Se puso en vigencia la Ley que promueve la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19, para su utilización en estudios y tratamientos en pacientes que lo requieran. Los donantes voluntarios serán reconocidos como "ciudadanos solidarios destacados de la República Argentina".

Entró en vigencia la Ley donación voluntaria de plasma sanguíneo

Se trata de la Ley 10.835 que, con la promulgación y población en el Boletín Oficial, se pondrá en marcha a fin de contribuir en el contexto de pandemia por Covid-19. La misma establece un plan estratégico para regular el uso del plasma sanguíneo de pacientes recuperados de la enfermedad con fines terapéuticos. Dicha iniciativa fue impulsada por los diputados Ángel Giano y Jorge Cáceres.

En tanto que el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa de Hemoterapia, será la autoridad de aplicación que determinará los requisitos para ser donante, además de cumplimentarse con todas las exigencias para ser un donante de sangre habitual conforme a la Ley Nacional N°22.990; e impulsará durante la vigencia de la emergencia sanitaria, campañas de difusión y concientización que aborden la importancia de la donación de plasma sanguíneo por parte de pacientes recuperados de la patología, como posible método de tratamiento para pacientes infectados.

Por otro lado, será el Estado el responsable de definir la administración de plasma sanguíneo de pacientes recuperados e inmunizados de Covid-19 para aquellas personas que estén cursando la infección como posible tratamiento. También, podrá estimular la promoción del desarrollo de actividades de investigación y pondrá en marcha un Registro de Pacientes Recuperados de Covid-19.

CONSENTIMIENTO

Según la norma, el donante, previo a la donación y luego de recibir toda la información adecuada y completa del procedimiento, "deberá suscribir un consentimiento informado, en donde exprese que su donación se efectúa con destino al desarrollo del tratamiento de pacientes que estén cursando la enfermedad Covid-19".

En ese marco, los pacientes recuperados de Covid-19 donantes de plasma sanguíneo y que sean trabajadores que se desempeñen bajo relación de dependencia, en el ámbito público o privado, "gozarán de una licencia especial remunerada de un día por cada donación de plasma sanguíneo que realicen", por lo que la licencia "no podrá implicar afectación salarial alguna, descuentos, ni la pérdida del presentismo, ni cualquier otro beneficio laboral o adicional salarial que perciba el trabajador".

Un hombre deberá donar plasma, insumos médicos por 30.000 pesos y cuatro horas semanales de trabajo por un año al hospital San Vicente de Paúl, de la ciudad de Orán, en el norte salteño, al quedar imputado por la propagación del Covid en esa localidad, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata del primer paciente de Orán que contrajo Covid-19, imputado por propagación de la enfermedad y, tras cuatro meses de proceso, la investigación penal abierta en junio fue cerrada con una audiencia de acuerdo pleno.

Allí, el juez de revisión, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, homologó la suspensión de juicio a prueba propuesta por las partes.

En la ocasión, se resaltó la conducta del acusado, quien donó plasma inmediatamente después de recuperarse, siendo esta una de las condiciones incluidas dentro del acuerdo presentado ante el juez.

En la audiencia, el fiscal federal José Luis Bruno, junto a la auxiliar María del Carmen Núñez, en representación de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, presentaron el caso, las pruebas y el acuerdo con la defensa a fin de cerrar el conflicto.

El fiscal señaló que las actuaciones penales se iniciaron el 16 de junio, cuando se formalizó la imputación penal contra un joven de Orán por el delito de "propagación de una enfermedad contagiosa", establecido en el artículo 202 del Código Penal.

La fiscalía explicó que la acusación surgió de una investigación preliminar abierta tras conocerse públicamente que el acusado, quien trabajaba como ayudante de un transportista jujeño, había violado las medidas sanitarias impuestas en el marco de la pandemia del coronavirus.

Su conducta provocó el contagio de otras ocho personas, entre amigos y familiares, quienes luego se recuperaron.

Una vez formalizada la imputación, la fiscalía avanzó con una serie de diligencias probatorias, en tanto el imputado cumplió con las medidas de libertad sustitutiva impuestas.

En la necesidad de arribar a una "salida de mayor calidad del sistema", la fiscalía solicitó la aprobación del acuerdo arribado con la defensa, a través del cual el imputado deberá cumplir con una donación de 30 mil pesos, a pagar en cuotas mensuales y en materiales de insumos y otros elementos médicos, para el hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán, 270 kilómetros al norte de Salta Capital.

Asimismo, se dispuso una carga de trabajo comunitario de cuatro horas semanales por un lapso de un año, también en beneficio del hospital.

El acuerdo, ante la consulta del magistrado, fue consentido por el imputado, cuya conducta una vez iniciada las actuaciones penales fue tenida en cuenta y resaltada en la audiencia, pues se mantuvo aislado y en cumplimiento de las medidas sanitarias en curso.

En ese marco, se destacó la donación de plasma por parte del acusado, realizada en dos ocasiones, como así también el compromiso del resto de su grupo familiar, quienes quedaron a disposición de las autoridades sanitarias.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) advirtió este miércoles por el uso de medidas terapéuticas sin "evidencias concretas que muestren su utilidad clínica" y recordó quelos tratamientos contra el coronavirus, como el plasma de convaleciente, la ivermectina y el ibuprofenato inhalado, entre otros, son "experimentales".

"Desde la SADI vemos con enorme preocupación la forma en la que organismos gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales están alentando, de muchos modos, la utilización de medidas terapéuticas para Covid-19 carentes de evidencias concretas que muestren su utilidad clínica", señaló la entidad en un comunicado firmado por el infectólogo Omar Sued, presidente de la SADI.

"Plasma de convaleciente, vitamina D, suplementos de zinc, carragenina nasal, ivermectina e ibuprofenato inhalado integran el arsenal de los tratamientos experimentales que son prescriptos sin pruebas válidas de su eficacia a la fecha", advirtió.

El documento, que había sido publicado en septiembre y se reiteró recientemente por la difusión de diversas noticias sobre algunos de estos tratamientos, recordó que "la experiencia de los estudios con hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, mostró de modo palmario cómo aquellas drogas que creímos genuinamente útiles al principio de la pandemia, y a las que expusimos crudamente a nuestros pacientes, finalmente no lo eran, e incluso producían efectos adversos graves".

"Asimismo -continuó- la evidencia del plasma de convaleciente muestra hasta el momento la ausencia de beneficios en su administración", en tanto que sobre el suero equino alertó que "se encuentra en fase de estudio clínico cuyo resultado no se conoce aún".

"La promoción de terapias que no han mostrado utilidad en el contexto de un ensayo clínico adecuadamente diseñado produce en los pacientes, resultados inciertos; en la sociedad, expectativas infundadas, y en el sistema de salud, gastos innecesarios y probablemente superfluos", sostuvo.

Además, indicó que sobre los "ya muy estresados efectores de salud se agrega un nuevo estrés al soportar la demanda de terapias no beneficiosas por parte de pacientes y familiares".

El documento expresa que "el cuidado respiratorio precoz de los enfermos graves con COVID-19, los cuidados críticos adecuados y la dexametasona son medidas probadamente eficaces para mejorar la evolución de los pacientes con COVID-19 y deben destacarse".

"El uso de cualquier otra herramienta terapéutica sólo debe ser aceptable en el contexto de ensayos clínicos aleatorizados y controlados. Es nuestra responsabilidad señalarlo", afirma el comunicado.