La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) resolvió dar de baja la homologación y el uso de más de 60 radares de control de velocidad instalados en rutas nacionales del Chaco y Corrientes, tras detectar fallas operativas e irregularidades administrativas en su implementación. La medida fue oficializada a través de las Disposiciones 7/2026 y 8/2026, publicadas en el Boletín Oficial. 

En el caso de Chaco, la decisión se tomó luego de relevamientos oficiales que detectaron que 30 de los 61 radares fijos homologados ya no se encontraban operativos en las ubicaciones declaradas. Ante esta situación, la ANSV dispuso la baja formal de esos equipos del Registro Nacional correspondiente.

En Chaco, la disposición 7/2026 indica que se dieron de baja 61 cinemómetros fijos distribuidos en rutas nacionales como la RN16, RN95, RN11 y RN89, en distintos tramos que atraviesan localidades como Presidencia de la Plaza, Tres Isletas, Sáenz Peña, Resistencia, Colonia Benítez, Campo Largo, Las Breñas, Makallé, Corzuela, Puerto Bastiani, Quitilipi y Avia Terai. 

La decisión también alcanzó a la provincia de Corrientes, donde, a pedido de la Municipalidad de Santo Tomé, se dio de baja la homologación y autorización de uso de dos radares móviles instalados sobre la Ruta Nacional 14. Según informó el municipio correntino, los dispositivos dejaron de utilizarse por inconvenientes surgidos en su implementación, motivo por el cual se solicitó formalmente su exclusión del sistema nacional. 

En Corrientes, la disposición 8/2026 ordenó la baja de dos cinemómetros móviles marca TRUCAM, modelo LTI 20/20, que operaban en la Ruta Nacional 14, entre los kilómetros 684 y 687, en el municipio de Santo Tomé.

Con la publicación de la resolución, los radares dados de baja ya no pueden registrar infracciones ni generar multas válidas. Desde la ANSV aclararon que los controles de velocidad continuarán vigentes, pero únicamente mediante equipos homologados, correctamente señalizados y en pleno funcionamiento. 

Las disposiciones también ordenaron registrar la baja en el Registro Nacional de Cinemómetros Móviles de Control de Velocidad, notificar a las provincias, municipios, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y Defensorías del Pueblo, y realizar seguimiento y control para garantizar el cumplimiento de la disposición. El Gobierno evalúa alternativas para mejorar la seguridad vial en las rutas afectadas y planea implementar nuevos dispositivos que cumplan con los estándares requeridos.

Dos organismos que hace diez días pasaron formalmente a la órbita del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, avanzaron en las últimas horas con un envío grueso de telegramas de despido. El Gobierno desvinculó, con argumentos operativos y políticos, a 200 trabajadores de AySA y a 50 funcionarios del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

En el Ejecutivo sostienen que despidieron a empleados que “no cumplían sus tareas”, además de apartar a funcionarios que venían de la gestión anterior.

La baja de contratos en esas estructuras se inscribe en una serie de recortes de personal en distintas sociedades del Estado, que la gestión libertaria pretende ajustar, ya sea para reducir gastos o para prepararlas para una eventual privatización. En la Administración General de Puertos (AGP) hubo 140 despidos en los últimos días. Y en Aerolíneas Argentinas, se abrió un proceso de retiros voluntarios.

En otras sociedades del Estado del área de transporte, como Trenes Argentinos (que tiene alto déficit), ya comenzaron los movimientos internos para ajustar el personal en distintas áreas. Y aún resta conocer lo que pasará con Corredores Viales, que días atrás pasó a la órbita de Posse. En la página web de esa empresa -que gestiona las rutas concesionadas- aún figura como presidente Gonzalo Atanasof, que fue designado presidente de Loterías de la provincia de Buenos Aires.Un caso aparte es el de Télam, cuyos 700 empleados fueron licenciados por una semana cuando aún el Gobierno no tenía definido, desde lo jurídico, el futuro de la agencia de noticias estatal.

Según publica el diario La Nación, los ajustes de personal en las sociedades del Estado son el preludio de una guadaña mucho más importante que se prevé en la administración nacional para fines de este mes.

Es que en todo el Estado hay empleados que a fin de año renovaron sus contratos solo por 90 días y ese período culmina a fines de marzo. El decreto 84/2023 del 23 de diciembre había fijado la caída de todos los contratos de los empleados estatales que habían iniciado sus funciones durante el año pasado, una medida que impactó en unos 7000 trabajadores públicos. La segunda parte de ese decreto fijó que el resto de los empleados con modalidad de contrato (los que no integran la planta permanente) renovaría su situación por tres meses y sería sometido a un “relevamiento exhaustivo” para que las autoridades evalúen, caso por caso, la continuidad de sus contrataciones.

En todos los ministerios y organismos, los funcionarios de Milei vienen auditando a sus recursos humanos para detectar qué funciones cumplen sus empleados y si asisten a trabajar. Lo que se espera, según distintas fuentes oficiales, es una nueva tanda de bajas masivas en todos los niveles. “Son varios miles los que se van a ir. Si asisten a su trabajo y tienen tareas asignadas, se quedan. Los que no laburan, se van”, anticipó un funcionario de la Casa Rosada al matutino mencionado, aunque no pudo detallar cuántos empleados públicos serían cesanteados. 

Respecto al Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionado días anteriores, la legisladora de Evolución Radical Marcela Ántola afirma “Desde nuestro bloque propusimos una alternativa superadora a las moratorias que reiteradamente se vienen sucediendo, sin solucionar el problema de fondo”.

“Presentamos un proyecto de prestación proporcional para que cada nuevo jubilado reciba un beneficio previsional conforme a los años de aportes jubilatorios ingresados. Quienes tienen 30 años de aportes acceden a la jubilación ordinaria, quienes tengan menos a un beneficio proporcional a esos años acumulados y quienes no tuviesen aportes pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor.”, remarcó.

Respecto a la PUAM, destaca “nuestro proyecto baja la edad jubilatoria en la PUAM de 65 a 60 para las mujeres y de 70 a 65 para hombres. Las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual) y a los créditos ANSES”.

Para la Diputada Nacional, “La moratoria festejada por el kirchnerismo es una medida que atenta contra la sustentabilidad del sistema previsional. De los jubilados actuales, menos de un cuarto han hecho los aportes correspondientes. Es decir, hay un problema de mercado laboral que claramente tenemos que atender, pero también hay un problema de financiamiento sistémico que pagamos todos los argentinos con inflación”.

“Además, después de haber planchado la fórmula de movilidad establecida en el 2017, sin ajustar las actualizaciones a la inflación, dando aumentos y bonos discrecionalmente que mantienen las jubilaciones en niveles de indigencia, con esta moratoria el gobierno nacional reafirma su desinterés por nuestros jubilados y pensionados.”, agregó.

Finalmente, Ántola, concluyó “Fuimos al recinto con un proyecto sustentable, justo, equitativo, que fomenta el aporte y el ahorro, que contribuye a reducir la brecha previsional de género reconociendo los años que dedicamos las mujeres a las tareas de cuidado. Sabemos que somos muchos los argentinos que estamos construyendo un país distinto. Vamos a seguir trabajando en políticas públicas en esta dirección”.

La Junta Electoral Nacional del Distrito entregó este lunes, en la Sala de Audiencias "Juan Bautista Alberdi" de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, los correspondientes diplomas a los diputados nacionales electos, Rogelio Frigerio, Marcela Antola y Pedro Galimberti, de Juntos por Entre Ríos, y Carolina Gaillard del Frente de Todos que fueron electos el pasado 14 de noviembre.

Los legisladores nacionales jurarán en sus cargos el próximo 7 de diciembre.

El Ministerio de Trabajo adelantó tres meses el pago del aumento de las jubilaciones de los más de 180 mil docentes nacionales, para que puedan estar en "paridad de condiciones con el resto de los beneficiarios previsionales".

De este modo, los jubilados de ese sector cobrarán en diciembre el aumento que corresponde al trimestre julio-septiembre, en lugar de esperar a marzo de 2022 para cobrar la movilidad semestral de julio-diciembre.

En consecuencia, el incremento de diciembre se considerará "con carácter de adelanto a cuenta de la que corresponda otorgar en marzo de 2022", de acuerdo con la Resolución N° 659/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

"Establécese que para los beneficios alcanzados por el suplemento Régimen Especial para Docentes, creado por el Decreto N° 137 del 21 de febrero de 2005, se otorgará en diciembre de 2021, de manera excepcional, la variación de la Remuneración Imponible Promedio Docente entre los meses de junio y septiembre de 2021, con carácter de adelanto a cuenta de la que corresponda otorgar en marzo de 2022", según el texto oficial.

Trabajo reconoció que, en los últimos doce meses, a junio último, los jubilados docentes nacionales recibieron un incremento del 31,4%: 19,06% por la segunda mitad de 2020 y 10,37% por el primer semestre de 2021.

Esa cifra está unos 20 puntos por debajo de la inflación y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo decidió adelantar tres meses el aumento previsto para marzo de 2022.

"Este valor (31,4%) en el marco de la emergencia económica y sanitaria que ha afectado al país, cabe ser atendido excepcionalmente en paridad de condiciones temporales que el resto de los y las beneficiarias previsionales", justificó la Resolución.

El régimen previsional general cuenta con incrementos trimestrales, pero los jubilados docentes reciben dos aumentos por año, en marzo y septiembre, de acuerdo con la evolución de los salarios de los maestros.

Así, en septiembre de cada año perciben el aumento que corresponde a la variación de los salarios de los docentes entre enero y junio; en marzo, a la variación entre julio y diciembre.

La ley previsional de los docentes fija que los trabajadores activos aportan dos puntos adicionales (13% del salario) y se jubilan con el 82% móvil correspondiente al cargo que tenían en actividad.

Para determinar los aumentos de las jubilaciones, la Secretaría de Seguridad Social calcula la variación semestral de los sueldos de los docentes activos con aportes, denominada "Remuneración Imponible Promedio Docente" (RIPDOC).

Los docentes nacionales se jubilan a los 57 años en el caso de las mujeres y a los 60 años los varones.

Ayer por la mañana visitaron Gualeguay los precandidatos a diputados nacionales por "Entre Ríos cambia", Pedro Galimberti y Mariana Salinas, en el marco de la campaña a las legislativas. Allí dialogaron con El Debate Pregón.

Cabe recordar que "Entre Ríos cambia", lista 502 B, es una de las tres propuestas electorales que se presentarán en las PASO del 12 de setiembre dentro del frente electoral Juntos Por Entre Ríos.

Galimberti comenzó señalando: "La gente va a tener la posibilidad de elegir dentro de Juntos pro Entre Ríos entre las tres listas. Yo vengo de Construir, un espacio interno del radicalismo, con esto lo que hacemos es poner un paraguas a otros sectores de la UCR y a otros partidos que también integran esta expresión electoral, que es una lista que se confecciona para competir por los cargos de diputados nacionales pero que también es un proyecto político para los próximos diez años en la provincia de Entre Ríos donde entendemos que esa es la verdadera discusión de fondo".

En esa línea, expresó: "Uno advierte hoy que hay que ganar las lecciones en la provincia para llevar tres diputados, lo mismo que se hizo en el 2017, hay que poner límites al avance constante que tiene le peronismo kirchnerista en las instituciones de la república, no escapa a esto la situación que tenemos tanto en la Cámara de Senadores donde hay una amplia mayoría del justicialismo y en diputados que hoy no tienen quorum propio, hay una cuestión que en el sostenimiento de las instituciones vemos que es fundamental el resultado de este proceso".

"Después hay un camino que se va a iniciar con los dos primeros años donde vamos a ser minoría dentro de la Cámara de Diputados, que van a estar signados primero por la cuestión de la Emergencia Sanitaria que seguramente va a seguir existiendo por lo que la actividad legislativa también va a estar teñida por esas circunstancias. Hay 14 emergencias que están declaradas por el congreso de la nación y otorgadas al ejecutivo, hay ahí un ámbito muy amplio de discrecionalidad, advertimos que se deberían hacer algunas restricciones en ese sentido y desde la posición en nación, pero pensado en la Entre Ríos que viene trabajar para construir una alternativa diferente en esta provincia a lo que van a ser en el 2023 veinte años de gobierno peronista.

Por su parte, Salinas mencionó: "Soy de Concordia, provengo del Pro, soy escribana y decidí sumarme a estar propuesta e integrar la lista junto a Pedro, Darío (Schneider) y todos los demás, ellos viene de la gestión pública, yo de la privada porque entiendo que si bien debemos trabajar por el desarrollo de esta provincia no tenemos 2023 sin dar la batalla en el 2021".

"Soy una convencida de que desde el gobierno están imbuidos de ideología, que no creen en la división de poderes, que vienen por la reforma de la constitución para profundizar el modelo. Creo que el Congreso para ellos es quien ratifica los actos, o como le llaman, la escribanía. Creen que obteniendo la mayoría de los votos se les delega un poder que hay que ejercer verticalmente y es el líder, Cristina Fernández de Kirchner, quien día a día va decidiendo, interpretando la voluntad del pueblo. Tampoco creen que en la independencia del poder judicial y ahí tienen la tarea mas difícil porque como los jueces no se eligen por el voto popular y además son cargos vitalicios, hoy están desesperados porque las causas de corrupción avanzan, cada vez se les pone más cuesta arriba sostener el relato porque las pruebas que tiene las casusas son incontables e irrefutables. Creo que están desesperados y van por todo y si no salimos hoy a hacerles frente y a frenarlos en el Congreso la república no es posible", evaluó.

En tanto, Galimberti señaló: "La nuestra es una construcción con mucha presencia territorial, viene desde abajo, reconoce liderazgos en cada lugar de Entre Ríos y a partir de allí se ha conformado un espacio que aspira a interpretar los anhelos de todos los entrerrianos. Fortaleza desde lo territorial, diferentes dirigentes que ejercen poder en diferentes lugares de la provincia, en definitiva una construcción de poder que es absolutamente plural, de tierra adentro y que va a expresar a una visión de la entrerrianía. Esa es nuestra principal fortaleza, que estamos en cada lugar de la provincia".

"Obviamente tenemos esa idea del proceso político, no es esto únicamente una elección de diputados, se comienza a delinear hacia dónde queremos ir a partir del 2023 cuando culmine Bordet su mandato y esto es central para la Entre Ríos que viene".

Por otra parte, Salinas expresó: "Concordia nos duele a todos porque tenemos el título de ciudad más pobre del país y si uno la recorre lo puede notar. Son consecuencias de décadas de gobiernos justicialistas. No entiendo como los entrerrianos seguimos votando a los mismos para que apliquen las mismas políticas y pretendemos obtener resultados diferentes. Creo que es una toma de conciencia de todos".

"Es muy importante concurrir a votar esta vez. Hay en juego cosas muy importantes como el sistema republicano y federal de gobierno y día a día vemos como el gobierno avanza en el camino contra las instituciones, contra los derechos individuales consagrados en la constitución, el derecho a trabajar, a educarse, a transitar, los chicos sin clases presenciales más de un año, los vemos y tener que ser conscientes de eso", remarcó.

Por último, Galimberti mencionó: "Somos la 502 B, Entre Ríos Cambia, dirigentes que venimos con muchos años de experiencia algunos, otros amigos que antes trabajaban en la cuestión privada pero con militancia en un espacio del Pro que también tiene desarrollo territorial en Entre Ríos. Invitamos a que nos acompañen, ojalá que encuentren en nosotros a aquellos dirigentes que hagan propuesta creíbles, razonables, que se pueden llevar adelante y también dirigentes que hayamos tenido coherencia entre el pensamiento y la acción que luego llevamos adelante".

El Gobierno nacional prorrogó este sábado hasta el 21 de mayo el cierre de las fronteras para el turismo, en tanto continúan suspendidos los vuelos regulares provenientes de Chile, Brasil, México, India, el Reino Unido e Irlanda del Norte. La medida se debe al riesgo sanitario existente por la segunda ola de coronavirus.

Además, el gobierno dispuso que seguirán vigentes los requisitos especiales para transportistas y tripulantes de buques y aviones, según la Decisión Administrativa 437/2021, publicada este sábado en el Boletín Oficial, con la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Las autoridades establecen además que "el Ministerio de Transporte, a través de la Administración Nacional de Aviación Civil, podrá ampliar o reducir la nómina de países o establecer excepciones al presente artículo, con el fin de atender circunstancias de necesidad".

A su vez, Migraciones y el Ministerio de Salud "determinarán y habilitarán los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no residentes autorizados", y "para el regreso de las personas del territorio nacional", añade el texto.

Por otra parte, los transportistas y tripulantes que "ingresen por vía terrestre, tanto extranjeros como nacionales, deberán adjuntar a la declaración jurada, el resultado negativo del test PCR real time o LAMP para SARS-CoV-2, el que tendrá una vigencia de siete días de realizado".

"Similar temperamento se aplicará respecto del transporte marítimo y fluvial internacional de pasajeros, manteniendo dos buques semanales internacionales", completa la norma.

Recomendaciones

Asimismo, en la Decisión Administrativa se reitera "la recomendación a los nacionales o extranjeros residentes en el país y, en particular, a los mayores de 60 años de edad o a personas pertenecientes a los grupos en riesgo, de diferir sus viajes al exterior, cuando no respondieran al desarrollo de actividades esenciales".

Se recuerda también, en caso de hacerlo, "la necesidad de contar con un servicio de salud del viajero Covid-19 en el exterior para la cobertura médica y/o aislamiento y de denunciar los lugares en donde estuvo en los últimos 14 días previos al reingreso al país, entre otros".

"Asimismo, deberá darse cumplimiento a las condiciones impuestas por la autoridad sanitaria nacional y someterse al control de las autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y municipales, en sus respectivas jurisdicciones y ámbitos de su competencia", según detalla la norma.

El gobierno nacional extendió este lunes el plazo del teletrabajo para la Administración Pública Nacional hasta el próximo 9 de abril. A diferencia de la medida anterior, esta vez quedarán exceptuados los trabajadores del PAMI y de la ANSES.

La Decisión Administrativa 303/2021, que prorroga el plazo establecido en el artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 280/21 hasta el próximo 9 de abril, fue publicada hoy por la madrugada en el Boletín Oficial. La medida había sido aplicada para el lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo, y luego de los feriados y el fin de semana, este lunes 5 de abril los empleados públicos debían volver a trabajar.

El decreto anterior exceptuaba de la medida a los trabajadores de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán", ANMAT, al personal de las Fuerzas de Seguridad Federales, de las Fuerzas Armadas, del Servicio Penitenciario Federal, al personal de salud, de Migraciones, del RENAPER, al cuerpo de Guarda Parques Nacionales y al personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Esta nueva resolución mantiene a esos grupos y agrega a los de ANSES y PAMI, quienes deberán volver al trabajo presencial a partir de esta semana.

La medida entra en vigor a partir de este lunes, y el decreto, en su artículo 3, repite una recomendación que ya había realizado la semana pasada: "Invítase a adoptar medidas similares al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las provincias, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios. Asimismo, se recomienda al Sector Privado la adopción de medidas en consonancia con las establecidas en la Decisión Administrativa N° 280/21, prorrogada por la presente".

Quedan expresamente excluidos de la presente decisión administrativa:

- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS).

- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

- Personal de las Fuerzas de Seguridad Federales

- Personal de las Fuerzas Armadas.

- Personal del Servicio Penitenciario Federal.

- Personal de salud y del sistema sanitario.

- Personal del cuerpo de Guarda Parques Nacionales Decreto (N° 1455/87) y el Personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego (Decreto N° 192/21).

- Dirección Nacional de Migraciones.

- Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)".