El máximo tribunal rechazó por “inadmisibles” los recursos presentados por la defensa y el Ministerio Público Fiscal, confirmando así la sentencia que lo encontró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

De Vido había sido condenado en 2018 por no haber cumplido con su deber de controlar el uso de los fondos destinados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio Sarmiento, donde ocurrió el siniestro el 22 de febrero de 2012 que dejó 51 muertos y más de 700 heridos.

Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo —relacionado directamente con las muertes y lesiones—, el tribunal determinó que su cartera ministerial no fiscalizó el destino del dinero público, a pesar de los reiterados informes que advertían sobre el mal estado del servicio ferroviario.

El fallo, confirmado ahora por la Corte Suprema con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, también contempla la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas.N.A.

Los supuestos autores del asesinato de Edgardo Daniel Valbuza, de 58 años, quedaron bajo arresto preventivo, mientras que fiscalía avanza con la Instrucción Penal Preparatoria (IPP). 

El caso que conmovió a la ciudad de Gualeguay sucedió la noche del miércoles 26 de octubre cuando Valbuza fue encontrado maniatado sobre una cama sin vida en su vivienda de calle Parachú al 300 frente al Club Libertad. El cuerpo presentaba numerosos golpes en especial en la cabeza.

Por el caso el fiscal Fernando René Martínez logró arrestar a cuatro personas, tres mayores y un menor de edad. Se cree que los jóvenes ingresaron a la casa invitados por la víctima y que con la finalidad de robarle lo mataron a golpes.

La Policía realizó un trabajo de investigación que permitió a través de testimonios y del análisis de las cámaras de seguridad reconstruir el camino realizado por las personas que hoy están bajo arresto preventivo por 30 días.

En la audiencia presidida por el juez de Garantías, Sebastián Elal, la fiscalía solicitó como medida de coerción el arresto preventivo de los mayores de edad y que el menor quede a disposición del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

El caso por la pena en expectativa será llevado a Juicio por Jurado ya que a los imputados les cabe condenas de prisión perpetua en caso de ser encontrados culpables del hecho.

Fuente: UNO

La investigación por el asesinato de Pablo Vega sigue adelante y ahora espera los resultados de pericias importantes para consolidar la hipótesis principal de la Fiscalía, que apunta contra los dos detenidos como el conductor de la moto y el acompañante que ejecutó los disparos que terminaron con la vida del adolescente de 16 años, en Paraná. Este lunes el fiscal Juan Manuel Pereyra indagó a Elías Nazareno Ledesma y a Rodrigo Alejandro Ramón Retamal como coautores del homicidio, y luego se acordó con las defensas la prisión preventiva de ambos.

Según se informó, los jóvenes de 21 y 22 años acordaron la medida cautelar por el término de 45 días: Ledesma la cumplirá en la Unidad Penal 1 de Paraná y Retamal en la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay.

Según la imputación, el primero era quien conducía la moto y el segundo quien efectuó los disparos mortales, que a la 1.30 de la madrugada del viernes pasado causaron la muerte de Vega, en el corazón del barrio Belgrano de Paraná.

Tal como se había informado, la víctima se encontraba en la esquina de su casa, en inmediaciones de la plaza del barrio, cuando se acercaron los agresores en una moto. El adolescente empezó a correr pero fue alcanzado por balazos en su espalda, que le afectaron órganos vitales y no le dieron oportunidad ni de pelear por su vida.

En la investigación del hecho a cargo de Pereyra junto al personal de la División Homicidios, se había detenido a Ledesma pocas horas después del hecho y quedó representado en la causa por el defensor oficial Sebastián Ludi; en tanto, Retamal se entregó en horas de la siesta del viernes en la Fiscalía, acompañado por su abogada defensora particular, Candela Bessa.En los diferentes procedimientos no se pudo localizar aún el arma de fuego utilizada para el ataque criminal, aunque hay indicios: por un lado, en la autopsia practicada al cuerpo de la víctima se extrajo un plomo que fue remitido a la Dirección Criminalística, el cual se peritará para poder establecer el calibre del arma que lo disparó, al tiempo que se cotejará con el registro balístico que tiene la Policía, con el fin de poder establecer alguna relación con hechos delictivos previos. Por otro lado, un testigo mencionó que el arma que empuñaba el asesino podría ser un revólver calibre 38, pero esto carece de certezas ya que fue una apreciación de esa persona, por un vistazo de pocos segundos y a la distancia.

En cuanto a los testimonios, si bien al inicio de la pesquisa costó encontrar a las personas que estaban con la víctima, o mas bien costó que reconocieran que estuvieron al momento y en el lugar del hecho, en la causa se cuenta con al menos seis declaraciones de jóvenes, algunos menores, que aportaron relatos importantes tanto sobre el ataque a balazos como sobre circunstancias que precedieron al homicidio y que podrían explicar el motivo.

Creen que podría haber existido una pelea entre Pablo Vega y el acusado de tirar a matarlo, un rato antes del crimen en el mismo barrio Belgrano.

Luego de la imputación, en la que ambos acusados se abstuvieron de declarar y dar sus versiones, Retamal acordó la prisión preventiva por 45 días, en tanto había más discusión respecto a la situación de Ledesma, quien pretendía una medida cautelar más leve, como una domiciliaria, pero al final ambos firmaron el encierro por un mes y medio.

Al finalizar este plazo se volverá a discutir si se prorroga (lo cual la Fiscalía pedirá casi con seguridad) o si se imponen medidas de otro tipo. Por ahora, la prisión parece ser la mejor forma de proteger una investigación que cuenta con varios testimonios que temen por su integridad.

Presentes en el lugar se entrevistan con la propietaria de un almacén, quien da cuenta que momentos antes ingresa un masculino conocido en el Barrio por su múltiples delitos, quien le pide un sándwich a lo cual ella accede, pero al retirarse ingresa al garaje de la casa, donde intenta sustraer elementos, accionar que fue advertido por las cámaras, por lo que de inmediato lo increpan logrando ahuyentarlo.

Es de destacar que este masculino salió de cumplir una condena en la UP local hace pocos días, incluso el día posterior a recuperar su libertad ambulatoria fue detenido por el robo de una bicicleta todo terreno, la cual sustrajo de la zona de Costanera y fue detenido mientras intentaba venderla a las pocas cuadras, delito por el cual se encuentra con Prisión Preventiva con modalidad domiciliaria hasta el Día 17 del corriente mes, comunicado el Agente Fiscal en turno se dispuso el inicio de actuaciones por el delito de Hurto en grado de tentativa.

La determinación del Vocal de Tribunal de Juicio avaló lo actuado hasta el momento por el fiscal Santiago Alfieri y la decisión de imponer una preventiva de 45 días que estableció en primera instancia el juez Ricardo Bonazzola.

La medida debía cumplirse en la Unidad Penal 1 de Paraná, hasta que estén disponibles las tobilleras. Cuando el medio técnico de control lo permita, la reclusión preventiva debe pasar a cumplirse en los domicilios.

"El fiscal logró construir un piso mínimo de elementos suficientes y lo hizo de manera racional. Y el Magistrado (Bonazzola) la hizo propia. La resolución no presenta los vicios que las defensas expusieron", argumentó Cotorruelo.

Sin embargo, estimó que la domiciliaria es una posibilidad "inidónea". Es que a la hora de evaluar los riesgos de fuga y de entorpecer la causa, también le dio la derecha a Fiscalía al considerar que también se registraban en este caso

Además, y a pesar de que se trató de una audiencia de revisión de un decisorio de primera instancia, evaluó como legítimo evaluar los nuevos elementos que presentó la Fiscalía durante la audiencia del jueves.

"Las defensas no han logrado establecer la improbabilidad de los hechos ni de la vinculación de los incursos en el mismo", consignó.

Un grupo de niñas y adolescentes que vivían en una residencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia en la ciudad de Gualeguay, salían constantemente del hogar y eran prostituidas por adultos en un hotel alojamiento conocido como Cinco Esquinas. Una denuncia a fines de 2018 dio inicio a una investigación que llevó a juicio al dueño del hospedaje y a una mujer por haber facilitado la prostitución de las menores. Este jueves en los alegatos la Fiscalía solicitó 10 años y medio de cárcel para Edgardo Antonio Vallaro y tres años de prisión condicional para Eliana Valeria Viviani.

Según ha surgido de esta investigación y también de otras causas tramitadas tanto en la Justicia provincial como en la federal, la explotación sexual de chicas que escapaban de la residencia del Copnaf era una problemática que sucedió durante muchos años. En esta causa se identificó a ocho menores que estaban a cargo de la residencia socio-educativa Gregoria Pérez de Denis.

Aunque era un secreto a voces, la historia salió a la luz cuando una de ellas, que entonces tenía 13 años, sufrió una grave peritonitis y estuvo internada con riesgo de vida en el hospital San Antonio. En esa ocasión, una hermana de la chica contó lo que sucedía a personal del Copnaf que acudió al nosocomio. Pero para declarar pusieron como condición que sólo iban a hacerlo ante el director de la residencia, Martín González, quien actualmente es concejal de Gualeguay por el Frente de Todos.

El funcionario elaboró un informe al respecto y lo remitió a la defensora de Menores de la localidad, María de los Ángeles Banno. De este modo, la denuncia llegó a la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Gutiérrez, quien inició la investigación y llegó a los dos mencionados imputados.

Previamente, hace un año y medio aproximadamente, ya fue condenado un hombre por haber regenteado la prostitución de las menores. Es decir, se pudo establecer que las niñas y adolescentes salían del hogar y se juntaban con hombres que las explotaban sexualmente. En este marco se determinó que Vallaro, el dueño del hotel, habría tenido como rol no solo aportar el lugar para ello sino también avisar a clientes y coordinar con otras personas la prostitución de las menores.

Esta sospecha se pudo establecer tanto en testimonios como en los mensajes de texto y audios que pudieron rescatarse de su celular secuestrado, en los que quedó claro que avisaba a remiseros y otras personas que estaban las menores en el lugar.

En el juicio que se desarrolló ante el Tribunal de Gualeguay, integrado por Darío Crespo, Dardo Tórtul y Javier Cadenas, transcurrieron varios testigos pero sobre todo se analizaron pruebas documentales y declaraciones que se produjeron durante la instrucción de la causa, teniendo en cuenta que por la situación de pandemia se buscó reducir la circulación de personas en el debate. Por ejemplo, los informes de las profesionales que actuaron en la causa.

Tuvo la particularidad de que todas las víctimas de la causa que declararon beneficiaron a Vallaro en sus dichos. En los inicios de la causa, en las entrevistas en cámara Gesell, ninguna contó directamente haber sido prostituida en el mencionado hotel con la connivencia de Vallaro, pero sí lo decían respecto de otras.

Por esto hay incertidumbre en cuanto a la decisión final de los jueces, si consideran estos testimonios como exculpantes para el acusado o si tienen en cuenta que esa es una característica de muchas víctimas como se ha visto en este tipo de causas y también en casos de Trata.

En los alegatos de este jueves el fiscal Gutiérrez consideró que quedó demostrada la conducta ilícita de Vallaro, para quien pidió 10 años y seis meses de prisión efectiva por los delitos de Facilitación de la prostitución y Corrupción de menores. En tanto, con respecto a la joven Viviani, solicitó tres años de prisión condicional por haber acreditado un hecho respecto de una víctima por ser partícipe secundaria del delito de Estupro, y la absolución sobre otros cargos que tenía. Pedro Taffarel, defensor de Vallaro, solicitó su absolución; al igual que el abogado Horacio Fernández con respecto a la mujer.

El Tribunal dará a conocer el adelanto del veredicto el 23 a las 8.45, publicó UNO. (APFDigital)

Este martes, la Cámara de Casación Penal ratificó la condena a 3 años de prisión que le aplicó en 2019 el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay a la monja Luisa Toledo, ex priora del convento carmelita de Nogoyá por el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente calificada, por uso de violencia y por su extensión en el tiempo, en perjuicio de dos religiosas.

Los defensores de Toledo, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, plantearon que "la sentencia contiene contradicciones entre los hechos reales sustanciales y lo que termina decidiendo cuando aplica la norma, es decir se contradice en sus propios términos".

En este sentido, consideraron que el juzgamiento de las conductas de Luisa Toledo "importa inmiscuirse en cuestiones internas de la iglesia, el fallo no respeta la libertad de culto consagrada por la Constitución Nacional -ya que interpreta, reinterpreta y reescribe las normas eclesiásticas- y esa fue la gran discusión que se dio durante todo el trámite de este proceso, en el que lo que se puso en juego fueron las normas de los monasterios de clausura como los regula la Iglesia Católica".

Los vocales Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti rechazaron tales argumentos y confirmaron la sentencia a prisión contra la monja Toledo. En el fallo, señalaron que "el comportamiento de Toledo no era un exceso de una conducta autorizada en las normas del carmelo, sino castigos que no podía imponer y que cada uno de ellos constituían privaciones ilegítimas de libertad que a su vez se daban -y agravaban- dentro del marco general de privación ilegítima de libertad configurado por la imposición de permanecer en el convento".Fuente: Entre Ríos Ahora

La Justicia de Entre Ríos condenó este lunes a 11 años de prisión, al ex cura Juan Diego Escobar Gaviria por el abuso sexuala un niño de 12 años, en un juicio realizado luego de otro proceso en 2017 en el que fue condenado a 25 años de prisión por abuso y corrupción de cuatro niños de entre 11 y 12 años.

El juicio, suspendido en cuatro oportunidades, fue encabezado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Entre Ríos, integrado por los jueces Alejandro Calleja, Alejandra Gómez y Mauricio Derudi.

Escobar Gaviria participó desde la Unidad Penal 5 de Victoria, donde cumple prisión preventiva por la otra condena.

El fiscal Rodrigo Molina y el abogado querellante Mariano Navarro habían solicitado 12 años de prisión por el delito de promoción de la corrupción del menor agravado por la condición de guardador.

Por su parte, los abogados defensores Milton Urrutia y María Alejandra Pérez, solicitaron su absolución.

El fiscal detalló que el abuso sexual se cometió "de forma reiterada y continuada" durante dos años, lo que alteró "el normal desarrollo de la sexualidad" del joven.

Además aseguró que los hechos ocurrieron en la Iglesia pero también cuando realizaban viajes a otras localidades; y destacó que las pruebas fueron "contundentes".

El juicio comenzó en 2017 cuando el joven prestó testimonio y detalló el abuso sexual que sufrió cuando tenía 12 años en la iglesia de la localidad de Lucas González y en viajes a otras ciudades.

Lucas González es un pueblo de unos 5.000 habitantes ubicado a 133 kilómetros de Paraná, Entre Ríos, donde Escobar Gaviria ofició misas desde 2005 hasta fines de 2015.

En ese entonces, el fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, pidió el desarrollo de un nuevo juicio, y en mayo de 2018 el juez de Garantías de Nogoyá, Gustavo Acosta, remitió la causa a juicio oral.

El 5 de septiembre del año pasado, la Cámara de Casación Penal de Paraná integrada por los jueces Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, confirmó la condena a 25 años de prisión por abuso sexual y corrupción de cuatro niños de entre 11 y 12 años a Escobar Gaviria.

Esa decisión fue confirmada en marzo de este año por los jueces Miguel Giorgio, Martín Carbonell y Susana Medina, ya que su libertad "pone en riesgo la investigación" del nuevo juicio.

La primera denuncia la realizaron en noviembre de 2016 dos religiosas de la localidad entrerriana de Lucas González, quienes afirmaron que el ex cura "encerraba a niños de entre 11 y 12 años en dependencias de la iglesia" donde "cometía los abusos".

Luego de esto, Escobar se ausentó del lugar y su paradero fue desconocido hasta que días después se entregó a la Justicia y dijo que estaba "en un retiro espiritual en Rosario".

El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay dará a conocer el 30 de noviembre, a las 8.30, su sentencia en el juicio que se le realizó este miércoles y jueves al cura Juan Diego Escobar Gaviria por promoción de la corrupción agravada.

El tribunal, integrado por Alejandro Calleja, Alejandra Gómez y Mauricio Derudi, comunicó este jueves la fecha en la que dará a conocer su resolución. Así lo informó al término de la audiencia en las que concluyeron las testimoniales, alegaron las partes y se incorporaron las pruebas.

En ese marco, el fiscal Rodrigo Molina y la querella, representada por Mariano Navarro, solicitaron una pena de 12 años de prisión para el sacerdote, mientras que la defensa, que ejercieron Milton Urrutia y Alejandra Pérez, pidió su absolución.

Escobar Gaviria participó del juicio en modo remoto y lo hizo desde la Unidad Penal N.° 5 de Victoria donde cumple prisión preventiva por otra causa que se le sustanció por abuso y corrupción de menores.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, denegó la concesión del recurso extraordinario presentado por el abogado de Nahir Galarza, con el propósito que el máximo tribunal analizara el fallo que la condenó a prisión perpetua.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak, denegó la concesión del recurso extraordinario federal presentado por José Esteban Ostolaza, abogado de Nahir Mariana Galarza, contra la sentencia de esa Sala dictada el 4 de marzo de 2020, que la condenó a prisión perpetua que se le impuso, por el crimen de Fernando Pastorizzo, cometido en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Cabe recordar que el abogado defensor, José Ostolaza, considera que existió "discriminación" en la investigación que llevó a la condena de Galarza y que existió "arbitrariedad" por parte de los investigadores.

La sentencia de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, dictada el 4 de marzo de 2020, se había rechazado el recurso extraordinario a lo resuelto por la Cámara de Casación Penal, que había confirmado la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú.

Nahir Galarza fue condenada a la pena de prisión perpetua por la comisión del delito de Homicidio Calificado, por ser de una persona con la cual mantenía o ha mantenido relación de pareja.

Según el abogado defensor, José Ostolaza, el recurso solicitaba "expresamente, la anulación de la sentencia por violación al debido proceso legal" e "incumplimiento de los tratados internacionales a los cuales adhirió Argentina". Según el abogado defensor, José Ostolaza, el recurso solicitaba "expresamente, la anulación de la sentencia por violación al debido proceso legal" e "incumplimiento de los tratados internacionales a los cuales adhirió Argentina".

Por su parte, Galarza permanece alojada en la Unidad Penal 6 Concepción Arenal, de Paraná, donde fue sancionada en un par de ocasiones por problemas de conducta y el mes pasado mantuvo una huelga de hambre luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazara su pedido de arresto domiciliario en el marco la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El caso se registró en Arequito y el abusador está imputado y detenido con prisión preventiva en la cárcel de Piñero, el resultado de la prueba de ADN no deja margen de error para poder acreditar en el marco de la investigación que el sujeto incriminado, identificado como Hugo A., es responsable de haber abusado de su Joven hija durante años y producto de los cuales tuvo cuatro hijos que hoy tienen 20, 17, 13 y 9 años.

La víctima, de 32 años y cuyas iniciales son N.A, vivió un horror que mantuvo en silencio hasta que finalmente se animó a denunciar las reiteradas atrocidades a las que la sometió su padre en la casa familiar donde convivían luego de que él se separara de su primera esposa.

Allí relató que era sometida desde pequeña, que la obligaba a tener relaciones sexuales incestuosas que mantuvo en secreto al ser amenazada con que la mataría si contaba los vejámenes que sufría.

La denunciante aseguró haber sido violada por primera vez cuando solo tenía 9 años y a los 13 quedó embarazada de su primera hija. Y ese calvario de tormentos físicos y psicológicos que soportó durante más de dos décadas recién quedó al descubierto en enero pasado cuando radicó en la Comisaría de la Mujer, de Casilda, la denuncia que motorizó la investigación. Tomó la decisión de hablar dos días después del último abuso que padeció en la vivienda donde ocurrieron los hechos.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación además precisó que tiene previsto llevar adelante "una serie de entrevistas para dar contexto a los abusos que ya están probados a través de los estudios de ADN que confirman en un 99,9% la paternidad del imputado".

A pesar de lo sucedido, lo curioso es que el caso dividió a la familia, al punto que dos hermanas de la víctima salieron en apoyo del padre y hasta se ofrecieron como garantes para que se le otorgase la prisión domiciliaria, cuyo pedido no prosperó.

El acusado es oriundo de la provincia de Córdoba pero está radicado en Arequito desde hace años. Allí trabajaba como albañil al momento de ser detenido para luego ser imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y corrupción de menores en el marco de una audiencia donde la jueza interviniente Mariel Minetti también dispuso su prisión preventiva por el plazo de ley.

El hombre no solo abusaba sexualmente de su hija sino que controlaba cada uno de sus movimientos cuando salía de la casa por cuestiones de trabajo u otras razones. Según trascendió, la mujer sigue viviendo con tres de sus hijos en la misma vivienda donde padeció los peores ultrajes.

Mientras se analizan varias pruebas y testimonios en el marco de la investigación del asesinato ocurrido en la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay, hace una semana, el interno acusado de matar a otro fue imputado y le dictaron la prisión preventiva, que cumple en la sede policial.

El caso está en manos del fiscal de la localidad del sur entrerriano, Jorge Gutiérrez, quien ha solicitado una serie de medidas para esclarecer el violento altercado que tuvo lugar en el pabellón N° 4 de dicho establecimiento carcelario.

Según se informó a UNO, el episodio ocurrido el viernes 14 de agosto sucedió en el marco de una pelea y corridas ocurridas en el sector mencionado, y concluyó con la muerte de Juan Gonzalo Gamarra, de 32 años. Por la información recabada por el personal penitenciario todo apunta a que el autor de la fatal agresión fue Osvaldo Darío Suárez, de 24 años.

Luego del conflicto, Gamarra fue trasladado al hospital local, pero se determinó que su fallecimiento se produjo unos 10 minutos antes. Inicialmente había dudas acerca de la causa de la muerte del interno, ya que en la observación inicial realizada por el médico se constató una herida de arma blanca aparentemente superficial que no tenía entidad suficiente para causar la muerte. Estaba a la altura del hipocondrio izquierdo, y también presentaba secreción de sangre por la boca, lo que señalaba una hemorragia interna grave.

Sin embargo, la autopsia del médico forense de Gualeguaychú, Pablo Benedetti, realizada a inicios de esta semana arrojó mayor claridad: el cuerpo de Gamarra tenía una lesión fina y profunda, compatible con un hierro localizado en el lugar del hecho. Es decir, se trató de una agresión con ese elemento duro, a modo de "puntazo" que Suárez le clavó directo al corazón de la víctima.

El hecho sucedió en un espacio compartido por otros internos del pabellón 4, por lo que hay testigos presenciales. Las primeras declaraciones fueron tomadas por agentes penitenciarios que actuaron tras el luctuoso suceso, y esas actas labradas por los uniformados apuntan las sospechas hacia Suárez como el asesino. No obstante, esto se terminará de dilucidar cuando declaren los testigos en la Fiscalía.

Otra prueba que se está analizando la constituyen los videos de las cámaras de seguridad de la cárcel. En principio, según se indicó a UNO, ninguna enfocó directamente el momento de la agresión fatal, pero sí se registraron los momentos previos y posteriores en las cercanías, que permiten observar corridas y peleas protagonizadas por la víctima y el acusado.

Suárez fue imputado por el delito de Homicidio simple, en esa instancia se abstuvo de declarar, y le dictaron la prisión preventiva que cumple en la celda de la Jefatura Departamental Gualeguay, aunque se analiza su traslado a una unidad carcelaria de otro lugar de la provincia.

Gamarra era oriundo de la ciudad de La Paz y cumplía una reciente condena de seis años y ocho meses de prisión por el delito de Robo calificado, que finalizaba en abril de 2026. En tanto, Suárez es de Concepción del Uruguay y cumplía una sentencia por Encubrimiento, Extorsión en grado de tentativa y Resistencia a la autoridad en concurso real, dictada por el Tribunal de Juicios de La Histórica, a cuatro años de cárcel. La misma finaliza en abril del año que viene, pero ahora deberá afrontar esta nueva causa por un delito que tiene una pena mínima de ocho años de prisión.