Montesquieu recibió grandes influencias de sus viajes por Europa, en especial el que realizó a Gran Bretaña, y lo plasmó en su obra, donde recreó el modelo político anglosajón de la separación de poderes y la monarquía constitucional. “El espíritu de las leyes” se refiere a los conceptos de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial pero, sobre todo, de la relación de los tres. Montesquieu rechaza las teorías absolutistas en las que una persona debería concentrarlos todos en su figura y apuesta por un “equilibrio de poderes”. Este se debería producir de manera muy sencilla, donde cada uno de los poderes controle al otro y todos se controlen entre sí (Fuente: Mauricio Villalobos Valderrama para www.diarioconstitucional.cl https://www.diarioconstitucional.cl/rec-libros/el-espiritu-de-las-leyes-montesquieu/#:~:text=%E2%80%9CEl%20esp%C3%ADritu%20de%20las%20leyes,un%20%E2%80%9Cequilibrio%20de%20poderes%E2%80%9D.).

A propósito del párrafo anterior, es imprescindible mencionar que nuestra Constitución Nacional, de carácter liberal, se ampara en estas doctrinas contractualistas propias de aquellos pensadores y filósofos que se opusieron a los regímenes absolutistas de aquellos tiempos. Es decir, entonces, que nuestra Ley Suprema se construye desde los cimientos de la libertad y la división de poderes.

Una ley que intenta, por ejemplo, delegar las tareas legislativas en el Ejecutivo es una clara muestra de lo que no es un régimen liberal y de respeto hacia la constitución. Una ley de tal categoría retoma las peores formas de aquellos regímenes que abogaban por el poder concentrado en un solo individuo. La historia nos demuestra que este tipo de actitudes cívicas y políticas nunca trajeron consigo buenos resultados. Por el contrario, estas pretensiones suelen chocar contra las estructuras republicanas que tanto debemos valorar.

Leyes de esas características o intenciones de modificar estructuras legislativas mediante decretos nos obliga a la tarea de discutir las formas en que los gobernantes quieren llevar adelante sus respectivas gestiones. Cuando éstos son los puntos de partida, el contenido queda en un segundo plano. Porque no sólo se discuten los aspectos estructurales y de reformas del Estado, también se hace un llamado a la institucionalidad y al respeto político por la Constitución.

Julián Lazo Stegeman 

El Congreso de Guatemala votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio igualitarioy eleva la pena de prisión por aborto, que solo se permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro.

La Ley para la Protección de la Vida y la Familia, o iniciativa 5272, también prohíbe la enseñanza de la diversidad sexual en las escuelas.

Fue aprobada en la noche de este martes por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo ocho legisladores de 160 votaron en contra.

Para que entre en vigor, deberá ser firmada por el presidente Alejandro Giammattei. Todavía no está claro si el mandatario la ratificará, pero muchos miembros (102) de su partido, el grupo conservador Vamos, votaron a favor.

Según la ley, las mujeres que "se hayan provocado su propio aborto o hayan dado su consentimiento a otra persona para que lo lleve a cabo" enfrentarán un mínimo de cinco años de cárcel, pero las sentencias podrían ser mucho más altas.

Si la firma el presidente, reformará el Código Civil de Guatemala para "prohibir expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo".

La ley también estipula que se prohíba a las escuelas enseñar a los alumnos "cualquier otra cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal".

"Inconstitucional"La medida legislativa fue presentada por primera vez en abril de 2017 por un grupo de parlamentarios que se autodenominan "provida", un concepto que causa controversia en una sociedad especialmente dividida por el tema de la interrupción del embarazo.

Una de las legisladoras que apoyó el proyecto de ley, Patricia Sandoval, dijo que "bajo el concepto de familia entendemos la unión entre un hombre y una mujer".

El defensor de los derechos humanos, Jordán Rodas, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), calificó la ley de violación de derechos y de "retrocesopara la libertad"y prometió desafiarla.

La diputada opositora Lucrecia Hernández instó al presidente Giammattei a vetar la ley, argumentando que es inconstitucional.

Para asociaciones feministas y defensoras de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) esta es una ley "antiderechos".

Fuente: BBC

La Cámara de Senadores de la provincia que preside la vicegobernadora Laura Stratta desarrolló durante el 2021, un total de 18 sesiones ordinarias en el marco del 142° período legislativo y en el que fueron debatidas y sancionadas 84 leyes.

Durante ese lapso en detalle, se presentaron 371 proyectos, de los cuales 124 fueron de Ley, 163 de Declaración, 52 de Comunicación y 8 de Resolución. Se prestó acuerdo para su nombramiento a 19 funcionarios judiciales y se trataron cinco pedidos de informes.

En cuanto a los proyectos de Ley, 63 fueron presentados por las y los senadores; 10 por el Poder Ejecutivo; 1 fue presentado por el Superior Tribunal de Justicia; y 45 fueron presentados en la Cámara de Diputados por legisladoras y legisladores de ese cuerpo, y otros 5 ingresados por el Ejecutivo provincial a esa Cámara.

Pese a las dificultades producto de la pandemia, el Senado continuó con su labor, en algunas oportunidades sesionando bajo modalidad virtual.

La Cámara de Diputados sigue sin reunirse para votar leyes desde hace casi tres meses, cuando entró en modo pausa por la campaña electoral, y todavía es incierta la fecha en la que el recinto podría volver a deliberar en medio de desacuerdos entre el oficialismo y la oposición respecto a la modalidad de las sesiones.

El 8 de julio pasado, el entonces jefe de Gabinete Santiago Cafiero se presentó ante la Cámara baja para brindar un informe sobre la marcha de la gestión, y el 23 de ese mes venció el protocolo de funcionamiento remoto.

A nadie inquietó demasiado esa situación, que oficialmente paralizaba la actividad parlamentaria, ya que la energía de los distintos espacios políticos estaba puesta en la campaña electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre.

Pasadas las elecciones primarias, el Gobierno nacional dispuso dar de baja muchas de las restricciones sanitarias vigentes hasta la fecha, y en la Cámara de Diputados se dispuso tomar decisiones en espejo y retomar la lógica de la presencialidad pre-pandémica.

El presidente del cuerpo, Sergio Massa, firmó el jueves pasado la resolución 672/21 que establece un Protocolo de Recinto Protegido que propone la vuelta de la presencialidad pero no de forma plena, ya que garantiza la participación remota por VPN de los diputados que conforman grupos de riesgo sanitario, y que quedan exceptuados de concurrir al recinto.

La resolución también habilita a que las comisiones puedan seguir funcionando de forma remota, un aspecto que también discute el principal interbloque opositor.

Según señalaron a NA fuentes parlamentarias de Juntos por el Cambio, "la resolución de Massa no tiene validez" ya que "no puede modificar el reglamento por resolución".

"De todas maneras, está vigente el reglamento de siempre. Así que puede convocar a una sesión y se hace presencial sin ningún problema", agregaron.

Concretamente, Juntos por el Cambio propone retomar exactamente el funcionamiento que tenía Diputados antes de la pandemia cuando no existía ningún tipo de formato virtual, y aquellos diputados que no estaban sentados en sus bancas al comienzo de la sesión no aportaban al quórum y se registraban como ausentes.

En este punto, volvieron a instalarse las discusiones entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en una suerte de "revival" de las diferencias del año pasado cuando se generó un "impasse" de varias semanas, ya que el oficialismo se aferraba a un esquema de sesiones virtuales mientras que la oposición mayoritaria reclamaba la vuelta de la presencialidad.

La oposición considera que la resolución de Massa fue determinada "unilateralmente, excediendo las facultades que tiene la Presidencia de la Cámara de Diputados".

"La resolución implica un cambio al Reglamento y esto exige no sólo la participación de los bloques en su redacción si no que tres cuartas partes de los presentes en una sesión voten afirmativamente", se quejaron los integrantes del bloque opositor.

Además, el interbloque que lidera el radical Mario Negri "no está de acuerdo en el trabajo remoto de las comisiones, salvo que sean reuniones informativas para lo cual ya estaba establecida esta opción en el Reglamento (no hace falta introducir nada)".

N.A.