El Consejo Federal está integrado por los poderes del Estado, entre ellos los ministerios nacionales, un representante de cada una de las provincias, la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y tres organizaciones de la sociedad civil. La coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y el Tráfico de Personas, Silvina Calveyra, participó en su rol de consejera en representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos.

El inicio estuvo a cargo del viceministro de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, junto a autoridades nacionales y de todas las jurisdicciones, quien "destacó el esfuerzo de todos los gobiernos provinciales para estar presentes en el conclave, anunciando la puesta en vigencia del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del delito de trata de personas", explicó Calveyra.

Posteriormente, se desarrolló el orden del día previsto, presentación del Informe Anual del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas; del Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas; del Plan Nacional para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas 2024-2026; análisis de las propuestas respecto del destino de los bienes puestos a disposición del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, en el marco de Legajo Fiscal; para luego continuar con el trabajo de las Comisiones Permanentes.

"Durante la sesión plenaria se destacaron pautas en referencia a la restitución de derechos a víctimas, la eliminación del fondo fiduciario, por los altos costos que generaba en su mantenimiento y el proceso burocrático que significaba para la asistencia eficaz; y su reemplazo por un mecanismo dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación de asistencia directa a víctimas, con recursos provenientes de bienes decomisados, con la finalidad de lograr mayor operatividad en el sistema de restitución", explicó Calveyra.

Asimismo, comentó que, "en materia de asistencia a víctimas, se pone en vigencia el programa nacional Restituir Derechos, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con el fin de garantizar la restitución de derechos al momento del rescate. Está destinado a víctimas en autos de procedimiento judicial desde la fecha de aprobación de la resolución 246/25. Consiste en una asistencia económica por tres meses con posibilidad de prórroga, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil". También el programa incluye otra línea de "acompañamiento para la inclusión laboral y social", equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil por igual periodo", agregó.

"La Trata de Personas es un delito complejo, dinámico, que modifica su modus operandi a medida que se lo persigue; un delito que no distingue rango etario, género o situación socio-económica, en sus diferentes modalidades, donde la primera fase de ofrecimiento y captación se ha modificado mediante la utilización de nuevas tecnologías, sitios, aplicaciones, plataformas digitales, streaming, juegos online, entre otras; en este sentido es fundamental continuar fortaleciendo las acciones de prevención, detección de indicadores y alertas tempranas", acotó.

Por último, destacó que "la gestión del gobierno provincial ha puesto entre las prioridades de su agenda la prevención, persecución y combate al delito,  entre ellos el de trata de personas y delitos conexos. Esta decisión nos permite desarrollar políticas públicas en un sentido integral, con la experticia del delito complejo; lo que quedó plasmado en la XXII reunión del Consejo Federal", concluyó.

Una adolescente menor de edad, víctima de un hombre de 70 años que la habría sometido a prostitución infantil junto a tres hermanas en Concordia, salió llorando de una audiencia en tribunales donde se tramita la causa. Cuando llegó al hogar del Consejo Provincial del Niño, el Adolecente y la Familia, contó a empleados que uno de los hombres que estaba en la audiencia "fue cliente". Y señaló a un abogado, que actuaba como defensor público oficial, informó El Entre Ríos.

El personal del Copnaf radicaron la denuncia en la Fiscalía y se abrió una investigación. Cuando la menor fue citada a declarar, confirmó lo que había dicho: que el funcionario judicial del Ministerio Público de la Defensa fue cliente cuando a ella la prostituían.

El imputado en la causa por prostitución de menores está con prisión domiciliaria, señalado por la joven como quien la sometía y vendía su cuerpo a los clientes. También están imputadas la madre de la víctima y una hermana mayor.

No solo ella habría sido explotada sexualmente por ese hombre sino que también serían víctimas otras tres hermanas menores: la más chica, de 13 años, está embarazada.

La palabra oficial no tardó en llegar ayer poco antes del mediodía. Mediante un comunicado del Ministerio Público de la Defensa, se informó que el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez (quien designó en la función al funcionario señalado), "se refirió al caso del testimonio de una joven que vincula a un integrante del Ministerio Público en un hecho de connotación sexual".

Benítez dijo que "el defensor, enterado de la situación, se puso inmediatamente a disposición de la Justicia, ofreció pruebas y fue pro activo a fin de que se esclarezca la situación a la mayor brevedad posible. Asimismo, comentó que se realizaron diversas pruebas periciales que no involucran al funcionario.

Desde el Ministerio Público se aportaron todos los recursos técnicos y humanos a fin de proteger a la víctima y coadyuvar al total esclarecimiento del hecho".

La versión del hombre acusado es que se trata de una confusión, mencionó haberse sorprendido por lo sucedido y pidió que se produzcan todas las pruebas posibles para aclarar la situación.