A través de un pedido ejecutado de forma conjunta entre el Ministerio Público Federal de Brasil y el Ministerio Público de Minas Gerais, exigen a General Motors el retiro del mercado del Chevrolet Onix de primera generación, vendido en el país vecino durante 2012 y 2017, por presentar serios problemas de seguridad. Recordemos que este modelo también se vendió en la Argentina (este año fue reemplazado por el nuevo Onix), así que muchas de estas unidades defectuosas circulan en nuestras calles.

“La deficiencia de este modelo es tan marcada, que cuando se realizó la prueba, su puerta trasera se abrió, demostrando el alto riesgo para sus ocupantes, especialmente los niños”, aseveró el procurador, Cléber Eustaquio Neves.

La acción judicial está basamentado en pruebas realizadas por Latin NCAP, firma que trabaja sobre los estándares de seguridad establecidos en otros países del mundo, en la que el modelo de Chevrolet no recibió estrellas en la clasificación de protección para adultos y tres estrellas (de cinco posibles) para protección infantil.

“Las pruebas demostraron que el Onix brasileño no estaría aprobado por la regulación de la ONU, ni por el Estándar Federal de Seguridad de Vehículos de los Estados Unidos; es decir, ni siquiera se podría vender en esos países”, remarcó el fiscal.

General Motors respondió a la acusación de la Procuraduría argumentando que Onix cumple con todas las especificaciones de seguridad requeridas en Brasil, y señaló que “atenderá las nuevas normativas exigidas por el país sudamericano, pero dijo que los resultados de las pruebas realizadas por la Latin CAP no significan que el vehículo sea inseguro”.

En efecto, en Brasil, no existe aún pruebas de impacto lateral obligatoria, por lo que los parámetros llevados a cabo en dicho suelo no suelen tener las mismas características que los valorados por la comunidad internacional.

En este sentido, la Secretaría Nacional del Consumidor aclaró que Latin NCAP es una institución privada, “con sus propios criterios de evaluación de seguridad vehicular”, y que es competencia del Departamento Nacional de Tránsito autorizar o no la venta de vehículos en el territorio brasileño.

A pesar de ello, la Procuraduría insistió en que, desde 2012, circula en el país “un vehículo inadecuado” que “contribuye a la ocurrencia de numerosos accidentes con consecuencias irreversibles”.