Según pudo saber El Debate Pregón, el Ejecutivo tiene previsto presentar una nueva propuesta salarial al gremio, aunque hasta el momento no trascendió el monto ni las condiciones de la oferta. La respuesta del Sindicato dependerá de ese planteo, que será analizado durante la reunión.

La última instancia de negociación había concluido con un cuarto intermedio, luego de que el SOEM reclamara mayor información sobre los sueldos y adicionales, además de una mejora en la recomposición salarial. En esa oportunidad, el gremio sostuvo que las liquidaciones no reflejaban con claridad los montos de los incrementos, y pidió precisiones al área de Recursos Humanos del Municipio.

El conflicto se originó a raíz de las diferencias entre el aumento ofrecido por el Ejecutivo y el porcentaje que considera adecuado el Sindicato, que agrupa a trabajadores de distintas dependencias municipales.

Mientras tanto, los representantes gremiales mantienen su postura de que cualquier acuerdo debe garantizar una recuperación real del salario frente al costo de vida, en tanto el Ejecutivo busca cerrar la paritaria local, sin afectar el equilibrio financiero del Municipio.

El resultado de la reunión de este jueves será clave para definir los pasos a seguir en el conflicto, que se encuentra en una etapa decisiva tras varias semanas de negociaciones sin acuerdo.

l proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, contó con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda, sectores del radicalismo y aliados eventuales del oficialismo como los sanjuaninos de Producción y Trabajo y los monobloques de Lourdes Arrieta y Mario Barletta. En cambio, fue rechazado por La Libertad Avanza, el PRO y los radicales de la Liga del Interior.

La ley declara la emergencia del sistema de salud pediátrica por un año y establece medidas para garantizar el funcionamiento del Garrahan. Incluye la recomposición salarial del personal sanitario —incluidos los residentes nacionales— al nivel real de noviembre de 2023, la exención del impuesto a las ganancias en horas críticas, y la reasignación de partidas presupuestarias por parte del Ejecutivo para cubrir los costos operativos del hospital.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto fiscal anual de $133.000 millones. El oficialismo cuestionó el gasto, mientras que desde la oposición defendieron la urgencia sanitaria.

El debate fue abierto por el diputado peronista Pablo Yedlin, presidente de la comisión de Salud, quien advirtió que “está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan”, donde en 2024 se atendieron más de 350.000 niños. Subrayó además que “la mitad de los trasplantes pediátricos del país se realizan allí”.

Por su parte, el diputado Facundo Manes (Encuentro Federal) remarcó que “en el Garrahan no se atienden números, se salvan vidas”, y advirtió que la salud pública está estrechamente ligada al desarrollo económico y humano del país.

En contraste, la diputada libertaria Juliana Santillán acusó a los impulsores de la ley de “armar una ingeniería legal para instalar estructuras donde van a estar los kirchneristas”, y defendió el modelo de gestión actual: “Ya no se gasta sin control, ya no se multiplica la demanda administrativa, mientras faltan médicos”.

Desde el radicalismo, la diputada Gabriela Brouwer de Koning expresó que el Garrahan es “la única esperanza” para muchos niños, aunque pidió que el Estado garantice eficiencia en el uso de los recursos y controles para evitar la corrupción. En ese marco, mencionó que su bloque presentó una propuesta alternativa para reasignar partidas sin generar nuevos gastos.

El dictamen aprobado establece que se debe garantizar el acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica en hospitales públicos y priorizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. También se incluye la posibilidad de utilizar reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Con este resultado, la oposición se encamina a consolidar en el Senado la aprobación de una ley que pone al Gobierno frente a un nuevo desafío político y fiscal.

En el debate legislativo de este miércoles obtuvo media sanción el proyecto de Ley de autoría del Poder Ejecutivo por el que se crea el Régimen Integral de Niñez y Adolescencia. En el recinto se encontraban presentes trabajadores del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y referentes gremiales.

Al respecto, el senador Jorge Maradey (Gualeguaychú- Frente Justicialista) explicó: “Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de contar con una normativa actualizada y acorde a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de la niñez y adolescencia. De esta manera, procura garantizar el pleno ejercicio de los derechos, así como la transversalización de la perspectiva de derechos humanos y género en todas las políticas y acciones relacionadas con estas temáticas. Por otro lado, la creación y regulación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia como un organismo independiente e imparcial, tiene como objetivo principal velar por la supervisión y garantía de sus derechos. Esta figura se encargará de supervisar la existencia de programas, servicios y organismos que garanticen el acceso a derechos y el ejercicio efectivo de los mismos.

Luego, el legislador se refirió al recorrido del proyecto en el ámbito parlamentario destacando que el texto final “es producto de un trabajo conjunto y consensuado entre distintos actores y sectores involucrados en la temática”. Dijo, además, que se hicieron “modificaciones vinculadas a la técnica legislativa y a la forma en que nombramos a los sujetos de la ley”.

Seguidamente, Maradey destacó: “Se escucharon las propuestas de los gremios UPCN y ATE, quienes nos pusieron en conocimiento de las demandas de los trabajadores y trabajadoras del organismo. Demandas que fueron en gran medida receptadas en la presente iniciativa. También invitamos a las autoridades de los colegios de Psicología, de Psicopedagogía y de Trabajo Social que brindaron su aporte disciplinario y específico sobre esta temática.

Tras mencionar y detallar las modificaciones propuestas al proyecto, tales como la carga horaria, régimen de licencia, capacitaciones, incompatibilidades adicionales, entre otros, el senador manifestó: “Considerando todos estos aportes, creo que tenemos un texto homogéneo, tanto en su redacción como de fondo, y que hemos logrado aportar a la integralidad que esta ley propone”. Y solicitó a sus pares el voto positivo para otorgar la media sanción de la iniciativa.

Por su parte, la senadora Nancy Miranda (Federal- Frente Justicialista) pidió la palabra y expresó: “Quiero destacar hoy a los promotores de derecho, a cada uno de los profesionales que están en las residencias”. Y continuó: “Esta ley viene a reconocer un poco el trabajo y a darle un poco de derecho porque es verdad, no contaban con licencia como el resto de los trabajadores, ni tenían los días que necesitaban como cualquier trabajador”.

“Quiero destacar el trabajo de todos los que trabajan en cada una de las residencias a nivel provincial, pero en particular a la del Departamento Federal”, cerró la legisladora.

Al culminar la sesión, Ceferino Benítez, de la Comisión Directiva de ATE, presente en el recinto durante media sanción del proyecto, manifestó: “Es un aliento, es un reconocimiento al esfuerzo de todos los trabajadores del Copnaf que hace años vienen luchando por esta ley. Y hoy se hizo realidad y la verdad que nos llena de orgullo haber estado en las manifestaciones, en la asamblea, haber motivado a la gente. Agradecer sobre todo al acompañamiento de ATE que siempre ha estado en esta lucha de los compañeros”.

En esta línea comentó: “Las sugerencias que nosotros hicimos han sido aceptadas, y otra, como por ejemplo la licencia de 30 días, que no la habíamos contemplado nosotros”. Benitez recordó “los tres puntos históricos de lucha del Copnaf: reducción horaria, adicional y jubilación anticipada”. De los tres pedidos, lograron dos. “Nos vamos satisfechos de este recinto porque había compañeros que hace 20 años estaban luchando por esto y hoy es una realidad”.ES LEYSiguiendo con el debate legislativo, se convirtió en ley el proyecto que establece el Régimen de Fiscalización y Registro de las Personas Jurídicas de la Provincia de Entre Ríos, el que deroga el régimen establecido por la ley Nº 6963.

El senador Maradey, como presidente de la Comisión de Legislación General, pidió la palabra y fundamentó: “Esta iniciativa es conocida por todos nosotros debido a que en 2021 le dimos media sanción, convencido de que era hora de actualizar este régimen que actualmente sigue regulado por decreto ley 6.963 de 1982. Sabemos de la importancia de la dirección de inspección de persona jurídica porque la dinámica de las diversas actividades que se desarrollan en nuestro territorio nos ha llevado a involucrarnos en las formas asociativas en las que se organiza nuestra población”.

Y continuó: “Gratamente esta gestión ha agilizado, profesionalizado, asesorado, supervisado y controlado a las asociaciones de modo tal que ya no es inaccesible y por el contrario sus integrantes logran cumplir sus objetivos sociales cada vez de manera más idónea. Este texto que hoy nos llega en revisión es una letra de consenso y trabajo conjunto de las distintas esferas estatales y sociales donde quiero particularmente recetar el trabajo del doctor Lisandro Amavet y su equipo como así también el de los eslabones del Ministerio de Gobierno que nos han dado la satisfacción en muchas oportunidades de hacer la entrega a nuestra gente que tanto lo ha añorado de sus papeles. Lo digo así porque sabemos bien lo que es tener los papeles, la formalidad transformada en dignidad para muchas cooperadoras, asociaciones y fundaciones que dejan el alma en su labor. Por esta razón para cumplir con esta importante tarea fue necesaria esta iniciativa que hoy vuelve desde la Cámara de Diputados con algunas correcciones en la remisión a la normativa de fondo y otras adecuaciones de redacción. Estas modificaciones tuvieron recepción en un dictamen favorable y unánime de comisión por lo cual espero hoy demos la sanción definitiva”, dijo el legislador.

Es el punto nodal desde donde se tejen las relaciones de poder y la influencia del Estado en el cotidiano de la sociedad civil. A partir de estas líneas y de lo que sucede en la actualidad, es relevante preguntarnos lo siguiente: ¿Qué lugar ocupa Alberto Fernández en la administración estatal del momento?.

Los resquebrajamientos internos del Frente de Todos, la crisis económica y los escándalos políticos y mediáticos alrededor de la pareja presidencial han devaluado la palabra de Fernández. No sólo esto, han mermado su legitimidad como autoridad de la coalición oficialista. Esta situación deriva en un vacío del Poder Ejecutivo y en una incertidumbre en relación al escenario político nacional. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién maneja los elementos políticos del Estado? ¿Existe consenso entre el Presidente y su Vice a la hora de gestionar la cosa pública? ¿Quién marca la dirección alrededor de la políticas económicas a tomar en relación a los problemas macroeconómicos que atraviesa el país?.

Con el dólar volando, con la inflación incontrolable y con el salario de los trabajadores que se desploma, la institución que representa el Presidente debería ser fuerte y dinámica, con la suficiente autoridad para marcar el camino a seguir y poder escoger los funcionarios idóneos para llevar adelante las políticas que considere necesarias. Siempre bajo el consenso y la eficiencia. Pareciera no ser el caso.

La figura de Alberto Fernández está cada vez más devaluada. Luego de la derrota de las PASO y con las generales a la vuelta de la esquina, el sector más duro del Kirchnerismo decidió convocar a la vieja tropa para intentar asegurar un mínimo de gobernabilidad de cara a los próximos años de gestión y, también, para tensar las relaciones de poder dentro del Frente de Todos a su favor.

Las archiconocidas declaraciones de la Diputada Vallejos surgieron en esta línea. Desgastar y cercar la autoridad de Alberto Fernández. Luego de esto, se finiquitaron los reemplazos de los funcionarios de confianza del Presidente y sus cambios por personalidades del gabinete Kirchnerista de años anteriores. Todas estas cuestiones forman parte de un proyecto cuyo objetivo es desplazar a Fernández de las decisiones importantes. Pareciera que dentro del oficialismo ya decretaron su fin de gestión. Actualmente se está experimentando un gobierno llevado adelante por los sectores más afines a Fernández de Kirchner. Todo por fuera de la figura testimonial de Alberto.

¿Qué lugar ocupa actualmente el Presidente?. Entre los vaivenes de la política nacional es complejo determinarlo. Fernández ya se comporta más como una figura mediática que como eje de poder. Desfilar y dar entrevistas parecen sus principales funciones antes que la de gestionar la administración estatal.

En fin, con una interna desplegada a la vista de todos y un Presidente que ya casi practica un papel testimonial, es difícil observar qué tipo de respuestas le puede brindar el oficialismo a las problemáticas y demandas de la sociedad civil. Es clave comprender que las luchas internas no pueden comprometer el cotidiano colectivo del país.

Por Julián Lazo Stegeman

En esta fecha y establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 21.430 de 1949, se recuerda el 4 de Septiembre de 1812, cuando el primer Triunvirato firmó un decreto que decía "(...) el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio (...)" De esta forma la República Argentina abrió sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisiesen vivir en este suelo.

Desde mediados del siglo XIX llegaron inmensos grupos de inmigrantes, principalmente contingentes de españoles e italianos, y en menor medida rusos, franceses, polacos, sirios, libaneses, judíos y armenios, que sin saber muy bien a dónde se dirigían fueron tentados por la posibilidad de un destino mejor que el que Europa, o su lugar de origen, les ofrecía. Las colectividades se afincaron y formaron pueblos, barrios e instituciones, en los que trataron de conservar sus costumbres. Si bien muchos inmigrantes no eran obreros calificados, afinidades idiomáticas y religiosas facilitaron su integración. Ellos fueron pioneros y civilizadores a la vez, hombres y mujeres de bien que llegan para a trabajar y para engrandecer nuestras tierras. Nuestro proceso de construcción de país se desarrolló abriendo las puertas a todo aquel extranjero que deseaba radicarse en este territorio de América para concretar su sueño de trabajo y progreso.

Casi todos nosotros descendemos de inmigrantes, crecimos escuchando las historias de padres, abuelos o bisabuelos que un día decidieron emigrar de su tierra y eligieron Argentina para radicarse. Hoy, tras dos siglos de constante inmigración, podemos afirmar con orgullo que en la Argentina conviven en armonía las más diversas colectividades de todo el planeta.

El Debate Pregón saluda a todos los inmigrantes y a sus descendientes que son nuestros copoblanos, ya argentinos, ya entrerrianos, ya gualeyos, que han sabido fusionar su cultura con la nuestra, para enriquecer nuestra su idiosincrasia.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos dio media sanción el proyecto de ley por el que autoriza al gobierno provincial a proceder a la capitalización de la Empresa de Energía de Entre Ríos -ENERSA, entre otras iniciativas tratadas.

La cámara alta celebró la décima segunda sesión ordinaria del 142° período, presidida por la vicegobernadora Laura Stratta. Durante la sesión se dio media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, ambos con dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por el cual se autoriza a disponer la capitalización de la Empresa de Energía de Entre Ríos -ENERSA por un monto de hasta 1.087.790.000 pesos.

El monto será destinado a la Ejecución de las obras referenciadas en el Convenio Marco y Convenio Específico para la Tercer Etapa de Obras para el desarrollo del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica de la provincia de Entre Ríos. La capitalización autorizada se integra con los recursos que, con carácter de aporte no reintegrable, se recibirán desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios dependiente del Poder Ejecutivo de la Nación, en el marco del indicado.

Asimismo también se aprobó el proyecto de resolución por el que se presta el acuerdo constitucional solicitado por el Poder Ejecutivo para nombrar Agente Fiscal de la ciudad de Federal a la abogada Susana Griselda Irurzun (expediente N° 13.928).

Al respecto, el senador Horacio Amavet (Uruguay- Frente Justicialista), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, se refirió a la audiencia pública, desarrollada el 11 de agosto y leyó la resolución correspondiente.

Fue tras la presentación de un amparo que hizo un grupo de diputados de Juntos por el Cambio y ordenó al Gobierno dar a conocer, en un plazo de 5 días, el listado de los funcionarios "estratégicos" a los que se les aplicó la vacuna contra el Covid-19, en medio de las denuncias por la existencia de una Vacunación VIP.

Este lunes, la Justicia hizo lugar a un recurso de amparo presentado por un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio y ordenó al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 5 días "provea la información pública solicitada oportunamente y no evacuada consistente en la nómina de funcionarios públicos del Gobierno de Entre Ríos que en virtud de haber sido considerados y/o calificados como ´personal estratégico´ fueron inoculados con alguna/s dosis de la/s vacuna/s contra el Covid 19, fecha de su inoculación y especificación de la tarea de gestión, conducción y funciones estratégicas desarrolladas por cada uno de los funcionarios vacunados que merecieran haber sido incluidos en el listado en cuestión".

La resolución, que firmó el juez Hugo Perotti, vocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, hizo lugar a una presentación hecha el 13 del actual mes por los diputados Esteban Amado Vitor, Juan Domingo Zacarías, José César Gustavo Cusinato, Rosario Ayelén Acosta, Julián Maneiro, Sara Foletto, María Gracia Jaroslavsky, Eduardo Solari, Uriel Maximiliano Brubpacher, Nicolás Alejandro Mattiauda y Lucía Friné Varisco, con el patrocinio del abogado Juan Carlos Arralde.

Antes de acudir a la Justicia habían presentado un pedido de acceso a la información pública al Poder Ejecutivo el 31 de marzo, a través del cual solicitaron al gobernador Gustavo Bordet "información específica relacionada con la nómina de funcionarios públicos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial que habían recibido alguna o las dos dosis del esquema de vacunación contra el COVID 19 bajo la invocación de ser considerados como ´personal estratégico´ a la par que se solicitaba conocer la fecha de su inoculación y el criterio utilizado para su calificación como tal precisándose la tarea de gestión, conducción y funciones cumplidas para su inclusión bajo dicha categoría".

Pero vencido el plazo de ley para que se respondiera esa petición, el 16 de abril último, el Ejecutivo no brindó la información requerida. Al respecto, argumentaron "el acceso al conocimiento de las personas que en su ´rol estratégico´ como funcionarios públicos fueron tempranamente inoculadas y sin respetar el orden de prelación organizado conforme al Plan Rector de Vacunación contra el Covid 19 diseñado por el Ministerio de Salud de Entre Ríos se revela como una postulación de que los y las amparistas formulan para saber en detalle la identidad concreta de las personas beneficiadas con una preferencia oficial en el suministro de los sueros.

El interés público comprometido en la especie, la sensibilidad que despierta en la opinión pública una posible irregularidad de procedimientos en el acceso a las vacunas y la necesidad de satisfacer una concreta inquietud ciudadana removiendo los obstáculos del desconocimiento terminan por calificar al asunto de un carácter que debe calificarse como público, transparente y sencillo de brindar".

Anoche el Poder Ejecutivo promulgó la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia 287/21 por el cual determina las medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.

Ante esto, el Municipio local adhiere al Decreto Nacional 334/21, el cual ya se encuentra en vigencia, desde hoy sábado 22 hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

Y el cual establece que la circulación podrá realizarse en las cercanías del domicilio entre las 6 y las 18hs; y que quedan totalmente suspendidas las reuniones sociales y familiares.

Se permiten las salidas de esparcimiento en espacios públicos, al aire libre, de cercanía y de manera individual. Es decir, no se permiten las prácticas recreativas grupales.

Los comercios No Esenciales podrán trabajar bajo la modalidad de retiro en el local o con entrega a domicilio de 6 a 18 hs.

Asimismo, es un hecho que podrán tener sus puertas abiertas para el ingreso y egreso de personas en el horario de 6.00hs a 18.00hs, con todos los protocolos correspondientes, aquellos que comercialicen alimentos, productos de limpieza, garrafas de gas, como así también veterinarias, ferreterías y talleres mecánicos. En lo que respecta a estaciones de servicio y farmacias de turno, podrán trabajar las 24hs del día.

Luego de las 18hs, está totalmente prohibida la circulación, solo podrán hacerlo aquellas personas que tengan un permiso habilitante, o estén atravesando por una urgencia y tengan manera de comprobarlo.

En cuanto a gastronómicos, despensas y kioscos, luego de las 18hs podrán funcionar solamente bajo la modalidad delivery y hasta las 22hs, sin excepción.

Aquellos trabajadores que tengan que circular luego de las 18hs, deberán contar con un permiso. En este caso, si son empleados, el empleador se los deberá otorgar.

La sesión del próximo jueves en que la Cámara de Diputados tratará el proyecto de legalización del aborto será con una modalidad mixta entre la presencialidad y la virtualidad, con la mayoría de los legisladores en el recinto.

Según indicaron fuentes legislativas a NA, las diferentes bancadas llegaron a un acuerdo para que la sesión del 10 de diciembre, en que se votará la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, sea con todos sentados en sus respectivas bancas.

Los únicos que podrán participar de manera remota serán aquellos que tengan más de 60 años o tengan alguna de las enfermedades que los ubiquen dentro de los grupos de riesgo ante un eventual contagio de coronavirus.

Las personas que tengan menos de 60 años y posean alguna enfermedad deberán presentar ante las autoridades de la Cámara baja un certificado médico para avalar tal condición y así quedarán habilitados para sumarse a la sesión de manera remota.

El pasado viernes los diputados habían continuado el tratamiento del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de un plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud, y Mujeres y Diversidad.

De acuerdo a lo consensuado entre las distintas bancadas, el dictamen se firmará de forma presencial el próximo miércoles, lo que habilitará a llevar la discusión al recinto un día después.