La legisladora Lucía Klug presentó un proyecto para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA), con el fin de gravar las emisiones de la ganadería y canalizar fondos para mejorar la gestión de residuos urbanos. La propuesta generó rechazo inmediato en el sector por el costo que conllevaría y la falta de sustento técnico.

La iniciativa de la diputada de Unión por la Patria (UxP) y vinculada a Juan Grabois, dice que la tasa se fundamenta en el principio de Responsabilidad Extendida del Productor y prevé la constitución de un fondo fiduciario, con el que se buscaría compensar el metano generado por la ganadería mediante la reducción de emisiones lograda a través de una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, en línea con lo dispuesto en la Ley N° 13.592 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).

El proyecto sostiene que la medida responde a la “imperiosa necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos, particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)”.

De acuerdo con el Inventario de GEI de la Argentina, la provincia de Buenos Aires figura entre las principales emisoras del país, generando cerca de un cuarto del total nacional de gases de efecto invernadero.

Dentro de las emisiones provinciales, el 27% corresponde a metano (CH4), siendo la ganadería responsable del 19% de las emisiones de metano y la gestión de residuos sólidos urbanos del 6%.

El texto señaló que la producción ganadera emite metano principalmente por fermentación entérica y manejo de estiércol, mientras que los rellenos sanitarios y basurales a cielo abierto constituyen otros focos relevantes de este gas. El proyecto precisa que “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”.

“Sin sentido ni sustento técnico”

La reacción de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) fue inmediata. La entidad expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que “el metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”, señaló en un posteo en la red X.

Además, en un comunicado, la entidad manifestó: “Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.

“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”, manifestaron.

Desde CARBAP dijeron a Infobae que nunca habían sido consultados por Klug mientras se redactaba el proyecto. El presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, señaló que el proyecto de Klug “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”. El proyecto, agregó Kovarsky en otro posteo, “no corrige nada: penaliza al que produce y premia al que regula sn saber.

La entidad también había advertido previamente sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, señalando que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”.

“No existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”, añadió.

Vale mencionar que las emisiones de metano en Argentina provienen principalmente de la agricultura, en especial de la ganadería bovina, el sector energético y la gestión de residuos. En 2022, la fermentación entérica del ganado representó el 54% de las emisiones de metano, seguida por la industria de gas y petróleo con el 17% y los residuos sólidos con el 12%. El sector agrícola y ganadero es la principal fuente, debido a la fermentación de rumiantes y la gestión del estiércol, según datos del portal Our World in Data.

El sector energético contribuye a través de fugas y venteo en la producción y distribución de gas y petróleo, con un aumento significativo de emisiones en los últimos años por la extracción en Vaca Muerta.

La descomposición de residuos en basurales a cielo abierto también genera metano, y se han registrado fugas masivas en grandes vertederos como el Relleno Sanitario Norte 3 en Buenos Aires.

 Antecedente internacional

A nivel internacional y como antecedente, Dinamarca se prepara para convertirse en el primer país en gravar las emisiones de metano provenientes de los eructos y flatulencias del ganado, que constituyen el segundo gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera.

 A partir de 2030, las emisiones de metano generadas por el ganado vacuno y porcino danés serán gravadas con 300 coronas (USD 44) por tonelada equivalente de CO2, cifra que aumentará a 750 coronas (USD 102) en 2035, según un acuerdo alcanzado en 2024 entre el gobierno, parte de la oposición y representantes de los sectores ganadero, industrial y sindical.

(Fuente: Infobae).

Tras el anuncio del Gobierno nacional de que trabaja en un proyecto al que denominó “igualdad ante la ley” y que intentará impulsar en el Congreso a partir del 1° de marzo próximo, con el que buscará derogar todo tipo de cupos y leyes “que tengan que ver con discriminación positiva”. Entre ellos, los cupos laborales para personas trans, los documentos no binarios e incluso el femicidio como agravante penal, la oposición ya planteó su rechazo.

Según informó el portal parlamentario.com, el senador radical Martín Lousteau, planteó "¿cuántas libertades más va a recortar el gobierno liberal libertario? La figura del femicidio responde a una realidad concreta: las mujeres son asesinadas por razones de género".

Así, informó: "En 2024, hubo 267 femicidios, uno cada 30 horas, y al menos 267 niños quedaron huérfanos. Más de la mitad ocurrieron en contextos de violencia doméstica. Tipificarlo como un delito específico no es un privilegio, es reconocer que esta violencia existe, visibilizarla y abordarla con medidas concretas para prevenir y sancionar. Vamos a seguir luchando por los derechos de las mujeres en nuestro país".

“¡La respuesta es NO! Digamos no a la agenda anti derechos del gobierno”, expresó de forma contundente el radical Fernando Carbajal. “No estoy de acuerdo con eliminar el femicidio, los DNI no binarios y los cupos trans. Esperemos que el proyecto que impulsa el Gobierno sobre “la igualdad ante la ley” pase por el Congreso para que podamos debatirlo”, se sumó el senador Pablo Blanco.

El radical agregó: “Esperemos que vaya al Congreso porque este Gobierno nos tiene acostumbrado a una serie de anuncios que después no llegan. Analizaremos lo que se plantea, pero en principio no estoy de acuerdo".

La diputada de la CC Mónica Frade lanzó: “‘Batalla cultura’" le dicen...los ‘zurdos’ no votaremos volver atrás con legítimas conquistas… y que vengan a buscarnos. Estamos en el Congreso”.

“No se pueden tolerar este tipo de expresiones y amenazas contra las mujeres. En la Argentina una mujer es asesinada cada 36 horas por violencia machista. Desconocen las problemáticas de nuestro país y de sus habitantes”, expresó la senadora de UP Nora del Valle Giménez.

Daniel Lipovetzky (exdiputado nacional) informó: “¡Los únicos países de América Latina que no incluyen en su legislación la figura del femicidio son Cuba y Haití! Haití uno de los países más pobres y desiguales del mundo y Cuba, un país donde no se respetan las libertades individuales y la libertad de expresión.  Desigualdad, pobreza, autoritarismo, violencia, intolerancia: ¡este es el modelo del gobierno mileista! ¡No hay baja de inflación que pueda justificar que los argentinos aceptemos esto! ¡Está en nosotros, luchar para impedirlo!”.

Este martes se reunirá la comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados provincial, donde se continuará la discusión en torno al proyecto de ley que busca crear un plan provincial de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.

La normativa, escrita por Laura Stratta en conjunto con Lorena Arrozogaray, Mariel Ávila, Stefanía Cora, Silvia del Carmen Moreno y Andrea Zoff, tiene como objetivo brindar información en torno a la salud sexual y métodos anticonceptivos. Cabe destacar que los lineamientos de este proyecto son los mismos que el Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia) a nivel nacional.

La iniciativa buscará enfocarse en adolescentes entre 12 y 19 años, a quienes se les dirigirá acciones coordinadas entre diferentes organismos estatales. Por otro lado, la autoridad encargada será la Secretaría General de la Gobernación, en colaboración con otros ministerios y consejos.

El plan incluirá sensibilización sobre la prevención del embarazo adolescente, promover el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, brindar información sobre salud sexual y métodos anticonceptivos gratuitos, además de fortalecer políticas para prevenir abusos y violencia sexual. La aplicación del programa sería gradual, comenzando en ciertos departamentos y con expansión a otros.

Se recordará que el gobierno nacional desfinanció el Plan ENIA, lo que llevó al cierre del programa en abril de este año. En Entre Ríos, las trabajadoras despedidas propusieron alternativas al gobierno provincial para dar continuidad al proyecto, pero el Ejecutivo rechazó la propuestas.

En la provincial, trabajaban 70 profesionales de diversas disciplinas, entre ellas psicólogas, trabajadoras sociales, licenciadas en Obstetricia, médicas y docentes, quienes garantizaban el acceso a información científica, prestaciones de salud, espacios terapéuticos y asesorías de salud sexual y reproductivas.

Las últimas estadísticas establecían que el programa ENIA logró reducir las tasas de embarazo adolescente en Argentina: se pasó del 49% al 27% en seis años. Por otra parte, en Entre Ríos, se pasó del 15.8% en 2018 al 9.6% en 2022, mientras que hubo una reducción aún más significativa en el caso de menores de 15 años: de 97 embarazos anuales a 30, lo que significa una disminución del 70%.

El politólogo Ariel Parajón visitó Gualeguay para acompañar la presentación de la iniciativa “Ley Ariel Goyeneche”, que busca fortalecer la Ley Nacional de Salud Mental.

Días atrás, el licenciado en Ciencia Política Ariel Parajón —magíster en Salud Mental Comunitaria y especialista en consumos problemáticos— participó en Gualeguay de la presentación del proyecto de ley “Ariel Goyeneche”, que propone la capacitación obligatoria en salud mental para todos los agentes del Estado.

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Gualeguay, y contó con la presencia de la diputada nacional de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, impulsora de la iniciativa legislativa. Parajón acompañó a la legisladora en su visita a la ciudad y dialogó con medios locales sobre los alcances del proyecto y los desafíos actuales en torno a la salud mental.

La propuesta, que rinde homenaje al periodista Ariel Goyeneche, apunta a brindar herramientas concretas a trabajadores estatales para detectar, acompañar y derivar de manera adecuada situaciones vinculadas a la salud mental en sus ámbitos laborales y sociales.

En diálogo con este medio, Parajón explicó: “Soy politólogo especializado en políticas de drogas e investigo sobre salud mental y tecnologías. Vengo a Gualeguay convocado por Carolina para conversar e intercambiar sobre las problemáticas de salud mental que atraviesan esta época, sobre todo vinculadas al consumo de sustancias y, cada vez más, al consumo problemático de tecnologías: ludopatía digital, uso compulsivo de redes sociales y plataformas”.

El especialista advirtió que estas formas de consumo están afectando especialmente a las juventudes, en un contexto social atravesado por múltiples factores: “La ansiedad es un cuadro más entre tantos. También vemos depresión, estrés, multiempleo, sobreinformación... padecimientos que se conjugan con la precariedad económica, lo cual limita el desarrollo integral de los proyectos de vida. La salud mental no es ajena al contexto económico y político que vivimos”.

En esa línea, Parajón propuso ampliar el enfoque sobre la salud mental: “Muchas veces se la piensa únicamente en clave de enfermedad. A mí me interesa también pensar qué nos hace bien, cómo entender la salud mental como potencia de vida, como bienestar. Incluso ahí podemos encontrar claves para acompañar tanto a quienes padecen trastornos crónicos como a quienes enfrentan malestares cotidianos e invisibles”.

Respecto del proyecto de ley, destacó que realizó aportes al texto y valoró su espíritu: “Me parece indispensable que todos los niveles del Estado se capaciten para comprender los padecimientos de salud mental y, sobre todo, para acompañar a quienes los atraviesan. Fortalecer la Ley Nacional de Salud Mental con iniciativas como esta es fundamental”.

El recuento de la actividad del cuerpo legislativo durante este período indica que se presentaron 433 proyectos, de los cuales 336 corresponden a iniciativas de senadores y senadoras. También se trataron 29 proyectos presentados por el Poder Ejecutivo en el Senado, 2 proyectos presentados por el Superior Tribunal de Justicia, 51 proyectos presentados en la Cámara de Diputados, 8 proyectos del Poder Ejecutivo que ingresaron por la Cámara de Diputados, y 7 pedidos de Acuerdo Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo.Respecto al detalle de la producción de la Cámara alta, durante el período ordinario se presentaron 336 proyectos, de los cuales 60 fueron de Ley, 207 de Declaración, 51 de Comunicación, 6 de Resolución y se trataron 12 Pedidos de Informes. En el mismo período prestó acuerdo para su nombramiento a 7 funcionarios judiciales o del Poder Ejecutivo que requieren de Acuerdo.Durante ese período, se realizaron 62 reuniones de comisión, en las que se produjeron 81 dictámenes. También se realizaron 6 audiencias públicas. 

De Angeli explicó que actualmente, la Constitución no contiene una cláusula específica sobre cómo deben estar redactados los documentos oficiales, como es el caso de Colombia, Perú o España. Por lo tanto, consideró que es “fundamental garantizar que las comunicaciones oficiales sean comprensibles para todos los habitantes del país”.“El estado no puede soslayar el idioma oficial por preferencias individuales o de ciertas comunidades de utilizar determinado léxico”, agregó y aclaró que “esta iniciativa no excluye la posibilidad de la elaboración y comunicación de los documentos oficiales en otro tipo de lenguas que identifique a otros grupos o comunidades, sino más bien que sea entendible para todas las personas que habitan nuestro territorio”.“El espíritu de este proyecto busca utilizar un castellano correcto en términos normativos, por sus principios y disposiciones muy claras, inteligibles por todos los ciudadanos. Y contar con todas las herramientas lingüísticas para ser inclusivo a todos los habitantes del país”, concluyó el senador nacional. 

Fuente: APFDigital

Giano pretende a través de este proyecto rescatar aquellos viejos almacenes de ramos generales y despachos de bebidas ubicados -en su mayoría- en el entorno rural, que a través de edificios antiguos y de distintos estilos arquitectónicos marcaron una época, y que afectados por el surgimiento de supermercados o autoservicios fueron afectados en lo económico.Para ello, propone crear el “Circuito de Almacenes Rurales de la Provincia de Entre Ríos”, a los cuales se les reconocerá el carácter de “notable” por medio de resolución de la autoridad de Aplicación, en este caso la Secretaria de Cultura de Entre Ríos.El objetivo es que se incorporen a dicho catálogo proyectos de conservación, rehabilitación o cuando correspondan restauración edilicia y mobiliaria con asesoramiento técnico especializado del Poder Ejecutivo u otra institución.Según consta en la iniciativa a la que tuvo acceso esta Agencia, para este fin se creará la Comisión de Rescate y Promoción de Almacenes Rurales con representantes del poder Ejecutivo, de los Municipios, comunas y juntas de gobierno y de las cámaras u organizaciones empresariales vinculadas, para elaborar y actualizar un listado de almacenes y bares en cada departamento de la provincia. 

El FMI pidió que la Argentina presente un plan con "amplio apoyo político y social", y que el país ataque la "alta inflación", en la primera reacción tras las elecciones legislativas del domingo.

El organismo consideró "importante" que el plan que negocia con la Argentina para refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares tenga un fuerte respaldo del arco político.

El presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley con un plan económico dentro del marco de un programa con el organismo.

Un vocero del FMI dijo que se continúa trabajando para "llegar a entendimientos plenos sobre un plan integral que pueda abordar de manera duradera los desafíos económicos y sociales más apremiantes de Argentina, incluida la alta inflación, que perjudica desproporcionadamente a los más vulnerables".

"Es importante que este plan tenga un amplio apoyo político y social. Nuestro objetivo sigue siendo ayudar a Argentina y a su gente", señaló el vocero.

El pedido de respaldo al plan que reclama el Fondo Monetario está vinculado con que el acuerdo que se podría sellar abarcaría al menos tres períodos de gobierno.

Tras las elecciones, Fernández anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley con un plan que incluirá la propuesta de renegociación con el Fondo Monetario.

Fernández sostuvo que "en la primera semana de diciembre de este año, enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable".

La nueva ley se deberá tratar ya con la nueva composición del Congreso, debido a que los nuevos legisladores asumirán el 10 de diciembre próximo, y casi con certeza en sesiones extraordinarias.

El Gobierno buscará aceitar el diálogo con el campo y enviará esta semana al Congreso el proyecto de ley para el sector con el objetivo de lograr, en un plazo de diez años, incrementar el ingreso de divisas del complejo agroexportador, a partir de una serie de beneficios fiscales, vinculados a mayor productividad.

Si bien los derechos de exportación quedaron fuera de la agenda de temas, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) reiteró su reclamo para que se eliminen las retenciones a la carne vacuna y las economías regionales.

El proyecto de ley se elaboró en base al trabajo del CAA, que mantuvo una serie de reuniones con funcionarios nacionales desde mediados del año pasado.

Además de los objetivos de alcanzar los USD100.000 millones en agroexportaciones y generar 700.000 nuevos puestos de trabajo en esta cadena, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, destacó otros lineamientos. En esta línea, uno de los puntos es llegar a una producción granaria de 200 millones de toneladas.

En los próximos cinco años, los técnicos del CAA proyectaron que el ingreso de dólares provenientes del agro pueden aumentar en USD6.200 millones. El mayor impacto será en la cadena sojera, que verá aumentar sus ingresos un 34%, seguida por trigo (30%) y maíz (20%). De la cifra estimada en ingreso extra de divisas, las economías regionales aportarán USD1.145 millones. El limón participará un 25%, arroz 12% y forestal 9%, entre las más destacadas.

El texto de la normativa no introduce modificaciones para el actual sistema de retenciones a la producción granaria, situación que el oficialismo ya abordó en el Presupuesto 2022, que busca extender el actual esquema hasta diciembre de 2024. Por el momento, el sector exportador reconoció esta situación, pero no desechó la posibilidad de volver a gestionar una rebaja gradual en los derechos de exportación sojera.

El proyecto de ley también destaca la producción sostenible y trabaja en base a dos ejes.

Por un lado, incrementar el uso de semilla fiscalizada y estimular el uso de fertilizantes e insumos, incluyendo los biológicos. El mecanismo se articulará a partir de la creación de un certificado de crédito fiscal, que incluirá hasta el 50% de gastos deducibles de Ganancias en la compra de estos productos.

Estos dos aspectos son centrales en la producción agrícola. En soja, y de acuerdo a datos oficiales, solo un 25% de la semilla que se usa es fiscalizada, en un cultivo que cuenta con casi 17 millones de hectáreas implantadas. En el caso de fertilizantes, estimaciones privadas indican que los niveles de reposición de nutrientes se encuentran por debajo de los valores aconsejables.

Por Andres Lobato

luego de que el presidente Alberto Fernández, acompañado de la vice, Cristina Fernández de Kirchner, presentaran un proyecto de ley para impulsar el desarrollo agroindustrial, el exministro de agricultura del gobierno anterior, Luis Miguel Etchevehere, apeló a las redes sociales para cuestionar con dureza la iniciativa.

"Producir carne, trigo o leche no es un servicio público", disparó el entrerriano. El proyecto de ley, según dejaron trascender las fuentes oficiales, define a la ganadería como un "bien público de consumo popular".

Según Etchevehere, el acto de lanzamiento del proyecto fue un "montaje" que "confirma que volvieron a lo peor del pasado".

Por último, el exministro de Mauricio Macri aprovechó para mandar un mensaje electoral: "Este nuevo ataque al campo solo se puede revertir con votos en noviembre".

La Comisión de Recursos Naturales y Ambiente y la de Educación, Ciencia y Tecnología se reunieron para tratar el proyecto de ley devuelto en revisión que se plantea como estrategia de educación ambiental.

Ayer se realizó una reunión conjunta entre la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente y la de Educación, Ciencia y Tecnología, presididas por el diputado Sergio Castrillón y la diputada Stefanía Cora (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos).

Se trató el proyecto de ley, devuelto en revisión, que establece la creación del Programa de Desarrollo de la Flora Nativa "Crecé con tu Árbol", en el marco de la Ley 10.402, como estrategia de educación ambiental a implementarse de manera transversal en los lineamientos curriculares del sistema educativo provincial, destinado a niños y niñas de los niveles inicial y primario.

El diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), autor del proyecto de ley, expresó su acompañamiento a la nueva redacción para que se convierta en ley. "Es una buena herramienta pedagógica para los niveles inicial y primario", dijo.

Ayer se reunió la Comisión de Trabajo, presidida por el diputado Manuel Troncoso (Bloque PRO). Legisladoras y legisladores continuaron con el tratamiento del proyecto de ley, autoría de la diputada Ayelén Acosta (Bloque PRO).

Dicho proyecto de ley, busca implementar el teletrabajo en el ámbito de la administración pública como una modalidad laboral alternativa para sus agentes.

"Este proyecto se basa en la realidad que actualmente vivimos. En Entre Ríos ya venimos en un proceso de modernización del trabajo en relación a las nuevas tecnologías, y nos pareció importante contar con las voces de quienes llevan adelante esta modalidad para establecer una regulación", expresó Acosta.

La secretaria gremial de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, fue invitada a participar del debate en comisión. "A pesar de la buena intención de esta iniciativa, el teletrabajo es un mecanismo de emergencia ante la situación de pandemia. Más allá de este contexto, el mismo altera la organización colectiva, que es donde se dan las conquistas de los trabajadores".

Además, Domínguez argumentó: "Vemos que en la actividad privada se presentan más peligros e inequidades entre los trabajadores que ventajas, considerando los niveles de alfabetización digital actuales"

La Comisión acordó continuar con el debate del proyecto junto a más representantes del sector del trabajo.

La Diputada Provincial, Paola Rubattino, viene bregando y luchando hace años por introducir la problemática de la violencia de género en todos los ámbitos públicos y privados.

En este marco, es que en la sesión de Diputados del martes, ingresó un Proyecto de Ley que pretende introducir formación específica contra la Violencia de Género en la carrera de los Agentes de Policía y en las escuelas de Oficiales de la Provincia de entre Ríos.

La Diputada afirmo que "El Proyecto de Ley incluye materias anuales relacionadas con la cuestión de género y problemática contra la violencia extrema en mujeres y grupos vulnerables. En el caso de la escuela de agentes, se propone un bloque completo en relación a tales temáticas"

Por otra parte, sostuvo que "el proyecto dispone que a través de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), también se incluya en la currícula de la carrera de grado de Licenciatura en Seguridad Pública"

Para finalizar, reafirmó su compromiso y solicito "necesitamos que nuestras fuerzas policiales nos cuiden con una adecuada formación en todas las materias que intervienen y con perspectiva de Género en familia, niñez, ancianidad, pobreza siendo capaces de transitar adecuadamente los protocolos de actuación vigentes en estos temas"

El senador provincial, Rubén Dal Molín (Federación-Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de ley para modificar algunos artículos de la ley de creación del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).

Para el legislador es necesario introducir cambios debido a la "delicada situación" que presenta el organismo, entre ellas: "atrasos de pagos de prestadores, cortes de servicios y problemas de autorizaciones en ciertas ocasiones".

Sobre ese análisis, el legislador fundamentó su iniciativa, en la "modificación de algunos artículos de la ley original" para definir funciones del directorio-gerente e incorporar representantes de las cámaras legislativas para que integren la comisión fiscalizadora. Además, establece plazos y metodologías para presentación de informes y balances por parte del organismo.

El proyecto de ley cuenta con 8 artículos, en los que se plantea modificaciones entre ellos, los artículos 1, 6, 8 (bis), 9, 12, 27, se incorpora el artículo 37.

Dal Molín, propone que la comisión fiscalizadora también esté integrada por dos representantes de la Legislatura provincial (uno por cada cámara, con representación de la minoría y cupo femenino).

"Los representes de la Legislatura lo harán en forma ad-honorem y los designados por el Poder Ejecutivo percibirán una retribución equivalente a la de fiscal de cuentas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos y dependencia directa de la Gobernación", se indicó en el proyecto.

El proyecto para avanzar en la implementación del Sistema de Expediente Electrónico tiene la finalidad de fortalecer la gestión pública a través de la simplificación de trámites y procesos administrativos, mayores niveles de seguridad jurídica y transparencia.

Como así también la incorporación de tecnologías como la digitalización, la despapelización y la firma digital. Esta iniciativa del Ejecutivo provincial fue presentada por la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, y su equipo técnico de trabajo ante la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.

Convocada por la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Carina Ramos, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, junto al subsecretario de Modernización Administrativa, Mariano Maffei, y la coordinadora de Asuntos Legales, Soledad Price, expuso los alcances de la iniciativa que se elaboró y traccionó desde su cartera junto a la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría Legal y Técnica. Fue bajo la modalidad virtual y desde el Centro Provincial de Convenciones.

"Es un proyecto que apunta a un cambio cultural sobre el cómo trabajamos en el Estado Provincial y que involucra hábitos y prácticas cotidianas. La finalidad es generar un sistema de administración pública más eficiente, eficaz, transparente y que simplifique los trámites para el ciudadano y también el trabajo diario de los agentes públicos", sintetizó la funcionaria. "Es un proyecto que apunta a un cambio cultural sobre el cómo trabajamos en el Estado Provincial y que involucra hábitos y prácticas cotidianas. La finalidad es generar un sistema de administración pública más eficiente, eficaz, transparente y que simplifique los trámites para el ciudadano y también el trabajo diario de los agentes públicos", sintetizó la funcionaria.

En relación con el impacto, la secretaria de Modernización transmitió a los legisladores que "este proyecto de ley buscar fortalecer la gestión pública porque contribuye en diversas aspectos, como la despapelización, la seguridad jurídica, inmutabilidad e integralidad de los documentos públicos, la transparencia y accesibilidad, la simplificación de los procesos administrativos, el acortamiento de los tiempos de tramitación, el ahorro de recursos públicos -refiriéndose al uso de papel, archivos y transporte de expedientes- la tramitación a distancia y la incorporación de la notificación electrónica, entre otras ventajas", remarcó.

En referencia a la implementación, Escandón advirtió que "habrá un tiempo de convivencia entre la tramitación del expediente digital y el de papel. Es un proyecto de mediano y largo plazo", y adelantó que será necesario tener conformado un equipo de capacitadores y de mesas de ayuda para llegar a todos los organismos de la administración pública provincial. "Hoy el sistema de seguimiento de expediente tiene aproximadamente 3000 usuarios, y entendemos que esto se duplicará o triplicará ", acotó.

La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, tiene por objetivo regular de manera íntegra el uso de la pirotecnia en Entre Ríos • Además, entre otros, tiene dictamen favorable el proyecto que establece la capacitación obligatoria en la temática y violencia contra las mujeres (Ley Micaela) para las autoridades y afiliados a los partidos políticos en la provincia

• Legislación y Producción

La reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, presidida por la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) y de Producción, encabezada por el senador Franciso Morchio (Gualeguay- Cambiemos), dieron tratamiento y dictamen favorable de manera unánime al proyecto de ley, de autoría de la senadora Gieco y el senador Gastón Bagnat (Victoria- Frente Justicialista), por el que se declara Zona de Reserva Exclusiva para la Pesca Deportiva el "Arroyo Doll", desde su nacimiento en la localidad de General Ramírez hasta su confluencia con el Arroyo "Las Mangas" (Expte. N° 13.863).

• Legislación General

Asimismo, este jueves, en la reunión de la Comisión de Legislación General, que preside la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista) se dio tratamiento y dictamen favorable a los siguientes proyectos:

- Proyecto de ley de autoría de la senadora Gieco por el que se declara Patrimonio Histórico Cultural de la provincia, el inmueble que fuera casa parroquial y conjuntamente Escuela Alemana de los Inmigrantes del Volga (Expediente N° 13864).

- Proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se faculta al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, a la constitución de una fundación con el fin de brindar un marco legal adecuado a las actividades altruistas que ejecuta el IAPS, conforme en los términos del artículo 193° y concordantes del Código Civil Comercial de la Nación. (N° 19.283 M.E.) (Expediente N° 13866).

- Proyecto de ley de autoría de la senadora Gieco por el que se establece la capacitación obligatoria en la temática y violencia contra las mujeres, conforme las disposiciones de la Ley Nacional N° 27.499 (Ley Micaela) y Ley provincial N° 10.768 (Adhesión a la Ley Micaela), para la totalidad de las autoridades y de los afiliados a los partidos políticos en la provincia (Expediente N° 13871).

- Proyecto de ley de autoría de la diputada Carina Ramos y los diputados Juan Pablo Cosso y José Maria Kramer, que cuenta con media sanción de la Cámara baja, y regula el uso medido y solidario de la pirotecnia en la provincia de Entre Ríos (Expediente N° 24191).

Por otra parte se dio inicio al tratamiento al proyecto de ley de autoría del senador Gastón Bagnat (Victoria- Frente Justicialista), por el que se autoriza al Gobierno de la Provincia a transferir al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), un inmueble del departamento Victoria, distrito Corrales,comuna de Estación Antelo, con destino a la construcción de viviendas (Expediente N° 13874).

• Presupuesto y Legislación

Posteriormente, en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador Amilcar Genre Bert (La Paz- Frente Justicialista); y de Legislación General, presidida por la senadora Claudia Gieco (Diamante- Frente Justicialista), las y los legisladores dieron tratamiento y dictamen favorable por mayoría al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por el que se modifica el Código Fiscal (t.o. 2018) y la Ley Impositiva N° 9622 (Expediente N° 24554). (APFDigital)

El senado entrerriano aprobó el proyecto de ley impulsado por Francisco Morchio que declara al Río Gualeguay como Zona de Reserva para la Pesca Deportiva.

Morchio había presentado recientemente el proyecto de ley. Al respecto, el legislador manifestó: "Desde que inicié mi gestión en el Senado Provincial, presenté diversos proyectos tendientes a proteger el Río Gualeguay. Muchos de ellos fueron impulsados por distintas organizaciones que buscan preservar las especies de nuestro río frente a la depredación que ocasiona la pesca indiscriminada".

"En este sentido, presenté recientemente un proyecto de ley para declarar "Zona de Reserva para la Pesca Deportiva" al Río Gualeguay y una amplia zona en su nacimiento y en su desembocadura", indicó.

Y explicó: "Con la aprobación de este proyecto de ley sólo se permitiría la pesca deportiva y aquella realizada por los pobladores ribereños, quedando estrictamente prohibida la pesca con cualquier tipo de red".

"Asimismo, se le otorga al Estado Provincial la posibilidad de solicitar la colaboración para la preservación del Río a la Policía Provincial, Prefectura Naval Argentina, Municipios aledaños, entidades de pesca deportiva y otras entidades o instituciones", finalizó.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos, secionará ésta semana. Y, asimismo, concretará cuatro reuniones.

Desde ayer lunes, la Comisión de Comunicaciones y Transporte trabaja en conjunto con Hacienda, Presupuesto y Cuentas.

Diputadas y diputados abordarán el proyecto de Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar el procedimiento de disolución y liquidación de la Empresa LAERSE. También el lunes, desde las 11:00, la Comisión de Salud Pública analizará dos proyectos de Ley relacionados con el Covid-19. Uno de ellos propone adherir a la Ley Nacional 27.548 conocida como "Ley Silvio", la cual crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia.

Hoy, se encontrará la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente para trabajar sobre un proyecto de Ley que crea el Programa de Capacitación y Concientización en materia de ambiente y desarrollo sostenible para las personas que integran los tres poderes del Estado.

Mientras que mañana miércoles, a las 19:00, tendrá lugar la reunión de Labor Parlamentaria, mientras que el jueves a partir de las 11:00 se concretará la 11ª Sesión Ordinaria.

Por último, el viernes desde las 11 se reunirán en conjunto las Comisiones de Deportes y la Banca de las Mujeres, Géneros y Diversidad para trabajar en un proyecto de Ley, autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, que propone establecer la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, en el marco de la Ley Nacional 27.499 "Ley Micaela" y de la Ley Provincial 10768, para la totalidad de las autoridades y del personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la provincia.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell, entregó al presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, un proyecto de Ley por medio del cual se pretende disponer de los intereses generados por las sumas depositadas en los expedientes judiciales, para obras y bienes del Poder Judicial. La iniciativa prevé preservar su valor en inversiones y asegura la respuesta financiera a cualquier solicitud de fondos pertenecientes a dichas cuentas.

El proyecto se fundamenta en que el Banco de Entre Ríos S. A., en su calidad de agente financiero de la provincia, registra la existencia de más de treinta mil cuentas judiciales en las que no existen movimientos durante períodos de tiempo superiores a los tres años.

Por Acuerdos Generales, el Superior Tribunal de Justicia solicitó al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. que proceda a la depuración de las cuentas de depósitos judiciales cuyo último movimiento sea anterior al 31 de diciembre de 2008, unificándolas en dos cuentas -en pesos y en dólares- a nombre del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y denominándolas “Centralización Saldos Organismos Jurisdiccionales”.

En ese sentido, en el texto presentado se aclara que se conservará la historia de las cuentas depuradas -incluyendo el detalle de movimientos registrados en cada una de ellas por un plazo mínimo de diez años-, y sin perjuicio de la posibilidad de reactivación de éstas a instancias del Superior Tribunal de Justicia.

El presidente del STJ, Martín Carbonell, brindó detalles del proyecto presentado y destacó "es importante poner de resalto que, tratándose de depósitos judiciales, los fondos en cuestión se encuentran legalmente inmovilizados, salvo que las partes hubieran requerido su colocación a interés, por lo que, ante una eventual solicitud de devolución, correspondería reintegrar solamente el capital original y que de acuerdo a la estadística disponible, el porcentaje de reclamo o de resoluciones de extracción resulta inferior al 10% de los fondos depositados, evidenciado la falta de interés y reclamo por parte de los justiciables”

"Actualmente el Poder Judicial ha visto notablemente resentido el ingreso de fondos por parte del Tesoro Provincial, recibiéndose remesas muy inferiores a las necesarias para afrontar los gastos corrientes del Poder Judicial”, agregó Carbonell.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, expresó: “Sabemos que en otras provincias existen leyes similares al presente proyecto que ha ingresado en la Cámara de Diputados, por ejemplo las provincias de Chubut y de Jujuy". Y agregó: "Hoy la rentabilidad de los depósitos judiciales es a favor del Agente Financiero como se expresó en el informe que el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay brindó la semana pasada sobre el proceso de contratación del mismo”.