En el marco del nuevo juicio por el femicidio de Micaela García, el fiscal Gamal Taleb volvió a sostener con firmeza la hipótesis de que Néstor Pavón no fue un mero encubridor, sino coautor del crimen perpetrado en Gualeguay en abril de 2017.

Según explicó el representante del Ministerio Público Fiscal, la acusación se apoya en una serie de indicios que, analizados en conjunto, refuerzan la idea de que Sebastián Wagner no actuó solo. En ese sentido, recordó que ya desde la etapa inicial de la causa la Fiscalía planteó que ambos hombres participaron del ataque y posterior asesinato de la joven.

Taleb insistió en que “existen indicios suficientes para sostener la coautoría responsable”, postura que incluso fue avalada por instancias superiores al momento de ordenar la realización de un nuevo juicio.

Entre los elementos que mencionó, el fiscal destacó testimonios clave que ubican a más de una persona en la escena del hecho. Una vecina escuchó a la víctima gritar en plural, mientras que un camionero observó cómo era introducida en el vehículo. A esto se suma el aporte de otra testigo que aseguró haber visto dos ocupantes en el auto durante la madrugada.

Para Taleb, también resulta poco verosímil la hipótesis de un único agresor: planteó que es “muy poco probable” que una sola persona pudiera manejar el vehículo, reducir a la víctima, subirla al auto y escapar al mismo tiempo. Además, se hallaron rastros de barro en el asiento del acompañante que refuerzan la idea de participación múltiple.

Otro punto central en la argumentación del fiscal es la propia declaración de Wagner, condenado a prisión perpetua, quien señaló directamente a Pavón como partícipe del hecho. Taleb remarcó que ese testimonio fue brindado sin aparentes beneficios, lo que —a su criterio— le otorga mayor credibilidad.

En paralelo, el funcionario judicial puso el foco en las contradicciones de Pavón a lo largo de la investigación. “¿Por qué habría de mentir tanto?”, se preguntó, al señalar que el imputado brindó versiones “contradictorias y falsas”. Para la Fiscalía, esa conducta solo puede explicarse como un intento de encubrimiento propio, lo que refuerza la sospecha de su participación directa en el crimen.

Taleb también consideró relevante el contexto previo al hecho: ambos hombres estuvieron juntos consumiendo alcohol durante varias horas, lo que —según indicó— vuelve “altamente improbable” que Wagner haya actuado por su cuenta en un lugar que no conocía bien.  En este nuevo proceso judicial, la declaración de Wagner volverá a ser un elemento central, en calidad de testigo clave, mientras la Fiscalía intentará demostrar la responsabilidad penal de Pavón como coautor del femicidio.

Finalmente, Taleb se refirió al impacto social del caso y al rol de la familia de la víctima. Señaló que la falta de una respuesta judicial completa prolonga el dolor, y destacó que la lucha de los padres de Micaela García impulsó cambios significativos, como la implementación de capacitaciones en género dentro del Estado.

Fuente: Plaza Web

El femicidio de Micaela García, ocurrido el 1º de abril de 2017 en nuestra ciudad, fue uno de los más emblemáticos en materia de violencia de género a nivel nacional. Micaela al regresar de un local bailable, abusada y asesinada; su cuerpo fue hallado una semana después en la zona de Seis Robles, hecho que generó una profunda conmoción social y movilizaciones masivas en Gualeguay y el resto del país.  Aquella noche, Sebastián Wagner y Néstor Pavón salieron juntos en el Renault 18 Break.  Un nuevo juicio en una causa marcada por idas y vueltas

En el proceso judicial inicial, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua como autor material del femicidio, mientras que Néstor Pavón recibió una pena de cinco años de prisión por encubrimiento agravado. Sin embargo, el recorrido judicial posterior modificó ese escenario. Distintas instancias revisaron el rol de Pavón, hasta que finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que sea juzgado nuevamente, pero bajo la figura de coautor del secuestro, abuso y homicidio de la joven. Este nuevo juicio oral, cuya fecha ya fue establecida, representa un punto clave para la causa, ya que podría redefinir la responsabilidad penal de Pavón en el hecho. Desde el año 2020 Néstor Pavón se encuentra en libertad luego de haber cumplido su condena original. El tribunal integrado por Santiago Nicolás Brugo (presidente), Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali interviniente en la causa por el femicidio de Micaela García, ocurrido en la ciudad de Gualeguay en 2017, confirmó la fecha de inicio del juicio oral contra Néstor Roberto Pavón. Según se informó a AHORA, las audiencias se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre de 2026, y continuarán el 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, todas a partir de las 9.Por qué no convence la condena por encubrimiento Las sospechas sobre la coautoría de Néstor Pavón en el femicidio de Micaela García se fundamentan en una serie de contradicciones, acciones para encubrir al autor material, testimonios de terceros y la acusación directa de Sebastián Wagner.

Las principales razones que sostienen esta sospecha son:

1. La acusación directa de Sebastián Wagner

El propio Sebastián Wagner, tras ser detenido, declaró ante la Fiscalía que no actuó solo. En su testimonio, precisó que su "patrón", Néstor Pavón, participó junto a él en el secuestro, la violación y el asesinato de Micaela. Wagner afirmó que Pavón le había ofrecido ayuda a cambio de que no lo delatara.

2. Contradicciones y mentiras sistemáticas

Desde el inicio de la investigación, Pavón mantuvo una actitud sospechosa y mintió repetidamente a las autoridades. Falsa ignorancia: Aseguró ser el único en Gualeguay que no sabía de la desaparición de Micaela, a pesar de que sus empleados ya le habían comentado el tema

Identidad de Wagner: Inicialmente dijo que no recordaba el apellido de Wagner, llamándolo "War-War-Warnes"

Coartada fallida: Afirmó que al regresar a su casa esa madrugada lo vieron tres vecinos, pero todos ellos declararon que en ese horario estaban durmiendo. Horarios inconsistentes: Mintió sobre la hora en que recibió una llamada clave de un camionero y sobre la hora en que llegó al lavadero la mañana del crimen. 3. "Deslices" sobre el destino de Micaela

Pavón mencionó detalles del crimen antes de que fueran hallados por la policía:

Mención de la violación: El miércoles posterior a la desaparición, reconoció en una charla con el fiscal que Wagner le había confesado que "le habían pegado una violación", cuando el hecho aún no se conocía oficialmente

Mención del cuerpo: El jueves, antes de que se detuviera a Wagner o apareciera la ropa de la víctima, Pavón habló de que “no sabía dónde estaba el cuerpo" de Micaela ante la policía, a pesar de que en ese momento todavía se la buscaba con vida

Ubicación exacta: Antes de ser detenido, según testigos comentó en su lavadero que el auto de Wagner se había empantanado en la zona del "Bañado de Hugo", lugar donde días después apareció el cuerpo.

4. Acciones para ocultar evidencia y facilitar la fuga

Pavón desplegó una logística activa para ayudar a Wagner y esconder el vehículo del crimen:

Ocultamiento del auto: Pidió a otro empleado que se llevara el Renault 18 a su casa y lo tapara con una lona, e intentó vender el vehículo rápidamente tras la desaparición

Logística de escape: Coordinó con un camionero (un hombre con antecedentes por trata) para trasladar a Wagner hasta Campana evadiendo controles policiales.

Apoyo económico: Le entregó dinero a Wagner antes de que huyera a Buenos Aires y pidió un CBU para seguir enviando dinero.

Eliminación de mensajes: Borró mensajes de su celular que contenían datos sobre la causa.

5. Evidencia de la participación de dos personas

Varios elementos sugieren que Wagner no pudo actuar solo:

Testigos auditivos y visuales: Una vecina escuchó gritos en plural pidiendo ayuda, y un testigo vio un Renault 18 con dos personas saliendo de la zona donde se ocultó el cuerpo

Manejo del vehículo: Resulta difícil explicar cómo Wagner pudo reducir a una joven de la contextura física y resistencia de Micaela (quien era deportista de alto rendimiento) y, al mismo tiempo, conducir el vehículo sin zigzaguear como mostraron las cámaras.

Conocimiento de la zona: La ruta utilizada y el lugar donde se ocultó el cuerpo requieren un conocimiento profundo de los caminos rurales y zonas de chacras que Wagner no tenía, y algo que Pavón poseía de sobra. 

Un reclamo persistente en la comunidad

En Gualeguay, la herida se mantiene abierta. A su vez, la familia de Micaela y distintas organizaciones sociales han sostenido durante años el reclamo de justicia, insistiendo en que el rol de Pavón debe ser revisado en profundidad. El femicidio no solo marcó a nuestra comunidad, sino que tuvo repercusión nacional e impulsó la sanción de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en violencia de género para funcionarios de los tres poderes del Estado. El desarrollo del debate será seguido de cerca tanto por la ciudad de Gualeguay como por organizaciones de todo el país, en un proceso que vuelve a poner en el centro la necesidad de justicia y de respuestas institucionales frente a la violencia de género.

Micaela era militante del Movimiento Evita y participaba activamente en manifestaciones vinculadas al colectivo Ni Una Menos. Su asesinato generó una profunda repercusión social y política en toda la Argentina.

Por el crimen, Sebastián Wagner fue condenado a prisión perpetua por “homicidio triplemente calificado por alevosía y críminis causa, agravado por el delito de violencia de género”. Durante el juicio, Wagner reconoció haber abusado de la joven, aunque intentó atribuirle a Néstor Pavón la autoría del asesinato. Esa versión no fue aceptada por el tribunal, que lo declaró responsable de ambos hechos.

En el caso de Pavón, en 2019 recibió una condena de cinco años de prisión por encubrimiento agravado. Sin embargo, la causa siguió su curso judicial y ahora se espera un nuevo juicio oral y público, luego de distintas resoluciones que revisaron lo actuado en instancias anteriores.

Pavón había cuestionado la posibilidad de volver a ser juzgado, al sostener que se violaba el principio de ne bis in idem, que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho cuando existe una sentencia firme. No obstante, tanto la Procuración General de Entre Ríos como los tribunales intervinientes rechazaron ese planteo al entender que no hay una condena firme sobre su responsabilidad penal y que existieron fallas sustanciales en la valoración de la prueba.

Tras la anulación de la condena por encubrimiento y la posterior intervención de la Corte Suprema en 2024, se ordenó la realización de un nuevo debate con perspectiva de género. En esta nueva instancia, Pavón enfrentará cargos mucho más graves: secuestro, abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado en coautoría.

De esta manera, la causa avanza ahora hacia la conformación del tribunal que tendrá a su cargo el nuevo juicio, en un expediente que sigue generando atención pública, judicial y social a casi una década del crimen.

El caso de Micaela García derivó en la sanción de la Ley Micaela, promulgada el 10 de enero de 2019. La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado nacional.

La legislación fue aprobada en diciembre de 2018 por la Cámara de Diputados y luego recibió la adhesión de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su objetivo es promover herramientas concretas para transformar las políticas públicas y prevenir situaciones de violencia por motivos de género.

Una nutrida columna de vecinos y vecinas se movilizó este miércoles por la tarde en Gualeguay para reclamar Justicia por el femicidio de Vanesa López. La marcha partió desde la Plaza San Martín y fue encabezada por la madre, la hermana y demás familiares de Vanesa, acompañados por allegados, organizaciones feministas, agrupaciones sociales y vecinos autoconvocados. Desde el inicio, el pedido de Justicia estuvo atravesado por un fuerte señalamiento hacia la actuación policial en las horas previas al crimen. “Señora, señor, no sea indiferente, matan a las mujeres en la cara de la gente”, fue una de las consignas que se escuchó a lo largo del recorrido.  También resonaron los históricos reclamos de “Ni una menos, vivas nos queremos” y el grito sostenido de “Vanesa López, presente, ahora y siempre”.

La movilización transitó por calle San Antonio hasta llegar a Plaza Constitución, donde la columna se concentró frente a la Jefatura Departamental de Policía. Allí, en un clima de profundo dolor e impotencia, pero sin que se registraran incidentes ni situaciones de violencia, se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones convocantes.  Predominó el recogimiento, el abrazo colectivo y el reclamo firme ante lo que los manifestantes consideran una falla grave del Estado en su deber de prevención y protección. Las escenas y las imágenes remiten inevitablemente a otros episodios dolorosos que marcaron a la sociedad gualeya. El reclamo central de la jornada fue claro: que se investigue lo ocurrido, que se determinen responsabilidades y que se implementen medidas concretas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.  Para la familia de Vanesa, apenas Justicia que repare —aunque sea en mínima parte— el daño incalculable provocado. Para el resto de las mujeres, niñas y diversidades, la esperanza de vivir en una sociedad libre de violencias.

A continuación, el documento completo: 

JUSTICIA POR VANESA LOPEZ Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

A la comunidad de Gualeguay,A las autoridades municipales, provinciales y nacionales: Desde la Multisectorial de Mujeres y Diversidades, Diversidad Gguay, APDH, familias de víctimas, manifestamos nuestra profunda preocupación e indignación ante los gravísimos hechos ocurridos recientemente en nuestra ciudad.

En los últimos días, Vanesa López fue víctima de femicidio luego de haber realizado reiterados llamados al 911 y a la policía solicitando auxilio frente a una situación de violencia. Dichos llamados no obtuvieron respuesta efectiva. Vecinos lograron que un patrullero que circulaba en la zona se acercara al domicilio; sin embargo, los agentes intervinientes recomendaron a la víctima que realizara la denuncia al día siguiente. Ese día nunca llegó: el agresor ingresó a su vivienda y la asesinó. Esta secuencia de hechos deja en evidencia la responsabilidad del Estado: desde la falta de acción efectiva de la policía hasta el desamparo que, en medio del dolor, vive hoy su familia.

Apenas unos días después del femicidio de Vane, una adolescente fue interceptada en la vía pública por un individuo armado con una navaja, quien la trasladó a un terreno baldío donde fue abusada sexualmente.

Estos hechos no son aislados: son la consecuencia directa de la desprotección, la falta de respuesta institucional y el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia de género.

Durante el reciente fin de semana largo, una parte considerable del personal policial fue destinada a tareas vinculadas al predio del corso —evento central de nuestra ciudad— dejando desatendidas otras áreas fundamentales de prevención y respuesta ante emergencias. Consideramos que esta decisión implica también responsabilidad política por parte del Ejecutivo Municipal y de los funcionarios competentes, responsabilidad de la cúpula policial, responsabilidad del Ministro de seguridad provincial ajeno a la cotidianidad y a los sucesos acaecidos en el territorio.

Asimismo, denunciamos el desmantelamiento explícito de las políticas de género a nivel nacional, provincial y municipal, reflejado en la reducción de programas, recursos y dispositivos de acompañamiento. Esta situación agrava la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes.

Por todo lo expuesto, EXIGIMOS:

-La declaración inmediata de la Emergencia en Violencia de Género en el ámbito municipal.

-La asignación urgente de presupuesto específico y suficiente para fortalecer dispositivos de prevención, garantizar atención interdisciplinaria a víctimas, implementar redes de contención comunitaria y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de emergencias.

-La revisión de los protocolos de actuación policial ante denuncias y llamados al 911 vinculados a violencia de género.

-La capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género, Ley Micaela, para fuerzas de seguridad y funcionarios públicos.

-Eficiencia en la distribución de recursos humanos y operativos policiales, priorizando la seguridad y protección de la población.

LOS ERRORES Y AJUSTES CUESTAN VIDAS!

No se trata de discursos, se trata de acciones de responsabilidad estatal.

Cada llamado no atendido, cada denuncia minimizada, cada recurso recortado tiene consecuencias reales y trágicas.

La violencia de género es una emergencia social. Exigimos decisiones políticas acordes a la gravedad de los hechos.

Porque vivas nos queremos.Porque el Estado es responsable cuando no previene no protege y ni siquiera se compromete en la revisión de sus prácticas ante una tragedia.Exigimos, una vez más, la implementación real y concreta de la Ley Micaela.

Ni una menos!!!

JUSTICIA para VANESA y sus hijxs.Justicia para todas las víctimas de violencia de género.

La intervención pública fue convocada por la Multisectorial de Mujeres de Gualeguay y se llevó a cabo con carteles, fotografías de Vanesa y folletos que exigían el esclarecimiento del caso y cuestionaban la falta de respuestas institucionales ante denuncias previas de amenazas y hostigamientos.

“Ella había denunciado amenazas y hostigamientos, pero no fue escuchada. ¡Esta muerte se podría haber evitado!”, expresaron desde la organización durante la movilización.

Según la investigación judicial, Vanesa fue asesinada en su vivienda ubicada en el barrio Matadero Viejo, por un hombre que, de acuerdo a las actuaciones preliminares, ingresó a la casa y la atacó con un objeto contundente.

El principal sospechoso, Ernesto Fabián Caamaño, permanece bajo custodia. Fuentes policiales indicaron que el acusado habría intentado quitarse la vida tras el hecho.

El reclamo de familiares y organizaciones feministas se centró no solo en el pedido de justicia por Vanesa, sino también en la percepción de falta de atención a las advertencias previas. “Necesitamos que nos crean”, planteaba una de las pancartas, reflejando el malestar por lo que consideran falencias en los mecanismos de protección.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió rechazar el pedido de Néstor Pavón para no enfrentar un nuevo juicio oral y público en la causa vinculada al femicidio de Micaela García, y designó a los jueces que integrarán el tribunal que llevará adelante el debate.

Según se informó oficialmente en la mañana de este viernes, el máximo órgano judicial provincial dispuso que el tribunal esté conformado por el doctor Santiago Nicolás Brugo como presidente, y los doctores Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali como vocales.

Con esta resolución, queda despejado el camino procesal para la realización del nuevo juicio, aunque todavía resta que se establezca la fecha de inicio.

Un caso atravesado por decisiones judiciales controvertidas

El nombre de Néstor Pavón quedó asociado desde el inicio a la investigación por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay. Pavón era propietario del lavadero donde trabajaba Sebastián Wagner, quien fue condenado a prisión perpetua como autor material del crimen.

En el primer juicio, Pavón fue absuelto por el beneficio de la duda en el femicidio y condenado respecto de la acusación de encubrimiento agravado. Sin embargo, esa absolución fue posteriormente cuestionada en instancias superiores, lo que derivó en la anulación del fallo y la orden de realizar un nuevo debate. La discusión judicial en torno a Pavón giró, desde el comienzo, sobre el rol que pudo haber tenido antes y después del hecho: si existió colaboración, conocimiento previo o maniobras para entorpecer la investigación que en realidad encubrían su situación y no solamente la de Sebastián Wagner. . Esos puntos serán nuevamente materia de análisis en el próximo juicio que buscará determinar su participación en el femicidio como autor material.

Un proceso con fuerte impacto institucional

El caso de Micaela García no sólo conmovió a Gualeguay y a Entre Ríos, sino que tuvo repercusión nacional y derivó en modificaciones legislativas y debates públicos sobre violencia de género, responsabilidad institucional y funcionamiento del sistema judicial. En ese contexto, cada instancia del proceso judicial ha sido seguida con atención tanto por la familia como por amplios sectores sociales que reclaman justicia plena. Entre esas repercusiones se encuentra la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se han adherido a la Ley todas las provincias del territorio nacional y numerosos municipios, entre ellos, Gualeguay. 

La resolución del Superior Tribunal implica que la causa contra Pavón volverá a debatirse en un tribunal oral con un juicio por jurados, donde se revisarán pruebas, testimonios y actuaciones previas. La fijación de la fecha marcará el próximo paso en un expediente que, a casi nueve años del crimen, continúa escribiendo capítulos en los estrados judiciales.

La familia de Micaela García se enteró de la resolución del Superior Tribunal de Justicia a través de los medios. Era algo esperable por la decisión había tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su sentencia de diciembre del año pasado. Sin embargo, es uno de los últimos pasos previos para que se haga efectivo el juicio. Justicia por Micaela: un nuevo juicio a Néstor PavónCompartimos el comunicado de la Fundación: “Hoy 26/09 salió una sentencia que nos da la oportunidad de volver a realizar el juicio contra Pavón por su responsabilidad y participación en el Abuso Sexual y Femicidio de la Negra. 

La máxima instancia provincial, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, rechazó el intento de la defensa de Néstor R. Pavón de mantener condena menor por encubrimiento, y ratificó que el imputado debe ser sometido a un NUEVO JUICIO oral para que se reevalúe su participación en el Abuso Sexual seguido de Muerte -Femicidio-, de Micaela García. 

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, emitió una nueva sentencia donde CONFIRMÓ la sentencia previa que había dispuesto la nulidad parcial de la condena original de Pavón, ordenando un Nuevo Juicio Oral en lo que respecta a la intervención de Pavón, y dictaminando dictar una nueva sentencia ajustada a derecho.

La sentencia inicial anulada había condenado a Pavón únicamente por el delito de Encubrimiento Agravado a cinco años de prisión, absolviéndolo implícitamente del delito principal de Abuso Sexual con Acceso Carnal en concurso ideal con Homicidio Agravado (Femicidio).

La Corte Suprema de Justicia consideró que la sentencia original que lo había absuelto del delito más grave (Femicidio) contenía graves vicios, una "deficiente o arbitraria valoración de la prueba" y "errores argumentales".Esta decisión subraya la necesidad de cumplir con la debida diligencia en la investigación y sanción de hechos de violencia de género, en consonancia con la Convención de Belém do Pará y la Ley Micaela”.

La memoria sigue fresca, teniendo en cuenta que todavía no tenemos fecha para el juicio que debe realizarse contra Néstor Pavón en los tribunales de Gualeguay. Sin embargo, en esta ocasión especial vamos a hablar de otra cosa.  Desde la Fundación Micaela García “La Negra” con motivo de cumplirse los treinta años del nacimiento de Micaela llamaron a celebrar su vida y homenajearla desde la manera que ella eligió vivir. Pidieron una foto con alguna actividad, un mural, un recuerdo, una canción o cualquier objeto que represente su legado. Micaela debería estar entre nosotros, como profesora de educación física, dando talleres en los barrios, luchando por sus ideas y soñando por un mundo mejor. Sin embargo, el destino le indicó que su manera de seguir presente sea simbólica. Su nombre es bandera y pase lo que pase, nadie podrá desandar el camino que su familia recorrió para que otras personas no pasen por lo mismo que les tocó vivir. En las redes de la Fundación Micaela pueden participar de esta campaña. “Confiar en tu fuerza” Para homenajearla desde esta página compartimos un extracto de su biografía “Micaela García: la chica de la sonrisa eterna” en el que se recuerda la fiesta de su cumpleaños de 15.  

La entrada al salón fue con los ojos tapados. No era la típica fiesta de 15 que se organiza con la supervisión de la cumpleañera. Todo lo contrario, fue una sorpresa. Se había puesto un pantalón negro y una camisa blanca. Los zapatos y el saquito también eran negros, y combinaban con su pelo lacio y oscuro. Una vez que entró de la mano de sus amigas, pudo abrir los ojos y disfrutar de lo que habían preparado para ella. Predominaba el color violeta. Por ejemplo, en la bandera que le hicieron sus íntimas: Felices 15 Mica, con abundantes corazones sobre arpillera. Firmaban Las Chichis, pero acompañaba gente de todas partes. También eran violeta los globos que había pegados sobre las paredes, y las velas de la torta que tenía mucho mousse de chocolate. Las mesas y las sillas, en cambio, eran blancas, y estaban ocupadas por amigas, amigos y la familia.

–Era un mundo de gente, estaba muy lleno –recuerda la abuela Chiqui.

Hubo muchos momentos emotivos en la celebración. Uno de ellos fue la carta de Yuyo que, en nombre de la familia, la invitaba a “confiar en tu fuerza, a tomar tus propias decisiones, a no estar pendiente de la aprobación de los demás, a aceptarte como sos”, entre otras cosas. También reconocía las peleas típicas entre padre e hija, ambos con personalidades muy fuertes. Como no se animó a leerla, fue la Abuela Graciela la que se paró delante de todas las personas y tomó la palabra. Al terminar, después de los aplausos, Mica preguntó:

–¿Dónde está papá? –mientras lo buscaba con la mirada.

Después se fundieron en un abrazo y la fiesta siguió. También fue hermoso cuando se proyectó una presentación de fotos que mostraba los distintos momentos de su vida. Las primeras imágenes con Andrea y Yuyo en la Maternidad Concepción. Los hermanos, las abuelas y los abuelos, bisabuelas y tátara abuela. Las juntadas con sus amigas, las competencias en gimnasia, la convivencia con Lorena y Jorge. Incluso una foto del engrudo que habían hecho unos días antes, cuando, siguiendo una costumbre de la región, la fueron a buscar a su casa el día del cumpleaños y la ensuciaron con harina y huevos. Ventajas que permitía la incipiente fotografía digital. La firma del Power Point era del núcleo más cercano. Mamá, Papá, Ayrton, Alejo y Jano. Durante toda la fiesta, La Negra se quedó cerca de sus amigas. Con algunas de ellas, tiempo después, compartieron un ritual para sellar esa unión especial:

–Nos tatuamos la palabra hawaiana “Ohana”. Todas en el mismo lugar, salvo ella que siempre era distinta –recuerdan.

La vida de Micaela García es una gran metáfora. Eligió escribir su propio destino hasta el último instante de su vida, que tuvo un final anticipado, pero no definitivo. Sus sueños siguen ahí, al alcance de la lucha, que la convirtió en bandera, remera, Ley, ícono, amuleto, y mucho más. Con la expresión más cruda de la violencia de género, el femicidio, quisieron domesticar su grito, que es el mismo grito de millones que han decidido no callarse más. Sin embargo, tan rebelde como siempre, “La Negra” sacó su nombre de las crónicas policiales y lo puso en los merenderos; los refugios para mujeres víctimas del machismo; los centros de salud; los jardines de infantes. Y en cada una de sus apariciones públicas, que la tecnología nos permite repetir una y otra vez, dejó bien en claro que si esos sueños no se llevan a cabo colecti-vamente quedan truncos.Una líder natural

Desde su infancia en Concepción del Uruguay, Micaela mostró un carácter especial. Se destacó en la escuela, el deporte, la militancia, y sobre todo en su sensibilidad. Era una líder natural que combinaba la alegría contagiosa de su sonrisa eterna con una conciencia aguda sobre las injusticias que atravesaban el mundo. Su paso por el profesorado de Educación Física de Gualeguay nos dejó mucho más que una carrera académica al día: fue también un espacio de amistad, compañerismo y sueños. 

Su femicidio

El 1 de abril de 2017, tras salir del boliche King, Micaela desapareció. Durante una semana la buscó una ciudad, un país. El sábado siguiente, ese mismo país que demandaba su aparición con vida, se estremeció con la confirmación de su femicidio. El responsable que está condenado, Sebastián Wagner, tenía antecedentes por violación y había sido liberado por la decisión del Juez Carlos Rossi de Gualeguaychú, a pesar de informes que desaconsejaban esa medida. El caso reveló con crudeza los fallos estructurales de un sistema que, una vez más, había desprotegido a una mujer. La situación de Wagner y Pavón La persona que lo ayudó a escaparse a Buenos Aires, brindando dinero, contactos, y desviando la investigación judicial, fue Néstor Pavón. Era el dueño del lavadero de camiones donde trabajaba Wagner, y salió esa noche con él. Sus declaraciones judiciales presentan decenas de contradicciones y hasta sus propios vecinos derrumban su coartada. Su accionar demoró la resolución de esta historia. En el primer juicio por el Femicidio de Micaela, en octubre de 2017, fue condenado solamente como encubridor, pero la familia llevó el caso hasta el máximo tribunal. A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que debe hacerse un nuevo juicio para demostrar si sólo estaba encubriendo a Wagner, o también a sí mismo. Sabemos que Wagner no actuó solo. Estamos a la espera de ese juicio que será por jurados, y no podrán participar ninguno de los jueces ni abogados que intervinieron en 2017.  Ley Micaela La indignación por el femicidio de Micaela se transformó en movilización. Nuestra ciudad vivió una jornada histórica en la cual la Plaza Constitución se desbordó. Pero también pasó algo más profundo: la acción organizada, la exigencia concreta de cambios legislativos. En medio del duelo, su familia eligió el camino de la transformación. Fundaron la Fundación “Micaela García, la Negra”, dejaron de lado sus profesiones y destinaron su vida a combatir la violencia de género desde la educación y la concientización. Uno de los frutos más visibles de esa lucha fue la Ley Micaela, sancionada en diciembre 2018 y promulgada el 10 de enero de 2019. La norma que contó con el apoyo casi unánime de ambas cámaras (un solo voto en contra), establece la capacitación obligatoria en género y violencia para todos los funcionarios del Estado. Desde entonces, se convirtió en un hito en la lucha feminista argentina y a pesar de los tiempos que corren, todas las provincias argentinas, centenares de municipios, y hasta clubes, sindicatos, y otras organizaciones intermedias, se adhirieron y la aplican hasta el día de hoy.

Su nombre como banderaEl ejemplo de sus padres, Néstor ‘Yuyo’ García y Andrea Lescano, es conmovedor. Eligieron no encerrarse en el dolor, sino volcarlo en acción. Convirtieron su tragedia personal en una bandera de justicia. Recorren el país compartiendo la historia de su hija, sembrando conciencia y promoviendo un cambio cultural profundo. “No queremos más Micaelas”, repiten y agregan: “Queremos hacer realidad la sociedad que Mica soñó”.  Y no lo hacen desde la resignación, sino desde la esperanza activa.Micaela vive hoy en miles de espacios: en centros comunitarios, en aulas, en proyectos deportivos, en charlas de formación, en la bandera de sus queridos Huaynas. Su rostro sonriente, su mirada decidida, se ha transformado en símbolo de una juventud que no se rinde, que pelea por sus derechos, que exige un mundo sin violencia.Recordar a Micaela no es solo revivir una historia trágica. Es también –y sobre todo– renovar un compromiso. Porque mientras exista una sola mujer expuesta a la violencia por su condición de género, su causa seguirá vigente. Y porque su vida, breve pero intensa, sigue inspirando a construir ese país que ella soñó: con más igualdad, con más justicia, con más libertad para elegir y con más amor.Mapa de su vida, su femicidio y su legado

Un caso que nos marcó

Micaela García, hija de Andrea y Yuyo, conocida por sus amistades como La Negra, era una joven estudiante del profesorado de Educación Física de la FCVyS de Uader. Cursaba en el Complejo Educativo, en el CEF y se encontraba en el último año de la carrera. Los fines de semana y en sus tiempos libres era una activa militante feminista y por otras causas sociales en Concepción del Uruguay, su ciudad natal.

La madrugada del 1º de abril de 2017 fue secuestrada en la zona de la Escuela Técnica Nº1, abusada y asesinada, y su cuerpo fue arrojado en la zona de Seis Robles donde permaneció oculto durante una semana en la cual casi toda la ciudad se comprometió en su búsqueda junto a sus amistades y a sus compañeros de militancia.

Sebastián Wagner, un violador reincidente que gozaba de libertad condicional a pesar de contar con condenas previas por abusos sexuales, es el único condenado por el hecho. Sin embargo, su testimonio y otra serie de pruebas dan cuenta de la participación de más personas en el hecho. Néstor Pavón, el entonces dueño del lavadero de camiones del cruce de las rutas 11 y 12, es quien lo invitó a salir aquella noche y quien fue acusado por Wagner como su cómplice.  

Un derrotero judicial interminable

El 17 de octubre de 2017, la Justicia de Gualeguay condenó a Wagner a prisión perpetua y a Pavón a cinco años de cárcel por encubrimiento. Sin embargo, la fiscalía y la querella apelaron, sosteniendo que Pavón había sido coautor del crimen.

En 2019, la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos revocó su absolución y ordenó un nuevo juicio para determinar su participación en el hecho.

El Superior Tribunal de Justicia provincial (enfrentado con Casación por internas de otra índole) confirmó la decisión de Gualeguay en 2020, y la familia de Micaela y el Ministerio Público Fiscal, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la

Nación. En diciembre del año pasado, el máximo tribunal resolvió que se realice un nuevo juicio contra Néstor Pavón. Por los cambios en la justicia de nuestra provincia deberá ser por jurados y no podrán participar ninguno de los jueces ni fiscales que lo hicieron en 2017. La fecha de ese juicio todavía no está definida.

Pavón en la mira por sus contradicciones 

Desde el inicio de la investigación, Pavón ha incurrido en una serie de inconsistencias que lo ponen en la situación actual. A continuación, algunas preguntas que la Justicia tendrá que responder:

-¿Por qué ayudó Pavón a una persona que tenía más de una condena por violación, mientras toda la ciudad buscaba a una chica desaparecida?

– ¿Por qué desvió la investigación, ocultando pruebas, “confundiendo” el nombre de Wagner, escondiendo el vehículo, facilitando su traslado a Buenos Aires, ofreciendo seguir transfiriendo dinero a su ex empleado una vez fugado?

– ¿Por qué las únicas personas que corroboran la coartada de Pavón durante la desaparición de Micaela son sus propios familiares?

– ¿Quién ayudó a Wagner en el femicidio de Micaela, ya que según las pericias está probado que participó más de una persona?

-¿Quién coartaba la libertad de Micaela mientras Wagner manejaba?

-¿Quién ayudó a Wagner a desempantanar el auto, antes y/o después de deshacerse del cuerpo de Micaela?

– ¿De quién eran las marcas de barro que tenía el auto en el asiento del acompañante?

– ¿Quiénes eran las dos personas que un testigo vio en la ruta arriba del auto en el que se secuestró a Micaela?

– ¿A quiénes les decía: “suéltenme hijos de puta”, Micaela, antes de ser secuestrada?

– ¿Qué hacía Sebastián Wagner cerca del domicilio de Pavón después de cometer el delito?

Mientras la familia de Micaela y nuestra sociedad esperan una justicia completa, la incertidumbre sigue generando indignación.  

Yuyo García, papá de Micaela García -víctima de femicidio en Gualeguay 2016 y por quien luego se dictó la Ley Micaela- rechazó la idea del gobierno de modificar la norma. Fue considerando que, en la práctica, será una derogación. Dijo además que el argumento económico no es sostenible.

“En el proyecto de Ley Ómnibus ya se planteaban cambios en la Ley Micaela, que significaban prácticamente una derogación. Viajé a Buenos Aires y me reuní con legisladores de bloques con los que intentaba acordar el gobierno respecto de esa norma. Hablé con algunas diputadas y dijeron que no iban a acompañar”, comenzó García. Y apuntó: “Después no se habló más del tema, porque se sacó. Ahora, a partir de este discurso del presidente en Davos, parece que se retoma la idea”.

Consultado sobre si la idea del gobierno se basa en el supuesto “gasto” que demanda su implementación, García subrayó: “No es económico, es ideológico, la Ley Micaela en la mayoría de los lugares la dictaron trabajadoras de organismos del Estado sin cobrar adicional. Si hubo un presupuesto, fue mínimo”.

“Desde la Fundación Micaela García “La Negra” observamos con profundo dolor y preocupación los dichos del Presidente de la Nación en el Foro de Davos. 

En primer lugar, queremos hacer algunas aclaraciones importantes. Al haber disuelto los organismos encargados de la protección de las mujeres y diversidades, el poder ejecutivo nacional no está cumpliendo con la Ley Micaela desde su asunción. Han decidido violar la norma antes de sus pretendidas modificaciones y derogaciones.

También es importante recordar que lo que la Ley Micaela postula es la capacitación permanente de todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado. Su derogación implica desconocer la división de poderes que es uno de los pilares de nuestra democracia. 

Dicho todo esto, tenemos que decir que no existe una sola Ley Micaela. Todas las provincias argentinas y centenares de municipios se han adherido y han creado su propia legislación. También lo han hecho sindicatos y clubes. La Ley Micaela ha florecido y por más que corten una flor no podrán detener la primavera. 

Respecto a la eliminación de la figura de femicidio en el código penal consideramos que sería un error muy grave y una muestra de profunda ignorancia. A pesar de las mentiras y la manipulación de las estadísticas, en nuestro país siguen muriendo a diario mujeres y diversidades en contextos de violencia de género. 

La figura legal de femicidio no es un capricho del vocabulario sino una forma de juzgar y sobretodo prevenir este tipo de delitos tan frecuentes por las características culturales de nuestra sociedad. Su derogación necesita pasar por el Congreso. 

Pueden eliminar todas las palabras que quieran, pero sin políticas públicas seguiremos contando muertes de mujeres y diversidades que podrían haberse evitado. Lo peor que se puede hacer con un problema es ignorarlo u ocultarlo. 

Desde la Fundación seguiremos trabajando como el primer día. Porque conocemos en carne propia lo que es el dolor que implican estas muertes evitables, y porque no vamos a permanecer indiferentes ante la Injusticia. Micaela todavía no tiene justicia completa, y miles de mujeres y diversidades que han sido víctimas de la forma más extrema de violencia machista tampoco. 

Por todas ellas y por las que están entre nosotrxs, vamos a seguir construyendo redes, tejiendo vínculos y levantando las banderas para construir la sociedad que Mica soñó”.

Juicio contra Nestor Pavón

De acuerdo a la información a la que pudo acceder El Debate Pregón, el juicio por jurados por la coautoría del femicidio de Micaela García al que deberá ser sometido Nestor Pavón no tendrá lugar antes de mitad de año. Cabe recordar que en diciembre la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dejar sin efecto la sentencia de Gualeguay ordenar un nuevo juicio para determinar su participación en el secuestro, violación, asesinato y desaparición de Micaela García en nuestra ciudad.

En la Casa Rosada aseguran que eliminarán todas las leyes y normas que “contemplen discriminación positiva sobre minorías”. La encargada de trabajar el proyecto es la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

En Balcarce 50 sostienen que “no resiste ningún análisis que el Estado tenga que hacer excepciones y darle un trato especial a un grupo particular”, y expresan que Javier Milei está en contra de impulsar una política que “defienda la diversidad de género”.

Es por eso que buscarán derogar la Ley 26.791, que incorpora como agravante a un homicidio que el hecho sea “perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. En Nación expresan que “no hay ninguna diferencia entre el homicidio de un hombre o de una mujer”.

Lo mismo aplica para la Ley Micaela (27.499), que fue sancionada en 2018 y fija capacitaciones obligatorias en perspectivas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en el Ejecutivo, en el Congreso y en la Justicia.

Según consignó TN, la Casa Rosada quiere eliminar también los cupos laborales en los tres poderes del Estado. Incluye la disolución de los cupos para personas travestis, transexuales y transgénero (27.636), que fija el 1% de su participación en las estructuras estatales. Lo mismo aplica para la Ley de Paridad de Género (27.412), que establece el requisito de ubicar de manera intercalada mujeres y varones desde el primer candidato hasta el último candidato suplente.

El paquete de leyes propone también la derogación del decreto 476/2021, que dispuso la creación del DNI no binario. La norma permite la incorporación de una tercera opción en el campo del sexo del documento nacional de identidad. Incluye la baja de la Ley de Cupo en Eventos Musicales (27.539), que predispone que el 30% de los artistas en festivales y eventos musicales debe ser de mujeres.

La iniciativa contiene también la revocación de la Ley de Identidad de Género (26.743), que habilita a las personas a identificarse conforme a su identidad de género autopercibida en documentos oficiales y legitima el acceso a tratamientos médicos para adecuar el cuerpo.

La decisión de disolver la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género tomada esta semana a través de un mensaje de WhatsApp implica una medida de parte del Poder Ejecutivo que retrocede treinta años en materia de Derechos Humanos. Desde el año 1992, durante el gobierno del Dr. Carlos Saúl Menem, quien creó el Consejo Nacional de la Mujer después del femicidio de María Soledad Morales que el estado nacional no se quedaba sin organismo responsable de la ejecución de políticas públicas. Crónica de un cierre anunciado Si bien había sido un anuncio de campaña, el Gobierno decidió elegir la semana del 3J NiUnaMenos, para darle un marco acorde a su postura al respecto. La primera de las noticias llegó de parte de Capital Humano, el superministerio conducido por Sandra Pettovello, quien mediante los decretos de necesidad y urgencia 450 y 451/2024, se transfirió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Justicia dirigido por Mariano Cúneo Libarona. La encargada de esa área, Claudia Barcia, presentó esta semana la renuncia y expresó: “Me dirijo a Uds. a fin de hacerles saber que en el día de ayer he recibido un llamado de whatsapp a las 19:57 hs. por parte del secretario de Derechos Humanos Alberto Baños mediante el cual me comunicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que se encuentra bajo la órbita jerárquica de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia conforme los decretos n° 450 y 451/24, dejará de existir. En ese sentido, presento mi renuncia indeclinable a partir del día de la fecha”.Comunicado oficial En línea con el mandato del Presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados, en diciembre de 2023 el Gobierno Nacional dispuso que el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades se transforme en una Subsecretaría mientras se completaba su cierre. Dicha dependencia pasó a la órbita del Ministerio de Justicia y hoy se resolvió su eliminación definitiva.

Este organismo fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas y eventos. Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas.

Como resultado de la auditoría interna del Ministerio, se detectó que en el área de la Subsecretaría de Género existía una clara superposición de funciones con distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea. Ello implicaba un sobre mantenimiento de edificios, estructuras y más de 800 empleados, con distintos sueldos. Dinero que al Estado argentino no le sobra.

Esta decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia.Qué implica esta medida Más allá de ciertas curiosidades del comunicado (como el olvido de la creación del área por parte del gobierno de Carlos Saúl Menem, por ejemplo), es importante hacer hincapié en lo que esta medida representa: En primer lugar, en la página oficial del gobierno (que todavía cuenta con el nombre de Claudia Barcia como Subsecretaria del Área) se informa sobre la línea144:  Brindamos atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Es importante que sepas no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo, comunicate con el 911. El equipo es interdisciplinario y está compuesto por profesionales de las áreas del derecho, la psicología, el trabajo social y otras áreas afines, con capacitación y/o especialización en perspectiva de género.Dicha línea según las últimas estadísticas recibe un promedio de 340 comunicaciones diarias. Casi la totalidad de quienes llaman son mujeres: 98 por ciento, según las estadísticas oficiales. En el 81 por ciento de los casos, el agresor es un varón (42 por ciento, la actual pareja y 39 por, ciento, el ex).Derogación encubierta de la Ley Micaela Ya habíamos escrito en estas páginas que entre los postulados de la Ley Ómnibus se encontraba una derogación encubierta de la Ley Micaela, sancionada en 2018, reglamentada en 2019 y a la cual todas las provincias del territorio nacional se han adherido. Cabe recordar que el espíritu de la norma inspirada en el femicidio de Micaela García, ocurrido en nuestra ciudad, es la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. También es oportuno recordar que dicha falta de perspectiva se vio evidenciada cuando el Juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, decidió dejar en libertad al violador serial Sebastián Wagner en nuestra ciudad, pese a todos los informes desfavorables que pesaban en su contra. La modificación que el Ejecutivo propuso para la Ley Micaela es que sólo los organismos de género (que ahora disolvió) debían capacitarse en forma obligatoria en género y violencia. Con dicha modificación, el Juez Rossi no se vería en la obligación de capacitarse. Eso implica una derogación encubierta. Con la disolución del organismo, la derogación pasó de ser encubierta a efectiva. Las provincias y los municipios decidirán los pasos a seguir.   Los números del 2024 Entre enero y mayo de 2024 se registraron 137 muertes violentas contra mujeres y disidencias, y como consecuencia, un total de 78 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos de madre. Ese total se desglosa en 132 femicidios, dos trans-travesticidios y tres lesbicidios (el resonante caso del ataque a cuatro mujeres en una pensión en Barracas). Cerca del 75% de los femicidas conocían a las víctimas: el 35% eran sus parejas, el 18,2% exparejas, 12.4% familiares, y 8.8% conocidos de las víctimas. Entre enero y mayo de este año, 102 víctimas de femicidios fueron asesinadas por varones conocidos, de los cuales, 73 tuvieron una relación con sus víctimas. El sesenta por ciento de los casos fueron cometidos con un arma. Cinco de los hechos ocurrieron en la provincia de Entre Ríos. Dentro de esta estadística no se incluye a Brenda Albarenga, de 33 años, asesinada por su ex pareja, Alan Domínguez, este viernes en la ciudad de Paraná. 

La familia de Micaela García, la joven que fue asesinada en la provincia de Entre Ríos en 2017 y cuyo femicidio originó la sanción de una ley que lleva su nombre, rechaza los cambios que propone la Ley Ómnibus presentada en el Congreso por el presidente Javier Milei. 

"El proyecto intenta modificar seis (6) artículos de la Ley Micaela, pero lo que a nuestro entender es más grave es la modificación del artículo 1° porque afecta el sentido de la Ley", explica la familia de la joven en un comunicado enviado este sábado bajo la consigna #NoALaModificaciónLeyMicaela.

La modificación propuesta en el Artículo 535 de la Ley Ómnibus, es la siguiente: "Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 27.499 por el siguiente:"ARTÍCULO 1°.- Se establece la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia".

Sin embargo, el artículo aún vigente de la Ley Micaela es: “Artículo 1° - Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

Por ello, es que Andrea Lescano y Néstor 'Yuyo' Gracía, madre y padre de la joven, rechazaron la modificación e indicaron: "Lo que se pretende modificar es que solamente van a estar obligadas aquellas personas "…que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia" y no la totalidad de las personas que integran el Estado en sus tres poderes".

La Ley Micaela, Ley 27.499, se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, entendiendo que el femicidio de Micaela (como tantos otros) se podría haber evitado, si la tuvieran. 

Al recordar el femicidio de su hija, la familia de la joven indica que "ninguno de esos agentes se desempeñaba en la función pública en organismos competentes en la materia. El Juez Carlos Rossi (que dio la libertad condicional al violador y femicida de Micaela, a pesar de tener un paquete de informes psicológicos que desaconsejaban la libertad) no se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Las personas (agentes del Estado) que el día previo al femicidio de Mica, no tomaran una denuncia por intento de violación del femicida de Mica, a una niña de 13 años. Estos funcionarios públicos tampoco se desempeñaban en la función pública en un organismo competente en la materia".

Y remarcan que "muchos de los femicidios, ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (Policías, agentes judiciales, etc.) Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia. Además de que no es lo mismo la Violencia Familiar que la Violencia por Motivos de Género, que pretende modificarse".

A cinco años de haberse sancionado la Ley Micaela, la familia que dedica su vida a promover la instrumentación de la misma, sostiene: "estamos convencidos de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizar la función pública. Y hemos visto los cambios, que aún pequeños nos generan mucha esperanza. Creemos en el rol del Estado en la promoción de derechos y la prevención de las violencias. Capacitarnos y trabajar en la erradicación de la discriminación y los prejuicios de género es fundamental para vivir en una sociedad mejor y más libre". 

Además, en el comunicado, la familia señala: "Todas las fuerzas políticas en aquel diciembre del 2018, acompañaron la Ley que se está pretendiendo modificar. Esas fuerzas políticas, incluso muchas personas legisladoras en aquel momento lo siguen siendo hoy. De verdad no creemos que puedan "borrar con el codo lo que escribieron con la mano". Deseamos y trabajamos por la libertad y, por esa razón, creemos en la importancia de perspectiva de género. Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras".

Entre Ríos adhirió en diciembre de 2019 a la ley nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad que se concretaron instancias de capacitación y acompañamiento a diferentes organismos públicos, sindicatos, organizaciones sociales y se coordinó con los gobiernos locales.

Además se efectuó la firma de un convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), en pos de garantizar la aplicación de la ley Micaela. En el marco de dicho convenio y en conjunto con la Secretaría se capacitó a 4.000 agentes provinciales y municipales.

Asimismo, desde el Observatorio de Seguimiento de Capacitación en Género y Violencia contra las Mujeres se trabajó en fortalecer el espacio como ámbito de discusión y participación para avanzar en la implementación transversal de la perspectiva de género y la prevención de las violencias tal como lo estipula la Ley Micaela. Desde dicho espacio se avanzó en la elaboración de informes de estado de situación de la implementación de las propuestas aprobadas y de las capacitaciones llevadas a cabo por los distintos organismos.

Durante este año, Entre Ríos contó con un equipo formador de formadores para la aplicación de la Ley Micaela a partir del programa impulsado por el Ministerio Nacional que buscó intercambiar experiencias de la implementación de la Ley Micaela a nivel federal para fortalecer y profundizar los marcos teóricos de las y los participantes acerca de la perspectiva de género y diversidad, y prevenir las violencias por motivos de género. Además, se incorporaron estrategias metodológicas para la implementación de dispositivos de capacitación en la temática desde las pedagogías feministas, transfeministas y la educación popular.

Capacitación para miles de entrerrianas y entrerrianos

La secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Valeria Migueles, se expresó al respecto y sostuvo: "Hasta el último día de gestión seguimos implementando acciones en el marco de la Ley Micaela, que expresa el concepto de las políticas de género como políticas de Estado de forma clara. Esta normativa nacional, adherida por una ley provincial y ejecutada por el gobierno entrerriano en conjunto con municipios y todas las reparticiones del Estado, atraviesa todos los órdenes institucionales y a todas las personas".

Además, Migueles aseguró: "Son miles de entrerrianas y entrerrianos los que han sido capacitados por nuestros equipos en género, violencia de género y diversidad durante nuestra gestión". Y consideró que "el cambio cultural hacia una sociedad con justicia social y plena vigencia de los derechos humanos requiere de que se profundicen estas acciones. Hemos hecho, desde la gestión de Gustavo Bordet, un gran aporte por esa sociedad que queremos, siendo conscientes que aún sobran motivos para seguir trabajando desde el lugar que nos corresponda".

Por su parte, la subsecretaria de la Mujer, Tatiana Richardet, resaltó la "importancia de la capacitación permanente en perspectiva de género para construir espacios institucionales y laborales libres de violencia y discriminación, como para visibilizar que la violencia por motivos de género es una problemática social y estructural y que es responsabilidad del Estado bregar por la capacitación y la prevención de las violencias”.

“Este año capacitamos 4.000 nuevos agentes estatales entre lo que le corresponde a la órbita del Observatorio y a los ámbitos municipales", destacó la funcionaria, quien subrayó la importancia de la continuidad de esta política y del funcionamiento del Observatorio.

La jornada fue organizada por la coordinadora general de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Bárbara Schroeder, y la coordinadora de Medicina Laboral a cargo del gabinete psicológico, Maricel Cavallo. La disertación estuvo a cargo de la psicóloga y doctora en Ciencias Sociales, Karina Silva.

Al término del encuentro, Cavallo comentó: “Estamos dando continuidad al plan de capacitaciones en relaciones laborales, buenas prácticas y ley Micaela que iniciamos a mediados del año pasado”. A lo que agregó: “La propuesta tuvo por objetivo, en el marco de la ley Micaela, reflexionar sobre el modo en que nos atraviesan las relaciones laborales y la necesidad de contribuir a generar un cambio en este sentido, para que podamos cuestionarnos y pensar de qué modo nos vinculamos y construimos las relaciones”.

Además, la coordinadora de Medicina Laboral destacó la importancia de uno de los temas tratados y dijo: “El segundo bloque de la charla tiene por objetivo poder realizar puntualizaciones sobre lo que es Ley Micaela, trabajar las normativas y puntualmente el protocolo de actuación que fue elaborado por el Consejo Vial para el abordaje de las situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. Esto es una de las partes fundamentales de la capacitación, porque damos a conocer el instrumento propio con el que cuenta la DPV, para a partir del cual tomar un posicionamiento frente a las problemáticas de violencia en el ámbito de trabajo y llevar adelante un abordaje específico frente al tema.

Por último, hizo referencia a la jornada realizada y remarcó: “Es de destacar que se llevó adelante de una forma muy colaborativa con una escucha atenta de parte de todos los presentes en donde se visibiliza la necesidad de poder ponernos en palabras en relación a estos temas, poder sensibilizar y concientizar parte de lo que es una realidad social y algo que nos atraviesa a todos y cada uno en los diferentes ámbitos de nuestra vida”.

La jornada fue organizada por la coordinadora general de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Bárbara Schroeder, y la coordinadora de Medicina Laboral a cargo del gabinete psicológico, Maricel Cavallo. La disertación estuvo a cargo de la psicóloga y doctora en Ciencias Sociales, Karina Silva.

Al término del encuentro, Cavallo comentó: “Estamos dando continuidad al plan de capacitaciones en relaciones laborales, buenas prácticas y ley Micaela que iniciamos a mediados del año pasado”. A lo que agregó: “La propuesta tuvo por objetivo, en el marco de la ley Micaela, reflexionar sobre el modo en que nos atraviesan las relaciones laborales y la necesidad de contribuir a generar un cambio en este sentido, para que podamos cuestionarnos y pensar de qué modo nos vinculamos y construimos las relaciones”.

Además, la coordinadora de Medicina Laboral destacó la importancia de uno de los temas tratados y dijo: “El segundo bloque de la charla tiene por objetivo poder realizar puntualizaciones sobre lo que es Ley Micaela, trabajar las normativas y puntualmente el protocolo de actuación que fue elaborado por el Consejo Vial para el abordaje de las situaciones de violencia de género en el ámbito laboral. Esto es una de las partes fundamentales de la capacitación, porque damos a conocer el instrumento propio con el que cuenta la DPV, para a partir del cual tomar un posicionamiento frente a las problemáticas de violencia en el ámbito de trabajo y llevar adelante un abordaje específico frente al tema.

Por último, hizo referencia a la jornada realizada y remarcó: “Es de destacar que se llevó adelante de una forma muy colaborativa con una escucha atenta de parte de todos los presentes en donde se visibiliza la necesidad de poder ponernos en palabras en relación a estos temas, poder sensibilizar y concientizar parte de lo que es una realidad social y algo que nos atraviesa a todos y cada uno en los diferentes ámbitos de nuestra vida”.

Este miércoles 9 de agosto la joven y militante del Movimiento Evita y del Movimiento “Ni Una Menos”, Micaela García, cumpliría 28 años. Su femicidio, perpetrado en Gualeguay -provincia de Entre Ríos- por Sebastián Wagner, que estaba condenado con una pena de nueve años por la violación de dos mujeres mientras se encontraba en libertad condicional, sacudió al país.

La conmoción social ante la violencia institucional que develó el caso, en el marco de las masivas movilizaciones por “Ni una menos” que dieron fuerza a demandas históricas para la erradicación de la violencia de género en todos los ámbitos de la sociedad. En la dimensión institucional, se puso en primer plano la necesidad de capacitación en perspectiva de género y diversidad a los organismos del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y a todas y todos las y los agentes que los conforman en sus distintos niveles y jerarquías.

En ese marco, el 19 de diciembre de 2018, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.499, conocida como “Ley Micaela”. La normativa establece la obligatoriedad de la capacitación para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional sobre la temática de género y violencia por motivos de género.

La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), mediante el Decreto 7/2019, lo ubica como su autoridad de aplicación. Se implementa por medio de capacitaciones que transmiten herramientas y (de)construyen sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas en cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, en cada una de las políticas públicas. La formación en el marco de la Ley Micaela es abordada según el tipo y el rol del espacio en el cual es dictada. De esta manera, se busca identificar las prácticas, acciones y los ámbitos en los que se reproduce la desigualdad de género, para transformarla desde las políticas públicas en pos de construir relaciones más justas e igualitarias.

Desde su implementación, 150 organismos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y 232.997 autoridades y agentes de los tres poderes del Estado a nivel nacional se capacitaron en el marco de la normativa, en un total de 477 capacitaciones. Asimismo, la demanda social de este tipo de formaciones trajo aparejada la articulación con otros actores de la sociedad y, así, se crearon nuevas propuestas para cada ámbito: Micaela Medios; Sindical; Partidos Políticos; Deportes; Redes Comunitarias y Micaela para la Ciudadanía.

“Micaela Medios” representa la extensión de la formación a los medios de comunicación, organizada por la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del MMGyD. Constituye una línea pedagógica que busca promover una comunicación con perspectiva de género y diversidad en función de los compromisos internacionales asumidos y la legislación nacional.

Desde su implementación, ya fueron capacitadas 1267 integrantes de 13 medios de comunicación, tanto públicos como privados, en todo el país.

Por su parte, el Plan integral de sensibilización y formación en igualdad, diversidad y violencias por motivos de género en el mundo del trabajo “Micaela Sindical” está a cargo del Programa Nacional Igualar, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. Tiene como objetivos formar, fortalecer a los gremios y brindar herramientas en materia de igualdad y diversidad de género, entendiendo que las organizaciones sindicales son protagonistas fundamentales en el proceso de conquista y ampliación de derechos de la población argentina, en general, y de las mujeres y LGBTI+, en particular.

Hasta la fecha, se capacitaron 580 integrantes de 62 organizaciones sindicales con la finalidad de constituirse en espacios más igualitarios, diversos y libres de violencias por motivos de género hacia adentro de sus estructuras.

En tanto, “Micaela Formación Política” tiene como propósito incorporar la perspectiva de género en la formación político-partidaria como un eje central en la construcción de agendas públicas. De esa manera, esta acción afirmativa busca tener impacto en las organizaciones políticas como pilares fundamentales para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la participación política de mujeres y LGBTI+ y para la puesta en marcha de acciones que prevengan, sanciones y eliminen las violencias por motivos de género. Desde su implementación, ya fueron capacitadas 173 personas de diversos partidos políticos.

“Micaela Deportes: herramientas para construir un deporte con perspectiva de género y diversidad” tiene como principal objetivo la reflexión, difusión y fortalecimiento de las herramientas que contribuyen a la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias de género en los ámbitos deportivos. Hasta la fecha, más de 403 autoridades, planteles profesionales de distintas disciplinas, integrantes de comisiones de género y trabajadoras y trabajadores de diversos clubes se formaron en el marco de la normativa.

Por otro lado, “Micaela Redes Comunitarias” se propone como una herramienta más dentro de las estrategias del MMGyD para fortalecer a las organizaciones sociales, comunitarias y sus integrantes, y para problematizar las desigualdades de género, el acceso a derechos y la detección temprana de las violencias por motivos de género. Desde su creación, 180 integrantes de organizaciones sociales se capacitaron en el abordaje integral de las violencias por motivos de género y su detección temprana y reflexionaron sobre la economía del cuidado, reconociendo el aporte que estas organizaciones realizan en la materia.

Por último, la formación “Micaela para la Ciudadanía” está orientada a todas las personas que deseen potenciar sus experiencias y conocimientos en materia de género en diferentes ámbitos de sus vidas. Su principal objetivo es contribuir a la lectura crítica de la realidad y visibilizar la desigualdad y las violencias por motivos de género que se inscriben en patrones culturales arraigados, desde la clave de los derechos de las mujeres y LGBTI+. Desde su implementación, se capacitaron 6616 personas en diferentes territorios y ámbitos de nuestra sociedad.

Desde la sanción de la Ley Micaela en 2018, hasta agosto de 2023, se capacitaron 232.997 autoridades y agentes de los tres poderes del Estado;

5052 autoridades de 130 organismos públicos participaron en la formación en el marco de 80 encuentros;

Hasta diciembre de 2022, 215.306 agentes estatales de los tres poderes fueron capacitadas y capacitados en el marco de los programas de capacitación certificados por el MMGyD y de los dispositivos dispuestos por el ex INAM;

Desde el 2020, 150 organismos se capacitaron en el fortalecimiento institucional para el diseño de proyectos de formación en Ley Micaela, y 101 organismos realizaron rondas de intercambio de experiencias de implementación de las capacitaciones;

73 programas de capacitación en Ley Micaela fueron certificados, mientras que se están ejecutando en 146 organismos correspondientes a los tres poderes.

En detalle, por Entre Ríos recibieron el certificado la subsecretaria de la Mujer, Tatiana Richardet; Melisa Savio; Georgina Montero y Gonzalo García Garro.Al inicio de la actividad, la ministra de Desarrollo Social, manifestó: “Tal como lo marca nuestro gobernador Gustavo Bordet, un eje importante de gestión es el compromiso de llegar a cada rincón de la provincia con las políticas que diseñamos para acercar derechos a más entrerrianos y entrerrianas. En este sentido, celebro que los equipos continúen profundizando saberes, es un reflejo de su compromiso y también una apuesta por la descentralización y la promoción de equipos territoriales que a su vez sean replicadores”.En la misma línea, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, resaltó: “Avanzar en el diseño de un equipo de formación de formadores en el marco de la Ley Micaela, con la autoridad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, es una gran oportunidad para multiplicar esfuerzos y construir en conjunto con los gobiernos locales equipos permanentes para institucionalizar estas acciones en materia de política de género”.“Sólo cinco personas por gobiernos provinciales fueron parte de este proceso intensivo de formación. En este sentido, conformar nuevos equipos permitirá que en cada localidad se pueda avanzar en capacitaciones destinadas a ONGs, partidos políticos, instituciones educativas, y actores de la comunidad, etcétera. Esta dinámica permite trasladar los saberes adquiridos a nuevos equipos formativos en toda la provincia que repliquen a personas idóneas para que sean referencias permanentes en lo relativo a la Ley Micaela en cada localidad. Pensar las políticas de la mujer como políticas de Estado presupone implementar acciones conjuntas entre el Estado nacional, la provincia y las gestiones locales”, agregó la funcionaria.Sobre los formadores y formadoras en la Ley MicaelaLa Ley Micaela N° 27.499 de capacitación obligatoria en la temática de género y de violencia por motivos de género, establece la formación obligatoria para las y los agentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.Esta tarea precisa del fortalecimiento de formadores y formadoras en la Ley Micaela a lo largo de todo el país para elaborar las estrategias más adecuadas y así llevar adelante los objetivos de capacitación que la misma norma refiere.Esta iniciativa nacional está dirigida a los equipos que están involucrados en la implementación de la Ley Micaela, designados por cada autoridad de aplicación jurisdiccional.Objetivos del ProgramaLa iniciativa nacional busca intercambiar experiencias de implementación de la Ley Micaela a nivel federal para fortalecer y profundizar los marcos teóricos de las y los participantes acerca de la perspectiva de género y diversidad, y prevenir las violencias por motivos de género. Además de incorporar estrategias metodológicas para la implementación de dispositivos de capacitación en la temática desde las pedagogías feministas, transfeministas y la educación popular.(Prensa Ministerio de Desarrollo Social)