El procedimiento fue realizado por personal de la División de Toxicología de la Jefatura Departamental Gualeguay, con apoyo del Grupo Especial, en una vivienda ubicada sobre calle Intendente Quirós. El allanamiento comenzó cerca de las 19 y se extendió hasta la madrugada del sábado.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la jueza Alejandra Gómez, con intervención del fiscal Rodrigo Molina, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566.

Durante el operativo, los efectivos hallaron 1,4 kilogramos de cogollos de marihuana, plantas de cannabis sativa, balanzas digitales, teléfonos celulares, una carpa de cultivo con sus accesorios y varios elementos utilizados para el fraccionamiento y armado de cigarrillos.

En el lugar fueron identificadas una mujer adulta y un menor de edad. Además, un hombre de 30 años, residente en la vivienda allanada, fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

En total, el juez federal de Victoria, Federico Martín, procesó a 16 personas con prisión preventiva tras los operativos realizados a fines del año pasado. Algunos, como el caso de Carlos, Mariano, Mateo y Luciano Torres; Ayelén Montojo, Alejandra Rossi, Magdalena Brassesco y Jorge Andino, fueron en apelación, pero recibieron la negativa del órgano federal revisor.

La investigación que llevó más de un año detectó que la organización comenzó comercializando marihuana, pero luego ampliaron el mercado a la cocaína.

La primera organización, denominada “Clan Millen”, operaba en Paraná y Gualeguay desde la Unidad Penal Nº 7, involucrando a varios miembros de la familia Millen y sus allegados en la distribución y venta de drogas.  La segunda, llamada “Clan Luque – Torres – Montojo – UP5”, tenía su centro de operaciones en Victoria y dentro de la Unidad Penal N° 5, liderada por un individuo encarcelado que coordinaba la adquisición, transporte y venta de sustancias ilícitas con la colaboración de varios individuos en libertad.

En la causa se detalla que el liderazgo y la coordinación la tenía Jonathan Luque, quien operaba desde la Unidad Penal N° 5. La justicia le atribuye los roles de organizador, proveedor-coordinador, financista y vendedor dentro de la unidad penal. Luque coordinaba la adquisición de estupefacientes desde Paraná o Rosario a través de terceros. También daba instrucciones sobre la recepción, distribución y resguardo de la droga, así como la organización de su ingreso a la cárcel de Victoria.

Por su parte, Alexis Millen, que inicialmente estaba detenido en la Unidad Penal Nº 5 y luego trasladado a la Unidad Penal Nº 7, lideraba esta organización desde la cárcel; se abastecía de material ilícito y organizaba su remisión para la venta dentro del penal gualeyo y en la ciudad de Paraná.

Ambas estructuras presentan una jerarquía con líderes que coordinan las operaciones y eslabones inferiores encargados de tareas específicas. Ambas organizaciones tenían conexiones y operaban tanto dentro como fuera de establecimientos penitenciarios, utilizando su situación de reclusión como base para la coordinación y el comercio.

La única diferencia que surge de las dos bandas es que el “Clan Luque” muestra una estructura más detallada en cuanto a los roles específicos de sus miembros. Mientras que el “Clan Millen” se caracteriza por una fuerte dependencia de los lazos familiares directos para llevar a cabo sus actividades.

Según la resolución a la que accedió AHORA, Jorge Andino y Luciano Torres eran dos eslabones claves en la organización de Luque. Ambos están procesados por comercio de estupefacientes agravado. La decisión del juez se basó en pruebas recabadas, como escuchas telefónicas y allanamientos, que sugieren la existencia de una organización dedicada al narcotráfico con distintos roles para los acusados.

La Cámara rechazó las apelaciones de las defensas, encontrando suficientes indicios de su participación coordinada en la actividad ilícita. Además, los camaristas realizaron recomendaciones al juzgado Federal de Victoria para profundizar la investigación, especialmente en cuanto a la identificación de proveedores y el destino de los fondos.

La estructura jerárquica de esta organización de narcotráfico, según se desprende de la resolución judicial, parece estar compuesta por diferentes niveles y funciones específicas. Se identifican al menos dos grupos diferenciados operando dentro de una organización mayor.

Uno de los grupos era liderado por Juan Alexis Millen, operando en el barrio Las Flores de Paraná y en la Unidad Penal N°7 (de Gualeguay). El otro grupo, liderado por Jonathan Luque, quien operaba en la ciudad de Victoria y en la Unidad Penal N°5.

En la confirmación del procesamiento, la Cámara avaló el detalle pormenorizado realizado por el juez federal de Victoria.

Si bien no se explicita una jerarquía rígida con organigramas, la información sugiere una estructura con un líder (Luque) dando órdenes a un ejecutor principal (Luciano Torres) que coordina con otros (como Montojo), un proveedor/transportista (Andino) que abastece al ejecutor, un financiador (Carlos Alberto Torres) y varios individuos encargados de la venta y distribución en diferentes niveles (Mariano Torres, Mateo Torres, Rossi, Brassesco), informó Ahora.

La Dirección Toxicología y la División de Inteligencia de la Jefatura Departamental de Gualeguay, en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA), desarticuló durante la jornada del miércoles, 21 de junio, una banda narco de alcance nacional que tenía asiento en la provincia de Entre Ríos y también en el Oeste, más precisamente en las localidades de Merlo y Morón.La investigación comenzó hace varios meses por disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Victoria, a cargo del Doctor Federico Ángel Claudio Martín, por una presunta infracción a la Ley Nacional número 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes que devino en un total de 17 procedimientos, informaron de manera oficial.

Alguna de la droga que tenía la banda que se asentaba en Merlo, Morón y Gualeguay.

Como consecuencia, se pudo desbaratar una organización criminal que operaba por todo el territorio argentino que se movilizaba en muchos autos luego de varios allanamientos de diferentes domicilios y residencias y requisas vehiculares, los cuales arrojaron resultados positivos en cada uno de ellos.Los sucesivos operativos arrojaron el secuestro de más de un kilo de cocaína y tres mil gramos de marihuana, muchas plantas de Cannabis Sativa, una suma de dinero en efectivo que los voceros policiales calificaron como "millonaria", seis vehículos de diferentes marcas y modelos, armas de fuego con cartuchería y de diverso calibre y soportes de almacenamiento informático.

A su vez, los agentes incautaron balanzas digitales, una moto, múltiples teléfonos celulares y de línea, documentación y elementos de fraccionamientos, entre otros objetos que fueron puestos a disposición de la Justicia, sumado a la detención de 16 personas, todas ellas mayores de edad. Cabe recordar que este tipo de delitos son federales y tienen una expectativa de cuatro a 15 años de prisión efectiva dependiendo de los agravantes que vayan surgiendo a medida que avance la instrucción, siempre según el Código Penal de la Nación.

Claudio “Cholo” Berón recibió la pena de seis años y medio de prisión por comercio de estupefacientes, que contempla una condena condicional que venía cumpliendo por otros delitos como balaceras y amenazas. En el caso también estuvo implicado un policía que trabajaba en Victoria, era su cuñado y le pasaba información de las investigaciones y allanamientos. Alexis Blanchero recibió tres años de prisión condicional tras un juicio abreviado y lo exoneraron de la fuerza.

La investigación de la Fiscalía y personal de Toxicología local, comenzó en 2020 hasta los allanamientos realizados el 8 de julio de 2020. Las actividades de venta de cocaína se realizaban tanto en la vivienda de Berón, ubicadas en Rocamora 275 de esta ciudad y San Martín y Arenales, como también mediante entregas con la modalidad “delivery”. Asimismo, se estableció que tenía algunos puntos de reventa en la ciudad donde personas comercializaban la cocaína que él les vendía.

La tarde de los procedimientos, en plena pandemia, los policías interceptaron el auto que conducía el sospechoso, un Ford Fiesta, en Bulevar Moreno y Sargento Gómez de Victoria. Tenía consigno un envoltorio de cuatro gramos de cocaína. En uno de sus domicilios hallaron otros 56 gramos de la misma sustancia, así como 187.770 pesos y 350 reales.

El juicio comenzó a fines de abril en el Tribunal de Gualeguay, presidido por Dardo Tórtul, quien la semana pasada dictó la sentencia condenatoria.

En el debate declararon testigos de procedimientos y los investigadores de Toxicología de Victoria. El fiscal Eduardo Guaita pidió la pena de ocho años y nueve meses de prisión (comprensiva de la condena anterior que pesaba sobre Berón). En tanto, el abogado defensor Augusto Lafferriere pidió la absolución por falta de pruebas o una pena condicional.

El juez consideró probada la actividad delictiva desplegada por el acusado, quien actuaba junto a su padre, Ramón Adolfo Berón, alias “Pito Pito”, condenado en 2015 por vender marihuana y cocaína en el Quinto Cuartel.

Del análisis de los celulares secuestrados surgió información importante que, entre otros datos, confirmaban que la banda se proveía de cocaína en Rosario.

En una conversación entre padre e hijo, Pito Pito le dice a Cholo que ya había pasado el control de Gendarmería y que estaba todo encaminado, que diera luz verde para coordinar el transporte de la droga. Se destacó que compraba la droga en la vecina ciudad, y que en esa ocasión iba a adquirir medio kilo de cocaína para cada uno.

El transporte no lo hacía el padre solo, sino que utilizaba a un taxista que cruzaba el enlace vial de la ruta nacional 174.

Para tener una idea de las ganancias que obtenía el grupo familiar, en una conversación por mensajes de WhatsApp entre Claudio Berón y un cliente, el vendedor le indica que el precio de los cinco gramos era 4.500 pesos (año 2020, hoy sería mucho más). Es decir que, solo por el medio kilo que le tocaba vender al joven, se alzaría con 450.000 pesos.

Cuatro personas habían sido detenidas en el mes de febrero en el barrio Villa Yatay de Paraná, en el marco de un procedimiento de la Policía Federal por narcomenudeo. Al día siguiente quedaron libres, mientras que la causa pasó a la Justicia Federal por la gran cantidad de droga secuestrada, varios kilos de marihuana y cocaína. Ahora, el fuero federal dispuso la detención de los dos principales narcos, cabecillas de la banda. Uno fue arrestado en la noche del martes y otro al mediodía de este miércoles en la vivienda que cuenta con un sistema de cámaras no sólo para ese domicilio sino para toda la cuadra, con la que vigilaban los movimientos de todo el barrio.

Se informó que personal de la Oficina de Brigada de la DUOF Paraná de la Policía Federal Argentina, con motivo de un oficio judicial procedente del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Paraná, a cargo de Leandro Damián Ríos, Secretaría Criminal y Correccional Nº 2, a cargo de Juan Andrés Chaulet, realizó diversas tareas con el objetivo de dar con el paradero de dos miembros de la organización narcocriminal que operaba en el mencionado barrio Yatay.

Durante el mes de febrero se llevaron a cabo numerosos allanamientos con intervención de la Justicia provincial. Como resultado de la cantidad de droga secuestrada, la fiscal Mercedes Nin solicitó la declaración de incompetencia, el Juzgado de Garantías resolvió en consecuencia, y envió el legajo a la Justicia Federal de Paraná.

La vivienda principal donde se advertían los movimientos relacionados al comercio y almacenamiento de drogas, está ubicada en calle Batalla de Suipacha, a aproximadamente 100 metros de calle Hernández Saba, detrás del Club Toritos de Chiclana, donde al menos una persona quedó sospechada de almacenar y comercializar drogas.

En uno de los allanamientos se había encontrado un ladrillo de marihuana de un kilo y medio, 287.000 pesos y 103 dólares. También incautaron cuatro equipos de comunicación tipo handy, una notebook, una tablet, una balanza de precisión, numerosas cintas de embalar y rollos de papel film transparentes y bolsas de nailon verde, una licuadora utilizada para triturar marihuana, tres celulares, tres cámaras ubicadas en el ingreso sobre el portón y en dos postes de alumbrado público en inmediaciones al lugar allanado, una moto Honda Wave y un auto VW Voyage.

En la segunda requisa domiciliaria se secuestraron varios celulares y 130.000 pesos. En la tercera, más teléfonos, 145.000 pesos y una pistola calibre automático con seis proyectiles, así como 80 balas calibre 25. En el cuarto fue en la vivienda que funcionaba como lugar almacenamiento de la droga, ya que encontraron: siete ladrillos de marihuana que pesaron cinco kilos y medio, dos plantas de cannabis sativa, un ladrillo de cocaína de más de un kilo 3.000.000, 130.000 pesos, entre otros elementos.

Se calculó que el valor en el mercado de toda la doga secuestrada ascendía a 3,5 millones de pesos, aproximadamente.

En la jornada del martes, el personal de Brigada de la fuerza federal logró la aprehensión de uno de los integrantes de la banda en la vía pública, más precisamente en el barrio Paraná I; mientras que en horas de la mañana de este miércoles se concretó la detención del restante buscado, tras el allanamiento de su morada en Yatay.

El Tribunal Oral Federal 1 de Rosario ordenó la captura de Esteban Rocha y Brisa Leguizamon, el matrimonio que se casó en un fastuoso salón el pasado sábado en Campos de Ibarlucea, Rosario, y donde poco después masacraron a una familia que había asistido a la boda.

La esposa, según se supo luego, estaba bajo el régimen de prisión domiciliaria con tobillera electrónica en el marco de una causa por narcotráfico. Al estar en el salón festejando su boda, rompió con esa medida impuesta por la Justicia. En tanto, Rocha, había sido excarcelado en diciembre pasado, pero también bajo investigación por el mismo delito.

El fiscal Reynares Solari había solicitado la detención de ambos. El Tribunal revocó la domiciliaria de la mujer al estar en clara infracción y sobre él lo citó en dos oportunidades a dar explicaciones pero nunca concurrió.

Por eso se los declaró en rebeldía y se dispuso la detención, aunque cuando se los fue a buscar no se encontraban en su domicilio y ahora están prófugos. Los dos fueron protagonistas de la boda el pasado sábado, tras lo cual asesinaron a una familia que había sido parte de los invitados. 

Concretamente, Iván Giménez y su pareja Erica Romero, y su beba de un año, fueron asesinados a balazos en la ruta 34, cuando una camioneta interceptó el vehículo en el que se retiraban de la fiesta.

Giménez y su beba murieron pese a haber sido trasladados al hospital por asistentes de la boda que, enterados de lo sucedido, acudieron al lugar. En tanto, Erica Romero apareció calcinada en el vehículo en el que se trasladaba a pocos kilómetros del salón de fiestas donde había asistido a la boda.

Luego, el fiscal de la causa sostuvo que uno de los invitados al casamiento reconoció ante la Justicia que, asustado por poder ser involucrado en el crimen y estando bajo los efectos del alcohol, prendió fuego el vehículo con el cuerpo adentro. El fiscal informó que cuando eso sucedió la mujer estaba muerta, por eso descartó un encubrimiento.

El asesinato ocurrió en medio de una disputa narco entre bandas que pelean por la venta de drogas en la zona. NA

Un vecino de la zona rural de Allen compró un colectivo de dos pisos para convertirlo en una casa y halló un cargamento narco escondido detrás de una de las paredes. Se trata de cinco kilos de cocaína valuados en cerca de 15 millones de pesos. Presumen que se encontraban en el lugar desde hace mucho tiempo.

De acuerdo a información brindada por fuentes policiales, fue personal de la Unidad Operativa Federal de Roca quien tomó conocimiento del hecho, luego de que el hombre se comunicara para denuncian la posible presencia de estupefacientes.

A su vez, detallaron que el sujeto había comprado el colectivo de doble piso y, mientras realizaba el desmantelamiento de la carrocería, encontró oculto en un panel del interior del baño varios paquetes encintados que le llamaron la atención.

La droga, según trascendió, llevaba varios años oculta detrás del panel, camuflada entre la carrocería del micro. La Justicia Federal inició una causa, la cual se encuentra a cargo del juez Hugo Greca, y hasta el lugar se movilizó una comisión para constatar el material detectado. Allí, se realizaron las pruebas de campo para determinar si se trataba de sustancias prohibidas.

Finalmente, los efectivos lograron incautar cerca de cinco kilos de cocaína compactada en forma de tizas. Teniendo como referencia los valores del mercado ilegal de estupefacientes en la zona, la sustancia incautada supera ampliamente un valor estimado de 15 millones de pesos. En relación a la investigación no se obtuvieron mayores detalles por tratarse de un hecho de extrema reserva y ser secreto de sumario.