La Policía Federal recapturó a un hombre que pese a sufrir de obesidad mórbida, con 220 kilos de peso, había logrado escapar de la prisión domiciliaria que cumplía en la localidad balnearia de Mar del Tuyú y fue localizado en Ingeniero Budge.

A pesar de no poder caminar por su delicado estado de salud, Antonio Alejandro Mirabó, quien fue condenado a 30 años de prisión por la justicia italiana por delitos sexuales y contra la propiedad, dos meses atrás se fugó de la casa que había alquilado en la costa en la que cumplía la domiciliaria, mientras esperaba una audiencia en el marco de un juicio de extradición.

Una vez localizado por efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal en un domicilio de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora, el hombre de 51 años tuvo que ser sacado del lugar en el que se encontraba postrado con ayuda de bomberos de la zona y trasladado en un carro de asalto, indicaron voceros policiales.

La División Canes y Explosivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) participó del operativo realizado en una vivienda situada en Elcano al 200.

Un hombre y una mujer comenzaron a ser investigados en torno al caso por el posible delito de encubrimiento, aunque por el momento no habían sido detenidos.

Sobre Mirabó pesaba una orden de Captura Internacional a pedido de las autoridades judiciales de Italia, mediante una Notificación Internacional de Índice Rojo, por el delito de "Hurto, Robo agravado, Falsificación de Documentos, Violencia Sexual, Amenazas y Secuestro de Persona".

Los hechos que se le imputan a Mirabó ocurrieron en el país europeo, desde el año 1993 hasta el 2013 y por los mismos había sido condenado a 30 años de cárcel.

En junio pasado, el hombre había sido capturado en Mar del Tuyú, pero por su estado se le había fijado prisión domiciliaria en una casa que alquilaba.

En agosto, agentes federales se presentaron en el domicilio costero para llevarlo a declarar en los tribunales de Dolores, pero no lo encontraron.

Poco después, Mirabó sumó otra acusación en su contra, ya que el dueño de la propiedad que alquilaba lo acusó de apropiarse de un televisor, una garrafa, un colchón, un equipo de música y almohadas.

Tras su recaptura, el hombre quedó a disposición del juez federal de Dolores Martín Bava.

Detuvieron a un hombre que gozaba de prisión domiciliaria, fue hasta la casa de su ex pareja y la amenazó. El hecho ocurrió en la localidad de Gualeguay.

Según informó personal de la División de Investigaciones, el sujeto debía cumplir prisión domiciliaria hasta el 21 de agosto del 2021 y según una denuncia de dos mujeres el hombre se habría hecho presente en el domicilio de su ex pareja y la amenazó con un arma de fuego.

Metros antes de llegar al domicilio, los efectivos observaron que el hombre ingresó a la brevedad arrojando una cuchilla de cabo blanco.

Minutos posteriores este hombre optó por entregarse. Se comunicó lo acontecido a la Fiscal en Turno, quien dispuso se desgraven los llamados telefónicos y se proceda al traslado de esté, el que quedara detenido a su disposición y se secuestre en el lugar el cuchillo antes mencionado

El acusado es Jacobo Almada, mató Mariela Costen en Entre Ríos y beneficiado por el magistrado Eduardo Degano. Su nueva víctima que pelea por su vida fue la garante para que quede arrestado en su casa

"Es difícil creer que los imputados puedan producir más daño a la investigación. Estimo procedente la prisión domiciliaria".

La frase pertenece a una resolución del 5 de octubre pasado en la que el juez de garantías de Entre Ríos Eduardo Degano envió a su casa a Jacobo Almada, principal acusado de haber asesinado a la ama de casa Mariela Costen en un intento de robo en Concordia. A pesar de que tenía antecedentes, que la pena en expectativa es de reclusión perpetua y qué hay sobradas pruebas en el expediente, el magistrado resolvió la domiciliaria con un fundamento insólito: el retraso de un trámite. Si bien efectivamente no se comprobó que haya afectado a la investigación, en las últimas horas el acusado hizo algo mucho peor. En la madrugada del sábado, tomó un cuchillo de cocina y se lo incrustó en el pecho a su mujer que ahora pelea por su vida.

Su nueva víctima, insólitamente, fue la garante para su prisión domiciliaria.

"Pasó lo que todos, menos el juez evidentemente, sabíamos que iba a pasar. No había ninguna razón jurídica ni humana para que el tipo esté en su domicilio. No se había cumplido el tiempo máximo de preventiva, las pruebas en su contra son abrumadoras y tenía antecedentes de haber desobedecido a la justicia. Mientras estuvo en el penal se le inició una causa por querer entrar droga a la cárcel y tenía denuncias de violencia de genero. Sin mencionar que en la zona donde vive no hay señal para la tobillera electrónica. A pesar de todo eso Degano lo deja poco menos que libre", explica una fuente de la causa, visiblemente indignada.

Tal como relató Infobae hace algunas semanas, en la madrugada del 20 de julio del 2019 Almada y un cómplice llamado Félix Batalla interceptaron a Mariela y una amiga cuando salían de una fiesta por el día del amigo. Primero las pusieron contra la pared y luego les quitaron unos pocos billetes que llegaban a $110 según la acusación en su contra. Uno de los asaltantes les dijo "No se den vuelta carajo, no nos miren". Probablemente por un acto reflejo, Mariela, ama de casa de 44 años, giró su cabeza y vio a los ojos a Almada, quien se convertiría en su asesino. En pocos segundos tomó de la cintura un revólver calibre 22 y la ejecutó de un disparo en el rostro.

Luego de algunas semanas de haber estado prófugo ambos acusados fueron detenidos. Las pruebas se empezaron a acumular en el expediente: cámaras de seguridad, el relato de un testigo que vio todo desde lejos, la palabra de la amiga de Mariela que logró sobrevivir y el hecho de que en uno de los allanamientos encontraron la moto con la que escaparon del lugar.

Cualquiera pensaría que ante la cantidad de evidencia y la pena en expectativas para ambos, que es de prisión perpetua, los acusados quedarían alojados en un penal, a la sombra durante mucho tiempo. No fue lo que sucedió en este caso porque se toparon en su camino judicial con una cara que les sería amistosa: la del juez Eduardo Degano.

A pesar de que los dos contaban con antecedentes importantes y, puntualmente, Almada tiene dos juicios pendientes por desobediencia judicial y por balear en la pierna a un vecino, el magistrado de garantías hizo un esfuerzo notable para encontrar un vericueto jurídico que les permitiera a los acusados esperar el juicio en sus casas. Y lo encontró.

Cuando la causa por el asesinato de Mariela estaba a punto de ser elevada a juicio por el fiscal Martín Núñez, los abogados defensores de Almada presentaron un pedido para que se envíe un exhorto a las oficina de Facebook en California con el objetivo de chequear si nadie había influido por ese red social a la amiga de Mariela cuando dio su testimonio.

"Un disparate total. La solicitud es claramente para estirar los tiempos. Todos saben que eso no va a prosperar porque Facebook jamás informa conversaciones privadas de sus usuarios. No lo hizo en causas muchos más grandes, menos en esta", analizaba ante este medio una fuente calificada del expediente.

Quien debía resolver si este pedido era procedente fue otro juez, esta vez el de instrucción, llamado Darío Mautone. A contramano de lo que todos pensaban aceptó la solicitud por lo que el inicio del juicio se retrasó, y bastante. Es que el juez se tomó 9 meses para enviar el exhorto, que en realidad nunca mandó. Según su endeble explicación "se le traspapeló".

Con el fiscal Núñez quejándose por la cantidad de tiempo perdido, la Cámara de Casación Provincial le ordenó esta vez a Degano, juez de garantías, que resolviese de una buena vez sobre el tema del exhorto. También le pidió que tomara una determinación con respecto a los 52 pedidos de prisión domiciliaria que habían hechos los abogados de los acusados.

El dictamen de Degano dejó anonadados a todos. Inclusive a los abogados defensores que ni en sus pensamientos más optimistas pensaban que la resolución les iba a ser tan favorable.

En un documento de 6 páginas, al que pudo acceder Infobae, el magistrado explica que el hecho de que el juez de instrucción "traspapeló" el exhorto a Facebook perjudicó a los dos detenidos: "Que hayan transcurrido 9 meses sin librar el oficio a Facebook atenta contra el plazo razonable de toda investigación lo que provocó en los imputados la denominada 'situación de incertidumbre' debido a que no saben cómo va a terminar el proceso ni muchos menos cuando. Debe recalcarse que una de las garantías con la que cuentan los sospechosos es la celeridad en el proceso", aseveró.

En otro párrafo del escrito, el juez Degano escribe que, según su parecer, los imputados no pueden perjudicar la causa estando en sus casas. Por este motivo firmó la prisión domiciliaria para los dos.

"El magistrado no tomó en cuanta ni las pruebas, ni los antecedentes, solo se basó en que la demora los perjudicó a ellos. Demora que se dio por un pedido imposible de realizar que ellos mismos hicieron", razona una fuente en los tribunales entrerrianos.

En el caso de Almada se designó a una persona como garante de la libertad: su mujer, Norma Morales de 49 años. La misma que ahora lucha en un hospital por sobrevivir al cuchillazo que le dio su pareja en el pecho.

El sábado cerca de las 5 de la mañana la policía de Concordia recibió un llamado de un vecino del barrio La Colina. En la comunicación se hablaba de gritos y peleas entre un hombre y una mujer y señalaron la casa donde Almada pasaba su prisión domiciliaria.

Cuando los efectivos ingresaron se encontraron una escena dantesca. En la humilde vivienda había sangre por doquier, casi todos los muebles desparramados en el suelo: Almada estaba sentado en una silla del comedor. A su lado su pareja, la misma que había dado su consentimiento y había prometido que sería la garantía de que el hombre no se escaparía, se revolcaba de dolor con un cuchillo de cocina enterrado en su pecho.

En su versión de los hechos, Almada dijo que minutos antes unos hombres habían ingresado a su domicilio para agredirlos y los reconoció como familiares de su mujer. No explicó ni dio detalles de porqué esa situación extraña derivó en el apuñalamiento de la mujer que había puesto su firma para que quedara en domiciliaria. Los investigadores creen que miente.

Lo cierto es que ahora Almada quedó nuevamente detenido y su esposa pelea por su vida en un hospital.

Mientras tanto, insólitamente, el juicio por el asesinato de Mariela Costen sigue sin tener una fecha cierta. Los pedidos de justicia y reclamos en los tribunales de los familiares de la víctima siguen adelante pero hace pocos días sufrieron un golpe duro. Esther Sagradini, la mamá de Mariela, murió de un ACV.

"Mi mamá no tenía ninguna enfermedad previa. Esto sucedió luego de la mala sangre y el disgusto que le dio saber que los asesinos de su hija se iban a la casa. Se murió de tristeza. Estos jueces son tan asesinos como los que apretaron el gatillo", dice a este medio Silvina, la hermana de Mariela.

El empresario kirchnerista Lázaro Báez, preso con prisión preventiva desde hace más de cuatro años, quedó hoy a un paso de dejar la cárcel de Ezeiza, tras un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó que corresponde otorgarle la prisión domiciliaria.

Báez está excarcelado en la causa conocida como "la ruta del dinero k", el principal caso que avanza en su contra, y tiene otorgada la prisión domiciliaria en un desprendimiento de ese expediente (la causa "El Entrevero"), pero el Tribunal Oral Federal 4, que lo juzga por otra acusación diferente, se había opuesto a que esa domiciliaria se hiciera efectiva y lo mantiene en prisión.

De acuerdo con el fallo de la Casación de hoy, que lleva las firmas de Mariano Borinsky y Javier Carbajo, aquella decisión de autorizarlo a que quedara detenido en su domicilio está firme. Los camaristas sostuvieron además que con el nuevo Código Procesal Penal, el tribunal no puede mantener a un acusado detenido cuando ni los fiscales ni las querellas se oponen a que deje la cárcel con prisión domiciliaria, como pasó en este caso. Ni Abel Córdoba ni Javier De Luca, los fiscales que intervienen en esta causa, se negaron a la salida de Báez en estas condiciones.

Lázaro Báez lleva más de cuatro años preso, cuando el máximo previsto por la ley para las prisiones preventivas es de dos años, prorrogable, como excepción, a tres. La situación de Báez depende ahora de la decisión de los jueces del TOF 4, Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Gorini.

Esta mañana, fuentes del TOF 4 dijeron a LA NACION que discrepan con el criterio de la Casación y que la salida de Báez del penal no será automática. Los jueces del tribunal están evaluando ahora los pasos por seguir.

El TOF 4, por orden de la Casación, le había concedido a Báez la excarcelación en el caso que tienen a su cargo ("M&P") pero la sujetó a una caución que la defensa del empresario consideró "impagable". La Casación finalmente redujo esa fianza, pero Báez tampoco cubrió hasta ahora el nuevo monto fijado. En paralelo, la defensa pidió que, mientras se discute si el empresario sale en libertad, le aplicaran la prisión domiciliaria que ya tenía dispuesta en la causa El Entrevero.

Cruces entre jueces

Las diferencias entre los jueces de Casación y el TOF 4 quedaron expuestas en este expediente más de una vez. Según la Casación, el TOF 4, que se había negado a excarcelar a Báez, debió aceptar que quedara en libertad porque ninguna de las partes acusadoras en el proceso habían pedido que siguiera preso. Fue así como finalmente el TOF 4 lo excarceló, pero con la fianza que todavía se sigue discutiendo. Además, la Casación le demandó al TOF 4 mayor celeridad en los juicios contra Báez, en un fallo que el tribunal oral consideró que había sido un "exceso" en las atribuciones de la Casación.

Báez está detenido desde 2016, cuando ordenó su prisión preventiva el juez federal Casanello en "la ruta del dinero K", la causa en la que Báez es el principal acusado de un presunto lavado de casi 60 millones de dólares.