El legislador gualeyo, actualmente dentro del bloque de La Libertad Avanza, desarrolla su tarea acompañado por un equipo de cuatro colaboradores. Los nombres que integran su despacho son:

Este grupo conforma el núcleo de trabajo legislativo, administrativo y político que asiste a Morchio en su actividad parlamentaria.

Por otro lado, dentro del relevamiento de asesores con vínculo con Gualeguay, también aparece el caso de María Carolina Larreteguy, quien fue incorporada en su momento al equipo de la senadora Romina Almeida. No obstante, su paso por el Senado fue breve, ya que dejó el cargo al poco tiempo.

En términos generales, el análisis de los despachos entrerrianos evidencia un cambio en la lógica de armado político dentro del Congreso: equipos más chicos, con perfiles técnicos y una selección más puntual de colaboradores. En ese contexto, la representación de Gualeguay se sostiene principalmente a través de la figura de Morchio y su equipo de trabajo en la Cámara baja.

-María Carla Cresto: hermana del diputado provincial y ex intendente de Concordia Enrique Cresto y de la ex diputada nacional Mayda Cresto, figura en planta permanente de la Cámara de Diputados de la Nación y está actualmente como “agente con licencia por largo tratamiento”.

-María José Grancelli: pareja del ex diputado nacional y ex funcionario peronista Marcelo Casaretto, figura con contrato de locación desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2026 en el Senado de la Nación. Oriunda de Diamante, Grancelli es contadora y fue candidata a viceintendenta en fórmula con Juan Carlos Darrichón. Además de su labor en el Congreso, hoy se dedica a su profesión y al desarrollo de estrategias publicitarias en redes sociales.

-Zulma María Cauzzi: dirigente de la ciudad de Colón, es vicepresidenta de La Libertad Avanza en Entre Ríos. Figura con contrato de locación en el Senado nacional desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2026.

-Carolina Gaillard: la ex diputada nacional y ex funcionaria peronista terminó mandato y regresó a su puesto en planta permanente en la Cámara de Diputados de la Nación. Está afectada al bloque del PJ.

-Alfredo De Ángeli: al término de su mandato como senador nacional, el dirigente se integró a la planta transitoria como asesor del bloque del PRO en la cámara alta.

Ireneo Guastavino: hijo del ex vicegobernador y ex senador nacional Pedro Guillermo Guastavino, es de planta permanente del Senado de la Nación y trabajó con varios senadores por Entre Ríos.

Salvo el ex diputado nacional Tomás Ledesma, que se volcó a la actividad privada, el resto de los representantes entrerrianos en el Congreso de la Nación que terminaron mandato en diciembre pasado se reubicaron en distintos lugares de la estructura del Estado.

El último en ser designado fue Atilio Benedetti, quien tras dejar su banca de diputado nacional se desempeñará ad honoren al frente del Ente Región Centro, cargo que quedó vacante tras el fallecimiento de Jorge Chemes.

En días previos, se conoció que el ex senador Alfredo De Ángeli, consiguió un cargo de asesor en la cámara alta, en planta transitoria, en el bloque del PRO.

Nancy Ballejos, que completó el mandato de diputado nacional al que renunció Pedro Galimberti, fue designada en enero en la Secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.

La ex diputada nacional radical Marcela Antola-Gualeguay- fue designada también en enero como subdirectora de la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

De los peronistas, Carolina Gaillard terminó mandato y se reintegró al cargo de planta permanente que tiene en la Cámara de Diputados desde el año 2010, en el cual estaba en uso de licencia por cargo de mayor jerarquía.

Stefanía Cora, de la agrupación La Cámpora, completó en el Senado el mandato de Edgardo Kueider tras su expulsión en marzo 2024. El mes pasado fue nombrada como asesora en la Auditoría General de la Nación (AGN) que preside el peronista porteño Juan Manuel Olmos. Según informó la ex legisladora, su rol es hacer de enlace entre el organismo y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas encargada de analizar los dictámenes que emite la AGN.

La ex senadora radical Stella Maris Olalla se jubiló y el ex diputado nacional Tomás Ledesma, también de La Cámpora, es el único que confirmó que no tiene ningún cargo en el Estado. Actualmente, lidera el estudio jurídico Ledesma y Asociados, que abrió con otros colegas, y hace política ligado a una fundación dedicada a la formación de equipos técnicos en conjunto con profesionales jóvenes.

Fuente: Análisis

La exdiputada nacional, oriunda de Gualeguay, había finalizado su mandato legislativo el pasado 10 de diciembre y ahora se incorpora a la estructura de funcionarios provinciales que cumplen funciones institucionales en Capital Federal.

El decreto, fechado el 21 de enero de 2026, señala la existencia de una vacancia en el cargo de Subdirector de la Representación del gobierno entrerriano en Buenos Aires. En ese marco, el Ejecutivo argumentó que Antola reúne “la idoneidad y los requisitos exigidos” para ocupar la función.

Antola fue electa diputada nacional en 2021 dentro del frente Juntos por Entre Ríos, integrando la misma lista que el actual gobernador Rogelio Frigerio. Durante su paso por el Congreso formó parte del bloque UCR Evolución, espacio político alineado con el dirigente Martín Lousteau.

De acuerdo con lo establecido en la normativa publicada, la funcionaria percibirá una remuneración equivalente al Nivel 36 del Personal Fuera del Escalafón, contemplado dentro de la Ley Nº 8620.

La designación se inscribe en el proceso de reorganización de cargos administrativos y representaciones institucionales que la provincia mantiene ante organismos nacionales en Buenos Aires.

Durante su mandato, Antola presentó 62 proyectos de autoría propia y acompañó más de 720 iniciativas, integrando además nueve comisiones: Turismo, Cultura, Deporte, Prevención de Adicciones, Asuntos Municipales, Población y Desarrollo Humano, Economía y Desarrollo Local, Personas Mayores y Acción Social y Salud Pública. Desde esos espacios, afirmó, buscó aportar “una mirada amplia y federal”.

Uno de los puntos más relevantes del balance fue la reactivación de obras de vivienda paralizadas. La diputada impulsó las gestiones para finalizar 100 viviendas en Gualeguay y 57 en Federal, financiadas con fondos nacionales.

“Lograr que 157 familias entrerrianas accedan a su casa propia es una de las mayores gratificaciones de estos años”, subrayó Antola.

En infraestructura vial, trabajó por la incorporación al Presupuesto 2022 de la partida para el reacondicionamiento del tramo Ceibas–Gualeguay de la Ruta Nacional 12, además de gestiones para el mantenimiento de la Ruta 14 y la finalización de la Ruta 18.

Junto a la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, colaboró en la llegada del programa “Ver Para Ser Libres”, que permitió realizar 4.948 consultas oftalmológicas gratuitas en 38 localidades. Del total, 2.894 niños recibieron sus anteojos en el momento. Además, promovió un proyecto de ley para la prevención y atención de la endometriosis.

Antola también resaltó la obtención de fondos para mejorar la infraestructura de cuatro escuelas técnicas de Gualeguaychú, La Paz, Gualeguay y Uruguay. A su vez, articuló acciones con la UNER, instituciones de formación profesional, el Programa Mi Futuro y municipios, ampliando la oferta educativa y de capacitación para jóvenes de la región.

El balance incluye la extensión de la red trifásica hasta la estancia Las Colas, una obra que beneficia especialmente a productores porcinos y avícolas. También mencionó su acompañamiento permanente a los frigoríficos de la zona, promoviendo el impulso de la agroindustria y la generación de empleo.

Entre las iniciativas legislativas más relevantes, Antola remarcó el proyecto de prevención de la ludopatía, que obtuvo media sanción en Diputados y busca regular la publicidad del juego online, con especial foco en adolescentes y jóvenes.

Asimismo, avanzó en proyectos vinculados al trabajo remoto, la economía del conocimiento y la radicación de trabajadores nómades digitales. En infraestructura estratégica, impulsó la solicitud de factibilidad del puente Gualeguay–San Pedro, considerado clave para el desarrollo logístico y productivo del sur entrerriano.

La diputada presentó la declaración de Monumento Histórico Nacional para el Cementerio Público y la Capilla de la Sagrada Familia de Gualeguay, destacando su valor identitario. También apoyó a deportistas, artistas, clubes y organizaciones culturales entrerrianas a lo largo de su gestión.

Al cerrar su mandato, Antola expresó:

“Desde el lugar que me toque estar, voy a seguir acompañando al gobierno provincial y trabajando para que cada entrerriano pueda crecer y desarrollarse”.

Los nuevos diputados nacionales entrerrianos serán Andrés Laumann, Alicia Fregonese y Darío Schneider por La Libertad Avanza, y Guillermo Michel junto a Marianela Marclay por Fuerza Entre Ríos.

Laumann, de Paraná, es referente libertario en la provincia y cercano al presidente Javier Milei. Fregonese, dirigente del PRO, preside actualmente el Consejo General de Educación y ya tuvo experiencia en el Congreso. Schneider, ministro de Infraestructura provincial y exintendente de Crespo, representa al radicalismo dentro del espacio oficialista.

Por el lado del peronismo, Michel —abogado y contador de Gualeguaychú, exdirector de la Aduana Nacional— y Marclay —secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay— ocuparán las dos bancas obtenidas por el frente opositor.

Con esta renovación, se despedirán en diciembre los legisladores Atilio Benedetti, Nancy Ballejos, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Marcela Ántola, esta última oriunda de Gualeguay, quien culmina su mandato tras haber representado a la provincia desde 2021.

El mapa político entrerriano se tiñó de violeta y consolidó la sintonía entre el gobierno provincial y la Casa Rosada, confirmando el peso de la alianza libertaria en el electorado.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), acompañado por el PRO, no logró reunir el tercio de votos necesarios para sostener los vetos, pese a las intensas negociaciones que llevó adelante el Gobierno en las últimas semanas.

La oposición consiguió dar marcha atrás con la medida y asestó un doble golpe a la administración nacional:

En representación de Entre Ríos, los diputados Marcela Antola y Atilio Benedetti votaron en favor del rechazo a los vetos, mientras que Francisco Morchio no estuvo presente en la sesión.

Con esta decisión, ambos proyectos pasan ahora al Senado, donde deberá resolverse si quedan firmes las leyes sancionadas o si el Ejecutivo logra revertir la derrota legislativa.

El planteo se refiere al debate del 20 de agosto de 2025, cuando se trató la ratificación del veto presidencial al aumento de las jubilaciones mínimas. En aquella votación, Benedetti se manifestó en contra del rechazo al veto y Antola optó por abstenerse. Para UCR Activa, esa postura significó “negar un incremento de apenas 20 mil pesos a los jubilados, un monto vital para quienes hoy sobreviven en condiciones de extrema precariedad”.

En su presentación, la corriente radical sostuvo que la actitud de los legisladores implicó “un acto de traición a los jubilados argentinos y al radicalismo entrerriano”, acusándolos de someterse a “la obediencia servil del poder de turno” en lugar de defender los principios históricos del partido.

El documento solicita que el Tribunal inicie el proceso disciplinario y resuelva la expulsión definitiva de Benedetti y Antola de la Unión Cívica Radical, además de comunicar la decisión a los órganos partidarios provinciales y nacionales.

“Sólo con medidas firmes lograremos honrar nuestra historia, respetar nuestra doctrina y reafirmar nuestra conducta radical, que no admite claudicaciones frente a la injusticia ni complicidades con el poder en perjuicio de los más vulnerables”, concluye el texto elevado por UCR Activa.

La iniciativa fue aprobada por 158 votos afirmativos, mientras que se registraron 75 rechazos y 5 abstenciones. La norma pasará ahora a consideración del Senado. El proyecto, impulsado por el bloque Democracia para Siempre y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca asegurar el financiamiento de las universidades nacionales mediante un mecanismo de actualización automática por inflación. También prevé paritarias para el personal docente y no docente, un aumento en el monto de becas y partidas para hospitales universitarios.

De los diputados entrerrianos, seis votaron a favor: Marcela Antola (Democracia Para Siempre), Atilio Benedetti (UCR), y los representantes de Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Tomás Ledesma, Carolina Gaillard y Blanca Osuna.

En contra lo hicieron Nancy Ballejos (PRO) y Beltrán Benedit (La Libertad Avanza). Por su parte, Francisco Morchio fue el único entrerriano que se abstuvo.

La votación se dio en el marco de una extensa e incómoda sesión para el oficialismo, que también incluyó el tratamiento de proyectos como la declaración de emergencia en pediatría y la coparticipación del impuesto a los combustibles. Aunque no se alcanzó la mayoría especial de dos tercios —faltó un solo voto—, el amplio respaldo legislativo deja a la oposición en una posición favorable para insistir si el presidente Javier Milei decide vetar la norma, como ya lo hizo con una propuesta similar el año pasado.

Por un lado, Marcela Ántola (Democracia) votó a favor del aumento a las jubilaciones, sumando su apoyo a una medida que busca recomponer los ingresos de los sectores más vulnerables. La iniciativa contempla una suba del 7,2% para todos los haberes previsionales, un bono de $110.000, actualizado mensualmente, y recursos adicionales para cajas provinciales no transferidas. En contraste, Ántola se abstuvo en la votación de la prórroga de la moratoria previsional, que recibió el rechazo de los bloques más alineados con el oficialismo.

En cuanto a la emergencia en discapacidad, la diputada volvió a manifestar una posición de respaldo, votando afirmativamente a la declaración hasta diciembre de 2027. Este proyecto apunta a mejorar la atención, el financiamiento y la gestión de políticas públicas para personas con discapacidad, incluyendo la regularización de pagos, actualizaciones arancelarias y mejoras en el sistema de pensiones.

Por otra parte, Francisco Morchio (Encuentro Federal) adoptó una postura más crítica frente a los proyectos votados. El legislador gualeyo votó en contra del aumento a las jubilaciones y del bono extraordinario, alineado con el discurso del oficialismo sobre el impacto fiscal de estas medidas. También se manifestó en contra de la moratoria previsional y se abstuvo en la emergencia en discapacidad, marcando distancia respecto a una iniciativa que tuvo respaldo mayoritario en la Cámara.

En total, la votación del paquete jubilatorio y de discapacidad expuso claras divisiones dentro de la representación entrerriana. Mientras los diputados de Unión por la Patria votaron de forma unificada a favor de todas las iniciativas, y figuras como Ántola buscaron un equilibrio entre respaldo social y prudencia fiscal, legisladores como Morchio se ubicaron en la vereda de la cautela frente al gasto público.

Los proyectos ahora pasaron al Senado, donde continuará el debate. Mientras tanto, en Gualeguay y en toda la provincia, crece el interés por el posicionamiento de sus representantes en temas de alta sensibilidad social.

El pedido de informes, encabezado por la radical Carla Carrizo, se da en el marco del conflicto que médicos y trabajadores del hospital vienen sosteniendo en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales. La iniciativa advierte sobre una crisis creciente en uno de los centros de salud infantil más prestigiosos de Latinoamérica, que ya ha sufrido la pérdida de más de 200 profesionales por bajos salarios.

“El Garrahan es una institución clave para la salud infantil en Argentina. Su deterioro compromete la atención de miles de chicos y chicas de todo el país”, advirtió Ántola.

El documento requiere al Poder Ejecutivo que detalle el presupuesto asignado al hospital para 2025, las transferencias realizadas en lo que va del año y el estado actual de las partidas destinadas a funcionamiento y personal.

También se consulta si hubo recomposiciones salariales desde diciembre de 2023, si el Ministerio de Salud ha mantenido reuniones con gremios y médicos del hospital, y cuántas renuncias o reducciones horarias se registraron en los últimos meses.

Además, los legisladores reclaman información sobre el estado de los programas de formación médica, especialmente el sistema de residencias, y advierten sobre la posible disminución de profesionales formados en el corto y mediano plazo.

En los fundamentos del proyecto, los diputados manifestaron su preocupación por la gravedad de la situación: salarios congelados, sobrecarga laboral y una “fuga” de médicos que compromete la calidad de atención.

“La crisis en el Garrahan no es nueva, pero se ha agravado. La pérdida de profesionales calificados y la falta de incentivos para la permanencia deben ser una alarma para el Estado”, sostiene el texto.

El hospital realiza más del 60% de los trasplantes pediátricos del país, atiende al 40% de los niños con cáncer y recibe más de 660 mil consultas anuales. Por eso, desde el Congreso piden una respuesta inmediata que garantice la continuidad de su funcionamiento y su rol estratégico en la salud pública.

La iniciativa fue firmada por los diputados Carla Carrizo, Pablo Juliano, Danya Tavela, Marcela Coli, Marcela Ántola, Melina Giorgi, Fernando Carbajal, Margarita Stolbizer y Mónica Fein, según informó Parlamentario.

El legislador Francisco Morchio votó en contra tanto de la creación de la Comisión Investigadora como de las interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Su rechazo se alineó con los bloques opositores al kirchnerismo, compartiendo postura con colegas como Nancy Ballejos (PRO) y Beltrán Benedit (La Libertad Avanza).

Por su parte, Marcela Antola optó por la abstención en ambas votaciones, una decisión que generó críticas dentro de su propio espacio. La UCR de Entre Ríos había pedido expresamente a sus legisladores que dieran quórum y respaldaran ambos proyectos, argumentando que “no se trata de una coyuntura más ni de una disputa entre bloques parlamentarios”, sino de “garantizar transparencia en la función pública y justicia social en materia previsional”.

 La abstención de Antola fue la única registrada entre los diputados entrerrianos, lo que la dejó en una posición intermedia en medio de una discusión nacional que promete escalar. Si bien se diferenció de la negativa tajante de Morchio, su falta de acompañamiento al proyecto generó interrogantes sobre su posicionamiento ante los reclamos de transparencia institucional.

En contraste, los cuatro representantes de Unión por la Patria –Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Blanca Osuna– votaron de manera unánime a favor de ambas iniciativas, consolidando una postura clara en favor de la investigación.

El debate por el llamado "Libra Gate" no solo expuso fisuras políticas a nivel nacional, sino también diferencias significativas entre los legisladores de una misma región. La postura de los diputados gualeyos, cada uno desde su enfoque, marcará sin duda el tono de la discusión política en Entre Ríos durante los próximos meses.

En una carta pública, la agrupación Unión Cívica Radical Activa de Entre Ríos exhortó a los diputados nacionales Atilio Benedetti y Marcela Ántola a dar quórum en la Cámara Baja y acompañar el tratamiento urgente de dos temas que consideran “de trascendental importancia institucional y social”.

Se trata de la conformación de una Comisión Investigadora sobre el escándalo conocido como “Libra Gate”, y el debate de un nuevo régimen que reemplace la moratoria previsional recientemente vencida, que dejó sin cobertura a millones de personas en edad jubilatoria.

Desde el sector interno del radicalismo remarcaron que “no se trata de una coyuntura más ni de una disputa entre bloques parlamentarios, sino de garantizar transparencia en la función pública y justicia social en materia previsional”.

Los firmantes del documento reclamaron a Benedetti y Ántola que actúen en sintonía con los principios fundacionales del partido, recordando que “la representación no es un privilegio ni un trampolín electoral, sino una responsabilidad ética con la Nación y su gente”.

En la misiva también se cita la Profesión de Fe Doctrinaria del radicalismo, al señalar que el partido “no es una parcialidad que lucha en su beneficio”, sino una fuerza comprometida con la “solidaridad nacional” y con la “lucha contra todos los privilegios económicos que ahogan la libertad”.

Con un tono crítico hacia la parálisis parlamentaria, el texto concluye con un llamado a dejar de lado “toda lógica mercantilista de la política” y a trabajar para que el Congreso funcione como un verdadero espacio de deliberación democrática y control republicano.

“No es momento de especular. Es momento de actuar con apego a la verdad y sentido del deber”, sentenciaron.

EDP:  ¿Cómo ve la gestión de Dora Bogdan?

Marcela Ántola: Considerando que hemos pasado un año de un ajuste brutal, creo que la gestión bastante bien ha ido y lo mismo lo traslado a la provincia. Y a otros municipios también con los que estoy en contacto permanente y sé que están pasando por un muy mal momento y una mala situación justamente por este ajuste feroz y atroz que les ha tocado vivir. Ahora con el gobierno de Millei, pero yendo al anterior con Massa cuando sacó el impuesto a las ganancias. Ahí terminó de liquidar a todos los municipios y aquel municipio que ha tenido un ahorro y aquel municipio que ha tenido las cuentas claras ha podido salir adelante y ha podido sobrellevar la situación, pero otros no.

EDP: ¿Cómo será este año que comienza para Frigerio en la Provincia?

Marcela Ántola: Espero de que esté un poco más suelto el tema con el impuesto a las ganancias y otros impuestos también que son coparticipables. Poder tener un poquito más de respiro y veo que Rogelio está haciendo una muy buena gestión, ha saneado bastante la provincia. Quedan muchas cosas igualmente por sanear, lo mismo que en el municipio y en otros municipios también, pero creo que se va a salir adelante. Todo esto a pesar de que el gobierno nacional, para mí le está errando mal.EDP: ¿Cómo afectan las medidas sobre la obra pública a los productores agropecuarios y al empleo?

Marcela Ántola: Terrible. Por la obra pública a cero, la cantidad de mano de obra que quedó sin trabajo, la cantidad de gente que quedó sin trabajo en la provincia, en el país, en los municipios... Ahora el ajuste también pasa por los hospitales, que es un tema a tener en cuenta y a ver para este año. Todos los hospitales y toda la salud está pasando por un ajuste brutal también. Ha quedado gente en la calle y tenemos mucho miedo por el tema de vacunaciones y por el tema de hospitales que no están a la altura de las circunstancias tampoco como para poder atender a la gente. Sobre todo ya vemos casos de sarampión, casos de vacunas de HIV que ya no están llegando, la verdad que es bastante complejo.

EDP: ¿Cómo evalúa las expresiones del Gobierno Nacional y su impacto en la estabilidad democrática?

Marcela Ántola: Hay un maltrato de Milei hacia los diputados, y con mucha gente que no tiene nada que ver, y se sufre ese maltrato constante. Y se verá cómo afecta a la imagen de Milei el tema de las criptomonedas, que sabemos que desde el momento cero él estuvo metido con todo esto. Pero bueno, una situación bastante compleja y complicada. Ojalá que venga la plata del fondo, pero también es complicado que siga aguantando la gente. Los jubilados, sobre todo, ajustaron a los jubilados, ajustó a las universidades, ajustó a la salud pública. La gente tiene que estar bien para poder trabajar.

EDP: Se han perdido empleados públicos y privados. Marcela Ántola: Se ha perdido mucho empleo privado. Mucho, muchísimo. Aparte del público, que es importante. Cerraron, 17.000 pymes, que eso ya está estadísticamente chequeado. El tema de las empresas privadas que dejan gente afuera. Los problemas que tenemos con Toyota, que dejó gente afuera, General Motors, que dejó gente afuera. Un montón de empresas grandes que están dejando gente afuera. Eso es lo preocupante.

EDP: ¿Cómo será este año electoral, y qué pasa con tu identidad radical en estos armados que se vienen?

Marcela Ántola: Obviamente que yo respeto mi identidad por sobre todas las cosas. También sé que estoy dentro de Juntos por Entre Ríos donde tengo que respetar cuáles sean las decisiones de Rogelio Frigerio, que es el que está gobernando y el que está apechugando toda esta situación. Hay que hacer un poco de equilibrio entre lo que uno piensa y uno siente con lo que es la realidad que se está viviendo y con lo que es gobernar una provincia totalmente saqueada y fundida. A pesar de esa cuestión, hubo momentos que tuviste una posición independiente del Gobierno Nacional: Marcela Ántola: Sí, totalmente, y la sigo manteniendo. No fue un acompañamiento ciego, digamos, al gobierno nacional. No apoyé el tema de los jubilados y el ajuste a los jubilados no lo apoyé. No apoyé el tema de la educación, del tema del ajuste a las universidades. Y ahora la semana que viene empieza el Congreso de nuevo. Tenemos sesiones de nuevo en comisión y hay una sesión pedida por el tema de la investigación y de llamar al Congreso para que vengan a hablar, y a explicar a ver qué pasó con el tema de las criptos. Vamos a ver si asisten al Congreso y podemos dialogar a ver qué fue lo que pasó realmente. 

De cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo este año, Entre Ríos renovará 5 cargos en Diputados y 3 en Senadores. En la Cámara baja, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma  de Unión por la Patria; Marcela Antola de Democracia para Siempre; Nancy Ballejos del PRO y Atilio Benedetti de la UCR culminarán su mandato el 10 de diciembre.

Mientras que en la Cámara Alta, los que terminan su cargo son Alfredo De Angeli por el Pro, Stella Maris Olalla de la UCR, y Stefanía Cora de Unión por la Patria. Cabe mencionar que Cora deberá primero asumir en reemplazo de Edgardo Kueider, que fue destituido por ser detenido en Paraguay y aplicarse prisión domiciliaria, en la sesión preparatoria de fines de febrero  salvo que haya extraordinaria previamente.

A nivel nacional se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. Unión por la Patria renovará a 46 legisladores. En el caso del Pro, pondrá en juego el lugar de 23 de sus 37 miembros.

Por la UCR, el bloque de 20 diputados que conduce Rodrigo de Loredo expondrá 14 bancas; mientras que Democracia para Siempre, el espacio de los radicales díscolos comandados por Pablo Juliano, se jugará 9 de los 12 escaños que hoy tiene. También se le termina el mandato a Mario Barletta, radical santafesino que decidió conformar su monobloque Unidos.

El bloque Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, arriesgará la mitad: 8 de 16, entre ellos Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer.

En tanto, la Coalición Cívica, de 6 integrantes, se jugará 4 escaños; Innovación Federal, 3 de 9; el Frente de Izquierda, 4 de 5; Independencia 2 de 3; Producción y Trabajo, 1 de 2; y Por Santa Cruz 1 de 2.

Además del de Barletta, los monobloques que expondrán su banca serán Movimiento Popular Neuquino, de Osvaldo Llancafilo; CREO, de Paula Omodeo; y Defendamos Santa Fe, de Roberto Mirabella, recientemente salido de UP.

De los 20 bloques que conforman la Cámara de Diputados, no pondrán en juego nada el MID, con 3 integrantes, y Fuerzas del Cielo- Espacio Liberal, unipersonal de Lourdes Arrieta. (APFDigital)

Una docena de radicales alineados con el presidente del radicalismo, Martín Lousteau, y el diputado Facundo Manes, abandonaron este miércoles el bloque que conduce Rodrigo de Loredo. La nueva bancada será conducida por un hombre muy cercano al neurocientífico: el bonaerense Pablo Juliano.

Cabe destacar que los integrantes de este nuevo bloque son la entrerriana Marcela Antola, el correntino Manuel Aguirre, el formoseño Fernando Carbajal, Carla Carrizo (CABA), Mariela Coletta (CABA), Marcela Coli (La Pampa), Melina Giorgi (Santa Fe), Pablo Juliano (Buenos Aires), Facundo Manes (Buenos Aires), Juan Carlos Polini (Chaco), Jorge Rizzotti (Jujuy) y Danya Tavela (Buenos Aires).

De estos diputados, solo tres están alineados con gobernadores: Giorgi, con Maximiliano Pullaro; Rizzotti, con el jujeño Carlos Sadir y Polini con el chaqueño Leandro Zdero.

Por su parte el dirigente radical entrerriano, Atilio Benedetti, continuará formando parte del bloque que conduce Rodrigo de Loredo que queda reducido a 21 miembros.

La noticia se conoció al caer la tarde, luego de una jornada cruzada por los rumores, que concluyó con la confirmación de la ruptura que el martes parecía haberse evitado.

Sucede que ya al final del día martes, a pesar de haberse alcanzado antes una suerte de entendimiento para poner las diferencias en stand by mientras buscaban caminos de salida, los rebeldes aceleraron pidiendo una reorganización del bloque y cargos en la conducción.

Tampoco cayó nada bien la aparición del tucumano Mariano Campero en un programa político el martes por la noche, con declaraciones que desataron una nueva embestida del sector duro contra los conocidos como “radicales peluca”.

Ya estaba previsto que un grupo de diputados del radicalismo asistiera este miércoles a la Casa Rosada para formar parte de la reunión habitual con el Gobierno a la que también asisten diputados del Pro y el MID, en este caso para hablar fundamentalmente sobre el Presupuesto. Ninguno de los diputados duros del radicalismo se sumó a ese encuentro, y sí estuvo en cambio Luis Picat, uno de los cinco radicales cuya expulsión del bloque reclamaban los que ahora dieron el portazo, publicó Parlamentario. (APFDigital)

Recientemente, el Gobierno Nacional publicó en el Boletín Oficial la habilitación de los menores -a partir de los 13 años- a invertir en acciones, bonos y Cedears con el requisito de contar con el permiso correspondiente y asesoramiento de los padres. Al respecto la Diputada opinó “El gobierno argumenta que la decisión es una forma efectiva de alejar a los adolescentes de estafas piramidales, de los esquemas ponzi y apuestas en línea. Pero se olvida del pilar fundamental para evitar convertir estas medidas en un riesgo más.” Y enfatizó, “Primero debe garantizarse la implementación urgente de un proceso serio de educación financiera, desde  temprana edad, para darles mejores herramientas a nuestras generaciones futuras”.

“Los están habilitando a que arriesguen los ingresos de sus familias. Les están inculcando que se concentren en producir ganancias cuando la legislación pone barreras para introducirlos al mercado laboral justamente porque en esa edad deben ocupar su tiempo en estudiar, divertirse, formar su personalidad y construir su identidad.”, arremetió Antola. 

En la Resolución General 1023/24 de la CNV puede leerse que el tope para operar, para los menores de edad desde los 13 años en adelante, es el monto de un Salario Mínimo Vital y Móvil. Sobre esta cuestión la legisladora radical cuestionó “Yo me pregunto de dónde van a salir esos fondos cuando no se los pueda proveer la familia. ¿No será una puerta abierta a las avivadas de otros que se quieran aprovechar de la vulnerabilidad de los jóvenes?”.

“Nos preocupa y ocupa la gran cantidad de jóvenes que están involucrados en apuestas en línea y sufren de ludopatía. Es una problemática que estamos abordando hace tiempo en la Comisión de Prevención de Adicciones escuchando a expertos y a los propios chicos. De hecho tengo un proyecto presentado al respecto, próximo a recibir dictamen para ser tratado en el recinto.”, agregó la entrerriana refiriéndose a su proyecto que aborda la regulación de apuestas online.

 “Hoy vemos que caer en estafas piramidales o esquemas ponzi es un riesgo al que está expuesta la mayor parte de la población. Actualmente, los medios nacionales están haciendo foco en el caso de San Pedro pero sabemos que hay varias localidades entrerrianas afectadas. Es decir que la vulnerabilidad frente a este tipo de engaños no distingue edades, ni lugares. De ahí que la educación financiera es una necesidad latente que subyace a todos los grupos etarios”, añadió la legisladora radical haciendo mención a los damnificados por la posible estafa piramidal Raimbowex/ Knight Consortium.

Al concluir enunció contundente, “Creo que sobran razones para dar marcha atrás con la medida. Primero educación financiera y después un debate serio sobre este tipo de habilitaciones.”

“La universidad pública, gratuita y de calidad es uno de los mayores orgullos que tenemos los argentinos. Milei busca desprestigiar el sistema universitario porque no le interesa la educación pública, esto ya quedó demostrado cuando eliminó, entre otros, los fondos para conectividad y el Fonid”, sostuvo la legisladora.

“El oficialismo acusa a las universidades de inventar estudiantes para cobrar más fondos, pero los fondos no se asignan por cantidad de estudiantes. Los fondos se calculan teniendo en cuenta gastos de funcionamiento, inversión para ciencia y tecnología y salarios de docentes y no docentes”.

En la misma línea sostuvo: "Plantean que los pobres no están en la universidad, pero sabemos que más del 48% de los estudiantes inscriptos en materias durante el 2024 están por debajo de la línea de pobreza. También dicen que los docentes están bien pagos cuando  más del 85% están por debajo de la línea de la pobreza”.

“Lo mismo sucede con las auditorías, todos los gastos de las universidades están debidamente registrados. Todos los meses entregan al Ministerio de Capital Humano información del personal y del presupuesto, realizan auditorías internas propias y externas por parte del Congreso de la Nación, más evaluaciones internas propias y externas de la Coneau." Y remarcó: "Este argumento es tan falso que están vetando la ley que en su artículo 7 establecía que las auditorías las realice la Auditoría General de la Nación”.

“El gobierno miente también al decir que la Ley de Financiamiento Universitario atenta contra el equilibrio fiscal porque representa apenas el 0,14% del PBI”.

Luego, la diputada aseveró que “las universidades públicas nacionales crean el conocimiento que después se aplica para mejorar los procesos productivos; preparan a los docentes que enseñan a nuestros gurises; forman diferentes profesionales”.

"Como radical voy a seguir trabajando por defender la educación pública y las universidades nacionales. Espero sinceramente que el gobierno la vea y deje de atacar nuestro sistema universitario”, concluyó Antola. (APFDigital)

En los primeros tres puntos del pedido de informes, demandan:1. Informe si tal como comentó el ministro Caputo en un reportaje televisivo, se va a proceder al cierre del ENOHSA. Si así fuera, indicar cómo se realizará tal cierre ya que dicho organismo fue creado por la ley 24583.

2. Informe cuáles son las denuncias de corrupción realizadas durante su gestión relacionadas con el ENOHSA, dado que el ministro Caputo denominó en sus declaraciones que el ente era un “Antro de corrupción” y “Caja negra de la política”.

3. Informe si se continuarán las obras en ejecución por el ENOHSA y cómo se llevarán a cabo.Por último, los diputados radicales solicitan “al ministro de economía Lic. Luis Caputo, al secretario de obras públicas de la Nación Ing Luis. Giovine y el subsecretario de recursos hídricos, Ing. Andrés Rodríguez que se presenten a la comisión de Obras públicas de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de explicar las razones del anunciado cierre, y cómo se gestionarán en el futuro las obras de agua potable y saneamiento”.

La ley impugnada había sido promovida por distintas bancadas opositoras, especialmente el radicalismo, previendo entre otros puntos un aumento de los haberes jubilatorios, una nueva fórmula para calcular las actualizaciones y el giro de los fondos de Anses a las provincias que no han transferido sus regímenes previsionales como Entre Ríos.Este miércoles –con el cambio de postura de un puñado de diputados radicales y con la descompensación en la relación de fuerzas que supuso la renuncia de Pedro Galimberti y la jura en su reemplazo de Nancy Ballejos– no se reunieron los dos tercios requeridos para rechazar el veto.

Los votos, en detalle

Hubo 153 votos a favor de sostener la ley pero no fueron suficientes. Hubo 87 votos negativos y 8 abstenciones.

Por Entre Ríos, votaron a favor de la permanencia de la ley, los radicales Marcela Ántola, Atilio Benedetti; al igual que los peronistas Gustavo Bordet, Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Blanca Osuna; en contra, se expresaron Nancy Ballejos, del PRO, y Beltrán Benedit de La Libertad Avanza. Estuvo ausente el dirigente del PRO, Francisco Morchio.

La sesión se inició con fuertes críticas por la renuncia de Galimberti (que hubiera sido un voto en favor de la ley) y la arbitrariedad de los plazos dispuestos por la Cámara baja que inició la sesión con la jura del reemplazante del diputado. La legisladora del PRO, Nancy Ballejos juró y ocupó su banca al inicio de la sesión lo que habilitó que pudiera sumar su voto en favor de la postura de la Casa Rosada.Fuente: Página Política