidad, poder y política se entrecruzan y se entremezclan. Son elementos que no se pueden comprender por separado a la hora de gobernar. La actividad política conlleva un entendimiento de esta cuestión y un trabajo continuo para lograr el consenso que dinamice aquella relación. Un gobierno que no entienda este aspecto mantiene muchas posibilidades de no poder concretar sus objetivos colectivos.

Crisis que fue expuesta abruptamente por el duro cachetazo que recibió en las PASO. ¿Quién es el conductor de esta coalición en ejercicio? ¿El Cristinismo o el Albertismo? ¿El progresismo o las estructuras más duras del peronismo tradicional? ¿La heterodoxia económica o la ortodoxia que dentro de la misma agrupación le adjudican al Ministro Guzmán?. Juan Domingo Perón decía que "los peronistas somos como los gatos, cuando parece que nos estamos peleando, en realidad nos estamos reproduciendo".

¿Pero cuántos peronistas hay en el Gobierno? Más bien, parecen un conglomerado de proyectos socialdemócratas, progresistas, kirchneristas y vestigios de un peronismo tradicional que no se pueden poner de acuerdo. La interna a cielo abierto que desplegó caóticamente el Frente de Todos en estos días está terminando de erosionar la legitimidad presidencial de Alberto Fernández. Si es a propósito o no, sólo el tiempo lo dirá.

Lo sustancial en esta cuestión, que nos debe competer como sociedad civil, es no tanto la interna del oficialismo en sí, sino su incapacidad de respetar el contrato democrático consagrado en la soberanía popular. Las expresiones de la Diputada Vallejos exhiben como ciertos sectores de esta coalición, pertenecientes al Cristinismo más duro, no respetan la investidura presidencial. Se autoperciben dueños exclusivos del poder político, inclusive más allá de las elecciones del pueblo. Vallejos trató de "ocupa" a Fernández.

Es decir, que el poder que lo ubicó en su cargo no emana de la voluntad popular, sino de la discrecionalidad de Fernández de Kirchner. Una cosa es el armado político-electoral, usualmente diagramado a dedo, y otro asunto es cuando son escogidos y se desempeñan ya como funcionarios. En este punto la legitimidad presidencial no se dirime en internas propias mediante la voluntad de un cuadro político hiperpersonalista. Ahora son administradores del Estado Nacional, las cuentas se las deben rendir al pueblo porque la legitimidad deriva de él. No se pueden manejar en una lógica de unidad básica barrial. La república no está al servicio de sus pujas partidarias. Deben respetarla y no hacerle daño.

Las diferencias son muy comunes en los gobiernos de coalición. El tema está en cuidar las formas. En esta actualidad distópica, el oficialismo no dirimió sus internas en las urnas bajo las formas que amerita la república. Por el contrario, decidió exhibir sus fracturas pasados los comicios legislativos, a partir de quejas, declaraciones cruzadas, filtraciones de audios de WhatsApp y cartas públicas.

El secreto a voces es que el Gobierno Nacional ya dio por perdidas las elecciones de noviembre. Todo lo que sucede ahora apunta a disputar internamente el liderazgo político de cara al 2023. Precisamente, es esta cuestión la que lleva al Frente de Todos a esta crisis de conducción. Crisis que se lleva por delante al país dado que son la gestión en funciones. En este contexto, es impresionante que aparezcan referentes, tanto del régimen político como de la sociedad civil, a contener un tejido social acorralado por la incertidumbre que genera toda esta situación del oficialismo. Es clave la racionalidad, tanto en los administradores del Estado como en la ciudadanía.

La renovación del gabinete se tornó necesaria para el Frente de Todos. Expone un proyecto de país que ya se había agotado. La llegada de nuevos funcionarios apunta a reconstruir una conducción que está en crisis o, al menos, en disputa.

Finalmente, cabe mencionar que la vorágine institucional del oficialismo al llevar adelante su interna bajo estas formas es de una irresponsabilidad absoluta.

Julián Lazo Stegeman

La legitimidad define la cualidad que tiene un poder o sistema político para que su autoridad emane del consenso social articulado en un compromiso tácito entre los que gobiernan y los gobernados, sin tener que recurrir a la coacción o amenaza de la fuerza (Fuente: Eduardo Montagut para www.nuevatribuna.es https://www.nuevatribuna.es/opinion/eduardo-montagut/legitimidad-politica/20170227160634137192.html).

Más allá de las cuestiones técnicas e ideológicas que se suelen escuchar en los debates de la opinión pública alrededor de, por ejemplo, las diferentes leyes que se tratan en el Congreso de la Nación, es pertinente señalar que nuestra clase política en general atraviesa un grave problema en torno a la legitimidad que posee para llevar adelante los diálogos necesarios para nuestro país. En esta línea, se observa como diferentes sectores de la ciudadanía miran con desconfianza y suspicacia los accionares de nuestra dirigencia.

Años y años de crisis políticas y económicas sumadas a graves fallas en lo que respecta a la transparencia y a la corrupción han provocado que la población vaya perdiendo confianza en la capacidad y la eficiencia de los cuadros políticos actuales para tomar decisiones y medidas pertinentes que resuelvan las demandas sociales de la Argentina. A su vez, es sabido que nuestro país necesita con urgencia muchos debates sobre diversas temáticas (reforma tributaria, vivienda digna, pobreza, entre otras). Por esta razón, cuando existe una ciudadanía que no confía en sus funcionarios sumada a una diversidad de problemáticas sin resolver, el asunto de la legitimidad política se convierte en una cuestión preocupante.

Afortunadamente, pese a su relativa juventud, nuestra república ha dado sobradas muestras de su robustez para contener y tolerar los diferentes conflictos sociales que hemos experimentado como país desde la vuelta de la democracia. De todas maneras, estos mencionados conflictos fueron dejando marcas que han ido socavando la credibilidad de los políticos nacionales que nos representan. Esta falta de credibilidad repercute negativamente en el consenso con la población que necesitan los funcionarios para poder gobernar. Entonces, dado este panorama, la clase política acciona bajo una institucionalidad vacía de legitimidad que no le permite tomar medidas de fondo como las esgrimidas en el párrafo anterior. Ésto debe quedar en claro: nuestros representantes no pueden establecer normas eficientes para las contingencias complejas de la Argentina no sólo porque no pueden o no quieren, sino, también, porque carecen de la legitimidad necesaria para llevar adelante un gran diálogo nacional sobre las distintas cuestiones sobre las que hay que discutir.

En este punto es imprescindible remarcar lo siguiente. La dirigencia política mantiene una legitimidad irrevocable debido a que fue elegida mediante el voto popular. De todos modos, lo que se pone en discusión en el artículo de hoy es aquella legitimidad que debe ser obtenida a través de la construcción de consenso entre representantes y representados. Aquí existen fallas cuyas causas se pueden rastrear en los motivos explicados líneas más arriba. Esta situación ha dañado la imagen de la clase política nacional y perjudica la relación entre los funcionarios y la ciudadanía, la cual es fundamental para comenzar a resolver los problemas del país.

Pareciera ser que los políticos están cada vez más lejos de la gente. Y que esta distancia dificulta cada vez más la construcción de consenso entre unos y otros. Entonces, si los funcionarios no logran consensuar con la ciudadanía y recuperar la confianza y la credibilidad necesarias, las soluciones de fondo que deben tomar en estos tiempos complicados van a ser difíciles de llevar adelante.