En la noche del 18 de enero de 2015, el cuerpo del entonces fiscal de la causa que investiga el atentado contra la AMIA fue hallado en el baño de su departamento de Puerto Madero por su madre, Sara Garfunkel, con un orificio de bala en la cabeza.   La muerte se dio cuatro días después de que Nisman denunciara a la entonces presidenta Cristina Kirchner y su canciller Héctor Timerman, junto a otros funcionarios y dirigentes cercanos al kirchnerismo, por presunto intento de encubrimiento del atentado a la AMIA y un día antes de que se presentara en el Congreso.   La denuncia de Nisman apuntaba contra el Memorándum de Entendimiento con Irán que había promovido la Argentina y que fue aprobado por el Congreso: el fiscal afirmó que detrás había un pacto para que cesaran las alertas rojas contra los iraníes acusados.   El sábado 17 de enero, un día antes de que apareciera su cuerpo, Nisman recibió 40 llamadas telefónicas de las entonces diputadas nacionales del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, quienes habían cursado la invitación al fiscal para que diera detalles en el Congreso sobre su denuncia.   Ese mismo día por la tarde, según constató la investigación, Nisman había recibido en su casa al técnico informático Diego Lagomarsino, titular de la pistola Bersa calibre 22 que efectuó el disparo mortal en la cabeza del fiscal.   El técnico informático aseguró que Nisman le había pedido el arma prestada por seguridad, dado que temía por su vida y, principalmente, por la de sus hijas, y no confiaba en su custodia, según el relato de Lagomarsino.   A partir del hallazgo del cuerpo y en medio de la agitación política por el hecho, se abrieron básicamente dos hipótesis: la del suicidio -voluntario o inducido- y la del asesinato político, sostenida entre otros por la ex esposa de Nisman y jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.   El hecho fue investigado inicialmente como "muerte dudosa" y la causa quedó a cargo de la fiscal Viviana Fein, quien el 24 de enero informó que "el disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro" y que "no se infiere la participación de terceras personas".   En mayo de 2015, una junta de 13 peritos del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal presentó la pericia médica sobre el cuerpo de Nisman, de la que también participaron Osvaldo Raffo y el legista Julio Ravioli como peritos de la parte querellante (Arroyo Salgado) pero se negaron a firmar.   El informe señaló que la muerte fue "menor a 24 horas" en un sentido "amplio", y en un sentido "acotado" "entre 14 y 24 horas", desde la realización de la autopsia, en las primeras horas del lunes 19 de enero y que el disparo se efectuó dos centímetros arriba de la oreja.   "Ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médico-legales del informe técnico elaborado por la querella, en forma individual o en conjunto, indican con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicida", agregó el informe pericial.   A su vez, dictaminó que en su muerte no había habido participación de "terceras personas", pese a que en las manos del cuerpo sin vida de Nisman no habían encontrado restos de pólvora.   A mediados de diciembre de 2015, la jueza en lo Penal Fabiana Palmaghini, que hasta entonces había supervisado la investigación, decidió asumirla plenamente y apartó a la fiscal Fein de la función que había cumplido hasta el momento.   En marzo de 2016 -terminado ya el gobierno de Cristina Kirchner e iniciado el de Mauricio Macri- la jueza Palmaghini se declaró incompetente inmediatamente después de tomarle declaración al ex hombre fuerte de la Secretaría de Inteligencia Jaime Stiuso (que trabajaba con Nisman en la causa AMIA) y pasó la causa al fuero federal, como en su momento había reclamado Arroyo Salgado.   Tras un rechazo inicial de esos tribunales, la Corte Suprema resolvió en septiembre de 2016 que el caso se investigara en la Justicia Federal y la causa quedó en manos del juez Julián Ercolini.   En abril de 2017, el fiscal Eduardo Taiano dispuso realizar nuevamente las pericias médica y técnica (sobre los dispositivos electrónicos) y encargó la tarea a la Gendarmería Nacional, que en septiembre presentó el informe en el cual señaló que había rastros de ketamina en el cuerpo de Nisman y que había sido ejecutado por al menos dos personas situadas en el baño del departamento.   El fuerte contraste entre la pericia de Gendarmería y la del Cuerpo Médico Forense y la Policía Federal no hizo más que agigantar la polémica en torno al caso, casi siempre enfocada desde la política partidaria, y profundizar la incertidumbre ante la pregunta más importante: si se mató o lo mataron..Un procesado y una denuncia desestimada..En diciembre de 2017, casi tres años después del hecho, el juez Ercolini procesó a Diego Lagomarsino como "partícipe necesario" del "delito de homicidio simple agravado por el uso de armas de fuego", pero le permitió quedar en libertad con un tobillera electrónica.   Lagomarsino rechaza su procesamiento y en cada una de las entrevistas y declaraciones que brindó desde entonces insiste en que, para él, no hay dudas de la muerte de Nisman fue por un "autodisparo".   "Hoy yo tengo muy claro que fue un autodisparo. No sabemos el por qué realmente llegó a esta situación Alberto. Es un misterio, pero están las pruebas más que sobradas para demostrarlo", insistió el técnico informático en una entrevista radial en enero de 2020.   La investigación sobre la muerte de Nisman abrió también causas paralelas, entre ellas una por lavado de dinero que se originó cuando se descubrió, un mes después de la muerte del fiscal, que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos con 600 mil dólares, la cual compartía con su madre, su hermana y con Lagomarsino.   En enero del año pasado, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el embargo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de la madre y la hermana de Nisman y de Lagomarsino, en el marco de la causa que investiga el presunto lavado.   La DAIA y buena parte de la dirigencia de Juntos por el Cambio, al igual que Arroyo Salgado, sostienen que lo ocurrido con Nisman fue un "magnicidio", mientras que Lagomarsino insiste en que el fiscal se suicidó, al igual que buena parte del kirchnerismo, que descree de la pericia de Gendarmería.   En octubre de 2020 Lagomarsino dejó de usar la tobillera electrónica, aunque se reporta al juzgado para notificar que sigue ajustado a derecho.   El 7 de octubre de 2021, el Tribunal Oral Federal N° 8 resolvió por unanimidad sobreseer a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros procesados por la denuncia que había presentado Nisman, tras considerar que "el Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito". Fuente NA

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi embargó bienes y cuentas bancarias a la madre y hermana de Alberto Nisman y ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero, a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.

La medida fue dispuesta el 24 de noviembre último, luego que la Cámara Federal porteña instó al magistrado actuar con "celeridad" en la investigación por esa cuenta que tenía 633.000 dólares, según la resolución a la que tuvo acceso a Télam.

La sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si avala los embargos preventivos dispuestos por Martínez De Giorgi, en la causa que tiene como querellante a la AFIP y que fueron apelados por la defensa de Sara Garfunkel, madre de NIsman y de Sandra Nisman, su hermana.

"Las medidas a decretar, tienen por objeto obtener y sumar legalmente pruebas o elementos de convicción que permitan un conocimiento acabado de los hechos que motivan las presentes actuaciones y evitar que los imputados pudieran continuar obteniendo un beneficio de lo que podría ser producto de un ilícito", sostuvo el juez en la resolución.

Entre las medidas ordenadas figura un informe sobre el patrimonio de los imputados en la causa, la madre y hermana del extitular de la Unidad Fiscal AMIA, del técnico informático Diego Lagomarsino y un empresario, Claudio Picón.

El juez pidió a los peritos analizar los lazos "parentales, conyugales y societarios" además de " herencias recibidas" e historia laboral entre otros aspectos.

En esta pericia incluyó al fallecido NIsman, pidió tomar en cuenta las fechas en que ingresó a la Justicia y solicitó informes sobre la causa que tramita su sucesión en el fuero civil.

"Como dato relevante debe considerarse que la cuenta bancaria que vinculaba a los encausados 5v3-50653 del Merrill Lynch Bank of América de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, conforme documentación de autos, fue abierta con fecha 7 de marzo de 2002", consignó la resolución.

Además, dicto el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles de los cuatro imputados.

El juez dispuso un entrecruzamiento de llamados entre las líneas telefónicas informadas en la causa para establecer si "tuvieron comunicaciones y vínculos entre sí", diligencia que encomendó a la "Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado" dependiente de la Corte Suprema.

También intervino las empresas de Picón, imputado porque un vehículo a nombre de una de estas firmas estaba en poder de Nisman y porque la cuenta estadounidense registra una transferencia hecha por este empresario.

El fiscal tenía un poder firmado ante escribano que le daba facultades para manejar y realizar trámites sobre la camioneta Audi Q3, que figuraba como propiedad de la empresa "Palermopack SA".

Para ello designó un "interventor veedor informante en las firmas Palermo Pack SA, Starpack SA e Easy Pack SA por doce meses y obligación de presentar informes cada 30 días.

En cuanto a cuentas bancarias, dispuso el embargo preventivo salvo en lo vinculado a cuentas sueldos y cobro de beneficios jubilatorios.

Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso como juez subrogante del juzgado federal 11, luego del fallecimiento de su titular Claudio Bonadio.

Esta investigación se abrió tras la muerte de Nisman, quien fue hallado con disparo en la cabeza el 18 de enero de 2015 en su domicilio, porque su exesposa y jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado reveló ante la Justicia la existencia de una cuenta en el banco Merril Lynch con 633.000 dólares, de la que dijo no haber estado enterada.

Con Nisman como apoderado, la cuenta estaba a nombre de su madre y su hermana y del técnico informático Diego Lagomarsino, procesado a su vez en la causa que investiga la muerte del fiscal, quien apareció con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero.

La cuenta tuvo movimientos entre 2012 y 2014 con transferencias de terceros, entre ellas una a nombre del empresario Damián Stefanini, desaparecido a fines de junio de 2014.

Martínez De Giorgi pidió a la Justicia de San Isidro y San Martín informes sobre el financista.

En la causa por supuesto lavado de dinero se analiza además la compra de departamentos y cocheras en un fideicomiso y de lotes en un barrio privado en Punta del Este.

Alberto Fernández volvió a hablar del caso Nisman, solo que esta vez, cambió de opinión, dijo que "después de dudarlo mucho" está "convencido" de que se trató de un suicidio y no de un asesinato, como había expuesto en el año 2017 para un documental llamado "Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía" que fue estrenado el 1 de enero.

"Hasta el día de hoy dudo que se haya suicidado", dijo en el documental. En ese entonces no se había reconciliado con CFK.

Sin embargo el Presidente habló al diario Clarín y comentó que los peritajes de la Gendarmería, que llevaron a la Justicia a determinar que fue un homicidio, "carecen de todo rigor científico". "Yo soy un abogado y, ante una muerte como esa, siempre me permito dudar. Sin embargo, siempre dije que esa duda me llevaba a afirmar la teoría de la novela policial: 'Dime quién se beneficia con el crimen y te diré quien es el asesino'. [...] Siendo así, era obvio que si se trataba de un crimen Cristina era la única perjudicada. Por lo tanto, ella debía ser ajena al hecho", dijo Alberto Fernández.

El mandatario vuelve a quedar expuesto a sus cambios de opinión y deja en evidencia que sus supuestos ideales solo pueden ser cambiados por su conveniencia política.