La Justicia volvió a ordenarle al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). El juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), y declaró inconstitucional el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo promulgó la norma pero condicionó su implementación.

El fallo se conoció en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria.

La sentencia deja sin efecto la frase del decreto que establecía que la ley se promulgaba "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629". Esa norma, de Administración Financiera, dispone que toda ley que implique gastos debe prever expresamente su financiamiento y que, si no lo hace, su ejecución queda suspendida hasta que se incluyan las partidas en el Presupuesto.

El Ejecutivo utilizó el mismo argumento con la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ambas normas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el presidente Javier Milei y luego ratificadas por las dos cámaras mediante la insistencia, tras lo cual el Gobierno las promulgó con ese condicionante.

Cormick sostuvo que la Ley 27.795 sí establece cómo financiarse, ya que en su artículo 9 faculta al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias sin afectar la coparticipación federal ni los aportes del Tesoro Nacional.

Además, consideró que suspender la aplicación de una ley a través de su decreto de promulgación constituyó un "mecanismo extraconstitucional" que funcionó, en la práctica, como una instancia de veto no prevista en la Constitución. Según el magistrado, una vez que el Congreso insistió con la norma, la única opción era su "promulgación irrestricta".

Tras recordar que el país no tuvo Presupuesto Nacional durante dos años, sino una prórroga del de 2023, el juez intimó al Gobierno a garantizar los fondos para actualizar los salarios docentes y no docentes, las becas y los gastos de funcionamiento de las universidades.

En diciembre del año pasado, el mismo juzgado había hecho lugar a una medida cautelar presentada por las universidades. En marzo la confirmó la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, en junio, la Corte Suprema de Justicia la dejó firme.

La sentencia todavía puede ser apelada, y el Gobierno nacional ya anunció que recurrirá el fallo.

El diputado nacional Esteban Paulón intimó al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que dé cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. En la presentación, el legislador le recordó el fallo de la Corte Suprema de Justicia y le exigió que informe de manera fehaciente el cronograma y los plazos de ejecución de la norma "sin trampas ni atajos".

"Tres jefes de Gabinete y la misma ley sin cumplir", sintetizó Paulón, en referencia a las gestiones previas de Guillermo Francos y Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete. El diputado remarcó que su reclamo "no es una sugerencia" y recordó que la Ley 27.795 fue votada dos veces por el Congreso de la Nación.

Paulón adelantó que, si no hay novedades respecto de la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, avanzará con acciones judiciales y penales por los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El reclamo se da luego de que, tras el decreto que suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley, el Consejo Interuniversitario Nacional recurriera a la Justicia. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 había ordenado de manera cautelar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795, que regula la actualización de las remuneraciones del personal docente y no docente universitario y de las becas estudiantiles. Esa decisión fue luego confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, había señalado que, tras conversaciones con autoridades de la Secretaría de Educación, los giros presupuestarios establecidos en la ley se realizarán el 15 de julio.