La disputa en el pabellón N° 2 de la Unidad Penal de Victoria era conocida por todos sus internos: Justo Silva, de 53 años, alias Suru, quería mantener la disciplina, que los más chicos estudien y trabajen y que nadie entre droga ni pastillas. Contra él se reveló un pibe del barrio Gaucho Rivero de Paraná, que ya tenía cuatro muertes a sus 20 años: Kevin Paniagua. Con otros dos cómplices, Ramón Ismael Framulari, conocido como Bebe, de 19, y Maximiliano Exequiel Chamorro, alias Coyi, de 20, perpetraron la peor masacre en la historia criminal reciente de Entre Ríos, dentro de la cárcel.

Ayer comenzó en Gualeguay el juicio por el séxtuple homicidio que tuvo como víctimas fatales al mencionado Silva, Marcelo Beber, de 31 años; Brian Alarcón, de 21; Vladimir Casco, de 20; Marcelo Rodríguez, de 30; y Francisco Alberto Coronel, de 19, y como único sobreviviente a Emilio Oscar Suárez, de 27.

Por la gran cantidad de personas que deben estar en el juicio, los Bomberos de Gualeguay prestaron su salón para el desarrollo del debate. Además de los jueces y las partes, hay tres imputados peligrosos con tres custodios cada uno; y muchos de los testigos son presos que deben ser trasladados con custodia penitenciaria.

El Tribunal de Juicio de Gualeguay está integrado por Dardo Tórtul (presidente), Javier Cadenas y Darío Crespo. El fiscal que acusa a los imputados es Eduardo Guaita, quien llevó adelante la investigación reuniendo numerosas pruebas desde el primer momento. Actúan como querellantes Carlos Reggiardo y Diego Calderón, mientras que los defensores son José Barbagelata y Susana Alarcón.

La audiencia comenzó con los alegatos de apertura. El fiscal Guaita expuso cómo pudo reconstruir el hecho, que sucedió a las 6 del 7 de junio de 2018. Cuando los agentes penitenciarios entraron al pabellón y abrieron las celdas, Paniagua, Framulari y Chamorro estaban preparados: salieron de su celda, prendieron fuego un colchón, lo metieron en la celda donde estaban Silva y seis internos más y cerraron la puerta. En los 120 segundos que pasaron hasta que otros presos y penitenciarios fueron a rescatarlos, seis murieron calcinados o ahogados entre el fuego y el humo, y solo uno sobrevivió con graves secuelas en las piernas.

Tanto el fiscal como los querellantes adelantaron que pedirán la pena máxima de prisión perpetua para los acusados, por el delito de homicidio calificado, por alevosía (que es actuar sobre seguro, sin posibilidad de defensa de las víctimas), ensañamiento (generar un sufrimiento innecesario), utilización de un medio que genera un peligro común (al haber desatado un incendio) y por la premeditación de tres o más personas.

El conflicto

El primer testigo en declarar fue Walter Sosa, un interno que compartía la celda N° 3 con los imputados. En su relato, recordó que como no iba a formar parte del ataque criminal, fue maniatado esa madrugada para que no arruinara los plantes, mientras Paniagua, Framulari y Chamorro pergeñaban cada paso de la masacre. Sosa recordó que cuando los asesinos salieron para concretar el ataque, pudo desatarse y fue el primero en correr hacia la celda N° 2 de las víctimas para abrir la puerta, y junto a los demás internos del pabellón comenzó a intentar rescatarlos.

Este caso cuenta con una particularidad y una prueba privilegiada: el video grabado por la cámara de seguridad del pabellón, que registró toda la secuencia del séxtuple homicidio. El mismo fue reproducido ayer en la audiencia para que el tribunal pudiera observarlo. Y no lo hicieron una, sino cinco veces. Si bien es una imagen en blanco y negro sin sonido, las corridas y sobre todo la incandescencia que se observaba en la puerta de la celda incendiada causó estupor en todos los presentes. El fuego se había propagado rápidamente desde el colchón encendido que arrojaron los imputados hacia los demás colchones y ropa de los siete presos que dormían amontonados en ese sector.

Luego declararon en el juicio otros cinco testigos, también internos del mismo pabellón que observaron parte del suceso. Todos reconocieron que fueron los tres imputados los autores de la masacre. Y en lo que todos también coincidieron fue en la disputa que existía por el control de ese sector del establecimiento carcelario. Por un lado, Silva y algunos más que pretendían mantener la calma; por otro, los jóvenes encabezados por Paniagua que pretendían hacer entrar pastillas de psicofármacos y otras drogas.

"Se sabía eso que Silva no dejaba entrar pastillas, que tenía una forma más estricta de manejarse, algunos no estaban de acuerdo con eso", dijo uno de los presentes en el juicio a UNO.

Falta que declaren tres más y después el SPER, médico forense, Borré, el perito de Bomberos de incendios, y peritos químicos

Si bien estaba previsto que las audiencias del debate continuaran durante toda esta semana e inicios de la próxima, por el paro de empleados judiciales el juicio se reanudará el viernes. Restan declarar tres internos más, y después lo harán efectivos del Servicio Penitenciario, el médico forense que practicó las autopsias, el entonces jefe de Bomberos Zapadores quien referirá las pericias que se hicieron en el lugar del incendio, y peritos químicos, entre otros.

Paniagua, al parecer, se aburrió en la audiencia y pidió no seguir concurriendo al juicio hasta el día de la sentencia, instancia en la que es obligatoria la presencia del imputado.

Cansados de las postergaciones y de estar a las vueltas a la espera del inicio del juicio por la peor masacre en la historia criminal de la provincia, los familiares de las víctimas del séxtuple homicidio ocurrido en la cárcel de Victoria piden al Tribunal de Juicio de Gualeguay que el debate se haga de una vez. "Juegan con los sentimientos de uno", dijo la mamá de uno de los jóvenes asesinados.

El jueves pasado iba a comenzar el juicio contra Kevin Paniagua, Ramón Framulari y Maximiliano Chamorro por el múltiple crimen de Justo Silva, Marcelo Beber, Brian Alarcón, Francisco Coronel, Vladimir Casco y Marcelo Rodríguez, y por el intento de homicidio del único sobreviviente, Emilio Oscar Suárez. Sin embargo, el Tribunal gualeyo (integrado por Dardo Tórtul, Eduardo Cadenas y Darío Crespo y Roberto Cadenas) volvió a suspenderlo. Esta vez, como en otras de las seis postergaciones, el argumento es la pandemia y la falta de condiciones de la sala de audiencias para garantizar el distanciamiento y demás medida sanitarias.

El 7 de junio de 2018, a las 6 de la mañana, los guardiacárceles abrieron las celdas de cada pabellón. Ese momento fue aprovechado por los atacantes quienes estuvieron toda la madrugada planeando y esperando el momento: encendieron un colchón, lo arrojaron adentro de la celda donde dormían las siete víctimas y trabaron por fuera la puerta. Los dos minutos que pasaron hasta que llegaron los penitenciarios a auxiliarlos fueron suficientes para consumar la masacre, con seis asfixiados y calcinados.

La anterior postergación fue la semana anterior, ya que la fecha del juicio estaba fijada para el 8 de abril, pero lo pasaron porque un imputado cambió de abogado defensor y necesitaba tiempo para estudiar la causa. Entonces fijaron el jueves 15, pero dos días antes el Tribunal notificó a las partes la suspensión. Los jueces pidieron al médico forense de la jurisdicción que informe sobre si la sala de los Tribunales locales, ubicada frente a la plaza Constitución, tiene las condiciones necesarias para garantizar las medidas sanitaria por la pandemia. Esto, teniendo en cuenta que se trata de un caso con tres imputados que están presos, y por cada uno debe haber dos custodios (policías o penitenciarios). Además, la mayoría de los testigos también son internos de unidades penales, que también deben ir acompañados por uniformados. Se les suman el fiscal, tres defensores, dos querellantes, los tres jueces y un secretario. Y también los familiares de las víctimas que quieran presenciar el juicio . El informe del médico fue un contundente "no" respecto a las condiciones del lugar.

Además, cabe agregar que si bien algunos podrían seguir el juicio por video conferencia, como sucede en otros debates y audiencias en la provincia (por ejemplo, a los imputados no los sacan de las cárceles), resulta que en los Tribunales de Gualeguay hay una muy mala conexión a internet que impediría implementar tal sistema para juzgar a los acusados por la masacre.

Más allá del contexto sanitario, creen que se deben garantizar las condiciones urgente para realizar el debate, porque no sólo se trata de la peor masacre perpetrada en la provincia, sino que además el hecho reviste una inusitada gravedad institucional: seis personas que estaban bajo custodia del Estado, terminaron muertas.

"Necesitamos el juicio"

José Alberto Casco es el padre de Vladimir, quien desde la ciudad de Victoria en diálogo con UNO dijo: "Estoy a la espera pero nos vamos cansado de tanto esperar y esperar y esperar. El fiscal está más apurado que yo para que se haga Justicia. El tema es que se suspende por la pandemia, que no nos podemos juntar tanta gente. Me tiene preocupado todo esto, voy a esperar unos días más y hablar con mi abogado, porque podría ser virtual el juicio".

"Yo quisiera conocerlos a los asesinos que me mataron a mi hijo y también a un amigo, Rodríguez, que vivía a unas cuadras de mi casa. Yo comprendo que estamos en una pandemia brava pero habría que hacerlo en otro lugar", agregó.

La esposa de Casco y madre de la víctima ha sufrido en su salud las consecuencias del asesinato de su hijo, por lo que se encuentra en cama inmovilizada. "Necesitamos el juicio, quiero que se cierre esta etapa", dijo el padre de la víctima.

Recordando a su hijo, contó: "Había bandeado los dos tercios, en dos o tres meses más ya salía, había estudiado, sacó el segundo año, con buen comportamiento". En este sentido, cuestionó: "¿A dónde se ha visto que vayan a poner a una persona con antecedentes graves y condenas de 13 o 15 años con muchachos que tenían dos años y nueve meses?".

También el hombre, como los demás familiares de las víctimas,tienen críticas para el personal penitenciario: "Los guardiacárceles tienen algo de culpa porque tenían la cámara de monitoreo y ¿qué estaban viendo en ese momento de cambio de guardia? ¿dónde estaban ellos? Vi los videos, (los asesinos) van marchando despacito, miran y abren la puerta y le tiran el colchón y les cierran de afuera".

"Yo no puedo salir con pancartas, porque eso depende de la justicia de Gualeguay. Yo no sé cuándo me voy a ir de este mundo, voy a cumplir 68 años y estoy con todos los dolores, quiero justicia lo más pronto, yo se que va a llegar, a mi hijo no lo voy a recuperar, no hay plata en el mundo que me lo devuelva", concluyó Casco.

"Es muy injusto"

Para mí es muy injusto porque siempre pasa algo cuando se acerca la fecha del juicio", lamentó Soledad, la madre de Brian Alarcón, de Paraná, y agregó: "He hablado con el abogado y he expresado mi molestia. También pensamos hacer alguna marcha, pero el juicio se hace en gualeguay y hay que viajar todos los familiares y no estamos todos de acuerdo".

"Yo siento que no le dan importancia que debería. Más allá que eran internos de un penal eran personas, seres humanos, para mi fue una masacre lo que hicieron y de la forma que lo hicieron. Es la quinta vez que lo vienen suspendiendo, es injusto. Para mí los asesinos no tendrían que gozar de ningún beneficio, ni de tener visita, porque a mi hijo yo nunca más lo voy a ver", afirmó la mujer.

"Pedí que se haga otro petitorio para que se insista y que no pase otro año más y se haga justicia. No soy una mamá negadora, él estaba preso, cometió sus errores como todos lo hicimos y estaba encerrado pagando por eso. Y estas personas los encierran en una celda y los prenden fuego. Fue una masacre con alevosía, y como mamá me entristece mucho, cada vez que llega la fecha se me remueve todo, tengo que revivir y recordar todo, cómo lo dejaron y cómo lo enterramos. Juegan con los sentimientos de uno", dijo Soledad.

También cuestionó que al menos el hecho se podría haber intentado evitar: "Me parece que no es una causa menor, porque son personas y deberían haberlos cuidado. Habiendo cámaras, nadie se dio cuenta de nada", dijo la madre de una de las víctimas.

"Ya no da para más, ahora el 7 de junio van a ser tres años desde que pasó. Quiero cerrar una etapa, que se haga justicia, y que les den cadena perpetua. Que mi hijo pueda descansar en paz porque se hizo justicia. Ni siquiera les dieron oportunidad de defenderse. Por más que no lo tenga más a mi hijo conmigo voy a estar tranquila porque no me quedé quieta. Pero cuando estamos al pasito de llegar para que empiece el juicio siempre se posterga", cuestionó Soledad.