La ley que elimina las pensiones de privilegio en Entre Ríos quedó promulgada tras la publicación de la Ley N° 11.308 en el Boletín Oficial N° 28.422. La norma, aprobada por la Legislatura el 2 de septiembre, derogó definitivamente el régimen establecido por la Ley N° 4.506 y sus modificatorias.

La nueva legislación determinó que funcionarios y empleados públicos provinciales, municipales o comunales no podrán acceder a pensiones especiales o graciables por fuera del sistema jubilatorio ordinario contemplado en la normativa vigente.

La promulgación fue realizada por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

La Ley N° 11.308 estableció que los beneficios reconocidos antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa continuarán abonándose. Además, se mantendrá el derecho a pensión para el cónyuge supérstite y los hijos menores en caso de fallecimiento del beneficiario.

Sin embargo, para esas prestaciones se fijó un régimen de incompatibilidades. El cobro no podrá coexistir con cargos, empleos o contratos remunerados en los Estados nacional, provincial, municipal o comunal, salvo en el ejercicio de la docencia. También será incompatible con la percepción de otros beneficios de carácter asistencial o graciable. Quienes se encuentren en esa situación deberán optar entre suspender la pensión o renunciar a la remuneración del cargo público.

Si el beneficiario no ejerce esa opción, la Caja de Jubilaciones y Pensiones quedará facultada para suspender de oficio la prestación y podrá avanzar sobre el recupero de las sumas percibidas indebidamente, con los intereses correspondientes.

La prohibición no alcanzará a las prestaciones derivadas de la Ley N° 7.849 de Mérito Cultural ni a las contempladas por la Ley N° 9.216 para Héroes Entrerrianos Veteranos de Malvinas.

Tras la promulgación, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días corridos para reglamentar la Ley N° 11.308 y establecer los mecanismos necesarios para su implementación. La eliminación de este régimen había sido presentada por el Gobierno provincial como parte de su política de supresión de beneficios especiales vinculados a cargos políticos.