En el marco de una nueva instancia de discusión salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales y docentes, desde la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado expresaron un fuerte rechazo a la oferta presentada por la Provincia.

La secretaria general de ATE Gualeguay, Luciana Arellano, sostuvo que la propuesta oficial “no alcanza” y remarcó que el deterioro del salario se profundizó desde fines de 2023.

“Desde ATE pedimos una recomposición salarial del 42% por la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido desde 2023, desde que asumió Milei. La verdad es que hemos perdido muchísimo y eso se nota cada vez más en el bolsillo del trabajador”, expresó.

La dirigente sindical señaló además que el ofrecimiento del 3,5% representa un impacto mínimo en los salarios estatales. “No son más de 30 mil pesos para el bolsillo. ¿Qué son hoy 30 mil pesos? Nada. La verdad es que estamos en desacuerdo claramente”, afirmó.

Arellano también vinculó la discusión salarial con otros temas que generan preocupación en el sector público, como la situación de la obra social provincial y el futuro de la Caja de Jubilaciones. “Ya perdimos la obra social, ahora vienen por la Caja de Jubilación. Lo pintan como una recuperación, pero para el trabajador no es nada bueno”, manifestó.

En ese sentido, advirtió que existen otros reclamos históricos que continúan sin respuestas. “Hay puntos que seguramente quieren tocar, como categorizaciones y pases a planta permanente. Eso lo vemos muy lejos. Frigerio no quiere ampliar la planta, la quiere achicar”, indicó.

La dirigente local también hizo referencia a la situación de numerosos trabajadores que continúan en condición precaria desde hace años. “Hay gente que hace siete u ocho años está ocupando cargos vacantes y no vemos cercano el pase a planta”, remarcó.

En un tono crítico, Arellano calificó la propuesta salarial como “un chiste” y cuestionó las prioridades del ajuste. “Siempre es el trabajador el que termina poniendo el lomo. Ellos se aumentan un fangote y nosotros recibimos chirolas. Somos siempre el hilo por donde cortan”, expresó.

Asimismo, describió el complejo panorama económico que atraviesan muchos empleados públicos en Gualeguay. “Hoy los trabajadores están endeudadísimos. Ya no se usa la tarjeta para cambiar el auto o sacar un préstamo grande; la usan para comer”, aseguró.

Finalmente, puso el foco en el costo de vida local y la dificultad de afrontar gastos básicos con los salarios actuales. “Un alquiler en Gualeguay vale entre 400 y 600 mil pesos y los sueldos no pasan los 900 mil. No hay mucho para pensar en lo que nos tienen que dar de salario”, concluyó.

La discusión paritaria pasó a un cuarto intermedio y continuará la próxima semana. Según trascendió, el Gobierno provincial retomó las negociaciones tanto con los gremios docentes como con los estatales, en medio de un escenario marcado por los reclamos salariales y la preocupación por el poder adquisitivo.

En un contexto de creciente tensión política y judicial entre el Poder Ejecutivo y la conducción del fútbol argentino, la AFA formalizó un nuevo esquema de incrementos salariales para los trabajadores encuadrados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC). El acuerdo establece una suba escalonada que supera ampliamente la pauta oficial del 2% mensual promovida por el Ministerio de Economía.

El entendimiento, suscripto por Claudio Tapia y el secretario general del gremio, Carlos Bonjour, fija un incremento total del 12,5% distribuido en cuatro tramos acumulativos:

Esta estructura salarial impactará sobre los básicos, adicionales y conceptos vinculados de los tres convenios colectivos que regulan la actividad en la calle Viamonte: el personal mensualizado (CCT 553/09), la rama por reunión (CCT 463/06) y los inspectores (CCT 1070/09).

La decisión de la AFA se interpreta en el ámbito político como un gesto de autonomía frente a la administración central. Mientras el Gobierno nacional intenta alinear las variables macroeconómicas mediante el tope del 2% para evitar un rebote inflacionario, la entidad rectora del fútbol optó por recomponer el poder adquisitivo de sus empleados con cifras que duplican la pretensión oficial en los meses de marzo y abril.

Este movimiento ocurre en una semana marcada por la presión judicial sobre la cúpula de la AFA. Actualmente, la Secretaría de Trabajo deberá definir si procede a la homologación del convenio, un paso administrativo que el Ejecutivo ha utilizado recientemente como herramienta de presión para frenar acuerdos que excedan sus proyecciones.

No es la primera vez que la gestión de Tapia toma distancia de las directivas de la Casa Rosada. El conflicto por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y las recientes disputas por la reelección de las autoridades de la AFA han profundizado una brecha que ahora se traslada al terreno de la política salarial. Desde el gremio UTEDyC destacaron que la recomposición es necesaria ante la escalada de precios, desmarcándose de la "pauta de referencia" que intenta consolidar el equipo económico.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguay, Olegario Escobar, confirmó en diálogo con medios locales que el Ejecutivo alcanzó un acuerdo salarial con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, tras una serie de reuniones que, según destacó, se desarrollaron en un marco de “buen diálogo”. De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el entendimiento establece una pauta salarial con vigencia hasta octubre y contempla un esquema mixto de aumentos fijos y actualizaciones atadas a la inflación. En concreto, se acordó un incremento del 6% para marzo —que se liquidará en los próximos días— y otro 6% en junio.

Además, el acuerdo incluye cláusulas de actualización: en julio se abonará lo correspondiente a la inflación acumulada de abril y mayo, mientras que en octubre se revisarán los índices inflacionarios de julio, agosto y septiembre. “Es un acuerdo que surgió de diferentes reuniones y de un buen diálogo con el sindicato”, señaló Escobar.

El funcionario aclaró que el aumento de marzo se calcula sobre la base salarial de mayo debido a la incorporación progresiva de un bono de 80 mil pesos otorgado el año pasado. Ese monto, explicó, se está integrando al salario en cinco cuotas entre enero y mayo, lo que impacta de manera distinta según la categoría de cada trabajador. En términos generales, Escobar consideró que el acuerdo “protege el salario del trabajador municipal” y brinda “previsibilidad al menos hasta octubre”, en unos contextos económicos complejos, y con paritarias aún abiertas, en otros niveles del Estado. Asimismo, remarcó que el incremento alcanza a todas las categorías, incluyendo personal contratado y jubilados municipales, y que fue firmado y homologado por ambas partes. También subrayó que las mejoras salariales se definieron “respetando el equilibrio fiscal”, en línea con la política económica del municipio.

Finalmente, el secretario destacó que, a diferencia de lo ocurrido en otras negociaciones recientes, en esta oportunidad no fue necesaria la intervención de instancias externas como fuera la conciliación obligatoria del año pasado: “Hubo varias reuniones, pero en razón de un buen diálogo se pudo lograr un buen acuerdo”, concluyó.Un cambio en la resolución

El nuevo entendimiento se da luego de un conflicto salarial intenso durante el año pasado, que incluyó semanas de tensión entre el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). En ese momento, el gremio reclamaba un aumento cercano al 35% para recomponer el poder adquisitivo, mientras que la Municipalidad sostenía una oferta inicial considerablemente menor, lo que derivó en audiencias en la Secretaría de Trabajo y un escenario de posiciones enfrentadas. La falta de acuerdo derivó en asambleas, movilizaciones y un proceso de negociación que se extendió durante varias semanas. Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo que incluyó el pago de una suma fija de 80 mil pesos en los últimos meses del año, que luego comenzó a incorporarse progresivamente al salario desde enero.

Según trascendió, la Secretaría de Trabajo no homologará acuerdos que superen ese porcentaje, lo que en la práctica condiciona las negociaciones, ya que en muchos casos los incrementos salariales solo se pagan si cuentan con ese aval oficial.

El sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, fue uno de los primeros en adaptarse a la pauta oficial y firmó un acuerdo con subas escalonadas por seis meses:

El convenio será revisado en septiembre y se convirtió en referencia para otras actividades.

El esquema de incrementos se conoce en un contexto donde la inflación sigue por encima de la pauta oficial. El último dato del INDEC marcó un 2,9% en febrero, lo que alimenta el malestar en sectores sindicales que advierten por la pérdida del poder adquisitivo.

El nuevo escenario también impacta en otras paritarias:

En paralelo, gremios como Comercio, Construcción y Metalúrgicos ya se preparan para negociar bajo estas nuevas condiciones.

La decisión del Gobierno busca contener la inflación y ordenar expectativas, pero abre un frente de tensión:

En ciudades como Gualeguay, donde el impacto de los salarios en la economía local es directo, la evolución de las paritarias será clave en los próximos meses.

En un escenario de creciente tensión en el inicio del ciclo lectivo, el Congreso de la AGMER resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos y declaró la situación de conflicto, mientras a nivel nacional la CTERA ya confirmó un paro docente para este lunes 2 de marzo.

Al cierre de esta edición, el máximo órgano deliberativo de AGMER sesionaba en Paraná, donde analizaba la oferta dada a conocer en la audiencia paritaria realizada en la tarde del lunes 23. En paralelo, dirigentes gremiales y representantes del Ejecutivo provincial mantenían reuniones en el marco de la negociación salarial.

La propuesta oficial incluyó un monto fijo de 45.000 pesos no remunerativo y no bonificable; un monto fijo de 25.000 pesos bajo el mismo carácter que el año pasado para docentes con más de diez años de antigüedad; un incremento del 50 por ciento en la Ayuda Escolar; un monto fijo de 30.000 pesos para jubiladas y jubilados; y el compromiso de retomar el diálogo en el mes de mayo.

Tras un cuarto intermedio dispuesto para evaluar los términos del ofrecimiento, el Congreso de AGMER resolvió rechazar la propuesta en su conjunto y declarar la situación de conflicto, en el marco de lo establecido por la Ley de Paritarias Docentes. La conducción sindical consideró que la oferta no satisface las demandas de recomposición salarial ni garantiza una recuperación del poder adquisitivo frente al proceso inflacionario.

Si bien el Congreso continuaba al cierre de esta edición y no se descartaban nuevas definiciones, el rechazo formal a la propuesta dejó planteado un escenario de confrontación con el Gobierno provincial, en momentos en que la comunidad educativa aguarda precisiones sobre el normal desarrollo de las clases.

Paro nacional confirmado

Más allá de la negociación en Entre Ríos, el paro docente de este lunes ya está confirmado a nivel nacional por decisión del Congreso de la CTERA, que sesionó con la participación de congresales de todo el país.

La medida fue adoptada en el marco del no inicio del ciclo lectivo y forma parte de un plan de lucha que prevé además caravanas, carpas y movilizaciones en distintas provincias. Durante el encuentro, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, presentó un informe político y gremial en el que analizó la situación educativa y el impacto de las políticas de ajuste sobre el sistema público.

Entre los principales reclamos definidos por la confederación figuran la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación, el incremento del presupuesto educativo y el rechazo a iniciativas que —según expresaron— afectan el carácter público del sistema.

De este modo, las primeras 24 horas de medidas de fuerza ya están confirmadas para el lunes, independientemente de lo que finalmente resuelva el Congreso de AGMER respecto de eventuales acciones complementarias en el ámbito provincial.

La confluencia entre el conflicto salarial en Entre Ríos y la medida nacional dispuesta por CTERA configura un inicio de ciclo lectivo atravesado por la incertidumbre, en el cual se puede extender un paro en Entre Ríos, pero también llamado a conciliación obligatoria que disuada la medida. 

El entendimiento fue sellado este viernes por la noche y tendrá vigencia desde febrero de 2026. Debido a que UPCN posee mayor representatividad sindical, la aceptación permitió cerrar formalmente la paritaria conforme a la normativa vigente, garantizando así la liquidación de haberes en tiempo y forma. Los salarios comenzarán a percibirse durante la primera semana de marzo.

La propuesta acordada contempla mejoras para trabajadores activos y pasivos del Estado provincial:

Además, se estableció un incremento del 50 % en la ayuda escolar respecto del último valor abonado.

En el caso del sector pasivo, se otorgará una suma fija de 75.000 pesos, que reemplaza el adicional que se venía pagando hasta el momento.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el cierre del acuerdo al señalar que se logró avanzar con el aval de la mayoría sindical. Explicó además que la modalidad elegida —sumas no remunerativas— busca generar un impacto inmediato en el ingreso de los trabajadores.

Según indicó, una recomposición remunerativa y bonificable habría implicado un incremento menor en el corto plazo, mientras que el esquema acordado prioriza liquidez inmediata.

El funcionario también remarcó que continuará el diálogo con los gremios mediante mesas sectoriales y negociaciones permanentes para abordar temas específicos del sector público.

Según se informó tras la reunión, la propuesta presentada por la administración provincial no fue aceptada por las organizaciones gremiales, lo que impidió avanzar hacia un acuerdo salarial.

El planteo oficial para los trabajadores activos contempló, desde febrero de 2026, una recomposición mediante una suma fija variable, de carácter no remunerativo y no bonificable, que oscila entre $130.000 y $280.000, dependiendo de la categoría laboral.

Pese al rechazo, ambas partes señalaron que las conversaciones continúan abiertas. La negociación se retomará en menos de 24 horas, con el objetivo de acercar posiciones y alcanzar un entendimiento que permita cerrar la pauta salarial del sector estatal.

Según se informó oficialmente, el primer encuentro será el miércoles 19 de febrero a las 14 horas, cuando representantes del Ejecutivo provincial se reúnan con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En esa instancia se dará inicio a las mesas de negociación destinadas a analizar la situación salarial de los trabajadores de la administración pública.

Posteriormente, el lunes 23 de febrero a las 16 horas, será el turno de los gremios docentes. Para esa jornada fueron convocadas la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estas reuniones marcarán el inicio formal de la paritaria 2026 y forman parte del esquema de diálogo institucional que el gobierno mantiene con los distintos sectores gremiales, con el objetivo de avanzar en acuerdos salariales y condiciones laborales para el presente año.

El gobierno provincial propuso extender el pago de una suma fija, no remunerativa, no bonificable de 50.000 pesos para activos y de 25.000 pesos para pasivos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Dicha propuesta no fue aceptada por los gremios, pero se acordó pasar a un cuarto intermedio para el 4 de noviembre, mantener la paritaria abierta y seguir dialogando. El gobierno confirmó que de igual manera liquidará la suma fija correspondiente a octubre.

En este sentido, el miembro paritario Luciano Rotman indicó: "El gobierno propone una medida realista y sostenible, que busca mantener el equilibrio entre el esfuerzo fiscal y el acompañamiento a las y los trabajadores públicos. La propuesta no fue acompañada en esta instancia, por eso planteamos pasar a un cuarto intermedio, mantener abierta la paritaria y seguir dialogando, con el compromiso de hacer efectivo igualmente el pago de la suma fija correspondiente a octubre, para que ningún trabajador cobre menos que el mes pasado", agregó.

Rotman, además remarcó que la propuesta presentada "busca cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores" y resaltó que "el pago del aguinaldo y el cierre de año se abonarán sin complicaciones, honrando todos los compromisos salariales con responsabilidad y sin comprometer el equilibrio fiscal de la provincia".

Este lunes, el gobierno provincial presentó y acordó con los gremios estatales una propuesta salarial que contempla una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales, por un período de tres meses y de 25.000 pesos para los pasivos.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta medida representa "aproximadamente un 6 por ciento de aumento inmediato en el salario de bolsillo para quienes perciben los salarios más bajos dentro de la pirámide salarial".

El gobierno mejoró la oferta que hizo en la mañana de este lunes. La propuesta aceptada por los gremios UPCN y ATE incluye otorgar al personal comprendido en la presente paritaria una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales para los activos y 25.000 pesos para los pasivos, durante los próximos tres meses, a pagar con los haberes de julio, agosto y septiembre.

"La propuesta implica un incremento del 6 por ciento para quienes perciben los salarios más bajos dentro de la pirámide salarial. Es una medida que impacta de inmediato y de forma más significativa en los sectores con menores ingresos", destacó la representante paritaria del Gobierno, Fanny Maidana.

El Ejecutivo también destacó que ha habido una escucha activa de los pedidos gremiales. "Hemos recibido y considerado con atención los planteos de los representantes sindicales, entendiendo la preocupación legítima de los trabajadores ante la coyuntura actual y hemos actuado en ese sentido, haciendo un ofrecimiento responsable que también cuida las arcas públicas", agregaron. Las partes acordaron volver a encontrarse en mesa paritaria a fines del mes de septiembre.

La respuesta de ATE Gualeguay

Compartimos en primer lugar el comunicado de ATE Gualeguay: En el día de hoy concurrimos a la capital provincial para reunirnos con los paritarios en el CDP.

Se habló de una propuesta con el indice de inflación, donde no se tenía en cuenta a nuestros compañeros jubilados, rechazamos y pasamos a un cuarto intermedio.

En la reunión siguiente se acordó un monto de $50 mil para Activos y $ 25 mil para pasivos, ambos montos en negro, no remunerativos y no bonificable, que será abonado durante tres meses, desde el mes agosto.

Desde ATE Gualeguay sostenemos que la misma es una propuesta totalmente insuficiente, para la realidad del bolsillo del trabajador entrerriano. 

Por otra parte, Luciana Arellano, Secretaria General de ATE Gualeguay, dialogó con El Debate Pregón y destacó: “Quiero resaltar la importancia de poder estar y de poder debatir y de poder dejar en clara nuestra posición, que claramente siempre somos oposición al oficialismo. Villaguay, Concordia, Gualeguay, siempre queremos otras cosas y no llegar y que ya tengan todo medio cocinado. UPCN es el que maneja la paritaria, UPCN es el que maneja todo. Allende que maneja absolutamente todo y esa es la sensación que nos queda.

Estamos bajo el gobierno de turno con un sindicato totalmente funcional que es UPCN y como ellos son la mayoría, ellos deciden. Entonces, tenés que aceptar las migajas porque a los paritarios de ATE no les quedan muchas más opciones.Sabemos que ‘no hay plata’. Que estamos con un gobierno que quiere dejarnos afuera de todo, tanto al sindicalismo como a todos los empleados públicos, pero que no están viendo el día a día de lo que vivimos nosotros los trabajadores.

El mínimo garantizado es de 857.000 pesos y eso no le alcanza a nadie. La canasta básica vale un millón de pesos. Cuando nos hablan de índice de inflación de 1.6, ¿de qué hablan? ¿Qué es una canasta básica para ellos? Ahí no está contemplada la escuela de los chicos, lo que aumentan los servicios todos los meses. No está contemplado nada de eso. Nosotros pretendíamos el índice de inflación, mentiroso claramente y algo como para poder recuperar el poder adquisitivo. Recuerden que nosotros venimos perdiendo desde el 2023 que asumió Milei y no hemos recuperado nada.

El sueldo está estancado y esta suma en negro no nos ayuda en nada. Desfinancia a la obra social, a la Caja de Jubilaciones, desfinancia todo. Nos queda el trago amargo de querer más y poder pelear y también sabemos que el gobierno está en este plan y y que UPCN es mayoría y acompaña el ajuste”, cerró. 

La actualización paritaria contempla un incremento del 1,5% sobre los sueldos de mayo, que se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluirá los adicionales convencionales y no convencionales.

En concreto, el salario inicial del personal bancario se eleva a $1.779.351,32, al que se le suma una participación en las ganancias de $80.365,30, lo que lleva el total del sueldo básico a $1.859.716,62.

Otro punto relevante del acuerdo es el impacto que tendrá este aumento en el tradicional bono por el Día del Bancario, que se cobra en noviembre. Con el nuevo ajuste, ese beneficio asciende a $1.586.230,15 para la categoría inicial, aunque podría incrementarse en función de futuros acuerdos salariales.

En un comunicado, el gremio que conduce Sergio Palazzo sostuvo:

“De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

El acuerdo fue firmado con las cámaras Abappra, Adeba, ABA y el Banco Central, e incluye el compromiso de abonar el retroactivo correspondiente junto con los sueldos del mes de junio. A su vez, se anticipó que el mismo mecanismo de actualización será aplicado en la paritaria de este mes, manteniendo la política de actualización mensual de haberes según el índice de precios al consumidor.

La cifra incluye un salario básico de $1.705.538,86, al que se suma un adicional de $77.031,52 correspondiente a la Participación en las Ganancias (ROE). El incremento representa una suba del 8,6% respecto al salario de diciembre de 2024 y se aplicará a todos los conceptos remunerativos y no remunerativos durante los meses de marzo, abril y mayo.

El gremio liderado por Sergio Palazzo confirmó que el retroactivo correspondiente será abonado junto con los sueldos de abril. Asimismo, anticiparon que las negociaciones salariales se retomarán en la segunda quincena de junio, en función de la evolución de la inflación y la actividad económica.

Por otra parte, la Asociación Bancaria confirmó el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebrará el próximo 6 de noviembre. Este año, el monto mínimo será de $1.520.428,90, aunque podría ajustarse en caso de futuras actualizaciones salariales.

Desde el sindicato destacaron el acuerdo alcanzado como una muestra de que “una vez más garantiza que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

El entendimiento paritario llega en un escenario económico desafiante, donde la inflación de marzo alcanzó un 3,7%, la cifra más alta en siete meses. Aun así, el sector bancario se perfila como uno de los pocos que podría ganarle a la inflación en 2025.

La Bancaria también se pronunció sobre la coyuntura laboral, adhiriendo al paro general convocado por la CGT la semana pasada en rechazo a las políticas del Gobierno nacional. En un comunicado, advirtieron sobre un “grave deterioro” de las condiciones laborales, con más de 200 mil empleos perdidos, 12 mil empresas cerradas y una caída del 30% en el salario mínimo. Además, manifestaron su oposición a la privatización del Banco Nación y exigieron “paritarias libres y sin techo”.

El secretario general de AGMER Gualeguay, Vladimir Firpo, brindó detalles sobre el proceso paritario en curso y las demandas del colectivo docente. Según explicó, la propuesta gubernamental no aborda las necesidades fundamentales de los trabajadores de la educación, dejando pendientes cuestiones clave como la recomposición salarial significativa y la corrección del nomenclador docente.

"Venimos de un proceso paritario largo desde el año anterior, donde logramos avances importantes, pero insuficientes. Por ejemplo, se liberó el tope del código 029, un reclamo histórico de AGMER, y se acordó pagar la inflación del mes anterior hasta junio de 2025. Sin embargo, hoy enfrentamos una situación donde el salario sigue siendo netamente alimentario, sin un recupero real para el bolsillo de los trabajadores", señaló Firpo.

Durante la reunión paritaria, el gobierno propuso incrementar los salarios mes a mes según el índice de inflación del INDEC, con base de cálculo en enero de 2025, además de ofrecer un aumento del 10.7% para el Fondo de Incentivo Docente (FOPID) y Conectividad. Sin embargo, esta última partida, tal como destacó Firpo, "no es remunerativa ni bonificable, lo que desfinancia las obras sociales y no impacta en el sueldo complementario ni en las jubilaciones".

El Congreso Extraordinario de AGMER, realizado días atrás en San Salvador, ya había rechazado la oferta previa del gobierno, exigiendo incrementos salariales por encima de la inflación, la actualización de la base de cálculo y mecanismos que recuperen las pérdidas acumuladas durante 2023. Además, se insistió en la necesidad de corregir las distorsiones salariales en el escalafón docente, especialmente en cargos directivos y supervisores.

"Nosotros entendemos que no podemos permitir que el salario esté únicamente atado al índice inflacionario. Necesitamos puntos por encima de la inflación para recuperar el poder adquisitivo perdido", afirmó Firpo, quien también destacó la importancia de avanzar en la comisión de nomenclador para resolver estas inequidades estructurales.

En tanto, el gobierno también anunció la implementación de un boleto docente gratuito para líneas de colectivos urbanos, aunque esta medida no alcanzó para descomprimir el conflicto. Ante la falta de respuestas concretas a las demandas planteadas, la representación paritaria de AGMER, integrada por Marcelo Pagani, Ana Delaloye, Guillermo Zampedri y Juan Carlos Crettaz, declaró formalmente la situación de conflicto.

Desde AGMER se convocó a un nuevo congreso para definir las acciones a seguir tras el rechazo a la propuesta oficial.

Por otra parte, Firpo destacó la importancia de continuar con los procesos concursales, como los concursos de oposición que permitieron adjudicar cargos de titulación, producto de la lucha sindical.

"Estamos en un momento clave para los trabajadores de la educación. No solo debemos garantizar mejoras salariales, sino también avanzar en derechos históricos como la corrección del nomenclador y la actualización de la base de cálculo. Esto es lo que vamos a seguir exigiendo en las próximas instancias", concluyó el dirigente.

Mientras tanto, el colectivo docente aguarda definiciones de las asambleas escolares y departamentales que se realizarán durante estos días en toda la provincia, que pusieron en debate las propuestas del gobierno y las demandas del sector.

La próxima semana será determinante para conocer si habrá avances en las negociaciones o si se profundizarán las medidas de fuerza. Cabe recordar que las clases comienzan este lunes y que la próxima reunión paritaria tendrá lugar el martes, por lo cual la duda es si habrá paro o no en los primeros días.

Los paritarios del Consejo General de Educación (CGE), Bruno Frizzo y Conrado Lamboglia, fueron los encargados de exponer la oferta oficial ante los representantes sindicales. "Buscamos dar certezas y previsibilidad. Es un gran esfuerzo presentar esta oferta en un contexto complejo, donde muchos sectores están cerrando paritarias por debajo de la inflación. En Entre Ríos, en cambio, extendemos la cobertura de la variación del IPC hasta fin de año", señalaron.

La oferta presentada contempla la actualización mensual de los salarios en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, garantizando así la cobertura contra la inflación hasta diciembre de 2025.

Además, se anunció un incremento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y conectividad, el cual será liquidado junto con los haberes correspondientes al mes de febrero.

En materia de transporte, el gobierno propuso la implementación de un boleto docente con una bonificación del 50% para el transporte urbano. Asimismo, se reiteró el compromiso de cobertura del código de transporte para aquellas áreas no cubiertas por el servicio urbano, con el objetivo de garantizar el acceso de los docentes a sus lugares de trabajo.

Otro punto destacado de la oferta es el compromiso de trabajar en la recomposición de la pirámide salarial, afectada en los últimos cinco años, y continuar con la política de concursos y titularizaciones durante 2025.

Del encuentro participaron los principales referentes gremiales del sector docente: el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani; el representante de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela; la secretaria de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya; y la representante del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank.

La propuesta presentada por el gobierno será ahora evaluada por los gremios, quienes definirán los pasos a seguir en el marco de las negociaciones paritarias.

El 2024 fue considerado un año “muy duro” por los cerca de 50.000 docentes de Entre Ríos, que enfrentaron un primer mes con los salarios -como los de gran parte de la sociedad- perdiendo cerca de un 18% de poder adquisitivo ante la devaluación que realizó el Gobierno nacional durante sus primeras semanas de gestión.

Para readecuar los sueldos, se suscitaron diferentes encuentros de diálogo y paritarias con las autoridades provinciales hasta la última propuesta, a principios de noviembre, con cambios en las bases de cálculo, “cobertura” contra la inflación, actualizaciones y el pago del “desfasaje” del segundo semestre entre las propuestas otorgadas y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En ese entonces, el Gobierno de Rogelio Frigerio propuso incluir el pago de las últimas dos cuotas previstas del 6,55% remunerativo correspondientes al desfasaje del primer semestre, con los haberes de noviembre; cambiar la base de cálculo al mes de octubre de 2024; y eliminar el tope en el código 029, que abona un monto a las y los docentes que deben trasladarse para dictar las clases.

Además, se comprometieron a “garantizar la cobertura contra la inflación con una actualización mes a mes” en el primer semestre del 2025; modificar la base de cálculo a enero a partir del próximo mes; y abonar la diferencia del desfasaje del segundo semestre del 2024.

Días más tarde, el Frente Gremial integrado por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) aceptó la propuesta pero la declararon “insuficiente”.

Agmer, el gremio mayoritario en la provincia, también exigió que la devolución “inmediata de los días descontados por realizar paros y se abstenga de realizar descuentos” de este tipo.

Entre medio de enero y diciembre del año pasado, también tuvieron que discutir y apelar a medidas de fuerza luego de que el Gobierno nacional decida eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y de Conectividad, que en Entre Ríos implicaba alrededor del 10% de los salarios.

“En un momento estuvimos con sueldos un 30% por debajo de la inflación y con muchos docentes por debajo de la indigencia, algo nunca antes visto”, recordó el secretario adjunto de AgmerParaná, Martín Tactagi.

El 2024 “fue una tras otra”, apuntó, con ofertas salariales “a la baja en función a la inflación”. Asimismo, muchos de las y los docentes llegan a las aulas gracias al código de traslado, que tenía un límite de pago y “obligaba a que una gran parte del salario se vaya en transporte, quedándole 150.000 pesos para vivir, o demorando 3 o 4 horas hasta llegar a la escuela”, explicó.

Durante el 2024 regresaron los paros docentes a la provincia, con cerca de 20 días sin clases y dos movilizaciones que califican de “históricas” en agosto y octubre pasado.

Sin embargo, el Gobierno provincial emitió por decreto la Resolución 2.771 de “Relevamiento de la prestación de servicios docente y no docente”, que estableció un control mensual de los días de asistencia e inasistencia, y que presentaba carácter de declaración jurada.

También se estableció iniciar un sumario a quienes no cumplan con la norma, lo que generó que “más de 20.000 docentes pidan su nulidad”, enfatizó Tactagi, y luego reafirmaron su postura con un recurso de apelación ante el gobernador, que aún espera respuesta. El dirigente gremial atribuye que las autoridades provinciales “se dieron cuenta que tenían un problema serio y se preocuparon”.

“Todo empezó un jueves de agosto, después de dos días de paro dictan la conciliación obligatoria y la acatamos, pero al otro día el paro lo hicieron las familias y algunas escuelas no llegaron ni al 10% de asistencia de alumnos”, acotó.

Ese hecho, junto con los escraches a Frigerio y sus ministros en distintos actos y recorridas por localidades como Crespo o Gualeguaychú, “fue un alerta” para el Gobierno y como “amenazaban con descuentos pero ni los directivos ni supervisores pasaban los días de paro”, avanzaron con la Resolución, sostuvo.

La circunstancia afectó el debate dentro de los encuentros paritarios: “Queríamos discutir salarios pero nos bombardearon los derechos laborales, y se corrió el eje cuando lo importante era obtener presupuesto para mejores sueldos”.

Las reuniones entre el gremio y el Gobierno continuarán el próximo viernes 7 de febrero, tres días antes de que la docencia deba presentarse en las instituciones educativas. Además de lo prometido en los encuentros pasados, los sindicatos prevén comenzar con una “fuerte discusión” en cuanto a los salarios.

En la última paritaria “una gran parte de los docentes estaban cansados y con necesidad de cerrar el año”, mencionó Tactagi al explicar la aceptación de la propuesta a pesar de que “no alcanzó porque se perdió mucho”.

Hoy en día, una maestra inicial con 4 horas de trabajo y 10 años de antigüedad cobra unos 550.000 pesos, pero los gremios exigen que supere la canasta básica para una familia de cuatro integrantes: poco más de un millón de pesos.

“El salto es enorme”, reconoció Tactagi a UNO, por lo que buscarán “recuperar el 18% perdido en diciembre 2023, el pago automático de la diferencia acumulada del segundo semestre, y un nuevo aumento salarial porque existe una pérdida del 25%”.

Finalmente, el dirigente gremial aseguró que el gobierno provincial “es dialoguista todo el tiempo, pero no alcanza si no hay una respuesta económica”.

En reunión paritaria, el gobierno provincial, hizo una nueva propuesta salarial a los gremios docentes, que consiste en una pauta semestral que iguale los salarios a la inflación mensual, y el pago de una suma fija de 200.000 pesos, que incluye a los pasivos y el aumento de un 13,4% del salario mínimo docente a $430.000.“Un esfuerzo a todos”El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso destacó que esta es una nueva propuesta que “se hace con un esfuerzo enorme del gobierno y por eso, pedimos un esfuerzo a todos”. Además, subrayó que “la propuesta busca blindar la inflación y compensar los ingresos de los trabajadores”.Asimismo, el ministro aseguró que continuaremos “negociando, pero siempre con los chicos en las aulas”, al tiempo que recordó que “este es un gobierno con vocación de diálogo, pero queremos a los chicos en las aulas y no perder días de clases”.Por su parte, la presidente del CGE, Alicia Fregonese, reiteró que este gobierno respeta el derecho a huelga pero “día que se para, día que se descuenta y luego se recupera”.Troncoso detalló la propuesta salarialEn la reunión paritaria, el gobierno provincial, planteó una mejora a la propuesta anterior que consiste, en igualar los salarios a la variación producida por inflación hasta fin de año; una compensación a través de una suma fija de 200.000 pesos que también alcanzará a los pasivos; y el aumento del salario mínimo docente un 13,4 por ciento, a 430.000 pesos.“Propusimos un aumento salarial de 5% sobre los salarios de julio, pese a que la inflación fue del 4,6%, es decir, estamos pagando 0,4% por encima de la inflación. Además, los cinco meses consecutivos, hasta diciembre inclusive, se pagaría la pauta de inflación que marca el IPC del INDEC”, dijo Troncoco.El ministro continuó con su explicación: “en tanto, la compensación con suma fija no remunerativa, se convertiría en de 200.000 pesos, a pagar en cinco cuotas de $40 mil pesos, tanto para trabajadores activos, como pasivos. Es decir, en esta nueva oferta, se incluye a los pasivos”, resaltó.

Cuándo sería remunerativo y bonificable“La otra novedad, es que una quinta parte de los $200 mil pesos que se pagará en cinco cuotas, tanto para trabajadores activos, como pasivos; es decir, $40 mil pesos, a partir del mes de enero de 2025, se harían remunerativos y bonificables que quedarían registrado y serían a cuenta de futuros aumentos”, aclaró el ministro Troncoso.Por último, el ministro Troncoso, sostuvo que se propuso a los gremios docentes, “aumentar el salario mínimo docente hasta 430.000 pesos, lo cual implica un aumento del 13,4 por ciento de aumento del piso salarial”, remarcó.En la Secretaría de Trabajo, se reunieron, por el gobierno, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso y la presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese y los referentes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

"Cerramos el primer semestre con una perdida de 19.5 % del salario frente a la inflación, esta es la definición que vamos a llevar los sindicatos a la mesa de negociación y a eso se sumará el reclamo por los 3 puntos extras que nos descuentan de la Caja de Jubilaciones", planteó el integrante de la Multisectorial.Muntes sostuvo que "la economia no se recupera y los trabajadores necesitamos una recomposición del salario, por eso una buena oferta sería el 20% de aumento para recuperar el salario frenta a la inflación de este 20024. Eso es sin contemplar los datos de la pérdida de poder adquisitivo por la devaluación cuando asumió Javier Milei".El secretario de ATE expuso que un salario básico de un trabajador estatal ronda los 400 mil pesos, pero necesitaríamos estar cobrando unos 850 mil según lo que plantea INDEC para no ser pobres" y reconoce que "la situación es muy dificil y sabemos que la recaudación se cayó, por eso vamos a escuchar qué nos ofrecen".A su vez, Muntes calificó a las charlas paritarias como amenas, "nos atienden muy bien, son reuniones abiertas y sin chicanas donde se buscan alternativas para afrontar el desafío de mejorar los salarios, hay diálogo y consenso, pero eso no quiere decir que los resultados sean los ideales".Sobre la metodología, Oscar Muntes reconoció que "en un Estado organizado se tiene una paritaria anual. Actualmente, es una negociacion mensual, pero la alternativa es que sea bimestral o trimestral, siempre que la pérdida del poder adquisitivo no sea sostenida. La negociación ellos lo atan a los niveles de recaudación y nosotros a los niveles de inflación. Necesitamos encontrarnos hasta tener un equilibrio y entendemos que lo más apropiado será lograr un acuerdo a tres meses con resguardo de los trabajadores".

A las 9.30 está convocada la reunión con la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).

Mientras que a las 11.30 será el encuentro con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

A las 9 será el turno de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).En tanto, a las 12 tendrá lugar el encuentro con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).Cabe destacar que, en el marco del diálogo institucional que impulsa el gobierno, esta semana el gobernador Rogelio Frigerio se reunió con los gremios estatales y docentes, a quienes detalló la situación económica de la provincia.

El gobierno provincial convocó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a la primera reunión paritaria del 2024. Será el jueves 1 de febrero a las 11 horas en la Secretaría de Trabajo.

La provincia abrirá las paritarias 2024, luego de haber liquidado un aumento del 18 por ciento para los haberes de enero y una suma fija de 25.000 pesos destinada a afrontar la canasta escolar.

La reunión será con los representantes de ATE y de UPCN el próximo jueves 1 de febrero a las 11 en la Secretaría de Trabajo.