Ruth, ¿cuál es tu función dentro del Poder Judicial?

-Trabajo como Oficial de Prueba. Es un rol que forma parte de los institutos de la condena condicional y la suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation. Ambos mecanismos tienen como finalidad evitar la conflictividad social y aliviar la sobrecarga de los juzgados, especialmente en casos menores cuya pena no supera los tres años.

¿Qué tareas específicas realiza un oficial de prueba?

-Nos ocupamos del control de las reglas de conducta que se imponen a los probados —personas que accedieron a la probation— y a los condenados condicionales. En Paraná hay nueve oficiales de prueba, y en el resto de la provincia somos ocho, aunque está prevista la designación de uno más en breve.

¿Cuál es la diferencia entre condena condicional y libertad condicional?

-Es importante no confundirlas. La condena condicional se aplica a personas que han sido condenadas pero cumplen la pena en libertad, bajo ciertas reglas de conducta. En cambio, la libertad condicional es un beneficio que puede solicitar alguien que ya está privado de la libertad, tras cumplir ciertos requisitos. Esa situación la controla el Juez de Ejecución Penal, no nosotros.

¿Qué tipo de reglas de conducta deben cumplir los probados y condenados condicionales?

-Las reglas están establecidas en el Código Penal y pueden incluir trabajos no remunerados en instituciones de bien público, donaciones, escolarización para quienes no hayan terminado la primaria o secundaria, capacitaciones en oficios, y tratamientos psicológicos o por adicciones. Es un catálogo amplio y diverso.

¿Cómo se articula ese trabajo con las instituciones?

-Trabajamos mucho con clubes, escuelas y organizaciones comunitarias. Cada año buscamos que más instituciones se sumen, ya que son ellas las que reciben a estas personas para que cumplan sus tareas. En el caso de los probados, hay que recordar que siguen gozando del principio de inocencia, a diferencia de los condenados condicionales.

¿Cómo se realiza el seguimiento de estas personas?

-El control es sistemático y regular. Puede ser mensual o bimestral, según lo que dispongan los jueces de garantías o el Tribunal de Justicia y Apelaciones. Las personas deben presentarse en la oficina con una planilla que certifica el cumplimiento de sus tareas. Si no lo hacen, se informa el incumplimiento y el caso pasa a manos del fiscal o de la parte querellante, que puede solicitar una audiencia de revisión de reglas.

¿Qué ocurre cuando hay un incumplimiento?

-Yo tengo más de 400 legajos activos, es imposible ir detrás de cada persona. No es nuestra obligación perseguirlos, sino que ellos deben cumplir. Las instituciones colaboran muchísimo: son quienes firman las planillas y nos informan si alguien no se presentó. Si citamos a una persona y no viene, lo hacemos por segunda vez. Si vuelve a faltar, se informa el incumplimiento. Cuando eso ocurre, el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece que el caso queda en manos del fiscal o de la parte querellante. Sin embargo, si la persona se presenta voluntariamente y retoma sus tareas o tratamientos, debemos informar a los jueces, fiscales y defensores que ha vuelto a cumplir. Es una forma de reconocer su voluntad de reinserción.

¿Desde cuándo existen estas medidas alternativas?

-Son institutos relativamente nuevos. En Entre Ríos comenzaron a aplicarse con la reforma del Código Procesal Penal, que incorporó criterios de oportunidad y creó las oficinas de medidas alternativas a la prisión. La reforma fue en 2009, pero el Código empezó a regir en distintas partes de la provincia a partir de 2013.

¿Tenés datos que reflejen el impacto de estas medidas?

-Sí, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos elabora estadísticas. Hasta junio de 2025, el 46,2% de las personas con causas penales están en unidades carcelarias, mientras que el 52,8% transita medidas alternativas como la probation o la condena condicional. Es muchísimo. Y todo esto requiere capacitación constante: nuestro trabajo es arduo, aunque muchas veces no se note.

Además de tu rol como oficial de prueba, ¿tenés formación especializada?

-Sí, me especialicé en derecho penal y también en derecho penitenciario. Soy diplomada en ciberdelincuencia y tecnologías aplicadas a la investigación, un área en la que sigo capacitándome. Participo en OCEDIC, el Observatorio de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital de la Universidad Austral, donde trabajamos con la fiscal Daniela Dupuis. Desde allí se investigan y derivan casos de abuso sexual infantil y reproducción de imágenes a las provincias correspondientes.

También formo parte del programa OCECID va a la Escuela, que es federal y se enfoca en la prevención. Damos charlas en todo el país. En Entre Ríos, trabajo junto al doctor Pedro Fontanetto, de Paraná. Actualmente somos tres diplomados en ciberdelincuencia en la provincia.

Además, colaboro con OCEDIC en una investigación sobre reformas al Código Penal y a los códigos procesales penales provinciales. Estoy en actividad permanente, me apasiona el derecho penal.

¿Tu trabajo implica entrevistas con personas en probation o condena condicional?

-Sí, permanentemente. También elaboramos informes y revisamos cumplimientos. Hay situaciones especiales: problemas de salud, embarazos de riesgo, actividades laborales. En esos casos, informamos a los órganos judiciales para que evalúen cómo adaptar las

¿Qué pasa si no cumplen?

-Afortunadamente, es un porcentaje menor. Pero si no cumplen, se les puede revocar el beneficio. Los condenados condicionales han reconocido su culpabilidad y transitan la pena en libertad, sujetos a reglas. Si incumplen o tienen otra causa, pueden pasar a prisión efectiva.

¿Las condenas condicionales tienen un límite de tiempo?

-El Código establece entre dos y cuatro años, aunque puede haber condenas de uno, tres o cuatro años. Las reglas de conducta no siempre coinciden con el plazo de la condena. Eso depende del delito y de las condiciones personales.

¿Puede haber condena condicional en casos de homicidio?

-En principio no, porque la pena mínima para un homicidio es de ocho años. Pero todo depende de la investigación. Puede haber partícipes o personas involucradas en otros delitos relacionados que sí reciban condena condicional. No es una regla matemática: cada caso se analiza según sus circunstancias.

¿De quién dependés institucionalmente?

-Dependo del doctor Fabricio Amateis , director ejecutivo de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), que a su vez depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. En Gualeguay, la OMA tiene dos áreas: la oficina de seguimiento de reglas de conducta —donde trabajo— y la oficina de Mediación Penal, a cargo de la doctora Analía Ahibe.

¿Cómo es el trabajo en otras localidades?

-En Villaguay, por ejemplo, no había oficina hasta hace poco. Los oficiales de prueba de Paraná cubríamos más de una jurisdicción. Por eso se solicitó la designación de nuevos cargos; hay muchas causas y también se busca mejorar el servicio de justicia. Yo viajaba a Villaguay, atendía dos días y recorría 192 km de ida y 192 de vuelta. Bien contaditos, desde la puerta de mi casa hasta el juzgado de paz.

Por último, ¿cómo está estructurado el fuero penal en Gualeguay?

-Tenemos dos Juzgados de Garantías, cuatro Fiscalías y un Tribunal de Juicio y Apelaciones. El Juez de Paz es el doctor Federico Ántola. Los jueces de garantías son la doctora Alejandra Gómez y el doctor Sebastián Elal. El tribunal de juicio y apelaciones está integrado por los doctores Darío Ernesto Crespo, Dardo Tortul y Javier Roberto Cadenas. En cada causa hay un sorteo y puede intervenir uno solo como vocal.

También hay Cámaras de Casación en Paraná y Concordia. El fuero penal es complejo y ha recibido muchas modificaciones. No todas las ciudades tienen Tribunal de Juicio y Apelaciones, por eso muchos casos vienen a Gualeguay.

Agradecemos a la Dra. Ruth Estapé las explicaciones que nos ofreció acerca de su cargo, el alcance del mismo y la aclaración de funciones de las distintas dependencias.

El disparador de su texto son dos preguntas: De ahí en más continua su respuesta: ¿Qué opina de la posible eliminación de la figura de femicidio del Código Penal? ¿Lo ve posible en términos reales? Respondiendo a la primera parte de la pregunta, en efecto, ya es de conocimiento público el interés de la administración actual de derogar la figura del femicidio. Con posterioridad al discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, donde dedicó parte de su tiempo a criticar la “ideología woke”, vinculándola con feminismo, inmigración, ambientalismo e ideología de género, se expidió en la red social X el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y cito su textual: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino. Porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Como dijo el Presidente Javier Milei en Davos, el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad que únicamente busca privilegios poniendo a una mitad de población en contra de la otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre. Sin importar nuestro sexo, somos todos iguales ante la Ley y merecemos la misma protección y respeto”.  

Se refiere, en concreto, a la pretendida derogación del inciso 11 del art. 80 del código Penal, incorporado por ley 26791 en el año 2012 y que prevé el femicidio como figura agravada del homicidio al que matare: “A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, conminando el accionar con pena de reclusión perpetua o prisión perpetua. De este modo, aunque sin mencionarlo expresamente como sucedió en otros países, se introdujo la figura del femicidio. Con esta disposición se sanciona de manera adecuada esta violencia específica, dando cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres. Aunque resulte una verdad de perogrullo, vale la aclaración ante tantas imprecisiones,  no toda muerte de una mujer en manos de un hombre será femicidio. Sólo lo será si mediare violencia de género. 

Esta ley, que ya cumplió más de una década, mereció la aprobación en ambas cámaras del Congreso con un porcentaje pocas veces visto en los anales legislativos de un 99,5%. Desde entonces, a nadie se le ha ocurrido la idea de quitarla del catálogo represivo. Empero, reciente e inauditamente, se sostiene que resulta “un privilegio hacia la mujer”. Si se nos permite la digresión, es un absurdo considerar tal aserto, ya que resultaría estimar que se trataría de un beneficio o gracia otorgada “post mortem” a una mujer que ya es cadáver por el accionar de un hombre. 

No obstante que a nivel gubernamental se intente vanamente minimizar, las cifras de femicidio en Argentina son claras y alarmantes. A este respecto, el 11 de noviembre de 2024, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que coordina La Casa del Encuentro, puso en conocimiento que en el país desde el 1° de enero al 31 de octubre de 2024, se cometieron 217 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios, 5 trans-travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños. De este total de 243 víctimas, el 63% fueron asesinadas en sus hogares y el 54% lo fueron en mano de sus parejas o ex parejas. Un dato que impacta además del resto, es que 276 hijas e hijos quedaron sin madre y que, el 52 % de los mismos, son menores de edad. Esta estadística debiera provenir de registros oficiales pero, ante su ausencia, el espacio es cubierto por la citada Asociación Civil. Entre Ríos, marca una excepción, como mencionaremos más adelante ya que cuenta con el Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia (REJUCAV), y actualizado, lo que es un dato importante dado que no podemos decir lo mismo del    Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se encuentra actualizado, ya que su última estadística dada a conocer data de 2023. 

Si con los argumentos esgrimidos en pos de la pretensa derogación del agravante (femicidio) se pretende cimentar la propuesta, no solo queda en evidencia un presunto desconocimiento de la temática, sino, y lo que es más grave aún, una supuesta ignorancia supina que no es otra cosa que desconocer lo que se debe saber o se puede saber, máxime teniendo en cuenta cargos y representatividades sean estos a resultas de elección popular o por designación gubernamental. 

Hablamos de presunto desconocimiento y de supuesta ignorancia pero, en nuestra opinión, y sin lugar a dudas, la posición planteada se alza como una majestuosa y flagrante irreverencia hacia los derechos humanos, sumado a ello un despliegue de ignorancia presuntuosa, asumiendo poseer conocimiento de lo que se desconoce en la temática que nos ocupa (y que no les preocupa, en absoluto, conocer). No podemos estar desprevenidos de que lo expuesto, es parte de algo más profundo y que encuentra pábulo en la propia ideología conservadora porque, para esta, resulta inaceptable el reconocimiento de derechos humanos en pos de una igualdad real y no formal. Esta reacción conservadora queda patentizada en lo que han dado en llamar “ideología de género”. Lo que conduce a una discusión estéril alejándonos del verdadero nudo de la cuestión: los grupos vulnerables o en estado de vulnerabilidad, que verían avasallados los derechos que tanta lucha insumiera en pos de su reconocimiento. 

Ello así,  por cuanto el Ministro de Justicia y todos los funcionarios que se encuentran encolumnados en igual sentido, aluden solamente a una cara de la moneda: la igualdad formal o igualdad ante la ley prohijada por el art. 16 de la Constitución nacional de 1853, haciendo gala de una visión más cercana a la del pensamiento liberal clásico, de cariz individualista, descontextualizada de cada individuo, que no contempla el grupo en el que se encuentra sometido a ciertos tratos o prácticas sociales como consecuencia de ser de ese grupo, dejando de lado la otra cara: la igualdad material, de hecho o real que busca corregir las desigualdades sociales y terminar con las situaciones de discriminación. 

Dicho lo cual,  manifestamos nuestra adhesión al criterio sostenido por el jurista y académico Roberto Saba, quien propone una visión estructural de la igualdad concibiendo relevante la situación de la persona individualmente considerada como integrante de un grupo sistemáticamente excluido. Esta perspectiva, se encuentra receptada por nuestra Carta Magna, al introducir con la reforma de 1994, el art. 75 inciso 23. Este inciso reformula el tradicional principio de igualdad –liberal–, incorporando como complemento una mirada estructural y establece además un dispositivo constitucional totalmente novedoso como la creación de las medidas de acción positiva, también denominadas acciones afirmativas o medidas de discriminación inversa respecto de determinados grupos vulnerables socialmente. 

Sin hesitar, nuestra constitución, a diferencia de otras, no es neutra y toma partido en cuanto a igualdad real de oportunidades y de trato respecta. La disposición citada prevé a cargo del Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular, en lo que aquí respecta de las mujeres (trata también niñez, personas adultas mayores y con discapacidad. 

A esta altura, deviene en cita obligada el bloque convencional de derechos humanos conforme art. 75 inc. 22), que la Reforma de 1994 incorporó a la Constitución Nacional, otorgándoles jerarquía constitucional. Del que mencionaremos,  por su correspondencia con el tema en tratamiento, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocida como CEDAW por sus siglas en inglés, en cuanto su art. 4, inciso 1, dispone lo siguiente: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato”.

 Consecuente con lo expuesto y, ante una realidad que nos pone de frente que, en nuestro país cada 27 hs. una mujer muere a consecuencia de la violencia sexista,  a la hora de reflexionar sobre el progreso y logros para eliminar la violencia de género, nos encontramos hoy por hoy, en un punto ciego.  Por un lado, ONU mujeres informa, en su página oficial, que el 60 por ciento de todos los homicidios de mujeres (51.000) son cometidos por una pareja o alguien más de la familia. Cada día, 140 mujeres y niñas mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia, lo que significa que una mujer o niña muere cada diez minutos. “La violencia contra las mujeres y niñas puede evitarse. Necesitamos leyes sólidas, mejor recopilación de datos, mayor responsabilidad gubernamental, una cultura de tolerancia cero y más financiamiento para las organizaciones por los derechos de las mujeres y los organismos institucionales. A medida que nos acercamos al 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 2025, es hora de que el liderazgo mundial se una y actúe con urgencia, renueve sus compromisos y canalice los recursos necesarios para poner fin a esta crisis de una vez por todas”, conforme destaca la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous. Por otro lado, pareciera que nuestro país ignora esta realidad, de lo contrario no se explica cómo Argentina -Estado miembro originario de la ONU- el 14 de noviembre de 2024, fue el único país que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General en pos de asumir el compromiso sobre intensificar la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas. A nuestro entender, un retroceso lamentable y palmaria violación a lo que nos obligamos con la antes citada Convención de Naciones Unidas (CEDAW)  lo que sin duda alguna, es darle la espalda al bloque convencional de derechos Humanos, conforme reforma constitucional de 1994 y a la supralegalidad en el orden interno (arts. 31 y 75, incs. 22 y 24, de la CN), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención De Belém do Pará”, aprobada por nuestro país en 1996 por Ley 24.632, la que dispone que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia como así, el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida.

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar, sin pretensión de agotar el tema, a la Ley 26.485/09 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales (y sus reformas), que supera una primera etapa en lo que a evolución legislativa respecta, ya que con anterioridad se ponía foco en la violencia doméstica sin distinción de género. Ya que antes de esta ley, la violencia constituía una manifestación del ejercicio del poder masculino sobre los demás miembros del grupo, en un espacio reducido y como era de práctica, secreto de la intimidad de la familia, arropando los malos tratos como una cuestión privada del ámbito familiar. Esta segunda etapa, que toma inicio con la Ley de Protección Integral citada, implicó un avance importante en la lucha contra el fenómeno de la violencia sexista, instalando sin subterfugios una problemática tal proteger de la violencia a la mujer por razón de su género. Otro avance lo encontramos en la conceptualización de los distintos tipos de violencias, como son la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y sus modalidades: violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, en los espacios públicos, pública-política y digital o telemática. Ley Nacional a la que Entre Ríos adhiriera inicialmente en el año 2011 con la sanción de la Ley 10.058 y en el 2022, con el dictado del  “Nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género”, conforme Ley 10.956. Una tercera etapa de este proceso legislativo lo fue la incorporación de los delitos de género en el Código Penal, tal es el caso del que aquí nos ocupa: el femicidio. 

No obstante la existencia del plexo normativo citado, al que sumamos la “Ley de Reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género” (Ley 27.452), más conocida como “Ley Brisa”, hoy día no observamos la implementación de políticas públicas contra la violencia de género, como tampoco campañas en pos de su prevención, sanción y erradicación, ni de ayuda y protección a sus víctimas.

Colofón de todo lo expuesto, y de cara a la pregunta inicial en cuanto a la posibilidad de eliminar en términos reales la figura del femicidio del código penal,  entendemos que tal pretensión no sería factible, porque no resistiría el control de convencionalidad facultad/deberque todas las autoridades y órganos de un Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, tal el caso de nuestro país, está obligado a ejercer ex officio, conforme ya lo tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Almonacid Arellano y otros contra Chile, del 26 de septiembre de 2006.  

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anuló el proceso por el cual se destituyó a Cecilia Goyeneche, fue una sorpresa para el gobierno provincial. Primero se esperaba que el máximo órgano judicial del país rechace la presentación de la peticionante con el 280, artículo del Código Civil y Comercial con el que no se hace lugar a los recursos.

Una vez que esto no sucedió, aún con optimismo, se esperaba un rechazo con el argumento de que no era conveniente que la Corte se entrometa en el derecho público provincial. Cuando se consultaba sobre el dictamen del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, se hacía referencia a un comportamiento de cuerpo. No podía desairar al Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. 

Lo cierto es que vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), operadores de Casa Gris y peronistas con llegada a la Corte tenían la certeza de boca de los propios cortesanos que el fallo dejaría vacante la Procuración Adjunta. Nota al pie: Página Política dio cuenta, en enero pasado, que el operador Guillermo Seita estaba trabajando sobre Ricardo Lorenzetti un voto en favor de Goyeneche. Este elemento, quizás, sirva para entender que el caso de la doctora fue, desde el inicio, un tema nacional como lo ha planteado este medio.  

Goyeneche contó con una cadena nacional en el primetime garantizada por un “foro” de periodistas porteños en los principales medios de Buenos Aires. La periodista de La Nación, Paz Rodríguez Niell, fue la autora de un hecho disruptivo para lo que se venía publicando. Luego de un viaje a Paraná, donde se interiorizó en el tema, entrevistó a la fiscal enjuiciada sin dejar un interrogante al azar, lo que descolocó a los lectores que veían en ese matutino la partitura que querían que se ejecute. El canal del matutino se consagró como el 6,7,8 de la doctora, bromean hasta quienes la estiman. Lo mismo corre -en menor medida- para los medios del Grupo Clarín.

Cuando el Jurado de Enjuiciamiento se constituyó y abrió causa, Goyeneche encaró el proceso con el asesoramiento del publicista Carlos Fara, que como reveló este medio, estuvo contratado en la Legislatura en el bloque del PRO, lo que indicaría que fue esa la forma en que se financió sus prestaciones. ¿Contrato trucho? Antes de que se iniciara la primera audiencia, el entonces diputado nacional del PRO Waldo Wolf la apoyó en Twitter. Lo mismo hizo su par Patricia Bullrich. Juntos por el Cambio, en su versión entrerriana, estaba dispuesto a no sentar una posición, pero a último momento se difundió un comunicado con la firma de los diputados nacionales por Entre Ríos, entre ellos Rogelio Frigerio. Circuló, por esos días, la versión de que la rúbrica del ahora gobernador había sido introducida sin su consentimiento y que la presión vino del lado de Mauricio Macri. Wolf y Bullrich fueron los ejecutores de la escudería.

Las audiencias en que Goyeneche era juzgada contaron con público importado de Buenos Aires: Las Mabeles, un grupo de señoras que esperaban a la doctora enjuiciada en la explanada de los tribunales para vitorear a su heroína con carteles de su rostro, que se mezclaban con los de los vocales que debían juzgarla con inscripciones insultantes. Evidentemente estaban informadas, porque la procuradora adjunta ya los había denunciado penalmente. El packaging incluía el rostro de Cristina Kirchner, que no fue  juzgada ni condenada en esta jurisdicción, pero forma parte de una narrativa.

Las Mabeles integraban en aquel año 2022 Equipo Republicano, un colectivo que se identificaba con Javier Milei, pero articulaba con sectores del macrismo. Un meticuloso informe de la revista Anfibia dio cuenta ese mismo año de las relaciones entre activistas libertarios y del PRO. Casi una avant premiere de la película que vendría.  

Las señoras mantuvieron reuniones el 20 de junio, 10 y 14 de julio, y 8 de agosto de ese año, 2022, con Wolf, un hombre de la embajada de Estados Unidos según confesó a Página Política un conocido con despacho en Casa de Gobierno. Entre paréntesis: Wolf, actual subsecretario de Seguridad de Jorge Macri en la Ciudad, fue uno de los que llamó a Goyeneche durante una de las jornadas del jury para solidarizarse.

La doctora quizás desconozca toda esta trama y posiblemente la ignore, porque se jactó públicamente de no leer este medio. Prefiere ver publicaciones en la que hablan bien de ella; o donde ella habla bien de ella.

En el Gobierno no todas las hipótesis coinciden. El post de Macri en su cuenta de X celebrando el fallo de la Corte en favor de Goyeneche le aclaró el panorama a algunos. Sin embargo, para otros, la figura del Presidente sobrevuela en toda esta historia.

FUENTE: Página Política

En ese sentido, Alarcón comenzó señalando: “Es una lucha que viene desde hace más de 20 años al interior del Poder Judicial donde lo que estamos pidiendo los Trabajadores Sociales es el reconocimiento de la misma categoría que tienen los otros profesionales que integran los equipos técnicos con nosotros, que son psicólogos y psiquiatras, que tienen una categoría superior, cuando en realidad trabajamos en lo cotidiano las mismas  problemáticas a diario e integramos el mismo equipo técnico”.

“Queremos tener igual categoría. No es un interés por lo remunerativo, sino en el hecho del reconocimiento de nuestra profesión en la tarea judicial de tantos años. La inclusión de los Trabajares Sociales en el Poder Judicial es anterior a la de cualquier otra profesión”, añadió.

Por su parte Scabini expresó: “Acá nosotros trabajamos en equipo, somos cuatro integrantes del equipo, somos un juzgado multifuero porque es el único equipo que hay en la ciudad, así que si bien nuestra prioridad es y nos abocamos a las tareas del Juzgado de Familia, colaboramos con fiscalía, con la Cámara, también con el Juzgado de Paz de Galarza que no tiene equipo y con todo el departamento Gualeguay”.

“Nuestra tarea es diversa, intervenimos en diferentes situaciones, violencias, adopciones, los jóvenes que están en conflicto con la ley penal, restricciones a la capacidad, son muchas las intervenciones que llegan al Juzgado de Familia”, explico.

En tanto, Alarcón mencionó: “Esta lucha viene desde hace mucho y se han hecho reclamos durante estos 20 años, incluso se agotaron todas las vías administrativas, luego hubo un grupo de colegas que iniciaron también un juicio donde nunca hubo una definición de decir un no porque no nos corresponda, sino que siempre fue como un Ni, justificando que iban a ver el próximo presupuesto y demás y eso nunca llega”. 

“Entonces, en esta instancia, hace unos días a partir de varias reuniones con el gremio de Ajer y con nuestro colegio profesional decidimos salir y contar para visibilizar esta lucha porque sentimos que si no lo salimos a decir nunca va a pasar nada. Necesitamos que este reconocimiento se de”.

Así, Scabini comentó: “Hay mucha gente que está acompañando este reclamo que ha sido ininterrumpido. Ahora lo que está previsto para la semana que viene es una reunión donde van a estar representantes de Ajer, de nuestro colegio profesional y de otros colegios profesionales para seguir pensando en cómo vamos a seguir llevando a cabo este pedido que tenemos. Como logramos esta re categorización”.

Alarcón, asimismo, indicó: “Acá en Gualeguay solo somos nosotras dos. Éramos tres trabajadores sociales, pero cuando una colega se jubiló ese cargo se trasladó a otra jurisdicción lo cual incrementa el trabajo de manera importante por la complejidad social  en la que vivimos y que cada vez se acentúa más y requiere nuestro trabajo al cien por cien. Siempre hace falta más personal, pero eso va por otra vía”.

“No nos quejamos de la cantidad de trabajo que tenemos para nada, todos los que formamos el equipo trabajamos con mucha vocación y hemos tenido momentos complicados, como fue también toda la etapa de pandemia de adaptar modalidades y herramientas de intervención que eran desconocidas y lo hicimos y hemos tenido muchos logros”, finalizó. 

Poder Ejecutivo: El art. 87 dispone que éste poder sea desempeñado por un ciudadano con el título de “Presidente de la Nación” (es unipersonal). Sólo pueden ser elegidos para el cargo los argentinos nativos o por opción, pero sólo aquellos que son hijos de ciudadanos nativos nacidos en el extranjero que hayan optado por la ciudadanía argentina. El Presidente es elegido para un período de cuatro años a través del voto popular directo, y en doble vuelta (en caso de no obtener más del cuarenta y cinco de los votos afirmativos). También tiene la posibilidad de ser reelecto por un solo período consecutivo. Lo acompañan el Vicepresidente, elegido por el mismo período y con misma modalidad del Presidente. El jefe de Gabinete de Ministros y ministros (Fuente: www.casarosada.gob.ar).

También está el Poder Legislativo: A cargo del Congreso de la Nación compuesto por dos cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de Senadores de las Provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. La Presidencia del Senado es ejercida por el Vicepresidente de la Nación, que no tiene voto, salvo en caso de empate. Es parte integrante aunque haya sido elegido constituyendo la fórmula presidencial. Ésta cámara está compuesta de tres senadores por provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta por seis años, renovable por tercios cada dos años, correspondiendo dos bancas al partido político con la mayoría de votos y la restante al partido que le siga. Por su parte, la Cámara de Diputados (con 257 miembros elegidos en forma directa por cuatro años y reelegibles, renovables por mitad cada bienio) (Fuente: www.casarosada.gob.ar).

Es momento de hablar del Poder Judicial: Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina y los tribunales inferiores, se encargan de administrar justicia. La Corte Suprema de Justicia está compuesta jueces nombrados por el Presidente con el acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura administra el Poder Judicial y tiene a su cargo la selección mediante concurso público de los magistrados de los tribunales inferiores. El Ministerio Público es un organismo independiente con autonomía funcional y financiera para a la promoción de la actuación de la justicia en defensa de los intereses de la colectividad, estando integrado por un Procurador General y un Defensor General de la Nación (Fuente: www.casarosada.gob.ar).

A su vez, a toda esta cuestión expresada en los párrafos de más arriba, existe un tema muy importante e imposible de omitir: la división entre estos tres poderes. ¿Qué forma de gobierno adopta nuestra Constitución? Representativa, federal y republicana. En lo que respecta a este último concepto, se basa en la división, control y equilibrio entre los 3 Poderes: el Poder Legislativo: que hace las leyes. El Poder Ejecutivo: que ejecuta las leyes. El Poder Judicial: que interpreta las leyes y las hace cumplir a través de sus sentencias (Fuente: www.argentina.gob.ar).

La polémica frase vertida por Alberto Fernández en el programa A dos Voces, conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano para TN, en donde dijo que “alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman... hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani” es terrible porque desde el discurso público, el Presidente impacta negativamente en los cimientos del orden republicano y los elementos que lo sostienen. La causa sobre la muerte de Nisman aún está abierta. En este sentido, los demás poderes, siguiendo la división antes mencionada de los mismos, pueden interferir ya sea mediante dichos o acciones. La irresponsabilidad de

Fernández a la hora de declarar y olvidarse de que es el Presidente lleva al límite los conceptos constitucionales de nuestro país.

Cuando un Presidente no mantiene la capacidad de respetar el régimen constitucional en sus declaraciones, es deber de la sociedad civil hacérselo notar. Ninguna institución ni ningún administrador del Estado puede pasar por adelante de ella, ni en hechos ni en dichos.

La razón que esgrimieron en Tribunales para justificar el pago de los haberes de Goyeneche fue que el veredicto que la removió de su puesto de Fiscal Adjunta por mal desempeño de funciones “no está firme”. La instancia de apelación ante el propio Jurado  y luego su pase al Superior Tribunal y posteriormente a la Corte Suprema no tiene plazos definidos, por lo que esta situación continuaría por largo tiempo.El haber mensual que percibe Goyeneche pese a no trabajar ronda el millón de pesos, según informaron fuentes tribunalicias a esta Agencia. Esto es producto de la alta retribución del cargo y de que se contabiliza la antigüedad de una manera particular: no desde que ingresó a la Justicia, sino desde que juró como abogada. Este criterio no es privativo del caso, sino que ocurre con todos los abogados que se desempeñan en el Poder Judicial.

Fuente: APF

La inscripción comenzará el 27 de junio próximo y se extenderá hasta el 6 de julio venidero. El formulario se encontrará habilitado desde las 7 del día de inicio de inscripción y finalizará a las 13 de la última jornada y el trámite será vía electrónica 

La convocatoria, es para el cargo de escribiente, a fin de cubrir las vacantes existentes y las que se produzcan durante la vigencia del concurso en todas las jurisdicciones de la provincia.

Los postulantes podrán inscribirse para concursar hasta en dos jurisdicciones de la provincia como máximo. 

Para postularse, las personas interesadas deberán completar y adjuntar la documentación requerida en el formulario, que estará disponible en la página web del Poder Judicial de Entre Ríos (www.jusentrerios.gov.ar).

Las personas interesadas deberán tener 18 años o más, ser argentinas o naturalizadas y poseer título secundario. Además, a través de la página web del Poder Judicial –www.jusentrerios.gov.ar- deberán presentar copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), certificado de antecedentes penales y certificado de discapacidad vigente.

Para efectuar la carga de la documentación requerida dispondrán de un video instructivo que contará con un intérprete de lengua de señas y también de un formulario redactado de manera simple.

En todo el diseño de la convocatoria, que forma parte de un concurso abierto de ingreso al Poder Judicial, la Dirección de Gestión Humana trabajó en forma conjunta con el Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI).

El tribunal estará integrado por las vocales Claudia Mizawak y Gisela Schumacher, y por el vocal Bernardo Salduna, en tanto que la secretaria será Fernanda Baima.

De acuerdo a lo informado, el temario del examen incluirá los siguientes tópicos: derechos y garantías fundamentales del imputado; derechos de la víctima de un delito; sujetos procesales; actos procesales y términos; actividad procesal inválida o defectuosa; competencia; normas fundamentales de la investigación penal preparatoria; apertura de la causa, archivo y desestimación; medidas de coerción y de injerencia; y práctica probatoria.

También, incluye según el comunicado enviado a El Entre Ríos, los siguiente temas: procedimiento abreviado; suspensión del juicio a prueba, mediación y conciliación; sobreseimiento del imputado; recursos durante la IPP (Investigación Penal Preparatorio); Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; régimen de la acción; principio de legalidad y oportunidad de la acción; violencia y perspectiva de género; narcomenudeo; régimen penal de la niñez y de la adolescencia; delitos sexuales; jurisprudencia sobre los tópicos detallados en este temario.Fuente: El Entre Ríos - SIC - STJ.

"El Gobierno provincial, a través del Ministro de Economía, nos aseguró que una vez finalizada la emergencia se iban a aplicar los porcentajes que la Corte hubiese otorgado, menos los que la Provincia pagó durante ese período. Eso reclamamos y es lo que no se cumplió", explicó a esta Agencia el secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), Mario Brnusak

También se refirió a las declaraciones de Bordet, quien sostuvo que el personal judicial se encuentra en una "situación de privilegio" frente al resto de los empleados públicos, ya que sus incrementos salariales están atados a los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "El Gobernador dice que somos privilegiados, pero para nada lo somos. En el Poder Judicial trabajan actualmente más de 2500 personas, contando empleados, funcionarios y magistrados en toda la provincia. Se cubren organismos jurisdiccionales de más de 50 localidades a lo largo y ancho de Entre Ríos. No se crea ningún cargo nuevo si no viene acompañado de su correspondiente presupuesto; y se ingresa al Poder Judicial y se asciende a través de concursos. En pandemia estuvimos trabajando y, de acuerdo a los datos estadísticos que el mismo Poder Judicial publicó, el nivel de trabajo fue igual o superior a años anteriores", enumeró el titular de AJER.

Respecto a la ley de enganche, aseguró que "por datos estadísticos, durante los cinco años anteriores a la ley de emergencia, el Poder Judicial de la provincia recibió un 6% más que el resto de la administración pública; si lo dividimos por los cinco años es un 1,2% más y sin ningún día de paro. Previo a la ley de emergencia estuvimos trabajando 10 años, con la ley de enganche vigente, sin ningún conflicto. Por eso decimos que no somos ningunos privilegiados", subrayó.

En diálogo con APFDigital, Brnusak aseguró que ahora aguardan ser convocados por el Gobierno a una mesa de discusión para poder debatir la situación. "Nosotros intentamos, desde hace muchísimo tiempo, llegar al Gobernador y no hemos podido. Él tiene su punto de vista y nosotros el nuestro; bueno, encontremos un punto en común. Pero para eso hay que sentarse a dialogar y no hemos tenido esa oportunidad porque no nos convocan", lamentó.

"De acuerdo a lo que dijo el Gobernador, no hay motivo para que hagamos paro. Nosotros decimos que sí tenemos motivo y estamos diciendo cuál es: se nos dijo una cosa y no se está cumpliendo, el Gobernador ha faltado a su palabra", acusó el gremialista.

· Adhesión

En relación al paro de 48 horas iniciado este miércoles, Brnusak expresó: "Hay un acatamiento muy alto, superior al 90% en todo Entre Ríos". Detalló que se registró un 100% de adhesión en Villaguay; 95% en Concordia; 97% en Victoria; 95% en Colón; 100% en Diamante y también en Chajarí; 95% en Gualeguaychú; 82% en La Paz; 75% en Nogoyá; 100% en Tala; 87% en Paraná; 98% en Uruguay; 95% en Gualeguay; y 90% en Federación.

"Estamos muy contentos por la cantidad de compañeros y compañeras que han venido de distintos lugares de la provincia", sostuvo el gremialista y en el mismo sentido agregó: "Mucha gente se plegó y mucha gente ha venido a movilizarse hoy: es la manera que tienen de canalizar el descontento".

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos recordó que, de acuerdo al régimen de rotación anual de inhábiles, durante el corriente año corresponde conmemorar el "Día de la abogacía" el lunes 30 de agosto.

Por tal motivo, la actividad en los Tribunales de la Provincia será como la de un día feriado. Habrá guardias mínimas para casos de urgencia, no se atenderá al público, ni se celebrarán audiencias y se suspenderán los plazos procesales.

Sin embargo se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas al 0800-444-MESA (6372), y estarán a disposición de la población las Mesa de Información Permanente, ubicadas en los tribunales de las ciudades de Paraná y Concordia.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos recordó que, de acuerdo al régimen de rotación anual de inhábiles, durante el corriente año corresponde conmemorar el "Día de la abogacía" el lunes 30 de agosto.

Por tal motivo, la actividad en los Tribunales de la Provincia será como la de un día feriado. Es por ello que en el Poder Judicial, habrá guardias mínimas para casos de urgencia, no se atenderá al público, ni se celebrarán audiencias y se suspenderán los plazos procesales.

Sin embargo se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas al 0800-444-MESA (6372), y estarán a disposición de la población las Mesa de Información Permanente, ubicadas en los tribunales de las ciudades de Paraná y Concordia.

El STJ, inicia una nueva etapa de funcionamiento, disponiendo la actividad de todos los organismos, judiciales y administrativos, a partir de este 5 de agosto de 2021. Las disposiciones fueron adoptadas en Acuerdo General y en el marco de las medidas sanitarias -COVID-19-"

De esta manera se resolvió llevar a cabo el retorno a la presencialidad de los agentes del Poder Judicial, de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Habilitar la presencialidad del personal del Poder Judicial según la capacidad de cada espacio físico, de acuerdo a lo establecido por el Departamento Médico de la Jurisdicción o el Área de Salud Ocupacional.

b) Si por motivos de espacio, el personal de un organismo no pudiera concurrir íntegramente en turno matutino, deberá disponerse su concurrencia en dos turnos -matutino y vespertino- pudiendo organizarse su rotación.

c) Autorizar la realización de concursos, audiencias, juicios y todo otro acto procesal o administrativo que deba celebrarse de manera presencial, con estricto cumplimiento del distanciamiento y todas las medidas de prevención establecidas en los protocolos sanitarios vigentes. Asimismo, encomendar a las Oficinas de Gestión de Audiencias -OGAs- la confección de un listado de salones alternativos para la realización de audiencias.

d) Restablecer el uso de relojes biométricos para control horario.

e) Reforzar la asignación de elementos de higiene y seguridad imprescindibles para el desempeño judicial.

Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos dispuso establecer el siguiente esquema de trabajo, a partir de ayer y hasta nueva disposición:

- Asistencia presencial con un aforo máximo del 50 por ciento por organismo, durante el turno mañana (07:00 a 13:00 hs) y hasta tres (3) agentes durante el turno tarde (14:00 a 20:00 horas) -de manera opcional-, manteniendo el teletrabajo para el resto de los agentes.

- El personal de maestranza deberá continuar con sus tareas y horarios habituales, garantizando la desinfección diaria en ambos turnos, en su caso.

- La Mesa de Información Permanente mantendrá la atención presencial desde las 07:00 y hasta las 23:00 hs.

- Autorizar a las áreas que requieran presencialidad de manera exclusiva (intendencia, oficina de notificaciones y demás) a ampliar el personal de manera presencial, según la necesidad del servicio.

- Todos los actos procesales deberán realizarse de manera telemática (audiencias, entrevistas, y otras), salvo que ello resulte de imposible cumplimiento. En tal caso, podrán realizarse actos presenciales, siempre que los mismos no superen un máximo de 10 personas.

- Autorizar la celebración de audiencias que prevean la presencialidad de hasta 10 personas, y celebrar de manera telemática aquellas que puedan efectuarse de ese modo.

- Encomendar a la magistratura a cargo de las Superintendencia de cada jurisdicción, la gestión de salones alternativos a los judiciales, cuando estos últimos no cumplan con los requerimientos sanitarios, elevando la propuesta respectiva al Superior Tribunal para su aprobación.

- Restringir el acceso de personas ajenas al Poder Judicial a los edificios de Tribunales, respetando el sistema de turnos, audiencias programadas u otras citaciones.

- Dar cumplimiento estricto a los protocolos sanitarios aprobados; realizar rondas médicas semanales; encomendar a las autoridades de cada organismo el control activo del cumplimiento de los protocolos y utilización de elementos de bioseguridad.

- Suspender la realización de los juicios por jurado programados, durante el lapso alcanzado por la medida.

Las medidas fueron adoptadas visto el decreto provincial 1499/2021; la situación epidemiológica y sanitaria por la que transita la provincia de Entre Ríos. La reducción de la presencialidad no supone la disminución de la capacidad de respuesta del servicio de justicia, dado que la planta de personal continúa trabajando.

El STJ, consideró conveniente mantener la modalidad de trabajo desarrollada; no obstante, habiendo recogido una serie de pautas que propician un mejor funcionamiento del servicio de justicia.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que en la región "se utilizó al Poder Judicial para destruir la memoria de los pueblos", al compartir un encuentro virtual con el exmandatario de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, durante el cual se concretó la firma del Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Patria y el Instituto Lula.

El Instituto Patria "fue refugio contra todos los procesos de persecución que se desarrollaron en nuestro país; persecución a quienes habíamos conducido los destinos de la patria, precisamente en elecciones libres, populares y democráticas. Como le pasó a Lula también, como le pasó a Rafael Correa en Ecuador y como le pasó a Evo Morales también en Bolivia", dijo la exmandataria.

En la región "se utilizó al Poder Judicial para destruir la memoria de los pueblos", sostuvo Cristina Kirchner, al exponer junto a Lula da Silva, en la primera conferencia virtual, "Desafíos de la Política Exterior Soberana en América Latina", organizada por las dos organizaciones no gubernamentales, que fue transmitida en directo en los dos países por todas las plataformas y redes de ambos Institutos.

En ese marco, la vicepresidenta contextualizó que antes se "utilizaban las Fuerzas Armadas para desalojar a los gobiernos nacionales y populares" pero ahora se utilizan a "sectores del Poder Judicial en el armado de causas que destruyeran, fundamentalmente, a los dirigentes nacionales, pero sobre todo la memoria en el pueblo de lo que esos gobiernos habían logrado en materia de progreso social, de conquistas de derechos".

La pandemia

En otro orden, aseguró que en el marco de la pandemia "las diferencias" entre Norte y Sur se reflejan en el desigual "acceso a las vacunas" contra el coronavirus, en alusión a la enorme concentración de dosis por parte de los países centrales.

"Lo que está atravesando el mundo es algo inimaginable. Absolutamente nunca pensamos en esta nueva guerra con un enemigo invisible", evaluó la vicepresidenta, en un mensaje grabado desde su despacho en el Senado de la Nación

Y advirtió que "las diferencias que se daban entre el norte y el sur tal vez en materia de ingresos, de generación de autonomía, de industrialización, ahora se dan mucho más abajo. En el acceso a las vacunas, por ejemplo, que es el acceso a la vida".

Por otra parte, Cristina Fernández destacó la importancia de la firma del convenio Marco de Cooperación entre el Instituto Patria y el Instituto Lula, que, dijo, servirá para la formación de dirigentes con "nuevas ideas" y que posibilitará "nuevas articulaciones" entre ambos países.

En ese contexto, la vicepresidenta destacó la "relación afectiva" que la une con el Instituto Lula, porque fue de esa organización que "tomamos la idea", de conformar el Instituto Patria.

Lula sobre la integración regional y de América Latina: "Fue un momento maravilloso, esperanzador, de luz"

Al igual que Cristina Kirchner, el expresidente de Brasil, dejó un mensaje grabado, en el que aseguró estar "muy feliz" de firmar el "primer convenio entre el Instituto Lula y el Instituto Patria" que, dijo, ayudará a la formación de "futuros dirigentes" políticos y sindicales de ambos países.

El exmandatario y favorito en todas las encuestas de cara a las futuras elecciones presidenciales que se celebrarán en Brasil en octubre del próximo año, destacó la "fortaleza de lo construido" por ambas naciones a través de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández que "rescató a la Argentina" y demuestra que "es posible construir otra América del Sur y América latina", con derechos.

Lula, quien antecedió en el uso de la palabra a la expresidenta, recordó la histórica Cumbre de las Américas desarrollada en el 2005, en la ciudad de Mar del Plata, donde "dijimos ´No al Alca´", el Tratado de Área de Libre Comercio de las Américas, que impulsaba los Estados Unidos, con el apoyo de Canadá y sus países aliados en la región.

Ese hecho marcó el inicio del proyecto emancipador de la Patria Grande, que los presidentes Néstor Kirchner, Hugo Chávez (Venezuela) y Luiz Inácio Lula da Silva imaginaron e impulsaron para la región, en un intento por romper la hegemonía de los Estados Unidos en Latinoamérica.

El exmandatario de Brasil reivindicó además el afianzamiento de la integración regional y de América Latina logrado en esos años, con el "fortalecimiento" del Mercosur, la creación de la hoy extinta Unasur.

"Fue un momento maravillo, esperanzador, de luz", definió Lula, al tiempo político en el que la región era gobernada en su mayoría por líderes progresistas, que hicieron de América Latina un "bloque político, económico y cultural fuerte" como nunca antes en la historia.

"Nuestras economías comenzaban a crecer, nuestros trabajadores comenzaban a participar y América Latina estaba en un proceso de construcción de su orgullo", completó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil.

Para el final de su exposición, el exmandatario dejó un mensaje "esperanzador" para la región, donde, dijo "Alberto Fernández recuperó la Argentina, (el presidente, Luis) Arce recuperó Bolivia. Son tiempos importantes para recuperar la esperanza de que es posible construir otra América Latina".

Antes de las palabras de Cristina Fernández y Lula da Silva, los presidentes ejecutivos de ambos Institutos, Oscar Parrilli (Instituto Patria) y Marcio Pochman (Instituto Lula), celebraron la firma del Convenio Marco entre las dos organizaciones no gubernamentales, un ejemplar en portugués y un ejemplar en castellano.

En el acto, se dio formal apertura del curso bilateral denominado "Un proyecto común: Integración y soberanía", coorganizado por la "Comisión de política exterior soberana" de los dos espacios de formación, cuya presentación estuvo a cargo de Parrilli y Pochman.

"El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos; los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de Entre Ríos; la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER) y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (AMFJER) conforme a la normativa convencional y constitucional vigente, rechazan y repudian todo tipo de violencias", se indicó en un comunicado enviad a esta Agencia.

El STJ así lo ha dispuesto por Acuerdo General N° 24/20 del 20-10-20, Punto 1°), el Ministerio Público de la Defensa por Resolución N°104/2020 del 30-10-20; el Ministerio Público Fiscal por Resolución N°131/2020 del 04-11-2020; la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos por Resolución del 04-12-20 Y AJER por Resolución DEL 5-12-20.

En este marco, se ha conformado una Comisión de Violencia Laboral, integrada por los organismos mencionados, que se encuentra abocada a la redacción de un protocolo de prevención y abordaje de las violencias laborales al interior del Poder Judicial.

La producción del mismo resultará de un trabajo colectivo de diferentes actores/as institucionales en pro del derecho a vidas libres de violencia en el ámbito tribunalicio, para abordar la situación de los/as trabajadores/as en el marco de una política de cuidado de cuidadores/as. Estos organismos emprendieron el desafío de generar dicho protocolo para propiciar condiciones dignas de trabajo que valoren las relaciones humanas.

A través de un comunicado se expresó que el escaso conocimiento y percepción de la violencia laboral y sus efectos dificulta muchas veces detectarla y reconocer la verdadera causa del problema que afecta a la víctima y que permanece oculta en la propia organización del trabajo.

Por esta vía, se quiere poner de relieve las que ocurren en el ámbito laboral que afectan la dignidad, la salud e integridad física y psicológica de quienes en él se desempeñan, remarcando la intolerancia a tales conductas. A su vez, se auspicia la colaboración de integrantes del Poder Judicial para sumarse a la prevención y atención de esta problemática. Para ello es necesaria la sensibilización y formación desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad.

Trabajar en la prevención y abordaje de esta problemática contribuye a garantizar la adecuada protección de personas que atraviesan situaciones de violencia en el ámbito judicial y en ello de la comunidad toda.

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia, resolvió en Acuerdo General aprobar la propuesta elevada por la Dirección de Gestión Humana, a fin de llevar a cabo el retorno a la presencialidad de los agentes del Poder Judicial, salvo de aquellos que integren el grupo de riesgo para COVID-19 y de quienes se encuentren aislados.

A partir del próximo lunes 7 de diciembre, todo el personal del Poder Judicial deberá prestar servicios de manera presencial, a excepción de aquellos que integran los grupos de riesgos establecidos por el Área de Salud Ocupacional.

En ningún momento podrá superarse la cantidad de personas para cada espacio físico establecida por el Departamento Médico de la Jurisdicción o el Área de Salud Ocupacional. Asimismo se estableció que el personal se desempeñará en dos turnos: a la mañana de 7 a 13hs y por la tarde de 14 a 20hs.

El STJ, dispuso también profundizar las medidas de higiene y seguridad, en el marco de la Pandemia COVID-19. (APFDigital)

El Ejecutivo analizará la posibilidad de dar marcha atrás con las sumas fijas otorgadas como adelanto de las paritarias, pedido requerido por el Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, el Defensor General, los miembros de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos y la Asociación Judicial de Entre Ríos.

No obstante, desde el Gobierno realizaron una serie de aclaraciones: "El Decreto 1.634/2020 establece la liquidación provisoria y transitoria de una suma fija, determinada conforme el monto del salario nominal de los agentes destinada a beneficiar, de manera proporcional a los agentes públicos de menores ingresos. Se trata de una medida de carácter transitorio y aplicable a los meses de octubre a diciembre y siempre a cuenta de lo que se acuerde en el marco paritario".

Atento a que el Poder Judicial tiene normas específicas en cuanto a su remuneración, sin perjuicio de ello, y de acuerdo los lineamientos de la política salarial, se decidió incluir a los trabajadores del Poder Judicial que perciban hasta las sumas indicadas, en las mejoras salariales dispuestas. Ya que conforme al art. 10° de la Ley de emergencia N° 10.806, se encuentra suspendida la aplicación de las cláusulas de aplicación directa de los incrementos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así es como la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Provincial benefició a 1.089 trabajadores judiciales.

"El incremento de 3.500 pesos que se alega como 'achatamiento y atentado contra la porcentualidad' representa el 0,46 por ciento en relación al haber nominal del vocal del STJ que es de 759.732 pesos por mes; o un 0,62 por ciento sobre los haberes de un Juez de primera instancia fijado en 561.529 pesos", mencionaron desde el Ejecutivo.

"En cuanto al costo de la masa salarial del Poder Judicial, es dable aclarar que en el presupuesto 2020 el costo total en personal es del 8,82% y que el presupuesto 2021 prevé una relación porcentual del orden del 8,98%.

Conforme los valores indicados, tan solo el 2,9% del total de agentes del Estado Provincial corresponden al Poder Judicial e insumen un costo promedio del orden del 9% sobre el total de la masa salarial.

El gobierno de la provincia de Entre Ríos estudiará el requerimiento emitido por el Poder Judicial sin perjuicio de los postulados de la Ley de Emergencia N° 10.806 sancionada por el Poder Legislativo en cuyo espíritu solidario y proporcional, en el marco de la pandemia, se basa el decreto 1634/2020 MEHF que establece la liquidación provisoria y transitoria de una suma fija por los meses de octubre, noviembre y diciembre.

El gobernador Gustavo Bordet recibió este jueves dos nuevas ambulancias adquiridas con el Fondo Solidario que creó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) como colaboración para la atención del Covid 19. "Valoramos mucho este aporte", afirmó.

Frente a la explanada de Tribunales, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y a las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y de Gobierno, Rosario Romero, el primer mandatario entrerriano recibió dos nuevas ambulancias de manos del presidente del STJ, Martín Carbonell, que estuvo acompañado por el vicepresidente de ese alto cuerpo, Germán Carlomagno, y otros vocales. Un vehículo fue destinado a Crespo y el otro a Lucas González.

"Más allá de lo que representan los ambulancias para las dos localidades, es muy importante el gesto que ha tenido el Poder Judicial de la provincia de realizar un aporte voluntario en un momento muy crítico", señaló el mandatario, al tiempo que expresó su agradecimiento tanto al Poder Judicial como a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos por la contribución. "Más allá de lo que representan los ambulancias para las dos localidades, es muy importante el gesto que ha tenido el Poder Judicial de la provincia de realizar un aporte voluntario en un momento muy crítico", señaló el mandatario, al tiempo que expresó su agradecimiento tanto al Poder Judicial como a la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos por la contribución.

Luego sostuvo que se necesitaba fortalecer el sistema sanitario entrerriano, "el Poder Judicial, de sus salarios, aportó 20 millones de pesos que fueron destinados a insumos, aparatología y estas dos ambulancias que hoy estamos entregando. Valoramos el compromiso que ha tenido todo el Poder Judicial, magistrados, empleados; y el del resto de los estamentos de la administración pública, tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, que también realizaron aportes voluntarios para sostener, en tiempos muy críticos, el sistema sanitario que con mucho esfuerzo venimos llevando adelante".

Cabe mencionar que un total de 19.640.072,23 pesos recaudó el STJ en el marco del Fondo Solidario que se destinó además a la compra de equipamiento e insumos necesarios para la atención de la pandemia.

Las ambulancias adquiridas son de mediana complejidad y costaron 8.421.566 pesos. Son tipo furgón, marca Ford, Versión Transit 350m, tienen techo elevado, transmisión manual, motor electrónico turbodiésel de 2,2lts y 125cv de potencia neta.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell, entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, un proyecto de Ley por medio del cual se pretende disponer de los intereses generados por las sumas depositadas en los expedientes judiciales, para obras y bienes del Poder Judicial. La iniciativa prevé preservar su valor en inversiones y asegura la respuesta financiera a cualquier solicitud de fondos pertenecientes a dichas cuentas.

El proyecto se fundamenta en que el Banco de Entre Ríos S. A., en su calidad de agente financiero de la provincia, registra la existencia de más de treinta mil cuentas judiciales en las que no existen movimientos durante períodos de tiempo superiores a los tres años.

Por Acuerdos Generales, el Superior Tribunal de Justicia solicitó al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. que proceda a la depuración de las cuentas de depósitos judiciales cuyo último movimiento sea anterior al 31 de diciembre de 2008, unificándolas en dos cuentas -en pesos y en dólares- a nombre del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y denominándolas “Centralización Saldos Organismos Jurisdiccionales”.

En ese sentido, en el texto presentado se aclara que se conservará la historia de las cuentas depuradas -incluyendo el detalle de movimientos registrados en cada una de ellas por un plazo mínimo de diez años-, y sin perjuicio de la posibilidad de reactivación de éstas a instancias del Superior Tribunal de Justicia.

El presidente del STJ, Martín Carbonell, brindó detalles del proyecto presentado y destacó "es importante poner de resalto que, tratándose de depósitos judiciales, los fondos en cuestión se encuentran legalmente inmovilizados, salvo que las partes hubieran requerido su colocación a interés, por lo que, ante una eventual solicitud de devolución, correspondería reintegrar solamente el capital original y que de acuerdo a la estadística disponible, el porcentaje de reclamo o de resoluciones de extracción resulta inferior al 10% de los fondos depositados, evidenciado la falta de interés y reclamo por parte de los justiciables”

"Actualmente el Poder Judicial ha visto notablemente resentido el ingreso de fondos por parte del Tesoro Provincial, recibiéndose remesas muy inferiores a las necesarias para afrontar los gastos corrientes del Poder Judicial”, agregó Carbonell.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, expresó: “Sabemos que en otras provincias existen leyes similares al presente proyecto que ha ingresado en la Cámara de Diputados, por ejemplo las provincias de Chubut y de Jujuy". Y agregó: "Hoy la rentabilidad de los depósitos judiciales es a favor del Agente Financiero como se expresó en el informe que el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay brindó la semana pasada sobre el proceso de contratación del mismo”.