La medida, impulsada por los ministerios de Defensa y Capital Humano, apunta a fortalecer los valores de esfuerzo, disciplina, camaradería y compromiso con la Nación, además de brindar formación técnica útil para la vida civil.

Los soldados voluntarios podrán capacitarse en áreas como cocina, mecánica, vigilancia, tareas administrativas, mantenimiento y logística. Además, accederán a:

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios.

Asistencia médica y obra social.

Capacitación profesional y experiencia laboral.

Posibilidad de renovar el compromiso de servicio por otros dos años.

El compromiso inicial es de dos años, con posibilidad de renovación por única vez hasta cumplir los 28 años.

Para postularse como Soldado Voluntario de la Fuerza Aérea Argentina, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 28 años.

Ser argentino/a nativo, naturalizado o por opción.

Ser soltero/a (puede tener hijos o personas a cargo).

Tener estudios primarios aprobados y, para ingresar a la Fuerza Aérea, secundario completo.

No contar con antecedentes penales ni contravencionales.

Aprobar el examen psicofísico obligatorio.

La inscripción debe hacerse de manera personal y gratuita (no se requiere gestor). La documentación a presentar incluye:

Solicitud de inscripción con foto 4x4 color.

Fotocopia del DNI con domicilio actualizado.

Partida de nacimiento.

Certificado de estudios.

Constancia de CUIL.

La inscripción está abierta de forma permanente. Los interesados deben acercarse al Centro de Incorporación Zonal más cercano, como por ejemplo:

II Brigada Aérea – Paraná, Entre Ríos (Jorge Newbery 3820, Tel. 0343-4260378 Int. 22183).

Para especialidades en Seguridad y Defensa, se puede escribir a: incorporasegdef@faa.mil.ar.

La Fuerza Aérea Argentina recuerda que todos los trámites son personales y no requieren intermediarios.

Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que el Gobierno pondrá en marcha “el Servicio Militar Voluntario para jóvenes entre 18 y 28 años, que deseen servir a la Nación”. La declaración se dio en la conferencia de prensa de este jueves.

“Funcionará un programa educativo y formación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria. El Servicio Militar Voluntario formará y certificará a los ciudadanos en oficios concretos como cocinas, talleres mecánicos o tareas de vigilancia, que les ayudarán a seguir construyendo su futuro”, expresó.

Además, dijo que “con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencia, se incrementaron las semanas de instrucción militar inicial y se amplió la formación en tareas de emergencia y respuesta ante catástrofes como inundaciones o incendios”. El objetivo es “inculcar en los jóvenes argentinos los altos valores que siempre caracterizaron a las fuerzas armadas: esfuerzo, valor, la disciplina y el amor por nuestra Nación”.

“Todos los que sientan el fuego sagrado de representar a nuestras fuerzas y servir a la Patria, son bienvenido”, concluyó.

En un fallo dividido, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el procesamiento de Juan Facundo Candioti por encubrimiento agravado y por su participación necesaria en las lesiones psicológicas sufridas por dos soldadas voluntarias, M.G.K. y R.E.D., quienes denunciaron haber sido víctimas de acoso y violencia sexual por parte del sargento Fernando Gabriel Tagnani.

El exjefe del escuadrón, que ya se encuentra bajo prisión preventiva, está además imputado por la tenencia de material de abuso sexual infantil hallado en su teléfono personal, que incluía 69 imágenes y 249 videos descargados a través de Telegram. El contenido involucraba a menores de 13 años.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri, había resuelto inicialmente el procesamiento de Candioti tras la acusación del fiscal Pedro Rebollo. Según la investigación, el teniente coronel no actuó con la debida diligencia tras recibir, en junio de 2022, la notificación del encargado del Escuadrón sobre las denuncias realizadas por M.G.K. Contra lo que establecen las reglamentaciones internas, omitió activar los protocolos institucionales de protección y disciplina.

Hechos similares se le imputan en relación con la denunciante R.E.D., aunque con diferencias en la valoración judicial. Mientras que una de las camaristas votó por anular esa parte del procesamiento por falta de fundamentos, la mayoría del tribunal coincidió en que había elementos suficientes para sostener el cargo de encubrimiento agravado también en ese caso.

La defensa de Candioti apeló la resolución original, señalando que no se había demostrado incumplimiento de normas ni nexo entre su conducta y las secuelas psicológicas de las víctimas. Además, argumentaron que no había motivación de género comprobada en la denuncia de R.E.D., reduciéndola a un posible abuso de autoridad sin connotación de violencia de género.

Pese a ello, las juezas Beatriz Aranguren y Cintia Gómez rechazaron la apelación y confirmaron la resolución del juez Viri. Coincidieron en que Candioti incumplió sus deberes al no proteger a las víctimas ni activar los mecanismos institucionales previstos.

El tercer integrante del tribunal, Mateo Busaniche, se mostró parcialmente disidente: no encontró suficiente vínculo causal entre las omisiones del militar y las lesiones psicológicas de M.G.K., pero coincidió en mantener el procesamiento por encubrimiento agravado en ambos casos.

Durante la investigación de las denuncias internas, el celular de Candioti fue sometido a peritajes. La Prefectura Gualeguaychú detectó en el dispositivo más de 300 archivos con contenido sexual infantil. Aunque la aplicación Telegram había sido eliminada del celular, los investigadores lograron vincular las descargas con el dispositivo y con el propio Candioti.

Con esta prueba, el fiscal Rebollo solicitó un nuevo procesamiento por tenencia de pornografía infantil, al amparo del artículo 128 del Código Penal. El juez Viri hizo lugar al pedido y ordenó su prisión preventiva.Fuente:analisis.com

La Justicia pidió explicaciones y el Gobierno se despega El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, brindó explicaciones, tras la difusión de la polémica visita, y aseguró "que la decisión de esos seis diputados no es representativa del Gobierno ni del bloque" de LLA, sino que se trató de una "agenda personal" de quienes se reunieron con Astiz, entre otros presos condenados. Este viernes la Justicia le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informes sobre las características y circunstancias del encuentro. Lo hizo el juez del Tribunal Oral Federal n° 5 de CABA, Daniel Obligado, que presidió varios juicios de lesa humanidad donde fueron condenados decenas de represores, entre ellos el marino Alfredo Astiz, uno de los visitados por los diputados libertarios.

¿Quién es Alfredo Astiz?Alfredo Ignacio Astiz es uno de los represores más tristemente célebres del terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura cívico-militar argentina. Está preso en cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Entre los hechos que cometió se cuentan casos de resonancia internacional como el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin. En 2011 fue condenado a perpetua e inhabilitación absoluta; y en 2014 y 2017 se confirmó la condena.​En 1977 se infiltró entre un grupo de familiares de desaparecidos que se reunían en la Iglesia Santa Cruz en el barrio de San Cristóbal (CABA) para apoyarse mutuamente en la búsqueda de sus seres queridos, cuando el Estado no daba ninguna respuesta. Fue así como surgieron las Madres de Plaza de Mayo. Entre estas personas estaba Alfredo Astiz, quien se infiltró haciéndose llamar Gustavo Niño. En adelante, Gustavo se ganaría la confianza de ellos haciéndose pasar por un familiar de un desaparecido.  Fue transcurriendo el tiempo hasta que en diciembre de 1977 se decidió desaparecer al grupo entero. El infiltrado marcaba con un abrazo a quienes debían ser detenidos esos fatídicos días desde el 8 al 10 de diciembre de 1977 en la Iglesia de Santa Cruz y otros lugares. Fue así como se detuvo a: Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco (las tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo), las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y los activistas Ángela Auad, Remo Berardo, Horacio Elbert, José Julio Fondevilla, Eduardo Gabriel Horane, Raquel Bulit y Patricia Oviedo. Todas estas personas que buscaban a sus familiares fueron torturadas y asesinadas en los vuelos de la muerte.  

Persona no grata en Gualeguay Alfredo Astiz visitó Gualeguay en el año 1997. Ya había pasado el Juicio a las Juntas, pero estaban en vigencia las leyes de impunidad conocidas como Obediencia Debida y Punto Final. Lucía Jaján nos recuerda cómo fue ese hecho que conmocionó a la ciudad. Respetamos su relato en forma textual: “Hacía un año, más o menos, habían venido a Gualeguay primero la hija de Juanita Armelin y después el hijo, que es una de las desaparecidas acá de Gualeguay, que era amiga y compañera de militancia de mis viejos. Vinieron a conocerse con mis viejos, reencontrarse, y conocer la historia de sus padres. Ese verano del 96 al 97 empezaron a caer a Gualeguay un montón de hijos de compañeros de mis viejos. Cami, que es el hijo de Juanita, se pasó el verano en la casa de mis viejos. Así que fue como todo un año de mucho movimiento en mi casa relacionado con la época de la dictadura y todo lo que había pasado. Ya estaba viviendo en Buenos Aires yo, y vengo un fin de semana. Voy a bailar y cuando entro al boliche me lo encuentro a mi hermano que me cuenta que estaba Astiz adentro. Para esa época yo ya sabía quién era Astiz, qué era lo que había hecho. Y lo primero que hacemos es ir con mi hermano a hablar con el dueño del boliche. Nosotros sabíamos que estaba ahí adentro porque otro pibe de Gualeguay, que ahora vive en España, le había dicho que estaba Astiz en el boliche.Hablamos con los dueños del boliche, no nos dieron mucha bola, nos comentaron que sí se había presentado. Damos una vuelta por el boliche y no lo encontramos. Al rato viene mi hermano a decirme que lo había encontrado. Cuando lo encuentra, con mi ímpetu adolescente salgo para donde estaba y lo encaro. Le pregunto si era Astiz, me responde que sí y me salió escupirlo. Y cuando lo escupo, me agarra el brazo y me lo retuerce. Y ahí estaba mi hermano atrás y otros amigos y saltan todos. Ahí se armó un quilombo tremendo con los amigos de él que estaban ahí, pibes de Gualeguay, gente que tiene campo acá en Gualeguay. Se armó una pelea y los terminan sacando la gente del boliche. A nosotros no nos dejan salir como por una hora. Y ahí quedó todo. Nos quedamos en el boliche, después volvimos a mi casa a la madrugada, los despertamos de mis viejos para contarles lo que había pasado. Entraron en pánico. Porque en ese momento estos tipos vivían en total libertad con las leyes de impunidad.Los días que siguieron fueron bastante movilizantes, porque gente de acá de Gualeguay pasó la noticia a medios nacionales. Me hicieron un montón de notas. En esa época estos tipos todavía vivían libres, pero había empezado la época de los escraches por parte de HIJOS. Me mandaron amenazas de muerte a mi casa y demás, pero quedo ahí. En aquel momento también lo declararon persona no grata en el Concejo Deliberante de Gualeguay”, recuerda.  

Santiago Joaquín García 

En las últimas horas fue trasladado desde Paraná a Gualeguaychú, Juan Facundo Candiotti, ex jefe del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 2 del Ejército Argentino “Coronel Dragones de Zelaya”.

En el Juzgado Federal de calle San Martín, el militar prestó declaración ante el juez Hernán Viri y respondió varias preguntas y se abstuvo en otras, según informaron fuentes de la investigación.

Se aclaró que fue en el marco de la tercera denuncia de una mujer voluntaria del cuartel por supuestos hechos de abusos sexuales. Esta investigación se inició en el primer trimestre del año pasado cuando la sede militar fue allanada por personal de Gendarmería Nacional.

En aquel momento, la Justicia Federal contaba con tres denuncias de soldadas voluntarias contra tres imputados distintos por situaciones que habrían ocurrido entre 2016 y 2021, cuando Candiotti dirigía la institución local. Desde abril de 2023, el militar está con detención preventiva.

Son cuatro los imputados y dictan medidas restrictivas

Para la Justicia Federal, los hechos investigados -en tres denuncias diferentes- develan distintos tipos de violencia contra la mujer y comprenden actos de violencia sexual, psicológica y simbólica que fueron ejecutados en el ámbito laboral donde las partes cumplían funciones.

Centralmente, los hechos “tuvieron lugar dentro de un contexto caracterizado por la desigualdad de rango y por el estricto orden jerárquico que prevalece dentro de la estructura de la fuerza, lo cual potenció la asimetría estructural existente entre el denunciante y la denunciada”, resaltaron.

La víctima fue hostigada desde teléfono de un Juzgado

Estado de la causa

La primera de las denuncias espera la fecha del juicio oral ya que concluyó la parte de recolección de pruebas y testimonios. Allí el militar fue indagado e imputado por Viri. Ese trámite fue refrendado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y ahora llegará a juicio.

En la segunda causa, está involucrado el suboficial del ejército Víctor Hugo Mercado, acusado de ser el autor de "abuso sexual gravemente ultrajante, lesiones psicológicas agravadas por violencia de género, amenazas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, desobediencia y mal uso de elementos del estado".

Que pena podrían recibir los militares acusados

Por ese expediente hace casi 10 meses, el ex jefe del Regimiento Juan Facundo Candiotti fue detenido acusado de encubrimiento luego de dos allanamientos que se realizaron en dicho establecimiento y en Campo de Mayo. Se les imputa "el incumplimiento de deberes de funcionario público, encubrimiento agravado por la calidad de funcionarios públicos y lesiones psicológicas agravadas por violencia de género y falso testimonio".

Por su parte, la tercera víctima es una mujer militar muy joven, que no supera los 24 años. En esa causa el miércoles Candiotti declaró en la Justicia y la investigación está muy avanzada contra el agresor.

Familiares de las víctimas de la Masacre de Trelew recorrieron un largo camino para hallar justicia por los 16 militantes asesinados en la base Almirante Zar, y aún aguardan que el marino Roberto Bravo, quien reside en Estados Unidos, donde recibió una condena civil por su responsabilidad en los fusilamientos, sea finalmente extraditado a Argentina.María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps fueron los únicos tres sobrevivientes del grupo de 19 guerrilleros que fue fusilado el 22 de agosto de 1972 por marinos que estaban a las órdenes del capitán Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo.Los tres dieron testimonios de ese crimen colectivo, pero la ley de amnistía sancionada en mayo de 1973, que beneficiaba por igual a los autores de hechos represivos y a los militantes de las organizaciones armadas, impidió el avance de la Justicia.En medio de los convulsionados años '70, la Armada se encargó de preservar y resguardar a Sosa y a Bravo, quien fue enviado a Estados Unidos como parte de la agregaduría naval de Argentina en ese país en 1973, por disposición de Alejandro Agustín Lanusse.Los tres sobrevivientes, en cambio, fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.Las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos presidenciales de Carlos Menem impidieron el avance de investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas fundamentalmente entre 1976 y 1983.

El ex marino Carlos Marandino, condenado a prisión perpetua / Foto archivo.Al ser esas normas derogadas en 2003 por iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner, declaró que los crímenes de la dictadura eran de lesa humanidad y, como tales, resultaban imprescriptibles, lo que posibilitó la apertura de procesos y juicios contra quienes habían participado del plan sistemático de extermino que se implementó durante la última dictadura cívico militar.Querellas de organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas plantearon ante la Justicia que "la Masacre de Trelew" debía ser considerada como un delito de lesa humanidad, y reclamaron la apertura de una causa.En 2006, la Justicia, atendiendo ese criterio, decidió que ese asesinato colectivo debía ser investigado y se ordenó el inicio de una instrucción.Un año después, el juez federal de Chubut Hugo Sastre inició una investigación y una de sus primeras medidas fue convocar a declarar al médico Lisandro Iván Lois, quien completó en su momento los certificados de los 16 muertos en la base Almirante Zar.La causa estaba tan paralizada que esos certificados no figuraban en ninguna sede judicial: debieron ser rastrados para incorporarlos al nuevo expediente.Tras una instrucción de cinco años, en mayo de 2012 se dio inicio al juicio oral y público que estuvo a cargo del Tribunal Oral y Público de Comodoro Rivadavia.Los imputados eran los ex marinos Sosa Rubén Norberto Paccagnini, Emilio Del Real, Carlos Marandino y Jorge Bautista; mientras que Horacio Alberto Mayorga fue apartado del juicio juicio por razones de salud.

En octubre de ese año fueron condenados a prisión perpetua a Sosa, Del Real y Marandino, y se estableció en el juicio que los hechos investigados constituían crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles.Además, el tribunal, integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Juan Leopoldo Velázquez y Nora Monella, absolvió a quien fuera jefe de la Base Almirante Zar en agosto de 1972, Rubén Norberto Paccagnini, y al juez militar designado para realizar la investigación, Jorge Bautista.Los magistrados ordenaron también que se solicite la extradición de Bravo, quien aún reside en los Estados Unidos, donde se convirtió en un próspero empresario que obtuvo contratos con el Departamento de Defensa.A pedido de la justicia argentina, Bravo resultó detenido en febrero de 2010 en los Estados Unidos, pero su extradición fue rechazada por los tribunales de ese país.El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) solicitó que el Estado argentino reitere el pedido para que Bravo sea deportado por haber mentido sobre sus antecedentes al ingresar a territorio estadounidense.En febrero de 2014 el juez Sastre, a cargo de la investigación, reiteró la petición para que el exmarino compareciera ante la Justicia argentina.La sentencia fue revisada y confirmada en 2014 por la Cámara Federal de Casación Penal, que además revocó las absoluciones de Paccagnini y Bautista, quienes fallecieron con el trascurso de los años, al igual que Sosa y Del Real.

El ex marino Jorge Bautista, condenado a prisión perpetua / Foto archivo.

La decisión de la Cámara fue recurrida y la Corte Suprema de Justicia demoró seis años en resolver el planteo.El expediente volvió a la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) que, en mayo del año pasado, rechazó el recurso extraordinario.La defensa de Marandino, quien seguía con vida al momento del fallo, no recurrió en queja ante la Corte y en consecuencia la condena quedó firme.En marzo de 2016, con motivo de la visita del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, el Cels junto con Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e Hijos enviaron una carta al embajador de ese país para reclamar que se avance en la extradición de Bravo.A fines de 2019, el exmilitar fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur del estado de Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares.El 9 de marzo de 2020 se realizó una audiencia en la Corte de la Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo, al entender que "Estados Unidos no puede ser refugio de asesinos en masa".

Un jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros se basó en un acto defensa personal / Foto archivo.

La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión, y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a Argentina para dar cuenta de los crímenes de los que se lo acusa.En paralelo, el Cels y el Center for Justice Accountability (CJA) -un organismo de derechos humanos de los Estados Unidos- iniciaron un juicio civil contra Bravo en una corte del Estado de Florida.El 1 de julio pasado, el represor fue encontrado responsable de los crímenes cometidos en Trelew y condenado a pagar una indemnización de 27 millones de dólares a los familiares de las víctimas.Un jurado encontró responsable a Bravo de ejecuciones sumarias y torturas y no creyó su historia de que la ejecución de prisioneros se basó en un acto defensa personal cuando estaba siendo atacado en el contexto de un intento de fuga.Para los familiares, esa sentencia estableció un importante precedente para que el exmarino sea finalmente extraditado a Argentina.

"Esto es una llamada de reunión. La llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas. Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer". Esta es una de las frases que utilizó el ex Carapintada e intendente de San Miguel, Aldo Rico, para convocar a los militares ante un eventual estallido social.

"Las circunstancias de violencia se van a profundizar. Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes", indicó Rico.

En un video compartido a través de las redes sociales, el exteniente coronel recordó la Guerra de Malvinas y la "lucha contra la subversión" para referirse a la situación política y económica actual. "Nuestra República hoy es una anarquía, no hay Gobierno", sostuvo, y apuntó contra el ministro de Defensa Jorge Taiana al calificarlo como "delincuente y terrorista".

“A nadie escapa que todos los valores de la República están siendo conculcados” y “tenemos que soportar que pseudodirigentes políticos, que se benefician con el festival de planes, convoquen a la sangre y convoquen a la violencia”, disparó.

"Nosotros que tenemos a nuestros camaradas muertos por defender a la Patria, no podemos estar ausentes de este proceso cuando se desarrolle", manifestó el exmilitar. "Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer o perecer. Y estamos en esta circunstancia", expresó, al pedir organización "antes de la batalla".

   Fuerzas terrestres de Rusia penetraron este jueves en Ucrania desde varias direcciones, indicó el servicio de guardias fronterizos de Ucrania, horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el lanzamiento de una operación militar.   Los agentes fronterizos indicaron que vehículos militares rusos, entre ellos tanques, cruzaron la frontera en varios puntos del norte del país, así como en la península de Crimea en el sur, anexionada por Moscú en 2014.   En medio de la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió para discutir sobre el conflicto, que estalló tras semanas de negativas de Moscú a la inclusión de Ucrania a la OTAN, a la vez que Washington y Kiev se han negado a renunciar a su incorporación a la alianza militar.   La operación militar que anunció Putin se desarrolla en las áreas separatistas del este de Ucrania horas después de que los secesionistas prorrusos solicitaran ayuda a Moscú para detener una supuesta agresión por parte de las tropas ucranianas, a pesar de que Kiev niega una ofensiva para recuperar el territorio.   Putin dijo haber ordenado a las fuerzas rusas proteger a los ciudadanos, pidió a los soldados ucranianos replegarse y deponer las armas y dijo que la responsabilidad de cualquier derrame de sangre estará en la consciencia "del régimen de Ucrania".   El mandatario ruso reiteró una vez más que la inclusión de Ucrania a la OTAN es inaceptable y aseguró que si algún país ataca a Rusia, su respuesta sería "instantánea", mientras que también indicó que en caso de una interferencia extranjera, Moscú reaccionaría inmediatamente. 

Julieta Retamar, mayor del Ejército Argentino, es buzo, paracaidista, instructora y ahora se convirtió en la primera mujer en 152 años del Colegio Militar de la Nación, que llega a ser jefa de la Agrupación Montada del Colegio Militar.

Desde hace un tiempo se sostiene que la integración total de las mujeres a las Fuerzas Armadas es un hecho y donde antes solo accedían a espacios como los de enfermería o medicina, desde que se las autorizó a ingresar a los cuerpos comandos (armas y especialidades que llevan a cabo las operaciones militares), comenzaron a ocupar lugares que antes estaban reservados únicamente a los varones.

Julieta Retamar es de Concepción del Uruguay. Ingresó a la Fuerza en el año 1997 y lleva realizados decenas de cursos de capacitación de distintos niveles.

El Ejército la siguió poniendo frente a nuevos desafíos, como el ser instructora de la Escuela de Suboficiales y hacer el curso de Inteligencia, y de esa manera se convirtió en la primera oficial de cuerpo comando en poder lograrlo. También se desempeñó como observadora en la Misión de Paz que la ONU mantiene en Chipre.

Personal municipal de Crespo, notificó a la Policía la localización de explosivos de uso militar, en la zona de la planta recicladora. Se hizo notar que cerca del mediodía, los trabajadores de la comuna, observaron dos elementos y munición de guerra, por lo que ante el temor de una posible explosión que podría poner en riesgo a los operarios municipales, es que dieron aviso a la Policía.

Ante esto, la Brigada de Explosivos de Bomberos Zapadores, llegó al lugar y secuestró los proyectiles militares y los trasladó hacia dependencias de la brigada de explosivos para su inutilización.

La investigación, tratará de determinar cómo llegaron a ese lugar los artefactos explosivos y el origen de los mismos.

No se descartó que los explosivos tengan relación con la guarnición militar que en Crespo funcionó hasta hace un par de años.

En definitiva, fueron secuestrados un proyectil de 30 mm. antiaéreo con carga explosiva y en buen estado de conservación, lo mismo que el restante, una granada de fusil de entrenamiento.