La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto formalmente la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por la estatización de YPF. Esta resolución cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones y cierra la etapa de primera instancia del proceso judicial.

El fallo original, dictado en 2023, alcanzaba con los intereses acumulados una cifra superior a los 18.000 millones de dólares. La causa se originó por la expropiación de la petrolera en 2012, durante la presidencia de Cristina Kirchner. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la magistrada acató la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, la cual revocó la condena en marzo al considerar que se interpretó de manera errónea la legislación argentina.

Los jueces Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor de dejar sin efecto el fallo, mientras que José Cabranes presentó su disidencia. El tribunal concluyó que la legislación argentina sobre expropiaciones impide demandas de terceros que interfieran con dicho proceso. Asimismo, la Cámara sostuvo que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar indemnizaciones por daños bajo los argumentos presentados.

En junio, el pleno del tribunal rechazó un pedido de revisión, agotando la instancia de apelación ordinaria. A principios de octubre, Burford Capital, el fondo que financia la demanda de los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, presentó un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El fallo es gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes.

Ahora, el máximo tribunal estadounidense deberá resolver si acepta revisar el expediente, aunque no tiene obligación de intervenir. Mientras tanto, Burford Capital abrió otra vía de reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.