La Causa Cuadernos sumó este martes un nuevo capítulo en el marco del juicio que investiga una presunta red de sobornos durante el kirchnerismo. Guillermo Escolar, geólogo y extitular de Cleanosol Argentina S.A., firma dedicada a señalización y demarcación de rutas, afirmó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 haber falseado su testimonio como arrepentido para evitar ser detenido. "Fue totalmente bajo coacción", denunció ante los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero.

Escolar indicó que, junto al dueño de la compañía, Oscar Sansiseña, concurrieron a una escribanía para dejar asentada la verdad de lo ocurrido. "Habíamos dicho lo que querían escuchar para no quedar detenidos. Armamos un invento para no quedar detenidos", leyó ante el tribunal. Con esa declaración, desmintió su testimonio previo y negó tener conocimiento de un entramado de corrupción.

En su indagatoria, Escolar también describió el mecanismo que, según afirmó, utilizaba el juzgado para presionar a los declarantes. Relató que el día en que Hugo Dragonetti amplió su declaración, este apareció esposado y con casco en la sala donde esperaban quienes estaban por declarar. "Todos entendieron el mensaje", dijo, y señaló que a partir de ese momento los presentes "empezaron a declarar".

Según su reconstrucción, quienes negaron los pagos quedaron detenidos, mientras que Dragonetti —quien declaró lo que el juzgado esperaba escuchar— fue liberado. "Mágicamente dejó de ser un delincuente peligroso", ironizó. En esa línea, también mencionó el caso de Norberto Ardisone, quien según Escolar sufrió presiones similares.

Escolar y Sansiseña habían sido acusados por asociación ilícita vinculada a 54 presuntos pagos de cohecho, lo que derivó en un embargo de 26 millones de dólares. Recién en la instancia superior, la Cámara retiró la imputación por asociación ilícita y el embargo fue reducido.

El empresario Mario Rovella también declaró este martes ante el mismo tribunal que mintió bajo "coacción psicológica". "Me vi obligado a reconocer pagos. Si no aceptaba me detenían", afirmó, y aclaró que nunca le entregó dinero al financista Ernesto Clarens. Rovella había dejado asentado ante un escribano, un día antes de declarar, que su testimonio no sería veraz y que se vería obligado a prestarlo bajo presión. Además, remarcó que fue sobreseído en todos los juicios iniciados en San Luis y que su empresa, Rovella Carranza, "nunca tuvo un beneficio de parte de Vialidad Nacional".

La semana pasada había sido Daniel Pitón quien reveló que fue inducido a incorporar en su testimonio referencias a pagos que nunca existieron. Pitón describió un clima de temor entre los empresarios convocados a Comodoro Py, quienes llegaban con miedo a quedar detenidos ese mismo día. "Nos vimos en la obligación de mentir para no ir presos", había dicho.

Ante las exposiciones del día, las defensas solicitaron extraer testimonios para formular una denuncia por supuesta coacción contra el fiscal federal Carlos Stornelli.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal Nº 7, con un total de 87 imputados, entre ellos 22 exfuncionarios y 65 empresarios, acusados de presuntos pagos de sobornos y aportes ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas entre 2003 y 2015.

Entre los acusados se encuentran tres empresarios de Entre Ríos:

El juicio, que se transmite en vivo a través del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, contempla una primera etapa dedicada a la lectura de la acusación fiscal, la presentación de pruebas y la definición de las responsabilidades individuales. Se estima que el proceso durará más de un año debido al volumen de documentación y testigos convocados.

Además de la expresidenta, están imputados exfuncionarios de alto rango como Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, Claudio Uberti, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, a quienes la fiscalía atribuye roles centrales en la supuesta estructura de recaudación ilícita.

El caso involucra también a directivos de grandes constructoras como Electroingeniería, IMPSA, Panedile, Cartellone, Esuco, Indalo e IECSA, entre otras, varios de ellos bajo la figura de imputados colaboradores por haber aportado información o reconocido pagos durante la investigación.

Según la acusación, los empresarios habrían realizado pagos irregulares para agilizar trámites o garantizar la continuidad de sus contratos con el Estado.

Fuente: AHORA / Poder Judicial de la Nación

Los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (con voto propio) avalaron lo resuelto por el juez federal Sebastián Casanello, quien ya había procesado previamente a los principales imputados. Esta vez, tras una nueva ronda de medidas de prueba, la Cámara dejó firme la decisión y colocó a los acusados a un paso del juicio oral.

Uno de los aspectos centrales de esta causa es que se procesó no solo a personas físicas, sino también a dos personas jurídicas, aplicando la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017. Según la investigación, las empresas habrían sido beneficiarias directas de los presuntos delitos cometidos por sus directivos, quienes habrían actuado en connivencia con funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

“Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos a título exclusivamente personal, sino que hubo beneficio de la sociedad como tal”, afirmaron Irurzun y Farah.

Los camaristas también remarcaron “la organización defectuosa” de las compañías, incluyendo la “ineficacia de sus programas de integridad”.

La causa se inició en diciembre de 2017 a raíz de una denuncia de Javier Iguacel, entonces titular de la DNV, por supuestas irregularidades en obras viales realizadas en Córdoba y Buenos Aires entre 2017 y 2018.

Entre los elementos clave de la investigación figuran los testimonios de una auditora que denunció pagos por obras no realizadas, y de un supervisor de Vialidad que aseguró haber recibido presiones para participar en la maniobra, que incluyó el falseamiento de documentos y destrucción de evidencia.

Uno de los principales implicados es Guillermo Crisci, excoordinador ejecutivo de la Dirección de Obras de la DNV, señalado como el nexo entre los funcionarios y las empresas constructoras. Según el fallo, Crisci habría intentado manipular informes técnicos para beneficiar a las empresas a cargo de los tramos “Cañada Jeanmarie-Arroyito” y “Arroyito-Río Primero” de la Ruta Nacional 19 (en Córdoba), y también en el tramo “Pergamino-Fontezuela” de la Ruta 8.

La maniobra, según la acusación, consistía en declarar terraplenes de mayor tamaño que los realmente construidos, lo que generaba pagos excedentes por parte del Estado, que luego eran devueltos como sobornos mediante contrataciones simuladas con empresas vinculadas a los funcionarios.

“Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, habría dicho Crisci a un subordinado que se negó a participar del fraude.

Entre los procesados se encuentran, además de Crisci, los exfuncionarios Fernando Mardiza y Ernesto Leal, así como los empresarios Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández, junto con otros trabajadores de menor rango y personas vinculadas como presuntos intermediarios, incluidas las esposas de Crisci y Mardiza.

Las empresas Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. fueron procesadas por cohecho activo, y el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por más de 632 millones de pesos.

En su fallo, Casanello subrayó que las investigaciones por delitos de corrupción requieren un enfoque sistémico, capaz de conectar hechos aislados y aparentemente lícitos para develar el entramado delictivo.

“Detener el examen en la mera superficialidad asegura el fracaso de toda investigación sobre este tipo de criminalidad compleja”, señaló el juez.

Además, el magistrado advirtió sobre posibles fallas estructurales en la Dirección Nacional de Vialidad, al advertir similitudes entre esta causa y otras investigaciones por corrupción en obras públicas. Fuente:La Nación

Culmina la prisión preventiva de Milagro Sala en la Megacausa pero seguirá con arresto domiciliario

La Justicia jujeña resolvió hoy el cese de la prisión preventiva de la dirigente social Milagro Sala tras vencerse el plazo sin haber sido juzgada en la denominada Megacausa que también investiga al ex gobernador Eduardo Fellner y a otros ex jefes comunales y ex funcionarios, informaron fuentes judiciales.

La revocación de la prisión preventiva para la líder de la Tupac Amaru se conoció hoy mientras la activista social espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre un recurso de queja presentado por sus abogados defensores para anular el juicio llamado "Pibes Villeros", otra causa por el cual fue condenada a 13 años de prisión, resolución que aún no quedó firme.

El juez en lo penal económico de Jujuy, Rodolfo Miguel Fernández, que lleva adelante la Megacausa desde septiembre, consideró que de mantenerse la medida de restricción, se estaría ante una violación del derecho constitucional a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad, según establece la Convención Americana de Derechos Humanos.

"La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática, al tiempo de constituir la medida más severa que se puede imponer a un imputado", argumentó el magistrado.

La Megacausa, investigación impulsada por el actual mandatario jujueño Gerardo Morales cuando inició su primera gestión, indaga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas, la que promovió la imputación de 23 personas, entre ellos ex jefes comunales, el ex gobernador Eduardo Fellner y la dirigente Milagro Sala, quien cumple un arresto domiciliario.

El cese de la prisión preventiva alcanza además a las dirigentes Mirta Aizama y Gladys Díaz, quienes recuperarán la libertad tras permanecer más de dos años con arresto domiciliario.

"Al analizar la causa advertimos que las tres imputadas venían sufriendo una prisión preventiva desde el 11 de abril de 2016 y al 11 de abril de 2018 se completaron los dos años que puede durar el proceso penal de conformidad con el artículo 13 de nuestro Código Procesal Penal", aclaró Fernández en declaraciones a la prensa local.

Sobre ese punto argumentó: "Hay tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que toda persona que esté privada de la libertad por más de dos años y no tenga sentencia deberá ser puesta en libertad", refirió.

Por su parte el Luis Paz, abogado de la referente del campo popular dijo a Télam que "Milagro Sala, solo sigue detenida por la causa Pibes Villeros y esperamos que la Corte Suprema de Justicia resuelva prontamente el recurso de queja que se presentó por parte de la defensa y que ordene definitivamente la nulidad del juicio como lo pedimos", sostuvo.