El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito con el objetivo de responder a las inquietudes del fiscal Gerardo Pollicita. La documentación fue entregada la noche del domingo por su abogado, Matías Ledesma, en el marco de la causa que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El escrito, que cuenta con 78 páginas, busca responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal, entre las que se destacan el origen de dinero en efectivo y la adquisición de un inmueble en Indio Cuá. En el documento, Manuel Adorni negó las acusaciones y sostuvo que su evaluación patrimonial, desde su ingreso a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año, encuentra sustento razonable y verificable.

Uno de los puntos centrales de la investigación es una diferencia de más de 43 millones de pesos entre los ingresos y los gastos conjuntos del exfuncionario y su esposa, Bettina Angeletti. Al respecto, la defensa calificó esta cifra como una brecha residual y no como una desproporción manifiesta.

Sobre las operaciones con criptoactivos, el escrito detalló que las transacciones se realizaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, años previos a su gestión pública. Además, aclaró que dichas billeteras se encuentran vacías actualmente.

Manuel Adorni pidió más plazo para justificar su patrimonio en la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa solicitó una prórroga antes de que venza este miércoles el plazo de 15 días que le había dado el fiscal Gerardo Pollicita para presentar documentación sobre el origen de distintos movimientos de dinero.

El pedido se da después de que un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) detectara una diferencia entre los ingresos y los gastos de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. Según el documento, el grupo familiar declaró ingresos por unos $229 millones, mientras que los gastos reconstruidos alcanzaron los $272 millones. La diferencia, de más de $43 millones, todavía debe ser explicada.

El informe también detectó movimientos por US$ 402.578,12 cuyo origen busca determinar la Justicia. Entre ellos aparecen la compra del lote 380 del country Indio Cuá, el pago de US$ 245.000 al contratista Matías Tabar por la remodelación de una vivienda y los US$ 200.000 que Adorni aseguró haber invertido en bitcoin.

Para avanzar con su explicación, la defensa pidió además revisar el teléfono de Tabar, quien entregó su celular de manera voluntaria. La intención es acceder a información que podría aportar documentación sobre los pagos cuestionados.

El juzgado a cargo de Ariel Lijo deberá resolver si concede la prórroga. Si la acepta, la defensa tendrá más tiempo para presentar los comprobantes y justificar los movimientos observados. Según trascendidos, es probable que el juez proceda a entregarle esa prórroga.