El conflicto se originó cuando Espert renunció a su candidatura tras una denuncia por recibir una transferencia de USD 200.000 de un empresario vinculado a causas por narcotráfico y lavado de activos.  Esa baja masiva de candidatos obligó al partido La Libertad Avanza (LLA) a solicitar la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) para adecuarlas a la nueva nómina.  

Sin embargo, la Junta Electoral de Buenos Aires rechazó la petición del oficialismo al considerar que “resulta material, temporal y jurídicamente inviable” llevar adelante una reimpresión masiva en el tramo restante del calendario electoral. Entre los argumentos centrales del tribunal se encuentran el costo estimado de más de $12.169.655.000 y la dificultad logística de producir y distribuir nuevas boletas a más de 38.000 mesas en tiempo útil. 

Menos modificaciones aún: la resolución sostuvo que las boletas ya impresas —con la foto de Espert— seguirán siendo válidas para la elección del 26 de octubre. 

Ante ese rechazo, el gobierno presentó un recurso de apelación ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) con el objetivo de revertir el fallo. Su planteo central es que no actualizar las boletas implica una afectación al derecho de los electores de elegir entre “candidaturas verdaderas y no ficticias”. 

En paralelo, el fiscal federal Ramiro González pidió que se confirme la decisión del juez de primera instancia —que asignaba el primer lugar de la lista a Karen Reichardt— y que esa cambio se respete en la boleta. 

No obstante, existen previsiones de que el tribunal electoral superior decida asignar el encabezamiento de la lista a Diego Santilli, desplazando a Reichardt, con base en precedentes electorales y la interpretación de la ley de paridad de género. 

La cámara tiene previsto definir el caso en las próximas horas. Si admite la apelación, podría ordenar la reimpresión y consolidar la modificación de la lista; si la rechaza, se mantendrá la boleta actual con la cara de Espert.

Frente a las revelaciones, Espert admitió haber utilizado aeronaves que “directa o indirectamente pertenecerían” a Machado para actos de campaña, aunque afirmó desconocer los antecedentes penales del empresario.Respecto a la transferencia de 200 mil dólares, sostuvo que se trató de un pago correspondiente a un servicio profesional, defendió la trazabilidad bancaria del monto y rechazó que fuera un aporte electoral encubierto. 

Por su parte, dentro del oficialismo algunas voces tomaron distancia y demandaron explicaciones, mientras que Espert fue defendido por sectores alineados con el presidente Javier Milei, que denuncian una maniobra electoral de la oposición. 

Las confirmaciones judiciales endurecen la situación de Espert en plena carrera electoral. Entre las posibles acciones que la oposición plantea:

Por su parte, el juez Marcelo Martínez de Giorgi quedó con el expediente que investiga estas conexiones, y podría avanzar con nuevas medidas — citaciones, pedidos de prueba, bloqueo de bienes — conforme se consolide la documentación proveniente de EE. UU. y circuitos bancarios internacionales.

La dimensión local del problema se centra en la denuncia previa ignorada. Directivos del Sanatorio Concordia afirmaron públicamente que el año pasado presentaron una denuncia formal contra HLB Pharma, la empresa farmacéutica ahora en el centro de la investigación, por irregularidades detectadas en sus productos. Esta revelación pone en tela de juicio los mecanismos de control y la respuesta de las autoridades sanitarias ante las advertencias tempranas. El fentanilo contaminado provocó al menos 76 muertes. 

Paralelamente, el caso ha adquirido una preocupante dimensión internacional. Un informe de la DEA advirtió sobre la vulnerabilidad de las zonas francas, señalando que podrían ser utilizadas para el desvío de precursores químicos o el lavado de activos vinculados al narcotráfico.

En este marco, las miradas también apuntan a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina. Según fuentes políticas, el organismo antilavado habría sido alertado sobre movimientos sospechosos que no fueron investigados con la celeridad necesaria, lo que podría haber permitido que la red operativa detrás del fentanilo contaminado actuara sin ser detectada. La controversia une así la negligencia en la supervisión sanitaria con posibles fallas en el control del lavado de dinero y el crimen organizado.

Durante los allanamientos, se incautaron 1.808 plantas de Cannabis Sativa, equivalentes a 78,669 kilogramos de hojas, y 7,309 kilogramos de cogollos y hojas de la misma planta. Además, se encontraron 182 gramos de marihuana, semillas de Cannabis Sativa, 0,6 gramos de cocaína, 1,9 gramos de MD, 4,2 gramos de éxtasis fraccionado, seis pastillas de éxtasis y un troquel de LSD. También se secuestraron elementos destinados al cultivo y producción de estas sustancias.

En el marco del operativo, se decomisaron 21.044.280 pesos argentinos, 49.725 dólares, 14 reales y varios vehículos que quedaron sujetos a la causa judicial.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó el trabajo de la Policía de Entre Ríos y la colaboración de la Justicia Federal, señalando que la investigación llevó un año y medio de trabajo intenso. “Es un día importante para la provincia. La Policía, sin el apoyo judicial, no puede avanzar en ninguna investigación y esta es la demostración de que, cuando se realiza un trabajo estratégico y coordinado, se logran buenos resultados”, afirmó Roncaglia.

Asimismo, subrayó la gravedad del hallazgo: “Acá no hablamos de sustancias para consumo personal, sino que era un verdadero montaje de comercio y venta de sustancias ilegales, en este caso marihuana. 1.800 plantas de marihuana iban a ser comercializadas y vendidas a nuestros jóvenes en Paraná. Desde mi punto de vista, es un error banalizar el consumo, sobre todo de la marihuana. La sustancia activa se ha redoblado. El THG de estas plantas es muy elevado y produce mucho daño”.

El operativo, que incluyó 13 allanamientos y dos requisas vehiculares, representa un importante avance en la lucha contra el crimen organizado en la región.

El procedimiento que derivó en su detención culminó con el decomiso de 359 kilos de cocaína ocultos dentro de una avioneta en una zona rural. Según informó el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, los detenidos han sido identificados como Carlos Costa Díaz, un ciudadano brasileño de 52 años, y Jade Isabela Callau Barriga, una joven de 21 años que, según las primeras investigaciones, podría ser la hija de un importante líder de un cartel de drogas en Bolivia.

Por razones de seguridad, la custodia en la Comisaría de Holt Ibicuy fue reforzada el viernes, ante el temor de un intento de rescate de los arrestados. El ministro Roncaglia confirmó que ambos fueron trasladados a unidades de detención federales en Paraná y que su permanencia en esa ciudad será breve, ya que está previsto su traslado al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

El caso sigue bajo investigación, con el objetivo de determinar si los detenidos tienen antecedentes y establecer las conexiones internacionales del cargamento de droga decomisado.

Los gobernadores cerraron filas para solidarizarse con su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, frente a la inquietante escalada violenta del crimen organizado el territorio de Rosario y enviarle un mensaje al presidente Javier Milei en plena discusión por el Pacto de Mayo y la nueva ley ómnibus: el avance del narcotráfico es un “problema federal” y el combate del flagelo requiere de una fuerte inversión de fondos públicos.

“La gravedad y complejidad de lo que sucede requiere decisiones a la altura de lo que está en juego, que es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, resaltaron los 23 mandatarios provinciales del país y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

En el comunicado oficial, que se gestó durante las últimas horas de la jornada de ayer en el grupo de WhatsApp que comparten desde los opositores del kirchnerismo Axel Kicillof y Ricardo Quintela hasta los dialoguistas Alfredo Cornejo o Rogelio Frigerio e Ignacio Torres, los caciques alertaron que “en mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno”, que no “reconoce fronteras ni jurisdicciones”.

La reacción de los mandatarios se produjo poco después de que Milei, quien puso en manos de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el operativo de desembarco en Rosario de efectivos de las fuerzas que dependen de la Nación para reforzar la presencia policial en las zonas más calientes, insistiera en que “la Argentina es un país federal, por lo tanto, la seguridad, la educación, la salud son todos temas de cada provincia”. “Si se nos requiere nosotros damos asistencia”, puntualizó Milei en una entrevista que concedió desde su despacho en la Casa Rosada al canal Crónica TV.

Los mandatarios volvieron a dejar de lado la grieta ideológica para formar una línea de resistencia frente a Milei. Fuera de micrófono, varios jefes distritales sospechan que Milei le traba el giro de fondos a Bullrich en su cruzada por lograr el déficit cero. Por caso, Pullaro volvió a reclamarle el lunes por el traspaso de la cárcel federal que se construye en Coronda para trasladar allí a presos de alto perfil.

Ante las declaraciones de Milei, quien no confirmó cuándo vendrá a Rosario pese a la espiral de violencia y ni aún se comunicó con Pullaro, los gobernadores salieron a marcarle la cancha. No quieren romper la tregua ni confrontar abiertamente, pero sí enviar un mensaje. “El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos”, resaltaron.

En un sector del grupo de gobernadores presumen que Milei buscaría con sigilo “provincializar” el fenómeno del narco. Mientras tanto, visualizan que el flagelo se expande en ciudades del interior o del conurbano. “Es un tema que los toca a todos, independientemente del color político”, sostiene un asesor de uno de los mandatarios.

La carta de los gobernadores fue un espaldarazo a Pullaro, que enfrenta una prueba de fuego ante la amenaza de grupos narcotraficantes que utilizan sicarios para sembrar pánico en la sociedad en rechazo a la nueva doctrina de seguridad en las cárceles de la provincia. La violenta respuesta de los clanes a las requisas en los penales con métodos que remiten al modelo que aplicó Nayib Bukele para combatir las pandillas en El Salvador, se cobró en la última semana la vida de cuatro personas.

Los gobernadores volvieron a activar el grupo que los mantiene abroquelados para solidarizarse con Pullaro. No solo les inquieta la falta de precisiones de la Casa Rosada sobre la letra chica de la nueva ley ómnibus, que incluye un paquete fiscal y la restitución de ganancias, sino la epidemia de violencia en Rosario. Consideran que la guerra contra el narcotráfico requiere un accionar conjunto entre la Nación y las provincias. Por lo tanto, se necesita invertir fondos para equipamiento, efectivos o cárceles. Anteayer, Milei prometió que destinará diez millones de dólares en armamento para las fuerzas. “Es un tema muy grave y federal. Si no paramos el narcotráfico, se va a expandir a Córdoba, Entre Ríos o Catamarca”, reconoce uno de los mandatarios del PJ que firmó la misiva.

Pullaro habló con varios de sus pares para coordinar la asistencia. Kicillof confirmó ayer que enviará helicópteros, drones y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la policía bonaerense. Ayer, Bullrich, al frente del comité de crisis, se reunió con su par Javier Alonso y el senador bonaerense Sergio Berni para escenificar el apoyo que le brindará con recursos humanos y materiales la administración de Buenos Aires al operativo en Santa Fe. Berni -que exhibió su llamativa sintonía con Bullrich- anticipó que impulsarán una iniciativa en la Legislatura bonaerense junto con legisladores de Pro para darle un marco legal al eventual accionar de policías de la provincia en la jurisdicción de Santa Fe.

Con ese trasfondo, Martín Llaryora (Córdoba), quien alertó que si el narcotráfico gana la batalla en Rosario, podría expandirse a otras ciudades y respaldó la eventual intervención del Ejército en el combate del crimen organizado, envió hoy a su ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a reunirse con Pablo Cococcioni, el funcionario de Pullaro a cargo de la cartera de Seguridad. Se vieron en la sede de la gobernación en esta ciudad, que recupera el ritmo habitual después de que la escalada de violencia y los ataques a sangre fría de los sicarios paralizaran actividades y servicios, como las clases en las escuelas, el transporte y la recolección de residuos. Si bien las autoridades intentan que la asistencia federal colabore a recuperar la normalidad, los ciudadanos se sienten acogotados por la amenaza narco y reclaman medidas para salir a las calles sin miedo.

Hasta los funcionarios se alarman por las escenas de terror en las calles. Un integrante del Gabinete de Pullaro, que se instaló en Rosario desde que estalló el conflicto, quedó atónito por la reacción de un joven de las zonas más postergadas que ofrecía limpiar el parabrisas del auto a cambio de una propina. Ante el temor del chofer, el niño le gritó: “Somos laburantes, no sicariantes”.

En las próximas horas llegaría el grueso de los refuerzos de los 450 efectivos que prometió Bullrich durante su paso por la ciudad. Anoche hubo operativos de integrantes de la Policía Federal en algunos barrios, pero Rosario no luce sitiado por las fuerzas. Según confirmó a este medio Vicente Ventura Barreiro, secretario de Seguridad de la Nación, los efectivos serán destinados a las zonas de mayor complejidad, como la zona de Vía Honda. E informó que ya arribó personal de la Policía Federal, de la Policía Seguridad Aeroportuaria y Prefectura. “No venimos a Rosario para ser visibles, sino para erradicar este tema de raíz”, aseguró un alto funcionario de la cartera de Bullrich.

Hoy, Milei volvió a atribuir la proliferación del narcotráfico en Rosario a la gestión de los socialistas Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. El Partido Socialista es uno de los aliados de Pullaro dentro de la heterogénea coalición que lo catapultó a la Casa Gris. Por eso, el gobernador radical y sus leales mascullan bronca cuando el Presidente acusa a sus socios de haber pactado con los grupos narcos. También le reprochó a Bullrich que haya instalado sospechas sobre el accionar de la Policía de Santa Fe en plena crisis de seguridad por la ola de asesinatos a quemarropa de sicarios contra civiles.

En las últimas horas Milei dijo que “los socialistas no solo destruyen la economía, sino todo lo que tocan”. “Entendamos que no es un problema de hoy, es un problema que se generó con el narcosocialismo, iniciado con (Hermes) Binner y con (Antonio) Bonfatti. Poner socialistas en el Gobierno no es gratis”, apuntó.

En la cúpula del gobierno de Santa Fe lamentan los ataques de Milei a los socialistas en un momento crítico por la escalada de violencia. Argumentan que el narcotráfico comenzó a expandirse en el 2001 en la provincia y recuerdan que Bullrich era ministra de Seguridad de Macri cuando Lifschitz y Pullaro gestionaban en la provincia. Además, resaltan que el PS votó las reformas de Pullaro para luchar contra el narco. “Es un error y se equivoca en buscar un culpable. Acusar de esa manera es irresponsable, o falta de información. Lo digo desde el Pro: nosotros trabajamos con el socialismo para bajar los índices. No tiene una mirada real de lo que pasó. Los mejores números que puede mostrar Patricia, su funcionaria, ocurrieron con el socialismo”, remarcó Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe. 

Pese a los desencuentros, Pullaro ratificó ayer que respalda la idea de Milei y Bullrich de modificar la ley de seguridad interior para permitir que los militares puedan entrar en combate contra el narcotráfico. Sin embargo, el oficialismo deberá recolectar los votos en el Congreso, donde la fragmentación de los espacios políticas complica los planes del Gobierno.

A raíz de las situaciones de violencia que se producen en la ciudad santafesina de Rosario y que son de público conocimiento, el ministro Roncaglia dialogó sobre las acciones que se están llevando adelante para reforzar la prevención en Entre Ríos.

“Vamos a reforzar las acciones de prevención en el territorio. Somos dos provincias vecinas, tanto Córdoba como Entre Ríos, y tenemos diálogo permanentemente con el ministro de Seguridad de Santa Fe. Ellos van a combatir la narcocriminalidad, van a hacer un trabajo profundo para desarticular estas organizaciones, lo que no queremos es que se vengan a nuestra provincia. Queremos brindar seguridad a los entrerrianos y, tras hablarlo el gobernador Frigerio, se controlarán nuestras vías de acceso principales. Ya estamos trabajando sobre las 10 vías de acceso de la provincia, sobre todo el túnel Paraná-Santa Fe y el puente Rosario-Victoria”, detalló.

Además, precisó que se están “haciendo control las 24 horas para impedir el desplazamiento de armas y de drogas. En el caso de encontrarlos, vamos a dar la intervención judicial y la policía va a tener que intervenir. Estoy convencido de que una provincia es segura cuando sus fronteras son seguras”, concluyó.

Se llevaron a cabo procedimientos simultáneos en San José, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia y Santa Fe en la mañana de este miércoles. Los operativos se dieron en relación a una investigación desarrollada por personal de División Toxicología dependiente de Jefatura Departamental Colón, relacionada a una causa en trámite por el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Andrés Seró por supuesta infracción a la Ley Nacional N° 23.737.

A partir de ellos se incautaron envoltorios de nylon cuyos contenidos eran cocaína y marihuana; cinco plantas de la especie Cannabis Sativa; balanzas digitales; más de un millón de pesos argentinos en efectivo; dinero posiblemente apócrifo valuado en tres mil pesos; más de 810 dólares estadounidenses; pesos uruguayos.

Asimismo, 11 teléfonos móviles; siete chips de telefonía móvil; elementos de corte; documentación de importancia; cartuchería de diferentes calibres; un vehículo marca Ford Focus; una moto marca Honda Titán; un vehículo marca Peugeot 308 y un Toyota.

Además, se trasladaron a dos ciudadanos que quedaron detenidos en dependencia policial y a 41 personas que fueron correctamente identificadas.

En las intervenciones participaron personal de Dirección Toxicología, Divisiones y Grupos Especiales dependientes de Jefaturas Departamentales Colón, Villaguay, Concepción del Uruguay, Colón, Diamante, Nogoyá, Islas, Concordia, Federal, Tala, San Salvador, Gualeguay, Gualeguaychú, como así también Grupos Especiales C.O.E. y G.I.A. dependientes de Dirección Operaciones.

En ese sentido, Antola manifestó que: “Preocupada por el avance del narcotráfico en Entre Ríos presenté en Diputados un pedido de informes solicitando información sobre el nuevo Sector Narcotráfico Costa del Uruguay, anunciado por Aduanas Argentinas 🇦🇷”.

“Los legisladores entrerrianos nos reunimos con su Director, Guillermo Michel para informarnos respecto a los recursos técnicos y humanos con los que están trabajando”, indicó.

En el encuentro estuvieron presentes Marcela Antola, Marcelo Pablo Casaretto, Ana Carolina Gaillard, Tomás Ledesma y Blanca Inés Osuna, Rogelio Frigerio y Gustavo René Hein, Pedro Jorge Galimberti y Gabriela Lena, de la Cámara de Diputados de la Nación. De la reunión también participaron los senadores Alfredo Luis De Angeli y Stella Maris Olalla.

De acuerdo a los voceros, la división K-9 aduanera hizo una demostración de la pericia que los canes aportan a las tareas de control. Luego, Michel expuso los principales lineamientos de la inteligencia que la Aduana ha desarrollado en la región Hidrovía con relación al narcotráfico, además de presentar los refuerzos dirigidos allí en materia de recursos técnicos y humanos.

Al final de la jornada, Michel extendió una convocatoria a los diputados y senadores: “El camino es profundizar el trabajo articulado entre la Aduana, las fuerzas de seguridad, la Justicia y el Congreso para generar mecanismos legislativos que afiancen nuestra capacidad de control sobre el tráfico de drogas en la frontera de Entre Ríos”.

Cabe recordar que días atrás Antola presentó un pedido de informes sobre la creación del Sector Narcotráfico Costa del Uruguay.

La diputada había sostenido que “el director General de Aduanas, Guillermo Michel, anunció públicamente la creación de la nueva área de Aduanas sin especificar fecha cierta de implementación”.

En medio de la crítica situación que vive la ciudad de Rosario respecto al narcotráfico, afirmó: “A los entrerrianos nos preocupa el avance del narcotráfico en la región. Entre Ríos no solo es una provincia propicia para el ingreso de containers contaminados con drogas, es una provincia afectada por el narcomenudeo y los hechos de violencia asociados a este tipo de delitos”.

Para la diputada “el narcomenudeo es la cima del iceberg de un negocio ilegal, millonario y violento que se retroalimenta de la falta de políticas públicas, especialmente aquellas en materia de salud, educación y seguridad”.

En este sentido, remarcó que “el presente y el futuro de muchos entrerrianos, incluidos adolescentes de temprana edad, se ve comprometido por el operar de organizaciones narcocriminales que los incitan al delito y al consumo seduciéndolos con dinero fácil”.

“No queremos que el Sector Narcotráfico Costa del Uruguay sea solo un titular para los diarios. Buscamos conocer las particularidades que hacen a su operatividad y vigilancia de los pasos fronterizos Gualeguaychú- Fray Bentos, Colón- Paysandú, Concordia- Salto y el Puerto de Concepción del Uruguay, respectivamente”, finalizó.

Ante estas declaraciones, el Comité provincial del radicalismo lanzó rápidamente un repudio y alertó que dichos de esta naturaleza “no contribuyen a la convivencia de la coalición” que la UCR conforma con el PRO.“El comité provincial de la UCR,  repudia  las declaraciones de la presidente del PRO a nivel nacional, Patricia Bulrrich, en las que realiza – sin más-  una  equiparación de la figura de Sergio Varisco con la banda de Los Monos. No se puede tolerar con tanta liviandad, el uso de esta clase de comparaciones para promocionarse como adalid del orden y la transparencia”, expresó el centenario partido. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a las manifestaciones de la Licenciada  Bullrich en reconocido y popular programa de televisión  refiriéndose a la situación que debió atravesar  Sergio Varisco”, remarcó la fuerza. 

Fueron secuestrados acondicionados en un cargamento de alimento balanceado en Rosario. Iba a exportarla a Dubai a través de la hidrovía del Paraná. Se realizaron 30 allanamientos varias provincias.

Más de 1.600 kilos de cocaína de máxima pureza, valuados en unos 60 millones de dólares y que tenían como destino la ciudad de Dubái, fueron secuestrados acondicionados en un cargamento de alimento balanceado repartido en dos galpones del barrio Empalme Graneros, de la ciudad de Rosario.La droga fue hallada tras una pesquisa iniciada hace seis meses sobre una organización de narcotraficantes que iba a exportarla a través de la hidrovía del Paraná, añadieron las fuentes.

Los procedimientos fueron desplegados esta madrugada por orden del juez Federal de Campana Adrián González Charvay y estuvieron a cargo de efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFa) y de la Dirección General de Hidrovías Paraná, con apoyo del área de Narcocriminalidad de la AFIP/Aduana.De acuerdo con el pesaje final, en esos galpones se decomisó un total de 1.658 kilos de cocaína divididos en 1535 panes que estaban distribuidos en paquetes de alimento balanceado a base de maíz, denominado "Expelet".La operación denominada "Rosario-Dubái" logró desarticular el traslado inminente de la droga a los Emiratos Árabes y también detener a 12 integrantes de la organización, que quedaron a disposición judicial. 

El Escuadrón 56 Gualeguaychú de Gendarmería Nacional secuestró este martes una carga de más de 127 kilos droga con un valor de 18.035.474 millones de pesos lo que motivó la apertura de una causa por Narcotráfico.

El operativo se llevó adelante en la noche del lunes en el control de ruta de Ruta Nacional 14 sobre el kilómetro 73. Allí, el personal del Grupo Seguridad Vial y Núcleo del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional, controló un camión que era remolcado por un auxilio.

Consultado al conductor del rodado, manifestó que provenía de localidad Garupá (Misiones) con destino localidad Pilar (Buenos Aires) y que había sufrido desperfecto mecánico en altura a la ciudad de Colón. Pero, al efectuar la inspección sobre la unidad, se detectaron anomalías en la caja, observando que el piso era nuevo y de madera, que poseía un espesor de sus laterales recientemente pintados y sobresalientes.

Ante estas circunstancias, se procedió al registro con un can que reaccionó a la presencia de estupefacientes, por lo que se puso en conocimiento a la Fiscalía Federal de la ciudad de Gualeguaychú, con intervención del Juzgado Federal, Secretaría en lo Criminal y Correccional, quien dispuso la detención del conductor y el secuestro de los elementos de interés para la causa.

Lo secuestrado

- 237 envoltorios, conteniendo cannabis sativa, que arrojaron un peso total de 124.989,2 gramos por un avalúo estimado en $16.361.086 pesos;

- 2 paquetes rectangulares compactos, conteniendo Clorhidrato de Cocaína, que arrojaron un peso de 2.153 gramos por un avalúo estimado en $1.674.388 pesos;

- un camión, marca Mercedes Benz, tipo chasis con cabina, por un avalúo estimado en $1.500.000 pesos y

- un teléfono celular.