El Gobierno nacional avanza con un aumento de sueldo para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, en un intento por recomponer los ingresos de los efectivos que vienen reclamando por la pérdida de poder adquisitivo. Según trascendió, el incremento salarial sería de entre 7% y 10%, y se aplicaría a partir del mes de septiembre. El porcentaje oficial, así como los demás detalles vinculados a la actualización, serían dados a conocer públicamente en el momento en que se realice una comunicación oficial específica.

La definición comenzó a tomar forma durante una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La discusión alcanza tanto al personal militar como a los efectivos de las fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, entre ellos integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Mientras en la Casa Rosada se analizaba la cuestión política, el ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo una reunión con integrantes del equipo del asesor presidencial Santiago Caputo, en el Salón Martín Fierro, enfocada en los recursos presupuestarios necesarios para poner en marcha el nuevo esquema salarial.

La nueva suba no sería la primera medida adoptada por la actual gestión para mejorar los ingresos del personal militar. En las últimas semanas se amplió el alcance de los suplementos correspondientes a quienes cuentan con títulos universitarios dentro de las Fuerzas Armadas, y también se otorgaron bonificaciones extraordinarias a distintos sectores tras los reclamos salariales. A comienzos de agosto, además, el Gobierno había dispuesto una suma fija de $50.000, remunerativa y no bonificable, para la totalidad del personal militar en actividad.

Desde distintos sectores del ámbito castrense se viene señalando que los militares acumulan una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde 2023, en un contexto en el que una parte importante de los efectivos militares y de seguridad percibiría ingresos por debajo de la canasta básica alimentaria.

El Gobierno nacional otorgó un bono de $50.000 para fuerzas de seguridad y militares, que será abonado junto con los haberes correspondientes a agosto de 2026. La medida fue oficializada este lunes mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial.

Las decisiones quedaron establecidas mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, correspondientes a los ministerios de Defensa y Seguridad Nacional, respectivamente. En ambos casos se fijó una suma de $50.000 por persona, de carácter remunerativo y no bonificable, excepcional y por única vez.

El beneficio alcanzará a personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las principales fuerzas federales de seguridad, además de otros agentes pertenecientes a organismos contemplados expresamente en los decretos.

En el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional, el Decreto 696/2026 estableció que recibirán la suma los integrantes en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

También quedaron comprendidos el personal con estado penitenciario en actividad del Servicio Penitenciario Federal y los agentes en actividad de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. En determinados casos, como Gendarmería, PSA y SPF, la norma incluyó además al personal de alumnos.

El Ejecutivo fundamentó la decisión en la necesidad de reconocer y mantener una adecuada jerarquización salarial de acuerdo con la "capacidad, responsabilidad y dedicación" requerida para las tareas desarrolladas por las fuerzas policiales y de seguridad federales.

Por otra parte, el Decreto 695/2026 dispuso el mismo pago de $50.000 para el personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas. También quedaron alcanzados el personal en actividad de la Policía de Establecimientos Navales y el personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En este caso, el Gobierno indicó que la adecuación de los ingresos buscó asegurar una retribución acorde con las "funciones, responsabilidades y dedicación exigidas". La suma tendrá exactamente las mismas características: será remunerativa, no bonificable, excepcional y se percibirá una única vez.

De esta manera, no se trata de un aumento mensual permanente de $50.000, sino de un pago extraordinario que será incorporado exclusivamente a los haberes correspondientes a agosto de 2026. Los decretos tampoco establecieron que la suma se incorpore posteriormente al salario habitual.

Ambas normas facultaron a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para implementar los pagos.

Asimismo, el Gobierno estableció que los gastos derivados de las medidas serán atendidos con los créditos asignados a las respectivas jurisdicciones dentro del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional.

Los decretos fueron firmados el viernes 31 de julio y publicados este lunes 3 de agosto en el Boletín Oficial, por lo que quedó formalizado el pago extraordinario para el personal alcanzado.