El senador provincial Alberto Otaegui, de Juntos por Entre Ríos, presentó un proyecto de ley que propone prohibir el uso del celular a los estudiantes de todos los niveles de educación obligatoria dentro de los establecimientos escolares de la provincia. La iniciativa ingresó el martes 28 de abril a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado y establece que la autoridad de aplicación será el Consejo General de Educación (CGE).

El legislador sostuvo que la medida busca darle a las instituciones escolares "un marco regulatorio viable y aplicable dentro de la realidad que atraviesan", y destacó que, ante la falta de acción a nivel nacional, la provincia tiene la posibilidad de abordar el tema por sus propios medios.

El proyecto no prohíbe el uso del teléfono de manera absoluta, sino que prevé excepciones. Los estudiantes podrían usar el celular cuando un docente lo solicite con fines educativos —avisando con días de anticipación a las autoridades escolares—, ante una situación de fuerza mayor evaluada por las autoridades, o en cualquier otro caso que la autoridad de aplicación considere pertinente.

El texto propone que el CGE establezca las sanciones correspondientes para quienes incumplan la norma, y que cada institución pueda fijar sus propias medidas disciplinarias, siempre previo aviso a la autoridad de aplicación y con comunicación anticipada a los estudiantes y sus familias.

En los fundamentos, Otaegui citó datos de las pruebas PISA 2022 elaborados por la organización Argentinos por la Educación. Según ese informe, Argentina encabeza el ranking de países donde más estudiantes reconocen distraerse por el uso de dispositivos digitales propios, con un 54%, y también figura entre los primeros en distracción causada por el uso de celulares de sus compañeros, con un 46%. En el extremo opuesto, Japón y Corea del Sur registran los índices más bajos, por debajo del 10%.

El legislador también señaló como problema el acceso a páginas de apuestas en línea, el ciberacoso, la difusión de fotos y videos no consentidos de docentes y compañeros, y la propagación de los llamados "retos virales", algunos de los cuales pueden poner en riesgo la integridad física de los estudiantes. Como ejemplo mencionó el caso de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno atacó a otro en el marco de una dinámica vinculada a estos desafíos en redes sociales.

Al mismo tiempo, el proyecto reconoce que el celular tiene potencial como herramienta pedagógica y que para muchas familias representa un medio de comunicación importante con sus hijos durante el horario escolar.

El legislador señaló que países como Francia, Irlanda, Italia, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda, China y Brasil ya implementaron restricciones o prohibiciones del uso del celular en sus escuelas.

La ley había sido aprobada en octubre de 2025 por el Senado uruguayo, con 20 votos favorables, tras un extenso debate político y social. Podrán solicitarlo personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, con una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal y con sufrimientos considerados insoportables. También podrán acceder ciudadanos uruguayos y extranjeros con residencia habitual en el país.

El proceso incluye varios pasos y controles. La solicitud debe hacerse de forma personal y por escrito ante un médico; si el estado físico del paciente lo impide, puede hacerla un tercero adulto. Un segundo profesional deberá evaluar tanto la situación clínica como la voluntad del paciente, y solo si ambos médicos coinciden se puede avanzar. Antes de la instancia final, el solicitante debe mantener una nueva entrevista con el primer médico para ratificar su decisión, y la voluntad debe quedar asentada por escrito ante dos testigos que no tengan ningún beneficio económico derivado del fallecimiento.

El decreto también crea una Comisión Honoraria de Revisión, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, que tendrá a cargo el control y supervisión de cada caso para garantizar el cumplimiento de la ley. Además, se prevén mecanismos de registro y seguimiento para evaluar el impacto de la normativa a mediano y largo plazo.

Al firmar el decreto, Orsi sostuvo que "la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas"  y que la medida es el resultado de "un proceso largo de debate, reflexión y escucha"

La normativa establece un régimen de promoción y estímulo que permite que empresas y particulares puedan canalizar aportes hacia clubes, instituciones, organizaciones y proyectos vinculados al deporte. A cambio de esos aportes, los colaboradores privados recibirán incentivos fiscales, con beneficios tributarios que favorecen el desarrollo de la práctica deportiva en toda la provincia. 

La iniciativa fue impulsada por el gobierno provincial y acompañada por legisladores en distintos estamentos del proceso de tratamiento parlamentario, con el objetivo de generar nuevos recursos para el deporte entrerriano y dotar de mayor sustentabilidad y previsibilidad a las instituciones y actividades deportivas. 

El mecenazgo es un mecanismo de financiamiento que permite que personas físicas o jurídicas apoyen económicamente proyectos de interés general, como actividades culturales, deportivas o sociales, sin fines de lucro, a cambio de beneficios fiscales o incentivos tributarios. 

En el caso de la nueva ley entrerriana, este mecanismo se aplica al deporte, facilitando que el aporte privado no sólo fortalezca a los clubes y organizaciones deportivas, sino que también dinamice la economía local y mejore la infraestructura, la capacitación de deportistas y el desarrollo de competencias. 

El proyecto, incluido en las sesiones extraordinarias, plantea que los cambios no tendrán aplicación retroactiva, aunque aún persisten dudas sobre a quiénes impactarán una vez sancionada la ley.

A continuación, los principales puntos de la propuesta:

El proyecto plantea una disminución del monto indemnizatorio al excluir del cálculo final conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios. También deja atrás la referencia al salario más alto y lo reemplaza por un promedio en casos con adicionales.

Se habilita, además, el pago en cuotas y se fija un criterio de actualización ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Otro punto central es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un 3% del aporte patronal, que será administrado por la Comisión Nacional de Valores junto a los ministerios de Economía y Capital Humano. Los críticos lo comparan con una “AFJP de 2026”.

El proyecto amplía las formas de pago salarial: además de pesos o moneda extranjera, se habilita remunerar en alimentos, especies o viviendas. Hoy la ley solo permite un 20% en especie.

Se impulsa un banco de horas, acordado por convenio colectivo, para eliminar el esquema tradicional de horas extra. El trabajador podrá acumular horas en días de mayor demanda y compensarlas luego con descanso, sin los recargos del 50% o 100%.

También se contempla la posibilidad de ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas.

Se incorpora, además, la figura del contrato a tiempo parcial, con menos carga horaria que la jornada legal.

La iniciativa permite fraccionar el período de vacaciones. Si el empleador define la fecha, deberá notificarla con al menos 45 días. Es uno de los puntos con menor conflicto sindical.

Se amplía la lista de actividades esenciales, que deberán garantizar entre el 50% y el 75% del funcionamiento durante un conflicto gremial.

Este punto ya había sido objetado en la Justicia cuando el Gobierno intentó aplicarlo vía decreto. Especialistas advierten que podría vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución.

El proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, permitiendo que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los pactados por el sindicato de la actividad. Un cambio similar se intentó en el año 2000 con la llamada “Ley Banelco”.

Las empresas dejarán de estar obligadas a actuar como agentes de retención de la cuota sindical. Se requerirá una “conformidad expresa”, aunque no se aclara entre quiénes debe darse ese acuerdo.

Se propone suprimir la cuota solidaria que hoy pagan los trabajadores no afiliados a los sindicatos, uno de los puntos más resistidos por las centrales gremiales al afectar directamente su financiamiento.

Se crea la figura del “repartidor independiente”, considerando que no existe una relación laboral sino un contrato de servicios. Para algunos especialistas, esta habilitación consolida la informalidad en el sector.

La iniciativa apunta a que personas con enfermedades graves, crónicas o padecimientos irreversibles puedan acceder —bajo estrictos requisitos médicos y legales— a una asistencia para poner fin a su vida de manera segura, acompañada y digna.

El textoV prevé un marco legal que garantice:

El proyecto toma como base la Ley de Derechos del Paciente (26.529) y la Ley de Muerte Digna (26.742), que ya reconocen la autonomía de las personas para rechazar tratamientos o evitar la prolongación artificial de la vida.

La propuesta incorpora elementos de legislaciones vigentes en España, Uruguay y Canadá, donde la muerte médicamente asistida está regulada bajo estándares éticos y de control.

“El objetivo es permitir que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”, señaló el diputado.

También destacó que el proyecto brinda “certeza a los profesionales de la salud y a las familias, con procedimientos claros y supervisados”.

“Regular la eutanasia no es promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y atender un reclamo social y profesional de larga data”, agregó.

Además de Nieri, firman la propuesta los diputados radicales:

Fuente:NA

Las medidas fueron oficializadas mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, que promulgan las Leyes N° 27.795 y 27.796. De esta forma, el Gobierno mantiene la misma postura adoptada con la ley de emergencia en discapacidad, al considerar que las normas carecen de respaldo presupuestario para su ejecución inmediata.

La Ley 27.795 establece el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas, la recomposición salarial del personal docente y no docente, y el fortalecimiento de programas de becas, investigación y tecnología. Según cálculos oficiales, su implementación demandaría más de un billón de pesos en 2025 y superaría los dos billones en 2026.

No obstante, el Ejecutivo aclaró que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso determine cómo se financiarán las erogaciones. La Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la norma sin los recursos correspondientes sería incompatible con la Ley de Ejecución del Gasto Público (N° 24.629) y podría generar responsabilidad funcional.

Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año y designa al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional. Busca reforzar el sistema de salud infantil, las residencias médicas y la situación salarial del personal sanitario.

La norma prevé un costo fiscal estimado de $196.270 millones, con fondos provenientes de reasignaciones internas del Ministerio de Salud. Sin embargo, el decreto advierte que esa fuente es insuficiente, dado que la cartera sanitaria enfrenta un déficit superior a los $100.000 millones.

Por ese motivo, el Gobierno dispuso que la ley no entre en vigencia hasta que el Congreso incluya las partidas necesarias en el presupuesto. Además, cuestionó que el texto legislativo intente derogar una resolución del Ministerio de Salud, lo que consideró una intromisión del Congreso en atribuciones del Poder Ejecutivo.

De esta manera, las dos normas promulgadas —aunque sin efecto inmediato— dependen ahora de la discusión presupuestaria en el Congreso para definir su futura implementación.

El martes 17 de junio ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.654, que fue sancionada el 9 de diciembre de 2021. La norma “establece el marco legal para la protección integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo”.

El proyecto, que es de autoría de la diputada de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, propone que se designe como autoridad de aplicación “al Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, o al organismo que en el futuro lo reemplace, con las atribuciones necesarias para implementar las disposiciones de la ley nacional y su Decreto Reglamentario N.º 183/2023”.

Justicia social

Lena expresó que el proyecto “se enmarca en una visión de justicia social, que reconoce que nadie elige vivir en la calle y que la exclusión habitacional es la consecuencia de múltiples factores estructurales: desigualdad económica, violencias familiares, salud mental no tratada, falta de redes de contención, discriminación, y ausencia de políticas habitacionales inclusivas”.

También consideró que “la situación de calle es un fenómeno multidimensional, que no puede reducirse a una intervención puntual o a una respuesta de emergencia” y entendió que “requiere, en cambio, de una política de Estado, con continuidad, recursos, y enfoque en derechos humanos. Este proyecto es un paso fundamental en esa dirección”.

Paso concreto

La legisladora sostuvo que “este proyecto, entonces, se presenta como un paso concreto hacia una provincia, más justa, solidaria y comprometida con los derechos humanos. Entre Ríos tiene la oportunidad, a través de esta adhesión, de asumir un rol activo en la construcción de políticas que no dejen a nadie fuera, y que garanticen condiciones mínimas de dignidad y cuidado para quienes hoy viven en la intemperie del sistema”.

Fundamentos

En los fundamentos, Lena sostuvo que la Ley Nacional Nº 27.654, sancionada el 9 de diciembre de 2021, “representa un hito en la legislación argentina al reconocer formalmente la situación de calle como una problemática estructural de derechos humanos, que requiere un abordaje estatal integral, sostenido y con enfoque de derechos. Uno de los principales avances que fundamentan esta iniciativa es la incorporación por primera vez, en el marco del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, del relevamiento específico de personas en situación de calle”.

Entre Ríos

La legisladora señaló que “en el caso de Entre Ríos, el Censo reportó un total de 1.426.426 habitantes, lo que representa un crecimiento del 15,4 % respecto al censo anterior de 2010”. Añadió que de aquel total “1.415.097 personas viven en viviendas particulares; 10.315 personas residen en viviendas colectivas, como refugios, paradores, instituciones asistenciales u otros tipos de alojamiento comunitario; 166 personas fueron registradas en situación de calle al momento del censo”.

Lena agregó que aquellos “166 casos —si bien numéricamente pueden parecer marginales— representan un universo de personas cuya vulnerabilidad es extrema: se trata de ciudadanas y ciudadanos que no sólo se encuentran fuera del sistema formal de vivienda, sino también frecuentemente excluidos de servicios esenciales como salud, educación, documentación, atención social y contención emocional como lo fuera en su momento la ex ley N°3011”.

También añadió que “la existencia de más de diez mil personas en viviendas colectivas también da cuenta de que muchas familias y personas viven en condiciones habitacionales transitorias, sin soluciones habitacionales definitivas, lo que las coloca en riesgo inminente de situación de calle. La Ley Nacional Nº 27.654 se construye desde el reconocimiento de esta problemática y plantea una respuesta estatal integral”.

Lena indicó que la Ley Nacional tiene entre sus objetivos principales “garantizar derechos fundamentales como la dignidad, la identidad, el acceso a la salud, la vivienda digna, la educación, el trabajo y la participación social; promover una mirada transversal y participativa en el diseño e implementación de políticas públicas; establecer obligaciones concretas para el Estado en sus distintos niveles”.

Estigmatizante

También resaltó que “la norma establece un conjunto de principios rectores que guían su aplicación: la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la interseccionalidad, la participación activa de las personas involucradas, y la no criminalización de la pobreza. Estos principios resultan fundamentales para pensar un modelo de intervención que respete y promueva la autonomía de las personas, en lugar de abordarlas desde lógicas asistencialistas, punitivas o estigmatizantes”.

Red

La ley fue reglamentada por el Decreto Nº 183/2023, que avanzó en la institucionalización de una Red Nacional de Centros de Integración Social, estableciendo protocolos de actuación interjurisdiccional, y formalizando mesas de trabajo participativas entre organismos públicos, organizaciones sociales y personas con experiencia directa en situación de calle.

Lena entendió que “la adhesión de Entre Ríos a esta ley nacional resulta necesaria por varias razones. En primer lugar, porque permitirá a la provincia coordinar esfuerzos con el Estado Nacional para acceder a recursos técnicos, presupuestarios y humanos que potencien las capacidades locales. En segundo lugar, porque habilitará la creación o adecuación de dispositivos provinciales, tales como centros de integración, programas de documentación, y unidades móviles de atención, con sustento legal y previsibilidad institucional. En tercer lugar, porque dotará de un marco jurídico claro y actualizado a las acciones que ya desarrollan organismos provinciales y municipales, garantizando estándares de calidad y enfoques comunes”.

Añadió que “en el plano municipal, la invitación a adherir permitirá que las ciudades con mayor concentración urbana —donde la situación de calle se manifiesta con mayor intensidad— puedan también alinear sus estrategias a una política pública nacional, fortaleciendo el abordaje territorial y comunitario”. (APFDigital)

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 196/2025 y responde a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Modernización de la licencia de conducir

Uno de los cambios más significativos es la implementación de la licencia nacional de conducir digital, válida en todo el territorio argentino. Para su renovación, los conductores deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica online cada cinco años si son menores de 65 años, cada tres años para mayores de 65 y anualmente después de los 70 años. Aquellos con antecedentes de infracciones graves deberán aprobar un examen teórico práctico para revalidarla.

Los conductores principiantes continuarán utilizando el cartel identificatorio durante los primeros seis meses de obtenida la licencia y, en caso de cometer faltas graves dentro de los dos primeros años, su licencia será suspendida.

Además, los cursos y exámenes de aptitud psicofísica podrán ser realizados por prestadores públicos y privados bajo regulaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la posibilidad de presentar la documentación de manera online.

Eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)

Con esta reforma, se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Ahora, las licencias nacionales de conducir de clases C, D y E (profesionales) permitirán el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones habilitadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Cambios en la VTV

Se extendió a cinco años el plazo para realizar la primera Verificación Técnica Vehicular (VTV) en vehículos 0km de uso particular, contados desde la fecha de patentamiento inicial. Para los 0km de uso no particular, la primera revisión deberá realizarse en el plazo que establezca la jurisdicción local, sin superar el año. En vehículos usados de hasta 10 años de antigüedad, la VTV tendrá vigencia de dos años, y en aquellos de más de 10 años, la revisión será anual.

Peajes sin barreras

El Gobierno dispuso la implementación de peajes sin barreras en todas las rutas nacionales, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular. La Dirección Nacional de Vialidad estableció un cronograma para que, antes de junio de 2027, todas las rutas nacionales cuenten exclusivamente con sistemas de cobro "free flow".

Regulación de vehículos autónomos

La nueva normativa incorpora la definición de "vehículo autónomo" y establece requisitos obligatorios según el nivel de automatización del mismo, con el fin de preparar el marco regulatorio para este tipo de tecnologías.

Simplificación de trámites para trailers y casas rodantes

A partir de ahora, los trailers y casas rodantes de hasta 750 kilos podrán ser trasladados por cualquier vehículo sin necesidad de realizar un trámite por cada unidad tractora. Solo será necesario tramitar un único Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), lo que reducirá costos y tiempos burocráticos.

En las últimas horas, se viralizaron historias de conductores sancionados por la Policía Caminera de Córdoba por circular con las luces diurnas o DRL (Daylight Running Lamps, en inglés), en lugar de las bajas, que funcionan cuando se utiliza el modo automático.

Si bien la Ley Nacional 27.425 equipara ambos sistemas, en algunas provincias como Córdoba rige la obligatoriedad de utilizar luces bajas reglamentarias.

“Anduve hace dos días por Santa Rosa de Calamuchita. La verdad, hermoso, pero cuento dos malas experiencias para tener en cuenta. La primera es que circulaba con las luces automáticas de la camioneta, me pararon y me hicieron una multa de 60 mil pesos”, relata un usuario de Facebook en un descargo del grupo “Soy Rodantero”, junto a la imagen de la multa labrada.

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, remarcó al medio local La Voz: “Las luces bajas para circular en la provincia son obligatorias y hay muchas dudas de los conductores de vehículos que poseen luces LED. Estas luces no son bajas, por lo que haremos controles en los límites provinciales para prevenir a los turistas de los requisitos para circular en la provincia”. Esta normativa aplica durante el día también.

En diciembre pasado, el funcionario anunció que los turistas que ingresen a la provincia con las luces bajas apagadas recibirán un apercibimiento y una explicación sobre la norma, en lugar de una multa. Esta medida, que se aplicará exclusivamente en los límites de Córdoba con otras jurisdicciones, busca concientizar a los visitantes y se limitará únicamente a ellos, sin incluir a los residentes. Cabe destacar que si los conductores persisten en la infracción, entonces sí serán multados.

En ese sentido, el ministro aclaró: “Los que viven en la provincia saben que tienen que circular con las luces bajas encendidas”. Podría haber modificaciones en el tema a futuro, ya que Quinteros admitió que se enviará una modificación en la Ley Provincial de Tránsito para que se debata este año.

La Ley de Tránsito N° 27.425, en el inciso “a” del artículo 47, equipara el uso de ambos sistemas lumínicos para la circulación en rutas nacionales: “Las luces bajas o las luces diurnas permanecerán encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales”, precisa el documento.

Sin embargo, la provincia no está adherida a esta legislación. El artículo 74 de la ley provincial indica que la luz baja, las de posición y de chapa de dominio son de uso obligatorio y deben permanecer simultáneamente encendidas.

“Todos los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día en rutas nacionales o provinciales en sus tramos interurbanos, en los túneles y demás tramos de vía afectados por la señal ‘de uso obligatorio de luz baja’, deben llevar encendida y totalmente limpia la luz que corresponda”, precisa.

Los oficiales de la Policía Caminera recomiendan tener en cuenta otras normas de circulación:

El diputado provincial Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para establecer beneficios fiscales progresivos para el sector productivo agropecuario de la provincia, que contempla la suspensión de apremios fiscales, el diferimiento del pago y exenciones impositivas, con "especial atención" a los pequeños y medianos productores.

"El sector agropecuario es un pilar fundamental de nuestra economía provincial, y hoy enfrenta una combinación de factores adversos que ponen en riesgo su sostenibilidad", declaró el legislador entrerriano en un comunicado al detallar la situación "crítica" que vive el campo.

El proyecto de ley propone diferentes medidas:

Para acceder a los beneficios, los productores deben estar registrados y demostrar su actividad agropecuaria, y quedarían excluidos los que sean calificados como "grandes contribuyentes" por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. La cantidad de hectáreas se calculará según las Plantas 4, 5, 6 y 7, considerando la propiedad o la vinculación económica-productiva.

Bahillo destacó que el objetivo del proyecto es "brindar un alivio fiscal" que permita a los productores "sostener y potenciar sus actividades" y así contribuir a la sostenibilidad del sector "a largo plazo". "Es un esfuerzo necesario para proteger a quienes trabajan la tierra y generan riqueza en nuestra provincia", completó.

Esta medida permite conocer cuánto se destina al IVA, ingresos brutos, tasas municipales y otros gravámenes nacionales indirectos, en la medida en que las provincias adhieran a la normativa.

Desde el 1 de enero, esta disposición ya está vigente para las grandes empresas, tras la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Asimismo, los precios publicados deben discriminar el importe neto de impuestos indirectos y exhibir la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS” junto al importe final.

Cambios en las facturas y los servicios públicos

En las facturas electrónicas, esta información aparecerá bajo la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”, con el objetivo de aumentar la claridad sobre los costos asociados a cada transacción. En el caso de los servicios públicos, también se prohíbe el uso del término “gratuito”, debiendo aclarar que estos están financiados por la recaudación de tributos.

Impacto en empresas y adaptación

Aunque la implementación busca fortalecer la confianza pública y concientizar sobre la carga impositiva, las empresas enfrentarán retos técnicos y financieros. La adaptación de los sistemas de facturación y la formación del personal requerirán un plazo breve de ajuste. Empresas proveedoras de facturación electrónica, como Facturante, han comenzado a trabajar junto a sus clientes para cumplir con la norma sin costos adicionales.

Lorena Comino, CEO de Facturante, señaló que esta obligación podría ser una oportunidad para profesionalizar procesos internos y fomentar la transformación digital en las empresas. Aunque supone un costo inicial significativo, destacó que la estandarización simplificará operaciones y mejorará la transparencia.

Formalización y debate fiscal

La Ley 27.743 no solo busca fortalecer la transparencia fiscal, sino también promover la formalización de la economía y abrir el debate sobre la carga impositiva en el país. Lógica, una asociación dedicada a generar conciencia fiscal, jugó un rol clave en la promoción de este cambio, logrando adhesiones de figuras como Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. El presidente incluyó esta iniciativa en la reciente reforma fiscal.

Se espera que la medida consolide prácticas más claras en la relación entre comercios, consumidores y el Estado, contribuyendo a un sistema tributario más eficiente y equitativo.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una nueva ley que regula el uso de fitosanitarios en la provincia.El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara respectiva, el diputado provincial Juan Manuel Rossi, destacó la importancia de la ley y el proceso de construcción que la precedió. "Estamos muy contentos, no solo por la aprobación de la ley, sino por todo el proceso previo, por todos los actores sociales, económicos y de la producción que fueron parte de la construcción de este proyecto", resaltó.El legislador explicó que la nueva ley incorpora "perspectivas de salud y ambientales en la regulación de los fitosanitarios" y busca brindar previsibilidad a los productores para evitar el desarraigo rural.El proceso de elaboración de la ley comenzó en marzo de este año e involucró a diversos actores que aportaron opiniones, estudios científicos y experiencias personales. Tras un intenso trabajo en la comisión de Recursos Naturales y Ambiente, se logró un dictamen en octubre, que luego fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.Rossi subrayó el apoyo del gobernador Rogelio Frigerio y destacó la modernidad de la ley. "Entre Ríos tiene una ley muy moderna si se la compara con otras provincias y me parece que eso nos va a dejar bien colocados en la medida que se implemente de manera correcta Nos va a dejar muy bien parados en el marco de la Región Centro y a nivel nacional", indicó el diputado.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria que representan a Entre Ríos rechazaron el veto a la ley de financiamiento universitario. Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Blanca Osuna votaron con su bloque.En Juntos por el Cambio, el radicalismo acompañó el reclamo de la comunidad universitaria y educativa con los votos de Atilio Benedetti y Marcela Antola.

El PRO entrerriano, en cambio, votó dividido. Francisco Morchio, enrolado en el bloque Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto, rechazó el veto. Mientras que Nancy Ballejos, que reemplazó al radical Pedro Galimberti cuando asumió a CTM, acató la orden de Mauricio Macri, quien garantizó el acompañamiento de la fuerza amarilla.

El bloque de Pichetto aportó, de todas maneras, una ayuda. El chubutense Jorge Ávila, tras la intervención del gobernador Ignacio Torres (del PRO como Rogelio Frigerio), se ausentó. Lo mismo Ricardo López Murphy, que también está de viaje y se perdió la sesión.

Cuando un diputado se abstiene en parte colabora con el oficialismo ya que al estar presente durante la sesión aumenta el número necesario para alcanzar la mayoría especial de dos tercios.

Morchio se ausentó cuando se confirmó el veto de la reforma previsional.El otro voto en favor del gobierno libertario – macrista fue el de Beltrán Benedit, enrolado en La Libertad Avanza.Los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.Fuente: Página Política

Luego de más de trece horas de gestión y mucha expectativa oficial, el Gobierno consiguió en la madrugada de este viernes que la Cámara de Diputados le aprobara las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei: la postergada Ley de Bases, que demandó seis meses de debate, con un estrepitoso intento fallido durante el verano, y el paquete fiscal que le sirve para consolidar la meta de equilibrio en las cuentas públicas. 

Para la Ley Bases, el oficialismo y sus socios de bloques dialoguistas aceptaron todos los cambios aplicados por el Senado, cosechando 147 votos positivos, 107 negativos y dos abstenciones.

Quedaron afuera del paquete de empresas declaradas sujetas a privatización Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos, pero el Gobierno ya avisó que volverá a la carga más adelante con leyes específicas para privatizar las empresas públicas que quedaron afuera.

La ley Fiscal se votó en cuatro pasos: primero se votó un artículo sobre gastos tributarios, luego se aprobó la insistencia en la reposición del impuesto a las Ganancias para trabajadores que ganen más de 1.800.000 pesos, y se siguió con la reforma del impuesto a los Bienes Personales que incluye una rebaja de alícuotas.

Para el final quedó la aprobación del resto del paquete fiscal, que comprende entre otros puntos un blanqueo de capitales, una reforma del monotributo y una moratoria impositiva.

La sanción definitiva de estas dos iniciativas representa un hito y una bisagra en la gestión del líder libertario por el volumen de reformas que contiene cada una de ellas, y fundamentalmente por el mensaje político que irradia hacia los actores económicos que están escrutando el devenir del país.  

En un escenario de semejante inestabilidad económica, con el riesgo PAIS disparado, las acciones y bonos argentinos en picada y el dólar paralelo en valores récord, la noticia de que el Gobierno logró amansar al sistema político mediante acuerdos parlamentarios que cristalizaron en leyes insignia, no es poca cosa para Milei y un Gobierno que navega en la oscuridad sobre aguas inciertas.

La gesta del Gobierno había empezado con tropiezos, luego de que fracasara en su primer intento de aprobar una mega ley ómnibus presentada en diciembre con 600 artículos. Luego de pasar por muchos filtros, que fueron desmalezando la redacción sucesivamente en Diputados y en el Senado a instancias de la oposición dialoguista, el texto de la ley Bases avalado en ambas cámaras quedó reducido a la mitad.

Sin embargo, en la versión original no incluía la reforma de modernización laboral, que entre otros aspectos reduce o elimina multas por no registración y amplía el período de prueba que actualmente es de tres meses y lo lleva a un rango de entre seis y 12 meses dependiendo del tamaño de la empresa u organización.

Quedaron afuera del recorte la eliminación de la moratoria previsional, por lo que el régimen especial que permite regularizar deudas previsionales y otorgarles la jubilación a personas que no llegaron a los 30 años de aportes al SIPA, seguirá vigente. 

Con estas dos leyes emblemáticas bajo el brazo, Milei encabezará el mentado “Pacto de Mayo” el próximo 9 de Julio en Tucumán, en ocasión del Día de la Independencia. 

Tras haber acusado de “nido de ratas” al Congreso y de defenestrar a la oposición dialoguista en reiteradas ocasiones con improperios de la misma naturaleza, la escenificación a toda pompa que Milei prepara para esa fecha será su forma de cerrar las heridas, pasar de página y coronar este proceso que costó seis meses de desgastantes negociaciones. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el artesano de esos acuerdos y fue espectador de lujo de la sesión desde el palco del recinto, donde se sentó junto a la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei.

Tampoco se perdió el “last dance” de la Ley Bases la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien arribó con séquito de custodios y asesores, y otros dos negociadores clave como el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibárzabal. N.A.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, por unanimidad, sancionó este miércoles el proyecto de ley que declara el estado de emergencia de la infraestructura vial por el plazo de un año, con el objeto de llevar adelante medidas y acciones para la recuperación de los caminos de la provincia. Fue durante la tercera sesión especial del 145° periodo legislativo, la que fue presidida por Gustavo Hein.

La ley declara, en el ámbito de la provincia, el estado de emergencia por el plazo de un año a partir de su promulgación. Además, autoriza a la Dirección Provincial de Vialidad a realizar, durante ese periodo, contrataciones directas por vía de excepción de obras públicas, provisión de bienes, insumos, repuestos y suministros necesarios para llevar adelante la recuperación de la infraestructura vial. El organismo deberá enviar a la Legislatura un informe bimestral de las inversiones y contrataciones realizadas con esta modalidad y publicarlo en su página web.

El diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, fundamentó la iniciativa en que “las rutas de la provincia requieren acciones inmediatas”. Además, explicó que el Poder Ejecutivo envió proyectos de emergencia por separado en materia de obra pública, educativa y alimentaria, y ahora vial, porque se trata de “leyes completamente diferentes, que deben ser analizadas en forma particular”.

“Necesitamos la aprobación de esta ley para darle al Poder Ejecutivo herramientas de contratación más rápidas, más eficientes, para que de una vez por todas se empiece a procurarle una solución a todos los entrerrianos”, agregó.

La diputada Laura Stratta, de Más para Entre Ríos, también se refirió a la sucesión de leyes de emergencia solicitadas por el oficialismo, y consideró que ello no se tradujo en “hechos concretos”. Dijo que “es muy importante que el Estado se ocupe de las rutas, para el desarrollo económico y social”, pero afirmó: “Esta emergencia es para habilitar la contratación directa y la contratación directa implica discrecionalidad para obras que son millonarias”. No obstante, anunció que su bancada iba a acompañar el proyecto.

El diputado Carlos Damasco, del bloque Fe y Libertad, afirmó que ya existen herramientas de excepciones vigentes. “Desde el comienzo de esta gestión se ha venido hablando de la transparencia de los actos de gobierno, pero con la aprobación de estas emergencias se echa por tierra todo eso, pues se pierde la transparencia y el control”. No obstante, anunció su acompañamiento al proyecto “por última vez”.

Roque Fleitas, de La Libertad Avanza, también expresó el respaldo de su sector a la iniciativa, para darle “una herramienta más al Ejecutivo provincial para que lleve adelante su gestión”.

También se expresaron en apoyo a la emergencia, aunque con distintos análisis, Julia Calleros (Fe y Libertad), Liliana Salinas (Partido Conservador Popular), Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos), Enrique Cresto (Más para Entre Ríos) y Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos).

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó esta mañana la ley de Bases y Puntos de Partida en general. Fue por 142 afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. 

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los legisladores votarán en particular el mega proyecto. Por lo tanto, se espera que para el mediodía la Cámara baja inicie la votación en general, y posteriormente, en particular, del paquete fiscal.

La segunda versión del proyecto de Ley Bases acaba de aprobarse en la Cámara de Diputados. La normativa obtuvo la media sanción en general con 142 votos afirmativos. No obstante, resta la aprobación de capítulos en particular, los cuales podrían ser rechazados o modificados.

Los puntos claves que se discutirán en las próximas horas son las facultades delegadas -que permitirá la disolución de organismos públicos-, el impuesto a las Ganancias, el régimen de grandes inversiones, la reforma laboral, impuestos al tabaco y privatizaciones.

Tras los sucesivos fallos judiciales en contra del capítulo laboral del mega DNU firmado por Javier Milei en diciembre pasado, ahora el Gobierno pretende enviar al Congreso un proyecto de ley que incluya los artículos de la frustrada reforma, resistida por la CGT y los principales actores sindicales.

El último revés judicial contra el oficialismo tuvo lugar la semana pasada cuando la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo resolvió el amparo planteado por la CGT y determinó que el capítulo 4 del decreto 70/2023 es inconstitucional: argumentó que este tipo de enmiendas deberían debatirse en el Parlamento. Si bien se descuenta que la Procuración del Tesoro apelará vía recurso extraordinario ante la Corte Suprema, en el Gobierno estudian alternativas para poder "modernizar" el mercado laboral.

En principio, los cambios en la legislación laboral podrían ser anunciados por el propio Milei el 1° de marzo durante la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Sin embargo, en Casa Rosada primaba la cautela por estas horas: voceros oficiales minimizaban la posibilidad que el Ejecutivo elevara un proyecto que incluyera al segmento laboral del DNU en los próximos días y en medio del complejo debate parlamentario de la Ley Ómnibus.Por su parte, Oscar Zago, titular del bloque de LLA en Diputados, hizo una elíptica referencia a la posible discusión parlamentaria de esta reforma. "Vamos a discutir absolutamente todo. En algún punto siempre está atada una cosa a la otra. Destrabamos estas cuestiones para poder avanzar. Sin duda cuando el 1° de marzo el Presidente venga a poner en funcionamiento el Congreso van a venir leyes de distinto tenor que hemos dejado afuera y otras que harán un mix para suplantar lo que no se pudo tratar", declaró el diputado a radio Mitre.

En tanto, el vocero Manuel Adorni indicó a LN+ que "no sé por qué hay tanto miedo a cambiar las leyes laborales y que todos tengamos más trabajo, mejores salarios y menos informalidad", y consideró a esta enmienda una prioridad del Ejecutivo.

Es que en el oficialismo se pretende dar un mensaje al mercado habida cuenta del freno judicial a parte de las desregulaciones que instituye el mencionado decreto y al desguace que sufrió la denominada ley Bases, por ejemplo, en relación al capítulo fiscal y en lo referido a actividades como la pesca o los hidrocarburos.

Por eso ahora no se descarta la idea de promover los cambios en material laboral a través de una iniciativa parlamentaria. La reforma propuesta avanzaba en la flexibilización de las condiciones laborales, la reducción de las indemnizaciones y limitaba el derecho a huelga, además de golpear fuertemente sobre la caja de recaudación de los sindicatos (establecía como optativas las cuotas solidarias a los afiliados).

Derecho a huelgaEs que el DNU recurrido judicialmente regulaba el derecho a huelga al establecer la exigencia de una cobertura mínima de 75% en los servicios esenciales, donde se incluye a la salud y la educación, y una cobertura del 50% en una nueva categoría que denomina "actividades o servicios de importancia trascendental", donde se incorporaran múltiples sectores, desde transporte, diversas ramas industriales, bancarios, gastronómicos, producción de alimentos y hasta los servicios de radio y televisión.DespidosA la par se habilita a los empleadores a despedir con causa a trabajadores que participen de medidas de fuerza que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a la protesta, realicen bloqueos o tomas de establecimientos durante las mismas. También se regulan de manera restrictiva las asambleas sindicales dentro de las empresas.En materia de derechos individuales, una de las principales modificaciones es la reducción de las indemnizaciones ya que, según el decreto, "la base de cálculo de esta indemnización no incluirá el Sueldo Anual Complementario, ni conceptos de pago semestral o anual", lo que excluiría beneficios como bonos anuales, ticket canasta o vales alimentarios, pese a que fueron reconocidos en varios fallos.

También dispuso un mecanismo de indemnización "alternativo" inspirado en el sistema que rige en la industria de la construcción. "Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable", consigna el DNU.Otro punto clave es la extensión del período de prueba de 3 a 8 meses, por lo cual el empleado podrá ser despedido sin derecho a indemnización en ese lapso. A su vez, se establece el vencimiento del pago de cuotas, aportes periódicos o contribuciones a que estuviesen obligados los trabajadores. De esa manera, los descuentos salariales efectuados a los empleados por acuerdo entre las empresas y los gremios no serán renovados indefinidamente, sino que deberán ser acordados en cada ocasión. (Clarín)

La Cámara baja convalidó el proyecto del Ejecutivo nacional por 144 votos a favor y 109 en contra. La iniciativa fue votada con el respaldo de los diputados de la Libertad Avanza, UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Creo; Avanza La Libertad, Producción y Trabajo, Buenos Libre, Independencia y Unión Mendocina.

La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 votos contra 109 el proyecto de ley "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos", que establece una emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de varias empresas públicas, y pasó a cuarto intermedio hasta el martes próximo a las 14 para el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo.La iniciativa fue votada con el respaldo de los diputados de la Libertad Avanza, UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Creo; Avanza La Libertad, Producción y Trabajo, Buenos Libre, Independencia y Unión Mendocina.

Este miércoles se realiza en Larroque una charla sobre la “Ley Felipe” en la Sala de Teatro Padre Ñaoli, ubicado en calle Tomás de Rocamora 341.Dicha Ley Provincial Nº 11.032, reglamentada por Decreto 2629 por el gobernador Gustavo Bordet, establece la creación del “Programa Provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Menores Oncológicos”.La charla estará a cargo del padre de Felipe, Danilo Bertoni que  integra y encabeza un grupo de padres que impulsaron el tratamiento para que ambas cámaras legislativas provinciales convirtieran el proyecto el Ley.“Nuestro propósito siempre fue la lucha por derechos relacionados al cáncer, sostenidos en la salud pública como eje fundamental para los tratamientos en nuestra provincia”, puntualizó.   Bertoni.El programaLa Ley Felipe, busca sistematizar el acompañamiento, apoyo y asesoramiento a familiares de pacientes oncológicos menores de edad. Establece, además, que el programa estará en la órbita del Ministerio de Salud de la provincia.El programa tiene como finalidad promover medidas de acción positiva tendientes al acompañamiento de los familiares de niños niñas y adolescentes que se encuentren bajo la calificación médica de tratamiento oncológico activo a partir de su diagnóstico.La condición de tratamiento oncológico activo, según cada caso particular, será conforme a la indicación profesional médica o a la profesional médica tratante especialista.Asimismo, se establece que el programa funcionará en el ámbito de la División de Gestión Integral en Red, dependiente del hospital Materno Infantil San Roque de la ciudad de Paraná.En referencia a la normativa, busca garantizar cuatro tipos de prestaciones. En primer, lugar el traslado del paciente de la residencia al efector público donde será atendido, ya sea dentro de la provincia o fuera. La segunda prestación pretende, en caso de realizar la atención fuera de su localidad, asegurar la estadía para la persona y sus acompañantes (un titular y otro suplente); la tercera arista incluye el traslado interno desde el lugar de estadía hasta el efector sanitario; y por último se tiene en cuenta la alimentación, para lo que se sugiere que se brinden recursos económicos.

En otro tramo de la sesión la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que regula la equinoterapia y otras intervenciones asistidas con animales en los 24 centros que existen en el territorio provincialLa iniciativa volvió con modificaciones del Senado y apunta a “implementar políticas públicas que garanticen el acceso a estas terapias” y promueven su desarrollo como una alternativa de atención integradora de la salud.El objetivo es “establecer un marco regulatorio que establezca el funcionamiento de los diferentes centros prestadores que se encuentren dentro del territorio provincial”.La iniciativa determina que “el Sistema Público Provincial de Salud y el Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) deben brindar cobertura de las prestaciones previstas y ofrecer tales servicios en base a un nomenclador especial que establezca con sus prestadores a tales fines”.