La medida adoptada por los trabajadores del Registro de la Propiedad obedece a un reclamo en pos de la reformulación de la base de cálculo de un adicional específico del área.

“El reclamo es con respecto al adicional por incompatibilidad que tienen los trabajadores del Registro de la Propiedad”, explicó la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.Esto se da en el marco de que en abril pasado salió un decreto que dispone, en varias áreas del Estado, una reformulación de la base de cálculo sobre la cual se aplican esos porcentajes de incremento, pero se excluyó al Registro de la Propiedad.Por eso el personal del organismo se viene reclamando que se los incluya. “Se pide un criterio de igualdad, de equidad, donde además se contemple lo específico de la tarea que realizan y lo particular que implica este adicional”, remarcó la secretaria gremial de UPCN.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y la decana de la Facultad, Daniela Dans, firmaron el martes un convenio que permitirá desarrollar un sistema on line para carga de crédito, consultas in visu según el crédito disponible y auditar dichas consultas.“Estar vinculados con el conocimiento a través de las Universidades hace que las gestiones de gobierno sean más eficaces, con menos errores y con una respuesta hacia la comunidad que es muy necesaria”, destacó la ministra Romero al término de la rúbrica.

Con un plazo estimado de cuatro meses, el sistema desarrollado por la Facultad se ajustará, a su vez, al sistema que ya posee la Dirección General de Informática de la Provincia de Entre Ríos. 

El mismo estará orientado a facilitar a los profesionales autorizados por la Dirección y/o Ministerio a obtener una copia digital del folio real requerido. 

Ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto por el que se establecen ciertas condiciones para utilizar los denominados Drones • A su vez, se dispone la creación del Registro Provincial de VANT (Vehículos Aéreos no Tripulados)

La iniciativa tiene como fin "establecer condiciones de utilización de VANT (Vehículos Aéreos no Tripulados), llamados 'Drones'" y, por otro lado, se establece la creación del Registro Provincial de VANT (Vehículos Aéreos no Tripulados) que tiene por objeto identificar la propiedad de cada Dron.

Algunos de los propósitos del proyecto, impulsado por la diputada Lucía Varico (UCR), son "posibilitar la identificación de la propiedad de cada Dron, disponer ciertos lineamientos para poder utilizar dichos Vehículos Aéreos No Tripulados y generar un aporte para preservar la seguridad pública", entre otros.

• Condiciones

En el cuarto artículo se prohíbe la utilización de Drones en la zona de aeropuertos, aeródromos y helipuertos: se exige conservar una distancia de 5 km respecto a las pistas".

A su vez, se prohíbe su utilización en zonas densamente pobladas o sobre aglomeraciones de personas. La operación del Dron debe realizarse en un espacio aéreo segregado: a no menos de 30 metros de distancia en relación a personas o cosas ajenas a la operación, no más de 122 metros de altura y a partir de 10 metros en la vertical. En el caso de querer operar en zonas limitadas, el piloto tiene que presentar el comprobante que demuestre que se realizó el pedido especial correspondiente ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

• Registro obligatorio

La iniciativa dispone la creación de "un sistema de registro obligatorio, de carácter identificador de los Drones y sus respectivos propietarios, al que se podrá acceder desde la página web del Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia de Entre Ríos".

A través del mismo, cada propietario podrá completar y cargar un formulario con datos que identifiquen el Dron y su propietario".

Tras dar cuenta de la Resolución 527/2015 de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), que disponen ciertos lineamientos para poder utilizar dichos Vehículos Aéreos

No Tripulados, Varisco sostuvo que su propuesta "busca regular el uso y generar ciertos parámetros que permitan resguardar la propiedad privada y la seguridad de nuestros ciudadanos, al mismo tiempo se pretende crear un registro que permita controlar la actividad en Entre Ríos".

En treinta segundos -y en medio d un discurso que duró media hora- el sucesor de Pedro hizo referencia a una enseñanza de siempre de la Santa Madre Iglesia que afirma que el destino común de los bienes es anterior a la propiedad privada.

En efecto, casi como al paso afirmó lo siguiente: "Siempre, junto al derecho a la propiedad privada, existe el derecho prioritario y precedente de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso". Y agregó: "A veces, al hablar de propiedad privada, olvidamos que es un derecho secundario, que depende de este derecho primario, que es el destino universal de los bienes".

Inmediatamente cierta prensa "le saltó a la yugular" acusándolo de "populista" (sin explicar mucho qué quiere decir esa palabra), de querer repartir a los que no trabajan (como si todos los que no tienen empleo tengan que ser considerados vagos), de militar en el marxismo y desalentar la inversión y la iniciativa privada. De paso, ya que estaban, al pobre papa lo acusaron de apañar las tomas de tierra de Grabois y de tener riquezas en el Vaticano como para resolver el problema del hambre en el mundo entero. Y de lo peor para un papa: se lo acusó de estar reformando enseñanzas de la Iglesia dos veces milenarias.

Decía el Concilio Vaticano II: "Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, bajo la guía de la justicia y de la caridad'. De lo que se deriva que el derecho a la propiedad privada, en sí legítimo y necesario, debe ser circunscrito dentro de los límites impuestos por su función social". Dice el catecismo: 'El derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio'. Por supuesto que es un signo de dignidad y de auténtica dignificación que una familia tenga su título de propiedad de una tierra para vivir dignamente: es lo que afirma también el papa cuando habla de las 3 T: "tierra, techo, trabajo".

De esto no se habló en estos días. Además, quienes critican al papa de ese modo olvidan que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la dificultad del acceso al crédito para las grandes inversiones de la producción y la infraestructura. A quienes les gusta prestar dinero a usura les vino muy bien las críticas que hizo cierto periodismo al papa: Los propietarios del capital se reafirmaron en su convicción de que la propiedad no tiene dimensión social. Con la consigna de que "el que tiene plata hace lo que quiere", los "inversores" se dedican a transitar en las "bicicletas financieras" y las usuras.

Respecto a este muchacho Grabois, no pensemos que es monaguillo o asesor de Francisco: es un referente de los llamados "movimientos sociales", con experiencia en la organización de cooperativas de cartoneros...o algo así. Quizá de vez en cuando algún cardenal de Roma le pregunta: "A ver Juancito... ¿contá cómo es eso de las cooperativas?"...y nada más. Respecto a las riquezas del Vaticano recordemos que son patrimonio de la humanidad y que no son propiedad del Papa; más bien son una carga porque hay que mantenerlas. Parece que el papa tiene plata...pero hace lo que Dios quiere.

GACETILLA POLICIAL

SECUESTRO PREVENTIVO PARA ESTABLECER PROPIEDAD:

07:45 horas de este viernes, Personal de Comisaria Segunda, observa en el anfiteatro, del Parque Intendente Quintana, un moto vehículo 110cc en estado de abandono, sobre el pasto, el cual posee dañadas las cachas en su totalidad pudiendo llegar a ser marca Guerrero modelo Trip. Los presentes, en el lugar, desconocían su propiedad y propietario, corroborándose cuadro N° LSRXCHLE4D1021165 y motor N° KT1P52FMH*D0070597*, los cuales por sistema no se encontrarían registrados a nombre de persona alguna, razón por esta el moto vehículo tampoco posee chapa dominio. Enterado de esto y al no tener titularidad se procede al secuestro del rodado a fin de establecer su real propiedad.

INGRESO DE CONTRAVENTOR:

Siendo las 01:20 horas, Personal del 911, trasladan de Jujuy y Barroetaveña, a un masculino mayor de edad, el cual es observado por un Móvil de dicha Sección, corriendo con una cuchilla en la mano, mientras vociferaba a viva voz insultos a vecinos alterando el orden público. Se procedió a su traslado hacia esta Departamental, donde registro ingreso por S/ Infracción a los Art. 41°, 43° y 46° de la ley 3815, previo ser examinado por el Medico Policial en turno.

INGRESO DE DETENIDOS:

A las 21:10 horas, en el marco de la causa iniciada en el día de la fecha, en Comisaria Segunda, por denuncia de un masculino mayor de edad, quien manifiesta que siendo las 19:00 horas, iba caminando por Continuación calle Dr. Medina metros antes de llegar a su domicilio, observa que en la cancha de futbol que hay en el Barrio Cangurito, dos masculinos estaban agrediendo físicamente a su hermano, de 27 años de edad y domiciliado en la zona, y que sus agresores eran dos hermanos, ambos mayores de edad y domiciliados en una finca lindante al domicilio del denunciante. Se acerca para evitar la pelea y estos intentan agredirlo también a él, quien exhibió un arma blanca para que no se acerquen. Debido a que los mencionados son de contextura física muy robusta y sintió temor. En ese momento, uno de los hermanos agresores, exhibe y le apunta con un arma de fuego, y estando a unos 20 metros de distancia efectúa un disparo hacia él. Era un arma de puño, tipo revolver calibre .22 y que no logro impactarle el disparo. Ante esta situación salieron corriendo de ese lugar junto a su hermano. Por lo que se comunica tal situación al Fiscal en Turno, quien dispuso la detención de los denunciados ambos domiciliados ambos en Barrio Cangurito. Siendo estos localizados, los mismos y trasladados por personal de Comisaría Segunda y previo ser examinado por el Médico Policial en turno, se les realiza el Dermotest correspondiente, dándoseles Ingresan en esta Departamental, en calidad de aprehendidos a disposición del Fiscal actuante.

JEFATURA DEPARTAMENTAL GUALEGUAY: 27 de Diciembre 2020.-

El presidente del bloque de Senadores provinciales de Juntos por el Cambio, Francisco Morchio, presentó dos proyectos uno de comunicación y otro de declaración, a raíz de la situación generada en "Casa Nueva", en Santa Elena, departamento La Paz, propiedad de la firma Las Margaritas SA.

Ambos proyectos cuentan con las firmas de los senadores Rubén Dal Molín (Federación) y Omar Migueles (Tala). En el de Comunicación, los legisladores de Juntos por el Cambio solicitan al "Poder Ejecutivo que extreme las medidas de prevención ante cualquier tipo de usurpación del espacio de titularidad privada, hechos que están en aumento a nivel nacional y en la provincia de Entre Ríos".

También se pidió "inmediata acción a fin de resolver los conflictos en curso que vulneran el mandato constitucional de la inviolabilidad de la propiedad privada".

En los fundamentos, se mencionó las mandas constitucionales que amparan la propiedad privada, "La Constitución Nacional, en su artículo 17, dentro del capítulo de 'Declaraciones, derechos y garantías', establece que la propiedad es inviolable. Este mandato se debe entender como una responsabilidad del Estado frente a los ciudadanos, al ser éste quien ejerce el monopolio de la fuerza".

"Es el Estado, a través de sus funcionarios, quien debe salvaguardar los derechos de las personas frente a cualquier vulneración o intento de ella. Es por ello por lo que resulta fundamental una acción rápida para hacer cesar la lesión o su amenaza. En la actualidad se están viviendo hechos de suma gravedad, frente a diversos ataques de la propiedad privada en distintos puntos del país y de nuestra provincia. En estos casos se puede observar una demora por parte de los gobiernos en actuar y tomar decisiones para evitar, concretamente, las usurpaciones de la propiedad privada", se indicó.

En cuanto al proyecto de declaración, se pide que la Cámara Alta exprese su "profunda preocupación frente a la participación de Gabriela Carpineti, Daniela Verón, Sebastián Correa y otros funcionarios nacionales en el conflicto por la usurpación de tierras de 'Casa Nueva', propiedad del establecimiento Las Margaritas, por parte de un grupo liderado por el referente piquetero Juan Grabois.

"A través del presente proyecto de declaración venimos a manifestar nuestro absoluto repudio y profunda preocupación por la participación de funcionarios del gobierno nacional en el conflicto que está teniendo lugar en Casa Nueva, propiedad del Establecimiento Las Margaritas SA. Llama especialmente la atención la participación de estas personas dado que no tienen nada que ver con el conflicto que está ocurriendo en dicho lugar, que ya se encuentra para ser resuelto en el ámbito judicial de nuestra provincia", se indicó.

Para los senadores es "un importante agravio a la autonomía provincial la intromisión de funcionarios nacionales en cuestiones que son de jurisdicción exclusiva entrerriana. En su caso, deberían dar explicaciones por el carácter en el cual están participando de este conflicto".

"Entre algunos funcionarios que están participando se pudo constatar a Gabriela Carpineti, Daniela Verón y Sebastián Correa. Tampoco se comprende la participación de Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI). De estar participando a título personal y no como funcionarios, entonces serían cómplices del delito de usurpación. Por lo expuesto, ante la gravedad del asunto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración", se indicó finalmente en la iniciativa legislativa.

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) desea expresar la profunda intranquilidad que genera en los productores los intentos las usurpaciones que se han venido materializando en diversos puntos de nuestro país, con recientes capítulos en varios departamentos de la provincia de Entre Ríos.

Independientemente de las cuestiones o implicancias particulares de cada caso, lo que se advierte en general es una peligrosa tendencia hacia la violación del derecho de propiedad consagrado en la Constitución Nacional, sin que exista una actitud rápida y eficaz del Estado en auxilio de los afectados.

En ese sentido, rechazamos y repudiamos cualquier intento usurpatorio, sin importar la dimensión de los inmuebles ni de quienes sean los damnificados, ya que en todos los casos despojar por efecto de la violencia los bienes a sus propietarios presupone un delito tipificado en nuestro Código Penal.

La propiedad privada merece ser respetada y honrada desde todos los ámbitos de la sociedad, máxime desde el Estado; pero justamente allí no advertimos en estos tiempos un discurso contundente y tranquilizador en la búsqueda de condenar y evitar que ese flagelo, azuzado con intereses de desintegración social por parte de sectores inescrupulosos, sea detenido.

Desde FARER exigimos que desde los diferentes estamentos del Estado se tomen todas las medidas que resulten necesarias a los efectos de defender la propiedad privada y el estado de derecho, garantizar la seguridad de los ciudadanos y marcar un camino claro e indubitable hacia el fortalecimiento de la paz social.

Luis Miguel Etchevehere no lo hacen con foco en la defensa de una familia, o a un dirigente. Se manifiestan para frenar lo que consideran avances sobre la propiedad privada y el orden de la sociedad.

Así como en junio, en Avellaneda, Santa Fe, los primeros que levantaron la voz fueron los locales, en este caso, del otro lado del Rio Paraná, a 200 kilómetros de distancia en línea recta, también son los vecinos lo que lideran la resistencia en Santa Elena, Entre Ríos.

Así, desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos, condenaron "todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realice, sean cuales fueran las motivaciones, ya que es imprescindible defender la ley y la Constitución Nacional antes de dar cualquier otro tipo de debate".

Ese criterio, más allá de cualquier problema empresarial o familiar, es el que defienden frente a decisiones políticas que consideran arbitrarias y ajenas al Estado de Derecho. Antes cuestionaron el decreto presidencial de expropiación, y ahora, con similar filosofía, rechazan la intromisión del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por el dirigente social Juan Grabois.

Los manifestantes no desconocen que una integrante de la familia Etchevehere, Dolores-hermana del ex ministro- les abrió las puertas y está con los militantes sociales aduciendo derechos sobre esa propiedad. Pero, exigen que la Justicia clarifique la situación, luego de 6 días donde el poder fáctico estuvo del lado de la fuerza y no de la racionalidad republicana.

Esa convicción es la que llevó a cientos de personas a manifestarse desde el mediodía de este miércoles en la intersección de la ruta 12 y el acceso al establecimiento "Casa Nueva"

Pasan los días y la toma violenta continua. Hasta ahora, la Justicia se preocupa por proteger más a los usurpadores de Grabois que a los legítimos dueños. Para algunos vale más la invasión y el relato que las escrituras y la propiedad privada. pic.twitter.com/p8iI20fZjc

Hasta el momento no ha habido intervenciones por parte de la justicia ni de las fuerzas policiales, a pesar de que la familia realizó denuncias por violación de la propiedad privada ya que aseguran que su hermana ya cobró la herencia correspondiente y no es titular de ninguna de las propiedades. Explicaron además, que Dolores "al poco tiempo del fallecimiento de su padre, en 2009, vendió a su madre todas sus acciones de SA Entre Ríos y Etchevehere Rural, percibiendo por ellas importantes recursos económicos".

El ex funcionario fue contundente: "Usurpar una casa es violar. Es meterse violentamente en la intimidad del otro. Hay intrusos dentro de la casa principal disponiendo de lo ajeno, durmiendo en mi cama, usando mi baño, husmeando en mis cajones, mancillando recuerdos de mi padre".

En tanto, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, madre los cuatro hermanos en conflicto, tomó posición a favor de los tres varones (Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego) y dijo: "No entiendo por qué hasta el momento la Justicia no ha respetado la propiedad privada del mismo modo que nosotros estamos respetando los bienes y propiedades de Juan Grabois".

Usurparon un campo propiedad de una Sociedad Anónima.Ninguno de los que entraron por la fuerza es accionista de la misma. Nadie puede donar lo que no le pertenece. pic.twitter.com/aB12rU0x8x

"La propiedad privada es un derecho fundamental consagrado en nuestra constitución: violarla no sólo configura un delito sino que además altera la paz social", remarcaron fuentes de la familia.

A nivel judicial, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa pidieron información sobre las propiedades al Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná; al Juzgado de Transición de Carlos Ríos, a la Dirección de Personas Jurídicas y al Registro de la Propiedad. Según la Procuración General de la Provincia, están trabajando en la causa: el sábado citaron a declaración informativa a las personas identificadas en el ingreso al campo, entre ellos, Dolores Etchevehere y el abogado Facundo Taboada, pero ambos no se presentaron.

Respaldo de las entidades del campo

La protesta se desarrolló durante este miércoles en los alrededores del campo en disputa. Los manifestantes "rodearon pacíficamente" el campo para exigir que "los usurpadores se vayan", según afirmaron. quienes llegaron al punto de encuentro en camionetas, tractores y alguno también a caballo.

En tanto, diferentes productores rurales entrerrianos, como también dirigentes nacionales de las entidades de la Mesa de Enlace, se pronunciaron en defensa de la ley y la propiedad privada.

Las usurpaciones de tierras y la negligencia del GobiernoNuestro comunicado, acá: https://t.co/XlQLxho6dP

Respecto a los últimos acontecimientos ocurridos en el departamento La Paz, la Sociedad Rural Gualeguay manifestó mediante un comunicado su enfático "repudio a todas las formas que atenten contra la propiedad privada, sea cual fuere su motivación".

"No estamos de acuerdo con ninguna forma violenta de resolver estos conflictos, bregamos por una solución civilizada donde las autoridades estén a la altura de las circunstancias", añadieron.

Debido a ello exigieron: "En primer lugar a la Justicia provincial que actúe acorde a los tiempos requeridos, que disponga todos los recursos necesarios y el coraje para trabajar como lo que es, un poder independiente".

"Exigimos también al gobierno de nuestra provincia a que garantice los derechos establecidos por la Constitución Nacional, que garantice la seguridad jurídica y de las personas involucradas y permita llevar tranquilidad a la sociedad en todo su conjunto. Violar la propiedad privada es violar la Constitución y ese es nuestro límite", indicaron.