En el acuerdo extraordinario que había convocado para la mañana de este viernes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió suspender en forma provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales. La decisión se adoptó a través de una medida cautelar interina, en el marco de la causa promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y analice el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

El tribunal entendió que era necesario adoptar una decisión provisoria para asegurar la tutela judicial efectiva y prevenir eventuales daños irreparables al ambiente, dado que las instancias inferiores no habían resuelto los planteos formulados.

A fines de diciembre de 2023, Árbol de Pie y otros particulares presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche. Allí pidieron la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto, al sostener que la derogación de la Ley 26.737 afectaba el derecho a un ambiente sano y equilibrado, consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Según los demandantes, la eliminación de la norma ponía en riesgo el uso racional de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica.

El juzgado de Bariloche remitió luego el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa sobre la misma disposición, y finalmente el caso llegó a la Corte sin que ningún tribunal se hubiera expedido sobre la legitimación de los actores ni sobre la cautelar solicitada.

El 29 de septiembre, la Corte había rechazado la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que cuestionaba la derogación por una supuesta afectación de la soberanía nacional. En esa oportunidad, el tribunal consideró que la entidad no tenía legitimación activa, sin analizar la constitucionalidad del artículo cuestionado.

Tras ese fallo, Árbol de Pie pidió que se aclarara si la decisión alcanzaba también a su presentación y reiteró el pedido de protección cautelar. La Corte distinguió ambos expedientes: mientras el de CECIM se basaba en cuestiones de soberanía, el de Árbol de Pie se vincula con la protección ambiental.

Rosenkrantz se opuso a la medida. Si bien admitió que la legitimación invocada por Árbol de Pie era distinta a la de CECIM, entendió que la Corte no tenía competencia para dictar una cautelar o medida interina en ese expediente y que correspondía devolver la causa a Bariloche sin disponer suspensión alguna.

La decisión de la mayoría tiene carácter provisorio y no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9, en el marco del expediente que podría reabrir la discusión sobre la derogación de la Ley de Tierras. La medida se da después de que el tribunal agilizara los tiempos procesales y dejara la causa en condiciones de avanzar hacia una nueva resolución.

La convocatoria llegó luego de que la Corte redujera de 72 a 24 horas el plazo para que quedara firme la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Ambos fueron sorteados para completar el tribunal ante la falta de una postura común entre los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y ya aceptaron sus cargos.

Según explicó el propio tribunal, la reducción del plazo obedeció a las “particulares circunstancias de la causa”, e incluso se habilitaron días y horas inhábiles para consolidar la nueva integración.

El expediente fue promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. El planteo cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la Ley 26.737, que fijaba límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La causa tiene pendiente una medida cautelar que, de ser otorgada, podría restablecer en forma provisoria las restricciones vigentes antes de la derogación. Ese aspecto explicaría en parte la celeridad con la que la Corte comenzó a tramitar el caso.

El expediente se vincula con la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), aunque con fundamentos distintos. La semana pasada, la Corte rechazó la presentación de los excombatientes al considerar que carecían de legitimación suficiente, sin expedirse sobre la constitucionalidad de la derogación.

En cambio, Árbol de Pie y las comunidades indígenas sostienen contar con legitimación propia y fundan su reclamo en derechos ambientales, la protección de la biodiversidad y la defensa de los territorios ancestrales.

La reunión de este viernes podría derivar en un nuevo pronunciamiento del máximo tribunal sobre el régimen de tierras rurales en el país.

Actualización: la Corte suspendió la derogación de la Ley de Tierras

https://www.diariodebatepregon.com/argentina-y-el-mundo/ley-de-tierras-la-corte-suspendio-de-forma-provisoria-su-derogacion-por-el-dnu-702023

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió convocar a dos conjueces para intervenir en una causa que cuestiona la validez del artículo 154 del DNU 70/23. Esta norma, impulsada por el Poder Ejecutivo, derogó la Ley 26.737, la cual establecía límites estrictos a la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

La decisión fue adoptada el martes pasado, luego de que los tres ministros que integran actualmente el tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no lograran alcanzar una posición común sobre el planteo judicial. Ante la falta de acuerdo, el máximo tribunal determinó que los conjueces serán seleccionados mediante un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Federales del país.

El litigio fue iniciado por la asociación civil Árbol de Pie. La organización ambientalista sostiene que la derogación de la normativa vulnera el derecho a la protección del ambiente, consagrado en la Constitución Nacional, y afecta la defensa del patrimonio territorial. El expediente, que transitó por la Justicia Federal de Bariloche y la Cámara Federal de La Plata, busca que el tribunal se pronuncie sobre el fondo de la cuestión, algo que aún no ha ocurrido.

Este proceso se suma a otros reclamos colectivos que aguardan resolución. La intervención de los conjueces adquiere especial relevancia tras el reciente fallo de la Corte en la causa promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). En aquella oportunidad, el tribunal rechazó la demanda por cuestiones procesales, al considerar que la entidad carecía de legitimación suficiente para avanzar con el reclamo.

En el caso del CECIM, la Corte revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU, pero evitó expedirse sobre la validez constitucional de la medida. El tribunal aclaró entonces que la controversia sobre la Ley de Tierras no había sido resuelta y que se pronunciaría cuando llegaran planteos que cumplieran con los requisitos procesales exigidos.

La Ley 26.737, vigente hasta la firma del DNU, imponía un tope del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales en todo el territorio nacional, provincial o departamental. Asimismo, prohibía la concentración excesiva de tierras en manos de sujetos de una misma nacionalidad. Tras la entrada en vigencia del DNU 70/23, estas restricciones quedaron sin efecto, manteniéndose la derogación vigente mientras el máximo tribunal no dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la norma.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el martes 29 de septiembre la sentencia dictada por la Cámara Federal de La Plata, la cual había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Mediante dicho decreto, el Gobierno nacional había procedido a la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una normativa que establecía restricciones específicas para la adquisición de terrenos por parte de sujetos extranjeros.

La resolución del máximo tribunal, que lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, implica que la derogación de la ley vuelve a estar vigente. Es importante destacar que los magistrados no se expidieron sobre la validez constitucional de la medida gubernamental, sino que centraron su análisis en una cuestión procesal fundamental: la legitimación de la parte demandante.

El conflicto judicial se originó a partir de un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. En su presentación inicial, la organización solicitó que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo que, en diciembre de 2023, dejó sin efecto la Ley 26.737, conocida como el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

La Cámara Federal de La Plata había admitido originalmente el reclamo del CECIM en marzo de 2024, bajo el argumento de que la soberanía nacional constituye un bien colectivo que habilita a las organizaciones a intervenir judicialmente. Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo una postura diferente al analizar el recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional.

El tribunal supremo determinó que no existe un derecho de incidencia colectiva que faculte a una asociación como el CECIM a reclamar judicialmente en defensa de la soberanía territorial en este caso específico. Al concluir que no se configuraba un caso judicial concreto, los jueces decidieron revocar la sentencia de la instancia inferior, dejando sin efecto la orden de tramitar la causa como un proceso colectivo.

Es fundamental subrayar que la decisión de la Corte Suprema es estrictamente técnica. El tribunal aclaró de manera expresa que su resolución se limita exclusivamente a la falta de legitimación de la parte actora y a la ausencia de una controversia jurídica válida. Por lo tanto, el máximo tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre si la derogación de la ley es constitucional o si afecta la integridad territorial del país.

La Ley de Tierras Rurales, sancionada en el año 2011, representaba un marco regulatorio que buscaba proteger el dominio nacional sobre los recursos naturales. La norma establecía un límite máximo del 15% a la titularidad extranjera sobre tierras rurales en todo el territorio argentino.

Además de este tope porcentual, la ley fijaba restricciones estrictas respecto a la cantidad de superficie que podía poseer una misma persona física o jurídica de origen extranjero. El CECIM había argumentado en su demanda que la eliminación de estos controles mediante el DNU 70/2023 causaba un daño irreparable al pueblo argentino, al habilitar la extranjerización de la tierra y poner en crisis la soberanía nacional.

Con este fallo, el Poder Ejecutivo logra revertir el freno judicial que pesaba sobre la desregulación del mercado de tierras rurales. No obstante, la cuestión de fondo sobre la validez del decreto sigue siendo un tema de debate jurídico que, por el momento, no ha sido resuelto por la máxima instancia judicial del país.

EDP: ¿Cuál es su opinión general sobre la ley de tierras?

Para comprender la magnitud de lo que se discute, primero debemos repensar el concepto de Soberanía. Es el elemento fundante de todo Estado, definido como el poder político supremo, la autoridad independiente y la libertad de un pueblo para decidir sobre su propio territorio, sus leyes y su destino, sin interferencia de poderes externos. Sin embargo, cuando quienes deben resguardar el patrimonio nacional se ponen al servicio del mercado y los capitales extranjeros, lamentablemente se debaten y aprueban este tipo de normas.

Mi posición respecto a la denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” es la misma que comparten quienes vemos nuestro suelo como madre y raíz: es aberrante que pretendan despojarnos de él.

EDP: ¿Qué impacto directo anticipa para nuestra provincia y el departamento Gualeguay?

Las consecuencias son profundas y multifacéticas. En primer lugar, hay un impacto económico y laboral. No solo perdemos el control sobre nuestro propio suelo, sino que la historia demuestra que a mayor concentración de tierras, hay menos trabajo genuino y menos desarrollo industrial, reduciendo los ingresos en las arcas de la provincia y los municipios.

Paralelamente, la pérdida es ambiental y es urgente visibilizarla. No se trata solo de la contaminación y explotación del suelo, sino de lo que yace debajo de nuestros pies: el Acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Aunque muchos lo ignoren, estos recursos son vitales y estratégicos para nuestra supervivencia y para la preservación de la flora y fauna de nuestra localidad.

EDP: Usted plantea un vínculo estrecho entre esta disputa y la cuestión de género. ¿Por qué tiene impacto en esta definición?

No es casualidad. Los cuerpos de las mujeres y las diversidades siempre sufren un doble impacto cuando los golpes son políticos, económicos, culturales y físicos. No es victimización ni exageración, sino visibilizar la interseccionalidad del género en la trama social. Estamos ante la contienda política más clara entre modelos antagonistas: uno soberano y otro extranjerizante. Y dentro del entramado del “poroteo” legislativo, esta realidad se vuelve tangible.

El caso de nuestra compañera Anabel Fernández Sagasti, senadora y Presidenta del PJ de Mendoza, es ejemplar. Ella está atravesando la semana 32 de un embarazo deseado, a sus 42 años. Por indicación médica estricta, se le prohibió viajar. Solicitaron a la Presidenta del Senado que se la habilite para votar de forma virtual, algo que ya funcionó perfectamente durante la pandemia, garantizando la veracidad de su voto. Aunque fue concedido inicialmente, ahora está en manos del oficialismo y sus aliados confirmar esta posibilidad.

EDP: ¿Qué lectura hace de esta situación legislativa?

Anabel defiende a Mendoza y a la soberanía del país desde hace décadas. Ella es una más de las que defendemos nuestros cuerpos, nuestras tierras y nuestros gurises. Ahora, queda en evidencia la verdadera postura del oficialismo: veremos si su compromiso con la Democracia es más fuerte que su compromiso con la embajada de EE.UU. y el FMI.

Como señalamos las feministas, la violencia nos toca a TODAS sin excepción. Por eso, una vez más, volvemos a decir con fuerza: ¡NI LA TIERRA, NI LAS MUJERES SOMOS OBJETO DE CONQUISTA! No podemos hablar de un país sin soberanía, ni podemos decir libertad si nos mensuran, nos canjean y nos venden.