El Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y los gremios docentes representados en la mesa paritaria —con la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se encontrarán hoy tras la instancia de cuarto intermedio dispuesta la semana pasada.  El objetivo de alcanzar un consenso que garantice la normalidad del calendario escolar y sostenga los ingresos de los trabajadores de la educación.

El Ejecutivo provincial ratifica “su vocación de diálogo institucional” y subraya “el esfuerzo fiscal que realiza la administración para presentar propuestas salariales sostenibles en un contexto económico complejo”. Sostienen que el propósito central de la mesa de negociación es “ofrecer incrementos acordes a la evolución de la inflación y las posibilidades reales de la recaudación provincial, resguardando la previsibilidad de las cuentas públicas y el cumplimiento en tiempo y forma del pago de los haberes”. Asimismo, destacan la voluntad de evaluar la situación mes a mes.

Por su parte, la representación sindical acude al encuentro con un pliego de demandas centrado en “la urgente recomposición salarial frente al deterioro acumulado del poder de compra de los docentes”. Los dirigentes gremiales enfatizan que las ofertas previas “resultaron insuficientes” para equiparar el costo de la canasta básica y señalan que “el salario no debe quedar relegado frente a los índices inflacionarios”.

A su vez, llegan con los mandatos de sus respectivas asambleas y congresos, donde también reclaman mejoras en el concepto de conectividad y transporte, el saneamiento de las condiciones edilicias en los establecimientos educativos y el reconocimiento integral del escalafón docente.

La corta un cuarto intermedio solicitado por las partes para analizar el impacto de las variables macroeconómicas e intercambiar proyecciones técnicas. La reactivación de las paritarias se da en un escenario de tensión contenida, donde la dirigencia gremial ha advertido sobre la posibilidad de evaluar medidas de fuerza en caso de no recibir un ofrecimiento superador que responda a los criterios fijados por las bases.

De los resultados de la reunión celebrada durante la jornada de hoy dependerá el curso del conflicto salarial en la provincia. En caso de formularse una oferta concreta por parte de las autoridades, las conducciones sindicales la someterán a la consulta de sus congresos y plenarios de secretarios generales en las próximas horas para definir su aceptación o rechazo, mientras que una falta de acuerdo podría derivar en la convocatoria a nuevas instancias de negociación o en la adopción de medidas de acción directa.

En el marco de un conflicto salarial que no cede, el gremio docente AGMER volvió a cruzar con firmeza las políticas económicas del Gobierno de Entre Ríos. Tras el rechazo formal a la última oferta paritaria, desde la Seccional Gualeguay trazaron un crudo diagnóstico sobre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y denunciaron el uso reiterado de decretos unilaterales para cerrar las discusiones salariales.

El secretario general de AGMER Gualeguay, Vladimir Firpo, calificó como "absolutamente insuficiente e insignificante" la propuesta oficial de un incremento del 3,5%. Según explicó el dirigente, los salarios docentes acumulan un desfasaje de 18 puntos porcentuales respecto a la inflación, habiendo percibido hasta el momento únicamente un 6,5% de recomposición en lo que va del año."Llegamos a septiembre con un clima de gran empobrecimiento para el sector docente", sostuvo Firpo, quien remarcó la distancia que existe entre la propuesta oficial y los costos básicos de vida en la provincia. Al respecto, ejemplificó que los alquileres promedian o superan los 500.000 pesos, a lo que se suma el fuerte impacto de los servicios esenciales como la factura de gas.

Endeudamiento y pluriactividad

La crisis del sector no solo se refleja en el rechazo en la mesa de negociación, sino en la vida cotidiana de las familias docentes. Según datos de un relevamiento elaborado por la CTA y citados por el sindicalista, una gran cantidad de trabajadores de la educación ha debido acudir al endeudamiento para cubrir sus necesidades básicas.

El uso de tarjetas de crédito y préstamos en financieras se ha convertido en una constante para intentar cubrir los desfasajes de cada mes. A su vez, Firpo advirtió sobre la proliferación de docentes obligados a sostener un segundo empleo, una estrategia de subsistencia que —según remarcó— hoy tampoco resulta suficiente para evitar que los hogares queden por debajo de la línea de flotación económica.

La mirada puesta en el martes

Desde la conducción sindical apuntaron contra el Ministerio de Economía de la provincia y acusaron al Ejecutivo de desoír los planteos de las organizaciones de trabajadores. En ese sentido, Firpo instó al Gobernador a revisar su postura y responder a las expectativas generadas durante la campaña electoral. "Esperamos que vuelva a poner énfasis en lo que prometió, cuando planteó que venía a solucionar los problemas de los entrerrianos", señaló.

La negociación pasó a un cuarto de intermedio hasta el próximo martes 22, fecha en la que el Gobierno provincial deberá presentar una propuesta superadora para evitar una profundización del plan de lucha.

A pesar de las críticas al esquema de decretos y negociaciones que el gremio considera "coartadas", Firpo concluyó que el sector mantiene una cuota de expectativa en la mesa del martes para encontrar una salida: "Seguimos poniendo una instancia de esperanza en que el Gobierno pueda ofrecer un aumento acorde a la realidad del bolsillo de las familias y tome las decisiones que hay que tomar para salvar el salario docente".

—EDP - ¿Qué balance deja esta agenda de trabajo en General Galarza?

—Tuvimos varios eventos. Por un lado, la inauguración de una comisaría que esperó 37 años para concretarse, pero también la entrega de dos RINI, que es nuestro régimen de incentivo para nuevas inversiones, a dos instituciones y empresas emblemáticas de la región de Galarza. Después realizamos la visita a una obra de desagüe fluvial e hídrico de la ciudad, una obra que me comentaba el intendente que se había prometido hace 110 años. Este trabajo es clave para que el pueblo no se vuelva a inundar como ocurre habitualmente con pocos milímetros. Y tuvimos también la oportunidad de hacer una nueva reunión de gabinete conjunto entre el equipo del municipio y el equipo de la provincia, una práctica que venimos haciendo desde que arrancó la gestión: tener mucha presencia territorial, que los funcionarios provinciales se conozcan e interactúen de manera directa con los funcionarios municipales.

— EDP - ¿Cómo se traduce esa dinámica de gabinete conjunto en avances concretos para los municipios?

—Nos ha permitido en todos lados, y principalmente acá en Galarza, concretar muchas cosas que esperaron durante muchísimo tiempo, aun sin recursos. Siempre digo que el trabajo en equipo, el compromiso y la transparencia en el uso de los fondos compensan la falta de recursos. Es decir, nosotros, con mucha menos plata que la que había en el pasado, estamos haciendo muchas más cosas. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo en equipo con los intendentes, con una mejor gestión y, por supuesto, con el hecho de que los recursos ahora vayan a donde tienen que ir y no al bolsillo de algunos vivos, como ocurría en el pasado.

—EDP - Mencionó la entrega de beneficios del RINI. ¿Está funcionando la atracción de capitales privados que planteó al inicio de la gestión?

—En este contexto es muy difícil, lo cual resalta aún más el valor de la herramienta. Estamos hablando de más de 400.000 millones de pesos de inversiones y cerca de 3.000 puestos de trabajo comprometidos. Es el camino, no tengo dudas. Me gustaría avanzar más rápido en el alivio fiscal e impositivo a nuestras empresas, pero lamentablemente la caída en los ingresos nos obliga a ser más cuidadosos en esta reducción. De todas maneras, hemos bajado mucho la presión tributaria en la provincia y me queda muchísimo por hacer.

— EDP - ¿Por qué el RINI permite actuar con mayor agilidad en la baja de impuestos?

—El RINI me permite hacerlo de manera más rápida porque es todo en el margen; es decir, son todas nuevas inversiones que hoy no forman parte del ingreso del presupuesto. Eso nos permite acelerar mucho más la reducción de impuestos. A eso se suma el trabajo que le vengo pidiendo al Gobierno Nacional de hacer en conjunto desde hace mucho tiempo: un acuerdo fiscal federal para eliminar impuestos y derechos de manera conjunta. Hablo de retenciones —las malditas retenciones— e impuesto al cheque a nivel nacional; ingresos brutos a nivel provincial; y tasas en municipios que muchas veces son impuestos encubiertos e inconstitucionales. Si nos podemos sentar a una mesa y lo trabajamos en conjunto, estoy seguro de que eso va a redundar en un incremento de la competitividad y en la posibilidad de tener más inversiones y trabajos genuinos y de calidad.

—EDP - Usted suele remarcar la importancia del diálogo sin reparar en el color político de cada intendente. ¿Se logra replicar ese mismo esquema con la gestión nacional?

—Lo hago porque a la gente no le importa eso. El ciudadano, el vecino, quiere resultados. Estoy convencido de que esos resultados se dan trabajando en equipo, y ahí si tenés o no tenés el mismo color de la camiseta partidaria importa muy poco. Con el Gobierno Nacional ha costado. No ha sido fácil. Hoy probablemente seamos la provincia más reconocida por la Nación y la que ha conseguido más cosas en un contexto difícil, donde sin plan los recursos se reducen.

—EDP - ¿Qué compromisos concretos destaca de ese vínculo con Nación?

—Lo que hemos logrado en el plano de la compensación del déficit de la caja con ANSeS ha sido histórico. Hemos sido la primera provincia que ha concesionado las rutas nacionales y ya se ven los trabajos en la Autovía 14 y en la 12. Pronto va a terminar la 18, tengo el compromiso de Nación de terminar con la Autovía 18. Estamos trabajando también en la transferencia de la 127. Y se han iniciado obras hídricas y de agua potable muy importantes en Concordia y en Villaguay. En un contexto de mucha sequía de obra pública e inversión, nosotros, comparados con otras provincias, tenemos un lugar de privilegio precisamente por las gestiones que hemos llevado adelante. Participé personalmente en la concesión de la Autovía 14 porque sé que para nosotros tiene una trascendencia absoluta.

Hay otras cuestiones clave que hay que poner sobre la mesa, como la inclusión de Entre Ríos por primera vez en la historia en la hidrovía, tanto para el río Uruguay como para el Paraná. Eso es, para el futuro, quizás lo más trascendente que hemos conseguido para la provincia, porque va a permitir el desarrollo de un complejo logístico y portuario que hacía años se prometía y nadie concretaba. El país va a poder sacar su producción sin pasar por Buenos Aires, lo cual va a generar incentivos para crear más puertos privados en nuestras costas, con todo lo que eso implica. Son cosas que todavía nos faltan, tengo muchas cosas en carpeta.

—EDP - Pese a ese diálogo, la provincia mantiene diferencias con Nación...

—He sido el primer gobernador que ha hecho una denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra el Gobierno Nacional por el tema de la caja previsional y por el tema de Salto Grande. Nunca había pasado. Diferencio el trabajo y la ayuda que le estamos dando al Gobierno Nacional para intentar consolidar un rumbo, por un lado, con la defensa irrestricta de los intereses de los entrerrianos por el otro. Cuando veo que algo está mal, actúo, no importa quién tenga enfrente: lo primero es la defensa de nuestros intereses.

—EDP - En el plano interno, ¿cómo viene manejando la paritaria docente en este escenario económico?

—Hemos hecho enormes esfuerzos en un contexto de caída de la recaudación. Los ingresos de la provincia vienen sistemáticamente por debajo de la inflación y, aun así, hemos hecho enormes esfuerzos por sostener el poder de compra de los salarios, sobre todo el docente. Hemos aumentado el básico del docente y lo hemos llevado a 850.000 pesos. Claro que no alcanza, es poco, pero en términos relativos a cómo se trataba a los docentes en contextos de mayores ingresos, es por lo menos para ponerlo sobre la mesa y valorarlo.

Estoy lejos de estar conforme con lo que hemos podido hacer con los salarios docentes. Cuando tengamos recursos va a ser lo primero en lo que tratemos de ponernos al día. Pero tampoco podemos volver al pasado de la irresponsabilidad, donde se daban aumentos o se solicitaban obras y después nunca estaba la plata para pagar, generando déficit y endeudando a la provincia para gastos corrientes. Esa historia, ese pasado, no vuelve más. Lo que estamos haciendo es ser responsables: cuando mejore la cosa y tengamos más recursos, el salario del empleado público en general, y de los docentes en particular, va a ser la prioridad.

—EDP- Cuando afirma que ese pasado no vuelve más, ¿lo dice como candidato a reelegir en 2027?

—No lo digo por mí. Si todo dependiera de mí, tampoco habríamos hecho bien las cosas. Esto es un proceso que lo defienden sobre todo los ciudadanos. Hoy la mayoría de los entrerrianos tiene muy en claro algunas cosas, y tiene bien claro que para atrás no hay que volver nunca más; que la desidia, la corrupción, la falta de compromiso, la gestión irresponsable, el populismo y la demagogia no son el camino. Nosotros tenemos que demostrar cuál es el camino correcto, el que genera más temprano que tarde bienestar para nosotros y sobre todo para nuestros hijos, para que no apunten a irse de la provincia y perciban que acá pueden concretar sus sueños. Ese es el principal desafío.

Elecciones en CTERA y la representación entrerriana

— EDP: ¿Cuál es la importancia de las próximas elecciones de CTERA?

— Fabián Peccín: El próximo 2 de septiembre son las elecciones de CTERA. Convocamos a todos los afiliados de AGMER, tanto a nivel provincial como en la seccional Gualeguay, a acompañarnos con su voto. Habrá mesas fijas distribuidas en las escuelas, urnas volantes y una urna fija en la seccional para que puedan acercarse las y los docentes jubilados.

La compañera Sonia Alesso encabeza nuevamente la propuesta como candidata a Secretaria General y desde AGMER acompañamos con cinco dirigentes dentro de la Junta Ejecutiva: Abel Antivero como Secretario de Ambiente, quien les habla como Prosecretario Gremial, la compañera Soledad Ponce (Gualeguaychú) en el Tribunal de Cuentas, la compañera Lidia Otero como vocal y el compañero Leo Posi en la Comisión Revisora de Cuentas.

Representamos a la Agrupación Celeste Violeta en sintonía con la política gremial que llevamos adelante desde AGMER, en defensa irrestricta de la educación pública y de los derechos laborales. Contar con una CTERA fuerte es el sostén fundamental para respaldar las luchas provinciales.

—  EDP ¿Por qué resulta clave la articulación con el gremio nacional?

— Abel Antivero: CTERA significa lucha articulada. Nos permite unificar nuestros reclamos con otras provincias que atraviesan realidades y problemáticas muy semejantes a las nuestras. Es vital contar con una representación nacional que discuta en el ámbito de la Paritaria Nacional Docente para fijar un piso salarial en todo el país. Hoy vemos un Gobierno Nacional que ha aplastado este ámbito de negociación, provocando un empobrecimiento generalizado en las provincias y en los trabajadores.

Emergencia salarial y el impacto del ajuste provincial

— EDP: ¿Cómo se traduce esta falta de paritaria nacional en la realidad concreta de las escuelas de Entre Ríos?

— Abel Antivero: Se traduce directamente en la pérdida del poder adquisitivo. Según un relevamiento reciente de CTERA sobre los montos salariales de cada provincia, Entre Ríos se ubica en el puesto 23. Históricamente supimos estar dentro de los primeros diez lugares. Ser el anteúltimo sueldo docente del país demuestra y expresa con claridad que no estamos en la agenda pública del Gobierno provincial.

En el ámbito paritario, el Gobierno nos convocó en tres oportunidades (marzo, mayo y julio), pero todas las propuestas fueron rechazadas por no responder a las necesidades reales del trabajador de la educación. Vemos compañeros que no llegan a fin de mes, con un alto índice de endeudamiento con tarjetas de crédito, donde gran parte del salario se destina exclusivamente a pagar deudas.

Tres frentes Abiertos: Jubilaciones, Paritarias y Comedores Escolares

— EDP: Además de la disputa salarial, ¿cuáles son los otros frentes abiertos con la gestión provincial?

— Abel Antivero: A lo largo de este año hemos sostenido tres grandes frentes de confrontación. El primero fue la reforma previsional. Cuando emplazamos al Gobierno a presentar un proyecto concreto y nos dijeron que solo tenían un informe actuarial, decidimos retirarnos de esa mesa de discusión por convicción y mandato histórico: la Caja de Jubilaciones no se toca. Otros espacios sindicales, como el caso de UDA, prefirieron quedarse y avalar la reforma previsional a cambio de ciertos beneficios sectoriales en direcciones departamentales. Nosotros mantenemos una política autónoma e incoherible.

El tercer frente es la iniciativa del Gobierno de tercerizar el servicio de desayunos y meriendas escolares a través de una empresa de la provincia de Buenos Aires llamada Tecnofood. Frente a esto, presentamos un amparo colectivo. Nos preocupa profundamente la salud de los alumnos: pretenden entregar productos ultraprocesados que no pueden definirse como alimento. No se puede pensar en un correcto aprendizaje si las panzas de los chicos suenan de hambre. 

— Generó repercusión el costo presupuestario de esta privatización de comedores.

— Fabián Peccín: El propio ministro declaró que mantener este servicio con Tecnofood elevaría la inversión de 20 a 40 millones de pesos. Es decir, se duplica el gasto para que una empresa privada se lleve las ganancias que antes quedaban en los comercios, almacenes y verdulerías de cada localidad.

Pero esto es solo un ensayo para avanzar luego sobre el servicio de almuerzo. Traer viandas industrializadas implica reducir la función de las cocineras y cocineros a simples servidores de platos, abriendo la puerta a futuros despidos y recortes de personal. Esta misma estrategia de achique se quiso aplicar con el intento de cierre o aglutinamiento de 200 a 300 escuelas rurales en la provincia. Aunque hoy está frenado por la lucha gremial, demuestra que el gobernador Frigerio busca llevar la reducción del Estado a su mínima expresión en sintonía con las políticas nacionales. El intento de tercerización es una estrategia para achicar el Estado y reducir personal de cocina. Frigerio está demostrando ser el mejor alumno del Gobierno Nacional.

Plan de lucha y perspectivas de cara al futuro

— ¿Cómo continuará el plan de acción de AGMER tras las resoluciones del último Congreso en La Paz?

— Abel Antivero: El Congreso nos facultó a profundizar el plan de acción y en breve realizaremos anuncios oficiales. Somos conscientes de que un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema por sí solo; se trata de un proceso de acumulación, disputa y concientización social para visibilizar nuestras demandas salariales y la necesidad de inversión educativa.

Advertimos que este conflicto puede ser de largo aliento, extenderse hasta fin de año e inclusive comprometer el ciclo lectivo 2025. El único responsable de esta situación es el Gobierno provincial por no atender los reclamos ni levantar el teléfono. Además de las medidas de fuerza tradicionales, evaluamos otras alternativas de visibilización ante la opinión pública.

— Para finalizar, ¿cuáles son los ejes centrales de cara a los comicios?

— Fabián Peccín: Nuestra plataforma se sintetiza en la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa irrestricta del salario y la Paritaria Nacional, la exigencia de mayor presupuesto, la protección de la Ley Nacional de Educación y el rechazo rotundo a los proyectos que pretenden declarar a la educación como 'servicio esencial' para restringir el derecho a huelga, privatizar la enseñanza o reformar las jubilaciones docentes.

Por todo esto, apelamos a la mayor participación y llamamos a cada afiliada y afiliado de AGMER a acompañarnos este 2 de septiembre con su voto a la Lista Celeste Violeta para seguir sosteniendo esta lucha en unidad y fortaleza.

La propuesta oficial contemplaba un aumento total del 7 por ciento en dos tramos: un 3 por ciento para julio y un 4 por ciento adicional en septiembre, tomando en ambos casos como base de cálculo el salario del mes inmediatamente anterior.

Sin embargo, al no alcanzarse un acuerdo con las organizaciones sindicales, el Ejecutivo provincial resolvió avanzar con la liquidación del incremento correspondiente a julio, actualizando la base de cálculo al mes de junio de 2026.

El integrante de la representación paritaria del Gobierno, Ricardo Vales, explicó que la medida tiene como objetivo que el incremento "impacte rápidamente en el bolsillo de los trabajadores".

"El Gobierno está haciendo el mayor esfuerzo posible dentro de una administración responsable de los recursos y atendiendo muchas de las demandas planteadas por las organizaciones sindicales", sostuvo el funcionario.

Vales también remarcó que, a pesar de la falta de consenso en esta instancia, la negociación paritaria continúa abierta y las partes seguirán dialogando en busca de un acuerdo.

"Más allá de no haber alcanzado un acuerdo con los gremios estatales, esta gestión va a continuar trabajando con la mejor predisposición para el diálogo. Vamos a seguir dialogando, con responsabilidad, sin prometer lo que después no se puede cumplir", concluyó.

De esta manera, los trabajadores estatales percibirán en los salarios de julio un incremento del 3 por ciento, mientras el Gobierno provincial y los gremios continúan las negociaciones para definir la actualización prevista para septiembre.

La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei habilitó la renegociación obligatoria y masiva de los convenios colectivos de trabajo en todo el país. La medida quedó plasmada en el decreto 407, publicado esta semana en el Boletín Oficial, que modificó el régimen de ultraactividad y genera preocupación entre sindicatos, abogados laboralistas y especialistas en relaciones del trabajo.

Según la normativa, la Secretaría de Trabajo considerará vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia originalmente consignado hubiera expirado. Además, el decreto establece que el organismo laboral podrá prescindir de las cláusulas convencionales relativas a la prórroga de vigencia de los convenios. Para aquellos acuerdos que no tengan una fecha de vencimiento expresamente fijada, la reglamentación determinó como referencia el 31 de diciembre de 2026.

El proceso de convocatoria para renegociar los convenios comenzará un mes después de la entrada en vigencia del decreto y podrá extenderse durante un año. Uno de los puntos más cuestionados es la facultad otorgada a la Secretaría de Trabajo para suspender la homologación de convenios cuando las partes no avancen en las renegociaciones, herramienta que los sindicatos interpretan como una posible intervención sobre la negociación colectiva.

El abogado laboralista Juan Ottaviano advirtió que la reglamentación podría derivar en una instancia especial de negociación. "Podría terminar por habilitarse una ronda paritaria especial por un año con más poder de la autoridad administrativa de Trabajo para establecer topes salariales, y que si no son aceptados se abra la renegociación de todo el convenio", señaló.

La Confederación General del Trabajo expresó su rechazo y presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. "Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales", sostuvo la central obrera.

El dirigente de Sanidad Héctor Daer advirtió que la medida podría derivar en conflictos gremiales y judiciales. Gerardo Martínez, de la UOCRA, la calificó como una intromisión que rompe la soberanía de las partes en la negociación de paritarias.

La reforma también fijó un tope del 2% de las remuneraciones para las cuotas solidarias cobradas por los sindicatos y un límite del 0,5% para los aportes destinados a cámaras o asociaciones empresarias. Los convenios que superen esos porcentajes deberán ser renegociados. Además, las cámaras empresarias deberán acreditar una representación de al menos el 10% de los trabajadores del sector para poder participar en negociaciones colectivas.

En el marco de una nueva instancia de discusión salarial entre el Gobierno de Entre Ríos y los gremios estatales y docentes, desde la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado expresaron un fuerte rechazo a la oferta presentada por la Provincia.

La secretaria general de ATE Gualeguay, Luciana Arellano, sostuvo que la propuesta oficial “no alcanza” y remarcó que el deterioro del salario se profundizó desde fines de 2023.

“Desde ATE pedimos una recomposición salarial del 42% por la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido desde 2023, desde que asumió Milei. La verdad es que hemos perdido muchísimo y eso se nota cada vez más en el bolsillo del trabajador”, expresó.

La dirigente sindical señaló además que el ofrecimiento del 3,5% representa un impacto mínimo en los salarios estatales. “No son más de 30 mil pesos para el bolsillo. ¿Qué son hoy 30 mil pesos? Nada. La verdad es que estamos en desacuerdo claramente”, afirmó.

Arellano también vinculó la discusión salarial con otros temas que generan preocupación en el sector público, como la situación de la obra social provincial y el futuro de la Caja de Jubilaciones. “Ya perdimos la obra social, ahora vienen por la Caja de Jubilación. Lo pintan como una recuperación, pero para el trabajador no es nada bueno”, manifestó.

En ese sentido, advirtió que existen otros reclamos históricos que continúan sin respuestas. “Hay puntos que seguramente quieren tocar, como categorizaciones y pases a planta permanente. Eso lo vemos muy lejos. Frigerio no quiere ampliar la planta, la quiere achicar”, indicó.

La dirigente local también hizo referencia a la situación de numerosos trabajadores que continúan en condición precaria desde hace años. “Hay gente que hace siete u ocho años está ocupando cargos vacantes y no vemos cercano el pase a planta”, remarcó.

En un tono crítico, Arellano calificó la propuesta salarial como “un chiste” y cuestionó las prioridades del ajuste. “Siempre es el trabajador el que termina poniendo el lomo. Ellos se aumentan un fangote y nosotros recibimos chirolas. Somos siempre el hilo por donde cortan”, expresó.

Asimismo, describió el complejo panorama económico que atraviesan muchos empleados públicos en Gualeguay. “Hoy los trabajadores están endeudadísimos. Ya no se usa la tarjeta para cambiar el auto o sacar un préstamo grande; la usan para comer”, aseguró.

Finalmente, puso el foco en el costo de vida local y la dificultad de afrontar gastos básicos con los salarios actuales. “Un alquiler en Gualeguay vale entre 400 y 600 mil pesos y los sueldos no pasan los 900 mil. No hay mucho para pensar en lo que nos tienen que dar de salario”, concluyó.

La discusión paritaria pasó a un cuarto intermedio y continuará la próxima semana. Según trascendió, el Gobierno provincial retomó las negociaciones tanto con los gremios docentes como con los estatales, en medio de un escenario marcado por los reclamos salariales y la preocupación por el poder adquisitivo.

En un contexto de creciente tensión política y judicial entre el Poder Ejecutivo y la conducción del fútbol argentino, la AFA formalizó un nuevo esquema de incrementos salariales para los trabajadores encuadrados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC). El acuerdo establece una suba escalonada que supera ampliamente la pauta oficial del 2% mensual promovida por el Ministerio de Economía.

El entendimiento, suscripto por Claudio Tapia y el secretario general del gremio, Carlos Bonjour, fija un incremento total del 12,5% distribuido en cuatro tramos acumulativos:

Esta estructura salarial impactará sobre los básicos, adicionales y conceptos vinculados de los tres convenios colectivos que regulan la actividad en la calle Viamonte: el personal mensualizado (CCT 553/09), la rama por reunión (CCT 463/06) y los inspectores (CCT 1070/09).

La decisión de la AFA se interpreta en el ámbito político como un gesto de autonomía frente a la administración central. Mientras el Gobierno nacional intenta alinear las variables macroeconómicas mediante el tope del 2% para evitar un rebote inflacionario, la entidad rectora del fútbol optó por recomponer el poder adquisitivo de sus empleados con cifras que duplican la pretensión oficial en los meses de marzo y abril.

Este movimiento ocurre en una semana marcada por la presión judicial sobre la cúpula de la AFA. Actualmente, la Secretaría de Trabajo deberá definir si procede a la homologación del convenio, un paso administrativo que el Ejecutivo ha utilizado recientemente como herramienta de presión para frenar acuerdos que excedan sus proyecciones.

No es la primera vez que la gestión de Tapia toma distancia de las directivas de la Casa Rosada. El conflicto por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y las recientes disputas por la reelección de las autoridades de la AFA han profundizado una brecha que ahora se traslada al terreno de la política salarial. Desde el gremio UTEDyC destacaron que la recomposición es necesaria ante la escalada de precios, desmarcándose de la "pauta de referencia" que intenta consolidar el equipo económico.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguay, Olegario Escobar, confirmó en diálogo con medios locales que el Ejecutivo alcanzó un acuerdo salarial con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, tras una serie de reuniones que, según destacó, se desarrollaron en un marco de “buen diálogo”. De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el entendimiento establece una pauta salarial con vigencia hasta octubre y contempla un esquema mixto de aumentos fijos y actualizaciones atadas a la inflación. En concreto, se acordó un incremento del 6% para marzo —que se liquidará en los próximos días— y otro 6% en junio.

Además, el acuerdo incluye cláusulas de actualización: en julio se abonará lo correspondiente a la inflación acumulada de abril y mayo, mientras que en octubre se revisarán los índices inflacionarios de julio, agosto y septiembre. “Es un acuerdo que surgió de diferentes reuniones y de un buen diálogo con el sindicato”, señaló Escobar.

El funcionario aclaró que el aumento de marzo se calcula sobre la base salarial de mayo debido a la incorporación progresiva de un bono de 80 mil pesos otorgado el año pasado. Ese monto, explicó, se está integrando al salario en cinco cuotas entre enero y mayo, lo que impacta de manera distinta según la categoría de cada trabajador. En términos generales, Escobar consideró que el acuerdo “protege el salario del trabajador municipal” y brinda “previsibilidad al menos hasta octubre”, en unos contextos económicos complejos, y con paritarias aún abiertas, en otros niveles del Estado. Asimismo, remarcó que el incremento alcanza a todas las categorías, incluyendo personal contratado y jubilados municipales, y que fue firmado y homologado por ambas partes. También subrayó que las mejoras salariales se definieron “respetando el equilibrio fiscal”, en línea con la política económica del municipio.

Finalmente, el secretario destacó que, a diferencia de lo ocurrido en otras negociaciones recientes, en esta oportunidad no fue necesaria la intervención de instancias externas como fuera la conciliación obligatoria del año pasado: “Hubo varias reuniones, pero en razón de un buen diálogo se pudo lograr un buen acuerdo”, concluyó.Un cambio en la resolución

El nuevo entendimiento se da luego de un conflicto salarial intenso durante el año pasado, que incluyó semanas de tensión entre el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). En ese momento, el gremio reclamaba un aumento cercano al 35% para recomponer el poder adquisitivo, mientras que la Municipalidad sostenía una oferta inicial considerablemente menor, lo que derivó en audiencias en la Secretaría de Trabajo y un escenario de posiciones enfrentadas. La falta de acuerdo derivó en asambleas, movilizaciones y un proceso de negociación que se extendió durante varias semanas. Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo que incluyó el pago de una suma fija de 80 mil pesos en los últimos meses del año, que luego comenzó a incorporarse progresivamente al salario desde enero.

Según trascendió, la Secretaría de Trabajo no homologará acuerdos que superen ese porcentaje, lo que en la práctica condiciona las negociaciones, ya que en muchos casos los incrementos salariales solo se pagan si cuentan con ese aval oficial.

El sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano, fue uno de los primeros en adaptarse a la pauta oficial y firmó un acuerdo con subas escalonadas por seis meses:

El convenio será revisado en septiembre y se convirtió en referencia para otras actividades.

El esquema de incrementos se conoce en un contexto donde la inflación sigue por encima de la pauta oficial. El último dato del INDEC marcó un 2,9% en febrero, lo que alimenta el malestar en sectores sindicales que advierten por la pérdida del poder adquisitivo.

El nuevo escenario también impacta en otras paritarias:

En paralelo, gremios como Comercio, Construcción y Metalúrgicos ya se preparan para negociar bajo estas nuevas condiciones.

La decisión del Gobierno busca contener la inflación y ordenar expectativas, pero abre un frente de tensión:

En ciudades como Gualeguay, donde el impacto de los salarios en la economía local es directo, la evolución de las paritarias será clave en los próximos meses.

En un escenario de creciente tensión en el inicio del ciclo lectivo, el Congreso de la AGMER resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos y declaró la situación de conflicto, mientras a nivel nacional la CTERA ya confirmó un paro docente para este lunes 2 de marzo.

Al cierre de esta edición, el máximo órgano deliberativo de AGMER sesionaba en Paraná, donde analizaba la oferta dada a conocer en la audiencia paritaria realizada en la tarde del lunes 23. En paralelo, dirigentes gremiales y representantes del Ejecutivo provincial mantenían reuniones en el marco de la negociación salarial.

La propuesta oficial incluyó un monto fijo de 45.000 pesos no remunerativo y no bonificable; un monto fijo de 25.000 pesos bajo el mismo carácter que el año pasado para docentes con más de diez años de antigüedad; un incremento del 50 por ciento en la Ayuda Escolar; un monto fijo de 30.000 pesos para jubiladas y jubilados; y el compromiso de retomar el diálogo en el mes de mayo.

Tras un cuarto intermedio dispuesto para evaluar los términos del ofrecimiento, el Congreso de AGMER resolvió rechazar la propuesta en su conjunto y declarar la situación de conflicto, en el marco de lo establecido por la Ley de Paritarias Docentes. La conducción sindical consideró que la oferta no satisface las demandas de recomposición salarial ni garantiza una recuperación del poder adquisitivo frente al proceso inflacionario.

Si bien el Congreso continuaba al cierre de esta edición y no se descartaban nuevas definiciones, el rechazo formal a la propuesta dejó planteado un escenario de confrontación con el Gobierno provincial, en momentos en que la comunidad educativa aguarda precisiones sobre el normal desarrollo de las clases.

Paro nacional confirmado

Más allá de la negociación en Entre Ríos, el paro docente de este lunes ya está confirmado a nivel nacional por decisión del Congreso de la CTERA, que sesionó con la participación de congresales de todo el país.

La medida fue adoptada en el marco del no inicio del ciclo lectivo y forma parte de un plan de lucha que prevé además caravanas, carpas y movilizaciones en distintas provincias. Durante el encuentro, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, presentó un informe político y gremial en el que analizó la situación educativa y el impacto de las políticas de ajuste sobre el sistema público.

Entre los principales reclamos definidos por la confederación figuran la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial que supere la inflación y permita recuperar el poder adquisitivo, la restitución del FONID y de los fondos nacionales para educación, el incremento del presupuesto educativo y el rechazo a iniciativas que —según expresaron— afectan el carácter público del sistema.

De este modo, las primeras 24 horas de medidas de fuerza ya están confirmadas para el lunes, independientemente de lo que finalmente resuelva el Congreso de AGMER respecto de eventuales acciones complementarias en el ámbito provincial.

La confluencia entre el conflicto salarial en Entre Ríos y la medida nacional dispuesta por CTERA configura un inicio de ciclo lectivo atravesado por la incertidumbre, en el cual se puede extender un paro en Entre Ríos, pero también llamado a conciliación obligatoria que disuada la medida. 

El entendimiento fue sellado este viernes por la noche y tendrá vigencia desde febrero de 2026. Debido a que UPCN posee mayor representatividad sindical, la aceptación permitió cerrar formalmente la paritaria conforme a la normativa vigente, garantizando así la liquidación de haberes en tiempo y forma. Los salarios comenzarán a percibirse durante la primera semana de marzo.

La propuesta acordada contempla mejoras para trabajadores activos y pasivos del Estado provincial:

Además, se estableció un incremento del 50 % en la ayuda escolar respecto del último valor abonado.

En el caso del sector pasivo, se otorgará una suma fija de 75.000 pesos, que reemplaza el adicional que se venía pagando hasta el momento.

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó el cierre del acuerdo al señalar que se logró avanzar con el aval de la mayoría sindical. Explicó además que la modalidad elegida —sumas no remunerativas— busca generar un impacto inmediato en el ingreso de los trabajadores.

Según indicó, una recomposición remunerativa y bonificable habría implicado un incremento menor en el corto plazo, mientras que el esquema acordado prioriza liquidez inmediata.

El funcionario también remarcó que continuará el diálogo con los gremios mediante mesas sectoriales y negociaciones permanentes para abordar temas específicos del sector público.

Según se informó tras la reunión, la propuesta presentada por la administración provincial no fue aceptada por las organizaciones gremiales, lo que impidió avanzar hacia un acuerdo salarial.

El planteo oficial para los trabajadores activos contempló, desde febrero de 2026, una recomposición mediante una suma fija variable, de carácter no remunerativo y no bonificable, que oscila entre $130.000 y $280.000, dependiendo de la categoría laboral.

Pese al rechazo, ambas partes señalaron que las conversaciones continúan abiertas. La negociación se retomará en menos de 24 horas, con el objetivo de acercar posiciones y alcanzar un entendimiento que permita cerrar la pauta salarial del sector estatal.

Según se informó oficialmente, el primer encuentro será el miércoles 19 de febrero a las 14 horas, cuando representantes del Ejecutivo provincial se reúnan con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En esa instancia se dará inicio a las mesas de negociación destinadas a analizar la situación salarial de los trabajadores de la administración pública.

Posteriormente, el lunes 23 de febrero a las 16 horas, será el turno de los gremios docentes. Para esa jornada fueron convocadas la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estas reuniones marcarán el inicio formal de la paritaria 2026 y forman parte del esquema de diálogo institucional que el gobierno mantiene con los distintos sectores gremiales, con el objetivo de avanzar en acuerdos salariales y condiciones laborales para el presente año.

El gobierno provincial propuso extender el pago de una suma fija, no remunerativa, no bonificable de 50.000 pesos para activos y de 25.000 pesos para pasivos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Dicha propuesta no fue aceptada por los gremios, pero se acordó pasar a un cuarto intermedio para el 4 de noviembre, mantener la paritaria abierta y seguir dialogando. El gobierno confirmó que de igual manera liquidará la suma fija correspondiente a octubre.

En este sentido, el miembro paritario Luciano Rotman indicó: "El gobierno propone una medida realista y sostenible, que busca mantener el equilibrio entre el esfuerzo fiscal y el acompañamiento a las y los trabajadores públicos. La propuesta no fue acompañada en esta instancia, por eso planteamos pasar a un cuarto intermedio, mantener abierta la paritaria y seguir dialogando, con el compromiso de hacer efectivo igualmente el pago de la suma fija correspondiente a octubre, para que ningún trabajador cobre menos que el mes pasado", agregó.

Rotman, además remarcó que la propuesta presentada "busca cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores" y resaltó que "el pago del aguinaldo y el cierre de año se abonarán sin complicaciones, honrando todos los compromisos salariales con responsabilidad y sin comprometer el equilibrio fiscal de la provincia".

Este lunes, el gobierno provincial presentó y acordó con los gremios estatales una propuesta salarial que contempla una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales, por un período de tres meses y de 25.000 pesos para los pasivos.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta medida representa "aproximadamente un 6 por ciento de aumento inmediato en el salario de bolsillo para quienes perciben los salarios más bajos dentro de la pirámide salarial".

El gobierno mejoró la oferta que hizo en la mañana de este lunes. La propuesta aceptada por los gremios UPCN y ATE incluye otorgar al personal comprendido en la presente paritaria una asignación fija, no remunerativa y no bonificable de 50.000 pesos mensuales para los activos y 25.000 pesos para los pasivos, durante los próximos tres meses, a pagar con los haberes de julio, agosto y septiembre.

"La propuesta implica un incremento del 6 por ciento para quienes perciben los salarios más bajos dentro de la pirámide salarial. Es una medida que impacta de inmediato y de forma más significativa en los sectores con menores ingresos", destacó la representante paritaria del Gobierno, Fanny Maidana.

El Ejecutivo también destacó que ha habido una escucha activa de los pedidos gremiales. "Hemos recibido y considerado con atención los planteos de los representantes sindicales, entendiendo la preocupación legítima de los trabajadores ante la coyuntura actual y hemos actuado en ese sentido, haciendo un ofrecimiento responsable que también cuida las arcas públicas", agregaron. Las partes acordaron volver a encontrarse en mesa paritaria a fines del mes de septiembre.

La respuesta de ATE Gualeguay

Compartimos en primer lugar el comunicado de ATE Gualeguay: En el día de hoy concurrimos a la capital provincial para reunirnos con los paritarios en el CDP.

Se habló de una propuesta con el indice de inflación, donde no se tenía en cuenta a nuestros compañeros jubilados, rechazamos y pasamos a un cuarto intermedio.

En la reunión siguiente se acordó un monto de $50 mil para Activos y $ 25 mil para pasivos, ambos montos en negro, no remunerativos y no bonificable, que será abonado durante tres meses, desde el mes agosto.

Desde ATE Gualeguay sostenemos que la misma es una propuesta totalmente insuficiente, para la realidad del bolsillo del trabajador entrerriano. 

Por otra parte, Luciana Arellano, Secretaria General de ATE Gualeguay, dialogó con El Debate Pregón y destacó: “Quiero resaltar la importancia de poder estar y de poder debatir y de poder dejar en clara nuestra posición, que claramente siempre somos oposición al oficialismo. Villaguay, Concordia, Gualeguay, siempre queremos otras cosas y no llegar y que ya tengan todo medio cocinado. UPCN es el que maneja la paritaria, UPCN es el que maneja todo. Allende que maneja absolutamente todo y esa es la sensación que nos queda.

Estamos bajo el gobierno de turno con un sindicato totalmente funcional que es UPCN y como ellos son la mayoría, ellos deciden. Entonces, tenés que aceptar las migajas porque a los paritarios de ATE no les quedan muchas más opciones.Sabemos que ‘no hay plata’. Que estamos con un gobierno que quiere dejarnos afuera de todo, tanto al sindicalismo como a todos los empleados públicos, pero que no están viendo el día a día de lo que vivimos nosotros los trabajadores.

El mínimo garantizado es de 857.000 pesos y eso no le alcanza a nadie. La canasta básica vale un millón de pesos. Cuando nos hablan de índice de inflación de 1.6, ¿de qué hablan? ¿Qué es una canasta básica para ellos? Ahí no está contemplada la escuela de los chicos, lo que aumentan los servicios todos los meses. No está contemplado nada de eso. Nosotros pretendíamos el índice de inflación, mentiroso claramente y algo como para poder recuperar el poder adquisitivo. Recuerden que nosotros venimos perdiendo desde el 2023 que asumió Milei y no hemos recuperado nada.

El sueldo está estancado y esta suma en negro no nos ayuda en nada. Desfinancia a la obra social, a la Caja de Jubilaciones, desfinancia todo. Nos queda el trago amargo de querer más y poder pelear y también sabemos que el gobierno está en este plan y y que UPCN es mayoría y acompaña el ajuste”, cerró. 

La actualización paritaria contempla un incremento del 1,5% sobre los sueldos de mayo, que se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluirá los adicionales convencionales y no convencionales.

En concreto, el salario inicial del personal bancario se eleva a $1.779.351,32, al que se le suma una participación en las ganancias de $80.365,30, lo que lleva el total del sueldo básico a $1.859.716,62.

Otro punto relevante del acuerdo es el impacto que tendrá este aumento en el tradicional bono por el Día del Bancario, que se cobra en noviembre. Con el nuevo ajuste, ese beneficio asciende a $1.586.230,15 para la categoría inicial, aunque podría incrementarse en función de futuros acuerdos salariales.

En un comunicado, el gremio que conduce Sergio Palazzo sostuvo:

“De esta manera, una vez más, garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

El acuerdo fue firmado con las cámaras Abappra, Adeba, ABA y el Banco Central, e incluye el compromiso de abonar el retroactivo correspondiente junto con los sueldos del mes de junio. A su vez, se anticipó que el mismo mecanismo de actualización será aplicado en la paritaria de este mes, manteniendo la política de actualización mensual de haberes según el índice de precios al consumidor.

La cifra incluye un salario básico de $1.705.538,86, al que se suma un adicional de $77.031,52 correspondiente a la Participación en las Ganancias (ROE). El incremento representa una suba del 8,6% respecto al salario de diciembre de 2024 y se aplicará a todos los conceptos remunerativos y no remunerativos durante los meses de marzo, abril y mayo.

El gremio liderado por Sergio Palazzo confirmó que el retroactivo correspondiente será abonado junto con los sueldos de abril. Asimismo, anticiparon que las negociaciones salariales se retomarán en la segunda quincena de junio, en función de la evolución de la inflación y la actividad económica.

Por otra parte, la Asociación Bancaria confirmó el tradicional bono por el Día del Bancario, que se celebrará el próximo 6 de noviembre. Este año, el monto mínimo será de $1.520.428,90, aunque podría ajustarse en caso de futuras actualizaciones salariales.

Desde el sindicato destacaron el acuerdo alcanzado como una muestra de que “una vez más garantiza que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

El entendimiento paritario llega en un escenario económico desafiante, donde la inflación de marzo alcanzó un 3,7%, la cifra más alta en siete meses. Aun así, el sector bancario se perfila como uno de los pocos que podría ganarle a la inflación en 2025.

La Bancaria también se pronunció sobre la coyuntura laboral, adhiriendo al paro general convocado por la CGT la semana pasada en rechazo a las políticas del Gobierno nacional. En un comunicado, advirtieron sobre un “grave deterioro” de las condiciones laborales, con más de 200 mil empleos perdidos, 12 mil empresas cerradas y una caída del 30% en el salario mínimo. Además, manifestaron su oposición a la privatización del Banco Nación y exigieron “paritarias libres y sin techo”.

El secretario general de AGMER Gualeguay, Vladimir Firpo, brindó detalles sobre el proceso paritario en curso y las demandas del colectivo docente. Según explicó, la propuesta gubernamental no aborda las necesidades fundamentales de los trabajadores de la educación, dejando pendientes cuestiones clave como la recomposición salarial significativa y la corrección del nomenclador docente.

"Venimos de un proceso paritario largo desde el año anterior, donde logramos avances importantes, pero insuficientes. Por ejemplo, se liberó el tope del código 029, un reclamo histórico de AGMER, y se acordó pagar la inflación del mes anterior hasta junio de 2025. Sin embargo, hoy enfrentamos una situación donde el salario sigue siendo netamente alimentario, sin un recupero real para el bolsillo de los trabajadores", señaló Firpo.

Durante la reunión paritaria, el gobierno propuso incrementar los salarios mes a mes según el índice de inflación del INDEC, con base de cálculo en enero de 2025, además de ofrecer un aumento del 10.7% para el Fondo de Incentivo Docente (FOPID) y Conectividad. Sin embargo, esta última partida, tal como destacó Firpo, "no es remunerativa ni bonificable, lo que desfinancia las obras sociales y no impacta en el sueldo complementario ni en las jubilaciones".

El Congreso Extraordinario de AGMER, realizado días atrás en San Salvador, ya había rechazado la oferta previa del gobierno, exigiendo incrementos salariales por encima de la inflación, la actualización de la base de cálculo y mecanismos que recuperen las pérdidas acumuladas durante 2023. Además, se insistió en la necesidad de corregir las distorsiones salariales en el escalafón docente, especialmente en cargos directivos y supervisores.

"Nosotros entendemos que no podemos permitir que el salario esté únicamente atado al índice inflacionario. Necesitamos puntos por encima de la inflación para recuperar el poder adquisitivo perdido", afirmó Firpo, quien también destacó la importancia de avanzar en la comisión de nomenclador para resolver estas inequidades estructurales.

En tanto, el gobierno también anunció la implementación de un boleto docente gratuito para líneas de colectivos urbanos, aunque esta medida no alcanzó para descomprimir el conflicto. Ante la falta de respuestas concretas a las demandas planteadas, la representación paritaria de AGMER, integrada por Marcelo Pagani, Ana Delaloye, Guillermo Zampedri y Juan Carlos Crettaz, declaró formalmente la situación de conflicto.

Desde AGMER se convocó a un nuevo congreso para definir las acciones a seguir tras el rechazo a la propuesta oficial.

Por otra parte, Firpo destacó la importancia de continuar con los procesos concursales, como los concursos de oposición que permitieron adjudicar cargos de titulación, producto de la lucha sindical.

"Estamos en un momento clave para los trabajadores de la educación. No solo debemos garantizar mejoras salariales, sino también avanzar en derechos históricos como la corrección del nomenclador y la actualización de la base de cálculo. Esto es lo que vamos a seguir exigiendo en las próximas instancias", concluyó el dirigente.

Mientras tanto, el colectivo docente aguarda definiciones de las asambleas escolares y departamentales que se realizarán durante estos días en toda la provincia, que pusieron en debate las propuestas del gobierno y las demandas del sector.

La próxima semana será determinante para conocer si habrá avances en las negociaciones o si se profundizarán las medidas de fuerza. Cabe recordar que las clases comienzan este lunes y que la próxima reunión paritaria tendrá lugar el martes, por lo cual la duda es si habrá paro o no en los primeros días.

Los paritarios del Consejo General de Educación (CGE), Bruno Frizzo y Conrado Lamboglia, fueron los encargados de exponer la oferta oficial ante los representantes sindicales. "Buscamos dar certezas y previsibilidad. Es un gran esfuerzo presentar esta oferta en un contexto complejo, donde muchos sectores están cerrando paritarias por debajo de la inflación. En Entre Ríos, en cambio, extendemos la cobertura de la variación del IPC hasta fin de año", señalaron.

La oferta presentada contempla la actualización mensual de los salarios en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, garantizando así la cobertura contra la inflación hasta diciembre de 2025.

Además, se anunció un incremento del 10,7% en el Fondo Provincial de Incentivo Docente y conectividad, el cual será liquidado junto con los haberes correspondientes al mes de febrero.

En materia de transporte, el gobierno propuso la implementación de un boleto docente con una bonificación del 50% para el transporte urbano. Asimismo, se reiteró el compromiso de cobertura del código de transporte para aquellas áreas no cubiertas por el servicio urbano, con el objetivo de garantizar el acceso de los docentes a sus lugares de trabajo.

Otro punto destacado de la oferta es el compromiso de trabajar en la recomposición de la pirámide salarial, afectada en los últimos cinco años, y continuar con la política de concursos y titularizaciones durante 2025.

Del encuentro participaron los principales referentes gremiales del sector docente: el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Marcelo Pagani; el representante de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Carlos Varela; la secretaria de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Mirta Raya; y la representante del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Alejandra Frank.

La propuesta presentada por el gobierno será ahora evaluada por los gremios, quienes definirán los pasos a seguir en el marco de las negociaciones paritarias.