El Juzgado Federal N°3 de Rosario dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Fernando Sebastián "Narigón" Vázquez, el presunto líder de una organización dedicada al narcotráfico en esa ciudad santafesina, que fue detenido el mes pasado tras permanecer ocho años prófugo.

Durante la investigación, el hombre fue intensamente buscado en Entre Ríos, más precisamente en Victoria. En octubre de 2025, los investigadores tenían información de que se había ocultado en la zona de las termas. Para capturarlo, desplegaron 60 policías, drones y perros. Vázquez fue divisado por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en inmediaciones del complejo termal, pero al notar la presencia de los investigadores logró escabullirse entre la vegetación, abandonando su vehículo y un teléfono celular. Fue así que cambió de escondite y finalmente fue detenido en la localidad de Gálvez, en Santa Fe.

Además, Vázquez se encuentra imputado en el ámbito de la justicia provincial por su presunta participación en el doble homicidio de Andrés "Pillín" Bracamonte, histórico líder de la barra brava de Rosario Central, y de su colaborador directo Daniel Attardo, ocurrido el 9 de noviembre de 2024.

El juez federal Carlos Vera Barros consideró acreditado, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, que Vázquez ocupaba una posición de conducción dentro de una estructura narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes, bajo la modalidad de tenencia con fines de almacenamiento, distribución y comercialización. Asimismo, justificó la prisión preventiva en el riesgo de fuga evidenciado por los ocho años durante los cuales el imputado logró mantenerse evadido de la justicia federal.

Luego de ser buscado intensamente en la localidad entrerriana de Victoria, Vázquez fue detenido el 16 de junio pasado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez por personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía de Santa Fe. Hasta entonces integraba la nómina de personas prófugas más buscadas de la provincia.

La pesquisa que derivó en el procesamiento de Vázquez se originó a partir de distintas investigaciones federales sobre narcotráfico desarrolladas en Rosario, una de las cuales tuvo como punto de partida la muerte de Giuliana Maldován, una joven de 20 años que falleció el 1° de enero de 2017 tras consumir drogas sintéticas en una fiesta electrónica realizada en el predio Punta Stage, en la localidad de Arroyo Seco. A raíz de una denuncia que señalaba que un hombre identificado como Jerónimo S. habría ingresado estupefacientes al evento y que tenía bunkers en departamentos del macrocentro y una cocina de drogas en bulevar Oroño y Saavedra, se impulsaron diversas medidas de investigación que luego convergieron con otras causas federales sobre narcotráfico.

En una de ellas intervino el titular de la entonces Fiscalía Federal N°2 de Rosario, Claudio Kishimoto, quien dispuso tareas investigativas a cargo de la División Antidrogas local de la Policía Federal Argentina (PFA) por la presunta comisión de delitos previstos y penados en la Ley N°23.737 de persecución del narcotráfico. Las intervenciones telefónicas, vigilancias y tareas de observación permitieron reconstruir una red de comercialización de estupefacientes y vincular a distintos vendedores minoristas con una estructura mayorista de provisión de cocaína operada por Vázquez.

Según la investigación, la organización operaba a través de dos células principales: una encabezada por Cristian Mario "Negro" González, con actividad en la zona de Villa Moreno y vinculado al clan "Los Monos", y otro liderado por Vázquez, cuya función era abastecer como proveedor mayorista de cocaína a la banda de González.

De acuerdo con la resolución judicial, Vázquez coordinaba el acondicionamiento, acopio, distribución y comercialización de la droga y ostentaba una posición de superioridad jerárquica que le permitía impartir directivas, administrar recursos y fijar precios dentro de la organización. Tras el episodio de 2018, el juzgado federal declaró la rebeldía de Vázquez y ordenó su captura. La medida permaneció vigente durante ocho años, hasta que fue localizado y detenido en Villa Gobernador Gálvez.

En total, el juez federal de Victoria, Federico Martín, procesó a 16 personas con prisión preventiva tras los operativos realizados a fines del año pasado. Algunos, como el caso de Carlos, Mariano, Mateo y Luciano Torres; Ayelén Montojo, Alejandra Rossi, Magdalena Brassesco y Jorge Andino, fueron en apelación, pero recibieron la negativa del órgano federal revisor.

La investigación que llevó más de un año detectó que la organización comenzó comercializando marihuana, pero luego ampliaron el mercado a la cocaína.

La primera organización, denominada “Clan Millen”, operaba en Paraná y Gualeguay desde la Unidad Penal Nº 7, involucrando a varios miembros de la familia Millen y sus allegados en la distribución y venta de drogas.  La segunda, llamada “Clan Luque – Torres – Montojo – UP5”, tenía su centro de operaciones en Victoria y dentro de la Unidad Penal N° 5, liderada por un individuo encarcelado que coordinaba la adquisición, transporte y venta de sustancias ilícitas con la colaboración de varios individuos en libertad.

En la causa se detalla que el liderazgo y la coordinación la tenía Jonathan Luque, quien operaba desde la Unidad Penal N° 5. La justicia le atribuye los roles de organizador, proveedor-coordinador, financista y vendedor dentro de la unidad penal. Luque coordinaba la adquisición de estupefacientes desde Paraná o Rosario a través de terceros. También daba instrucciones sobre la recepción, distribución y resguardo de la droga, así como la organización de su ingreso a la cárcel de Victoria.

Por su parte, Alexis Millen, que inicialmente estaba detenido en la Unidad Penal Nº 5 y luego trasladado a la Unidad Penal Nº 7, lideraba esta organización desde la cárcel; se abastecía de material ilícito y organizaba su remisión para la venta dentro del penal gualeyo y en la ciudad de Paraná.

Ambas estructuras presentan una jerarquía con líderes que coordinan las operaciones y eslabones inferiores encargados de tareas específicas. Ambas organizaciones tenían conexiones y operaban tanto dentro como fuera de establecimientos penitenciarios, utilizando su situación de reclusión como base para la coordinación y el comercio.

La única diferencia que surge de las dos bandas es que el “Clan Luque” muestra una estructura más detallada en cuanto a los roles específicos de sus miembros. Mientras que el “Clan Millen” se caracteriza por una fuerte dependencia de los lazos familiares directos para llevar a cabo sus actividades.

Según la resolución a la que accedió AHORA, Jorge Andino y Luciano Torres eran dos eslabones claves en la organización de Luque. Ambos están procesados por comercio de estupefacientes agravado. La decisión del juez se basó en pruebas recabadas, como escuchas telefónicas y allanamientos, que sugieren la existencia de una organización dedicada al narcotráfico con distintos roles para los acusados.

La Cámara rechazó las apelaciones de las defensas, encontrando suficientes indicios de su participación coordinada en la actividad ilícita. Además, los camaristas realizaron recomendaciones al juzgado Federal de Victoria para profundizar la investigación, especialmente en cuanto a la identificación de proveedores y el destino de los fondos.

La estructura jerárquica de esta organización de narcotráfico, según se desprende de la resolución judicial, parece estar compuesta por diferentes niveles y funciones específicas. Se identifican al menos dos grupos diferenciados operando dentro de una organización mayor.

Uno de los grupos era liderado por Juan Alexis Millen, operando en el barrio Las Flores de Paraná y en la Unidad Penal N°7 (de Gualeguay). El otro grupo, liderado por Jonathan Luque, quien operaba en la ciudad de Victoria y en la Unidad Penal N°5.

En la confirmación del procesamiento, la Cámara avaló el detalle pormenorizado realizado por el juez federal de Victoria.

Si bien no se explicita una jerarquía rígida con organigramas, la información sugiere una estructura con un líder (Luque) dando órdenes a un ejecutor principal (Luciano Torres) que coordina con otros (como Montojo), un proveedor/transportista (Andino) que abastece al ejecutor, un financiador (Carlos Alberto Torres) y varios individuos encargados de la venta y distribución en diferentes niveles (Mariano Torres, Mateo Torres, Rossi, Brassesco), informó Ahora.

El tráfico de estupefacientes es uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado y se ha convertido en el principal desafío en regiones donde operan con brutal violencia los carteles de la droga o las bandas aliadas con las fuerzas de seguridad estatales (como ocurre, por ejemplo, en Rosario). En la última década, algunos países de América Latina se han convertido también en centros de consumo, mientras que otros sirven como puntos de tránsito de la mercancía ilegal (Fuente: www.dw.com).

La desigualdad, la violencia y la ineficiencia junto a la complicidad estatal son los ejes principales que explican el aumento del narcotráfico tanto en Argentina como en el mundo. Más allá de la supuestas “guerras” contra la venta ilegal de narcóticos que se han pretendido instalar en el país por parte de los funcionarios públicos que han estado en el poder, lo cierto es que nada de esto ha sido así. De hecho, si lo fuera, tampoco hubiese sido la solución, por el contrario. Si se aumenta el espiral de violencia, el problema se profundiza.

Debe quedar en claro que el prohibicionismo de sustancias, la criminalización de consumidores y la militarización del combate lejos están de lograr resultados positivos. Tampoco ayudan la especulación y el show político en años de comicios electorales.

La ignorancia y el desconocimiento por parte de las autoridades públicas a la hora de encarar esta problemática es preocupante. No sólo no desandan estrategias eficientes y modernas al momento de enfrentarlo sino que ni siquiera apuntan a entender que la actividad política tiene mucho por hacer más allá de la violencia. En este sentido, los administradores del Estado podrían luchar contra la inflación, la pobreza, la indigencia y el trabajo precarizado. De esta manera, combatirían uno de los factores más determinante que posibilitan el comercio ilegal de drogas: la desigualdad.

La corrupción y la complicidad de las fuerzas públicas es otro asunto grave a considerar en esta temática. Nada puede ser solucionado si el Estado no corrige esta red compleja de responsabilidades y complicidades. Peor aún es si las autoridades públicas que deben solucionar estas cuestiones también se alían a este crimen organizado, ejemplos en Argentina hay de sobra sin considerar un color político en particular.

No se puede omitir que es tiempo que toda la clase política dejé a un lado los prejuicios y comprenda que, más allá de que la desigualdad es un factor determinante para su desarrollo, el narcotráfico a esta altura ya abarca y atraviesa a todas las clases sociales, no solamente a las bajas. Si no se entiende este punto, la criminalización y la discriminación contra los sectores más vulnerables dificultará aún más esta problemática.

En fin, el comercio ilegal de drogas ha ido aumentando con el tiempo. Por fuera del show, la criminalización del consumo, la prohibición de sustancias, la enorme gama de prejuicios y la complicidad y corrupción por parte de quienes deberían combatir esta contingencia social, nada se está realizando para solucionar este grave problema.

Julián Lazo Stegeman 

Las cataratas del Iguazú es una de las siete maravillas del mundo, es por eso que no resulta extraño que celebridades de todo el globo muestren su interés y su admiración ante tal magestuoso paisaje. Sin embargo, poco se sabía de la visita de uno de los personajes más oscuros de la historia criminal mundial, el reconocido sicario Pablo Emilio Escobar Gaviria. Escobar paseo junto a su familia en las instalaciones del lado brasileño de las cataratas en el año 1982.