Entonces, la concordiense se ocupó de refinanciar la deuda, en 2003, después de la crisis de 2001. “Está bueno mostrar que ya se hizo algo en ese aspecto”, marcó la que fue asesora de Proyectos Estratégicos del Ejecutivo Municipal de Concordia, hasta diciembre pasado.

“La deuda contraída en dólares por los municipios entrerrianos, y el problema que causan a la ejecución de los presupuestos locales, no es una situación nueva en la Provincia”, indicó sobre un tema que ha ganado actualidad tras conocerse declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio sobre una deuda provincial que suma cerca de 100.000 millones de pesos y que el primer desembolso de la deuda en dólares será el 8 de febrero.

Dijo Petit: “Una provincia no puede desarrollarse sin municipios institucional y económicamente estables y previsibles, y la refinanciación de deudas que se convierten en inviables no por la administración de los recursos de cada uno de ellos, sino por las decisiones macroeconómicos que arrastran a la mora, deben ser prioridad de resolución para evitar que ese costo no lo asuma cada ciudadano entrerriano en cada pueblo de nuestra provincia”, aseguró.Historia cíclicaA continuación, El Entre Ríos publica la columna completa:

“En el periodo 2003/2007 acompañé a Jorge Busti como Directora de Relaciones Municipales de la Provincia de Entre Ríos y durante 4 años nuestro objetivo fue lograr una refinanciación que les permitiera a los municipios volver al sistema de créditos o subpréstamos para invertir en maquinarias, obras públicas y modernización administrativa, porque la deuda era de tal magnitud que, en la mayoría de los casos, no les permitía cumplir con los objetivos marcados por la Ley de Responsabilidad Fiscal vigente en ese momento, lo que repercutió en las inversiones que debían realizar.

La deuda contraída en dólares por los municipios entrerrianos, y el problema que causan a la ejecución de los presupuestos locales, no es una situación nueva en la Provincia.

Hace 20 años, los municipios entrerrianos no solamente tuvieron que afrontar la crisis política de finales del 2001 y principios del año 2002, sino que, de un día al otro, cuadriplicaron las deudas que por préstamos en dólares habían tomado durante los años 1996 y 1997, en el marco del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (PRODISM), durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad y antes de la devaluación.

A partir de ese momento, el alto valor del dólar hizo que las cuotas llegaran a cuadriplicar su valor, por lo cual los municipios se vieron imposibilitados de cumplir con sus obligaciones. Algunos de ellos optaron por no pagar sus cuotas y otros iniciaron acciones de amparo en la búsqueda de una solución

Desde 2003 hasta 2007 se realizaron innumerables gestiones a nivel nacional para lograr la pesificación de las deudas, existiendo municipios en los cuales las mismas duplicaban y triplicaban su presupuesto anual.

Fue en el año 2007 que por una decisión política del entonces Gobernador Jorge Busti se logró que la Provincia consolidara en pesos las deudas de los municipios, las cuotas vencidas y las liquidadas otorgándoles un financiamiento provincial para abonarlas de 7 años.

En palabras simples, el Gobierno de la Provincia asumió el pago de la deuda en dólares y refinanció en pesos a los municipios, con garantía de coparticipación y cuotas debitadas directamente por el Tesoro Provincial.

El último municipio termino de pagar sus deudas en el año 2015.

La decisión del Gobernador Jorge Busti de asumir la refinanciación de las deudas tomadas en dólares antes de la devaluación fue un ejemplo de la labor conjunta que se realizó después de la mega devaluación y la devastadora crisis del 2001.Federal, Viale, Lucas Gonzales, María Grande, Bovril, Chajari, Herrera, Villa Mantero, Alcaraz, Crespo, Galarza, Mansilla, Hasemkap, Gualeguay, Villa Paranacito, San Salvador, Villa Clara, Victoria y Nogoya adhirieron al programa Solo Gualeguaychú insistió en continuar con el proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, en el año 2010 la Corte Suprema rechazó el amparo presentado por la Municipalidad de Gualeguaychú, único municipio de la Provincia de Entre Ríos que no acepto firmar el convenio.

La corte expresó que “la provincia demandada– Entre Ríos– también creó el Programa de Financiación de Deudas Municipales. Por medio de ella autorizó al Poder Ejecutivo provincial a instrumentarlo, y destinar su accionar al efecto a todos aquellos municipios que contrajeron deudas en dólares estadounidenses en el marco del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (Prodism) con anterioridad al 4 de febrero de 2002 (...) A tal fin la norma estableció, a favor de los municipios que ingresen al programa su reprogramación por hasta siete años con un interés del 6%, y la condonación total de los intereses punitorios sobre las cuotas vencidas y no canceladas, y estableció condiciones generales de financiamiento (...) Dichas previsiones legales, que con total evidencia tiendan a morigerar las consecuencias económicas que puedan derivarse de las condiciones originales del endeudamiento municipal resultantes de los señalados subpréstamos, y que tienen por finalidad aminorar los efectos del tipo de cambio que aquí se impugna, no pueden ser desatendidas por el tribunal en la medida en que, en el marco de esta acción de amparo, no se ha acreditado que no tengan la virtualidad de incidir, considerar suficientemente, o hasta neutralizar, la desproporción cuantitativa que se invoca", sostiene la Corte.

La experiencia y la historia no bastaron para que, en el año 2017, se tomaran nuevos préstamos, a un dólar que parecía estable.

Pero nada en la política y en la economía de este país es estable.

La Ley 9774 puso en marcha el Programa de Financiación de Deudas Municipales y logró dar respuesta a todas esas situaciones.

La decisión de Jorge Busti fue económica y financiera, pero fundamentalmente, defensora del federalismo y de la importancia que los gobiernos locales tienen en la defensa de la democracia y en el esquema de prestación de servicios al ciudadano.

Una provincia no puede desarrollarse sin municipios institucional y económicamente estables y previsibles, y la refinanciación de deudas que se convierten en inviables no por la administración de los recursos de cada uno de ellos, sino por las decisiones macroeconómicos que arrastran a la mora, deben ser prioridad de resolución para evitar que ese costo no lo asuma cada ciudadano entrerriano en cada pueblo de nuestra provincia.Fuente: El Entre Ríos.

Esta semana la titular de la cartera de Gobierno y justicia rubricó convenios Foprose, con los intendentes de Aranguren, Luis Siebenlist, San Justo, Fernando Viganoni, Colonia Avellaneda, Ariel Weiss y el presidente comunal de Aldea Santa Rosa, Diego Agustin Jacob para la ampliación y puesta en funcionamiento de Centros de Monitoreo. Acompañaron la firma, el senador por Uruguay, Horacio Amavet y el secretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer.

“Desde el inicio de su gestión, el gobernador Gustavo Bordet ha trazado como política prioritaria el tema seguridad dentro de lo que son los aportes a las distintas comunas y municipios. En este sentido, los fondos Foprose vienen funcionando muy bien en la Provincia y por eso seguimos este año firmando convenios, para dotar cada vez más a nuestros municipios y comunas con sistemas de videovigilancia”, señaló Romero.

“En un principio se entregaban las cámaras y ahora hacemos un esfuerzo compartido en el cual los gobiernos locales asumen responsabilidades. Así, hemos logrado entregar fondos a más de 100 localidades de la provincia para fortalecer sus centrales de monitoreo, lo cual significa un gran avance en materia de prevención y adquisición de tecnología aplicada a la seguridad”, explicó.

Los convenios firmados esta semana suman un total de 6.400.000 pesos para la adquisición de elementos, materiales y equipamientos de videovigilancia. En este marco, el intendente de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, destacó: “En nuestra ciudad llevamos a ocho veces más la cobertura de cámaras en un esfuerzo compartido con la provincia. Por eso estamos muy contentos de poder firmar un convenio más para mejorar y tener mayor prevención en seguridad”.

“Nosotros al formar parte del área metropolitana de Paraná contamos también con la cobertura del 911. No tenemos la posibilidad de monitorearlo pero sí de tener el beneficio de la prevención a través este sistema y con este aporte de cámaras tenemos el mantenimiento y la colocación de nuevos equipamientos que serán monitoreados por la Policía. El trabajo conjunto es el que nos ha podido llevar a tener mayor eficiencia en lo que es prevención”, mencionó.

• Sobre los aportes para seguridad

El Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) está constituido por aportes del Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social (Iafas) que son asignados al Ministerio de Gobierno y Justicia para ser destinados a los gobiernos locales a fin de ser invertidos en equipamientos de seguridad y videovigilancia. Este año ya se han firmado 33 nuevos convenios con municipios y comunas de los departamentos de Diamante, Uruguay, Victoria, Paraná, La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú. Tala, Colón, Islas, San Salvador y Villaguay.

Desde el 2019, se han entregado a través de este Fondo aportes en más de 100 localidades de la provincia para fortalecer sus centrales de monitoreo y en algunas instancias, instalarlas desde cero, con la tecnología adecuada y con miras a conformar una red provincial. Actualmente hay más de 2.000 cámaras colocadas en todo el territorio entrerriano.

Durante el encuentro, que se desarrollo en el Salón de Acuerdos de Casa Gris, se valoró positivamente el cumplimiento de los protocolos por parte del sector turístico en lo que va de la temporada y acordaron fortalecer las medidas de cuidado entre los efectores y de cara a los turistas.

No obstante, y ante las consultas recibidas por parte de las y los intendentes, desde la provincia se trabajará de manera articulada con cada gobierno local y las fuerzas federales en el marco de los lineamientos trazados por el gobierno nacional, para profundizar los controles para evitar aglomeraciones.

"La pandemia sigue y las medidas de cuidado y de distanciamiento las tenemos que seguir adoptando", expresó al término del encuentro la ministra de Gobierno, Rosario Romero.

En ese marco, comentó que "en la reunión de gabinete se conversó sobre cómo acompañamos los procesos de control que en cada localidad de la provincia se vienen dando". "Vamos a acompañar con la fuerza policial y vamos a hablar con autoridades nacionales para seguir conjuntamente con los controles con las fuerzas de seguridad nacionales", aseguró Romero.

Asimismo, señaló que "vamos hacer labores de restricción en las grandes concentraciones que se están dando en las playas y en las islas, porque eso es completamente inadecuado respecto de los resultados que vienen dando los controles de pandemia". "Los números muestran un crecimiento en los últimos días que tenemos que advertir a tiempo para no tener luego que adoptar medidas de restricción más severas", advirtió la titular de la cartera política.

Por último, Romero explicó que "la policía viene labrando actas y comunicando a la Justicia Federal en todas las actividades masivas no permitidas. Recordemos que las actividades masivas no están permitidas por el DNU nacional; esto sigue vigente a pesar de que hemos tenido varias experiencias de que la masividad se produce; no es lo adecuado, ni conveniente, ni autorizado, de modo tal que con la Policía vamos a seguir notificando y comunicando a los Juzgados Federales".

En esa línea, la ministra de Salud, Sonia Velázquez contó que "todo el fin de semana, y los últimos días del año pasado, estuvimos en contacto con el gobernador, quien fue monitoreando en forma permanente la situación epidemiológica y sanitaria en función de la cantidad de casos, que se han duplicado y triplicado en algunos casos en las últimas semanas".

La titular de la cartera sanitaria aclaró que "el escenario y la situación epidemiológica de hoy es el resultado de las conductas de interacción social de los ciudadanos de hace 12 días atrás y, por el comportamiento que estuvimos viendo en las últimas horas y por las consultas que hemos tenido en los servicios Covid y en los consultorios de afecciones respiratorias en todas las regiones sanitarias, realmente ha sido una preocupación".

En ese sentido indicó que "se han denotado mayores consultas por sintomatologías compatibles con Covid-19 en un rango etáreo de 19 a 50 años, pero lo que nos preocupa sobremanera es que estas personas son convivientes a su vez de adultos mayores y personas con factores de riesgo que hoy los tenemos en nuestras terapias. Eso es lo que más nos preocupa, no solamente por la capacidad del sistema sino porque queremos proteger a nuestra población".