El Congreso de la Nación vivirá una semana decisiva en materia legislativa. El oficialismo, con el apoyo de sectores de la oposición dialoguista, intentará avanzar con la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares (Ley 26.639). Según se consignó, la iniciativa forma parte del paquete de reformas estructurales que el Ejecutivo considera clave para fomentar la inversión en el sector extractivo.

El núcleo de la discusión gira en torno a la redefinición de lo que se considera un área protegida. La reforma busca modificar los criterios técnicos para la protección del ambiente periglacial, limitando el resguardo a aquellos cuerpos de hielo que cumplan con dimensiones específicas y que posean una función hídrica "relevante" y "comprobada".

De acuerdo con el proyecto que se debatirá en el recinto, los cambios principales se centran en:

La propuesta ha despertado un fuerte rechazo en la comunidad científica y en organizaciones ambientalistas. Los expertos sostienen que los glaciares no son solo "bloques de hielo", sino que forman parte de un ecosistema complejo que garantiza el suministro de agua dulce en épocas de sequía. Advierten que restringir la protección solo a los glaciares de gran tamaño dejaría vulnerables a miles de cuerpos de hielo menores que son vitales para las cuencas hídricas.

Por otro lado, los gobernadores de las provincias que integran la Mesa del Litio y la Mesa Minera, han manifestado su apoyo a la reforma. Sostienen que la ley actual es "demasiado restrictiva" y que impide el desarrollo económico de regiones que poseen grandes yacimientos de minerales críticos para la transición energética.

Para lograr la aprobación, el oficialismo necesita asegurar el quórum y la mayoría simple. Si bien los números estarían ajustados, las negociaciones de último momento con los bloques provinciales serían determinantes. Se espera que la sesión comience el próximo miércoles al mediodía, con un debate que se extendería por más de doce horas.

De aprobarse, la ley pasará al Senado, donde el panorama político presenta una mayor paridad entre las fuerzas a favor y en contra de modificar la actual protección ambiental.

La alianza estratégica entre Javier Milei y Donald Trump podría sumar un capítulo inédito y controvertido en materia migratoria. Según una investigación publicada este viernes por el prestigioso diario The New York Times, el gobierno argentino se encuentra en conversaciones avanzadas con Estados Unidos para firmar un acuerdo de "tercer país" que permitiría a la Argentina recibir a migrantes deportados desde el norte.

La administración republicana puso en marcha un agresivo operativo de deportaciones masivas, desplegando agentes en diversas ciudades estadounidenses para cumplir con sus promesas de campaña.

Lejos de mantenerse al margen, la gestión libertaria busca capitalizar esta coyuntura para consolidar su alineamiento con Washington, ofreciendo una solución logística a uno de los problemas centrales de la Casa Blanca.

El acuerdo bajo análisis no se limita a la repatriación de ciudadanos argentinos, sino que implica un compromiso mucho más amplio. Según los documentos gubernamentales citados por el medio estadounidense, Estados Unidos podría enviar a la Argentina a ciudadanos de otras nacionalidades que hayan sido detenidos cerca de la frontera poco tiempo después de ingresar ilegalmente.

La idea es que, desde territorio argentino, eventualmente se gestionen los vuelos de regreso a sus países de origen.

Esta estrategia es utilizada por Trump como una herramienta de disuasión para desalentar los cruces ilegales, pero también cumple una función práctica: permite la expulsión de personas provenientes de naciones con las que Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas rotas o dificultades para coordinar devoluciones directas.

De concretarse, Argentina se sumaría a una lista de socios que ya aceptan este tipo de traslados, como Costa Rica, El Salvador, Esuatini y Panamá, acuerdos que han sido objeto de impugnaciones judiciales pero que continúan vigentes.

De acuerdo con los archivos a los que accedió el Times, el vicecanciller en funciones, Juan Navarro, presentó a comienzos de este mes una propuesta formal para cerrar el acuerdo.

Asimismo, los documentos señalan que el canciller Pablo Quirno se comprometió personalmente ante las autoridades estadounidenses a avanzar con el convenio. Aunque el acuerdo aún no está cerrado, la voluntad política parece explícita.

(Fuente: La Gaceta).

En ese marco, Gálligo expresó una fuerte postura en defensa del principio de soberanía nacional: “Personalmente considero que Estados Unidos no puede interferir en la política de Venezuela. No puede hacerlo en ningún país, ni en Venezuela, ni en el nuestro ni en ningún otro. Estados Unidos debe disponerse a resolver sus propios problemas”.

Y agregó: “Si existe algún conflicto jurídico o legal en Venezuela, son las instituciones propias de ese país las que deben actuar. Las denuncias deben tramitarse dentro de los marcos legales correspondientes, no desde otro país. Más allá de que Maduro esté haciendo las cosas bien o mal, no corresponde un acto tan categórico como detener a un presidente y sacarlo de su país. Existen mecanismos nacionales e internacionales que deben respetarse”.

Balance del escenario nacional

Consultado por la situación social, política y económica del país, Gálligo realizó un balance crítico pero respetuoso del actual gobierno: “Hay que ser democráticos y respetar las decisiones del pueblo. Javier Milei fue elegido presidente, pero considero que está tomando un camino que está lejos de beneficiar al país. Lo digo con respeto, pero también con el cuestionamiento que escuchamos cotidianamente de muchos dirigentes con los que tenemos contacto”.

El PJ en Gualeguay y la proyección del peronismo

En cuanto a la realidad partidaria local, Gálligo destacó la necesidad de fortalecer la unidad: “En el PJ de Gualeguay hay una conducción que fue elegida democráticamente. Quienes no ganaron deben entender que el partido continúa su tarea. Es importante que haya continuidad, aun cuando existan diferencias”.

En ese sentido, remarcó la historia del peronismo en la ciudad: “El peronismo en Gualeguay hizo mucho por la ciudad. Basta recordar la obra de la Defensa Costera, una de las más importantes, impulsada durante el gobierno de Eduardo Duhalde, incluso cuando el intendente local era radical. Esto demuestra que el peronismo siempre ha estado presente en los momentos clave”.

Y añadió: “Tenemos que trabajar para que al peronismo le toque volver a gobernar en Gualeguay y también en la provincia”.

Proyección nacional y liderazgo

Sobre el futuro del movimiento a nivel país, Gálligo sostuvo: “El peronismo siempre se recompone. Cuando gana, gana muchas veces, y cuando pierde, también debe saber respetar. Hoy reconocemos dirigentes con una trayectoria importante, como Cristina Fernández de Kirchner y el legado de Néstor Kirchner. En lo inmediato creemos que Axel Kicillof, desde la provincia de Buenos Aires, puede ser una de las figuras que impulse el camino de regreso del peronismo al gobierno nacional”.

Reforma laboral y rol de la CGT

Respecto a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, Gálligo manifestó:

“La reforma es necesaria, pero tiene dos caminos: uno rápido para unos pocos y uno más largo para muchos. Hay que apostar al camino que beneficie a la mayoría, porque eso genera más trabajo y un crecimiento económico más equitativo”.

Finalmente, se refirió al rol del movimiento obrero: “La CGT siempre ha sido importante para el peronismo. Hoy se está reactivando, y eso es positivo. Desde los gremios nacionales hasta los de Entre Ríos, vamos a acompañar todo lo que sea en beneficio de la mayoría de los trabajadores”, concluyó.

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial de este viernes 2 de enero el decreto de necesidad y urgencia con el que reformula la Ley de Inteligencia (25.520) y suma polémicos cambios a esa área, otorgando mayores facultades al organismo que digita el asesor presidencial Santiago Caputo. Entre esas nuevas facultades, se establece que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) queda como órgano principal del Sistema de Inteligencia Nacional, y en lo sucesivo se habilita a que la SIDE pueda "proceder a la aprehensión de personas" al tiempo que se declaran como "encubiertas" todas las actividades de inteligencia​.De acuerdo al texto, se establece en el articulo 2 que “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

https://drive.google.com/file/d/1M86taNIQqpHHAKp8wlo05BNd_2Lei5wo/view?pli=1

Otro de los artículos que ya despertó críticas de la oposición y tal vez derive en denuncias judiciales es el 19, que fija que “los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación, durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial”.Para ello agrega que, “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, agrega.

Uno de los cambios impulsados por el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia. La Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoria General de Inteligencia.

Otro aspecto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad, que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, de Manuel Adorni, en obvio avance de Karina Milei. Precisaron que el Centro Nacional de Ciberseguridad que funcionará en la Secretaria de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia estará en la órbita de la SIDE y seguirá bajo el control de Santiago Caputo.

En el DNU se especifica que la Agencia de Seguridad Nacional “se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad”

En ese contexto, se define a la contrainteligencia como la forma preventiva, a detectar y analizar: "espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera” con el fin de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”.

La reforma por DNU habilita formalmente a que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”. También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto, cuyo comandante en jefe es el presidente de la Nación.

Fuentes del Gobierno señalaron que la reforma “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”.

Los voceros señalaron que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno del sistema. Aclararon que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y “brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido.

El 2 de diciembre de 2025 el presidente Javier Milei designó a Cristian Auguadra a cargo de la SIDE, tras la salida de Sergio Neiffert. Sin embargo, el organismo es comandado en los hechos por el asesor del Poder Ejecutivo Nacional Santiago Caputo, por lo que la designación de Auguadra no fue casual, sino que se trata de un hombre de gran confianza en su círculo y de estrecha relación con su propio padre, Claudio Caputo.

Alerta en la oposición: "Quieren un estado policial"

El DNU 941/25 deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Tramite Legislativo, que tiene diez días hábiles para tratar el texto luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento. Por su parte, el Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26122.

En ese contexto, el diputado nacional Esteban Paulón dijo que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU", que definió como "un duro golpe para nuestra democracia". "La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie", definió.

Paulón explicó que el proyecto podría ser rechazado "después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras” y repudió: "La interna entre Karina [Milei] y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional".

"El DNU define como 'riesgos' a activistas, opositores y periodistas. Es una confesión de parte: quieren usar los recursos del Estado para perseguir a quienes pensamos distinto. El 'Estado Policial' en su máxima expresión", agregó el legislador socialista en sus redes sociales.

Por su parte, Jorge Taiana analizó: "Básicamente es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores".

El diputado peronista y exministro de Defensa de la Nación denunció que el Gobierno busca "convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad". "Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur" de Estados Unidos.

Por último, el diputado peronista Agustín Rossi, exministro de Defensa y exinterventor de la AFI, también advirtió al periodismo por las tareas de contrainteligencia anunciadas por el DNU y explicó: "Elimina la DNIEM (Dirección de Inteligencia Militar) y la reemplaza por la DGIEMCO, que es el área de inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Esto hace que el Ministro de Defensa se quede sin inteligencia propia. Le quitan poder al ministro y se lo trasladan al Jefe del EMCO. Cuando hablamos de la militarización de la defensa, nos referíamos a este tipo de cosas".

"Este DNU fortalece la idea de una Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina. El Congreso debe rechazar este DNU. Exigimos que las modificaciones de la ley de inteligencia se hagan mediante una ley", concluyó Rossi.

ML/HB (Perfil).

En el marco del análisis del "nuevo mapa de poder" presentado por el periodista Carlos Pagni en Odisea Argentina, han salido a la luz cifras que exponen la estrategia de la Casa Rosada para consolidar alianzas con mandatarios provinciales. Según los datos actualizados al 12 de diciembre de 2025, la provincia de Entre Ríos se ubica en el segundo puesto del ranking nacional de recepción de ATN, solo por detrás de Tucumán.

De acuerdo con la planilla oficial del Ministerio de Economía de la Nación, Entre Ríos acumuló un Total General de 35.000 millones de pesos durante el periodo enero-diciembre de 2025. Esta cifra representa un 18% de la participación total del reparto de estos fondos, una ventaja considerable frente a provincias de mayor peso electoral como Buenos Aires (5%) o Santa Fe (6%). El impulso final ocurrió en este mes de diciembre, donde la gestión nacional giró a la administración entrerriana 7.000 millones de pesos, una inyección de liquidez clave para el cierre del ejercicio fiscal de la provincia.

El incremento en el reparto de estos fondos —que por definición son discrecionales y no coparticipables— coincide con la necesidad del Poder Ejecutivo de garantizar apoyos legislativos. Según diversos análisis, este beneficio a "gobernadores colaboradores" tiene como objetivo directo asegurar la aprobación del Presupuesto 2026 y otros proyectos de ley estructurales. Junto a Tucumán (que lidera el podio con 20.000 millones solo en diciembre), Entre Ríos aparece como una pieza fundamental en el esquema de gobernabilidad que intenta trazar el presidente Javier Milei. Mientras que otras jurisdicciones enfrentan recortes severos, las provincias cuyos mandatarios han mostrado una actitud de diálogo y acompañamiento legislativo han visto incrementadas sus arcas a través de estos aportes.

La brecha entre las provincias "aliadas" y las "opositoras" es evidente en el gráfico. Mientras Entre Ríos ostenta ese 18% de participación, provincias como Mendoza o Corrientes aparecen al final de la lista con montos significativamente menores (3.000 millones anuales). 

El lingüista ruso, Valentin Vološinov, desde los inicios del siglo XX ya advertía que el signo lingüístico es un terreno de lucha. Cada palabra —decía— es un campo donde distintas clases y proyectos sociales se enfrentan para apropiarse de su sentido. El lenguaje no es el espejo pasivo de la realidad, sino su campo de batalla. En la Argentina contemporánea, esa batalla se libra también sobre la economía, donde los conceptos —emisión, equilibrio, gasto— se han vuelto emblemas de legitimidad política y moral.

El peronismo, en ese teatro de signos, parece haber extraviado una palabra clave: el déficit. Durante mucho tiempo, su variante kirchnerista la despreció o la subestimó, considerándola ajena, técnica, fría, parte del vocabulario de la ortodoxia liberal que siempre colocó la contabilidad por encima de las personas. No obstante, el desprecio también es una forma de entrega: lo que no se disputa, se pierde. Y así, mientras el discurso liberal se reapropiaba del equilibrio fiscal como bandera ética, parte del pensamiento peronista se refugió en la idea de que el déficit es, en esencia, una herramienta del crecimiento, una condición del desarrollo, una demostración de vitalidad estatal.

Sin embargo, la realidad económica —como el lenguaje— no tolera absolutos. La emisión sin orden termina disolviendo la palabra que busca sostener: justicia. Entonces, que hoy se observa es una paradoja: el movimiento político que más profundamente vinculó economía y ética, que hizo del equilibrio entre producción y distribución su núcleo doctrinario, ha permitido que otros definan qué significa gastar, ahorrar o equilibrar. Ha cedido el control del lenguaje que nombra su propio campo de acción.

La Teoría Monetaria Moderna (TMM) ha sido, en este sentido, un nuevo episodio de esa deriva semántica. Surgida en contextos institucionales y monetarios completamente distintos —con economías desarrolladas, monedas de reserva y sistemas financieros sólidos—, su apropiación local fue más simbólica que técnica. En su versión argentina, la TMM fue traducida no como una reflexión sobre la soberanía monetaria, sino como una coartada ideológica para justificar la expansión fiscal sin límite. Así, el déficit dejó de ser un problema a resolver y se transformó en un signo de virtud política, en la demostración de que el Estado “hace”, “invierte”, “está presente”. Pero todo signo, cuando se absolutiza, se vacía. Y el déficit, en tanto símbolo, perdió su densidad histórica: dejó de ser una variable dinámica del equilibrio macroeconómico para convertirse en un emblema identitario.

Desde afuera, lo que se observa no es tanto una disputa de modelos económicos, sino una disputa de lenguajes. El liberalismo oficialista ha convertido el equilibrio fiscal en un relato moralizante: “no gastar más de lo que se tiene” como principio ético universal, como si el Estado fuera una familia y la Nación un hogar que debe ajustar su presupuesto para no caer en el pecado del exceso. Frente a eso, parte del peronismo respondió con otra moral, la del gasto virtuoso, el déficit como símbolo de compromiso con los más vulnerables. Pero en esa dialéctica, ambas partes han perdido la complejidad del pensamiento original: el déficit no es ni vicio ni virtud, sino una herramienta que exige contexto, prudencia y proyecto.

La historia ofrece una referencia ineludible que data de 1952: el Segundo Plan Quinquenal. Allí, el peronismo comprendió que la justicia social no podía sostenerse sobre el desorden económico. Que la expansión debía tener medida. No se trataba de achicar el Estado, sino de fortalecerlo. Pero fortalecerlo implicaba dotarlo de disciplina, de capacidad para proyectar a largo plazo. El equilibrio fiscal, en ese contexto, no era concesión al liberalismo, sino garantía de soberanía: solo quien controla sus cuentas puede planificar su destino.

Aquel plan no renunciaba a los ideales del primero, sino que los consolidaba bajo nuevas condiciones. Si el Primer Plan Quinquenal había sido la expansión del Estado sobre las ruinas del modelo agroexportador, el segundo buscaba institucionalizar esa expansión, dotarla de continuidad. Perón comprendía que el desorden contable podía ser el principio de una nueva dependencia: la de un Estado rehén de su propio déficit, obligado a endeudarse, a subordinar su voluntad a los flujos financieros externos.

El equilibrio, entonces, no era solo fiscal, sino político y moral. Era la forma de asegurar que la justicia social no dependiera del milagro de la coyuntura, sino de la previsibilidad de un proyecto sostenido en el tiempo.

Esa lección parece haberse extraviado en la actual gramática del peronismo. Hoy, sectores internos del movimiento invocan la TMM para sostener que el déficit no importa, que la emisión basta, que el Estado puede crear riqueza simplemente al decretarla. Otros sectores, más cercanos al liberalismo clásico, asumen el discurso del ajuste, casi con vergüenza, como si hablar de equilibrio fuera rendirse al enemigo. Entre ambos extremos, la idea de una política económica integral, realista y humanista, se diluye.

Desde una mirada desapasionada, lo que emerge es un problema de lenguaje. El signo “déficit” ya no pertenece a un solo campo ideológico: flota entre las narrativas enfrentadas como un símbolo huérfano. Vološinov diría que el signo se ha “descentrado”: perdió su referente social claro y se transformó en un significante vacío, susceptible de ser ocupado por cualquier discurso. En la Argentina actual, tanto el oficialismo como parte de la oposición lo llenan de moral, de culpa o de orgullo, pero rara vez de análisis.

El déficit ha dejado de ser una categoría de planificación para convertirse en una categoría de identidad: u a estética identitaria.

La consecuencia política de ese desplazamiento semántico es profunda. Mientras el oficialismo asocia el equilibrio fiscal a la idea de redención —como si la contabilidad pública pudiera purificar la historia nacional—, el peronismo, en buena medida, ha cedido la posibilidad de proponer una ética económica propia. En vez de disputar el significado de la prudencia, la previsibilidad y el orden, ha permitido que esas palabras sean secuestradas por la retórica del mercado. Y sin lenguaje propio, no hay proyecto posible.

El déficit, en la tradición económica argentina, fue siempre un síntoma de tensiones más amplias: entre el Estado y el mercado, entre la producción y el consumo, entre la política y la contabilidad. No obstante, también fue en ciertos momentos una herramienta de emancipación. El problema no es su existencia, sino su sentido. Cuando el déficit financia la expansión productiva, la infraestructura, el empleo, tiene una racionalidad social. Cuando financia la inercia, la inflación, los subsidios o la improvisación, se convierte en carga.

El Segundo Plan Quinquenal lo entendió así: no había contradicción entre crecimiento y orden, entre justicia y disciplina. Había, sí, una necesidad de articularlos en un mismo horizonte de soberanía.

La mirada actual del peronismo, fragmentada entre nostalgias y tecnicismos, ha olvidado esa articulación. Y al hacerlo, ha entregado al adversario no solo una categoría económica, sino una categoría moral. Eso explica parte de su fracaso actual. En la arena pública, quien hoy pronuncia la palabra “equilibrio” suena razonable; quien pronuncia “déficit”, suena anacrónico. Ese desplazamiento del sentido no ocurrió por imposición, sino por abandono.

El signo lingüístico, diría Vološinov, nunca permanece vacío por mucho tiempo: siempre será ocupado por la fuerza que mejor logre dotarlo de sentido histórico.

La pregunta que se abre, entonces, no es sólo económica sino, además, semiótica: ¿puede el peronismo recuperar el signo del déficit y resignificarlo en clave de desarrollo y estabilidad? ¿Puede volver a hablar de equilibrio sin ser acusado de traición a su legado popular? Quizás esa sea la tarea más urgente: volver a pensar la economía como lenguaje moral, como sistema de signos donde cada palabra define una ética pública.

En el fondo, la economía argentina no es solo un conjunto de datos y balances: es una narración. Y como toda narración necesita un tono, una coherencia, un sentido del límite y de la continuidad. El déficit, entendido en esa clave, es una metáfora del exceso, del deseo sin contención. Y el equilibrio, su contracara, no es la renuncia al deseo, sino la posibilidad de sostenerlo.

El Segundo Plan Quinquenal representó ese intento de síntesis: un orden que no anula la justicia, una disciplina que no niega la expansión.

Hoy, mientras el oficialismo reduce la política económica a un dogma contable y parte de la oposición se refugia en la retórica de la emisión infinita, la sociedad queda atrapada en un doble vacío: el de la austeridad sin horizonte y el del gasto sin propósito.

Reapropiarse del lenguaje económico —del signo déficit, del signo equilibrio— sería, para el peronismo, mucho más que una operación técnica: sería un acto de reconstrucción cultural.

En última instancia, todo proyecto político se sostiene en una gramática. Sin palabras propias, solo queda repetir las ajenas.

Y la palabra “déficit”, que alguna vez fue apenas una cifra, hoy se ha vuelto el espejo donde un movimiento observa su propia crisis de sentido: la dificultad para nombrar lo necesario sin caer en la caricatura, para administrar sin perder sensibilidad, para crecer sin volver al desorden.

El lenguaje no se posee: se conquista una y otra vez. El signo es vivo y su vida es la historia misma.

Tal vez, entonces, el desafío no sea elegir entre déficit o equilibrio, sino devolverles a ambos su densidad humana.

Entender que detrás de cada número hay una ética, detrás de cada política una palabra y detrás de cada palabra una lucha por el sentido.

Solo así, quizá, el peronismo pueda recuperar el equilibrio perdido: no sólo el de las cuentas, sino el del lenguaje con el que se piensan a sí mismo.

Julián Lazo Stegeman

Dos teorías, una misma tensión.

Hay conceptos que iluminan no solo con la claridad de la idea sino con la melancolía de lo que revelan.

El empate hegemónico, formulado por el sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero, es uno de ellos: una radiografía del alma política argentina. En su lectura —inspirada en  el pensador italiano Antonio Gramsci—, la historia nacional aparece como una sucesión de bloqueos culturales: ningún proyecto logra transformarse en el relato común de todos. La hegemonía, dice Portantiero, no es simplemente el dominio de una clase, sino la capacidad de convertir los propios intereses en horizonte compartido, en el sentido común que organiza el lenguaje de lo posible. Sin embargo, en la Argentina, ese relato siempre se interrumpe: cuando un proyecto intenta consolidarse, otro, con igual fuerza simbólica y social, emerge para impedirlo.

Desde la caída del primer peronismo, la nación se mueve en esa danza de espejos: ni el liberalismo ni el nacionalismo popular logran erigirse como articuladores estables de la totalidad social. No se trata de una alternancia pacífica, sino de una disputa que nunca se resuelve, un péndulo que vuelve siempre al punto de origen. El resultado es un país que debate constantemente su identidad, que discute la forma antes de empezar a construir el contenido.

El empate hegemónico no es solo político: es también una emoción colectiva de desencuentro, una memoria compartida de frustraciones que hace que cada proyecto sospeche del otro antes de tenderle la mano.

La teoría de los bloques de poder, elaborada por el pensador griego, Nicos Poulantzas, se adentra en el corazón estructural de esa imposibilidad. Poulantzas parte de una crítica al marxismo clásico que veía al Estado como una herramienta de la clase dominante. Para él, el Estado no es un instrumento, sino una condensación material de las relaciones de poder entre clases y fracciones de clase. No pertenece a nadie, pero condensa las tensiones de todos.

En su mirada, la clase dominante no es una sola: está compuesta por fracciones diversas—financieras, industriales, agrarias, burocráticas— que disputan entre sí la conducción del orden capitalista. El Estado actúa como mediador entre esas fracciones, buscando una unidad funcional que permita la reproducción del sistema. Esa mediación es lo que Poulantzas llama la autonomía relativa del Estado: no responde ciegamente a una fracción, pero tampoco se libera de ellas; su autonomía consiste en garantizar la continuidad del conjunto aun cuando deba sacrificar a una parte.

El bloque de poder, entonces, es la alianza —siempre inestable— entre esas fracciones. Y la hegemonía, dentro de ese bloque, corresponde a la fracción que logra presentar su interés particular como el interés del todo. En cada época histórica, esa fracción cambia: a veces los sectores agroexportadores, a veces la industrial nacional, otras la financiera transnacional. No obstante, cuando las contradicciones se agudizan, cuando ninguna fracción logra articular a las demás, el bloque se fragmenta. El Estado se vuelve errático, su acción se paraliza o se contradice y la política entra en crisis orgánica.

Ambas teorías —la de Portantiero y la de Poulantzas— se tocan en su vértice más doloroso: el vacío de articulación.

El empate hegemónico describe la parálisis del consenso simbólico; el bloque de poder fragmentado describe la parálisis del consenso material.

Una teoría de ancla en la cultura; la otra en la estructura. Sin embargo, en su cruce se revela una misma contingencia: la imposibilidad de construir una voluntad colectiva sostenida en el tiempo.

Sin hegemonía cultural ni unidad estructural, la política se reduce a administración de lo inmediato, a ese cortoplacismo que se disfraza de urgencia pero que en el fondo es impotencia.

Argentina vive en ese punto de fricción: una sociedad dividida en su imaginario y un bloque de poder en permanente reorganización, incapaz de sostener un proyecto más allá del vaivén electoral.

¿Por qué esto impide pensar a largo plazo?.

1.       Horizonte electoral corto: en contextos de empate hegemónico, la supervivencia política se juega en la próxima elección. Gobiernos y oposiciones priorizan medidas de impacto inmediato y visibilidad política sobre transformaciones estructurales cuyo beneficio se verá años después.

2.       Fraccionamiento del poder económico: cuando las fracciones del capital compiten por influencia, el Estado debe equilibrar demandas contradictorias (industrialistas vs. Financieros vs. Exportadores). Cualquier política duradera exige que todos sacrifiquen algo hoy para ganar mañana un equilibrio general, un lujo que pocos pueden permitirse cuando su base social y financiera está en juego.

3.       Autonomía estatal débil y clientelismo institucional: la administración pública sufre rotaciones, nombramientos discrecionales y cambios de rumbo que impiden la acumulación de capacidades técnicas necesarias para continuidad. Las políticas dependen menos de reglas que de relaciones personales.

4.       Crisis de legitimidad cultural: sin hegemonía cultural, el lenguaje público se polariza; las reformas se interpretan como ataques a identidades en lugar de transformaciones necesarias. Eso erosiona la posibilidad de pactos colectivos.

5.       Inmediatez de la desigualdad: cuando la sociedad está afectada por tensiones distributivas agudas, la política se orienta a mitigar síntomas urgentemente (subsidios, medidas anticrisis, entre otras) y descuida la construcción de institucionalidad a mediano plazo.

Sumadas, estas circunstancias crean un régimen de acción que privilegia la táctica sobre la estrategia, la emergencia sobre la planificación y la supervivencia sobre la reforma.

La metáfora del faro apagado.

Si se quisiera imaginar el drama argentino con una imagen, no sería la de un barco hundido ni la de una guerra civil latente. Sería la de un faro en ruinas, enclavado sobre una costa que ya nadie navega.

El faro sigue allí, símbolo de un proyecto común que alguna vez orientó a los navegantes: la promesa de desarrollo, justicia y soberanía. Pero su luz se apagó hace décadas, y cada fracción —cada gobierno, cada poder económico, cada movimiento social— llega con su propia linterna, convencido de poder iluminar la noche solo con su haz estrecho.

Desde el mar, los reflejos se cruzan, se confunden, se desorientan mutuamente. No hay horizonte compartido, sólo luces fragmentarias, danzando sobre la bruma.

El empate hegemónico es esa superposición de haces luminosos que nunca convergen; los bloques de poder, las manos que custodian los viejos cimientos del faro sin decidir si deben reconstruirlo o abandonarlo al mar.

En ese escenario, el Estado aparece como el cuidador melancólico del faro, reparando un vidrio mientras otro se rompe, evitando que el edificio colapse sin animarse a prender la lámpara central.

¿Es inevitable la discontinuidad? No: condiciones para la duración.

No es cierto que la estabilidad sea imposible. La historia muestra que cuando se construyen bloques de poder estables que integran al menos a las principales fracciones económicas con sectores populares —y cuando existe un anclaje cultural que hace legítimo el proyecto—, las políticas a largo plazo son posibles. La experiencia exige tres elementos: articulación social amplia, autonomía técnica del Estado y capacidad simbólica para hablar de futuro.

Mapa de acción en común: pasos concretos para pensar y cumplir políticas a largo plazo.

A continuación, modestamente, propongo un mapa operativo, pensado para ser realista en un contexto de empate hegemónico y fraccionamiento del poder. Está organizado en tres horizontes (inmediato, mediano, largo) y desglosado por actores responsables.

Además, tal vez, se podría pensar como una caja de herramientas desde la sociedad civil para la política, con el diálogo y la participación de todos sobre algunas (o todas) las caracterizaciones acá presentes:

Horizonte inmediato: crear condiciones mínimas de confianza.

1.       Comisión Bipartita de Emergencia y Continuidad.

Actores: fuerzas mayoritarias del Congreso, representantes de provincias, sindicatos centrales, cámaras empresariales, universidades públicas.

Función: acordar principios mínimos de continuidad para 3 temas prioritarios (salud pública, educación técnica, infraestructura básica).

Producto: declaración pública con compromisos verificables y calendario de trabajo.

2.       Congelamiento de rotaciones técnicas en programas estratégicos.

Actores: Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Hacienda provincial.

Medida: nombramiento de equipos técnicos con mandatos mínimos (por ejemplo, 18 meses) financiados por fondos específicos con reglas de rendición.

3.       Acuerdo de transparencia sobre nombramientos y compras.

Actores: Auditoría General, organizaciones de la sociedad civil.

Medida: criterios públicos para contrataciones y procesos licitatorios con observadores independientes.

Horizonte mediano: institucionalizar continuidad.

4.       Pactos Sectoriales Trienales.

Actores: Estado nacional y provinciales, cámaras empresariales por sector, sindicatos, expertos académicos.

Contenido: metas sectoriales (formación técnica, exportaciones con valor agregado, energías renovables) con indicadores, fondos condicionados y cláusulas de revisión.

5.       Comisión Permanente de Políticas Públicas Interpartidaria (CPPPI).

Actores: representantes de partidos con bancada parlamentaria, académicos, sociedad civil.

Función: revisar y consensuar marcos regulatorios básicos (seguridad jurídica de inversiones, reglas fiscales, pautas de política salarial) para reducir cambios abruptos de dirección.

6.       Fondo de Continuidad de Políticas Públicas.

Actores: Ministerio de Economía, Banco Nación, cooperación multilateral.

Propósito: financiar programas que tengan evaluación independiente y exigencias de co-financiamiento provincial/comunitario.

Horizonte largo: construir hegemonía negativa y positiva.

7.       Política de Estado de Mediano Plazo.

Actores: Congreso (mayoría calificada), academia, pactos federales.

Instrumento: leyes marco que establezcan políticas educativas, científicas y de infraestructura con financiamiento pluriannual y mecanismos de evaluación intergeneracional.

8.       Fortalecimiento de la administración pública profesional.

Actores: Ministerio de Modernización, universidades.

Medida: carrera pública meritocrática para puestos técnicos clave, formación continua y protección contra despidos arbitrarios.

9.       Trabajo simbólico: narrativa del futuro compartido.

Actores: sindicatos, movimientos sociales, medios públicos, artistas, escuelas.

Objetivo: producir consensos culturales sobre prioridades (por ejemplo, que la educación técnica y el cuidado sean vistos como capital social), usando campañas, residencias artísticas, y currículas escolares.

Herramientas transversales (siempre).

Evaluación independiente: crear un organismo de evaluación de políticas con mandato y presupuesto propio.

Mecanismos de resolución de conflictos: mesas de arbitraje público-privadas para dirimir fricciones sectoriales.

Protecciones legales: cláusulas legales que garanticen continuidad mínima para programas esenciales (salud, salarios docentes básicos, programas de nutrición escolar).

Pensar la política a largo plazo en Argentina no es una cuestión técnica solamente: es una apuesta por recomponer tejido social y simbólico.

Portantiero y Poulantzas nos enseñan que la dificultad es simultáneamente cultural (empate hegemónico) y estructural (desarticulación de las fracciones de poder). La salida exige dos tareas en paralelo: construir nuevas formas de articulación material —pactos, reglas, instituciones— y producir un nuevo sentido común que permita a distintos actores aceptar sacrificios presentes por ganancias colectivas en el futuro.

El desafío es estético tanto como político: transformar un paisaje fragmentado en un mapa donde la mirada común reconozca, aunque con reparos, que las rutas y los puentes valen más que las orillas que los defienden. Si aceptamos que la política es también formación de sentidos, entonces las políticas de largo plazo serán posibles cuando consigan algo que las políticas cortas nunca logran: hacer creíble la idea del mañana.

Julián Lazo Stegeman

Y sin embargo, en su sabiduría, comprendió que esa visión total no era un don, sino una condena. Porque ver el todo es perder el sentido. Porque abarcarlo todo es dejar de comprenderlo.

Aquel cuento, publicado en 1945, parece hoy un espejo de nuestra época.

En la Argentina contemporánea, nuestra nación que oscila entre la esperanza y el espanto, un hombre se alza proclamando que posee la mirada absoluta, la ecuación definitiva, el modelo que explica el mundo. Javier Milei, en su furia libertaria y su verbo de revelador, promete haber encontrado el Aleph de la economía: un punto desde el cual todo se ordena, un saber que disuelve la historia, la política y la complejidad humana en una fórmula inmutable.

El mercado es su Aleph, su piedra filosofal, su dogma. No la “libertad”, el mercado, porque la libertad para Milei es “libertad de mercado”. Y como todo dogma, tiene la estructura de una ilusión.

 El Aleph de Borges y el Aleph de la política.

 El Aleph borgiano no es solo un objeto fantástico: es una metáfora de la ambición humana por comprenderlo todo.

El que lo mira, dice Borges, ve el universo sin superposición y sin transparencia, como si cada cosa existiera en un plano puro, simultáneo. No obstante, esa simultaneidad es insoportable. El ojo humano, hecho para la secuencia, no puede soportar la totalidad.

El Aleph, entonces, no revela: confunde. No ilumina: enceguece.

La política del presente comparte esa pulsión totalizante.

El siglo XXI nos ha habituado a los discursos que prometen totalidad: total seguridad, total libertad, total pureza. Cada líder populista o tecnocrático ofrece su Aleph particular, su punto de síntesis donde todo encuentra explicación. Milei encarna ese impulso con un fervor casi teológico: su prédica económica no es un programa, sino una revelación.

El liberalismo deviene religión y el economista, profeta.

Su mirada se presenta como la de quien ha visto el mundo entero desde un solo lugar: el mercado. Todo —la historia, la educación, la pobreza, la dignidad, la vida misma— se mide bajo esa lente única. El Aleph, que en Borges contenía todos los puntos, aquí se ha reducido a uno solo.

 La vanidad de Daneri y la vanidad del saber.

 Carlos Argentino Daneri, el personaje ficticio que guarda el Aleph en su sótano, es un poeta mediocre. Cree haber encontrado el medio para abarcar el mundo entero en un poema infinito. Su ambición no es comprender, sino poseer. En su voz se mezclan la erudición y la banalidad, el conocimiento y la soberbia.

En la figura de Daneri se anticipa una forma de poder intelectual que hoy domina el discurso político: el del erudito mesiánico.

Milei encarna esa figura con precisión matemática. Cita a economistas con la devoción de un sacerdote que recita las Escrituras. Con el tono exaltado del converso, convierte la teoría en dogma y la cita en talismán. No explica: predica. No discute: sentencia.

Borges, sin embargo, desarma a Daneri con ironía. Lo ridiculiza suavemente, mostrando que el verdadero peligro no es la ignorancia, sino la convicción.

El hombre que cree saberlo todo ya no busca aprender. El político que cree tener la fórmula del mundo ya no escucha.

Así, la inteligencia se vuelve una forma de narcisismo. El Aleph, en lugar de abrir el universo, se convierte en un espejo donde el hombre solo se ve a sí mismo.

 El narrador escéptico: la humildad como lucidez.

 Borges, narrador del cuento, desconfía del Aleph. Lo contempla, lo experimenta y luego duda. Esa duda no es debilidad, sino sabiduría. El verdadero conocimiento no consiste en abarcarlo todo, sino en reconocer los límites de la mirada. Esa actitud es hoy una rareza.

Vivimos una época sin matices, una civilización que ha confundido la duda con la traición. La política se ha vuelto una máquina de certezas. Quien no grita, no existe; quien no cree, molesta. Milei, que se presenta como “el que sabe”, simboliza la muerte de la pregunta.

Su discurso no admite grietas: la realidad se divide entre iluminados y enemigos, héroes y parásitos, libertad y esclavitud, personas de bien y las que no lo son. En esa simplificación habita el germen del autoritarismo.

Borges habría sonreído, con su ironía de sabio antiguo, ante semejante absolutismo de bolsillo. Habría dicho, quizás, que nadie que crea poseer la verdad ha comprendido el valor del misterio.

La lucidez borgiana consiste precisamente en eso: en aceptar que la mente humana es finita, que el conocimiento es parcial, que el mundo excede cualquier sistema. En un país dominado por la retórica de los iluminados, esa modestia del pensamiento es una forma de resistencia.

 La visión total y el vértigo del presente.

 Cuando Borges mira el Aleph, ve todo: los océanos y los espejos, los ejércitos y las genealogías, la sonrisa de Beatriz y el polvo del desierto.

Pero la visión lo sobrepasa. El conocimiento total es insoportable porque destruye la distancia necesaria para comprender. Sin distancia, no hay sentido.

En nuestra época, ese vértigo se ha vuelto cotidiano. Vivimos rodeados de Alephs digitales: pantallas que nos muestran simultáneamente todos los lugares y todos los dolores. Las redes, los algoritmos, los flujos de información nos convierten en espectadores de una totalidad imposible.

La política se adapta a ese vértigo: Milei es un producto de esa simultaneidad caótica, una figura que habita el grito y el fragmento, el instante y el espectáculo.

Su discurso, saturado de datos y consignas, funciona como un Aleph invertido: muestra tanto que ya no se distingue nada.

Borges había entendido que ver todo no equivale a entender todo. En cambio, Milei convierte el exceso en certeza. Donde Borges ve el abismo, él ve confirmación. Donde el cuento advierte el límite del ojo, el político proclama su omnivisión.

 El lenguaje y su impotencia.

 Al terminar el cuento, Borges confiesa que no puede describir lo que vio. “El lenguaje no puede representar la totalidad”, sugiere.

Esa frase encierra una de las lecciones más profundas del siglo XX: el límite del lenguaje es el límite del mundo.

El político, en cambio, no acepta esa frontera. Su poder depende de la ilusión de que las palabras pueden transformarlo todo. “Ajuste”, “casta”, “libertad”, “mercado”: cada palabra se convierte en un hechizo, en una fórmula mágica que promete redimir la realidad. Pero las palabras no bastan.

El lenguaje, cuando olvida su límite, se vuelve violencia. Y cuando ésta forma parte del discurso, precede a la violencia de los hechos.

Borges entendía que escribir es apenas rozar lo inefable. Su humildad ante el lenguaje es una forma de ética.

El político que no duda de sus palabras, en cambio, cae en la hybris: en la arrogancia del que confunde el verbo con la creación.

Así, la literatura nos enseña algo que la política olvida: que el poder verdadero no es el de nombrar, sino el de callar a tiempo.

 La duda como forma de libertad.

 En El Aleph, la experiencia de lo absoluto conduce a la duda.

En la política contemporánea, la experiencia del poder conduce al dogma.

Borges termina su cuento con una sospecha: tal vez el Aleph de Daneri era falso, o tal vez había otros Alephs ocultos en el mundo. Esa duda final es la victoria de la razón sobre el fanatismo. Aceptar que puede haber muchos puntos de vista, muchas verdades parciales, es lo que hace posible la convivencia.

Esa duda, trasladada a la vida pública, se llama democracia.

La Argentina, sin embargo, parece buscar una y otra vez su Aleph: un punto que reúna todos los dolores, que ordene el caos, que borre las contradicciones. Milei encarna esa búsqueda desesperada de un sentido único. Pero, como en el cuento, todo Aleph es una ilusión: un espejismo que promete totalidad y entrega ceguera.

El peligro no es creer que existe, sino entregarse a quien dice poseerlo.

 El espejo.

 Borges escribió que el Aleph no solo contiene el universo, sino también al que lo mira.

Esa es, quizás, la revelación más inquietante: que toda visión absoluta termina siendo un espejo.

Milei, como todo profeta del absoluto, mira su Aleph y se contempla a sí mismo. En su universo de fórmulas y consignas, la realidad desaparece, sustituida por el reflejo de su propia convicción.

El Aleph, entonces, ya no es un objeto de conocimiento, sino un dispositivo de poder: un centro vacío donde solo queda la imagen del ego.

Tal vez esa sea la advertencia última de Borges para nuestro tiempo: que la totalidad es una forma de soledad y que el que pretende poseerla acaba prisionero de su propio reflejo.

El Aleph no libera: encierra. Y quien se proclama dueño del todo termina perdiendo el misterio de las partes.

 Hay un modo borgiano de mirar la historia: no como una sucesión de hechos, sino como una serie de símbolos que se repiten bajo distintos rostros.

El Aleph de 1945 y el de hoy son el mismo: el del hombre que confunde la visión con la comprensión y el dogma con el conocimiento.

Borges, desde su ironía inmortal, ya lo sabía: el poder que promete verlo todo termina sin ver a nadie.

Quizás el destino de la Argentina, como el del propio narrador, sea aprender a mirar sin pretender comprenderlo todo, a construir sentido no desde el absoluto, sino desde la diversidad y el consenso. Porque solo en el reconocimiento del límite se abre la posibilidad de lo humano. Y porque la libertad —esa palabra tan pronunciada, tan desgastada— no consiste en poseer el Aleph, sino en renunciar a él.

Julián Lazo Stegeman

En tiempos donde abundan discursos que dividen entre “ellos” y “nosotros”, donde la tentación de clausurar la diferencia se vuelve fuerte, recuperar una reflexión sobre la alteridad se vuelve no solo filosóficamente pertinente, sino también políticamente urgente. Pensar la política desde la alteridad implica reconocer la fragilidad y la potencia de lo humano, aceptar que la convivencia nunca está dada de una vez y para siempre, sino que se construye cotidianamente en el encuentro con rostros, voces e historias diferentes a la propia.

 La alteridad en la filosofía política: Levinas, Ricoeur y Derrida.

 La filosofía del siglo XX puso especial atención en la cuestión del otro. Emmanuel Levinas nos recordó que la ética comienza en el rostro del otro: ese rostro que interpela, que exige responsabilidad, que me arranca de la indiferencia y me hace consciente de que no soy dueño absoluto del mundo. En ese sentido, la política no puede reducirse a la gestión de recursos o al cálculo estratégico: es, ante todo, el espacio donde el otro me convoca y me obliga a salir de mi ensimismamiento.

Paul Ricoeur, por su parte, pensó la identidad no como algo fijo e inmutable, sino como una “identidad narrativa” que se configura en relación con los otros. Somos lo que somos porque contamos historias con y frente a otros. La política, desde esta perspectiva, no es más que la gran narración compartida que intentamos construir como sociedad, un relato siempre abierto, que debe ser capaz de integrar nuevas voces sin excluir las anteriores.

Jacques Derrida, finalmente, nos invita a pensar la democracia como “por venir”. Es decir, no como un sistema acabado, sino como un horizonte que se construye en el reconocimiento de la alteridad radical, de la hospitalidad hacia lo distinto. Para Derrida, la democracia no se clausura, no se define de una vez: permanece en estado de promesa porque siempre debe abrirse al otro que llega, al extranjero, al diferente. En esa apertura reside su vitalidad.

Estos tres aportes —la ética del rostro, la identidad narrativa, la democracia por venir— nos muestran que la política no puede pensarse sin alteridad. Allí donde se niega al otro, allí donde se busca homogeneizar o silenciar, se traiciona la esencia misma de lo político.

Política, sociedad y comunidad: el otro como condición del nosotros.

 En la práctica social, la alteridad se manifiesta en múltiples formas: en la diversidad cultural, en las desigualdades económicas, en las identidades de género, en las luchas de los pueblos originarios, en las migraciones, en las distintas maneras de habitar lo común. La política se enfrenta constantemente a la pregunta de cómo hacer posible la convivencia en medio de esas diferencias.

El riesgo está en reducir la política a una lógica de la enemistad: Carl Schmitt la definía como el campo de la distinción entre amigo y enemigo. Esa visión, que sigue influyendo en discursos actuales, convierte al otro en amenaza, en obstáculo a eliminar, en exterioridad a expulsar. La alteridad, en cambio, nos recuerda que el otro no desaparece aunque lo nieguen; que la diferencia no es anomalía, sino condición constitutiva de lo humano.

Pensar políticamente desde la alteridad implica aceptar la incomodidad, convivir con la disidencia, sostener la pluralidad. Implica, también, comprender que la comunidad no es uniforme: se trata de un tejido hecho de hilos distintos, de trayectorias diversas, de tensiones que no se eliminan sino que se administran democráticamente.

La sociedad, en este sentido, se mide no por su capacidad de homogeneizar, sino por su apertura a lo distinto. Una política sensible a la alteridad es aquella que escucha a los que no tienen voz, que reconoce a los invisibilizados, que otorga lugar a quienes históricamente fueron desplazados.

Alteridad y política en Argentina y América Latina.

 En América Latina, y en Argentina en particular, la cuestión de la alteridad atraviesa de manera profunda la historia política. Los proyectos de nación siempre estuvieron marcados por la tensión entre inclusión y exclusión: pueblos originarios reducidos a “lo otro bárbaro” o sectores populares descalificados como masa manipulada.

Hoy esas tensiones reaparecen en nuevos escenarios. Por ejemplo, los discursos de odio hacia las minorías o la negación de derechos de comunidades vulnerables, son expresiones contemporáneas de una política que olvida la alteridad y busca imponerse desde la homogeneidad y el control.

Al mismo tiempo, emergen experiencias que recuerdan la potencia de la diferencia: movimientos feministas que amplían los límites de la ciudadanía, pueblos indígenas que reclaman reconocimiento o sectores civiles que exigen un planeta habitable. La democracia latinoamericana se juega, en gran medida, en la capacidad de abrirse a estas voces y de no replegarse en nostalgias excluyentes.

En Argentina, la polarización política muchas veces convierte al adversario en enemigo absoluto, negando toda posibilidad de diálogo. La lógica de la alteridad, en cambio, nos recuerda que incluso el adversario político es parte del nosotros, que no puede ser expulsado sin poner en riesgo la vida democrática. El desafío es construir una cultura política capaz de transformar el antagonismo en agonismo: un conflicto vivo, sí, pero que reconozca al otro como legítimo.

 Hacia una política sensible al otro.

 Pensar la política desde la alteridad no es un lujo intelectual: es una necesidad vital. Allí donde se niega al otro, surge la violencia. Allí donde se borra la diferencia, aparece el autoritarismo. Allí donde se clausura la escucha, se instala el dogma.

Una política sensible a la alteridad es aquella que no teme a la pluralidad, que se hace cargo de la incomodidad del disenso, que entiende que el otro no es enemigo sino condición de posibilidad del nosotros. No se trata de un llamado ingenuo a la armonía absoluta, sino de un compromiso realista con la democracia entendida como convivencia conflictiva pero respetuosa.

 En tiempos de fragmentación y desconfianza, volver a la alteridad como principio ético y político es quizás la única manera de sostener un horizonte común. La democracia no puede reducirse al voto cada tanto, ni a la gestión tecnocrática de indicadores: requiere sensibilidad, escucha, hospitalidad. Requiere, en definitiva, volver a poner en el centro lo que nunca debió salir de allí: el otro.

Julián Lazo Stegeman

En ambos casos, la decisión oficial carece de sustento técnico sólido. Más bien responde a una lógica de hostilidad hacia las instituciones públicas, incluso cuando éstas representan espacios de excelencia reconocidos internacionalmente, como el Hospital Garrahan y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La emergencia pediátrica ignorada.

Los números son inapelables: el Garrahan atiende a más de 350 mil niños y niñas por año, realiza 10 mil cirugías, alrededor de 100 trasplantes pediátricos y procesa más de 2,3 millones de estudios de laboratorio. Sin embargo, el hospital recibe hoy menos presupuesto que en 2024, mientras los sueldos de médicos y médicas cayeron más de 50% en términos reales. La Ley de Emergencia Pediátrica buscaba dar respuesta inmediata a esa crisis, con medidas puntuales para recomponer salarios, garantizar insumos y sostener la atención.

El veto presidencial se justificó en el supuesto impacto fiscal de 133.433 millones de pesos, apenas una fracción del gasto público total. El ahorro que se pretende mostrar como “austeridad” termina siendo, en los hechos, un ajuste contra los más vulnerables.

La universidad pública en jaque.

El caso universitario repite el mismo patrón. Argentina ostenta el orgullo de tener a la UBA como la mejor universidad de América Latina según el Ranking QS Global, compartiendo el podio con la Universidad de San Pablo y la UNAM de México. Pero la comparación de inversión por estudiante revela una desigualdad alarmante: mientras la USP invierte USD 17.942 por alumno y la UNAM USD 8.180, la UBA apenas alcanza los USD 1.485.

Lejos de revertir esa brecha, el gobierno profundizó el ahogo presupuestario. En 2024 la infraestructura universitaria tuvo asignados $1.972 millones, de los cuales no se ejecutó un solo peso. En más de un año y medio no se concretó ninguna obra en universidades nacionales. A la par, los salarios docentes y no docentes se hundieron: frente a una inflación acumulada del 250%, las remuneraciones apenas crecieron un 95%, lo que implica una pérdida superior al 40% del poder adquisitivo.

Las becas Progresar, que garantizan igualdad de acceso y permanencia, perdieron un 65% de su valor real y se redujeron en casi medio millón de beneficiarios en 2024. La combinación es devastadora: menos recursos, menos infraestructura, menos becas y peores salarios.

Frente a ese escenario, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario , que establecía la actualización automática de salarios y gastos de funcionamiento según la inflación de 2024 y 2025. Su costo fiscal estimado para 2025 era de apenas el 0,2% del PBI. Sin embargo, el presidente volvió a vetar la norma.

El sinrazón del veto.

El veto a la Ley de Financiamiento Universitario reproduce el mismo sinsentido que el aplicado a la emergencia pediátrica: el argumento fiscal no se sostiene. No se trata de leyes que comprometan el equilibrio de las cuentas públicas, sino de normas que aseguran mínimos básicos para el funcionamiento de dos áreas críticas: la salud infantil y la educación universitaria.

En el caso de las universidades, el costo marginal de la ley era casi simbólico frente al impacto positivo de sostener un sistema que garantiza educación gratuita y de calidad a más de 2 millones de estudiantes en todo el país. La comparación con otros rubros del presupuesto —como la deuda pública, que absorbe más de 20 veces ese porcentaje— vuelve a poner en evidencia que el veto responde a una decisión política, no técnica.

El trasfondo ideológico.

Ambos vetos revelan un mismo trasfondo: la convicción del oficialismo de que el Estado no debe financiar derechos colectivos, sino que cada individuo debe resolverlos en el mercado. La salud y la educación, en esta mirada, no son bienes públicos universales sino servicios que, de ser provistos por el Estado, deben limitarse a lo mínimo indispensable.

Pero ese modelo choca con la realidad. Niños y niñas que requieren trasplantes no pueden esperar a que el mercado asigne recursos. Jóvenes que dependen de una beca para sostener su carrera no pueden aguardar a que el capital privado decida invertir en educación. Las universidades no pueden sostener su infraestructura sin presupuesto, y los hospitales no pueden salvar vidas sin médicos bien pagos ni insumos suficientes.

Las mentiras como sostén del ajuste.

Si los argumentos fiscales resultan endebles, el gobierno recurre entonces a otro recurso: el discurso de la sospecha. Desde el oficialismo se repite una y otra vez que las universidades nacionales, y en particular la UBA, serían cajas negras sin auditoría ni control del gasto. El objetivo es sembrar dudas en la sociedad y legitimar el ajuste presupuestario bajo la apariencia de una cruzada contra la corrupción.

La afirmación, sin embargo, es falsa. La Universidad de Buenos Aires es auditada regularmente por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo dependiente del Congreso. Además, cada año presenta su rendición de cuentas ante el Consejo Superior y publica balances que son públicos y accesibles. No se trata de un sistema opaco, sino de uno de los más controlados de la administración pública.

La insistencia en esta mentira no es inocente. Al instalar la idea de que “no hay auditorías”, el gobierno busca erosionar la legitimidad de una institución que goza de enorme prestigio social. Se apela así a una estrategia de desprestigio, donde el ajuste no aparece como un acto de desfinanciamiento deliberado, sino como una supuesta “corrección moral” frente a una administración irresponsable.

El caso no es aislado: el mismo mecanismo se repite en salud, donde se cuestiona el tamaño de la planta del Garrahan o se agitan fantasmas de “gastos excesivos” sin sustento en los datos. En ambos campos, el relato oficial funciona como cortina de humo: se inventan irregularidades para justificar recortes que, en realidad, responden a una decisión política e ideológica de fondo.

Un Estado que se retira.

El retiro del Estado de estas funciones esenciales no sólo genera sufrimiento inmediato, sino que compromete el futuro del país. Cada niño que no accede a un tratamiento, cada estudiante que abandona sus estudios por falta de recursos, cada investigador que emigra por falta de financiamiento, son pérdidas que no se recuperan.

El costo de no invertir en salud y educación es infinitamente mayor que el ahorro fiscal coyuntural. Se mide en capital humano perdido, en desigualdad creciente, en oportunidades desperdiciadas. Y lo más grave: en la erosión de la cohesión social y del sentido mismo de una comunidad nacional.

La necesidad de insistir.

Los vetos a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la Ley de Financiamiento Universitario no son episodios aislados, sino parte de un programa de ajuste que erosiona derechos fundamentales. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de insistir en ambas normas, demostrando que la democracia argentina aún es capaz de defender el interés general frente a la lógica fiscalista y cortoplacista.

Porque si algo demuestra la historia argentina, es que la salud y la educación públicas son pilares de la movilidad social, del desarrollo económico y de la identidad nacional. Votarlas, sostenerlas y financiarlas no es un gasto: es la inversión más importante que un país puede hacer en su futuro.

Julián Lazo Stegeman

-Desde el inicio de nuestra gestión, uno de los principales objetivos fue preservar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales frente al avance de la inflación. En este marco, durante 2024 logramos una mejora salarial del 30 % por encima de la inflación acumulada, marcando un avance concreto y significativo en beneficio del personal municipal.Además, procedimos a la recategorización de los trabajadores que se encontraban en la categoría 2, 3, 4 y 5 del escalafón municipal, quienes pasaron a revistar en la categoría 6, siendo el piso mínimo de ingreso para todo empleado municipal. Esta decisión permitió mejorar su salario base y reconocer años de servicio que hasta entonces no habían sido contemplados.

¿Es un porcentaje alto del presupuesto lo que demanda el tema salarial, caja de jubilaciones, etc.?

-Sí, puede ser. En lo que va del año, los acuerdos salariales alcanzados incluyeron incrementos del 10 % en marzo, 6 % en abril y del 6 % en junio. Todos estos aumentos impactaron de manera directa en el medio aguinaldo, el cual fue abonado el 12 de junio, en tiempo y forma, con fondos exclusivamente municipales.

-Somos plenamente conscientes de que el salario municipal continúa siendo bajo. No lo negamos, pero estamos convencidos de que actuar con responsabilidad, hablar con sinceridad y avanzar con hechos concretos es la manera más honesta de gestionar. Por ello, sostenemos una política salarial seria, cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones y mantenemos un canal de diálogo permanente con el sindicato.

-Como gesto concreto de reconocimiento al compromiso de nuestros trabajadores, destinamos 25 de las 100 viviendas recientemente sorteadas a empleados municipales. Estas acciones reflejan el valor que asignamos al rol fundamental que cumple cada agente en el funcionamiento del municipio y en la mejora cotidiana de nuestra ciudad.

Por estas horas se están resolviendo situaciones con respecto a los corsos,¿hay una política cultural y turística que impulse la economía local?

-Los corsos de Gualeguay no son solo una fiesta popular, sino una verdadera política cultural y turística con un fuertísimo impacto en la economía local. Durante enero y febrero, la ciudad se transforma: se colma la capacidad hotelera, se incrementa el turismo regional y se dinamiza la actividad comercial en bares, comedores y otros rubros.

-Este logro es el resultado del trabajo conjunto de múltiples actores: personal municipal, clubes encargados de cantinas y estacionamientos, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y, por supuesto, las tres comparsas, que son las grandes protagonistas del evento. Ellasaportan talento, esfuerzo sostenido y pasión. Así expresan el espíritu del carnaval gualeyo.

-Con vistas a la edición 2026, desde el gobierno municipal hemos adoptado una política de acompañamiento concreta. Firmamos convenios con cada comparsa, otorgándoles un aporte económico para la producción del show. A ello se suma la concesión de una cantina por comparsa y la autorización para la venta de espuma dentro del predio. Estas herramientas fortalecen el financiamiento de las agrupaciones con recursos genuinos, sin comprometer el equilibrio fiscal municipal.

-Ahora, permitime decirte, y tiene que ver en lo que decía de los trabajadores municipales; en 2024, el notable crecimiento del carnaval provocó una saturación en el sistema de venta de entradas. En ese contexto, evaluamos la contratación de un sistema externo, como Tiketek, pero esta alternativa fue descartada debido al alto costo que representaba: un recargo mínimo del 25 % sobre el valor de cada entrada.

-En su lugar, se optó por fortalecer el sistema interno. Es importante destacar la labor del equipo de sistemas de la Secretaría de Hacienda, que trabajó con compromiso y profesionalismo durante todo 2024 para rediseñar y optimizar la plataforma de venta. Gracias a ese esfuerzo, la edición 2025 se desarrolló con un sistema de comercialización eficiente, sin inconvenientes en la asignación de ubicaciones.

-El carnaval es una herramienta estratégica para la promoción y el crecimiento de Gualeguay.Su impacto beneficia no solo al comercio y al turismo, sino también a los clubes locales, que cumplen un rol central en la vida social, deportiva y cultural de nuestra comunidad. Por ello, acompañarlos con decisión, compromiso y responsabilidad ha sido y seguirá siendo una política esencial de esta gestión.

¿Cómo explicar el traspié desde la política habitacional?; me refiero a la situación del 100 Viviendas…

-Te consta que es una gestión que no se detiene. Desde el primer gobierno de Federico Bogdan, esta gestión se ha caracterizado por abordar problemáticas estructurales que afectan a nuestros vecinos, como es el caso del déficit habitacional. Te he escuchado desarrollar esta problemática que tenemos en la ciudad. En ese camino, fue Federico quien dio el puntapié inicial al plan “Tené tu Casa”, marcando un antes y un después en la política habitacional local.

-Desde entonces, se han entregado 68 viviendas en una primera etapa y 31 viviendas más en la segunda, con 4 unidades actualmente en construcción. A esto se suma la entrega de 150 viviendas en 2019, gestionadas en el marco de un programa nacional y el reciente sorteo de 100 nuevas viviendas, también bajo un plan nacional, que se encuentran en su etapa final de ejecución.

-De esas 100 viviendas, 25 fueron adjudicadas a trabajadores municipales y las restantes al sector privado, empleados del sistema de salud, docentes, miembros de las fuerzas de seguridad y bomberos (con un cupo del 5 % establecido por ordenanza municipal). Asimismo, se entregaron cuatro viviendas adaptadas para personas con discapacidad motriz, dos viviendas para discapacidad no motriz y, en cumplimiento de una ordenanza municipal, se destinó un cupo del 2 % para el colectivo trans.

Cabe tener presente que estas viviendas serán abonadas por sus adjudicatarios, mediante el pago de una cuota mensual, lo cual nos permitirá volcar dichos fondos a nuevas políticas de hábitat.

No me contestó lo del Honorable Concejo Deliberante cuando se trataron las 100 Viviendas…

-Con el objetivo de acelerar la entrega de esas viviendas, el Ejecutivo elevó un proyecto de ordenanza para utilizar fondos municipales de manera transitoria, con la garantía de su posterior reintegro mediante recursos nacionales. Esta iniciativa fue rechazada por los concejales de la oposición. De haberse aprobado, muchas familias ya podrían estar habitando su casa propia. Este hecho evidencia, una vez más, la diferencia entre quienes consideramos a la vivienda como una verdadera prioridad y quiénes no. O peor aún, quienes privilegiaron intereses políticos por sobre los intereses de los vecinos de la ciudad.

¿Han hecho conocer una licitación por estas horas?

-Son obras públicas con recursos propios. Sabés muy bien que estamos en un contexto económico complejo y con la paralización de numerosas obras a nivel nacional.El municipio decidió no detenerse;con fondos propios y una administración responsable, continúa ejecutando obras fundamentales para la ciudad.

-Una de las intervenciones más importantes ha sido la obra hidráulica sobre el Canal de los Ingleses, con una inversión de $43 millones, que permitirá mejorar el escurrimiento del agua y evitar anegamientos en zonas críticas.

-También se concluyó la pavimentación de las últimas calles de tierra del Primer Cuartel mediante el sistema de intertrabado y se prevé iniciar la pavimentación de 25 nuevas cuadras en el Tercer Cuartel.

-Además, se avanza con un plan de iluminación que contempla la colocación de columnas y luminarias LED en 50 cuadras de la ciudad, generando mayor seguridad, mejor calidad de vida y ahorro energético.

-Actualmente, se está ejecutando la obra de iluminación del ingreso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 12. Les recuerdo que esta obra estaba próxima a inaugurarse en 2023, cuando fue objeto de hechos vandálicos que incluyeron el robo del cableado subterráneo, dejando a la zona sin una iluminación adecuada para garantizar seguridad y visibilidad.

-Desde diciembre de ese año, la intendente municipal llevó adelante incansables gestiones para concluir esta obra. La sucesión de cambios en la jefatura de Vialidad Nacional provocó demoras considerables. Finalmente, se logró avanzar gracias a un acuerdo con la empresa provincial de energía (ENERSA), que actualmente está ejecutando los trabajos, con una inversión estimada en $70 millones.

Con respecto alcementerio local, con toda la carga cultural e histórica que tiene, ¿están restaurando el Panteón Argentino?

-Con el objetivo de preservar y restaurar uno de los patrimonios más importantes de nuestra ciudad, se han iniciado las esperadas obras de restauración en el Panteón de la Sociedad de Socorros Mutuos “La Argentina”, más conocido como “Panteón Argentino”. Esta intervención, que forma parte de un plan integral de conservación del patrimonio histórico, busca no sólo recuperar la estética y funcionalidad del edificio, sino también garantizar su preservación a lo largo del tiempo.

-Los trabajos incluyen tareas de limpieza general, tratamiento intensivo antihumedad, revoque exterior para resolver las filtraciones y grietas, así como la reparación del cielo raso. También se llevará a cabo la reposición de los ornamentos faltantes, respetando el diseño original del monumento. Esta obra oscila en los $24 millones. Te agradezco que me lo preguntes, porque debo reconocer la tarea deMario Carcacha, renombrado maestro restaurador especializado en la conservación de edificios y monumentos históricos.Está a cargo de esta obra. Su vasta experiencia garantiza que los trabajos se realicen con la mayor precisión y respeto por el valor histórico del Panteón.

-Cabe recordar que el Cementerio de Gualeguay ha sido declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Provincia de Entre Ríos mediante la Ley N.° 10.600, lo que resalta la importancia de su conservación no sólo a nivel local, sino también en el contexto provincial.

-Las obras de restauración también abarcan las dos alas del frente del edificio, que constituye uno de los puntos más emblemáticos de la arquitectura histórica de nuestra ciudad.

  Se puede decir que estamos frente a una nueva era en la que la política ha cambiado rotundamente. En esta “era digital”, la política sufre una transformación en varios aspectos que resultan inquietantes. Giuliano da Empoli, en su obra “Los ingenieros del caos”, apunta que nos encontramos con una nueva forma de pensar los medios digitales y como estos reconfiguran el escenario político contemporáneo. Por esto consideramos fundamental analizar de qué forma los personajes mediáticos y la inmediatez de las redes sociales están moldeando el debate político y la propia democracia. Algo que, desde la ficción, Black mirror, una de las series icónicas de una de las tantas plataformas de streaming hace más de una década ya anticipaba: Waldo, ese osito azul que trasciende la condición lúdica que le es impuesta para llegar a convertirse en un símbolo de la protesta popular y del desencanto ante las instituciones tradicionales. Quien hoy emerge más que nunca como un arquetipo complejo que invita a la reflexión.

  En estos últimos años, muchas personas en nuestra ciudad y en todo el país han empezado a preguntarse si vale la pena seguir votando. Cada vez es más común escuchar frases como "todos prometen lo mismo y no cumplen" o "vote a quien vote, nada cambia". Esta desconfianza se traduce en datos: hay más votos en blanco, menos gente yendo a votar, y un apoyo creciente a figuras nuevas que no vienen de los partidos tradicionales. Podemos asignar un motivo a esta crisis de la representatividad: la fragmentación de las sociedades en distintas “tribus”, cada una con distintos intereses y necesidades, la mayor de las veces contrapuestos.

  Este fenómeno no es exclusivo de los grandes centros urbanos ni de las capitales. En ciudades como la nuestra, donde “todos nos conocemos” y los problemas son muy concretos (la falta de empleo, los servicios que no mejoran, los sueldos que no alcanzan, etc.), la política tradicional parece cada vez más lejana. Muchos sienten que los dirigentes viven en otra realidad, mientras la vida cotidiana se hace más difícil.

  En este escenario aparecen nuevos tipos de figuras públicas: personas que no vienen de la política, pero que dicen lo que muchos piensan. Hablan sin filtro, critican a todos por igual, se muestran "como uno más" y aprovechan las redes sociales para ganar apoyo. Su fuerza no está en las propuestas concretas, sino en saber canalizar el enojo de la gente. No ofrecen soluciones claras, pero dicen lo que otros no se animan. Esto hoy parece suficiente para ganar votos. Sin embargo, estos votos no favorecen a la democracia, ya que este odio generado hacia la política no hace más que se pierda la esencia de la democracia y la elección racional.

 Este cambio en la forma de hacer política tiene mucho que ver con el modo en que consumimos información. Las redes sociales y los medios digitales (apalancados en los algoritmos) generan que lo que más se comparte sea lo que genera reacciones más rápidas: un grito, un chiste, una frase provocadora. Ya no importa el contenido de fondo, sino el impacto que cause. En este punto, se vuelve muy actual la frase atribuida a Mark Twain: “Una mentira puede viajar por todo el mundo mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos”. Hoy esa afirmación tiene incluso respaldo científico: diversos estudios sobre la difusión de la información en redes sociales muestran que las noticias falsas se comparten más rápido y llegan más lejos que las verdaderas. En ese contexto, quienes hablan con calma o con datos quedan en segundo plano. La bronca se vuelve protagonista, ha sido utilizada para fomentar discursos de odio, donde solo vemos a los candidatos hablar mal e intentar desacreditar la propuesta de otros candidatos. Entonces, el odio se vuelve la forma común de hacer política. ¿Y adónde conduce esta lógica?

  Una historia que sirve para pensar esto es la del personaje Waldo, un dibujo animado que empieza como una broma en un programa de televisión y que, con el tiempo, gana apoyo para postularse como candidato. No tiene ideas ni propuestas. La gente lo sigue porque se sienten representados en su enojo. Aunque parezca exagerado, esa ficción se parece mucho a lo que vemos hoy. Personajes que provienen del ámbito de los entretenimientos, pero terminan compitiendo en serio por lugares de poder.

  La reacción de los políticos tradicionales frente a estos nuevos protagonistas es muchas veces equivocada: los subestiman, se burlan o los ignoran. Pero esa actitud solo alimenta más el enojo y refuerza la idea de que están desconectados de la realidad. Mientras algunos explican con tecnicismos, otros conectan desde la emoción. En épocas de bronca, eso marca la diferencia.

  En nuestra provincia, también en nuestra ciudad, es cada vez más común que en las elecciones haya menos participación y más desinterés. Incluso muchas personas jóvenes no sienten que tengan un espacio real para opinar o participar.

  Otro problema es la velocidad con la que hoy se quiere conseguir todo, se buscan soluciones rápidas a problemas que llevan décadas. Cuando alguien aparece diciendo que puede arreglar todo "de una", sin explicar cómo, muchos lo creen porque están cansados de esperar. Pero eso trae riesgos: gobernar es algo complejo, requiere tiempo, acuerdos, y muchas veces decisiones difíciles que no dan resultados inmediatos.

  La política no debería ser solo un espectáculo, necesitamos volver a pensarla como una herramienta para mejorar la vida de las personas. Para eso, hay que recuperar el diálogo, la escucha, la participación. Y eso no se logra con promesas vacías ni con insultos; sino con compromiso, transparencia y propuestas concretas.

  No se trata de volver al pasado, sino de construir algo nuevo con lo que ya aprendimos, de modernizar sin perder profundidad, de usar las redes no solo para gritar; sino para informar, debatir y construir comunidad. La política debe recuperar su razón de ser.

  El mensaje es claro: si los partidos tradicionales no cambian, si no hablan con un lenguaje genuino y cercano, la gente seguirá buscando alternativas. Esas alternativas pueden ser muchas cosas: algunas valiosas, pero otras demasiado peligrosas. Y las implicancias de esto último no debe soslayarse: la democracia no se pierde de golpe, a veces se pierde en el silencio, en la apatía, en dejar de creer que las cosas pueden cambiar.

  La decisión, como siempre, está en manos de cada ciudadano. Pero para que podamos decidir racionalmente, necesitamos información clara, espacios de debate real y dirigentes que estén a la altura de los tiempos que vivimos. Porque si la política se convierte solo en entretenimiento, todos terminaremos pagando angustiosamente los costos de un show que debe continuar.

  En esta era marcada por la violencia, el odio y la hiperconectividad, invitamos a reflexionar sobre la precariedad del debate político. Es imprescindible, que tanto los ciudadanos como los actores políticos recuperen una dimensión basada en la profundidad, el conocimiento y la responsabilidad. Solo así podremos transformar el potencial que poseen las redes sociales en una herramienta de emancipación; no en un instrumento que favorezca la perpetuación del caos y la manipulación.

 CAPURRO, Maira, CHAPARRO, Francisco, FRISEL, Jerónimo, GOROCITO, Ayrton, REPETTO, Carolina y ZAPATA, Ludmila

A más de un año del inicio del gobierno de Javier Milei, se impone una pregunta inevitable: ¿quién está pagando el costo del ajuste libertario?. El presidente construyó su narrativa sobre una promesa explícita: “la casta paga el ajuste”. Sin embargo, los datos disponibles muestran una realidad diferente que afecta no a los privilegios del poder político, sino al núcleo de los servicios públicos esenciales y a millones de ciudadanos que dependen de ellos. El recorte no ha sido quirúrgico, ni ha seguido criterios técnicos, ni ha pasado por auditorías que discriminen entre lo que debe corregirse y lo que debe protegerse. Ha sido, en cambio, un ajuste ciego, indiscriminado y socialmente regresivo que, a contramano de lo que planteaba la campaña mileísta, no impacta en la "casta política".

Salud pública: la herida del Garrahan.

Uno de los emblemas de la salud pública argentina es el Hospital Garrahan, centro pediátrico de referencia nacional e internacional. Según cifras recientes de UPCN, INDEC y CEPA, los salarios del personal del Garrahan cayeron un 35,5 % en términos reales desde noviembre de 2023. Esta merma no es solo una cuestión económica, sino una alerta sobre el vaciamiento progresivo de la salud pública. Detrás de cada número, hay profesionales de la salud que trabajan con menores en situaciones críticas y que hoy ven su capacidad de respuesta severamente limitada por la falta de recursos.

La caída de los salarios reales en salud no solo degrada las condiciones laborales, sino que promueve el éxodo de los profesionales. En paralelo, la demanda del sistema público aumenta, especialmente tras los incrementos de precios de las prepagas (dado que el Gobierno liberó los precios) y la salida de miles de afiliados. Se forma así un entramado complicado: menos capacidad de atención y más necesidad de ésta. Así se configura una fórmula que no puede sostenerse en el tiempo.

Educación pública: docentes en emergencia.

La situación de la educación pública no es menos alarmante. En las universidades nacionales, uno de los principales motores de formación profesional y pensamiento crítico del país, el ajuste también se siente con crudeza. Según AGDUBA y el INDEC, el salario real del docente universitario de dedicación semi exclusiva cayó un 27,9 % desde noviembre de 2023. Este deterioro del ingreso golpea la calidad educativa y amenaza con vaciar las aulas de docentes capacitados.

La reducción presupuestaria no solo afecta a los salarios: impacta en becas, infraestructura, programas de investigación y extensión y en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. La masiva marcha federal universitaria de abril fue la expresión contundente de un sistema que, lejos de ser parte del problema, es parte esencial de cualquier solución para el desarrollo nacional.

Ciencia y tecnología: el futuro en retroceso.

En un mundo donde la inversión en ciencia y tecnología es una de las claves del desarrollo soberano, Argentina ha optado por el camino inverso. Los datos, en base a CEPA, e-Sidif y el INDEC, muestran que el presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación cayó un 10,8 % en el primer cuatrimestre de 2024 respecto al mismo período de 2023 y un 19,4 % más en el primer cuatrimestre de 2025 en comparación con el mismo lapso del año anterior. Esto representa un retroceso grave en áreas estratégicas como salud, producción, energía, cambio climático y educación técnica.

El recorte implica la paralización de investigaciones, la emigración de científicos, el congelamiento de becas y la degradación del sistema científico-tecnológico nacional, que llevó décadas construir. Las consecuencias no son inmediatas, pero son profundas: la pérdida de capacidades soberanas, la dependencia tecnológica y la imposibilidad de competir con países que apuestan, justamente, por lo que aquí se abandona.

Jubilaciones: promesas quebradas.

El presidente Milei en campaña repetía que no ajustaría sobre los jubilados. Sin embargo, los hechos lo contradicen. Según datos del INDEC, ANSES y REM-BCRA, las jubilaciones con bono se ubicaron en el trimestre abril-junio de 2025 un 15,7 % por debajo del último trimestre de 2023 en términos reales. Las jubilaciones sin bono, por su parte, también se mantuvieron un 3,1 % por debajo de ese mismo período. A esto se suma que el bono complementario —una herramienta para compensar las bajas mínimas— está congelado en $70.000 desde marzo de 2024, erosionado por la inflación y la falta de actualización.

Esto no es solo un dato presupuestario: es una tragedia cotidiana. Son adultos mayores que deben elegir entre comprar medicamentos o comida. Que no pueden calefaccionar sus casas en invierno ni acceder a tratamientos básicos. Que ven cómo sus derechos se licuan en nombre de una supuesta estabilidad fiscal que los excluye.

Discapacidad: un sector sumamente golpeado.

El área de discapacidad ha sido otra víctima del ajuste. La Agencia Nacional de Discapacidad sufrió un recorte presupuestario del 17 % en 2024, lo cual afecta directamente la gestión de pensiones no contributivas, los programas de inclusión y el acceso a dispositivos, tratamientos y transporte. Además, el nomenclador —el listado que fija los valores de las prestaciones— permanece congelado desde diciembre de 2024, lo que implica que muchos prestadores comienzan a desertar del sistema por inviabilidad económica.

El resultado es una doble injusticia: personas con discapacidad que quedan sin atención y familias que deben enfrentar gastos impagables. Ajustar sobre este sector no solo es económicamente cuestionable; es moralmente inadmisible.

La promesa rota: ¿dónde está la casta?.

En medio de estos recortes, el eslogan fundacional del gobierno —"la casta paga el ajuste"— aparece desmentido por los hechos. No hubo reducción significativa en los salarios de legisladores, ni se eliminaron jubilaciones de privilegio, ni se avanzó en una reforma política profunda. El número de asesores legislativos se mantiene alto y el gasto en rubros como, por ejemplo, viajes oficiales (y no tan oficiales) no ha mostrado caídas proporcionales al resto del Estado.

La casta, parece, no paga el ajuste. Lo pagan los jubilados, los médicos, los docentes, los científicos y las personas con discapacidad. Lo pagan los hospitales públicos, las universidades nacionales y los organismos que sostienen el tejido social y productivo del país.

Ajustar sin auditar: ¿una política o un dogma?.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta política económica es su lógica dogmática. En lugar de auditar organismos, identificar irregularidades y sancionar a los responsables —como correspondería en una república—, se procede al cierre o desfinanciamiento generalizado de entidades clave como el INTA, el Conicet o Vialidad Nacional.

Cerrar un organismo entero porque “había curros” particulares carece de toda lógica. Lo razonable sería investigar, sancionar y corregir. Pero el camino elegido ha sido otro: destruir capacidades estatales sin distinguir entre lo necesario y lo superfluo y entre lo correcto y lo incorrecto.

Lo mismo ocurre con los subsidios. En lugar de segmentarlos, se eliminaron sin diferenciar entre realidades socioeconómicas diversas. El resultado: miles de familias trabajadoras, sin ahorros ni red de contención, enfrentan tarifas impagables, experimentando ellas el supuesto ajuste contra "la casta".

¿Estabilidad macro?.

Desde el gobierno se celebra el superávit fiscal como un trofeo. Pero conviene preguntarse: ¿de qué sirve una macroeconomía ordenada si se basa en la destrucción del entramado social? ¿Qué sostenibilidad puede tener un modelo que desincentiva la producción, la ciencia, la educación, la salud y la inversión en capital humano?.

La estabilidad real no se logra simplemente ajustando el gasto. Requiere desarrollo, inclusión, consenso y justicia. Ajustar puede ser necesario en determinados momentos, pero hacerlo sin criterio, sin segmentación y sin diagnóstico es, en los hechos, una forma de exclusión sistemática.

El ajuste de Milei no es una política técnica: es una decisión ideológica. No apunta a mejorar la eficiencia del Estado, sino a desmantelarlo. Y no lo están pagando los corruptos, ni los ñoquis, ni la casta: lo están pagando los sectores que más necesitan al Estado. Si no se corrige el rumbo, el supuesto orden macroeconómico puede convertirse en una ficción. La pregunta ya no es solo si hay que ajustar, sino cómo, a quiénes y con qué horizonte. Porque ajustar no es lo mismo que empobrecer. Y la política no puede construirse con una motosierra.

Julián Lazo Stegeman

La discapacidad es uno de los campos más sensibles de la política pública. Allí en donde el Estado debería garantizar mayor presencia, mayor cuidado y más inversión, lo que hoy se observa es un vaciamiento progresivo. Y éste tiene consecuencias concretas, mensurables y cotidianas. Los recursos no llegan, los aranceles están congelados, las pensiones pierden poder adquisitivo y las instituciones no pueden sostenerse. Las personas con discapacidad —niños, jóvenes, adultos mayores— son víctimas de un sistema que hoy las desatiende. Pero también lo son sus familias, los profesionales que trabajan con ellas y las comunidades que, a falta de respaldo estatal, intentan sostener lo que no pueden por sí solas.

La crisis económica del sector discapacidad puede desglosarse en distintos niveles. El más visible —y quizás el más urgente— es el congelamiento del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas. Este nomenclador determina cuánto se paga por cada servicio brindado a personas con discapacidad: atención terapéutica, apoyo escolar, transporte adaptado, actividades recreativas, asistencia psicológica, talleres, entre muchos otros. Desde diciembre de 2024, los valores establecidos no se han actualizado. En un país con una inflación acumulada de más del 100% en lo que va de 2025, esto significa una pérdida real de más del 60% del valor de cada prestación.

A esto se suman los retrasos en los pagos por parte del Estado y de las obras sociales que operan bajo su supervisión. Instituciones de todo el país denuncian demoras de 60 a 180 días en la acreditación de los fondos correspondientes. Es decir, se brindan servicios durante meses sin recibir los ingresos necesarios para cubrir su funcionamiento. No hay empresa, institución inclusiva, de salud, cooperativa ni ONG que pueda sostenerse bajo ese esquema. Se trata de una asfixia presupuestaria que pone en riesgo la continuidad de los servicios y la subsistencia de los espacios que los garantizan.

En paralelo, las pensiones no contributivas por discapacidad, que representan el único ingreso para muchas familias, también han quedado rezagadas frente a la inflación. Su valor se actualiza con los mismos criterios que el resto de las jubilaciones, fórmula que en los últimos años ha perdido consistentemente contra la suba de precios. A esto se suma la incertidumbre generada por las auditorías masivas lanzadas por el Estado sobre 1,8 millones de beneficiarios. Bajo el pretexto de combatir supuestos fraudes, se genera un clima de persecución que estigmatiza a personas con discapacidad como si fueran usurpadoras de un derecho que les corresponde.

Este conjunto de medidas —ausencia de actualización, demoras, auditorías, recortes— configura una emergencia económica integral del sector. Una situación en la que miles de personas corren el riesgo de quedarse sin atención, sin acceso a servicios básicos y, en muchos casos, sin los únicos espacios de inclusión y desarrollo que tienen.

Frente a esta realidad, el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que impulsan familias, organizaciones y legisladores de diferentes bloques intenta ser una respuesta inmediata. Su objetivo es garantizar fondos, actualizar aranceles automáticamente por inflación, y establecer un mecanismo de pagos previsible para que las instituciones puedan planificar su actividad y sostener su planta de profesionales. Sin embargo, el proyecto sigue sin ser tratado en el recinto, y desde el Ejecutivo se lo rechaza con el argumento de que implicaría un gasto “insostenible”. Lo que no se dice es que, si se corta la atención a la discapacidad, el costo humano y social será mucho más alto.

Es en este contexto donde el caso de Granja Lucecitas, en nuestra ciudad, se vuelve paradigmático. Fundado hace muchísimos años, este centro de día es mucho más que una institución: es una comunidad histórica y de amplia trayectoria en nuestra localidad que sostiene la vida cotidiana de personas con discapacidad. Allí se ofrecen talleres terapéuticos, actividades recreativas, acompañamiento familiar y atención profesional especializada, en otras cuestiones. Asimismo, se ofrece algo que ningún Estado puede medir en estadísticas: afecto, dignidad, sentido de pertenencia.

Hoy, Granja Lucecitas enfrenta una situación económica límite. Con ingresos congelados y costos básicos qué no dejan de crecer, la institución está al borde del colapso. Muchos profesionales, por ejemplo, siguen trabajando al límite económico. Las familias, autoridades de la institución y los mismos profesionales colaboran como pueden. No obstante, ese esfuerzo colectivo no debería reemplazar el rol del Estado. Porque cuando una institución fundamental como ésta depende de la caridad o la buena voluntad para sobrevivir, lo que se pone en cuestión es la vigencia misma de los derechos.

No se trata solo de números. Se trata de una concepción ética de lo público. De entender que la discapacidad no es una carga, sino una dimensión de la diversidad humana que debe ser respetada, integrada y acompañada. De asumir que hay derechos que no pueden depender del mercado ni de la rentabilidad financiera. Y de reconocer que una sociedad que abandona a sus personas con discapacidad está renunciando a su propia humanidad.

Por eso, este artículo no es solo un llamado de atención. Es también una invitación a reconstruir consensos. Porque frente a la fragmentación social y el repliegue del Estado, lo que nos queda es volver a poner en el centro valores como la solidaridad, el respeto, el compromiso y la empatía. No como eslóganes vacíos, sino como principios rectores de una política pública inclusiva. Porque no hay verdadera justicia sin igualdad de condiciones. Y no hay verdadera democracia sin derechos garantizados.

Gualeguay lo sabe. Por eso debe defender a Granja Lucecitas. Porque entiende que allí no solo se atienden a personas con discapacidad: se construye comunidad. Y porque sabe que cuando una luz se apaga en la oscuridad, no solo pierde quien está cerca. Perdemos todos.

Julián Lazo Stegeman 

Hace algunos días, Moria Casán se animó a opinar de la situación política que está atravesando el país, asegurando que Javier Milei, actual presidente, tenía grandes chances de ser reelecto para ocupar por cuatro años más el sillón de Rivadavia. Ahora, en una charla mano a mano con Puro Show (El Trece), la diva volvió a analizar la actualidad nacional.

Fernando Pato Galmarini, militante peronista y pareja de Moria, reaccionó a los dichos de su novia y ella no tuvo reparos en responder: “Yo no milito, pero tengo opinión. Él tiene sus ideas y yo tengo mis opiniones, imagínate que estoy con él hace cuatro años y desde que vivo con él estoy en una familia de políticos”, expresó. Y agregó: “Yo hablo de lo que se me canta, es mi opinión, a esta altura. Es una opinión, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es una opinión”.

Tras estas declaraciones, explicó las razones detrás de la decisión de no hablar de política. “Me cuesta engancharme con la política. No me incomoda, pero he pasado por todos los políticos, por la dictadura. Pasé por todos los gobiernos y nunca dejé de trabajar, nunca dependí del Estado, nunca recibí un sobre del Estado”, contó La One, y habló de su experiencia laboral.

“El Estado dependió de mí. Trabajo en mi país, tengo todo en mi país, he hecho cosas en mi país, entonces yo no me quejo. Si un impuesto mío puede… entonces no me hagas sentir culpa por si puedo tener un dinero para dar".

“Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos. Haciendo una obra trascendente, que trasgredo y que me trasciende”, sumó la diva. Ante esta observación, Pampito, uno de los conductores, le preguntó si cobraba jubilación, y ella sorprendió con su respuesta.

”Sí, la mínima. Un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito, de cualquier manera no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”.

El presentador de Puro Show decidió no evitar el tema de actualidad: la sentencia a seis años de prisión de Cristina Fernández de Kirchner y nuevamente volvió a negarse a tocar el tema: “No, no, no, no me interesa. Me parece que todo es disruptivo porque estoy leyendo que viene Lula a saludarla, Todo esto es una distopía, vivo en un país distópico donde una vez fui a trabajar a Tucumán y me pagaban con fideos, yerba y australes, pero yo sigo en el escenario”.

Moria no suele tocar el tema de la política, es por eso que la declaración que hizo días atrás generó sorpresa. El jueves pasado por la noche estuvo invitada a un evento para celebrar a la comunidad LGBTQI+. En este contexto, los medios se presentaron en la puerta del salón para tener la palabra de La One.

Todo comenzó cuando uno de los movileros le consultó si iría a visitar a Cristina Fernández de Kirchner durante los seis años que esté presa y la diva fue tajante: “No, no, no. Yo no hablo de política, no habló del presidente, no habló de nada”. Y agregó: “Yo vivo en este país, me flexibilizo y adapto a las circunstancias y creo que tengo para adaptarme a las circunstancias actuales siete años más, que es lo que va a estar este gobierno”.

Este comentario al pasar no pasó tan inadvertido y la repregunta no tardó en llegar. Y la actriz de Brujas se mostró segura en su contestación. “¿Vos decís que (Milei) va a ser reelecto?“: “Sí, me parece que sí”, replicó la actriz de Brujas. Si bien todavía faltan poco más de dos años para las elecciones presidenciales, la exvedette dejó en claro que cuando se lleven a cabo siente que hay grandes posibilidades de que Milei siga ocupando el sillón de Rivadavia.

En mayo de 1891, el Papa León XIII publicó una encíclica que marcaría un antes y un después en la reflexión moral sobre las cuestiones sociales: Rerum Novarum. Su título completo —"De las cosas nuevas"— alude a la transformación radical que estaba ocurriendo en la organización del trabajo, en la propiedad, en las relaciones entre el capital y el obrero y en el papel del Estado ante la naciente cuestión social. Aquella encíclica no fue simplemente una denuncia de la injusticia laboral de fines del siglo XIX, sino la piedra fundacional de la Doctrina Social de la Iglesia: una tradición viva que continúa ofreciendo criterios morales ante cada nuevo tiempo de crisis, transformación o replanteo del vínculo entre economía, política y justicia.

El contexto en el que Rerum Novarum vio la luz era el de una Europa sacudida por la Revolución Industrial, por el crecimiento urbano desordenado, por las tensiones entre el liberalismo económico y el socialismo radical. La Iglesia de la mano de aquel Papa, lejos de alinearse con alguna ideología, propuso una tercera vía moral basada en el Evangelio: un llamado a defender la dignidad de los trabajadores sin caer en el colectivismo y a reconocer el derecho de propiedad sin sacrificar el deber de justicia social. Esta vía intermedia no era un punto neutro entre dos extremos, sino una propuesta activa: la creación de una cultura política fundada en la solidaridad, la justicia distributiva y el respeto por la persona humana.

Desde entonces, la Doctrina Social de la Iglesia ha articulado sus principios en torno a cuatro pilares: la Dignidad de la Persona Humana, el Bien Común, la Solidaridad y la Subsidiariedad. Estos principios no son negociables ni relativos: son criterios morales permanentes que deben orientar cualquier decisión humana. Su vigencia no ha disminuido con el paso del tiempo: todo lo contrario. En momentos de reorganización del Estado y de reformas estructurales, la luz de Rerum Novarum sigue siendo un faro para evaluar si las políticas públicas responden verdaderamente al mandato de justicia.

La Dignidad de la Persona Humana es el fundamento de toda la construcción social que propone la Doctrina Social de la Iglesia. No puede considerarse como una abstracción ni como un eslogan, sino como el derecho concreto de cada ser humano a vivir con lo necesario para su desarrollo material, espiritual y cultural. Cuando las políticas públicas reducen a los individuos a meros agentes económicos o cifras presupuestarias, esa dignidad es herida. Especialmente cuando las medidas aplicadas empujan a millones de personas a condiciones de precariedad, inseguridad o desesperanza.

Uno de los pasajes más poderosos de Rerum Novarum afirma: “El trabajo no es una mercancía”. Esta frase corta, pero contundente, desafía toda lógica que somete la vida humana al cálculo de utilidad o a la dinámica del mercado. Hoy, aunque el lenguaje haya cambiado, el riesgo persiste: cuando los salarios reales se desploman, cuando los empleos se vuelven inestables o informales, cuando se debilitan las instancias de protección social, lo que está en juego no es solo una variable económica, sino la integridad de la persona trabajadora. La Doctrina Social recuerda, con fuerza, que el trabajo no es apenas un medio de subsistencia: es una forma de participación colectiva, una expresión de la vocación humana, una vía de realización personal y comunitaria.

El Bien Común, otro eje central de esta enseñanza, se refiere al conjunto de condiciones que permiten a todos —y no solo a unos pocos— alcanzar el desarrollo integral. Este principio obliga a los responsables políticos a mirar más allá de los equilibrios financieros o de los indicadores macroeconómicos. Preguntarse si una política favorece el bien común es preguntarse si permite que los más vulnerables vivan con dignidad. Si no lo hace, si profundiza la desigualdad o margina a los que ya están excluidos, entonces falla en su razón de ser.

Muchas estrategias de lo que se hace en pos del ordenamiento económico tienden a desmontar el papel del Estado en áreas sensibles: alimentación, transporte, energía, vivienda, salud. En nombre de la eficiencia o del saneamiento fiscal, se retiran subsidios, se recortan programas, se desfinancian políticas públicas que actuaban como red de contención. Desde la mirada del Rerum Novarum, esto supone un retroceso ético. Porque, como lo expresa la doctrina, “una comunidad política debe velar especialmente por los más débiles”. No se trata de una concesión asistencialista, sino de una exigencia de justicia.

La vivienda, por ejemplo, es uno de los derechos más básicos y, sin embargo, uno de los más descuidados cuando las políticas públicas se rigen exclusivamente por lógicas de mercado. El crecimiento desordenado de las ciudades, la especulación inmobiliaria, la ausencia de créditos accesibles o de urbanización planificada, condenan a miles de familias a vivir en condiciones indignas. La encíclica sobre la cual estamos reflexionando en el artículo de hoy ya advertía sobre este problema al señalar que el Estado debía intervenir para “remediar los males que no pueden ser corregidos por la iniciativa privada”. No hacerlo implica renunciar a la Subsidiariedad: otro de los principios cardinales. Éste indica que las instancias más cercanas a la persona —familia, comunidad local, cooperativas— deben tener protagonismo en la vida social. Pero también marca un límite claro: cuando esas instancias no pueden resolver los problemas por sí mismas, corresponde al Estado intervenir activamente. Éste no debe ser omnipresente, pero sí debe estar presente donde más se lo necesita. Su ausencia, disfrazada de neutralidad o eficiencia, es en verdad una forma de abandono.

El principio de Solidaridad, finalmente, es el lazo que une todos los demás. Es el llamado a reconocerse en el otro, especialmente en quien sufre. La Doctrina Social de la Iglesia no entiende la solidaridad como beneficencia esporádica, sino como principio organizador de la vida social. Donde no hay solidaridad institucionalizada, el tejido social se destruye. La exclusión, la violencia, la desesperanza son síntomas de una sociedad que ha perdido su alma. La política, para ser verdaderamente humana, debe tener corazón, debe estar animada por una compasión activa.

Rerum Novarum, lejos de ser un texto anclado en el pasado, mantiene su vigencia. Una vigencia que seguramente intentará seguir desplegando León XIV. La lectura de esta encíclica permite juzgar los procesos actuales con criterios morales firmes. No se trata de oponerse a los cambios, sino de preguntarse: ¿a quién benefician? ¿A quién perjudican? ¿Qué concepción del ser humano sostienen? ¿Qué idea de comunidad promueven?

La Doctrina Social de la Iglesia no propone un modelo técnico, pero ofrece una brújula ética. Esa brújula apunta siempre hacia el ser humano concreto. Y recuerda, con la sabiduría de los siglos, que el progreso verdadero no se mide por el crecimiento de las reservas ni por la reducción del déficit, sino por la justicia con la que se vive, por la esperanza que se siembra, por el lugar que se le da al último.

Julián Lazo Stegeman 

El politólogo argentino Mariano Torcal sostiene que “la narrativa política tiene la capacidad de construir legitimidad, incluso en ausencia de resultados visibles. El relato le da sentido a lo que el ciudadano no comprende del todo”. Esta idea nos lleva a pensar cómo los gobiernos y los líderes políticos utilizan estrategias discursivas para “enmarcar” sus decisiones y orientarlas a su electorado, moldeando no solo la opinión pública, sino también el humor social.

La política contemporánea no se limita a los hechos: también se juega en la forma en que esos hechos se cuentan. La filósofa belga Chantal Mouffe, reconocida por su enfoque en la teoría política y la democracia agonista, plantea que los relatos políticos no buscan simplemente describir la realidad, sino construir una identidad colectiva. “La política no es la gestión de lo existente, sino la construcción del ‘nosotros’ y el ‘ellos’. Y esa construcción siempre se hace a través de narrativas”, afirma ella. De este modo, los discursos no solo explican decisiones, sino que articulan quién es el enemigo y quién el salvador, configurando el campo de lo posible.

Un ejemplo actual y revelador de cómo funciona esta lógica discursiva es la narrativa en torno al nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A mediados de marzo de 2025, el gobierno libertario argentino, con el ministro de Economía Luis Caputo al frente, anunció la reestructuración del acuerdo con el Fondo y una nueva solicitud de financiamiento. Esta decisión, celebrada por el oficialismo como una muestra de responsabilidad, fue interpretada por sus seguidores como un acto necesario para sostener el orden macroeconómico y garantizar la continuidad del programa económico.

Sin embargo, no hay que retroceder demasiado en el tiempo para encontrar a Milei en una posición completamente distinta a la actual como Presidente. Durante la gestión presidencial de Cambiemos, el por entonces economista libertario acusaba al Presidente Mauricio Macri de haber hipotecado el futuro del país con el endeudamiento con el FMI. En varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, Milei calificó de “delincuentes” a quienes habían firmado aquel acuerdo, incluyendo al propio Luis Caputo, Secretario de Finanzas de aquel momento. Hoy, sin embargo, ambos protagonizan una nueva etapa del vínculo con el Fondo, ahora en clave de salvación.

El punto importante de esta aparente contradicción está en el relato. Desde el discurso oficialista se plantea que la realidad heredada obliga a tomar decisiones excepcionales. Y para justificar este giro discursivo y político, surge un nuevo relato: el del superávit fiscal. Según el gobierno, Argentina cerró los primeros meses de 2025 con superávit, lo que demostraría que esta vez, a diferencia de la gestión de Macri, el endeudamiento no es producto del déficit, sino de una estrategia ordenada para consolidar el modelo.

Pero esta afirmación ha sido cuestionada desde distintos sectores técnicos que denuncian que el superávit es, en realidad, un relato más. El equilibrio fiscal se logró a través de mecanismos contables poco transparentes, como la postergación de pagos a empresas proveedoras de energía y la entrega de bonos a largo plazo en lugar de efectivo. A esto se suma la exclusión de intereses de deuda en los balances oficiales, una práctica que maquilla las cifras reales.

Una de las acciones más cuestionadas es la postergación sistemática de pagos a grandes empresas del sector energético, a las que el Estado debe miles de millones por subsidios y compensaciones tarifarias. En lugar de saldar esas obligaciones en tiempo y forma, el gobierno ha optado por no pagar durante meses, acumulando una deuda que no se registra como gasto ejecutado en el período correspondiente. Este tipo de atraso no es gratuito: deteriora la cadena de pagos del sector energético y obliga a las empresas a financiarse con recursos propios o endeudarse, mientras el Estado “mejora” artificialmente su resultado fiscal y le posibilita a Javier Milei decir cada tanto en sus discursos que su gobierno está practicando un ajuste fiscal sin default.

Por otra parte, además, en muchos casos, cuando finalmente se reconocen las deudas, se procede a su cancelación no con dinero en efectivo, sino con bonos a largo plazo, muchos de ellos con vencimientos superiores a cinco o diez años. Estos instrumentos financieros no sólo transfieren la carga al futuro, sino que además permiten al Tesoro registrar ese pago como realizado sin que haya habido una erogación efectiva en el presente. Se trata, en términos técnicos, de una especie de “contabilidad creativa”, que maquilla el déficit presente trasladándolo a otras gestiones.

Otra práctica que ha generado fuertes críticas es la exclusión de ciertos intereses de deuda en los balances fiscales. En lugar de computar todos los intereses devengados, el gobierno ha optado por registrar solo aquellos efectivamente pagados en el período, lo cual permite reducir artificialmente el gasto público. Esta omisión parcial es relevante porque oculta el verdadero peso del endeudamiento actual, especialmente en un contexto de altísimas tasas de interés internas, donde el Banco Central y el Tesoro colocan instrumentos de corto plazo con rendimientos elevados para absorber liquidez. En otras palabras, el Estado puede haber comprometido pagos importantes a futuro —tanto a proveedores como a bonistas—, pero al no registrarlos ahora, presenta una imagen de orden fiscal que no se condice con la realidad estructural. El relato del superávit, entonces, no se sostiene por una mejora genuina de las cuentas públicas, sino por una combinación de recortes brutales en áreas sensibles y una batería de maniobras contables que difieren el problema sin resolverlo.

El analista y ensayista español Ignacio Ramonet, en su clásico “La tiranía de la comunicación”, explica que “el relato político moderno no necesita coherencia histórica, sino eficacia simbólica”. Esto significa que los políticos ya no están obligados a mantener una línea argumental constante, sino a generar sentido en el presente. El superávit, entonces, se transforma en un símbolo: ya no importa si es real o sostenible, sino que cumple una función política inmediata. Permite construir el discurso de que “esta vez es distinto”, que el préstamo con el FMI no será como el de Macri, porque ahora sí hay responsabilidad fiscal.

En este sentido, el relato del superávit funciona como legitimador del nuevo endeudamiento. Se intenta instalar la idea de que, como el Estado ya no gasta más de lo que recauda, el préstamo no representa una amenaza, sino una herramienta de transición. La ciudadanía, al igual que en otros momentos históricos, se encuentra frente a una disputa simbólica donde los datos se mezclan con las emociones y las narrativas simplifican procesos económicos complejos.

La eficacia del relato oficial no depende tanto de su consistencia como de la aceptación emocional que logra en su base electoral. Para muchos votantes libertarios, el préstamo con el FMI no representa una traición, sino una medida dolorosa pero necesaria. Del mismo modo que para ciertos sectores del kirchnerismo las inconsistencias sobre la inflación o la corrupción nunca fueron motivos de ruptura, en el mileísmo el relato actúa como paraguas simbólico que protege de las críticas.

En definitiva, la disputa por el sentido es central en la política. Cada decisión, cada medida económica, cada conflicto institucional es acompañado por una narrativa que busca resignificarla. Los relatos, entonces, no solo informan: construyen percepción, moldean identidades y generan adhesiones. En tiempos de redes sociales y consumo acelerado de información, esta batalla simbólica se libra minuto a minuto.

La ciudadanía, lejos de ser pasiva, también se vuelve protagonista de esta disputa. Pero lo hace desde sus propios marcos ideológicos, desde sus creencias previas, desde su necesidad de confirmar lo que ya piensa. Por eso, como señala Chantal Mouffe, la verdadera batalla política no se da tanto en los hechos, sino en la manera en que esos hechos son contados y sentidos. Y en esa batalla, el relato es la herramienta más poderosa.

Julián Lazo Stegeman 

El diputado nacional más cercano al gobernador Frigerio aún no tiene claro si acompañará o no la iniciativa de Milei para suprimir las PASO, o al menos suspenderlas por este año. El tema es motivo de análisis en el oficialismo provincial.

“En principio habría que ver cuál es la propuesta”, responde el diputado Francisco Morchio cuando Página Política le pregunta por su posición frente a la iniciativa del gobierno nacional de Javier Milei de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Morchio es el legislador nacional más cercano al gobernador Rogelio Frigerio y su indefinición en este punto es un reflejo de la etapa de evaluación en la que este tema está en el oficialismo entrerriano.

Por las consultas que pudo hacer Página Política en el Ejecutivo Provincial no se ha llegado aún a una conclusión sobre qué es lo que conviene de cara al armado electoral de este año. Por lo pronto, el voto a favor de una eventual supresión de las PASO o, en su defecto, suspensión por este turno electoral, queda como un asunto más de negociación con la Nación.

“Lo cierto es que las PASO fueron un invento del kirchnerismo para evitar la interna en el PJ. Después se logró hacer un uso válido de esa instancia electoral. Así fue como pasó en Entre Ríos que Frigerio tuvo interna y sirvió para después integrar a quienes estaban del otro lado”, valoró Morchio, al recordar el proceso de 2021 en Juntos por Entre Ríos, que permitió el ingreso por la minoría a la lista de diputados del radical Pedro Galimberti, que había enfrentado en la interna a Frigerio.

En paralelo, el diputado del PRO reparó en que “hoy las cuentas no cierran y la gente está haciendo un esfuerzo muy grande”. Consideró que “la política tiene que dar el ejemplo y tener un criterio absoluto de austeridad. Si las PASO van a ser testimoniales de nada sirven”.

En cambio, “si se trata de una instancia para que llegue el candidato que mejor represente a la gente, entonces se hace un uso válido de ese instrumento electoral”, distinguió.

“Es difícil tomar un posicionamiento en este contexto. No sabemos cuál será el presupuesto 2025, eso no nos permite saber cuánto le puede costar a la ciudadanía una instancia como las PASO”, criticó.

En cualquier caso, para Morchio la eventual suspensión de las PASO “es un tema que se debe trabajar buscando los consensos, no imponiendo una postura. Hay que escuchar a los gobernadores, que están dando la respuesta a las necesidades de la gente con recursos escasos y necesitan del acompañamiento de la Nación”.

Por lo pronto, Frigerio no le ha bajado una línea sobre el tema. Su voto estará en sintonía con lo que decida el Gobernador, más allá de lo que resuelva su bancada, Encuentro Federal, que preside Miguel Pichetto. (Fuente: Página Política).

Propaganda político partidaria, El presidente Javier Milei firmó un decreto que establece nuevas limitaciones para el uso de nombres propios en bienes y obras del Estado Nacional, con el objetivo de evitar la utilización de recursos públicos para fines de autopromoción personal o partidaria.

La normativa prohíbe, entre otras cosas, denominar bienes del Estado con los nombres de personalidades políticas hasta pasados diez años de su fallecimiento, argumentando que estas prácticas contravienen los principios republicanos y afectan la objetividad en la gestión pública.

La normaEn su artículo 1°, el decreto establece de manera tajante: “Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Nacional”. Esta medida busca evitar que los nombres de figuras políticas sean utilizados como herramienta de propaganda, reforzando la separación entre lo público y lo personal o partidario.

Con esta decisión, el Gobierno apunta a evitar que las denominaciones de espacios públicos estén sujetas a los cambios de las administraciones o los vaivenes políticos.

Según explica el texto del decreto, “el fin que se pretende es dotar de mayor objetividad a las denominaciones o nomenclaturas y evitar que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno, permitiendo de esa manera que el transcurso del tiempo y la objetividad que este brinda sea quien emita un juicio justo y equilibrado sobre las decisiones tomadas por los funcionarios”.

Reglas para los funcionarios y la participación ciudadana 

Además de regular la utilización de nombres y símbolos en espacios públicos, la nueva normativa establece restricciones para los funcionarios públicos en relación con la promoción de su propia imagen.

El artículo 3° del decreto prohíbe de manera explícita que los funcionarios utilicen “recursos o bienes del dominio público o privado del Estado Nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar y homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal”. Esta disposición busca evitar que los recursos públicos sean empleados para intereses personales o políticos, alineándose con los principios republicanos y democráticos.

El decreto también habilita a los ciudadanos a participar activamente en la supervisión de su cumplimiento. A partir de ahora, cualquier infracción relacionada con esta normativa podrá ser denunciada sin costo alguno a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD), lo que abre una vía de participación para la sociedad civil. Esta medida refuerza el control social sobre el uso de los recursos públicos y la correcta aplicación de las normativas que buscan evitar prácticas de autopromoción.

Infracciones y sanciones 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas por el decreto será considerado una “infracción grave” y podrá derivar en consecuencias legales para los responsables. Las sanciones previstas incluyen responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales, lo que otorga un marco normativo más riguroso para garantizar el cumplimiento de la ley y evitar el abuso de los bienes y recursos del Estado.

En este sentido, el decreto refuerza el control sobre el uso de los bienes públicos, asegurando que sean empleados exclusivamente en beneficio de la comunidad y no como medio para la promoción política de quienes ocupan cargos públicos. (Con información de NA)

En el convulsionado panorama político de las últimas décadas, la práctica conocida como “política de la crítica” ha ocupado un lugar central en los debates públicos y electorales. Este fenómeno, caracterizado por una constante descalificación del adversario en lugar de la construcción de propuestas sólidas, no sólo ha contaminado el diálogo democrático, sino que ha tenido consecuencias profundas sobre el sistema de representación política. La erosión de la confianza ciudadana y el creciente desamparo frente a los problemas estructurales han sido terreno fértil para la aparición de los denominados outsiders, actores políticos externos al sistema tradicional que prometen respuestas inmediatas y soluciones drásticas. 

La política de la crítica opera bajo una lógica reactiva y destructiva. Su esencia radica en focalizar los discursos y estrategias en señalar los errores, fallos o carencias del contrincante, a menudo dejando de lado el compromiso con una agenda de propuestas concretas. Aunque la crítica es una herramienta legítima en una democracia, el problema surge cuando se convierte en el único eje de acción, desplazando cualquier intento de diálogo o debate constructivo. En lugar de impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de la ciudadanía, se prioriza el desgaste del oponente. Esta dinámica, reiterada en los discursos mediáticos y campañas electorales, genera frustración en una sociedad que espera soluciones reales a sus problemáticas cotidianas. 

Las consecuencias de esta práctica son evidentes. En primer lugar, socava la legitimidad de los actores políticos tradicionales y, por ende, la confianza en las instituciones. Los ciudadanos, cansados de promesas vacías y de un constante intercambio de acusaciones, perciben que el sistema político está más interesado en sus disputas internas que en resolver sus necesidades. Este sentimiento de desafección se traduce en una menor participación electoral y un alejamiento de la esfera política, alimentando la percepción de que “todos los políticos son iguales” o que “la política no sirve para nada”. 

En este contexto de desilusión, emerge la figura del outsider. Estos actores, generalmente ajenos a los partidos tradicionales, construyen su discurso sobre la base del descontento y el rechazo al sistema establecido. Presentándose como “antipolíticos” o como alternativas “fuera del sistema”, los outsiders apelan a una ciudadanía que busca respuestas rápidas y que se siente huérfana de representación. Ejemplos de estas figuras pueden encontrarse en diferentes latitudes, desde líderes populistas hasta empresarios convertidos en políticos, quienes prometen cambios radicales bajo un discurso de renovación y transparencia. 

La llegada de los outsiders, sin embargo, no es un fenómeno casual. Es el síntoma de una crisis más profunda: la incapacidad del sistema político tradicional para responder a las demandas de la sociedad. La política de la crítica ha contribuido de manera significativa a esta crisis, pues no sólo deslegitima al adversario, sino que erosiona la confianza en la política como herramienta de transformación social. A medida que esta práctica se perpetúa, el terreno para propuestas propositivas y debates constructivos se reduce, dejando un vacío que los outsiders saben capitalizar. 

Frente a este escenario, la política propositiva se presenta como la única vía para revertir el deterioro de la representación democrática. Este enfoque, centrado en la generación de ideas, el diseño de políticas públicas y el diálogo constructivo, tiene el potencial de recuperar la confianza ciudadana y reestablecer el vínculo entre los representantes y sus electores. Implica, además, un cambio cultural dentro de los partidos políticos y de los medios de comunicación, donde las propuestas deben ocupar un lugar preponderante por sobre los ataques personales y la descalificación. 

Es imperativo que las democracias contemporáneas apuesten por fortalecer sus instituciones y promuevan liderazgos comprometidos con el bienestar colectivo, no con el espectáculo de la crítica. De lo contrario, la creciente desconexión entre los ciudadanos y el sistema político continuará alimentando la emergencia de outsiders cuya llegada, si bien puede representar una oportunidad de cambio, también puede traer consigo diversos riesgos. 

El desafío radica en revalorizar la política como un espacio de construcción colectiva, donde el diálogo y la proposición prevalezcan sobre la confrontación estéril. Sólo así será posible revertir el desamparo ciudadano y garantizar que el sistema democrático recupere su función esencial: ser un canal efectivo para mejorar la realidad de las personas. 

Julián Lazo Stegeman