El Gobierno de Entre Ríos promulgó la ley que crea el Régimen de Consorcios Camineros, un esquema mediante el cual vecinos, productores y gobiernos locales podrán organizarse para participar del mantenimiento, la reparación y la mejora de los caminos rurales de la provincia. La norma fue sancionada por la Legislatura el 1° de septiembre, promulgada por el Ejecutivo el 16 de septiembre y publicada en el Boletín Oficial esta semana.

Los consorcios serán entidades de bien público y sin fines de lucro, constituidas como asociaciones civiles. Su objetivo principal será realizar trabajos de conservación, mantenimiento, reparación y mejora de la red vial terciaria, comunal o vecinal. También podrán intervenir, con acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en determinados tramos de la red secundaria, y ejecutar alcantarillas, puentes y otras obras viales menores.

La Dirección Provincial de Vialidad tendrá un papel central en el esquema: será la encargada de promover la formación de los consorcios, asignarles caminos, celebrar convenios con ellos y controlar los trabajos realizados. La ley habilita además a Vialidad a contratar directamente a los consorcios para el mantenimiento de caminos; por esas tareas, cada entidad recibirá un importe vinculado a la cantidad de kilómetros que tenga asignados.

Cuando administren dinero o bienes públicos, los consorcios quedarán sometidos también al control externo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos. Vialidad podrá, incluso, intervenir de manera transitoria un consorcio si detecta violaciones a la ley o su reglamentación, falta de autoridades o incumplimientos de las obligaciones asumidas.

Para constituirse, un consorcio deberá presentar una Comisión Promotora integrada por al menos siete personas, reunir un mínimo de 20 socios activos y acompañar un croquis con los caminos que propone conservar. Los consorcios podrán ejecutar obras de manera directa o a través de terceros, y elaborar proyectos propios, que deberán contar con la aprobación técnica de Vialidad antes de su ejecución.

Entre Ríos posee una de las redes viales rurales más extensas del país: cerca de 24.000 kilómetros de caminos de tierra, 4.000 kilómetros de ripio y 2.000 kilómetros pavimentados. Actualmente funcionan diez consorcios camineros, que administran 1.467 kilómetros, mientras otros dos se encuentran en proceso de conformación. Según el Gobierno provincial, la nueva ley busca dar un marco jurídico estable para ampliar este modelo en distintos puntos de la provincia.

La sanción se dio en medio de una protesta de trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad frente a Casa de Gobierno, en rechazo a la reestructuración del organismo impulsada por la gestión de Rogelio Frigerio. Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) consideran que el avance de los consorcios camineros forma parte de un proceso de tercerización y vaciamiento de Vialidad, en momentos en que la iniciativa también permite transferirles recursos del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial y cederles maquinaria.

La ley que elimina las pensiones de privilegio en Entre Ríos quedó promulgada tras la publicación de la Ley N° 11.308 en el Boletín Oficial N° 28.422. La norma, aprobada por la Legislatura el 2 de septiembre, derogó definitivamente el régimen establecido por la Ley N° 4.506 y sus modificatorias.

La nueva legislación determinó que funcionarios y empleados públicos provinciales, municipales o comunales no podrán acceder a pensiones especiales o graciables por fuera del sistema jubilatorio ordinario contemplado en la normativa vigente.

La promulgación fue realizada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

La Ley N° 11.308 estableció que los beneficios reconocidos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa continuarán abonándose. Además, se mantendrá el derecho a pensión para el cónyuge supérstite y los hijos menores en caso de fallecimiento del beneficiario.

Sin embargo, para esas prestaciones se fijó un régimen de incompatibilidades. El cobro no podrá coexistir con cargos, empleos o contratos remunerados en los Estados nacional, provincial, municipal o comunal, salvo en el ejercicio de la docencia. También será incompatible con la percepción de otros beneficios de carácter asistencial o graciable. Quienes se encuentren en esa situación deberán optar entre suspender la pensión o renunciar a la remuneración del cargo público.

Si el beneficiario no ejerce esa opción, la Caja de Jubilaciones y Pensiones quedará facultada para suspender de oficio la prestación y podrá avanzar sobre el recupero de las sumas percibidas indebidamente, con los intereses correspondientes.

La prohibición no alcanzará a las prestaciones derivadas de la Ley N° 7.849 de Mérito Cultural ni a las contempladas por la Ley N° 9.216 para Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

Tras la promulgación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días corridos para reglamentar la Ley N° 11.308 y establecer los mecanismos necesarios para su implementación. La eliminación de este régimen había sido presentada por el Gobierno provincial como parte de su política de supresión de beneficios especiales vinculados a cargos políticos.

El Senado convirtió en ley la reforma conocida como Inocencia Fiscal II, que modifica el esquema aprobado a fines de 2025 y busca dar mayores certezas a quienes ingresen al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa recibió 44 votos afirmativos y quedó sancionada sin modificaciones respecto del texto aprobado previamente por Diputados.

El objetivo declarado por el Gobierno es incentivar que una parte de los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero ingrese al circuito formal y pueda destinarse al consumo o la inversión. Durante el debate, la oposición cuestionó distintos aspectos del régimen, y sectores del peronismo lo vincularon con un nuevo esquema de exteriorización de capitales.

La nueva versión de Inocencia Fiscal surgió después de cuestionamientos de profesionales tributarios sobre la primera edición del régimen. Entre los principales cambios aparecen una nueva definición de "discrepancia significativa", mayores posibilidades de corregir declaraciones, restricciones al uso de presunciones por parte de ARCA y nuevas reglas sobre Bienes Personales. Su aplicación completa dependerá ahora de la reglamentación.

Uno de los cambios centrales redefine las diferencias que pueden poner en discusión los beneficios del régimen. La norma considera, entre los supuestos previstos, un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado, pero introduce además un piso económico para evitar que diferencias pequeñas activen por sí solas una impugnación. Ese límite se vincula con el 5% del monto objetivo de punibilidad previsto en el Régimen Penal Tributario, aunque especialistas señalaron que la ley deja pendiente precisar qué valor debe utilizarse para ese cálculo, cuestión que deberá aclararse en la reglamentación.

También se incorpora como causal el cómputo improcedente de determinados ingresos directos, como retenciones, percepciones, pagos a cuenta y anticipos, además de mantenerse los casos vinculados con documentación apócrifa.

Otro punto central permite que un contribuyente rectifique su declaración después de una observación del organismo recaudador. Si ARCA notifica una liquidación administrativa o una determinación de oficio, habrá un plazo de 15 días hábiles para presentar la rectificación y cancelar o regularizar el saldo correspondiente, sin que esa corrección configure automáticamente una discrepancia significativa.

La norma también limita el uso de determinadas presunciones contempladas en la Ley 11.683. Hasta el 31 de diciembre de 2027, algunas de ellas no podrán emplearse como fundamento exclusivo para cuestionar al contribuyente y deberán estar acompañadas por información declarada o por datos disponibles en los sistemas fiscales. Esa fecha funciona además como límite para determinados beneficios vinculados con la presunción de exactitud y el denominado "tapón fiscal", por lo que la norma no establece una protección indefinida para quienes se incorporen al esquema.

La reforma establece que la carga de demostrar una "discrepancia significativa" recaerá sobre ARCA, que deberá basarse en lo declarado por el contribuyente, en la información de sus propios sistemas o en datos aportados por terceros. Se trata de una condición que hasta ahora estaba contemplada solo reglamentariamente y que pasa a tener rango legal.

En Bienes Personales se incorpora otra modificación: los fondos utilizados bajo este esquema serán considerados incorporados al patrimonio en la fecha en que se realice la operación, con el objetivo de evitar que esos recursos sean imputados automáticamente a períodos fiscales anteriores a partir de su utilización posterior.

La nueva Inocencia Fiscal amplía y modifica así el régimen vigente, aunque todavía quedan cuestiones técnicas por resolver mediante la reglamentación, entre ellas la determinación precisa del monto de referencia para calcular algunos de los límites establecidos. Su impacto efectivo también dependerá de cuántos contribuyentes decidan adherir y utilizar las nuevas reglas para incorporar fondos al circuito formal.

El Senado tendrá su séptima sesión del período ordinario el jueves 17 de septiembre, previsiblemente en horas de la mañana, para tratar dos temas que le interesan particularmente al Gobierno nacional: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto de Inocencia Fiscal.

Ambas iniciativas obtuvieron dictamen la semana pasada, el miércoles 9 de septiembre, y de ser aprobadas sin modificaciones se convertirán directamente en ley. El paso de las dos por la Cámara de Diputados se había dado el 26 de agosto, con aprobaciones holgadas, sobre todo en el caso de la reforma del Banco Central.

La iniciativa del Gobierno redefine la misión central del BCRA como "la preservación del valor de la moneda nacional", eliminando los objetivos múltiples que había fijado la reforma de 2012 bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont, durante la presidencia de Cristina Kirchner.

El proyecto también prohíbe que la entidad financie al Tesoro y endurece las condiciones para remover al presidente del BCRA y a los integrantes del directorio, exigiendo causales específicas y una aprobación de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso, además de la decisión del Poder Ejecutivo. Prevé, asimismo, la eliminación de las reservas de libre disponibilidad, cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

En el caso de Inocencia Fiscal II, el proyecto establece límites para funcionarios públicos, un pedido de los bloques aliados a raíz del antecedente de Manuel Adorni. Entre los principales cambios, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que hoy rigen para acceder al régimen, con el objetivo de incentivar a los ahorristas, y se flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa" entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, buscará sumar también esta semana el proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles, que eleva los cortes de bioetanol del 12 al 15% y de biodiésel del 7,5 al 10%. Este tema iba a ser central si la semana pasada se hubiera realizado la sesión, pero finalmente se postergó por diferencias en torno al texto final.

El oficialismo también pretende incorporar a la sesión del 17 de septiembre los proyectos de traspaso de competencia judicial a la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a la transferencia de la función judicial en materia criminal y correccional de menores.

En cambio, no se tratarán esta semana los tres proyectos sobre desarrollo del mercado de carbono en la Argentina, presentados por la senadora Flavia Royón, los senadores misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, y el senador Jorge Capitanich, respectivamente. Según trascendió, esas iniciativas necesitan más acercamientos entre los bloques y quedarán para una sesión posterior.

La Libertad Avanza busca asegurar la aprobación de la ley Hojarasca en el Senado sin que se introduzcan modificaciones que obliguen a devolver el proyecto a la Cámara de Diputados, donde ya cuenta con media sanción. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, contempla la derogación de 62 leyes, la eliminación de artículos de otras normas, modificaciones legislativas y la suspensión de decretos que el oficialismo considera desactualizados o burocráticos.

Sin embargo, las demoras en el tratamiento parlamentario y algunos planteos de bloques aliados generaron incertidumbre sobre el nivel de consenso que logrará reunir el proyecto en la Cámara alta.

La principal inquietud del Gobierno es que el Senado introduzca cambios al texto aprobado por Diputados, lo que obligaría a reiniciar el trámite legislativo. En ese contexto, una referente de La Libertad Avanza reconoció que hay conversaciones en curso. "Creemos que el proyecto que viene de Diputados está bien, pero seguramente tendrá algunas pequeñas modificaciones de acuerdo al acompañamiento aquí en el Senado", señaló.

La discusión comenzará a profundizarse en el plenario de comisiones convocado para emitir dictamen, instancia que será determinante para medir el respaldo con que cuenta la propuesta.

Durante el tratamiento en Diputados, el oficialismo ya aceptó mantener algunas normas que originalmente iban a ser derogadas, como las vinculadas a credenciales de libre circulación y estacionamiento para legisladores, la continuidad del Círculo de Legisladores y la Ley 11.380, que otorga facilidades crediticias a las cooperativas a través del Banco Nación.

En el Senado persisten cuestionamientos sobre otras derogaciones. Algunos bloques plantearon reparos a la eliminación de la exclusividad del financiamiento estatal para la Federación Argentina de Municipios y, especialmente, a la derogación de la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos.

Entre las leyes que el Gobierno pretende derogar figuran algunas de notoria antigüedad o escasa vigencia práctica, como la norma que creó una matrícula para las palomas mensajeras de carrera, la que establecía la obligación de portar un "carnet de mochilero" o la Ley 16.789, que obliga a los funcionarios a adquirir vehículos de la industria automotriz nacional.

También se contempla la derogación de la Ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que establece mecanismos de protección para el patrimonio histórico y artístico y fija límites a la participación extranjera en empresas de medios de comunicación.

Una particularidad del proyecto es el tratamiento de la denominada "ley del Lobizón" (Ley 20.843). Aunque la normativa sería derogada, el texto incorpora una cláusula especial para quienes ya accedieron a sus beneficios: los ahijados presidenciales alcanzados por esa legislación podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios, entre ellos la beca vitalicia contemplada por la norma.

El Gobierno nacional quiere derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada por el Congreso en 2021 con el objetivo de advertir a los consumidores sobre el contenido nutricional de los alimentos. Bloques oficialistas y aliados ya presentaron un proyecto para eliminar la norma, mientras que el Poder Ejecutivo trabaja en una nueva iniciativa para adecuar el sistema argentino a estándares del Mercosur. 

Los diputados Daiana Fernández Molero, del PRO, y Alejandro Bongiovanni, de La Libertad Avanza, reingresaron el proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida por la aplicación de los octógonos negros en alimentos envasados y bebidas no alcohólicas. 

El proyecto señala que el objetivo es "la restitución de la libertad de productores y consumidores de alimentos, mediante la derogación del Régimen de Etiquetado Frontal". Los legisladores sostienen que sus objetivos "se cumplen de modo más eficaz con la normativa ya vigente en el Código Alimentario en relación a rotulado, comercialización e información". 

El proyecto no establece un reemplazo inmediato. Propone derogar la ley vigente e insta al Poder Ejecutivo a avanzar en un nuevo sistema informativo unificado. 

Desde los bloques que promueven la derogación aseguran que el esquema vigente presenta problemas técnicos y comerciales. El sistema basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud utiliza "umbrales móviles", lo que —afirman— provoca distorsiones en la información nutricional. Los criterios no evalúan la cantidad absoluta de nutrientes presentes en un producto, sino la proporción respecto al total de calorías, lo que consideran puede generar confusión en los consumidores y desalentar reformulaciones en la industria alimenticia. 

Las empresas nucleadas en Copal señalaron que bajo la normativa argentina hasta un 90% de ciertos productos puede quedar alcanzado por sellos, mientras que en Brasil ese nivel sería del 60%. Para las compañías, esa diferencia impacta sobre la competitividad y complica la circulación de productos dentro del Mercosur. 

La ofensiva empresaria ya encontró resistencia en el plano regional. En el Parlasur, el Frente Parlamentario contra el Hambre impulsó una declaración para promover una ley regional de etiquetado frontal basada precisamente en los estándares de la ley argentina, considerados los más altos en términos de evidencia científica e información al consumidor. 

El oficialismo pretende avanzar primero con la derogación de la ley actual para luego debatir una nueva regulación adaptada a criterios regionales y comerciales del Mercosur.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada Ley Hojarasca, un proyecto impulsado por el Gobierno que propone eliminar decenas de normas que el oficialismo considera obsoletas, inútiles o desactualizadas. La iniciativa pasa ahora al Senado para su tratamiento y eventual sanción definitiva.

El proyecto fue presentado originalmente en 2024 con las firmas del presidente Javier Milei, el entonces ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos, pero no llegó a ser tratado en el Congreso. El 25 de marzo de este año fue relanzado con la firma del actual ministro coordinador, Manuel Adorni.

Según el texto oficial, la iniciativa "apunta a eliminar legislación obsoleta, inútil, superada por normativas posteriores o claramente violatoria de los principios constitucionales".

La Ley 94, la primera de la lista, data de 1864 y sanciona con diez años de inhabilitación a quien "haga azotar a una persona". Más de 160 años después, el Gobierno la incluyó en el paquete de normas a eliminar.

La Ley 20.802, de 1974, prevé el carnet de mochilero y establece la preferencia para acampar en zonas de turismo nacional, provincial y municipal.

La Ley 20.843, conocida como la "Ley del Lobizón" o "Ley de Padrinazgo Presidencial", fue sancionada durante el último gobierno de Juan Domingo Perón. Otorgaba una medalla, un diploma y una beca de estudios al séptimo hijo varón o a la séptima hija mujer de una pareja. En 2009, la entonces presidenta Cristina Kirchner la modificó para ampliar sus alcances.

La Ley 27.171, sancionada en 2015, regula la colombofilia, la actividad deportiva basada en competencias con palomas mensajeras. La norma creó la Federación Colombófila Argentina y establecía, entre otras cosas, el registro de la matrícula y el año de nacimiento de las palomas. Por ahora, la actividad sigue funcionando dentro de la órbita de la Secretaría de Deportes de la Nación.

La Ley 21.159 otorga un descuento del 50% en pasajes y fletes en empresas estatales de transporte a actores, artistas y técnicos de compañías de teatro y variedades argentinas, además de tarifas especiales en hoteles del Estado durante sus actuaciones.

La Ley 19.787 declara de interés nacional la difusión de la música argentina, pero solo incluye géneros folklóricos, tango, milonga, vals criollo y obras de autores argentinos. Desde el oficialismo señalan que "no incluye a toda la música generada por autores y compositores argentinos", lo que la hace anacrónica.

Las Leyes 22.964 y 22.109, referidas al aislamiento obligatorio de personas con lepra y viruela, también serán derogadas por considerarse que estigmatizan las enfermedades y obligan a internar a personas contra su voluntad.

También se derogarán leyes que por el paso del tiempo quedaron sin objeto, como las que autorizan las emisiones de televisión a color, la reglamentación para almacenar información estatal en microfilms, reconocimientos como el Premio Nacional a la Calidad y el Premio Prevención de Adicciones, y la ley que permitía al Estado sortear premios entre quienes compraban boletos de cine, financiada con fondos del INCAA. Sobre este último punto, el Gobierno argumentó que el impuesto destinado a financiar ese sorteo encarecía las entradas y perjudicaba tanto a los espectadores como a la industria cinematográfica.

El senador provincial Alberto Otaegui, de Juntos por Entre Ríos, presentó un proyecto de ley que propone prohibir el uso del celular a los estudiantes de todos los niveles de educación obligatoria dentro de los establecimientos escolares de la provincia. La iniciativa ingresó el martes 28 de abril a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado y establece que la autoridad de aplicación será el Consejo General de Educación (CGE).

El legislador sostuvo que la medida busca darle a las instituciones escolares "un marco regulatorio viable y aplicable dentro de la realidad que atraviesan", y destacó que, ante la falta de acción a nivel nacional, la provincia tiene la posibilidad de abordar el tema por sus propios medios.

El proyecto no prohíbe el uso del teléfono de manera absoluta, sino que prevé excepciones. Los estudiantes podrían usar el celular cuando un docente lo solicite con fines educativos —avisando con días de anticipación a las autoridades escolares—, ante una situación de fuerza mayor evaluada por las autoridades, o en cualquier otro caso que la autoridad de aplicación considere pertinente.

El texto propone que el CGE establezca las sanciones correspondientes para quienes incumplan la norma, y que cada institución pueda fijar sus propias medidas disciplinarias, siempre previo aviso a la autoridad de aplicación y con comunicación anticipada a los estudiantes y sus familias.

En los fundamentos, Otaegui citó datos de las pruebas PISA 2022 elaborados por la organización Argentinos por la Educación. Según ese informe, Argentina encabeza el ranking de países donde más estudiantes reconocen distraerse por el uso de dispositivos digitales propios, con un 54%, y también figura entre los primeros en distracción causada por el uso de celulares de sus compañeros, con un 46%. En el extremo opuesto, Japón y Corea del Sur registran los índices más bajos, por debajo del 10%.

El legislador también señaló como problema el acceso a páginas de apuestas en línea, el ciberacoso, la difusión de fotos y videos no consentidos de docentes y compañeros, y la propagación de los llamados "retos virales", algunos de los cuales pueden poner en riesgo la integridad física de los estudiantes. Como ejemplo mencionó el caso de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno atacó a otro en el marco de una dinámica vinculada a estos desafíos en redes sociales.

Al mismo tiempo, el proyecto reconoce que el celular tiene potencial como herramienta pedagógica y que para muchas familias representa un medio de comunicación importante con sus hijos durante el horario escolar.

El legislador señaló que países como Francia, Irlanda, Italia, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Canadá, Nueva Zelanda, China y Brasil ya implementaron restricciones o prohibiciones del uso del celular en sus escuelas.

La ley había sido aprobada en octubre de 2025 por el Senado uruguayo, con 20 votos favorables, tras un extenso debate político y social. Podrán solicitarlo personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, con una enfermedad incurable e irreversible en etapa terminal y con sufrimientos considerados insoportables. También podrán acceder ciudadanos uruguayos y extranjeros con residencia habitual en el país.

El proceso incluye varios pasos y controles. La solicitud debe hacerse de forma personal y por escrito ante un médico; si el estado físico del paciente lo impide, puede hacerla un tercero adulto. Un segundo profesional deberá evaluar tanto la situación clínica como la voluntad del paciente, y solo si ambos médicos coinciden se puede avanzar. Antes de la instancia final, el solicitante debe mantener una nueva entrevista con el primer médico para ratificar su decisión, y la voluntad debe quedar asentada por escrito ante dos testigos que no tengan ningún beneficio económico derivado del fallecimiento.

El decreto también crea una Comisión Honoraria de Revisión, bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública, que tendrá a cargo el control y supervisión de cada caso para garantizar el cumplimiento de la ley. Además, se prevén mecanismos de registro y seguimiento para evaluar el impacto de la normativa a mediano y largo plazo.

Al firmar el decreto, Orsi sostuvo que "la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas"  y que la medida es el resultado de "un proceso largo de debate, reflexión y escucha"

La normativa establece un régimen de promoción y estímulo que permite que empresas y particulares puedan canalizar aportes hacia clubes, instituciones, organizaciones y proyectos vinculados al deporte. A cambio de esos aportes, los colaboradores privados recibirán incentivos fiscales, con beneficios tributarios que favorecen el desarrollo de la práctica deportiva en toda la provincia. 

La iniciativa fue impulsada por el gobierno provincial y acompañada por legisladores en distintos estamentos del proceso de tratamiento parlamentario, con el objetivo de generar nuevos recursos para el deporte entrerriano y dotar de mayor sustentabilidad y previsibilidad a las instituciones y actividades deportivas. 

El mecenazgo es un mecanismo de financiamiento que permite que personas físicas o jurídicas apoyen económicamente proyectos de interés general, como actividades culturales, deportivas o sociales, sin fines de lucro, a cambio de beneficios fiscales o incentivos tributarios. 

En el caso de la nueva ley entrerriana, este mecanismo se aplica al deporte, facilitando que el aporte privado no sólo fortalezca a los clubes y organizaciones deportivas, sino que también dinamice la economía local y mejore la infraestructura, la capacitación de deportistas y el desarrollo de competencias. 

El proyecto, incluido en las sesiones extraordinarias, plantea que los cambios no tendrán aplicación retroactiva, aunque aún persisten dudas sobre a quiénes impactarán una vez sancionada la ley.

A continuación, los principales puntos de la propuesta:

El proyecto plantea una disminución del monto indemnizatorio al excluir del cálculo final conceptos como aguinaldo, vacaciones y premios. También deja atrás la referencia al salario más alto y lo reemplaza por un promedio en casos con adicionales.

Se habilita, además, el pago en cuotas y se fija un criterio de actualización ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual.

Otro punto central es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un 3% del aporte patronal, que será administrado por la Comisión Nacional de Valores junto a los ministerios de Economía y Capital Humano. Los críticos lo comparan con una “AFJP de 2026”.

El proyecto amplía las formas de pago salarial: además de pesos o moneda extranjera, se habilita remunerar en alimentos, especies o viviendas. Hoy la ley solo permite un 20% en especie.

Se impulsa un banco de horas, acordado por convenio colectivo, para eliminar el esquema tradicional de horas extra. El trabajador podrá acumular horas en días de mayor demanda y compensarlas luego con descanso, sin los recargos del 50% o 100%.

También se contempla la posibilidad de ampliar la jornada diaria de 8 a 12 horas.

Se incorpora, además, la figura del contrato a tiempo parcial, con menos carga horaria que la jornada legal.

La iniciativa permite fraccionar el período de vacaciones. Si el empleador define la fecha, deberá notificarla con al menos 45 días. Es uno de los puntos con menor conflicto sindical.

Se amplía la lista de actividades esenciales, que deberán garantizar entre el 50% y el 75% del funcionamiento durante un conflicto gremial.

Este punto ya había sido objetado en la Justicia cuando el Gobierno intentó aplicarlo vía decreto. Especialistas advierten que podría vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución.

El proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, permitiendo que los acuerdos por empresa prevalezcan sobre los pactados por el sindicato de la actividad. Un cambio similar se intentó en el año 2000 con la llamada “Ley Banelco”.

Las empresas dejarán de estar obligadas a actuar como agentes de retención de la cuota sindical. Se requerirá una “conformidad expresa”, aunque no se aclara entre quiénes debe darse ese acuerdo.

Se propone suprimir la cuota solidaria que hoy pagan los trabajadores no afiliados a los sindicatos, uno de los puntos más resistidos por las centrales gremiales al afectar directamente su financiamiento.

Se crea la figura del “repartidor independiente”, considerando que no existe una relación laboral sino un contrato de servicios. Para algunos especialistas, esta habilitación consolida la informalidad en el sector.

La iniciativa apunta a que personas con enfermedades graves, crónicas o padecimientos irreversibles puedan acceder —bajo estrictos requisitos médicos y legales— a una asistencia para poner fin a su vida de manera segura, acompañada y digna.

El textoV prevé un marco legal que garantice:

El proyecto toma como base la Ley de Derechos del Paciente (26.529) y la Ley de Muerte Digna (26.742), que ya reconocen la autonomía de las personas para rechazar tratamientos o evitar la prolongación artificial de la vida.

La propuesta incorpora elementos de legislaciones vigentes en España, Uruguay y Canadá, donde la muerte médicamente asistida está regulada bajo estándares éticos y de control.

“El objetivo es permitir que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”, señaló el diputado.

También destacó que el proyecto brinda “certeza a los profesionales de la salud y a las familias, con procedimientos claros y supervisados”.

“Regular la eutanasia no es promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y atender un reclamo social y profesional de larga data”, agregó.

Además de Nieri, firman la propuesta los diputados radicales:

Fuente:NA

Las medidas fueron oficializadas mediante los Decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, que promulgan las Leyes N° 27.795 y 27.796. De esta forma, el Gobierno mantiene la misma postura adoptada con la ley de emergencia en discapacidad, al considerar que las normas carecen de respaldo presupuestario para su ejecución inmediata.

La Ley 27.795 establece el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas, la recomposición salarial del personal docente y no docente, y el fortalecimiento de programas de becas, investigación y tecnología. Según cálculos oficiales, su implementación demandaría más de un billón de pesos en 2025 y superaría los dos billones en 2026.

No obstante, el Ejecutivo aclaró que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso determine cómo se financiarán las erogaciones. La Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la norma sin los recursos correspondientes sería incompatible con la Ley de Ejecución del Gasto Público (N° 24.629) y podría generar responsabilidad funcional.

Por su parte, la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria pediátrica por un año y designa al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional. Busca reforzar el sistema de salud infantil, las residencias médicas y la situación salarial del personal sanitario.

La norma prevé un costo fiscal estimado de $196.270 millones, con fondos provenientes de reasignaciones internas del Ministerio de Salud. Sin embargo, el decreto advierte que esa fuente es insuficiente, dado que la cartera sanitaria enfrenta un déficit superior a los $100.000 millones.

Por ese motivo, el Gobierno dispuso que la ley no entre en vigencia hasta que el Congreso incluya las partidas necesarias en el presupuesto. Además, cuestionó que el texto legislativo intente derogar una resolución del Ministerio de Salud, lo que consideró una intromisión del Congreso en atribuciones del Poder Ejecutivo.

De esta manera, las dos normas promulgadas —aunque sin efecto inmediato— dependen ahora de la discusión presupuestaria en el Congreso para definir su futura implementación.

El martes 17 de junio ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.654, que fue sancionada el 9 de diciembre de 2021. La norma “establece el marco legal para la protección integral de los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo”.

El proyecto, que es de autoría de la diputada de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, propone que se designe como autoridad de aplicación “al Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos, o al organismo que en el futuro lo reemplace, con las atribuciones necesarias para implementar las disposiciones de la ley nacional y su Decreto Reglamentario N.º 183/2023”.

Justicia social

Lena expresó que el proyecto “se enmarca en una visión de justicia social, que reconoce que nadie elige vivir en la calle y que la exclusión habitacional es la consecuencia de múltiples factores estructurales: desigualdad económica, violencias familiares, salud mental no tratada, falta de redes de contención, discriminación, y ausencia de políticas habitacionales inclusivas”.

También consideró que “la situación de calle es un fenómeno multidimensional, que no puede reducirse a una intervención puntual o a una respuesta de emergencia” y entendió que “requiere, en cambio, de una política de Estado, con continuidad, recursos, y enfoque en derechos humanos. Este proyecto es un paso fundamental en esa dirección”.

Paso concreto

La legisladora sostuvo que “este proyecto, entonces, se presenta como un paso concreto hacia una provincia, más justa, solidaria y comprometida con los derechos humanos. Entre Ríos tiene la oportunidad, a través de esta adhesión, de asumir un rol activo en la construcción de políticas que no dejen a nadie fuera, y que garanticen condiciones mínimas de dignidad y cuidado para quienes hoy viven en la intemperie del sistema”.

Fundamentos

En los fundamentos, Lena sostuvo que la Ley Nacional Nº 27.654, sancionada el 9 de diciembre de 2021, “representa un hito en la legislación argentina al reconocer formalmente la situación de calle como una problemática estructural de derechos humanos, que requiere un abordaje estatal integral, sostenido y con enfoque de derechos. Uno de los principales avances que fundamentan esta iniciativa es la incorporación por primera vez, en el marco del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, del relevamiento específico de personas en situación de calle”.

Entre Ríos

La legisladora señaló que “en el caso de Entre Ríos, el Censo reportó un total de 1.426.426 habitantes, lo que representa un crecimiento del 15,4 % respecto al censo anterior de 2010”. Añadió que de aquel total “1.415.097 personas viven en viviendas particulares; 10.315 personas residen en viviendas colectivas, como refugios, paradores, instituciones asistenciales u otros tipos de alojamiento comunitario; 166 personas fueron registradas en situación de calle al momento del censo”.

Lena agregó que aquellos “166 casos —si bien numéricamente pueden parecer marginales— representan un universo de personas cuya vulnerabilidad es extrema: se trata de ciudadanas y ciudadanos que no sólo se encuentran fuera del sistema formal de vivienda, sino también frecuentemente excluidos de servicios esenciales como salud, educación, documentación, atención social y contención emocional como lo fuera en su momento la ex ley N°3011”.

También añadió que “la existencia de más de diez mil personas en viviendas colectivas también da cuenta de que muchas familias y personas viven en condiciones habitacionales transitorias, sin soluciones habitacionales definitivas, lo que las coloca en riesgo inminente de situación de calle. La Ley Nacional Nº 27.654 se construye desde el reconocimiento de esta problemática y plantea una respuesta estatal integral”.

Lena indicó que la Ley Nacional tiene entre sus objetivos principales “garantizar derechos fundamentales como la dignidad, la identidad, el acceso a la salud, la vivienda digna, la educación, el trabajo y la participación social; promover una mirada transversal y participativa en el diseño e implementación de políticas públicas; establecer obligaciones concretas para el Estado en sus distintos niveles”.

Estigmatizante

También resaltó que “la norma establece un conjunto de principios rectores que guían su aplicación: la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, la interseccionalidad, la participación activa de las personas involucradas, y la no criminalización de la pobreza. Estos principios resultan fundamentales para pensar un modelo de intervención que respete y promueva la autonomía de las personas, en lugar de abordarlas desde lógicas asistencialistas, punitivas o estigmatizantes”.

Red

La ley fue reglamentada por el Decreto Nº 183/2023, que avanzó en la institucionalización de una Red Nacional de Centros de Integración Social, estableciendo protocolos de actuación interjurisdiccional, y formalizando mesas de trabajo participativas entre organismos públicos, organizaciones sociales y personas con experiencia directa en situación de calle.

Lena entendió que “la adhesión de Entre Ríos a esta ley nacional resulta necesaria por varias razones. En primer lugar, porque permitirá a la provincia coordinar esfuerzos con el Estado Nacional para acceder a recursos técnicos, presupuestarios y humanos que potencien las capacidades locales. En segundo lugar, porque habilitará la creación o adecuación de dispositivos provinciales, tales como centros de integración, programas de documentación, y unidades móviles de atención, con sustento legal y previsibilidad institucional. En tercer lugar, porque dotará de un marco jurídico claro y actualizado a las acciones que ya desarrollan organismos provinciales y municipales, garantizando estándares de calidad y enfoques comunes”.

Añadió que “en el plano municipal, la invitación a adherir permitirá que las ciudades con mayor concentración urbana —donde la situación de calle se manifiesta con mayor intensidad— puedan también alinear sus estrategias a una política pública nacional, fortaleciendo el abordaje territorial y comunitario”. (APFDigital)

La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 196/2025 y responde a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Modernización de la licencia de conducir

Uno de los cambios más significativos es la implementación de la licencia nacional de conducir digital, válida en todo el territorio argentino. Para su renovación, los conductores deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica online cada cinco años si son menores de 65 años, cada tres años para mayores de 65 y anualmente después de los 70 años. Aquellos con antecedentes de infracciones graves deberán aprobar un examen teórico práctico para revalidarla.

Los conductores principiantes continuarán utilizando el cartel identificatorio durante los primeros seis meses de obtenida la licencia y, en caso de cometer faltas graves dentro de los dos primeros años, su licencia será suspendida.

Además, los cursos y exámenes de aptitud psicofísica podrán ser realizados por prestadores públicos y privados bajo regulaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la posibilidad de presentar la documentación de manera online.

Eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI)

Con esta reforma, se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Ahora, las licencias nacionales de conducir de clases C, D y E (profesionales) permitirán el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones habilitadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Cambios en la VTV

Se extendió a cinco años el plazo para realizar la primera Verificación Técnica Vehicular (VTV) en vehículos 0km de uso particular, contados desde la fecha de patentamiento inicial. Para los 0km de uso no particular, la primera revisión deberá realizarse en el plazo que establezca la jurisdicción local, sin superar el año. En vehículos usados de hasta 10 años de antigüedad, la VTV tendrá vigencia de dos años, y en aquellos de más de 10 años, la revisión será anual.

Peajes sin barreras

El Gobierno dispuso la implementación de peajes sin barreras en todas las rutas nacionales, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular. La Dirección Nacional de Vialidad estableció un cronograma para que, antes de junio de 2027, todas las rutas nacionales cuenten exclusivamente con sistemas de cobro "free flow".

Regulación de vehículos autónomos

La nueva normativa incorpora la definición de "vehículo autónomo" y establece requisitos obligatorios según el nivel de automatización del mismo, con el fin de preparar el marco regulatorio para este tipo de tecnologías.

Simplificación de trámites para trailers y casas rodantes

A partir de ahora, los trailers y casas rodantes de hasta 750 kilos podrán ser trasladados por cualquier vehículo sin necesidad de realizar un trámite por cada unidad tractora. Solo será necesario tramitar un único Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), lo que reducirá costos y tiempos burocráticos.

En las últimas horas, se viralizaron historias de conductores sancionados por la Policía Caminera de Córdoba por circular con las luces diurnas o DRL (Daylight Running Lamps, en inglés), en lugar de las bajas, que funcionan cuando se utiliza el modo automático.

Si bien la Ley Nacional 27.425 equipara ambos sistemas, en algunas provincias como Córdoba rige la obligatoriedad de utilizar luces bajas reglamentarias.

“Anduve hace dos días por Santa Rosa de Calamuchita. La verdad, hermoso, pero cuento dos malas experiencias para tener en cuenta. La primera es que circulaba con las luces automáticas de la camioneta, me pararon y me hicieron una multa de 60 mil pesos”, relata un usuario de Facebook en un descargo del grupo “Soy Rodantero”, junto a la imagen de la multa labrada.

El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, remarcó al medio local La Voz: “Las luces bajas para circular en la provincia son obligatorias y hay muchas dudas de los conductores de vehículos que poseen luces LED. Estas luces no son bajas, por lo que haremos controles en los límites provinciales para prevenir a los turistas de los requisitos para circular en la provincia”. Esta normativa aplica durante el día también.

En diciembre pasado, el funcionario anunció que los turistas que ingresen a la provincia con las luces bajas apagadas recibirán un apercibimiento y una explicación sobre la norma, en lugar de una multa. Esta medida, que se aplicará exclusivamente en los límites de Córdoba con otras jurisdicciones, busca concientizar a los visitantes y se limitará únicamente a ellos, sin incluir a los residentes. Cabe destacar que si los conductores persisten en la infracción, entonces sí serán multados.

En ese sentido, el ministro aclaró: “Los que viven en la provincia saben que tienen que circular con las luces bajas encendidas”. Podría haber modificaciones en el tema a futuro, ya que Quinteros admitió que se enviará una modificación en la Ley Provincial de Tránsito para que se debata este año.

La Ley de Tránsito N° 27.425, en el inciso “a” del artículo 47, equipara el uso de ambos sistemas lumínicos para la circulación en rutas nacionales: “Las luces bajas o las luces diurnas permanecerán encendidas, tanto de día como de noche, independientemente del grado de luz natural, o de las condiciones de visibilidad que se registren, excepto cuando corresponda la alta y en cruces ferroviales”, precisa el documento.

Sin embargo, la provincia no está adherida a esta legislación. El artículo 74 de la ley provincial indica que la luz baja, las de posición y de chapa de dominio son de uso obligatorio y deben permanecer simultáneamente encendidas.

“Todos los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del día en rutas nacionales o provinciales en sus tramos interurbanos, en los túneles y demás tramos de vía afectados por la señal ‘de uso obligatorio de luz baja’, deben llevar encendida y totalmente limpia la luz que corresponda”, precisa.

Los oficiales de la Policía Caminera recomiendan tener en cuenta otras normas de circulación:

El diputado provincial Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para establecer beneficios fiscales progresivos para el sector productivo agropecuario de la provincia, que contempla la suspensión de apremios fiscales, el diferimiento del pago y exenciones impositivas, con "especial atención" a los pequeños y medianos productores.

"El sector agropecuario es un pilar fundamental de nuestra economía provincial, y hoy enfrenta una combinación de factores adversos que ponen en riesgo su sostenibilidad", declaró el legislador entrerriano en un comunicado al detallar la situación "crítica" que vive el campo.

El proyecto de ley propone diferentes medidas:

Para acceder a los beneficios, los productores deben estar registrados y demostrar su actividad agropecuaria, y quedarían excluidos los que sean calificados como "grandes contribuyentes" por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo. La cantidad de hectáreas se calculará según las Plantas 4, 5, 6 y 7, considerando la propiedad o la vinculación económica-productiva.

Bahillo destacó que el objetivo del proyecto es "brindar un alivio fiscal" que permita a los productores "sostener y potenciar sus actividades" y así contribuir a la sostenibilidad del sector "a largo plazo". "Es un esfuerzo necesario para proteger a quienes trabajan la tierra y generan riqueza en nuestra provincia", completó.

Esta medida permite conocer cuánto se destina al IVA, ingresos brutos, tasas municipales y otros gravámenes nacionales indirectos, en la medida en que las provincias adhieran a la normativa.

Desde el 1 de enero, esta disposición ya está vigente para las grandes empresas, tras la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. Asimismo, los precios publicados deben discriminar el importe neto de impuestos indirectos y exhibir la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS” junto al importe final.

Cambios en las facturas y los servicios públicos

En las facturas electrónicas, esta información aparecerá bajo la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)”, con el objetivo de aumentar la claridad sobre los costos asociados a cada transacción. En el caso de los servicios públicos, también se prohíbe el uso del término “gratuito”, debiendo aclarar que estos están financiados por la recaudación de tributos.

Impacto en empresas y adaptación

Aunque la implementación busca fortalecer la confianza pública y concientizar sobre la carga impositiva, las empresas enfrentarán retos técnicos y financieros. La adaptación de los sistemas de facturación y la formación del personal requerirán un plazo breve de ajuste. Empresas proveedoras de facturación electrónica, como Facturante, han comenzado a trabajar junto a sus clientes para cumplir con la norma sin costos adicionales.

Lorena Comino, CEO de Facturante, señaló que esta obligación podría ser una oportunidad para profesionalizar procesos internos y fomentar la transformación digital en las empresas. Aunque supone un costo inicial significativo, destacó que la estandarización simplificará operaciones y mejorará la transparencia.

Formalización y debate fiscal

La Ley 27.743 no solo busca fortalecer la transparencia fiscal, sino también promover la formalización de la economía y abrir el debate sobre la carga impositiva en el país. Lógica, una asociación dedicada a generar conciencia fiscal, jugó un rol clave en la promoción de este cambio, logrando adhesiones de figuras como Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. El presidente incluyó esta iniciativa en la reciente reforma fiscal.

Se espera que la medida consolide prácticas más claras en la relación entre comercios, consumidores y el Estado, contribuyendo a un sistema tributario más eficiente y equitativo.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una nueva ley que regula el uso de fitosanitarios en la provincia.El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara respectiva, el diputado provincial Juan Manuel Rossi, destacó la importancia de la ley y el proceso de construcción que la precedió. "Estamos muy contentos, no solo por la aprobación de la ley, sino por todo el proceso previo, por todos los actores sociales, económicos y de la producción que fueron parte de la construcción de este proyecto", resaltó.El legislador explicó que la nueva ley incorpora "perspectivas de salud y ambientales en la regulación de los fitosanitarios" y busca brindar previsibilidad a los productores para evitar el desarraigo rural.El proceso de elaboración de la ley comenzó en marzo de este año e involucró a diversos actores que aportaron opiniones, estudios científicos y experiencias personales. Tras un intenso trabajo en la comisión de Recursos Naturales y Ambiente, se logró un dictamen en octubre, que luego fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado.Rossi subrayó el apoyo del gobernador Rogelio Frigerio y destacó la modernidad de la ley. "Entre Ríos tiene una ley muy moderna si se la compara con otras provincias y me parece que eso nos va a dejar bien colocados en la medida que se implemente de manera correcta Nos va a dejar muy bien parados en el marco de la Región Centro y a nivel nacional", indicó el diputado.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria que representan a Entre Ríos rechazaron el veto a la ley de financiamiento universitario. Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Blanca Osuna votaron con su bloque.En Juntos por el Cambio, el radicalismo acompañó el reclamo de la comunidad universitaria y educativa con los votos de Atilio Benedetti y Marcela Antola.

El PRO entrerriano, en cambio, votó dividido. Francisco Morchio, enrolado en el bloque Encuentro Federal que preside Miguel Pichetto, rechazó el veto. Mientras que Nancy Ballejos, que reemplazó al radical Pedro Galimberti cuando asumió a CTM, acató la orden de Mauricio Macri, quien garantizó el acompañamiento de la fuerza amarilla.

El bloque de Pichetto aportó, de todas maneras, una ayuda. El chubutense Jorge Ávila, tras la intervención del gobernador Ignacio Torres (del PRO como Rogelio Frigerio), se ausentó. Lo mismo Ricardo López Murphy, que también está de viaje y se perdió la sesión.

Cuando un diputado se abstiene en parte colabora con el oficialismo ya que al estar presente durante la sesión aumenta el número necesario para alcanzar la mayoría especial de dos tercios.

Morchio se ausentó cuando se confirmó el veto de la reforma previsional.El otro voto en favor del gobierno libertario – macrista fue el de Beltrán Benedit, enrolado en La Libertad Avanza.Los libertarios sumaron 84 votos en defensa del veto, mientras que la oposición apenas pudo sumar 164 para insistir con el proyecto original. Dado que la Cámara de Diputados necesita dos tercios de los presentes para rechazar un veto presidencial, las ausencias y las abstenciones jugaron un papel clave.Fuente: Página Política