La Multisectorial de Entre Ríos, el bloque que agrupa a los principales sindicatos estatales de la provincia, ratificó la convocatoria a un paro general y movilización para este miércoles 15 de julio. El plan de lucha unificado se definió tras el ingreso del despacho de comisión del proyecto oficial de reforma del sistema previsional en la Cámara de Senadores.  

A través de sus máximos referentes, Abel Antivero (AGMER) y Oscar Muntes (ATE), los trabajadores confirmaron que, además del cese de actividades por 24 horas, se llevará a cabo una concentración masiva en la ciudad de Paraná. El epicentro de la protesta será frente a la Casa de Gobierno y la Legislatura entrerriana, con el objetivo de manifestar un rechazo rotundo a las modificaciones jubilatorias impulsadas por el Poder Ejecutivo.  Desde el arco gremial reconocieron que la medida de fuerza se inscribe en un escenario particular, condicionado por el receso de invierno que mantiene las escuelas vacías.

No obstante, Antivero remarcó que se convocará de igual forma al "cuerpo de delegados completo" para garantizar la presencia en las calles.  

Por su parte, Oscar Muntes precisó que ATE viene articulando asambleas en los diferentes departamentos para asegurar una jornada de alta contundencia. "Nos estamos movilizando en defensa del Estado, en defensa de los salarios y en contra de una reforma previsional que va marcadamente en contra de los intereses de las y los trabajadores", concluyó el dirigente estatal.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó un nuevo paro docente de 24 horas para este miércoles 1° de julio, que estará acompañado por una movilización provincial hacia Paraná. Se trata de la séptima medida de fuerza que el gremio lleva adelante en lo que va del ciclo lectivo.

La medida se enmarca en el plan de lucha que Agmer sostiene desde hace más de un mes, con dos demandas centrales: la urgente reapertura de la discusión salarial y el rechazo al proyecto de reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo provincial y que actualmente se debate en el Senado.

"Las y los docentes de los 17 departamentos de la provincia paramos y nos movilizamos a Paraná en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el NO a la reforma previsional", señaló el gremio en el comunicado con el que convocó a la protesta.

El secretario general de Agmer, Abel Antivero, confirmó que la jornada "implica un paro, el séptimo en lo que va del año, y una marcha que partirá desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones" hacia el centro de la capital provincial.

La convocatoria de este miércoles se suma a una larga lista de medidas de fuerza que el sindicato viene impulsando desde el inicio del ciclo lectivo: el 2 y 3 de marzo, en adhesión a la medida nacional de Ctera y tras el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno; el 27 de marzo, con marcha de antorchas en Paraná; el 23 de abril, en el marco de la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones; y el 24 de junio, otra vez por la falta de convocatoria a paritarias.

El reclamo salarial se sostiene en el deterioro del poder adquisitivo docente, que el gremio atribuye al fracaso de la paritaria de mayo, cuando -según indicaron- el Gobierno sólo otorgó sumas que no alcanzaron a compensar la inflación.

El rechazo a la reforma previsional viene siendo un eje sostenido en cada una de las medidas de protesta del año. El proyecto, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, busca modificar el régimen jubilatorio provincial, algo que Agmer y el resto de las organizaciones agrupadas en la Multisectorial consideran un "ajuste" que afectará tanto a trabajadores activos como a jubilados.

La medida del miércoles llega además en la antesala del tratamiento legislativo de la iniciativa, por lo que desde el sindicato buscan reinstalar el reclamo en la agenda pública antes de que avance en el Senado provincial.

Los gremios docentes AGMER y AMET realizan este miércoles un paro de actividades en reclamo de una urgente convocatoria a discutir salarios y en rechazo a la reforma previsional que se debate en la provincia. La medida de fuerza se llevará adelante en coincidencia con el plan de acción impulsado por la Multisectorial, que prevé movilizaciones en distintos puntos de la provincia.

La medida de fuerza fue anunciada en primer lugar por AGMER y luego se sumó el sindicato de los docentes técnicos.

La medida consistirá en una huelga de 24 horas en todo el territorio entrerriano y estará acompañada por actividades de visibilización del reclamo. Según informó la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, se realizarán volanteadas y concentraciones en distintos puntos de Paraná, Concordia y Gualeguaychú.

Desde el gremio recordaron que el congreso sindical realizado el pasado 26 de mayo facultó a la conducción a continuar participando activamente del Frente Gremial Salarial Docente y de la Multisectorial Previsional, acompañando las medidas que se definan en esos espacios de representación.

Entre los principales reclamos, Amet señaló la falta de convocatoria a una paritaria salarial por parte del Gobierno provincial y exigió una recomposición urgente de los haberes docentes.

Asimismo, ratificó su rechazo al proyecto de reforma previsional vinculado a la Ley 8.732, iniciativa que actualmente se encuentra bajo análisis legislativo y que ha generado cuestionamientos por parte de distintos sindicatos y organizaciones de trabajadores.

Otro de los puntos planteados por la entidad gremial es el repudio a la Resolución 1.431/25 del Consejo General de Educación (CGE), al considerar que limita el ejercicio de la libertad sindical al impedir la realización de asambleas informativas y de debate en los establecimientos educativos.

En tanto desde AGMER convocaron a concentraciones regionales en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, donde se desarrollarán actividades de protesta y difusión de los reclamos.

A través de un comunicado, recordaron que ya habían advertido sobre la necesidad de reabrir de manera urgente la discusión salarial. "Ante la publicación de los nuevos índices de inflación y el incesante paso de los días sin que el gobierno provincial nos convoque a discutir salario ni adecue al mismo para que éste se aproxime a garantizarnos niveles de vida dignos", el sindicato había exigido respuestas, las cuales, afirmaron, "siguen sin llegar".

Asimismo, desde la entidad gremial manifestaron que "conocido el nuevo índice de inflación correspondiente a mayo, el gobierno provincial de Frigerio sigue sin realizar una convocatoria a proseguir la discusión salarial; una discusión que trate de manera urgente e impostergable la precaria situación de nuestro salario".

Según expresaron, el escenario actual está marcado por una pérdida sostenida del poder adquisitivo, una situación que afecta tanto a docentes activos como jubilados.

El sindicato también vinculó la medida de fuerza con el debate sobre una eventual reforma previsional. Desde AGMER sostuvieron que existe preocupación por el impacto que podrían tener las modificaciones sobre los haberes de trabajadores y jubilados.

"El empobrecimiento de las y los trabajadores docentes, el alto índice de endeudamiento del salario de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral hacen que la situación sea insostenible", expresaron en el documento difundido este sábado.

Además, agregaron que a este contexto se suma "la amenaza de reforma previsional que empobrecerá aún más a las y los trabajadores y jubilados".

Dos semanas después de la masiva Marcha Federal Universitaria, los gremios docentes profundizaron su plan de lucha con un paro nacional de cinco días que arrancó este martes en todas las universidades públicas del país. La medida se sostiene sobre tres reclamos centrales: la pérdida salarial acumulada durante la gestión de Javier Milei, el ajuste presupuestario y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) confirmó la semana de protesta y fue directa en sus declaraciones: "Milei eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes". La Conadu Histórica sumó su adhesión y señaló que "la extraordinaria respuesta social" de la marcha del 12 de mayo fue un "respaldo muy poderoso para la continuidad del plan de lucha".

Los docentes universitarios de Entre Ríos nucleados en AGDU también se pliegan con paro total del 26 al 30 de mayo. Desde el sector se denuncia que los trabajadores no tienen paritaria desde octubre de 2024 y que sus salarios cayeron un 34% entre la asunción de Milei y enero de 2026. Como ejemplo concreto, señalan que un profesor con dedicación simple y diez años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de $305.604.

La UTN, a través de su federación docente FAGDUT, convocó a 120 horas de protesta con una dinámica escalonada. El martes y el miércoles habrá jornadas de reflexión con asistencia a los establecimientos para visibilizar la situación. El jueves y el viernes el paro será sin asistencia ni clases virtuales sincrónicas, lo que implica la suspensión completa de actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales del país. El quinto día de la medida será el jueves 4 de junio, ya que la semana próxima la UTN realizará elecciones a consejeros.

El secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, apuntó al Gobierno con dureza: "Hay algo tan básico como la apertura de paritarias. El Poder Ejecutivo tiene que dejar de poner excusas y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario". También advirtió sobre una crisis en las obras sociales universitarias: "El rojo es cada vez mayor por el desfasaje entre los aumentos de medicamentos y servicios profesionales y los magros ajustes salariales".

Durante la semana se desarrollarán clases públicas y acciones callejeras en distintas ciudades. Desde el Frente Sindical Universitario se planifican movilizaciones frente al Palacio Pizzurno y también ante el Poder Judicial, para exigir que la Ley de Financiamiento Universitario, ya avalada por el Congreso y la Justicia en dos instancias, sea aplicada de manera efectiva por el Ejecutivo.

El dato surge de un relevamiento difundido por el Gobierno provincial, correspondiente a la actividad registrada durante el turno mañana en las escuelas entrerrianas.

Según indicaron desde el CGE, la asistencia mayoritaria permitió sostener la actividad educativa en gran parte del territorio provincial. “Este porcentaje asegura la continuidad pedagógica y el normal desarrollo de las actividades escolares en la mayor parte de la provincia”, señalaron oficialmente.

Desde el Poder Ejecutivo provincial destacaron además la presencia de los docentes que asistieron a sus lugares de trabajo y remarcaron que eso permitió mantener abiertas las instituciones educativas.

En el comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que la asistencia de los educadores “permitió proteger de forma prioritaria el derecho a la educación de los alumnos entrerrianos”.

La medida de fuerza había sido convocada por los gremios docentes en el marco de los reclamos del sector.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) confirmó un paro de 24 horas para este jueves 21 de mayo, sumándose a la jornada de lucha provincial convocada por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones. La medida busca frenar el proyecto de reforma previsional que el Ejecutivo provincial prevé enviar a la Legislatura en los próximos días. 

El gremio señaló que el Gobierno de Rogelio Frigerio decidió imponer unilateralmente y mediante una resolución la oferta salarial que AGMER había rechazado en la reunión del 7 de mayo, sin convocar nuevamente a las partes. En ese contexto, el paro se enmarca en la defensa de la Ley 8732 y de las condiciones laborales de la docencia. 

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, señaló que la decisión se enmarca en una postura de rechazo a la reforma previsional. "Vamos a estar resistiendo a esta reforma, que es un ajuste", expresó. 

La decisión del mayor gremio docente de la provincia garantiza una paralización total de actividades en las escuelas públicas, con el objetivo de facilitar el traslado de las 17 seccionales departamentales hacia la capital para participar de la movilización provincial. 

Esta protesta forma parte de un bloque que incluye a la Federación de Jubilados, ATE, SADOP, AMET y AJER, quienes coinciden en que la iniciativa oficial representa un avance sobre los derechos adquiridos de los trabajadores activos y pasivos. 

Desde AGMER, el mensaje es contundente: "El Gobierno de Rogelio Frigerio y sus funcionarios no entienden la gravedad de la situación social y económica por la que estamos atravesando los entrerrianos. En un contexto de empobrecimiento generalizado, de deterioro de nuestras condiciones de vida y profundo endeudamiento para cubrir necesidades básicas, paramos".

La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional durante las tres últimas horas de atención al público para el miércoles 13 de mayo, en el Banco Central de la República Argentina y en el Banco Hipotecario, en rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a los trabajadores. 

La medida de fuerza se realizará durante las últimas tres horas de atención bancaria y alcanzará sucursales de todo el país, lo que afectará los trámites presenciales. Se espera que la medida comience a las 12 horas e interrumpa la atención presencial, impidiendo que los clientes realicen operaciones y trámites en las sucursales durante la tarde. 

En el caso del BCRA, el reclamo se centra en la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando las economías regionales con un claro impacto social.

En el Banco Hipotecario, el sindicato denuncia un proceso de ajuste que incluye cierres de sucursales y despidos en distintas provincias. Según el gremio, estas medidas deterioran las condiciones laborales y perjudican la atención al público, especialmente en localidades donde las sucursales representan un servicio financiero central.

El gremio había realizado una medida de fuerza el 27 de abril y también se había presentado a diferentes instancias formales con la Secretaría de Trabajo para impedirlo sin éxito.

Entre las operaciones que podrían registrar demoras figuran acreditaciones, depósitos y cobro de cheques, además de distintos trámites presenciales por ventanilla. 

Se recomienda a los usuarios utilizar los canales de home banking y aplicaciones móviles, que deberían operar con normalidad, y adelantar cualquier gestión urgente para las primeras horas de la mañana del miércoles, a fin de evitar complicaciones por la medida de fuerza.

La Asociación Bancaria señaló que se mantendrá en estado de alerta y movilización en todo el país y advirtió que profundizará el plan de acción gremial en caso de no tener soluciones urgentes y concretas.

El gobierno de Entre Ríos informó que este jueves, en el marco de la jornada de paro convocada por sectores gremiales, más del 70% de los docentes de la provincia concurrió a sus lugares de trabajo.

Los datos fueron relevados por el Consejo General de Educación (CGE) y corresponden al turno mañana, ya que al momento del informe restaba computar los establecimientos del turno tarde.

El gobierno provincial destacó que el nivel de presentismo registrado permitió que la mayoría de los establecimientos educativos permanecieran abiertos y con clases, lo que garantizó el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos.

La medida de fuerza se suma a la Jornada Institucional ya programada para esta semana, lo que implicará al menos dos días sin clases.

La protesta apunta a oponerse a la Reforma Previsional que el gobierno provincial tiene previsto presentar. La Multisectorial que impulsa las acciones reúne a Agmer, la Federación de Jubilados, ATE, Sadop —docentes de escuelas privadas—, AMET —docentes técnicos—, AJER —trabajadores judiciales—, jubilados autoconvocados y otras organizaciones.

La movilización está prevista para las 10 de la mañana del jueves. Abel Antivero, secretario general de Agmer, confirmó la medida y explicó que buscan que las 17 delegaciones departamentales del gremio participen de la jornada. “Vamos a estar resistiendo a esta reforma, que es un ajuste”, afirmó, y anticipó que espera una gran concurrencia.

Los delegados gremiales explicaron que la suspensión abarcará todos los canales habituales del SMN, incluyendo redes sociales y plataformas digitales. El objetivo, según indicaron, es visibilizar el impacto que los despidos tienen sobre el funcionamiento del organismo. “La calidad de la información se verá alterada con los recortes propuestos por este Gobierno”, advirtió uno de los delegados.

Desde el sector gremial subrayaron que el personal despedido no cumplía funciones complementarias, sino que era la base del sistema de producción de datos meteorológicos. Según señalaron, la reducción de personal afectará directamente la elaboración de alertas, con consecuencias para la producción agropecuaria, la aviación y el uso cotidiano que millones de personas hacen del servicio.

Los representantes gremiales también advirtieron que el apagón del 24 podría no ser la única medida de fuerza. “Si no se revierte esta situación, no solamente continuaremos con el paro del 24, sino con distintos paros”, indicaron en declaraciones a LN+.

Desde el organismo señalaron que este tipo de acciones ocurren por primera vez en su historia como consecuencia directa de la reducción de personal.

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron este lunes un paro de 72 horas en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos y pone en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados. La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA) y se extenderá hasta la mañana del jueves 16 de abril. Durante el paro se garantizará únicamente la atención de urgencias, mientras que los turnos programados y la atención general quedarán suspendidos.

El problema: qué dice la resolución

La medida de fuerza se lleva a cabo como protesta a la implementación de la resolución 1107/2026, que modifica el esquema de pagos de los profesionales y que, según ellos, fue aplicada con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector.

Hasta ahora, los honorarios se componían de un monto fijo por cápita —según la cantidad de afiliados asignados— más adicionales por consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación profesional. La resolución elimina todos esos conceptos adicionales y unifica todo en un único pago por paciente.

Un médico de cabecera explicó el impacto concreto: "A partir de ese día las consultas de primera vez, las devoluciones y las consultas espontáneas pasaron a estar incluidas en la cápita, y en la cápita en vez de 945 pesos pasó a 2.100. Esto significa para nosotros una reducción del salario de más del 50%".

Los profesionales también advirtieron que, como son prestadores independientes y no tienen relación de dependencia, deben afrontar de su propio bolsillo el monotributo, seguro, jubilación, alquiler del consultorio y personal administrativo.

La postura del PAMI

Desde el organismo defendieron la medida y aseguraron que el cambio apunta a ordenar el sistema prestacional. Según explicaron, el valor de la cápita se incrementó de $946 a $2.100, lo que para un médico con 800 afiliados representa pasar de $756.800 a $1.680.000 mensuales, un incremento del 121% en el ingreso fijo.

Sin embargo, para los médicos ese cálculo no refleja la realidad. Atilio Rossi, delegado provincial de APPAMIA, advirtió que el nuevo esquema "hace inviable la práctica médica" porque ya no reconoce la intensidad de la atención: "Si yo atendía cien consultas, se me reconocía una parte de ese trabajo."

El reclamo y las próximas medidas

APPAMIA presentó ante el PAMI una propuesta alternativa que establece una cápita mínima de $6.500 por paciente como piso para garantizar la viabilidad del sistema, y evalúa iniciar acciones legales contra la resolución.

Representantes del sector advirtieron que este escenario podría derivar en una salida significativa de médicos del sistema, lo que impactaría directamente en la atención de los jubilados.

El esquema de protestas presenta matices según la representación gremial, pero confluye en un cese de actividades generalizado. La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), en sintonía con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), llevará adelante una semana completa de medidas de fuerza. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria (Sitradu) confirmó un paro total de 72 horas que se extenderá hasta el miércoles inclusive.

El conflicto se ha agudizado en las últimas semanas debido a lo que los gremios califican como un "incumplimiento sistemático" de la normativa vigente. Entre los puntos principales que motivan la huelga se encuentran:

En ciudades como Gualeguaychú, la medida tendrá un fuerte impacto en la Facultad de Bromatología de la UNER, donde se prevé un alto nivel de acatamiento similar al registrado en jornadas anteriores, que rondó el 80%. También se sumarán docentes de la UTN y personal no docente nucleado en APUNER, lo que paraliza no solo las aulas sino también los laboratorios y áreas de servicios.

De no mediar una respuesta oficial, el plan de lucha contempla la instalación de "carpas por la universidad y la soberanía" entre el 6 y el 17 de abril, y una nueva Marcha Federal Universitaria programada para el próximo 23 de abril.

La medida de fuerza es llevada adelante por Conadu Histórica y Conadu, que sostienen el reclamo por una urgente recomposición salarial para los docentes universitarios. Además, exigen la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso el año pasado, que contempla una ampliación presupuestaria para asegurar el funcionamiento de las universidades públicas.

Desde el sector advierten que la situación salarial atraviesa uno de sus momentos más críticos. En ese sentido, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dieron a conocer un informe en el que señalan que el salario real se encuentra en su “mínimo histórico”. Según ese relevamiento, los ingresos actuales están 35,6% por debajo de noviembre de 2023 y también quedaron 2,7% por debajo de los niveles más bajos registrados en 2004.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), Laura Carboni, afirmó que desde noviembre de 2023 los trabajadores del sector “perdieron el equivalente a 11,5 salarios”. Para explicar el deterioro, remarcó que “de cada tres meses trabajados, solo pagaron dos”.

En la misma línea, Carboni cuestionó la falta de actualización frente al avance de la inflación. “En septiembre tuvimos 4,3% de aumento, contra una inflación acumulada del 14,2% entre octubre y febrero. Cero por ciento de aumento en enero, cero por ciento de aumento en febrero, mientras sube el transporte, los alimentos y los alquileres”, sostuvo.

Ante este escenario, los gremios endurecieron su postura y ratificaron la continuidad del plan de lucha. “No podemos seguir así. Por eso impulsamos un paro por tiempo indeterminado. Ya probamos en los últimos dos años con paros aislados y desacompasados; necesitamos una medida que le ponga fin a este ataque por parte del Gobierno contra las universidades”, concluyó la dirigente.

La medida de fuerza alcanzará a las 60 universidades nacionales, entre ellas la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde durante cinco días consecutivos no se dictarán clases ni se desarrollarán tareas administrativas.

El paro fue impulsado por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), que denunció que la falta de actualización de las partidas presupuestarias por parte del Gobierno nacional compromete el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Desde el sector advirtieron que la situación impacta directamente en el desarrollo de las cátedras, así como también en el sostenimiento de servicios esenciales.

En ese contexto, los gremios alertaron que “peligra el inicio del cuatrimestre”, al considerar que la diferencia entre la inflación acumulada y los recursos asignados resulta cada vez más difícil de sostener.

A la protesta también se sumaron los trabajadores no docentes de la UNER, por lo que durante la semana la actividad en las distintas unidades académicas será prácticamente nula. La medida afectará no solo el dictado de clases, sino también el funcionamiento de comedores, bibliotecas y oficinas de atención a estudiantes.

El conflicto se da en medio de un escenario de fuerte incertidumbre para la comunidad universitaria, que reclama una respuesta inmediata del Estado nacional tanto en materia salarial como en el envío de fondos para garantizar el funcionamiento básico de las instituciones.

Desde los gremios anticiparon que, si no hay respuestas favorables en los próximos días, podrían profundizar las medidas de fuerza. De sostenerse este escenario, el ciclo lectivo en las universidades nacionales podría quedar condicionado por nuevas interrupciones en el corto plazo.

La paritaria concluyó sin acuerdo luego de que AGMER, AMET, SADOP y UDA rechazaran la propuesta presentada por el Ejecutivo entrerriano. Desde el Gobierno no descartaron avanzar con una conciliación obligatoria.

El presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, explicó que la propuesta fue “mejorada” respecto de la anterior y que buscó compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada en los primeros meses del año.

Entre los principales puntos, el Gobierno ofreció:

Según Cuenca, la propuesta intentó recomponer ingresos sin comprometer recursos que, en el actual contexto económico, la Provincia no puede afrontar en términos de incrementos remunerativos directos.

Pese a los cambios introducidos, los sindicatos rechazaron la oferta y confirmaron el paro de 24 horas para este martes.

De acuerdo con lo consignado en el acta paritaria, algunos gremios ya tenían la medida preaprobada por sus congresos antes de la audiencia. Desde el Ejecutivo señalaron que la negociación formal quedó cerrada tras el rechazo sindical.

Ante el escenario de conflicto, el Gobierno analiza la posibilidad de dictar una conciliación obligatoria en sede judicial, aunque la decisión no estaba confirmada al cierre de la jornada.

El nuevo paro impactará en el normal dictado de clases en escuelas públicas y privadas de Entre Ríos, en un contexto de tensión que vuelve a marcar el inicio del ciclo lectivo en la provincia. Fuente :elonce.com

De acuerdo al relevamiento de presentismo realizado por el Consejo General de Educación (CGE), el 54 por ciento de los docentes no se adhirió al paro y asistió a sus lugares de trabajo. La información surge del monitoreo efectuado en escuelas de todo el territorio entrerriano.

El informe oficial detalla que el nivel de acatamiento a la medida de fuerza varió según la zona.

Pese a estas variaciones, el reporte general indica que más de la mitad del cuerpo docente concurrió a trabajar, lo que permitió garantizar el normal dictado de clases en la mayoría de las instituciones educativas de la provincia.

El relevamiento fue realizado por el CGE a partir de la información suministrada por las escuelas entrerrianas durante la jornada de inicio del calendario escolar.

Cada comienzo de clases se transforma en un escenario de tensión. Los gobiernos de turno sostienen sus políticas y limitaciones presupuestarias; los docentes, por su parte, reclaman lo que consideran justo frente a una pérdida sostenida del poder adquisitivo. En medio de esa disputa, el calendario escolar se ve afectado y la continuidad pedagógica se resiente.

La normativa nacional establece un mínimo obligatorio de 190 días de clases al año en todo el país. Ese número, fijado por el Consejo Federal de Educación, busca garantizar una base de calidad educativa y tiempo pedagógico suficiente. Sin embargo, en la práctica, no siempre se logra cumplir. Paros, jornadas institucionales, problemas edilicios, condiciones climáticas y otras situaciones hacen que, en muchos ciclos lectivos, la cantidad efectiva de días de clase quede por debajo de lo establecido.

El resultado es una educación que pierde continuidad y previsibilidad. Y esa pérdida impacta directamente en los estudiantes, especialmente en los sectores más vulnerables. La realidad muestra que cada vez son más los niños y adolescentes que abandonan la escuela por razones que muchas veces exceden lo educativo: condiciones económicas familiares, necesidad de trabajar, falta de recursos o dificultades para sostener la escolaridad.

En algunos casos, incluso, la baja matrícula obliga a cerrar aulas o reorganizar cursos por la escasa cantidad de alumnos. En otros, las escuelas cumplen además un rol social esencial: brindar desayuno o merienda a chicos que, muchas veces, encuentran en la institución educativa un espacio de contención que va más allá del aprendizaje formal.

En este contexto, es imprescindible destacar el compromiso cotidiano de los docentes. Más allá de las discusiones salariales o gremiales, su vocación se sostiene en condiciones que muchas veces distan de ser ideales. No son pocos los que deben recorrer largas distancias para llegar a sus escuelas, compartiendo gastos de traslado o dependiendo de la solidaridad de vecinos para poder cumplir con su tarea.

En reiteradas ocasiones se observa en los accesos a la ciudad a docentes haciendo dedo, esperando un transporte que les permita llegar a horario. Otros se organizan entre colegas para compartir vehículos y costos. Son escenas habituales que reflejan una realidad silenciosa: la de educadores que, pese a las dificultades, sostienen el sistema educativo con esfuerzo y convicción.

Esta editorial no busca poner en juicio el compromiso docente ni el derecho a reclamar condiciones dignas. Tampoco desconoce las responsabilidades del Estado en garantizar una educación de calidad. Se trata, más bien, de señalar que la educación pública —orgullo histórico de nuestro país— no puede seguir atrapada en un conflicto permanente que termina debilitándola.

El desafío es romper con esta lógica repetida. Lograr acuerdos sostenibles, previsibles y duraderos que permitan iniciar cada ciclo lectivo con normalidad y garantizar el cumplimiento de los días de clase. Porque cuando la educación se interrumpe, el impacto no es inmediato pero sí profundo y persistente.

La educación pública necesita ser defendida por todos: gobiernos, docentes, familias y comunidad. No como una consigna, sino como una política concreta y sostenida en el tiempo. Porque detrás de cada día sin clases hay oportunidades que se pierden, y detrás de cada aula abierta hay futuro.

La medida de fuerza fue confirmada por:

Agmer resolvió en Congreso adherir al paro nacional y además impulsar acciones locales y departamentales en el marco de la jornada de protesta.

Durante el Congreso realizado la semana pasada, Agmer enumeró los principales puntos de conflicto:

Por su parte, AMET Entre Ríos informó su adhesión al paro de 24 horas declarado por su conducción nacional, en rechazo a lo que califican como medidas de ajuste y políticas educativas del Gobierno nacional.

El paro se da en paralelo a las negociaciones salariales iniciadas la semana pasada entre el Gobierno de Entre Ríos y los sindicatos docentes, que continuarán este lunes desde las 15 en audiencia de conciliación.

En el primer encuentro, la propuesta oficial incluyó:

Los gremios rechazaron la oferta por considerarla insuficiente frente al contexto inflacionario. En ese marco, Agmer se declaró “en estado de beligerancia”.

La medida afecta el comienzo formal del ciclo lectivo en la provincia, en un escenario que vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo y los gremios docentes.

El desarrollo de la audiencia de conciliación será clave para determinar si el conflicto escala en los próximos días o si se abre una instancia de acuerdo que permita normalizar el dictado de clases.

En el marco del paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la seccional Gualeguay confirmó su adhesión a la medida de fuerza y expresó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos.

La secretaria general de ATE Gualeguay, Luciana Arellano, explicó que la decisión se enmarca tanto en el plano nacional como provincial. “El paro nacional de ATE, al cual se adhiere la provincia, es en rechazo a la reforma laboral, a la reincorporación de los despedidos y acá en la provincia en rechazo a la oferta salarial en negro que nos da el gobierno provincial”, señaló.

En relación con la propuesta discutida en paritaria, Arellano fue clara respecto al planteo del gremio: “Nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial en blanco, no montos en negro que solo sirven para desfinanciar la obra social y la caja de jubilaciones”.

Según indicó, los montos ofrecidos no representan una mejora sustancial para los trabajadores estatales. “Los montos que vamos a recibir no son más de 100 mil pesos por agente cuando venimos de un congelamiento de ocho meses”, afirmó.

La dirigente describió además la situación social que atraviesan muchos empleados públicos. “Todos nuestros compañeros la están pasando mal. Hay mucha gente endeudada, comiendo con la tarjeta de crédito porque no llegan a fin de mes y la verdad que no entendemos este abuso de parte del gobierno provincial”, expresó.

También cuestionó el cierre de la negociación con otro sindicato: “Haber cerrado una paritaria con un solo gremio de acuerdo nos parece una burla”.

Respecto a los anuncios oficiales, hizo referencia al incremento en la escolaridad: “Hablan de un 50% de aumento en la escolaridad cuando en promedio estaba en junio de 2025 en 12 mil pesos”.

Desde ATE sostienen que la discusión debe contemplar una recomposición real y remunerativa, que impacte en adicionales, jubilaciones y obra social. A nivel provincial, el gremio difundió un documento bajo el lema “ATE rechaza la propuesta por insuficiente, no remunerativa ni bonificable”, donde exige recomposición salarial urgente, blanqueo de horas extras, reincorporación de despedidos y revisión del régimen de licencias.

Asimismo, en el marco de la paritaria general, el sindicato enumeró una serie de demandas que incluyen recomposición salarial por encima de la inflación, actualización de adicionales y viáticos, reconocimiento remunerativo a títulos de posgrado, incorporación de horas extraordinarias al salario, revisión del valor hora en Enfermería, unificación de carga horaria en el Escalafón General y reglamentación del Régimen Jurídico Básico (Leyes 9755 y 9811), entre otros puntos vinculados a derechos laborales y condiciones de trabajo.

Finalmente, Arellano manifestó preocupación ante versiones sobre una posible reforma previsional en la provincia. “Estamos viendo que ya se está hablando fuerte sobre la reforma previsional que también nos preocupa porque nosotros tenemos que pagar el déficit de la caja que viene hace años. Quieren subir la edad jubilatoria, quitarnos el 3x1, sacar los regímenes especiales y estamos preocupados porque nada es beneficio del trabajador, absolutamente nada”, advirtió.

En ese contexto, la conducción local ratificó la continuidad del plan de lucha y dejó en claro que, mientras no haya una propuesta que contemple aumentos remunerativos y bonificables, el conflicto seguirá abierto.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos convocó a un paro provincial de 24 horas para el próximo viernes 27 de febrero, en el marco de una Jornada Nacional de Lucha. La medida se extenderá desde las 00 hasta las 23:59 y alcanzará a establecimientos del Estado nacional, provincial y municipal, garantizando guardias mínimas.

La comunicación, fechada este miércoles en Paraná y dirigida a la Dirección de Recursos Humanos de la Provincia, lleva la firma de autoridades del Consejo Directivo Provincial del gremio y detalla los principales reclamos que motivan la acción directa.

Entre los puntos centrales, ATE exige la reapertura de paritarias y el inicio inmediato de un proceso de recuperación salarial, tras rechazar la última oferta por considerar que incluía montos no remunerativos y no bonificables. Según el sindicato, esta modalidad afecta la Caja de Jubilaciones, la obra social y profundiza el deterioro de los haberes de los trabajadores pasivos.

Asimismo, reclaman la recuperación del poder adquisitivo frente a la devaluación e inflación de los años 2023, 2024 y 2025, el rechazo a la modificación de la Ley 8732 de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y la anulación del DNU 70/23.

El pliego también incluye la reincorporación de trabajadores despedidos y cesanteados, el cese de despidos y cierres de organismos, la regularización de vínculos contractuales con pase a planta permanente, el rechazo a privatizaciones y el pedido de anulación del denominado “Protocolo Anti-Movilizaciones”.

Desde ATE indicaron que la medida se desarrollará en todo el territorio provincial y se complementará con distintas modalidades de protesta, como asambleas, movilizaciones y paro activo, según lo determine cada sector.