El gobernador Rogelio Frigerio y el director ejecutivo de la ANSES, Guillermo Arancibia, firmaron un convenio que garantiza la transferencia de 120.000 millones de pesos para cubrir la compensación que le corresponde al Estado Nacional por el déficit previsional de la provincia.

Este acuerdo "representa un avance histórico en un reclamo que Entre Ríos sostiene desde hace dos años y medio; y constituye un paso clave para dotar de mayor previsibilidad y sostenibilidad al sistema previsional provincial", remarcaron desde el Gobierno.

Vale recordar que el gobierno provincial llevó el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el cumplimiento de las obligaciones nacionales con la Caja de Jubilaciones provincial. La firma del convenio con ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, "constituye un avance concreto de ese proceso y representa el primer resultado de una política de defensa activa de los recursos de las y los entrerrianos", se indicó.

El acuerdo establece que la ANSES transferirá 120.000 millones de pesos en concepto de anticipo correspondiente al ejercicio 2026. Los fondos serán girados en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10.000 millones de pesos, entre noviembre de 2026 y octubre de 2027, para cubrir la compensación que le corresponde al Gobierno Nacional por el déficit previsional de Entre Ríos.

Además, ambas partes acordaron avanzar en la determinación del resultado definitivo del sistema previsional entrerriano para los ejercicios 2020 a 2026, mediante las auditorías previstas por la normativa vigente. Ese proceso permitirá establecer con precisión las obligaciones pendientes entre la Nación y la provincia.

Otro de los aspectos centrales del convenio es que los montos que surjan de esas auditorías podrán incorporarse al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, creando un mecanismo para avanzar en la compensación y cancelación de la deuda histórica vinculada al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Finalmente, desde el Gobierno destacaron que este acuerdo "se suma al proceso de ordenamiento y saneamiento del sistema previsional impulsado por la gestión de Rogelio Frigerio. La reciente reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial, junto con este convenio, constituyen dos herramientas complementarias para fortalecer la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones, garantizar mayor previsibilidad financiera y comenzar a resolver una deuda histórica que la Nación mantenía con las y los jubilados entrerrianos".

El Gobierno publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que remarcó que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que "incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino" o directamente "ultrajen los símbolos patrios". La medida, que lleva la firma de Javier Milei, fue dada a conocer por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y es en respuesta "a las recientes manifestaciones de hostilidad" contra el país.

"La Oficina del Presidente informa que el presidente Javier G. Milei ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios", indicó el DNU en su comienzo.

Y remarcó: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Los ataques a los que se refiere Milei se intensificaron durante el último Mundial de fútbol disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales. El Presidente intenta atemperar así su manifiesto silencio en la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y Atlántico Sur.

Las transferencias automáticas que el Gobierno nacional distribuye entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron en julio una caída real del 4,2% en comparación con el mismo mes del año pasado. La disminución responde principalmente a una menor recaudación de impuestos coparticipables y al contexto de ajuste fiscal que atraviesan las cuentas públicas.

Los recursos corresponden a los fondos que la Nación gira de manera automática a las jurisdicciones a través del régimen de coparticipación federal y otras leyes especiales. Se trata de una de las principales fuentes de financiamiento de las provincias, entre ellas Entre Ríos, para afrontar el pago de salarios, servicios y distintas políticas públicas.

De acuerdo con distintos análisis económicos, la retracción estuvo vinculada al menor desempeño de la recaudación tributaria, especialmente de impuestos que integran la masa coparticipable. Si bien la actividad económica muestra señales de recuperación en algunos sectores, los ingresos tributarios continúan afectados por la desaceleración del consumo y por cambios en la composición de la recaudación.

El descenso de julio se suma a una tendencia que viene observándose durante el año y que obliga a las administraciones provinciales a revisar sus cuentas. En paralelo, las transferencias no automáticas o discrecionales continúan en niveles considerablemente inferiores a los de años anteriores como consecuencia de la política de reducción del gasto impulsada por el Gobierno nacional.

Especialistas advierten que la evolución de los recursos dependerá, en gran medida, de la recuperación de la recaudación nacional durante el segundo semestre. Mientras tanto, las provincias deberán continuar administrando presupuestos más ajustados en un escenario de menor disponibilidad de fondos.

Las transferencias automáticas constituyen el mecanismo mediante el cual la Nación distribuye parte de la recaudación de impuestos entre las provincias según los porcentajes establecidos por el régimen de coparticipación federal. Por ese motivo, cualquier variación en la recaudación nacional impacta de forma directa sobre los recursos que reciben las jurisdicciones.