El Gobierno nacional formalizó el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., nombre formal de Trenes Argentinos Cargas, la mayor empresa estatal de transporte de carga del país, que reúne el servicio de las líneas Urquiza, San Martín y Belgrano.

Tras la aprobación de la Ley Bases, la medida se reglamentó mediante el Decreto 67/25 y los pliegos de la Resolución 1350/26, que fijan el 11 de noviembre como fecha límite para la recepción de ofertas. La licitación otorgará la concesión de la red por 50 años e incluirá el acceso a los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

El diseño del pliego contempla una privatización total mediante la desintegración vertical de la empresa: el material rodante será rematado, mientras que las vías, talleres y terrenos aledaños se entregarán en concesión. Los recursos de los remates ingresarán a un fideicomiso administrado por la firma privatizada. Entre los interesados figuran un consorcio de agroexportadoras integrado por Bunge, Cargill, AGD, Louis Dreyfus Company y ACA, además del Grupo Roggio y la firma extranjera Grupo México Transportes.

El pase al sector privado llega después de más de una década en la que el Estado nacional destinó fondos a la capitalización de los corredores ferroviarios principales, en obras vinculadas al corrimiento de la frontera agrícola y la expansión de la megaminería. Incluso antes de la licitación, la gestión estatal siguió invirtiendo: compró 45 vagones a la empresa china CMEC para la Línea Belgrano, destinó un millón de dólares a la Línea Urquiza y coordinó proyectos con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana y la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Según especialistas en gestión de transporte citados por el medio Tierra Viva, los grupos concentrados no buscan la concesión por la rentabilidad del flete en sí, sino para integrarla como un ahorro dentro de su propia cadena logística, operando los trenes como un "flete propio". Desde esa mirada, el esquema profundizaría un modelo agroexportador y extractivo, al orientar la infraestructura casi exclusivamente hacia la salida de commodities por los puertos del Paraná, en desmedro de una logística para economías regionales o del transporte de pasajeros.

El sistema ferroviario transporta actualmente el 5% de la carga total del país. Para analistas del sector consultados por esa publicación, la entrega de la administración y de los accesos a los puertos fluviales implicaría la pérdida de la capacidad del Estado para auditar e inspeccionar lo que circula por el territorio, con impacto directo sobre la soberanía nacional y la planificación de la producción interna.

Desde el sector de los trabajadores ferroviarios se denuncia, además, un recorte proyectado del 40% de la plantilla de personal. También se cuestiona la separación entre las cargas, consideradas rentables, y los pasajeros, deficitarios, y se sostiene que el superávit de la carga debería usarse para financiar la reconstrucción de la red integral. Sindicatos y técnicos consultados por el medio concluyen que la privatización a 50 años responde a una estrategia de desprendimiento de activos públicos que condicionará la política de transporte durante las próximas cinco décadas.

Elecciones en CTERA y la representación entrerriana

— EDP: ¿Cuál es la importancia de las próximas elecciones de CTERA?

— Fabián Peccín: El próximo 2 de septiembre son las elecciones de CTERA. Convocamos a todos los afiliados de AGMER, tanto a nivel provincial como en la seccional Gualeguay, a acompañarnos con su voto. Habrá mesas fijas distribuidas en las escuelas, urnas volantes y una urna fija en la seccional para que puedan acercarse las y los docentes jubilados.

La compañera Sonia Alesso encabeza nuevamente la propuesta como candidata a Secretaria General y desde AGMER acompañamos con cinco dirigentes dentro de la Junta Ejecutiva: Abel Antivero como Secretario de Ambiente, quien les habla como Prosecretario Gremial, la compañera Soledad Ponce (Gualeguaychú) en el Tribunal de Cuentas, la compañera Lidia Otero como vocal y el compañero Leo Posi en la Comisión Revisora de Cuentas.

Representamos a la Agrupación Celeste Violeta en sintonía con la política gremial que llevamos adelante desde AGMER, en defensa irrestricta de la educación pública y de los derechos laborales. Contar con una CTERA fuerte es el sostén fundamental para respaldar las luchas provinciales.

—  EDP ¿Por qué resulta clave la articulación con el gremio nacional?

— Abel Antivero: CTERA significa lucha articulada. Nos permite unificar nuestros reclamos con otras provincias que atraviesan realidades y problemáticas muy semejantes a las nuestras. Es vital contar con una representación nacional que discuta en el ámbito de la Paritaria Nacional Docente para fijar un piso salarial en todo el país. Hoy vemos un Gobierno Nacional que ha aplastado este ámbito de negociación, provocando un empobrecimiento generalizado en las provincias y en los trabajadores.

Emergencia salarial y el impacto del ajuste provincial

— EDP: ¿Cómo se traduce esta falta de paritaria nacional en la realidad concreta de las escuelas de Entre Ríos?

— Abel Antivero: Se traduce directamente en la pérdida del poder adquisitivo. Según un relevamiento reciente de CTERA sobre los montos salariales de cada provincia, Entre Ríos se ubica en el puesto 23. Históricamente supimos estar dentro de los primeros diez lugares. Ser el anteúltimo sueldo docente del país demuestra y expresa con claridad que no estamos en la agenda pública del Gobierno provincial.

En el ámbito paritario, el Gobierno nos convocó en tres oportunidades (marzo, mayo y julio), pero todas las propuestas fueron rechazadas por no responder a las necesidades reales del trabajador de la educación. Vemos compañeros que no llegan a fin de mes, con un alto índice de endeudamiento con tarjetas de crédito, donde gran parte del salario se destina exclusivamente a pagar deudas.

Tres frentes Abiertos: Jubilaciones, Paritarias y Comedores Escolares

— EDP: Además de la disputa salarial, ¿cuáles son los otros frentes abiertos con la gestión provincial?

— Abel Antivero: A lo largo de este año hemos sostenido tres grandes frentes de confrontación. El primero fue la reforma previsional. Cuando emplazamos al Gobierno a presentar un proyecto concreto y nos dijeron que solo tenían un informe actuarial, decidimos retirarnos de esa mesa de discusión por convicción y mandato histórico: la Caja de Jubilaciones no se toca. Otros espacios sindicales, como el caso de UDA, prefirieron quedarse y avalar la reforma previsional a cambio de ciertos beneficios sectoriales en direcciones departamentales. Nosotros mantenemos una política autónoma e incoherible.

El tercer frente es la iniciativa del Gobierno de tercerizar el servicio de desayunos y meriendas escolares a través de una empresa de la provincia de Buenos Aires llamada Tecnofood. Frente a esto, presentamos un amparo colectivo. Nos preocupa profundamente la salud de los alumnos: pretenden entregar productos ultraprocesados que no pueden definirse como alimento. No se puede pensar en un correcto aprendizaje si las panzas de los chicos suenan de hambre. 

— Generó repercusión el costo presupuestario de esta privatización de comedores.

— Fabián Peccín: El propio ministro declaró que mantener este servicio con Tecnofood elevaría la inversión de 20 a 40 millones de pesos. Es decir, se duplica el gasto para que una empresa privada se lleve las ganancias que antes quedaban en los comercios, almacenes y verdulerías de cada localidad.

Pero esto es solo un ensayo para avanzar luego sobre el servicio de almuerzo. Traer viandas industrializadas implica reducir la función de las cocineras y cocineros a simples servidores de platos, abriendo la puerta a futuros despidos y recortes de personal. Esta misma estrategia de achique se quiso aplicar con el intento de cierre o aglutinamiento de 200 a 300 escuelas rurales en la provincia. Aunque hoy está frenado por la lucha gremial, demuestra que el gobernador Frigerio busca llevar la reducción del Estado a su mínima expresión en sintonía con las políticas nacionales. El intento de tercerización es una estrategia para achicar el Estado y reducir personal de cocina. Frigerio está demostrando ser el mejor alumno del Gobierno Nacional.

Plan de lucha y perspectivas de cara al futuro

— ¿Cómo continuará el plan de acción de AGMER tras las resoluciones del último Congreso en La Paz?

— Abel Antivero: El Congreso nos facultó a profundizar el plan de acción y en breve realizaremos anuncios oficiales. Somos conscientes de que un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema por sí solo; se trata de un proceso de acumulación, disputa y concientización social para visibilizar nuestras demandas salariales y la necesidad de inversión educativa.

Advertimos que este conflicto puede ser de largo aliento, extenderse hasta fin de año e inclusive comprometer el ciclo lectivo 2025. El único responsable de esta situación es el Gobierno provincial por no atender los reclamos ni levantar el teléfono. Además de las medidas de fuerza tradicionales, evaluamos otras alternativas de visibilización ante la opinión pública.

— Para finalizar, ¿cuáles son los ejes centrales de cara a los comicios?

— Fabián Peccín: Nuestra plataforma se sintetiza en la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa irrestricta del salario y la Paritaria Nacional, la exigencia de mayor presupuesto, la protección de la Ley Nacional de Educación y el rechazo rotundo a los proyectos que pretenden declarar a la educación como 'servicio esencial' para restringir el derecho a huelga, privatizar la enseñanza o reformar las jubilaciones docentes.

Por todo esto, apelamos a la mayor participación y llamamos a cada afiliada y afiliado de AGMER a acompañarnos este 2 de septiembre con su voto a la Lista Celeste Violeta para seguir sosteniendo esta lucha en unidad y fortaleza.