En la estrategia para paliar la crisis alimentaria, el gobierno entrerriano impulsó la Ley N°11140 de Emergencia Alimentaria que en su cuarto artículo determina la creación de la Mesa de Diálogo Social como órgano de participación y consulta para la aplicación.El espacio tiene como objetivo el análisis y diagnóstico de la situación alimentaria de la provincia de Entre Ríos; la formulación de propuestas relacionadas a la implementación de políticas públicas que tengan por objeto garantizar los derechos protegidos por la presente Ley; propiciar la firma de convenios de cooperación.Participaron de la primera reunión, con los roles pautados por la legislación, la ministra de Desarrollo Social, Verónica Berisso; el secretario de Articulación Social, Ricardo Vales, el senador por el departamento Gualeguay Casiano Otaegui y por el departamento Victoria, Víctor Sanzberro ; la diputada Laura Stratta; la vocal del Consejo General de Educación, Elsa Chapuis; en representación del Ministerio de Salud participaron Paulo Capotosti y Georgina López, por la Universidad Autónoma de Entre Ríos estuvo Delfina Reynoso; mientras que por las organizaciones sociales participaron Andrea Narváez en representación del Polo Obrero, Evelina Kloster por MTE-UTEP, y Julián Jarupkin por Libres del Sur.Sobre la estrategia de constitución de la mesa de diálogo, Berisso explicó: "La mesa es un espacio de diálogo y de generación de políticas que contribuyan a mejorar la vida de los entrerrianos. Hoy hemos marcado el rumbo, cómo lo dijo nuestro gobernador Rogelio Frigerio, es prioridad que a ningún entrerriano le falte un plato de comida sobre la mesa".En este sentido, Vales agregó: "La Legislatura comprendió que debía darle esta herramienta la Ley de Emergencia Alimentaria y al Ministerio de Desarrollo Humano para que podamos encarar una de las prioridades de este gobierno que tiene que ver con ponerle un plato de comida a cada uno de los entrerrianos y en ello estamos trabajando. Esta mesa se vincula con abrir un diálogo con la participación activa de todos los sectores comunitarios para que, desde distintas miradas y con aportes de diversas ideas, abordemos y busquemos soluciones para una problemática común vinculada con las políticas de seguridad alimentaria que es un eje preponderante del gobierno provincial".La mesa volverá a reunirse en un mes con avances para poner en común y avanzar en el diseño de un abordaje integral en materia alimentaria.

De ese modo, la Comisión Nacional de Emergencia y/o Desastre Agropecuario dio cuenta de los perjuicios de la sequía que acechó a la región entre diciembre y enero. Así, los productores de las cadenas productivas primarias contemplados en la emergencia provincial serán alcanzados por los beneficios nacionales que se materializan en asistencia para recuperar capital de trabajo.El ministro de Producción, Juan José Bahillo, definió: “Dimos un detallado análisis de la situación, con fotografías, datos precisos que incluyen estimaciones de pérdidas, en especial en las actividades agrícolas, pecuarias y frutihortícolas. La información surgió del trabajo propio del gobierno, junto a INTA y la Bolsa de Cereales”, definió Bahillo.La Ley Nacional de Emergencia contempla la implementación de una prórroga del vencimiento del pago de los impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, y a los Bienes Personales mientras dure el período de emergencia. Además, activa el plan de emergencia estipulado en el programa permanente de deuda exigible con un plazo de hasta 48 cuotas, suspende el plazo de la emergencia la iniciación de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados por los contribuyentes incluidos en el decreto; los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado y cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda se podrá deducir el 100% de los beneficios derivados de esas ventas en el Impuesto a las Ganancias.

AJER dio inicio formal al reclamo por la vía legal de los montos que la Provincia quedó debiendo a los trabajadores judiciales por la aplicación de la ley de emergencia, que puso en suspenso a la ley de enganche durante el plazo que estuvo en vigencia.

El recurso administrativo -que lleva las firmas del secretario general Mario Brnusak y la secretaria adjunta Mabel Pedrero- fue presentado ante el Superior el miércoles de la semana pasada en reclamo de "todo lo adeudado por la aplicación de la ley de emergencia".

Allí se demanda "la diferencia entre lo pagado y los aumentos otorgados por la CSJN al día de hoy (alrededor del 25%)". También "todas las diferencias que corresponden de acuerdo a las fechas desde que rigen los aumentos de la CSJN, menos los aumentos pagados por la provincia, más los intereses correspondientes".

Y por último se reclama "la devolución de los importes de los descuentos dispuestos por la ley de emergencia (incrementos en aportes jubilatorios en los activos y aporte extraordinario en los jubilados), más los intereses correspondientes".

La decisión se tomó en el Plenario Provincial de Secretarios Generales y Comisión Directiva de AJER convocada luego de conocido el anuncio. En el encuentro, 13 filiales votaron por el levantamiento de las medidas de fuerza, 1 voto por continuar y 2 filiales se abstuvieron.

Asimismo se resolvió mantener el estado de alerta hasta la concreción de lo anunciado y reiterar la determinación de encontrar en el diálogo con las autoridades el abordaje de la problemática del poder judicial.

En el Plenario, el Secretario General de AJER Mario Brnusak expresó: "Sentimos una gran satisfacción por el fin de la emergencia ya que implica no sólo el fin de los descuentos sobre nuestros salarios, sino también la recuperación del sistema salarial que garantiza la independencia del Poder Judicial, que es lo que establece nuestra Constitución". En este sentido, agregó: "Quiero felicitar a todos los dirigentes de AJER por el enorme trabajo para llevar adelante esta lucha y fundamentalmente a cada trabajadora y a cada trabajador judicial por su fortaleza, por la unidad y la convicción en la defensa de nuestros derechos. Hemos logrado el objetivo que nos propusimos que era el fin de la ley de emergencia. A partir de mañana volvemos a la normalidad de nuestros trabajos, que es lo que todos queremos".

Finalmente apuntó: "Queda por delante un arduo debate y trabajo para lograr que nuestra Caja de Jubilaciones (la razón esgrimida por el gobierno para justificar la emergencia) alcance la sustentabilidad necesaria que garantice el 82% móvil para nuestros jubilados; los de hoy y los jóvenes que recién ingresan. En ese sentido AJER reitera que está dispuesta a participar de un ámbito junto a todos los sectores que la integran, si el gobierno realiza una convocatoria para alcanzar esos objetivos".

Los trabajadores nucleados en la de la Asociación Judicial de Entre Ríos (Ajer) realizarán paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo este jueves y sostendrán las medidas de fuerza programadas, ante el fracaso de las negociaciones salariales con el Ejecutivo. En los días siguientes, se evaluará la propuesta del gobierno para determinar los pasos a seguir, confirmaron a AIM.

Sin acuerdo con el gobierno provincial, Ajer resolvió sostener el plan de lucha que había aprobado para reclamar "recomposición salarial real inmediata; respeto y aplicación de la Ley 10.068, de régimen salarial del Poder Judicial". Además, rechazan la prórroga de la Ley de Emergencia e insisten con la convocatoria del gobierno a todos los sectores para garantizar la sustentabilidad de Caja de Jubilaciones y el 82 por ciento móvil.

La definición se comunicó hoy luego de la reunión de todos los estamentos del Poder Judicial con el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Balay, quien expuso la propuesta salarial para el Poder Judicial que consiste en un ocho por ciento de aumento con el sueldo de mayo y un 5,5% con el sueldo de julio, con lo que se completan los aumentos otorgados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn) hasta ahora.

Además, Ballay indicó que "en caso que la Csjn otorgue aumentos en los próximos meses podrían alcanzarse los mismos valores anunciados para el resto de los gremios del Estado", y manifestó nuevamente que la finalización de la Ley de emergencia el 30 de junio o su prórroga hasta diciembre "depende de la evolución de los números de la provincia y de la pandemia".

A pesar de la insistencia de los reclamos expresados por todos los sectores que integramos el Poder Judicial, en una reunión por momentos tensa, el ministro de Economía rechazó cualquier modificación a la propuesta del gobierno. Frente a esto los dirigentes de Ajer denunciaron al ministro de Economía el grave deterioro salarial que viene sufriendo el sector por la Ley de Emergencia del gobierno provincial y por la creciente y sostenida inflación.

También, indicaron que el reclamo unánime de las trabajadoras y los trabajadores judiciales entrerrianos "es la urgente recomposición de los salarios, el respeto irrestricto y aplicación de la Ley 10.068, el rechazo a la prórroga de la Ley de emergencia y la apertura de instancias de diálogo para garantizar la sustentabilidad de la caja de jubilaciones y el 82 por ciento móvil".

Ayer el gremio de los Judiciales AJER se manifestó frente a Tribunales como parte de las medidas definidas de retención de servicios cada lunes y jueves.

"Este reclamo se da en función de la derogación de la Ley de Emergencia que, en principio, debería terminar en junio, para que no se extienda hasta fin de año, de tal manera que volvamos a recuperar los sistemas salariales para salir de la situación de ajuste, producto de la inflación y la falta de aumento de los salarios", explicó José María Segura, secretario general de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) filial Paraná. "Este reclamo se da en función de la derogación de la Ley de Emergencia que, en principio, debería terminar en junio, para que no se extienda hasta fin de año, de tal manera que volvamos a recuperar los sistemas salariales para salir de la situación de ajuste, producto de la inflación y la falta de aumento de los salarios", explicó José María Segura, secretario general de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER) filial Paraná.

Sobre el aumento otorgado por la provincia, Segura señaló: "El Gobierno dice que dio un aumento del 32%, y en el caso de la Justicia del 15%, un aumento mentiroso porque en ninguno de los casos es así. Se está muy lejos de 15% en la etapa inicial de la carrera administrativa, por los aportes de la Ley de Emergencia y la eliminación de los montos fijos. Pedimos que se derogue esa ley y se logre una recomposición salarial real.

Hoy nos movilizamos alrededor de la Casa de Gobierno a expresar la solidaridad s los docentes y terminamos la jornada con dos horas de retención de servicios.

La protesta seguirá con retenciones de dos horas los lunes y jueves en las próximas dos semanas.

Ante el planteo de avocamiento o conflicto interpoder presentado por el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) tomó la decisión de desestimarlo. Los integrantes del Alto Cuerpo entendieron que el gobierno tenía otra vía para recurrir la medida cautelar en cuestión (vinculada a la Ley de Emergencia 10.806), y que de hecho también lo hizo ante la Cámara Civil y Comercial N°2 Sala Primera.

El gobierno presentó el planteo ante el STJ para que se avoque en pleno al tratamiento de lo que calificó como conflicto interpoder, solicitando se sirva ejercer control constitucional directo con el fin de revocar una medida cautelar dictada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°9 de Paraná, Ángel Moia. El magistrado intervino en el legajo "AGMER-AMET-ATE-UDA c/SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y OTROS s/ACCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD", dictando una medida cautelar de no innovar y la suspensión de la aplicación de la norma atacada (Ley 10.806) respecto de la totalidad de los trabajadores de la educación pasivos y pasivos de la administración pública provincial y municipal.

En sus argumentos, el fiscal de Estado indicó que en otra causa ("Rombolá") el STJ en pleno sostuvo lo contrario en relación al mismo tema, es decir, los descuentos a jubilados dispuestos por la Ley de Emergencia.

La resolución lleva las firmas de Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio.

El máximo tribunal de Entre Ríos emitió un nuevo fallo convalidando la constitucionalidad de la ley de emergencia solidaria aprobada a mediados de año por la Legislatura. El Superior Tribunal de Justicia (STJ), integrado por conjueces, revocó el fallo de primera instancia que había favorecido a jubilados del Estado que buscaban evitar los descuentos que estableció la norma.

El STJ, integrado por los conjueces Martín Acevedo Miño; Gabriela del Carmen Cevallos; Alejandro Canavesio; Enrique Marciano Martínez y Gastón Justet, revocó el fallo de primera instancia de la causa "Pabón Ezpeleta, Carlos Alberto y otros" contra el Gobierno provincial, una acción de amparo que buscaba evitar el descuento de haberes que establece la ley de emergencia provincial para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.

La decisión se dio por mayoría. Los conjueces Acevedo Miño y Cevallos votaron por sostener el fallo de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad de la norma provincial. Por el contrario, Canavesio; Martínez y Justet votaron por revocar la sentencia que había beneficiado a los trabajadores pasivos, siguiendo los lineamientos dispuestos por el mismo Tribunal (con su conformación originaria) en el caso "Rombolá".

La titular del Juzgado N°4, Elena Albornoz, citó a las partes a una audiencia de mediación que se realizará este viernes 18 de septiembre a las 8:30 · Es por el planteo de inconstitucionalidad de hicieron Agmer, AMET, ATE y UDA a los artículos 4° y 5° de la Ley de Emergencia Solidaria · “Allí estaremos para ratificar la exigencia de la derogación de los artículos 4, 5 y 6”, afirmaron

La novedad fue informada por el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani, durante la conferencia de prensa que brindó junto a los titulares de los demás sindicatos que integran en Frente Gremial: Oscar Muntes, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); Andrés Besel, de la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y Mirta Raya, de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

“Allí estaremos para ratificar la posición que fijamos en sede judicial y que también fijamos públicamente, que es la exigencia de la derogación de los artículos 4, 5 y 6”, aseguró el titular de Agmer.

En otro tramo de la conferencia, Pagani aseguró que “lo que está en tensión y en disputa es quién paga el costo de la pandemia. Desde nuestra perspectiva de trabajadores, de ninguna manera estamos dispuestos a pagarla. Entendemos que los sectores concentrados de la economía tienen muchísimo para aportar”.

En diálogo con El Debate Pregón, el Rector de Escuela Técnica Nº 1 de nuestra ciudad y Secretario de Educación de Amet Entre Ríos, Abel Hermoso, se refirió al 15º Aniversario de la Ley de Educación Técnico Profesional y las medidas de fuerza que se llevan adelanto en el marco del reclamo de paritarias, como así también de la Ley de Emergencia.

En primer lugar, indicó: “Es un hecho histórico porque no olvidemos los reclamos de hace muchos años de las Escuelas Técnicas, habíamos quedado afuera de la Ley Federal del año `94, y fue todo un proceso de recuperación para que no se perdiera todo, la idea que primaba en la ley federal era que la capacitación laboral la hacían las empresas, o los institutos, y la escuela tenía un polimodal para todo y lo que allí se volcaba de la educación técnica al mundo de trabajo era ínfimo y estaba totalmente desfinanciado”.

Ley de Educación Técnico Profesional

“Tuvimos una etapa histórica que duró diez años en los cuales hubo una resistencia importante sobre todo por parte de los gremios, Amet, particularmente, y se pudo conseguir con el gobierno de Néstor Kirchner y con las nuevas políticas que hubo en ese momento un debate importante en el senado y en diputados, yo estuve también presente en algunas de esas sesiones con los compañeros y pudimos rescatar esa ley que nos puso otra vez en el mapa, como una especialidad importante para formar técnicos, sobre todo un financiamiento que no tenía”, añadió.

En ese sentido, expresó: “La Ley 26.058 dispuso que el 0,05 por ciento de los ingresos nacionales sean para la educación técnica, hoy estaríamos hablando de aproximadamente siete mil millones de pesos para repartir entre todas las escuelas técnicas y agro técnicas del país, y Entre Ríos tiene una polinómica en la cual se financia esa educación técnica pero hoy tiene cerca de 150 millones de pesos para volcar a las escuelas a través de proyectos que se hacen en la institución que luego llega el dinero que se administra, se hacen las compras y luego se rinde y nos ha permitido crecer como educación con tecnología de última generación como, por ejemplo, computadoras para el AutoCAD en el tema del diseño para lo que tiene que ver con las obras mecánicas y construcción en nuestra escuela y también en el caso de las agrotécnicas para adquirir tractores nuevos, cosechadoras, planteles de vacunos y lo que tiene que ver con los animales, eso ha permitido crecer a todas las escuelas técnicas”.

“Marcó totalmente un antes y después porque el tema normativo estaba disperso y en Entre Ríos y en todo el país, se puso un espacio en el Consejo de Educación como el caso de nuestra provincia, la Dirección aparte que involucra escuelas técnicas, agro técnicas y Centros de Formación Profesional; o sea, es un panorama importantísimo que estas escuelas dependen de una institución que tenga políticas específicas, su financiamiento y así pudimos crecer, sobre todo, en matrícula, hay escuelas como por ejemplo la nuestra, que duplicó su cantidad de alumnos en estos años, se impuso una lógica de mantener al chico, conservarlo en la escuela y hoy tenemos 600 alumnos dándole formación profesional, esa experiencia importante en estos años ha permitido que el sistema técnico aumente en un 40 por ciento la cantidad de alumnos que hoy tiene comparado con el 2004. Hoy las escuelas son mucho más importantes, mucho mejor equipadas y con posibilidades concretas de tener tecnología moderna porque tienen el financiamiento necesario para eso”, indicó.

En cuanto a las medidas de fuerza, comentó: ““Estamos en una medida de fuerza compartiendo con los otros sindicatos como Agmer y Uda acciones en las escuelas, estamos tratando de hacerlas coincidir como hoy y también en la justica, hemos presentado a través del cuerpo de abogados de los sindicatos diferentes instancias o amparos para activos y pasivos con diferentes hasta ahora, resoluciones, pero siempre esperando que se declare inconstitucional la Ley de Emergencia, uno de los temas importantes ya que le sacó fondos a los jubilados y activos y también el tema de la paritaria estamos con un atraso de siete u ocho meses ya sin ningún tipo de aumento y la inflación ha pasado del 15 por ciento, por lo tanto esperamos que a través también de algunas medidas administrativas que hemos realizado ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos podamos tener esa negociación tan importante para que podamos dialogar con el gobierno y acordar salarios que es lo que está faltando en esta etapa que estamos viviendo, que haya un acomodamiento de acuerdo con la inflación y que no perdamos como siempre estamos haciendo los últimos años”.

Respecto a la Ley de Emergencia, comentó: “Este martes hubo algunos fallos que estamos estudiando, viendo los alcances con las abogadas, hay fallos que han salido a favor de jubilados que impedirían el descuento pero todo es apelable, siempre se apela al Superior Tribunal de Entre Ríos y es el que va a tener la última instancia para decir en la provincia sí o no, siempre queda también la apelación superior a la corte suprema, así que estamos esperando que haya más fallos a favor de nuestros intereses y a partir de allí podamos entre todos los sindicatos tener una respuesta que no merme el salario de activos y pasivos como está pasando con esta Ley de Emergencia tan cuestionada e inoportuna.

“Estamos viviendo una etapa diferente en la educación entrerriana en el caso de los sindicatos estamos trabajando a full con muchas reuniones y debemos seguir unidos lo que va a privilegiar cualquier tipo de logro que consigamos, esperemos que sea pronto, que nos de las soluciones que nos posibilite a negociar salarios y otras situaciones”, finalizó.

El juez Civil y Comercial N°9 de Paraná, Ángel Moia, resolvió este martes hacer lugar a una medida cautelar de innovar solicitada por los gremios Agmer, AMET, ATE y UDA, con el fin de que se disponga la suspensión del artículo 6 de la Ley de Emergencia, evitando la retención del aporte solidario creado por esa norma respecto de la totalidad de los trabajadores de la educación pasivos, pasivos de la administración pública provincial y municipal. La medida dispuesta por Moia tendrá vigencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que es una acción de inconstitucionalidad presentada por los cuatro gremios contra la misma ley.

Así, según la resolución a la que accedió ANÁLISIS, el juez dispuso "hacer lugar a la medida cautelar de innovar planteada en autos y en consecuencia disponer la suspensión de la aplicación del art. 6 de la ley 10.806 respecto de la totalidad de los trabajadores de la educación pasivos, pasivos de la administración pública provincial y municipal". Asimismo, resolvió "disponer la vigencia de la presente hasta tanto se dicte sentencia en estas actuaciones", y notificar al Superior Gobierno de la provincia y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

Según entendió Moia, "la norma cuestionada crea una imposición inexistente al momento. A diferencia de lo que sucede con los activos donde se aumentan los aportes ya existentes, en el caso de los pasivos el art. 6 innova estableciendo una retención de carácter fiscal que afecta al sector".

"Según nuestra Constitución Provincial (art. 41) el sistema previsional local tiene entre sus principios rectores el de proporcionalidad entre los aportes y el beneficio a percibir, destacando que su financiamiento comprende aportes del estado. Ello así, es claro que el diseño constitucional no predica un autofinanciamiento del régimen previsional. (...) Las leyes que se dicten en consecuencia y que las reglamenten no pueden suspender el imperio de estas disposiciones (arg. art. 6 C.P.), aún en la situación de crisis", agregó.

En esa línea, sostuvo: "Queda claro entonces que el sistema previsional se apoya en la proporcionalidad entre el sacrificio hecho durante la etapa activa y el beneficio del que goza el pasivo, sumado al aporte ineludible del Estado provincial para equilibrar eventuales alteraciones económicas. Resulta entonces que la pauta empleada para justificar una imposición extraordinaria luce, prima facie cuestionable, ya que se establece desconociendo la esencia misma del sistema previsional vigente. Las eventuales disparidades en los beneficios percibidos no derivan de una gracia, sino de la adecuada relación entre el sacrificio realizado en tiempos de labor activa y la realidad del haber actual".

"Resulta relevante también el cotejo cuantitativo de la imposición entre los activos y los pasivos. La retención a los jubilados resulta abiertamente superior a la establecida para los activos -considerando el neto porcentual-, sin que del debate legislativo se deriven razones explícitas que justifiquen el diverso tratamiento", advirtió además el juez. Y acotó: "Sin haberse explicitado razones autónomas para tal afectación, a priori, se apreciaría un supuesto discriminatorio, alcanzado por las previsiones específicas del art 5 y ccdtes. de la Convención Interamericana de protección especial".

"A partir de estas premisas, considero justificada la concurrencia de las exigencias necesarias para admitir la cautelar interesada", señaló.

El Juez Pablo Vírgala, rechazó la demanda de amparo promovida por Vergara Héctor Raúl contra Caja de Jubilaciones y Superior Gobierno de la provincia y se pronunció por la constitucionalidad de la Ley de Emergencia 10.806.

El Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, sobre la causa caratulada Vergara Héctor Raúl dijo que “el Juez Pablo Vírgala, en los autos caratulados Vergara Héctor Raúl contra Caja de Jubilaciones y Superior Gobierno de la provincia amparo con el patrocinio del Dr. Kisser, rechazó la demanda y se pronunció por la constitucionalidad de la Ley de Emergencia”.

En ese sentido Rodríguez Signes explicó que “se trata de un docente jubilado que interpretó que el artículo seis de la Ley de Emergencia 10.806 conculcaba su derecho de propiedad, su derecho a la proporcionalidad del haber jubilatorio, etc. El Juez rechazó por inadmisible la acción de amparo”, indicó el Fiscal de Estado y dijo que el Juez “Hizo un análisis muy exhaustivo del tema y no encontró ningún argumento para la procedencia de la demanda”, sostuvo.

“De manera que excepto el caso Pavón de Ezpeleta, todos los demás han sido sentencia favorables a la constitucionalidad de la ley de amparo”, manifestó y agregó: “Que resumo tenemos el caso Rombola con sentencia del Superior Tribunal de Justicia a favor de la Ley de Emergencia, el caso Cook, el caso Acuña, el caso Vergara, todos a favor en este caso en primera instancia”. “De manera que excepto el caso Pavón de Ezpeleta, todos los demás han sido sentencia favorables a la constitucionalidad de la ley de amparo”, manifestó y agregó: “Que resumo tenemos el caso Rombola con sentencia del Superior Tribunal de Justicia a favor de la Ley de Emergencia, el caso Cook, el caso Acuña, el caso Vergara, todos a favor en este caso en primera instancia”.

Por último, señaló que “el único caso que tenemos en contra es Pavón de Ezpeleta y por supuesto fue apelado por Fiscalía de Estado y está en trámite ante el superior Tribunal de Justicia que en este momento está resolviendo la cuestión de la integración”, concluyó Rodríguez Signes.