El Ministerio de Capital Humano decidió reemplazar el Plan Potenciar Trabajo por dos nuevos programas, tras haber detectado "ineficiencias" en su funcionamiento, y creará el "Programa Volver al Trabajo" y el "Programa de Acompañamiento Social".

El monto de compensación para el trabajador será el mismo que el Potenciar Trabajo, $78.000, y el programa comenzará a funcionar en breve, se hizo trascender.

Con el primero, el propósito es "promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de quienes se desempeñan en el ámbito de la Economía Popular". 

"Se orienta a la población de 18 a 49 años y apunta a fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin último de incorporar a estos individuos en el mercado de trabajo formal", se indicó en un comunicado.

En tanto que el segundo estará centrado en los mayores de 50 años y en las madres de cuatro o más hijos, dos grupos con desafíos particulares en términos de inclusión y que requieren de un apoyo más integral, es decir destinado a los "hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social", según señaló la cartera que conduce Sandra Pettovello.

La novedad del “Volver al Trabajo” es que permite a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir ingresos mensuales de hasta $540.000 para aquellos que están formalmente empleados. El Potenciar Trabajo limitaba esta compatibilidad a un solo SMVM, "desincentivando, en la práctica, la búsqueda de trabajo formal", se indicó.

Los registros de Capital Humano arrojaron que, de un total de 1.400.000 participantes del Potenciar, "apenas el 1,3% consiguió transitar hacia un empleo formal, un porcentaje que pone de manifiesto una marcada ineficacia en el cumplimiento de los objetivos de empleabilidad del programa".

Los beneficiarios de los dos nuevos programas accederán a la ayuda de manera directa y sin la necesidad de realizar trámites adicionales. La segmentación en cada plan se realizará mediante una resolución que determinará la población objetivo de cada programa basándose en criterios de empleabilidad.

Para evitar la intermediación, Capital Humano tomó medidas como que "los beneficios económicos se asignarán y distribuirán directamente a los beneficiarios, lo cual asegura que los recursos lleguen efectivamente a sus destinatarios sin posibilidad de manejo discrecional".

Asimismo, se dispuso la eliminación de planillas de asistencia. El Gobierno suprimió la obligatoriedad de la presencialidad para las Unidades de Gestión, disminuyendo así su influencia y la posibilidad de control sobre los beneficiarios.

La cartera de Pettovello sostuvo que "esta intermediación no solo ha sido ineficaz para promover la integración socio-laboral de los beneficiarios en el mercado de trabajo formal, sino que también ha generado un circuito cerrado de gestión y control que ha beneficiado a las organizaciones sociales encargadas de la administración del programa, a quienes solo en 2023 se les transfirió la suma de u$s34 millones".

Según la información oficial, la estabilidad en el número de beneficiarios demuestra la incapacidad del programa para generar verdaderas oportunidades de desarrollo y salida hacia el empleo formal.

Se señaló que las únicas bajas registradas responden a situaciones de incompatibilidad, fallecimiento, jubilación o superación de la edad límite, evidenciando una falta de progresión real y sostenida hacia la integración socio-económica de los participantes.

Esos planes estatales que hasta ahora pertenecían a beneficiarios “fantasmas”, fueron dados de baja por la ministra por no haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución. Acorde a la información oficial, estaban bajo la dependencia de gobernaciones, Ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales. Ante una pregunta puntual del portal de Infobae, se reconoció en el Gobierno que el supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los $3.699.724.080 mensuales. Anualizado, la cifra asciende a $ 44.396.688.960 si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de 2023.

Según los arquitectos consultados del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera presuntamente irregular, se podría construir -por ejemplo-, unas 300 viviendas mensuales de entre 50 y 78 metros cuadradas similares a las que se construyen para el programa Procrear. Es decir 3.600 casas en un año.

El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, $42.256.

El ranking de las gobernaciones

De la documentación oficial a la que accedió el portal de Infobae se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando $259.620.864 mensuales; a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución “2022-2035-APN-MDS” a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, “podría haber demorado años”.

Según la página oficial de la cartera social: “Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar la participación de los inscriptos en el Programa Potenciar Trabajo y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria”.

La contraprestación obligatoria para los beneficiarios del programa que está bajo el área de la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita, puede ser cualquier actividad de la economía social y popular, enmarcada en: proyectos socio-productivos; proyectos socio-laborales o socio-comunitarios y terminalidad educativa.

El ranking de las provincias con mayor cantidad de bajas del Potenciar Trabajo lo encabeza la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, con 1.179 bajas; le sigue Santa Fe administrada por Omar Perotti (684); y Jujuy a cargo del opositor Gerardo Morales (570). Luego, se encuentran Tucumán la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo (525); y Chaco, al frente del ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, donde las bajas fueron de 454. Le sigue Misiones, el distrito conducido por Oscar Herrera Ahuad con 437 beneficiarios que no pudieron justificar su pertenencia al Potenciar Trabajo. En Santa Cruz, la provincia comandada por Alicia Kirchner, las bajas fueron 392.

En San Juan, a cargo de Sergio Uñac, las bajas fueron 229. La provincia de Ríos Negro, conducida por la docente Arabela Marisa Carreras es la última con una cifra superior a doscientas personas que no validaron su identidad.

El resto están por debajo de esa cifra. Son las provincias de Salta que, administrada por Gustavo Sáenz, tuvo 190 bajas “fantasmas” del Potenciar Trabajo. Le sigue CABA, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, con167 bajas; en Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti, Desarrollo Social detectó la no validación de 161 personas. En Entre Ríos, la provincia comandada por Gustavo Bordet, las bajas fueron de 275 correspondientes a administraciones municipales más 148 que fueron administrados por instituciones y organizaciones diversas; Santiago del Estero, al frente de Gerardo Zamora, fueron dados de baja 138 beneficiarios; otras 129 presuntas irregularidades fueron descubiertas en Corrientes y 106 en Catamarca.

Las diez provincias que restan, tuvieron bajas menores a los 100 beneficiarios. Son los casos de Mendoza (96); la Rioja (95); Chubut (79); Formosa (69); San Luis (44); Neuquén (26); La Pampa (15) y Tierra del Fuego (14).

Si se discrimina por Municipios, los 275 planes dados de baja son los siguientes:

Concepción del Uruguay (58). Concordia (53). Paraná (43). Gualeguaychú (28). Villaguay (21). San José (18). Diamante (16). Federal (13). Federación (12). Santa Elena (8). San José de Feliciano (4). Y La Paz (1).

La oposición presentó una nueva denuncia por las irregularidades en el reparto del programa de asistencia estatal, Potenciar Trabajo. Desde la bancada del PRO solicitaron que se investigue el rol de los funcionarios que aprobaron las adjudicaciones sobre las que no hubo ningún control previo.

La nueva denuncia se formalizó luego de que se conocieran varias irregularidades en el reparto del Potenciar Trabajo, tales como la entrega del beneficio social a personas fallecidas o a personas que declararon Bienes Personales, eran propietarios de autos 0KM e incluso compraron dólares. Esta denuncia presentada por el diputado Waldo Wolff se sumará a la investigación que inició el fiscal Guillermo Marijuan el viernes pasado, en donde le pidió a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que le envíe información sobre los beneficiarios que, percibiendo esta ayuda estatal, compraron dólares o declararon Bienes Personales.

“Presente denuncia penal contra los 2.800 estafadores que cobraron planes beneficiarios de personas muertas y pedí también que se investigue la responsabilidad penal de funcionarios e intermediarios“, adelantó el diputado opositor en redes.

En la presentación de Wolff se pide que se investiguen las irregularidades y falta de controles que apunta al rol de la Secretaría de Economía Social, comandada por el dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico. La secretaría de Empleo Social es la autoridad de aplicación del Potenciar Trabajo, es por ello que se apuntó directamente contra Pérsico, dado que es el encargado de entregar los beneficios económicos del Estado a los movimientos sociales.

Asimismo, su liderazgo en el Movimiento Evita se volvió un problema. En parte porque hay un evidente conflicto de intereses y también porque es una de las agrupaciones que más planes sociales recibe.

"Hay que identificar quiénes cobraron en nombre de los muertos, eso es estafa y puede haber defraudación al Estado. Y hay que investigar al movimiento social" correspondiente, dependiendo cada beneficiario, "para saber si habría algún funcionario responsable", declaró Wolff al medio Clarín. Y agregó: "Hay que identificar a las personas y recuperar ese dinero".

Por su parte, el fiscal Marijuan realizó un pedido de información a la ministra Tolosa Paz, sobre el informe solicitado a la AFIP por el exministro Zabaleta. Fue esta investigación preliminar la que detectó varias irregularidades en el cobro y manejo de la caja del Potenciar Trabajo. En ese relevamiento se expuso que hay 35 mil personas comprando divisas mientras perciben el beneficio social, otras 52.987 son propietarios de más de un inmueble y también otros que poseían autos, embarcaciones, aeronaves o prepagas de salud.

A la presentación de Wolff, previamente se solicitó la citación de Tolosa Paz a través de un proyecto de resolución de carácter "urgente" presentado por Graciela Ocaña. En el mismo pidió la presencia de la ministra de Desarrollo Social ante la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja por la "probable existencia del delito de defraudación al Estado". Por el momento no hubo respuestas por parte de la ministra.

A estas exigencias se sumó la Coalición Cívica quien también puso bajo la lupa los descuidos de Desarrollo Social: "Suponemos que hay una cantidad importante de las personas que tenían incompatibilidades para recibir le plan ingresaron al Potenciar Trabajo con la verificación directa de la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Economía Social, cuyo titular es Emilio Pérsico y que está integrada por funcionarios que son dirigentes de organizaciones sociales", sostuvieron.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó este miércoles que el Gobierno nacional eliminará planes sociales. Cerca de 290 mil personas podrían quedar afectadas. El adelantó llegó después de un informe de Afip que comprobó incompatibilidades en algunos perfiles que cobran la ayuda estatal.

Puntualmente están en riesgo beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Según el relevamiento, podría excluirse al 20 por ciento del total. El proceso de identificación se demoró cuatro meses aproximadamente.

Al parecer, 253.184 hicieron una presentación de Bienes Personales. Por otro lado, más de 35 mil compraron dólar ahorro. Por eso, son más de 288 mil quienes podrían perder el subsidio.

“Tiene que haber mucho entrecruzamiento. Todo aquel Potenciar que haya utilizado la compra de dólares o mecanismos impositivos que no tiene que dar cuenta, va ser suspendido”, remarcó Tolosa Paz.

Además, dijo que intentarán establecer un nuevo sistema. Mediante el mismo, los inscriptos deberían validar su identidad mediante la APP Mi Argentina.

Los problemas del Potenciar TrabajoSolo en los primeros dos años de la gestión de Alberto Fernández, este programa duplicó el número de beneficiarios. Son más de un millón 350 mil personas quienes lo cobran. Por sí solo, representa la mitad del presupuesto anual de la cartera de Desarrollo Social.La semana pasada el presidente prohibió nuevas altas a través del decreto 728. Los fondos son administrados por el líder de Movimiento Evita, Emilio Pérsico, mediante la secretaría de Economía Social.El viernes pasado la vicepresidenta, Cristina Kirchner, insinuó críticas en contra de este dirigente. En su discurso desde Pilar, aseveró: “Algunos movimientos sociales, tal vez los más importantes, no veían tan mal las ayudas que recibían”, en referencia a los fondos de los que dispuso el Gobierno de Macri entre 2015 y 2019.

El Gobierno avanzó sigilosamente en un importante recorte de gastos en planes sociales: en los últimos días se definió la baja de unos 40.000 programas Potenciar Trabajo porque resultaban "incompatibles" con las becas Progresar.

Según confirmaron en la Casa Rosada, el ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta junto con el de Educación a cargo de Jaime Perczyk y la Jefatura de Gabinete resolvieron dar de baja 40.000 planes Progresar.

La medida implicará un ajuste da gastos de unos 1.500 millones de pesos mensuales y se encuadra en el contexto de recorte de partidas que pidió el ministro Sergio Massa y las auditorías de Universidades a los planes impulsadas por el gobierno.

La explicación oficial para alcanzar esta determinación fue que "el plan Potenciar Trabajo es incompatible con el Progresar" según dijeron en Desarrollo Social. A la vez, explicaron que este "proceso de ordenamiento" de los planes sociales forma parte del esquema de auditorías que empezaron a realizar las universidades nacionales en los diferentes Ministerios.

"El proceso de ordenamiento de planes se dio ahora ya que durante la pandemia y en una situación de emergencia no se había podido hacer un relevamiento de casos en que hay incompatibilidad de planes", dijeron a El Cronistaallegados a Zabaleta.

En tanto, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio que conduce Zabaleta confirmó la baja de los 40.000 planes: "Siempre fueron incompatibles estos dos programas", dijo a este medio.

A la vez, en el Gobierno explicaron que el único programa que no resulta ser incompatible con otro es la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es decir, que se puede recibir un plan de cooperativa de trabajo o empleo y al mismo tiempo contar con la AUH.

El gobierno impuso ahora este recorte porque, según dijeron, se hizo un cruce de datos con los beneficiarios de planes sociales que realizó no sólo la auditoría de las Universidades sino también la base de datos del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Allí se detectaron que unas 40.000 personas cobraban el plan Potenciar Trabajo y a la vez el programa de becas Progresar.

Se optó por dar de baja los planes de empleo en cooperativas que implican unos 24.000 pesos mensuales por beneficiario y dejaron a los del Progresar que son de un total de $5.000 mensuales.

El plan Potenciar Trabajo tiene 1,3 millones de beneficiarios relacionados con cooperativas de trabajo o movimientos sociales. Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa.

La mayor parte de estos beneficiarios están relacionados con cooperativas de trabajo o movimientos sociales. Tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa.

En tanto, el plan Progresar contempla becas de estudio. Los beneficiarios de este programa deben tener desde 16 y 17 años, estar matriculados en una escuela pública de gestión estatal y manifiesten el compromiso de volver a la escuela. A la vez, los estudiantes deberán ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con 2 (dos) años o más de residencia legal en el país. 

El Gobierno nacional tiene listo un decreto de necesidad y urgencia para avanzar en la reconversión de los planes sociales en fuentes formales de trabajo. De acuerdo al borrador al que tuvo acceso Ámbito, los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por 1 año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio.

El programa “Puente al Empleo” se establecería por DNU para darle mayor seguridad jurídica a la medida. De acuerdo al decreto, el trabajador mantiene de manera temporal por un año la estabilidad del plan social. Cumplido ese plazo, debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART, y todos los beneficios que implica la cobertura legal del mercado laboral (indemnización futura).

Los empleadores también tendrán beneficios. Por un año el Estado Nacional se hace cargo de parte del salario (la suma de dinero que corresponde al plan que se mantiene). El programa “Puente al Empleo” apunta así a incorporar 200 mil trabajadores de la economía social.

Fundamentalmente, el gobierno nacional aspira a que las incorporaciones se den en empleadores de hasta 100 empleados que son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el Boletín de Seguridad Social.Este programa permitiría además avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales.

Al presentar sus primeras medidas al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa ratificó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes en un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará en los próximos días con el inicio de la auditoría. El reordenamiento de los planes sociales dará esta semana un paso central cuando la Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional inicien las auditorías sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires.Las casas de altos estudios relevarán la situación socio laboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios, tal como quedó definido en una reunión que mantuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con intendentes y funcionarios municipales de la Primera y Tercera sección electoral. "La reunión fue muy productiva. Charlamos sobre en qué consiste la auditoría de las actividades del Potenciar Trabajo que abarca a un millón trescientos mil titulares. La idea es tener más y mejor información sobre cada uno de ellos", afirmó hoy el viceministro de esa cartera, Gustavo Aguilera.

Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Social, los estudiantes de las universidades que realizarán los relevamientos comenzarán la semana próxima con las capacitaciones, en tanto que durante la otra arrancarán los operativos, con el trabajo en el territorio de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.Habrá distintas modalidades: por un lado, los encuestadores visitarán los lugares donde los beneficiarios trabajan y, por otro lado, habrá convocatorias específicas en clubes, predios o universidades.Los beneficiarios, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros. Se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.De la reunión participaron también las y los intendentes Carlos Ramil (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Julio Zamora (Tigre), Federico Achaval (Pilar), Juan Fabiani (Almirante Brown), Alejo Chornobroff (Avellaneda), Juan José Mussi (Berazategui) y Gastón Granados (Ezeiza). Asistieron también Mayra Mendoza (Quilmes), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Andreotti (San Fernando) y Nicolás Mantegaza (San Vicente). (Fuente: Ámbito)

Los diputados de PRO, José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira presentaron hoy un proyecto de ley que crea el "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad", el cual busca eliminar gradualmente los planes sociales ofreciéndoles a sus beneficiarios cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de dos años.

La iniciativa también incorpora una segunda línea de acción que comprende beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en este "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad".

El proyecto apunta a transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado.

El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que le prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social.

No obstante, la ley aclara que una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.

Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.

"Concluida la capacitación, el beneficiario automáticamente quedará inscripto en un registro que lo habilitará para ser seleccionado por las empresas dentro del REP, pudiendo así, comenzar por el termino máximo de seis meses la denominada pasantía laboral", señala el proyecto en su articulado.

La otra pata del proyecto tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones. En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.

Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el termino de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.

“Desde el PRO queremos generar una herramienta para que los planes sociales se conviertan en empleo genuino otorgándole condiciones a los trabajadores y empleadores. Definitivamente estamos en contra de la intermediación que politiza el acceso a los ingresos de emergencia. Transformar los planes sociales en empleo genuino permitirá que Argentina ingrese en una senda de desarrollo", expresó José Núñez.

Por otra parte, el proyecto establece que si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva.

El proyecto también lleva las firmas de los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.N.A.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció el ingreso a ese cuerpo legislativo de un proyecto de ley para convertir los planes sociales "en trabajo genuino", con impacto en diversas actividades de la economía nacional que se están reactivando.

"Este jueves ingresaremos la ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Con metas, capacitaciones y herramientas de promoción para salir de la emergencia del plan y construir un puente hacia el trabajo para casi un millón de argentinos y argentinas", publicó Massa en su cuenta en la red social Twitter, aunque no incluyó los detalles del proyecto.

El presidente Alberto Fernández destacó desde el comienzo de su gestión la decisión gubernamental de transformar los planes sociales en trabajo, lo cual se concretó en anuncios en diversos rubros.

Fuentes oficiales habían adelantado que el Gobierno nacional avanza en su objetivo de reconvertir los planes sociales en puestos de trabajo genuino, una idea que Fernández viene expresando desde el comienzo de su mandato, y ya incorporó a trabajadores rurales y de la construcción al plan que forma parte de la reactivación económica y de la etapa actual de la pospandemia.

También Massa había destacado esa idea durante recorridas diversas, por ejemplo en una pyme de impresiones gráficas en el municipio de Pilar.

"Ese trabajo es el que tenemos que recuperar y potenciar, transformando los planes sociales en planes de empleo. El plan social es la emergencia, lo permanente y digno es el trabajo. Tenemos que hacerlo por Ley, para obligar al Estado a recorrer ese camino", expresó en esa ocasión el exintendente de Tigre.

En esa línea, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, también destacó este miércoles que el Gobierno busca "reconvertir los planes sociales en empleo genuino" con diversas iniciativas para la reconstrucción del país .

"Toda herramienta, instrumento o decisión que vaya en el camino al trabajo genuino, registrado y la reconstrucción del empleo, el Gobierno del presidente Fernández no va a tener dudas en discutirlo; así lo hacemos con empresarios y empresarias, con dirigentes de organizaciones sociales y sindicatos", indicó.

Así, tanto el Presidente como los dos ministros de Desarrollo Social de su gestión (Daniel Arroyo, de 2019 a 2021, y su sucesor Zabaleta) pusieron el foco en la necesidad de transformar los distintos planes en puestos de trabajo, en un acuerdo tripartito con las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores.

El primer paso fue dado en agosto pasado con los rurales, que en un total de 250 mil pasaron a desempeñar sus funciones en el terreno mientras mantienen la asistencia del Estado, sin perder las asignaciones ni ninguna de sus atribuciones.

A ese inicio le siguió el programa "Construir Trabajo e Igualdad", anunciado el lunes último por el Gobierno y que implica la transformación de planes en trabajo en el sector de la construcción.

El Gobierno tiene previsto sumar a esta propuesta de reconversión laboral a la industria textil, de extenso desarrollo en el país, y la gastronomía, entre otros sectores de la economía que, además de impactar en la multiplicación de puestos de trabajo, favorecen la producción y el consumo.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) convocó a los gobiernos provinciales a que adhieran al Decreto 514/2021, el cual compatibiliza los planes sociales con el trabajo rural registrado, bajo las modalidades de trabajo temporario, trabajo permanente discontinuo o trabajo de temporada.

"Estamos impulsando que la totalidad de las provincias se adhieran, ya que para nosotros es un reclamo histórico que veníamos realizando quienes conformamos este organismo: la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y las entidades empresarias del sector que son parte", afirmó el presidente del Renatre, José Voytenco.

De esta manera, el organismo busca la pronta implementación del Decreto, permitiendo que "el colectivo de trabajadores y trabajadoras rurales que se dedican a actividades de mano de obra intensiva, puedan registrarse, sin perder el plan social con el que cuentan".

Para Voytenco, "este Decreto implica un hecho de justicia social que favorecerá que muchos trabajadores y trabajadoras que hoy están en la informalidad se registren".

El objetivo de la norma es "promover, mediante esta medida, la contratación de trabajo registrado y el acceso a los beneficios de la seguridad social por parte de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad, fundamentalmente, los trabajadores y las trabajadoras rurales y sus grupos familiares".

Los planes y programas sociales y de empleo nacionales que están incluidos en el Decreto son el Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo" y la Tarjeta Alimentar, del Plan Nacional "Argentina contra el hambre".

Además, se podrán ir incorporando planes y programas sociales y de empleo, provinciales y municipales actuales y futuros.

Hasta la promulgación del Decreto, explicó el organismo, los productores rurales y empleadores se enfrentaban en forma reiterada a la falta de mano de obra que se generaba en época de cosecha ante la posibilidad de que los trabajadores temporarios perdieran sus planes sociales al ser registrados como tales.

Al tener en cuenta esa situación, el gobierno nacional generó mecanismos para que los trabajadores no pierdan sus planes sociales y que la cosecha pueda ser levantada.

"Sin duda, esta medida favorecerá fuertemente al sector productivo y a los empleadores en particular, sobre todo en las actividades de mano de obra intensiva, ya que habrá mayor oferta laboral que permitirá la contratación registrada de trabajadores, sin que ellos pierdan sus planes sociales", indicó el director del Renatre, Marcos Williams.

El Renatre busca la adhesión de las provincias al Decreto y la implementación de mecanismos que incentiven la contratación de trabajo registrado en el ámbito rural, en particular de los beneficiarios y beneficiarias de políticas y programas de protección social que se encuentren en situación de disponibilidad laboral, concluyó.

"Nos tocó asumir y al otro día acompañar al Presidente de la Nación en un trabajo que ya empezamos hacer con el ministro Moroni, de poder anunciar de que el que percibe planes sociales, puede ir a trabajar en blanco en la cosecha sin perder ningún beneficio social", aseguró el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta.

"Nos tocó asumir y al otro día acompañar al Presidente de la Nación en un trabajo que ya empezamos hacer con el ministro Moroni, de poder anunciar de que el que percibe planes sociales, puede ir a trabajar en blanco en la cosecha sin perder ningún beneficio social", aseguró Zabaleta.

El Gobierno busca de esta manera promover el empleo pero sin descuidar a los sectores más vulnerables del entramado rural argentino. "El objetivo no es que la gente tenga planes sociales sino que tenga trabajo digno", señaló Alberto Fernández durante el acto que se realizó en Concordia, provincia de Entre Ríos.

"Cuando Cristina dejó el Gobierno había cerca de 110.000 planes sociales, y hoy tenemos entre 700 y 800 mil. ¿Qué pasó en el medio? En los últimos años esos planes fueron pensados con criterio asistencialista de condenar a una parte de la sociedad a sobrevivir en la miseria con los planes", planteó y dejó clara su postura: "Pero yo quiero que la gente viva dignamente con trabajo, son dos cosas distintas".

Ricardo Ranger, productor de Eldorado, en la provincia de Misiones, está desesperado. Durante el invierno, él y su esposa perdieron toda su producción citrícola por no encontrar empleados para la cosecha: un millón y medio de kilos de limones y 200.000 kilos de naranjas. Y es que si los trabajadores aceptan la tarea y trabajan en blanco, tienen temor a perder los planes sociales.

"Desde que se implementaron las asignaciones universales existe este problema", afirmó Pablo Vernengo, director Ejecutivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "Esto le sucede al 63% de los productores agropecuarios que son parte de las economías regionales y que utilizan mano de obra intensiva", agregó.

Las plantaciones que cultiva Ranger en Colonia Delicia (también llamado Colonia María Magdalena), en el departamento de Eldorado, tienen más de 60 años. Fue su padre quien comenzó con la actividad, y él y su mujer continuaron su legado.

"Es terrible lo que estamos viviendo: tendríamos que haber cosechado hace dos meses. Nos estamos fundiendo trabajando, produciendo y generando fuentes de trabajo", afirmó el productor, quien además, explicó que al igual que sucede con los tambos, donde las vacas deben ser ordeñadas porque sino padecen enfermedades, en el caso de las plantaciones, los ejemplares sufren estrés si no son cosechados en tiempo y forma.

Actualmente, dentro de las economías regionales el problema existe con mayor magnitud en el sector citrícola y en el de yerba mate porque están en plena recolección.

"Con la pandemia esto se acrecentó debido a las mejoras que tuvieron las asignaciones: hoy una familia con cuatro hijos puede estar cobrando aproximadamente entre 70 y 80 mil pesos entre los distintos beneficios. Si se los pone en blanco para trabajar en una cosecha pierden ese dinero. Es entendible que no acepten: mientras que al plan lo cobran todos los meses, el trabajo golondrina o de cosecha dura aproximadamente entre dos o tres meses, y luego deben pasar a otra producción", explicó Vernengo.

En tanto, destacó que desde CAME quieren que ambas opciones sean compatibles, es decir, que el trabajador siga cobrando los distintos beneficios del Estado, pero a su vez, que puedan ir a las fincas sin que se dé de baja la asignación y que logren recuperarlo una vez que termina la zafra.

"Necesitamos que este tema sea tratado en el Senado. Es muy importante recalcar que lo que estamos pidiendo no tiene costo fiscal porque la mayoría de los trabajadores a los que nos referimos ya son beneficiarios de un plan", detalló el ejecutivo.

En tanto, la entidad empresarial que representa realizó una presentación de esta problemática a principios de enero. "El poder Ejecutivo tiene la forma de resolver el tema de forma inmediata como lo hizo con el personal doméstico, es decir a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), donde hizo compatible que puedan cobrar su salario y además, los planes sociales. Esto fue firmado por los 23 ministros, incluido el titular de la cartera de Agricultura, Luis Basterra", destacó Vernengo.

Millones de limones tirados en el piso

Ranger, de 59 años, explicó que no perdió $50 millones, según se difundió . "Hicieron el cálculo con el precio de la fruta a mercado y nuestro limón va a fábrica, es de invierno, y tiene otro valor mucho menor. Los 200.000 mil de naranjas sí eran para fruta fresca", recalcó.

Según detalló, para la recolección solamente logró contratar a 10 personas, cuando necesitaba al menos 30 en total. "Perdimos toda la cosecha por falta de mano de obra. No se puede recuperar nada, la fruta está sobremadura. Cuidamos la plantación los 12 meses del año: fertilizamos, pulverizamos, todo para irse a la quiebra", afirmó.

Además, destacó que esta problemática no es de ahora, sino que surgió hace más de una década. "Es un problema estructural. Con el gobierno de Mauricio Macri pasó lo mismo. Los planes sociales fomentan el trabajo en negro, es una contradicción enorme. Hay varios proyectos de ley presentados en el Senado y Diputados pero están parados, no se mueven", concluyó.

Informe de falta mano de ob... by Todo Noticias

La Sala III de la Cámara de Apelaciones de Paraná dejó sin efecto este viernes la medida cautelar de "congelar las cuotas de los Planes de Ahorro de automóviles hasta que se resolviera el fondo del litigio", por lo que los ahorristas deberán abonar el total de las cuotas, conforme el precio de cada automotor. A su vez, dejó sin efecto las sanciones contra los Planes.

Los ahorristas deberán abonar el total de las cuotas conforme el precio de cada automotor.

El juez de primera instancia, Martín Furman, había decretado como medida cautelar "el congelamiento de las cuotas hasta que se resolviera el fondo del litigio", en diciembre de 2019, luego de una acción colectiva de las familias autoahorristas de Entre Ríos afectadas por "los aumentos desproporcionados de las cuotas de los autos cero kilómetro" y promovida por el Centro de Orientación Defensa y Educación del Consumidor (CODEC) contra la totalidad de los planes de ahorro de automotores, destaca Informe Digital.

Esta decisión fue apelada por todos los Planes de Ahorro y este viernes la Sala III de la Cámara de Apelaciones de Paraná dejó sin efecto la medida cautelar, por lo que los ahorristas deberán abonar el total de las cuotas, conforme el precio de cada automotor, y a su vez deja sin efecto el astreintes (son las sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial) contra los planes de ahorro por invocar que los mismo no habían cumplido con la cautelar.

Las abogadas Mariela Panceri y Sandra López, apoderadas de Codec, señalaron en diciembre de 2019 que el juez de primera instancia, Martín Furman, dio lugar a la medida cautelar que solicitaron durante el juicio contra Chevrolet S.A. y otros planes de ahorro por "los aumentos desproporcionados de las cuotas de los autos cero kilómetro".

La resolución decretó el congelamiento de los valores de las cuotas y el valor móvil de los vehículos a los valores de julio de 2019, y tuvo un alcance para "todos los usuarios y consumidores de la provincia, sin necesidad de realizar trámite previo alguno".

Asimismo, se determinó que quedan excluidos del fallo todos los que utilicen el vehículo adjudicado para su actividad comercial.