Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron este lunes un paro de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos y pone en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados. La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) y se extenderá hasta la mañana del jueves 16 de abril. Durante el paro se garantizará únicamente la atención de urgencias, mientras que los turnos programados y la atención general quedarán suspendidos.

El problema: qué dice la resolución

La medida de fuerza se lleva a cabo como protesta a la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos de los profesionales y que, según ellos, fue aplicada con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector.

Hasta ahora, los honorarios se componían de un monto fijo por cápita —según la cantidad de afiliados asignados— más adicionales por consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación profesional. La resolución elimina todos esos conceptos adicionales y unifica todo en un único pago por paciente.

Un médico de cabecera explicó el impacto concreto: "A partir de ese día las consultas de primera vez, las devoluciones y las consultas espontáneas pasaron a estar incluidas en la cápita, y en la cápita en vez de 945 pesos pasó a 2.100. Esto significa para nosotros una reducción del salario de más del 50%".

Los profesionales también advirtieron que, como son prestadores independientes y no tienen relación de dependencia, deben afrontar de su propio bolsillo el monotributo, seguro, jubilación, alquiler del consultorio y personal administrativo.

La postura del PAMI

Desde el organismo defendieron la medida y aseguraron que el cambio apunta a ordenar el sistema prestacional. Según explicaron, el valor de la cápita se incrementó de $946 a $2.100, lo que para un médico con 800 afiliados representa pasar de $756.800 a $1.680.000 mensuales, un incremento del 121% en el ingreso fijo.

Sin embargo, para los médicos ese cálculo no refleja la realidad. Atilio Rossi, delegado provincial de APPAMIA, advirtió que el nuevo esquema "hace inviable la práctica médica" porque ya no reconoce la intensidad de la atención: "Si yo atendía cien consultas, se me reconocía una parte de ese trabajo."

El reclamo y las próximas medidas

APPAMIA presentó ante el PAMI una propuesta alternativa que establece una cápita mínima de $6.500 por paciente como piso para garantizar la viabilidad del sistema, y evalúa iniciar acciones legales contra la resolución.

Representantes del sector advirtieron que este escenario podría derivar en una salida significativa de médicos del sistema, lo que impactaría directamente en la atención de los jubilados.

El esquema de protestas presenta matices según la representación gremial, pero confluye en un cese de actividades generalizado. La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), en sintonía con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), llevará adelante una semana completa de medidas de fuerza. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) confirmó un paro total de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles inclusive.

El conflicto se ha agudizado en las últimas semanas debido a lo que los gremios califican como un "incumplimiento sistemático" de la normativa vigente. Entre los puntos principales que motivan la huelga se encuentran:

En ciudades como Gualeguaychú, la medida tendrá un fuerte impacto en la Facultad de Bromatología de la UNER, donde se prevé un alto nivel de acatamiento similar al registrado en jornadas anteriores, que rondó el 80%. También se sumarán docentes de la UTN y personal no docente nucleado en APUNER, lo que paraliza no solo las aulas sino también los laboratorios y áreas de servicios.

De no mediar una respuesta oficial, el plan de lucha contempla la instalación de "carpas por la universidad y la soberanía" entre el 6 y el 17 de abril, y una nueva Marcha Federal Universitaria programada para el próximo 23 de abril.

La medida de fuerza es llevada adelante por Conadu Histórica y Conadu, que sostienen el reclamo por una urgente recomposición salarial para los docentes universitarios. Además, exigen la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado, que contempla una ampliación presupuestaria para asegurar el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde el sector advierten que la situación salarial atraviesa uno de sus momentos más críticos. En ese sentido, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dieron a conocer un informe en el que señalan que el salario real se encuentra en su “mínimo histórico”. Según ese relevamiento, los ingresos actuales están 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y también quedaron 2,7% por debajo de los niveles más bajos registrados en 2004.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Laura Carboni, afirmó que desde noviembre de 2023 los trabajadores del sector “perdieron el equivalente a 11,5 salarios”. Para explicar el deterioro, remarcó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

En la misma línea, Carboni cuestionó la falta de actualización frente al avance de la inflación. “En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres”, sostuvo.

Ante este escenario, los gremios endurecieron su postura y ratificaron la continuidad del plan de lucha. “No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó la dirigente.

La medida de fuerza alcanzará a las 60 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde durante cinco días consecutivos no se dictarán clases ni se desarrollarán tareas administrativas.

El paro fue impulsado por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), que denunció que la falta de actualización de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional compromete el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Desde el sector advirtieron que la situación impacta directamente en el desarrollo de las cátedras, así como también en el sostenimiento de servicios esenciales.

En ese contexto, los gremios alertaron que “peligra el inicio del cuatrimestre”, al considerar que la diferencia entre la inflación acumulada y los recursos asignados resulta cada vez más difícil de sostener.

A la protesta también se sumaron los trabajadores no docentes de la UNER, por lo que durante la semana la actividad en las distintas unidades académicas será prácticamente nula. La medida afectará no solo el dictado de clases, sino también el funcionamiento de comedores, bibliotecas y oficinas de atención a estudiantes.

El conflicto se da en medio de un escenario de fuerte incertidumbre para la comunidad universitaria, que reclama una respuesta inmediata del Estado nacional tanto en materia salarial como en el envío de fondos para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.

Desde los gremios anticiparon que, si no hay respuestas favorables en los próximos días, podrían profundizar las medidas de fuerza. De sostenerse este escenario, el ciclo lectivo en las universidades nacionales podría quedar condicionado por nuevas interrupciones en el corto plazo.

La paritaria concluyó sin acuerdo luego de que AGMER, AMET, SADOP y UDA rechazaran la propuesta presentada por el Ejecutivo entrerriano. Desde el Gobierno no descartaron avanzar con una conciliación obligatoria.

El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, explicó que la propuesta fue “mejorada” respecto de la anterior y que buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada en los primeros meses del año.

Entre los principales puntos, el Gobierno ofreció:

Según Cuenca, la propuesta intentó recomponer ingresos sin comprometer recursos que, en el actual contexto económico, la Provincia no puede afrontar en términos de incrementos remunerativos directos.

Pese a los cambios introducidos, los sindicatos rechazaron la oferta y confirmaron el paro de 24 horas para este martes.

De acuerdo con lo consignado en el acta paritaria, algunos gremios ya tenían la medida preaprobada por sus congresos antes de la audiencia. Desde el Ejecutivo señalaron que la negociación formal quedó cerrada tras el rechazo sindical.

Ante el escenario de conflicto, el Gobierno analiza la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria en sede judicial, aunque la decisión no estaba confirmada al cierre de la jornada.

El nuevo paro impactará en el normal dictado de clases en escuelas públicas y privadas de Entre Ríos, en un contexto de tensión que vuelve a marcar el inicio del ciclo lectivo en la provincia. Fuente :elonce.com

De acuerdo al relevamiento de presentismo realizado por el Consejo General de Educación (CGE), el 54 por ciento de los docentes no se adhirió al paro y asistió a sus lugares de trabajo. La información surge del monitoreo efectuado en escuelas de todo el territorio entrerriano.

El informe oficial detalla que el nivel de acatamiento a la medida de fuerza varió según la zona.

Pese a estas variaciones, el reporte general indica que más de la mitad del cuerpo docente concurrió a trabajar, lo que permitió garantizar el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones educativas de la provincia.

El relevamiento fue realizado por el CGE a partir de la información suministrada por las escuelas entrerrianas durante la jornada de inicio del calendario escolar.

Cada comienzo de clases se transforma en un escenario de tensión. Los gobiernos de turno sostienen sus políticas y limitaciones presupuestarias; los docentes, por su parte, reclaman lo que consideran justo frente a una pérdida sostenida del poder adquisitivo. En medio de esa disputa, el calendario escolar se ve afectado y la continuidad pedagógica se resiente.

La normativa nacional establece un mínimo obligatorio de 190 días de clases al año en todo el país. Ese número, fijado por el Consejo Federal de Educación, busca garantizar una base de calidad educativa y tiempo pedagógico suficiente. Sin embargo, en la práctica, no siempre se logra cumplir. Paros, jornadas institucionales, problemas edilicios, condiciones climáticas y otras situaciones hacen que, en muchos ciclos lectivos, la cantidad efectiva de días de clase quede por debajo de lo establecido.

El resultado es una educación que pierde continuidad y previsibilidad. Y esa pérdida impacta directamente en los estudiantes, especialmente en los sectores más vulnerables. La realidad muestra que cada vez son más los niños y adolescentes que abandonan la escuela por razones que muchas veces exceden lo educativo: condiciones económicas familiares, necesidad de trabajar, falta de recursos o dificultades para sostener la escolaridad.

En algunos casos, incluso, la baja matrícula obliga a cerrar aulas o reorganizar cursos por la escasa cantidad de alumnos. En otros, las escuelas cumplen además un rol social esencial: brindar desayuno o merienda a chicos que, muchas veces, encuentran en la institución educativa un espacio de contención que va más allá del aprendizaje formal.

En este contexto, es imprescindible destacar el compromiso cotidiano de los docentes. Más allá de las discusiones salariales o gremiales, su vocación se sostiene en condiciones que muchas veces distan de ser ideales. No son pocos los que deben recorrer largas distancias para llegar a sus escuelas, compartiendo gastos de traslado o dependiendo de la solidaridad de vecinos para poder cumplir con su tarea.

En reiteradas ocasiones se observa en los accesos a la ciudad a docentes haciendo dedo, esperando un transporte que les permita llegar a horario. Otros se organizan entre colegas para compartir vehículos y costos. Son escenas habituales que reflejan una realidad silenciosa: la de educadores que, pese a las dificultades, sostienen el sistema educativo con esfuerzo y convicción.

Esta editorial no busca poner en juicio el compromiso docente ni el derecho a reclamar condiciones dignas. Tampoco desconoce las responsabilidades del Estado en garantizar una educación de calidad. Se trata, más bien, de señalar que la educación pública —orgullo histórico de nuestro país— no puede seguir atrapada en un conflicto permanente que termina debilitándola.

El desafío es romper con esta lógica repetida. Lograr acuerdos sostenibles, previsibles y duraderos que permitan iniciar cada ciclo lectivo con normalidad y garantizar el cumplimiento de los días de clase. Porque cuando la educación se interrumpe, el impacto no es inmediato pero sí profundo y persistente.

La educación pública necesita ser defendida por todos: gobiernos, docentes, familias y comunidad. No como una consigna, sino como una política concreta y sostenida en el tiempo. Porque detrás de cada día sin clases hay oportunidades que se pierden, y detrás de cada aula abierta hay futuro.

La medida de fuerza fue confirmada por:

Agmer resolvió en Congreso adherir al paro nacional y además impulsar acciones locales y departamentales en el marco de la jornada de protesta.

Durante el Congreso realizado la semana pasada, Agmer enumeró los principales puntos de conflicto:

Por su parte, AMET Entre Ríos informó su adhesión al paro de 24 horas declarado por su conducción nacional, en rechazo a lo que califican como medidas de ajuste y políticas educativas del Gobierno nacional.

El paro se da en paralelo a las negociaciones salariales iniciadas la semana pasada entre el Gobierno de Entre Ríos y los sindicatos docentes, que continuarán este lunes desde las 15 en audiencia de conciliación.

En el primer encuentro, la propuesta oficial incluyó:

Los gremios rechazaron la oferta por considerarla insuficiente frente al contexto inflacionario. En ese marco, Agmer se declaró “en estado de beligerancia”.

La medida afecta el comienzo formal del ciclo lectivo en la provincia, en un escenario que vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo y los gremios docentes.

El desarrollo de la audiencia de conciliación será clave para determinar si el conflicto escala en los próximos días o si se abre una instancia de acuerdo que permita normalizar el dictado de clases.

En el marco del paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la seccional Gualeguay confirmó su adhesión a la medida de fuerza y expresó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos.

La secretaria general de ATE Gualeguay, Luciana Arellano, explicó que la decisión se enmarca tanto en el plano nacional como provincial. “El paro nacional de ATE, al cual se adhiere la provincia, es en rechazo a la reforma laboral, a la reincorporación de los despedidos y acá en la provincia en rechazo a la oferta salarial en negro que nos da el gobierno provincial”, señaló.

En relación con la propuesta discutida en paritaria, Arellano fue clara respecto al planteo del gremio: “Nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial en blanco, no montos en negro que solo sirven para desfinanciar la obra social y la caja de jubilaciones”.

Según indicó, los montos ofrecidos no representan una mejora sustancial para los trabajadores estatales. “Los montos que vamos a recibir no son más de 100 mil pesos por agente cuando venimos de un congelamiento de ocho meses”, afirmó.

La dirigente describió además la situación social que atraviesan muchos empleados públicos. “Todos nuestros compañeros la están pasando mal. Hay mucha gente endeudada, comiendo con la tarjeta de crédito porque no llegan a fin de mes y la verdad que no entendemos este abuso de parte del gobierno provincial”, expresó.

También cuestionó el cierre de la negociación con otro sindicato: “Haber cerrado una paritaria con un solo gremio de acuerdo nos parece una burla”.

Respecto a los anuncios oficiales, hizo referencia al incremento en la escolaridad: “Hablan de un 50% de aumento en la escolaridad cuando en promedio estaba en junio de 2025 en 12 mil pesos”.

Desde ATE sostienen que la discusión debe contemplar una recomposición real y remunerativa, que impacte en adicionales, jubilaciones y obra social. A nivel provincial, el gremio difundió un documento bajo el lema “ATE rechaza la propuesta por insuficiente, no remunerativa ni bonificable”, donde exige recomposición salarial urgente, blanqueo de horas extras, reincorporación de despedidos y revisión del régimen de licencias.

Asimismo, en el marco de la paritaria general, el sindicato enumeró una serie de demandas que incluyen recomposición salarial por encima de la inflación, actualización de adicionales y viáticos, reconocimiento remunerativo a títulos de posgrado, incorporación de horas extraordinarias al salario, revisión del valor hora en Enfermería, unificación de carga horaria en el Escalafón General y reglamentación del Régimen Jurídico Básico (Leyes 9755 y 9811), entre otros puntos vinculados a derechos laborales y condiciones de trabajo.

Finalmente, Arellano manifestó preocupación ante versiones sobre una posible reforma previsional en la provincia. “Estamos viendo que ya se está hablando fuerte sobre la reforma previsional que también nos preocupa porque nosotros tenemos que pagar el déficit de la caja que viene hace años. Quieren subir la edad jubilatoria, quitarnos el 3x1, sacar los regímenes especiales y estamos preocupados porque nada es beneficio del trabajador, absolutamente nada”, advirtió.

En ese contexto, la conducción local ratificó la continuidad del plan de lucha y dejó en claro que, mientras no haya una propuesta que contemple aumentos remunerativos y bonificables, el conflicto seguirá abierto.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos convocó a un paro provincial de 24 horas para el próximo viernes 27 de febrero, en el marco de una Jornada Nacional de Lucha. La medida se extenderá desde las 00 hasta las 23:59 y alcanzará a establecimientos del Estado nacional, provincial y municipal, garantizando guardias mínimas.

La comunicación, fechada este miércoles en Paraná y dirigida a la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia, lleva la firma de autoridades del Consejo Directivo Provincial del gremio y detalla los principales reclamos que motivan la acción directa.

Entre los puntos centrales, ATE exige la reapertura de paritarias y el inicio inmediato de un proceso de recuperación salarial, tras rechazar la última oferta por considerar que incluía montos no remunerativos y no bonificables. Según el sindicato, esta modalidad afecta la Caja de Jubilaciones, la obra social y profundiza el deterioro de los haberes de los trabajadores pasivos.

Asimismo, reclaman la recuperación del poder adquisitivo frente a la devaluación e inflación de los años 2023, 2024 y 2025, el rechazo a la modificación de la Ley 8732 de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y la anulación del DNU 70/23.

El pliego también incluye la reincorporación de trabajadores despedidos y cesanteados, el cese de despidos y cierres de organismos, la regularización de vínculos contractuales con pase a planta permanente, el rechazo a privatizaciones y el pedido de anulación del denominado “Protocolo Anti-Movilizaciones”.

Desde ATE indicaron que la medida se desarrollará en todo el territorio provincial y se complementará con distintas modalidades de protesta, como asambleas, movilizaciones y paro activo, según lo determine cada sector.

La decisión fue sostenida luego del encuentro mantenido entre el secretario general del gremio, José María “Chechi” Segura, la secretaria adjunta Pilar Toller y el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Germán Carlomagno.

Desde el sindicato señalaron que persiste un fuerte malestar entre las y los trabajadores judiciales debido al bajo nivel salarial, situación que —afirman— se refleja en el alto acatamiento a las medidas de fuerza realizadas hasta el momento.

Entre los principales reclamos, AJER exige:

Según informaron desde la entidad gremial, durante la reunión el titular del STJ se comprometió a mantener el diálogo y analizar los planteos presentados. No obstante, el sindicato resolvió sostener las medidas de fuerza previstas para los días 20 y 27 de febrero, como respaldo a los reclamos dirigidos tanto al Gobierno provincial como al máximo órgano judicial entrerriano.

La jornada se desarrolla con fuerte impacto en la circulación y los servicios, debido a la interrupción total del transporte público. No funcionan colectivos, trenes, vuelos ni subtes, lo que reduce significativamente la actividad laboral y comercial.

El paro cuenta con la adhesión de la mayoría de los gremios nucleados en la CGT, incluidos los trabajadores del transporte. La Unión Tranviarios Automotor (UTA), integrante de la central obrera aunque fuera de su consejo directivo, confirmó su participación, lo que garantiza una jornada con movilidad prácticamente nula en las principales ciudades.

En paralelo a la huelga, la Cámara de Diputados sesiona para tratar el proyecto de reforma laboral, que ya obtuvo media sanción. La iniciativa propone modificaciones relevantes en la legislación del trabajo y ya había motivado dos movilizaciones masivas: una en Plaza de Mayo y otra frente al Congreso.

Desde la conducción cegetista sostienen que la protesta no apunta a rechazar cualquier cambio normativo, sino a evitar la pérdida de derechos laborales. El dirigente Jorge Sola afirmó que la medida se realiza “sin movilización” y anticipó que el país quedaría “paralizado de punta a punta”.

Sectores sindicales más duros —entre ellos gremios industriales y aeronáuticos— junto con la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y organizaciones de izquierda, decidieron complementar la huelga con una movilización frente al Congreso.

El titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó el tratamiento legislativo del proyecto y sostuvo que la iniciativa presenta aspectos de “clara inconstitucionalidad”, además de criticar los tiempos asignados a las representaciones sindicales durante el debate parlamentario.

Tras la eliminación de algunos artículos cuestionados, el oficialismo espera lograr la aprobación en Diputados. De concretarse, el proyecto volverá al Senado para su tratamiento definitivo la próxima semana.

Desde el sindicalismo ya anticiparon que, en caso de sancionarse la ley, avanzarán con acciones judiciales para intentar frenar su aplicación, aun cuando durante el debate se retiraron puntos que generaban mayor rechazo, como modificaciones vinculadas a la cuota sindical.Fuente N.A.

Los trabajadores judiciales de Entre Ríos llevarán adelante este viernes una nueva medida de fuerza, en continuidad con el plan de lucha anunciado por la Asociación de Judiciales de Entre Ríos (AJER) a comienzos de diciembre. El paro forma parte del cronograma de ceses de actividades previstos para los días 5, 12 y 19 del mes.

Desde el gremio explicaron que la protesta apunta a visibilizar el atraso salarial que atraviesa el sector y a exigir el cumplimiento de pagos adeudados por parte del Ejecutivo provincial, en un contexto de creciente malestar entre los empleados judiciales.

El secretario general de AJER, Chechi Segura, señaló que el Gobierno provincial mantiene deudas correspondientes a retroactivos de los meses de septiembre y octubre, además de demoras en la aplicación de los aumentos salariales acordados.

“Además de tener los sueldos con un gran atraso, el Gobierno nos debe los retroactivos de septiembre y octubre, y no nos paga los aumentos en tiempo y forma”, expresó el dirigente gremial.

Segura también manifestó su preocupación ante la falta de definiciones oficiales sobre el cronograma de pagos. Según indicó, hasta el momento no hay precisiones sobre cuándo se abonarán los montos adeudados ni si los incrementos serán liquidados junto al aguinaldo o el sueldo de diciembre. Ante esta situación, el sindicato ya formalizó los reclamos ante las autoridades correspondientes.

Otro de los puntos centrales del conflicto es el rechazo a las modificaciones en el régimen previsional. Desde AJER advierten que los cambios propuestos afectarían las condiciones de jubilación y el cálculo de la movilidad.

“A esto hay que sumarle la decisión de modificar las condiciones de jubilación, cambiando el cálculo de la movilidad, que ya no será como hasta ahora”, sostuvo Segura, al remarcar la preocupación del sector por el impacto de estas medidas en el futuro de los trabajadores.

Finalmente, desde el gremio convocaron a las trabajadoras y trabajadores judiciales de toda la provincia a sostener la unidad y profundizar las acciones en defensa de los derechos laborales y previsionales.

Desde el sector remarcaron que la decisión responde a la falta de respuestas del Gobierno provincial frente a una agenda de demandas que incluye:

AJER recordó que “los salarios del sector vienen deteriorándose desde la ley de emergencia provincial de 2020, que congeló y limitó las actualizaciones, y luego por aumentos que quedaron por debajo de la inflación”. Según indicaron, este contexto motivó la continuidad del plan de lucha iniciado el 28 de noviembre, que registró “un altísimo acatamiento en toda la provincia”.

Finalmente, la entidad sindical convocó a los trabajadores y trabajadoras judiciales a adherir a las nuevas medidas de fuerza “en defensa de nuestros derechos”.

Desde Agmer informaron que movilizarán a los docentes entrerrianos en defensa de la educación pública y para exigir mejoras en infraestructura escolar, salarios y jubilaciones dignas. El gremio ratificó su compromiso “en defensa de la escuela pública” y pidió al Gobierno nacional que revierta los recortes presupuestarios.

Por su parte, la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) también llevará adelante medidas de fuerza, en rechazo a la derogación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, prevista en el proyecto de Presupuesto 2026.

El secretario general de AMET Entre Ríos, Andrés Besel, explicó que habrá representación provincial en la movilización de Buenos Aires y que el miércoles continuarán las acciones con una jornada de “esclarecimiento y concientización” sobre el desfinanciamiento de las escuelas técnicas.

Las protestas seguirán con la participación en el 1er Foro Provincial de Educación Técnico Profesional, el jueves 16, y con movilizaciones al Congreso Nacional cuando se trate el Presupuesto 2026.

Besel adelantó además que buscarán audiencias con legisladores nacionales y con el gobernador, para presentar un documento elaborado por más de mil docentes técnicos y agrotécnicos, advirtiendo que la eliminación del fondo “destruiría el presente y el futuro de las escuelas técnicas argentinas”.

Aerolíneas Argentinas confirmó que el viernes 22 de agosto debió cancelar 28 vuelos y reprogramar otros 43, afectando a más de 8.000 pasajeros en su primera franja de operación, entre las 13 y las 16 horas. La empresa advirtió que la segunda franja del paro, prevista de 19 a 22 horas, también podría dejar más vuelos fuera de servicio.

Desde la compañía señalaron que la medida podría provocar demoras durante toda la jornada y recomendaron a los usuarios mantenerse atentos a posibles modificaciones a través de la aplicación oficial o el sitio web de la aerolínea.

Otras compañías también reportaron alteraciones en su programación. LATAM anticipó reprogramaciones y demoras en vuelos desde y hacia Argentina, ofreciendo flexibilidad para reprogramar viajes sin costo adicional. JetSMART, por su parte, anunció cambios de fecha sin penalización para vuelos hasta el 14 de septiembre, mientras que Flybondi confirmó la cancelación de 10 vuelos y la reprogramación de más de 35, con un impacto directo en 7.000 pasajeros.

Las aerolíneas coincidieron en lamentar los inconvenientes ocasionados y remarcaron que trabajan en alternativas para mitigar el impacto en los usuarios.

Para el martes, las organizaciones sindicales anunciaron actividades de visibilización en facultades, institutos y hospitales universitarios, que incluirán clases públicas, radios abiertas y charlas informativas.

El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, denunció que “el Gobierno no escucha y continúa asfixiando a los trabajadores universitarios, cuyos salarios están mayoritariamente bajo la línea de pobreza”. Además, cuestionó la falta de un plan que contemple educación, ciencia y salud públicas de calidad.

Cagnacci destacó que una posible solución sería la aprobación definitiva del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que ya cuenta con media sanción en Diputados, e instó a los senadores a convertirlo en ley. También advirtió que, si el Ejecutivo la veta, se evaluarán nuevas medidas de fuerza.

Desde el CGE se informó que la huelga, impulsada por el gremio docente, tiene como principal motivo el rechazo al proyecto de ley para la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER). En ese sentido, las autoridades aclararon que la protesta no está directamente relacionada con cuestiones pedagógicas o educativas.

En línea con la política de la actual gestión provincial de abonar únicamente los días efectivamente trabajados, se confirmó que se descontarán los haberes correspondientes a los docentes que adhieran a la medida de fuerza.

Además, mediante la Circular N.º 10/2025, el organismo dispuso un relevamiento obligatorio sobre la prestación de servicios del personal docente durante los días 21, 22 y 23 de mayo. Quienes se sumen al paro deberán presentar una declaración jurada individual, que estará disponible a través del Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE).

Desde el CGE remarcaron que esta modalidad de control ya fue implementada en ocasiones anteriores, y que su cumplimiento será obligatorio en las fechas indicadas.

Los organismos estatales como ANSES, IOSPER, el Correo, la Municipalidad, PAMI, el Registro Civil y los Tribunales operaron con normalidad, brindando atención al público durante toda la mañana.

El panorama educativo mostró una participación parcial en la medida de fuerza anunciada por AGMER. Algunos docentes se sumaron al paro, mientras que otros asistieron a clases. También se registró un alto número de alumnos ausentes, debido a que muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a las escuelas.

En cuanto al sector bancario, el Banco de Entre Ríos abrió sus puertas y trabajó con atención al público. En cambio, el Banco Francés y el Banco Nación, si bien permanecieron abiertos, no ofrecieron atención en ventanilla.

El paro nacional se extenderá hasta la medianoche de este jueves, y se enmarca en una serie de reclamos sindicales contra las políticas económicas del actual gobierno.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el dirigente Federico Gallardo confirmó que su gremio inició un paro de 36 horas que comenzó el miércoles al mediodía y se extendió durante toda la jornada del jueves. “El motivo del paro es por público conocimiento: 52 mil trabajadores estatales que quedaron sin laburo. Pero también tiene que ver con lo que pasa en la sociedad: el cierre de pymes, la falta de paritarias en el sector privado. Por eso también se sumó la CGT”, explicó. Gallardo recordó que ATE ha mantenido una postura activa desde el inicio de la actual gestión nacional, con “reclamos en asambleas, paros y movilizaciones”. A su entender, esta jornada “no solo es una protesta de los trabajadores, sino también del pueblo argentino”, y sirve para dejar en claro que “no estamos de acuerdo con los recortes en salud, en educación ni en medicamentos para jubilados”. Para Gallardo, el paro representa “el principio de una gran unidad del movimiento obrero”.

Por su parte, Claudio Buffoni, referente de Camioneros en Gualeguay, fue categórico en su respaldo a la huelga y en su diagnóstico sobre el presente social y político. “El gremio camionero está adherido al paro desde el primer momento. Yo pienso que va a ser un paro contundente. La gente con la que hablamos está de acuerdo. Hay mucha gente que lo votó a este señor (si se le puede decir señor al presidente Milei) y que se está dando vuelta”, sostuvo. Buffoni planteó que el malestar crece al ver que “la inflación no es la que te dicen, que cambiaron muchas cosas para mal, y que la libertad no existe”. También remarcó que “no tenemos más paritarias libres, te ponen un techo”, lo cual genera un clima “revuelto y convulsionado”.

En su análisis del escenario local, Buffoni advirtió que en Gualeguay hay un sector que aún duda en expresar su descontento públicamente. “Hay gente que tal vez no acompañe por miedo, porque tiene miedo de decir que se equivocó. Pero hay muchos que están cambiando la mirada sobre esta gente”, explicó. También apuntó contra referentes políticos locales y provinciales: “Hay mucho malestar con legisladores como Morchio, que dijo no estar al tanto de los despidos en Fademi. Que un legislador de Entre Ríos no sepa lo que pasa en Larroque causa mucho malestar, no solo en Camioneros, en toda la gente”. El dirigente también cuestionó a intendentes y senadores que “cambiaron de bando”, acusándolos de haber negociado sus bancas “por un cargo en Salto Grande”. Pese al malestar, Buffoni señaló que hay trabajadores que no se suman al paro por motivos económicos: “No es que no tengan convicciones, pero esa plata que se descuenta por parar les sirve para comer. Los sueldos del Estado no son gran cosa, y encima nos están despidiendo a todos los compañeros”.

Desde el sector docente, Amílcar Maye, dirigente de AGMER, también justificó la adhesión al paro nacional convocado por la CGT, señalando que la medida se da en el marco del pedido de CTERA para la reapertura de la paritaria nacional. “Están incumpliendo la ley paritaria. Eso perjudica no solo a Entre Ríos, sino a muchas provincias del interior”, explicó. Aunque en Entre Ríos ya se cerró un acuerdo salarial anual hasta diciembre, Maye subrayó que una paritaria nacional “proporciona una buena plataforma para las negociaciones provinciales”. Además, insistió en la restitución del FONID, fondo que fue eliminado “intempestiva e inconsultamente”, a pesar de ser una conquista histórica de la docencia. “Lo venimos cobrando desde los años 90, después de esa Carpa Blanca que duró tres años”, recordó.

Maye también expresó su solidaridad con los jubilados nacionales, cuyas condiciones calificó como alarmantes. “Tienen un ingreso bajísimo, un poder de compra ínfimo. Si no fuera por algún familiar, no podrían ni subsistir, ni hablar de pagar un alquiler”, advirtió. Por otra parte, denunció lo que considera prácticas de persecución por parte del gobierno entrerriano, encabezado por Rogelio Frigerio: “Se exige a la docencia cargar la asistencia en el sistema SAGE, algo que ya se registra desde la institución y con los libros correspondientes. Lo entendemos como una medida coercitiva, una persecución a la huelga”. Para Maye, esto se da en el marco de políticas de “achique” y “reducción”, donde todo lo que no genera ganancia “se elimina”. Y cerró: “Lamentablemente, son muchos los golpes que ha recibido la clase trabajadora. La docencia en particular ha sufrido innumerables recortes”.

A pesar de la incertidumbre y el temor por las represalias o los descuentos, los tres dirigentes coincidieron en la necesidad de seguir organizados. La jornada de paro pretende ser una demostración de fuerza a nivel nacional y un llamado a la unidad frente a un escenario político y económico que, aseguran, golpea con fuerza a los sectores más vulnerables del país.