Durante el encuentro, ambos expositores abordaron temas vinculados al sistema previsional y a la cobertura de salud en la provincia, planteando preocupaciones, explicaciones técnicas y la necesidad de mayor información pública.

La vocal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Claudia Vallori, centró su exposición en el análisis de la posible reforma previsional vinculada a la Ley 8732, señalando que aún no existe un proyecto completo, sino una serie de “vectores” o lineamientos generales.

En ese sentido, advirtió que, de acuerdo a los puntos conocidos, podrían generarse cambios significativos que afectarían tanto a jubilados actuales como a futuros beneficiarios.

Uno de los aspectos centrales que mencionó fue el de la movilidad jubilatoria. Según explicó, existe la posibilidad de que las jubilaciones se desvinculen de los salarios de los trabajadores activos, lo que implicaría una modificación sustancial del sistema vigente en la provincia.

“Hoy la jubilación es la sustitución del haber en función de los últimos años de actividad, algo que ha sido una conquista importante en Entre Ríos”, expresó.

Otro punto clave señalado fue el cálculo del haber inicial. Vallori indicó que, mientras la normativa actual toma como referencia los últimos diez años —generalmente los mejores en términos salariales—, la propuesta en análisis plantea calcularlo sobre la totalidad de la carrera laboral, es decir, entre 30 y 35 años de servicio.

Durante su exposición, Vallori también hizo referencia a la responsabilidad del Estado en materia de seguridad social, remarcando que tanto la Constitución Nacional como la provincial establecen la obligación de garantizar estos derechos.

Asimismo, recordó que el sistema previsional vigente se basa en un esquema solidario y de reparto, donde los aportes de los trabajadores activos financian las jubilaciones.

En ese marco, sostuvo que tanto la provincia como los municipios deben hacerse cargo de los déficits que puedan generarse, tal como lo establece la legislación vigente desde 1993.

Otro de los temas abordados fue la situación de las cajas municipales. Vallori explicó que existen 16 cajas creadas a partir de la década del ’90, cuyos jubilados comenzaron a incorporarse al sistema con el paso del tiempo.

Según su visión, a futuro la provincia podría verse en la necesidad de absorber también estas estructuras, lo que implicaría un impacto adicional en el sistema previsional.

Finalmente, la funcionaria hizo hincapié en la importancia de que los jubilados y trabajadores se informen sobre el contenido de la reforma y participen del debate.

“El mensaje es que se informen, que lo hablen con sus vecinos, con los sindicatos, con los centros de jubilados y con los legisladores que van a votar”, expresó.

Por su parte, el contador Pablo Martín Giampaolo, en su rol de síndico fiscalizador de la obra social de Entre Ríos (OSER), abordó la situación del sistema de salud provincial, vinculándola también con el contexto general de la seguridad social.

Giampaolo destacó que la charla permitió poner en discusión dos derechos fundamentales: el acceso a la salud y el derecho a una vejez digna.

“Estamos hablando de derechos muy importantes que hoy se ven afectados, tanto en salud como en el sistema previsional”, señaló.

El funcionario reconoció que existen dificultades en el funcionamiento de la obra social, especialmente en lo referido a las prestaciones que reciben los afiliados.

Indicó que estas problemáticas impactan con mayor fuerza en los jubilados, quienes dependen en mayor medida del sistema de salud.

“Hay problemas y la gente lo sabe. Yo mismo soy afiliado hace más de 20 años y también los he tenido”, afirmó.

Giampaolo remarcó la necesidad de brindar información clara a los afiliados y de generar canales de comunicación directa para resolver inconvenientes.

En ese sentido, destacó la utilidad de estos encuentros como espacios de intercambio y aclaración de dudas.

“Cada vez que me invitan, trato de explicar lo que está pasando. La gente necesita saber”, expresó.

Como herramienta concreta, el síndico recordó la disponibilidad de un canal de contacto para consultas y reclamos vinculados a la obra social.

El correo electrónico habilitado es: unir@oser.gov.ar, donde, según explicó, se reciben inquietudes y se intenta brindar soluciones desde el área de sindicatura.

La jornada dejó planteadas distintas miradas sobre la situación actual de la seguridad social en Entre Ríos, con especial énfasis en la reforma previsional y el funcionamiento de la obra social provincial.

Tanto Vallori como Giampaolo coincidieron en la necesidad de continuar generando espacios de diálogo y de fortalecer la información hacia la ciudadanía, en un contexto donde los sistemas de jubilación y salud se encuentran en debate.

Según se informó, el trámite puede realizarse en cualquiera de las sedes de la obra social y es obligatorio para quienes deseen continuar con la cobertura médica bajo esta condición.

Desde OSER señalaron que, una vez cumplidos los 22 años, esta documentación debe presentarse todos los años. El requisito permite extender la afiliación de los estudiantes hasta los 26 años, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente.

La obra social remarcó además que esta actualización administrativa apunta a dar mayor previsibilidad a los afiliados y a sus familias, asegurando que quienes continúan sus estudios puedan sostener la cobertura de manera regular y sin inconvenientes.

El entendimiento llegó luego de varias semanas de negociaciones entre ambas partes y fue comunicado formalmente a las autoridades de la obra social el viernes 20 de marzo, tras una reunión de la Comisión Directiva de FEMER.

Según se informó, el convenio establece una actualización en los aranceles para los profesionales, en línea con las posibilidades financieras de la obra social. Además, fija plazos de pago y tendrá vigencia hasta el 31 de mayo, con posibilidad de renovación.

Desde OSER destacaron que el acuerdo busca aportar previsibilidad al sistema y asegurar la atención de los afiliados. En ese marco, el presidente de la entidad, Mariano Gallegos, sostuvo: “Este acuerdo es el resultado del diálogo y de la responsabilidad institucional. Nuestro compromiso es cuidar a los afiliados y, al mismo tiempo, sostener un sistema de salud viable y equilibrado”.

De esta manera, queda garantizada la continuidad de las prestaciones médicas en Entre Ríos, en un contexto de tensión que había generado preocupación entre los afiliados ante la amenaza de una suspensión en la cobertura.

Ambas instituciones ratificaron además su intención de seguir trabajando de manera conjunta, con el objetivo de priorizar la calidad de atención y mejorar el acceso a la salud para los entrerrianos.

El pronunciamiento se da en medio del conflicto abierto entre ambas entidades, luego de que la federación médica advirtiera que podría interrumpir la atención a afiliados de la obra social si no obtiene una respuesta favorable a sus demandas antes del 6 de marzo.

Desde OSER señalaron que resulta “imprescindible ordenar la discusión sobre la base de datos objetivos” y remarcaron que durante 2025 los pagos a FEMER se incrementaron sustancialmente respecto del año anterior.

Según el comunicado oficial, la obra social destinó a la federación médica “más del doble de recursos que en 2024”, al tiempo que los prestadores facturaron un 106 por ciento más en comparación con el período previo.

El organismo detalló que ese incremento equivale a más de 14.000 millones de pesos adicionales, cifra que —indicaron— representa el total de aportes de tres meses de todos los jubilados y pensionados provinciales. Además, al comparar diciembre de 2024 con diciembre de 2025, precisaron que el aumento significó unos 1.360 millones de pesos extra.

También señalaron que en determinadas prácticas, especialmente las de segundo nivel de complejidad, los incrementos llegaron hasta el 272 por ciento.

Desde la obra social subrayaron que, si se toma como referencia una inflación anual del 31,5 por ciento en 2025, los aumentos otorgados a FEMER superaron en más de 75 puntos ese índice. “Se trata de un aumento que no tiene comparación con otra actividad en el país”, afirmaron.

Asimismo, indicaron que la ampliación de la cobertura impulsada por OSER permitió un crecimiento del 30 por ciento en la cantidad de prestaciones médicas realizadas durante el último año, lo que implicó mayor demanda de atención para los profesionales.

La entidad ratificó su voluntad de diálogo con la federación médica, aunque remarcó que cualquier acuerdo debe contemplar la sustentabilidad del sistema y la prioridad de garantizar la atención a los afiliados. “Se pagó más y se atendió a más gente. Necesitamos responsabilidad para cuidar a los afiliados y sostener el equilibrio financiero”, concluyeron desde la institución.

La decisión fue comunicada a través de una nota dirigida al presidente de la obra social, Mariano Gallegos, en la que la entidad médica detalló los puntos que considera necesarios reformular para avanzar hacia un consenso.

Entre las principales exigencias planteadas por la federación, se destaca la solicitud de que los pagos por prestaciones se efectúen dentro de los 30 días de presentada la facturación. Además, reclamaron la eliminación de una retención del 2 por ciento sobre los montos facturados, que calificaron como “improcedente, sin fundamentos y sin destino claro”.

Asimismo, Femer pidió incorporar normas de trabajo que garanticen la correcta aplicación de los nomencladores de prácticas médicas, así como también la supresión de un tramo de la cláusula segunda del convenio vigente, al considerarlo de imposible cumplimiento y por atribuir a la obra social funciones de control que no le corresponden.

Otro de los puntos clave es la actualización de los aranceles. Desde la entidad solicitaron que los incrementos se acuerden de manera trimestral entre las partes y no queden sujetos a negociaciones externas. También exigieron la revisión de débitos que consideran mal aplicados.

El Consejo Directivo de la Federación Médica estableció el 6 de marzo como “plazo improrrogable” para recibir una respuesta satisfactoria por parte de OSER. En caso de no alcanzarse un acuerdo, advirtieron que desde esa fecha se suspenderá la atención médica a los afiliados de la obra social.

Desde la entidad médica señalaron que “no es posible sostener indefinidamente esta situación jurídica y económicamente inestable”, que mantiene a los profesionales en la incertidumbre respecto de los valores y plazos de cobro por las prestaciones brindadas.

No obstante, la federación reafirmó su voluntad de diálogo y manifestó su disposición a continuar las negociaciones para arribar a una solución consensuada que permita garantizar la continuidad del servicio de salud.

Con el fin de instaurar una medida “ejemplificadora y solidaria”, se dispuso un incremento del 1% en los aportes a la obra social OSER para todo el plantel de funcionarios provinciales y personal fuera del escalafón.

Se dispuso por Decreto Nº 3476/25, con fecha de noviembre pasado, pero publicado el 31 de diciembre. La norma viene a ratificar una resolución del directorio de la OSER.

En los considerandos se plantea que el incremento “fue interesado por el Poder Ejecutivo como forma de que quienes conducen los destinos de la provincia asuman una actitud ejemplificadora y solidaria incrementando su contribución personal para posibilitar el fortalecimiento de la obra social”. La norma es firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Daniel Blanzaco.

La propuesta de incremento del aporte para funcionarios fue impulsada en julio pasado por UPCN, a través de Flavia Maidana, miembro del directorio en representación de los trabajadores estatales.

Al momento de asumir su puesto en la obra social, Maidana presentó publicamente un proyecto de ley previendo que se disponga “un aporte adicional obligatorio” del 2% del haber bruto para “todas las personas que ejerzan cargos electivos, funcionarios y personal fuera de escalafón” que cumplan funciones en la Provincia, los municipios o comunas mientras duren en sus cargos.

La propuesta del gremio disponía que esos recursos tuvieran por destino la constitución de un “Fondo Provincial para Enfermedades de Alto Costo” de la obra social. “Necesitamos ver la manera de generar más recursos para que la obra social pueda funcionar como corresponde”, argumentó Maidana entonces.

Desde el organismo aclararon que no se trató de despidos, sino del vencimiento de contratos que no fueron renovados. “Hay contratos que no se renovaron. No es que se dieron de baja. Esperamos el vencimiento y no se renovaron”, señalaron fuentes de la obra social. Según explicaron, se trata de contratos de la política, y agregaron que aquellos casos que puedan acreditar tareas efectivas y responsabilidad laboral serán revisados para una eventual renovación.

Cabe recordar que a comienzos de 2025, la conducción del entonces Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) había dispuesto la no continuidad de más de 100 contratos. El organismo fue intervenido por el Poder Ejecutivo en diciembre de 2024, lo que implicó el desplazamiento del directorio gremial de siete integrantes.

En ese momento, el interventor del Iosper, Mariano Gallegos, explicó que la medida apuntaba a una reorganización interna. “No hay una situación de despidos. Hay una situación de no renovación de contratos en términos de lo que la nueva norma exige”, sostuvo. Además, detalló que entre los contratos no renovados se detectaron personas sin fichas de concurrencia, familiares y allegados de ex directores, e incluso casos de incompatibilidad, con empleados que percibían salarios en otras dependencias del Estado, incluyendo una persona que residía en España.

Los contratos cesaron formalmente el 28 de febrero de 2025, y Gallegos insistió en que la decisión estuvo orientada a garantizar que “los que trabajen sean los que cobran y no los que no trabajan”.

En la actualidad, y en el marco de una nueva revisión impulsada por el Ejecutivo, OSER se encuentra dentro del grupo de organismos donde no se renovaron 36 contratos, según publicó Entre Ríos Ahora. Desde el Gobierno provincial volvieron a remarcar que no se trata de despidos, sino de una política de evaluación periódica de contratos temporarios.

“El total de contratos no renovados ronda los 100 sobre un universo de aproximadamente 1.700 contratos temporarios en la Administración Pública Provincial, lo que representa menos del 6%”, indicaron oficialmente. En ese sentido, destacaron que más del 94% de los contratos fueron renovados, asegurando la continuidad operativa de las distintas áreas del Estado.Fuente:APFDIGITAL.COM

Desde la obra social explicaron que el nuevo esquema busca agilizar los trámites, mejorar los controles y optimizar el acceso a la medicación para los afiliados. No obstante, aclararon que las recetas en papel emitidas hasta el 31 de diciembre de 2025 conservarán su vigencia.

En el caso de los medicamentos ambulatorios, es decir aquellos que no integran planes crónicos, oncológicos ni de patologías especiales, el afiliado podrá retirar la medicación directamente en la farmacia presentando:

No será necesario realizar autorizaciones previas.

Para los medicamentos correspondientes a planes crónicos, oncológicos y patologías especiales, el procedimiento requerirá autorización previa en la sede de OSER.

Desde la obra social recomendaron a los afiliados informarse con anticipación y consultar ante cualquier duda en las sedes de OSER para evitar demoras una vez que el sistema entre en vigencia obligatoria.

Uno de los progresos más significativos se observa en el nivel de prestaciones, producto del esfuerzo puesto en la normalización y el acuerdo de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes por parte del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper).

Dentro de este proceso se destaca el área bioquímica. Durante 2025 se incrementó un 60 por ciento la cantidad de prácticas de laboratorio, fruto de la ampliación de la cobertura a la totalidad del nomenclador específico, la mejora de los aranceles acordados con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de la oferta para los afiliados. Este cambio revirtió una situación histórica en la que, durante 2024, una parte sustancial de las prácticas debía ser abonada en forma particular y luego tramitada por reintegro, mecanismo que solo alcanzaba a algunos afiliados.

En el ámbito quirúrgico, se aumentaron un 30 por ciento las prácticas, a la vez que se regularizaron todas las cirugías atrasadas que se encontraban pendientes por falta de prótesis. Actualmente, el total de las cirugías de urgencia se autoriza diariamente y las intervenciones programadas cuentan con fecha asignada para su realización. Este proceso de normalización recuperó previsibilidad y equidad en el acceso a las prestaciones.

Otro dato relevante es la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, resultado de la regularización de convenios vencidos o inexistentes. Esta política simplificó los trámites administrativos a la vez que redujo costos indirectos y tiempos de espera para los afiliados.

Asimismo, se avanzó en la simplificación del proceso de autorización de medicación de alto costo, implementando esquemas de autorización semestrales que evitan la necesidad de gestiones mensuales presenciales en las sedes, mejorando la continuidad de los tratamientos y la experiencia del afiliado.

En materia de modernización, la OSER digitalizó todas las solicitudes de prácticas ambulatorias, logrando un salto cualitativo en eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión. En este marco, se destaca la puesta en marcha de la receta electrónica, coordinada con profesionales médicos y farmacéuticos, que permitirá que los afiliados accedan de manera directa y sin intervención de la obra social a su medicación si es ambulatoria.

Finalmente, en cuanto al manejo de los recursos, la desvinculación de decenas de personas que no prestaban contraprestación alguna a la obra social, junto con el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper, permitió volcar mayores recursos directamente a las prestaciones de salud. Como resultado, durante 2025 el 87 por ciento de los recursos de la OSER se destinó a prestaciones, y para el próximo año se proyecta que este indicador alcance el 90 por ciento del total.

Entre los principales indicadores, se destacó un incremento del 60 por ciento en las prácticas de laboratorio, resultado de la ampliación de la cobertura a todo el nomenclador bioquímico, la actualización de aranceles y la plena disponibilidad de la oferta. Este cambio permitió revertir una situación previa en la que muchas prácticas debían abonarse de manera particular y luego gestionarse por reintegro.

En el área quirúrgica, se informó un aumento del 30 por ciento en las prácticas realizadas y la regularización de cirugías que se encontraban pendientes por falta de prótesis. Actualmente, las cirugías de urgencia se autorizan de manera diaria y las programadas cuentan con fechas asignadas.

Otro de los datos señalados fue la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, como consecuencia de la regularización de más de 25 convenios prestacionales que estaban vencidos o inexistentes. Esto permitió simplificar trámites administrativos y acortar los tiempos de espera para los afiliados.

En materia de gestión, la OSER avanzó en la digitalización de las solicitudes de prácticas ambulatorias y en la implementación de la receta electrónica, en coordinación con profesionales médicos y farmacéuticos. Además, se simplificaron los procesos de autorización de medicación de alto costo mediante esquemas semestrales.

Finalmente, se indicó que la desvinculación de personal sin funciones asignadas y la reducción de gastos administrativos permitieron redirigir mayores recursos a las prestaciones. Para 2026, desde la obra social proyectan que el porcentaje de recursos destinados a prestaciones alcance el 90 por ciento del total.

Uno de los avances más relevantes se registra en el nivel prestacional, a partir de la normalización y firma de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes durante la anterior gestión del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper).

En el área bioquímica, durante 2025 se incrementó en un 60 por ciento la cantidad de prácticas de laboratorio. Este crecimiento fue posible gracias a la ampliación de la cobertura al total del nomenclador, la actualización de aranceles acordada con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de las prestaciones para los afiliados.Este cambio permitió revertir una situación histórica: durante 2024 muchas prácticas debían abonarse de manera particular para luego solicitar reintegros, un mecanismo que solo alcanzaba a una parte de los afiliados.

En el ámbito quirúrgico, las prácticas aumentaron un 30 por ciento y se regularizaron todas las cirugías que se encontraban demoradas por falta de prótesis. Actualmente, las cirugías de urgencia se autorizan de manera diaria, mientras que las intervenciones programadas ya cuentan con fechas asignadas, recuperando previsibilidad y equidad en el acceso a la atención.

Otro dato destacado es la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas, como resultado de la regularización de convenios. Esto permitió simplificar trámites administrativos, reducir costos indirectos y acortar los tiempos de espera para los afiliados.

En cuanto a la medicación de alto costo, se implementaron autorizaciones semestrales, evitando gestiones mensuales presenciales y garantizando mayor continuidad en los tratamientos.

La OSER avanzó además en la digitalización total de las solicitudes de prácticas ambulatorias, logrando mayor eficiencia, trazabilidad y transparencia. En ese marco, se puso en marcha la receta electrónica, coordinada con médicos y farmacéuticos, que permitirá a los afiliados acceder de forma directa a su medicación ambulatoria sin intervención de la obra social.

En materia de gestión de recursos, la desvinculación de personal sin contraprestación y el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper permitieron redirigir fondos directamente a las prestaciones de salud.Durante 2025, el 87 por ciento del presupuesto de la OSER se destinó a prestaciones, y se proyecta que en 2026 ese porcentaje alcance el 90 por ciento.

—EDP: ¿Cómo fue la última sesión pública del Concejo Deliberante?—El jueves recibimos a los empleados municipales, previo a la sesión. Ellos expusieron la difícil situación que están atravesando. Un sueldo municipal ronda los 500.000 pesos, las horas extra se pagan 2.300 y los domingos, por ejemplo, tampoco se reconocen adecuadamente. Manifestaron la negativa de la presidenta municipal a otorgar el aumento que pedían. La propuesta de la intendenta fue de un esfuerzo grandísimo, según ella, de un 6% dividido en tres meses: 2% en octubre, 2% en noviembre y 2% en diciembre. Eso equivale en diciembre a unos 25.000 pesos más para un empleado. Todos somos conscientes de lo difícil que está hoy el día a día: ir al supermercado, pagar la luz, los impuestos. Y además, plantearon las complicaciones con la obra social Oser.

—EDP: ¿Qué sucede con la Obra Social?—Desde que el gobierno provincial decidió cambiar a Oser, han tenido más problemas que soluciones. Los coseguros de las prestaciones médicas aumentaron enormemente. Una resonancia, que antes tenía un coseguro de 30.000 pesos, hoy cuesta 150.000. Así con muchos estudios más. Es una situación bastante insostenible.

—EDP: ¿Los trabajadores llevaron algún planteo formal?—Presentaron una nota que habla de modificar dos ordenanzas que establecen adicionales para algunos empleos municipales. Ahora tenemos que trabajar sobre eso y ver si es viable. También pidieron un gesto político a la intendenta, al viceintendente y a los secretarios: una disminución de sus sueldos como muestra de solidaridad hacia los empleados.

—EDP: En esa sesión también se trató una ampliación y reasignación presupuestaria. —El municipio incorporó 980.000 millones de pesos de resultados acumulados de ejercicios anteriores, es decir, plata que le sobró y la sumaron en septiembre al presupuesto. Lo llamativo es que nunca especificaron de qué ejercicios provenían esos fondos: lo preguntamos varias veces en comisión. Nos sorprende que en una ciudad con tantas quejas por servicios básicos, calles y espacios públicos deteriorados, sobre plata. Eso llama mucho la atención.

—EDP: ¿Qué otros tema se trataron?—Ingresan 1.200 millones de pesos más de ENERSA, pese a que el gobernador Rogelio Frigerio dijo que iba a bajar el costo de la energía en Entre Ríos. Vemos todo lo contrario: aumentó enormemente. Y algo muy raro: en esta reasignación no figura ni un peso por multas de tránsito, cuando todos los gualeyos vemos operativos y retenciones de motos y autos todos los días. Eso lleva a pensar que el municipio retiene para acumular vehículos, porque la gente no puede pagar las multas.

—EDP: También se discutió el plan “Tené tu casa”. —Se destinaron 240 millones de pesos por decreto a ese plan. Nadie está en contra de que las personas accedan a una vivienda, pero la realidad es que “Tené tu casa” se planteó como un plan financiado pura y exclusivamente con la cuota de los suscriptores. Hoy es inviable. Ya ocurrió hace unos años y vuelve a pasar: el municipio termina inyectando fondos de todos los gualeyos. Además, no es un plan de vivienda única ni social. Podés tener cinco casas o diez hectáreas de campo y salir sorteado igual. Sinceramente, nos parece irresponsable sostenerlo en estas condiciones. Cuando hablan de un gobierno transparente y responsable, estos no son actos que lo demuestren. Presentan ampliaciones y reasignaciones presupuestarias a la ligera y modificadas por decreto, como ya nos tienen acostumbrados.

—EDP: ¿Qué opinión le merece el Plan Hídrico?—Frigerio vino a Gualeguay a anunciar con bombos y platillos un plan hídrico que supuestamente iba a solucionar las inundaciones. Cuando preguntamos por los detalles, nadie sabía en qué consistía. Luego nos confirmaron que se trataba simplemente de limpiar alcantarillas con personal y maquinaria municipal, y que la provincia iba a poner la nafta. Eso es una vendida de humo. Deja mucho que desear, no solo por parte de la intendenta, sino también del gobernador.

El cargo es uno de los dos puestos de fiscalización que, de acuerdo con la Ley Provincial N° 11.202, deben ser ocupados por profesionales propuestos por la Cámara de Senadores y designados por el Poder Ejecutivo. En este caso, Giampaolo fue seleccionado de una terna presentada por el bloque opositor.

Actualmente de 52 años, casado y con dos hijos, Giampaolo es Contador Público, Magíster en Finanzas Públicas y Diplomado en Gestión Municipal. Su trayectoria combina la actividad privada con una amplia experiencia en la función pública.

Tras graduarse en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en estudios internacionales de auditoría y consultoría, y más tarde inició su carrera en el Estado. En 2003 regresó a nuestra ciudad para asumir como secretario de Hacienda de Gualeguay, designado por el entonces intendente. Desde allí desarrolló una carrera vinculada a la administración y las finanzas públicas: fue subdirector de Relaciones Municipales, director de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero, coordinador en el Ministerio de Producción, responsable de la Billetera Entre Ríos, contador adjunto de la Contaduría General, y síndico en organismos como el Frigorífico de Santa Elena y el Fondo de Garantía de Entre Ríos (Sapem).

En paralelo, ejerció como profesional independiente y creó Futura Consultores Municipales, asesorando a municipios entrerrianos de distintos signos políticos en temas tributarios y administrativos. También brindó servicios a organizaciones gremiales como la CTA Entre Ríos y ATE.

Con la llegada del actual gobierno en 2023, dejó sus funciones políticas para incorporarse al cuerpo de contadores delegados de la Contaduría General de la Provincia, con asignación en el Ministerio de Salud.

El gerente general de OSER, Raúl Sánchez, destacó que esta puesta en funcionamiento representa “el puntapié inicial para que los afiliados puedan contar con un proceso de autorización mucho más ágil, dinámico y transparente”. Además, señaló que el nuevo espacio ofrece a los trabajadores condiciones más modernas y cómodas que las anteriores.

En paralelo, se avanza en la implementación de un sistema digital que permitirá a los afiliados realizar todos los trámites sin necesidad de acercarse a las delegaciones. Durante los próximos 90 días coexistirán los procesos presenciales y digitales, pero a partir del 1° de enero de 2026 la gestión será completamente online.

En el marco de la recorrida, las autoridades de OSER mantuvieron un encuentro con el gobernador, quien les pidió “redoblar la apuesta para mejorar los plazos y la productividad de los procesos de autorización”, reafirmando así el compromiso con la modernización del organismo.

El principal gremio docente de la provincia tomó esta decisión luego de un amplio debate, y de esta manera cumplirá con lo establecido en el Artículo 9º de la Ley Nº 11.202, que regula la conformación de la entidad.

Durante la jornada, la Comisión Directiva Central fue mandatada a responder formalmente a la Secretaría de Trabajo sobre esta resolución, y a comunicar los nombres de quienes representarán a las y los trabajadores de la educación en la vocalía del Directorio.

Los designados para ocupar estos cargos serán Eduardo Franco Weiss como titular y Juan Carlos Crettaz en calidad de suplente. Ambos asumirán de manera transitoria hasta la realización de un proceso electoral interno que definirá a los representantes definitivos del sindicato en la obra social.

Actualmente, el Directorio de OSER está integrado también por el presidente Mariano Gallegos, el vicepresidente Ricardo García y la representante de UPCN, Flavia Maidana.

Con esta integración, Agmer buscará participar activamente en la gestión y toma de decisiones de OSER, defendiendo los intereses de sus afiliados en el ámbito de la salud y la obra social.

Giampaolo fue incluido en la terna presentada originalmente por el bloque del Partido Justicialista (PJ), junto a Adrián Alberto Buffa y José Mariano Stebagñer. Sin embargo, este último fue reemplazado por Nicolás Parera Deniz. Cabe señalar que la bancada justicialista pidió retirar oficialmente esa nómina para presentarla nuevamente con modificaciones en la próxima sesión.

Por su parte, el bloque Juntos por Entre Ríos (JxER) propuso a Juan Carlos Paludi, Claudio Miguel Galizzi y Alejandro Badaracco como sus candidatos.

El rol de los síndicos fiscalizadores, definido por la Ley de OSER, es clave para garantizar el control y la transparencia del funcionamiento de la obra social. Entre sus funciones se destacan la realización de auditorías, la supervisión administrativa, la revisión de convenios y contrataciones, y la elaboración de informes periódicos destinados a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Quienes resulten designados accederán a un cargo con duración de cuatro años, renovable una sola vez, y con una remuneración equiparada a la de un secretario de Estado.

Pablo Martín Giampaolo cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública. Fue secretario de Hacienda de la Municipalidad de Gualeguay entre 2003 y 2007. En 2008, se sumó al gobierno provincial como subdirector regional de Relaciones Municipales, y en 2010 asumió como director de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero (el Nuevo Bersa), cargo en el que fue ratificado por el entonces gobernador Gustavo Bordet en 2019.

En su último rol, Giampaolo se desempeñó como coordinador del Ministerio de Producción ante el Ministerio de Economía, funcionando como nexo entre las distintas dependencias provinciales durante la gestión de Juan José Bahillo y el ministro Hugo Ballay.

Gallegos destacó que el ahorro de fondos en cargos políticos en lo que va de 2025 asciende a 1.250 millones de pesos, equivalente a dos meses de todas las consultas que paga la obra social. “Es significativo de la obra social austera y ágil que queremos”, expresó.

El nuevo presidente también aseguró: “Con el sueldo de un ex directorio de IOSPER alcanza para todo el actual Directorio de OSER”. Durante el período de intervención del ahora ex IOSPER, desde el gobierno provincial se insistió en varias ocaciones en que las remuneraciones en el Directorio obrero alcanzaban en algunos casos los 17 millones de pesos.

El titular de OSER se refiió a su vez al problema de los amparos y la judicialización de salud, y estimó que estos litigios se redujeron en un 60% y que para septiembre ese porcentaje llegaría al 90%. Precisó que pasaron de 260 en junio a 106 en julio.

También valoró el trabajo de los equipos jurídicos en la respuesta de los recursos y la renovación de “contratos claros” con prestadores. Apuntó que los honorarios por un amparo rondan los 1.100.000 pesos.

El presidente de la nueva Obra Social de Entre Ríos (OSER), Mariano Gallegos, y el vicepresidente, Ricardo García, dieron una conferencia de prensa este martes por la mañana para hacer un balance e informe de los primeros meses de gestión en la entidad, luego del período de intervención que rigió desde diciembre de 2024 hasta mediados de junio pasado. Los acompañó el ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, e

Gallegos destacó que el ahorro de fondos en cargos políticos en lo que va de 2025 asciende a 1.250 millones de pesos, equivalente a dos meses de todas las consultas que paga la obra social. “Es significativo de la obra social austera y ágil que queremos”, expresó.

El nuevo presidente también aseguró: “Con el sueldo de un ex directorio de IOSPER alcanza para todo el actual Directorio de OSER”. Durante el período de intervención del ahora ex IOSPER, desde el gobierno provincial se insistió en varias ocaciones en que las remuneraciones en el Directorio obrero alcanzaban en algunos casos los 17 millones de pesos.

El titular de OSER se refiió a su vez al problema de los amparos y la judicialización de salud, y estimó que estos litigios se redujeron en un 60% y que para septiembre ese porcentaje llegaría al 90%. Precisó que pasaron de 260 en junio a 106 en julio.

También valoró el trabajo de los equipos jurídicos en la respuesta de los recursos y la renovación de “contratos claros” con prestadores. Apuntó que los honorarios por un amparo rondan los 1.100.000 pesos.

Con esta medida, los casi 300.000 afiliados de OSER podrán recurrir a una red de casi 400 profesionales y 247 laboratorios distribuidos en distintas localidades entrerrianas, asegurando cobertura desde el primer hasta el tercer nivel de atención.

“Este trabajo forma parte de un proceso de modernización y de un nuevo vínculo que pretendemos que la obra social tenga con sus prestadores”, expresó el presidente de OSER, Mariano Gallegos, al destacar la importancia del convenio para mejorar la calidad y accesibilidad del servicio.

Por su parte, el titular del Colegio de Bioquímicos, Roberto Gebhart, señaló que el acuerdo les permite “transitar un camino con seguridad” y continuar garantizando la atención a los afiliados como hasta ahora.

Con esta firma, el Gobierno de Entre Ríos y OSER consolidan su compromiso con una atención sanitaria accesible, equitativa y de calidad para todos sus beneficiarios.

El acto de firma contó con la presencia del presidente de OSER, Mariano Gallegos; el vicepresidente Ricardo García; y el presidente del Colegio de Bioquímicos de Entre Ríos, Roberto Gebhart.