La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina, invitó al Procurador General Jorge García y al Defensor General de la Provincia Maximiliano Benítez a una mesa en la que se propone abordar “distintas cuestiones vitales para el Poder Judicial.

Dicha invitación fue dispuesta en el marco del Acuerdo General que se celebró el pasado martes en la ciudad de Federal “en el entendimiento de que las mismas merecen un tratamiento institucional responsable por parte de quienes tienen la tarea de conducir el sistema de Administración de Justicia”.Luego de relevar todo el territorio provincial a partir de las visitas realizadas por el STJ a lo largo de lo que va del año, se estableció como orden día tratar la planificación y ejecución presupuestaria, Ley de cargos y plan de obra, la reubicación de organismos y la asistencia técnica a los ministerios, entre otros temas. 

Fuente: APFDigital

El procedimiento de Jury a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche tropieza con un inconveniente serio.

La decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar a todo el Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y acudir a fiscales "ad hoc" de la lista de conjueces que elabora el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado para suplantar a los miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) es una estrategia que, de momento, genera sólo desaires en los convocados.

La lista de conjueces está conformada por 14 varones y 4 mujeres. De ese listado de 18 personas, 11 ya han manifestado su rechazo a virar la función de conjuez para el que fueron designados por el de fiscal ad hoc para actuar en el ámbito del Jurado de Enjuiciamiento.

En este caso, los conjueces deberían ejercer la acusación contra la Procuradora Adjunta en el proceso que se le abrió por supuesto mal desempeño a partir de las denuncias de los abogados Carlos Reggiardo, primero, y Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, después.

Esos letrados le reprochan no haberse excusado de intervenir en la causa de los contratos truchos en la Legislatura a partir del vínculo comercial que tuvo con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

El Ministerio Público Fiscal quiere politizar el Poder Judicial en el marco del proceso que se le lleva adelante a Cecilia Goyeneche, acusada de haber beneficiado al imputado Pedro Opromolla, con quien tuvo en sociedad dos propiedades. Al poco de conocerse la información producto de un allanamiento en el estudio de su socio, la doctora debió sepultar su "falso Su Señoría" en audiencia pública para dar paso a un auto apartamiento de la causa de los contratos truchos en la Legislatura. La procuradora adjunta tiene otra causal. Se abusó de un testigo que, adelante suyo, le describió el rostro de su marido Sebastián Orlando, y lo sindicó como un integrante del estudio contable involucrado en la investigación mencionada. Al otro día el motomandado Mario Deiloff fue allanado. Esa medida fue autorizada por la jueza de Garantías, Marina Barbagelatta. Sería interesante conocer los argumentos que hicieron lugar al enojo de la doctora suspendida.

En tribunales ocurre algo interesante. Las cabezas de la Procuración General son denunciadas por radicales, pero ellos amenazan al peronismo. Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet solicitaron investigar a Jorge García y Goyeneche, pero éstos dicen por los medios tener información para imputar a peronistas. En rigor García es más moderado, pero la doctora directamente da nombres y apellidos. Cada vez que abren la boca invocan una causal de jury y juicio político. Hace unos días un dirigente esperaba ansioso a Goyeneche en la mesa de Mirta Legrand. Se imaginaba un cúmulo de acusaciones que luego irían en su contra.

Cuando se inició la causa de los contratos truchos, Goyeneche dejó trascender que imputaría a todos los vicegobernadores y presidentes de la Cámara de Diputado durante el período 2008 - 2018. Inmediatamente García salió a aclarar que eran especulaciones de la prensa. Ahora, eso que desmintió y le endilgó a periodistas, el procurador y su segunda lo repiten públicamente en tono de amenaza para oídos de la tropa #TodosSomosCecilia, que cree ser parte de un colectivo libertario que no tiene mucha más ascendencia más que en Paraná.

La causa de enriquecimiento ilícito contra el ex senador de Gualeguay, Hernán Vittulo, parecía ser una cucarda más del Ministerio Público Fiscal, pero quedó en anuncios. ¿Qué pasó? En los pasillos de Casa de Gobierno algunos tienen respuestas. El gualeyo, que también está en buena parte de la evidencia documental en la causa contratos que Fiscalía no aceptó, aparece en la trama como el hombre que repartía. ¿Había para todos, incluyendo judiciales? La pregunta empezó a tener respuesta producto de la intuición, cuando precisamente de la causa contra Vittulo no se habló más. Teléfono.

Hace unos años, un periodista cometió un error y quedó atado a una inminente imputación. Un abogado tuvo que interceder ante García para que deje en paz al trabajador de prensa. Un ejemplo claro del monopolio de la persecución penal en la provincia.

Algo similar sucedió con la lista de conjueces, a quien el procurador les dijo públicamente que quien asuma la tarea de acusar cometería un delito. La advertencia sale del que decide qué se investiga y qué no.

Por estas horas fiscales y procuradores de distintos puntos del país dirán en Paraná en su tira de la posverdad que la Justicia está siendo presionada por la política. En un comunicado oficial informaron que se reunirían con los presidentes de las dos cámaras legislativas, Ángel Giano y Laura Stratta y los representantes de los distintos bloques políticos. Una genial contradicción que, en su relato, poco importa. Además, hicieron saber que se han solicitado una audiencia con Gustavo Bordet.

¿Qué podrán decirles a los integrantes de la Legislatura y el Gobernador, que fueron acusados por Goyeneche de mafiosos sin tener la más mínima participación en el instituto que la debe juzgar? La coherencia de quienes deben velar por la justicia.

El Ministerio Público Fiscal insiste en abrazar a la política, vía amenaza o cualquiera sea la manera, porque jurídicamente los elementos que tiene son flojos. La jefatura de la Procuración General entiende que en Entre Ríos nadie puede juzgarlos, excepto alguno de la lista de #TodosSomosCecilia.

Fuente: Página Política

Replicando las palabras de la sede entrerriana del PRO, desde el PRO Gualeguay se expresaron en contra de, lo que ellos denominan como el avance del kirchnerismo en el Ministerio Público.

El Ministerio Público es el organismo encargado de investigar los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y el crimen organizado. Como sí también es quien provee abogados a las distintas víctimas y a los imputados por delitos.

Desde hace unos días el Gobierno Nacional plantea una reforma en dicho Ministerio. Y ante esto, desde el PRO sostienen que "la reforma enmascara un plan de impunidad. Ya que busca revertir el avance de las causas judiciales que involucran al kirchnerismo y construir una justicia adicta"

"Es un proyecto de ley que genera una profunda preocupación porque avanza sobre el Ministerio Público que es el organismo donde están los fiscales que son nuestros representantes para que se aplique la ley", sentencian dese el PRO Gualeguay.

"En medio de una emergencia económica, sanitaria y social sin precedentes, el gobierno da prioridad absoluta a reformas de la justicia", expresan. Y finalizan "los fiscales federales se encargan de hechos de corrupción, trata de personas y narcotráfico, que estén bajo el poder político de turno, sea cual sea el signo, es realmente muy preocupante