La Justicia Federal formalizó el procesamiento de integrantes de la fuerza policial y civiles involucrados en una red de corrupción que operaba en el estratégico Puesto Caminero Zárate - Brazo Largo. La investigación, que surgió a partir de intervenciones telefónicas realizadas por la Unidad de Reunión de Información Gualeguaychú de la Gendarmería Nacional Argentina, reveló un esquema de desguace de vehículos secuestrados y el cobro de sobornos para omitir controles de tránsito.

La pesquisa inicial se centró en el comisario principal Cristian Omar Villanueva, jefe del puesto, ante la sospecha de vínculos con el narcotráfico. Si bien esa línea investigativa fue descartada, las escuchas telefónicas permitieron desarticular una organización dedicada a la sustracción de autopartes. Según la información provista por Análisis, los elementos robados, que incluían baterías, alternadores, computadoras BSI, neumáticos y faros, eran utilizados para reparar vehículos particulares de clientes o móviles policiales a cambio de dinero en efectivo o transferencias digitales a cuentas vinculadas al comisario.

El brazo ejecutor de estas maniobras estaba compuesto por una red de mecánicos de la provincia de Buenos Aires: Franco Nicolás Oliveri, Carlos Alberto Oliveri (hijo), Carlos Alberto Oliveri (padre) y Eduardo Guillermo Favaretto. Estos individuos, con talleres en Malvinas Argentinas y Pilar, utilizaban el predio judicial como una fuente ilícita de repuestos. Las pericias sobre los depósitos constataron faltantes en al menos 50 vehículos bajo custodia estatal.

La causa también sacó a la luz un mercado de datos sensibles. Se comprobó que el comisario retirado de la Policía Federal Juan Francisco Leloutre y su hijo, el abogado Juan Matías Leloutre Freijo, abonaban sumas fijas a Villanueva y al oficial Migueles para obtener información sobre vehículos secuestrados por robo. El objetivo era recuperar dichos rodados para compañías aseguradoras o particulares. Asimismo, los jefes policiales facilitaban la liberación de camiones que circulaban sin documentación y evitaban multas a cambio de beneficios económicos.

Al resolver la situación procesal, el juez federal Federico Martín decretó el procesamiento sin prisión preventiva por el delito de peculado para Villanueva y Migueles, mientras que los mecánicos fueron procesados como partícipes necesarios. El juzgado trabó un embargo de 100.000 pesos sobre los bienes de cada uno de los seis implicados. En la misma resolución, se dictó el sobreseimiento de otros altos mandos policiales, entre ellos el comisario mayor Marcelo Horacio Gómez y el comisario general (R) Gustavo Luis Ramón Palacios.

En el marco de los allanamientos realizados, se abrió una causa paralela tras el hallazgo de un arsenal en la vivienda de la familia Oliveri. Durante el procedimiento del 23 de noviembre de 2023 en la localidad de Ingeniero Adolfo Sourdeaux, se incautaron 21 armas de fuego, 369 cartuchos y chalecos antibalas. Tras las pericias de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), se determinó que 12 de las armas eran aptas para el disparo y carecían de la debida autorización legal.

Los imputados argumentaron que el padre era un acumulador de objetos antiguos y que los hijos contaban con formación como mecánicos armeros. Debido a la falta de antecedentes y al arraigo de los acusados, el magistrado dispuso su libertad, aunque bajo estrictas reglas de conducta, incluyendo la prohibición de salir del país y la abstención de consumo de sustancias, mientras avanza la causa por tenencia simple de armas de fuego.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por las doctoras Cintia Graciela Gómez (presidenta) y Beatriz Estela Aranguren (vicepresidente), junto al doctor Mateo José Busaniche, confirmó el procesamiento de Altamirano y convalidó lo resuelto por el Juzgado Federal Nº 1 de Concepción del Uruguay. La resolución, fechada el 21 de agosto, ratifica la ampliación del auto de procesamiento dictada el 18 de junio, por la cual el gendarme quedó procesado como coautor del delito de violación de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con los delitos por los que ya estaba procesado: violación de correspondencia agravada y hurto doblemente agravado, reiterado en dos oportunidades.

La causa se inició el 25 de enero de 2020 tras una denuncia de dos choferes de la empresa "Vía Cargo" ante el Escuadrón N° 6 "Concepción del Uruguay" de Gendarmería. Los denunciantes advirtieron, en un control de cargas en el puesto caminero de la Ruta Nacional N° 14, a la altura de Colonia Elía, que los precintos de seguridad de las puertas estaban violentados y varias bolsas presentaban cortes que permitían acceder a su contenido. El transporte viajaba desde Puerto Iguazú hacia Pablo Nogués.

La instrucción judicial detectó que entre marzo y julio de 2020 se repitieron episodios similares en controles a camiones de la misma empresa, realizados por una patrulla del Escuadrón N° 6. Se sospecha que los efectivos abrían bultos y encomiendas sin autorización judicial, sustrayendo teléfonos celulares y dejando en los paquetes solo las cajas vacías y accesorios, en hechos ocurridos el 5 y 15 de marzo, y el 5 y 26 de julio de 2020.

El 8 de septiembre de 2020, una denuncia con reserva de identidad señaló directamente a Altamirano como responsable de la sustracción. Informes de las prestadoras telefónicas sobre los códigos IMEI confirmaron que una de las líneas activas en uno de los teléfonos robados pertenecía al cuñado y conviviente del suboficial.

Los allanamientos ordenados los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2020 permitieron hallar diversos precintos de seguridad en la vivienda de Altamirano, mientras que en poder de su cuñado se incautó un celular Motorola E6S cuyo IMEI coincidía con uno de los bultos robados.

La causa también alcanza a los agentes Oscar Alfredo Caballero y Fernando Fabián Fleitas, cuyo procesamiento fue ampliado el 18 de junio con la misma imputación de incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso con hurto y violación de correspondencia.

La defensa de Altamirano había solicitado su sobreseimiento por atipicidad, argumentando que integrar una patrulla junto a otros agentes no bastaba para procesarlo por incumplimiento de deberes, y que la resolución no individualizaba una conducta concreta que hubiera omitido. Sin embargo, la Cámara Federal rechazó los planteos y concluyó que los elementos de prueba reunidos —informes de itinerarios, actuaciones de Gendarmería, imágenes de las encomiendas violentadas, allanamientos y peritajes sobre los teléfonos— son suficientes en esta etapa procesal para confirmar la resolución apelada.