En el mapa de la industria entrerriana hay un nombre que, durante casi dos décadas, fue sinónimo de trabajo, exportación y orgullo local: FEERSA, el Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. Ubicado a pocos metros del Camino al Puerto, el predio que muchos recuerdan como “el ex Juchco” se convirtió en el único frigorífico equino de la provincia y en uno de los más importantes del país.

De “Juchco” a FEERSA

La historia industrial de Gualeguay tiene un antes y un después del frigorífico. En el imaginario local, “el frigorífico” es esa planta que en su época de esplendor llegó a emplear a centenares de personas y que, tras sucesivas crisis, cierres e intentos de reactivación, quedó en la nebulosa. Sobre esa base, el 1° de septiembre de 2001, los hermanos Veronesi —Martín Nelio, José María y Javier Domingo— pusieron en marcha Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. (FEERSA), dedicado exclusivamente a la faena de caballos para consumo humano y exportación. En un país donde la carne equina apenas se consume por razones culturales, la apuesta fue clara: producir para el exterior. Y funcionó.

Los años dorados: 4.000 caballos por mes

Durante más de una década, FEERSA fue un caso atípico de éxito en el interior entrerriano:

Para muchos trabajadores, entrar a FEERSA fue sinónimo de estabilidad: sueldos en término, obra social, vacaciones y la posibilidad de proyectar una vida en la ciudad.

El detonante: un divorcio que se volvió empresarial

La caída de FEERSA no empezó por problemas de mercado ni de producción. Empezó en un juzgado de familia, en Gualeguaychú. En 2011, Corina Rivas, entonces esposa de Javier Domingo Veronesi —presidente del directorio de FEERSA—, inició una demanda por violencia de género, alimentos y división de bienes en el Juzgado de Familia de Gualeguaychú. Ese expediente derivó en medidas cautelares que, en 2015, llevaron a que un juez le quitara a Javier el manejo de sus acciones y designara un administrador judicial. Con ese cambio, José María Veronesi —tercer hermano accionista, con el 33,33% de las acciones— pasó a tener mayoría en asamblea junto al administrador de las acciones de Javier, mientras Javier y Martín Veronesi renunciaron a la administración.

Al retirarse Javier y Martín, que garantizaban la prefinanciación bancaria necesaria para operar como matarife, el banco exigió nuevas garantías que la nueva conducción no pudo conseguir.

El cierre: 130 familias sin trabajo

La combinación de falta de financiamiento, pérdida de clientes y materia prima llevó al colapso:

El predio quedó en abandono: hubo saqueos, un incendio intencional, robo de instalaciones eléctricas y hasta toneladas de carne de caballo podrida en cámaras, lo que obligó a intervenir a los Bomberos.La quiebra y la causa penal: la “trama FEERSA”

En 2018 se inició formalmente el juicio de quiebra de FEERSA en el Juzgado Comercial N° 10 de Capital Federal. Paralelamente, se abrió una causa penal que ahora va a juicio oral:

En septiembre de 2026 se confirmó que la causa llegará a juicio oral en Gualeguay entre el 10 y el 18 de febrero de 2027, contra tres contadores (Alfredo, Miguel y Eduardo Darré) y dos testaferros (Berisso y Badaracco), por administración fraudulenta. Los tres hermanos Veronesi originalmente imputados no estarán en ese debate: Martín y Noemí Veronesi fallecieron y la acción penal se extinguió; Javier Veronesi sufrió un traumatismo craneoencefálico grave en 2017 y, según pericias, sus facultades mentales quedaron alteradas, por lo que su causa sigue en etapa preparatoria supeditada a su recuperación.

La cooperativa: los trabajadores que quisieron recuperar la planta

Mientras avanzaba la quiebra, los trabajadores organizaron una respuesta:

A fines de 2021, principios de 2022 la planta reabrió simbólicamente bajo gestión cooperativa, y dependiente de conseguir financiamiento e inversores.

El levantamiento de la quiebra y el retorno a los Veronesi

Mientras la cooperativa avanzaba, las familias de los accionistas originales movieron piezas para recuperar el control:

Ahora, tras más de una década de investigación, el juicio oral y público por la quiebra y presunto vaciamiento del Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. (FEERSA) se llevará a cabo en los tribunales de Gualeguay entre el 10 y el 18 de febrero de 2027. El tribunal estará integrado por los jueces Roberto Cadenas, Darío Crespo y Gustavo Acosta.

Se sentarán en el banquillo de los acusados cinco imputados: tres contadores y dos presuntos testaferros. La acusación sostiene que la caída de la planta no fue producto de una crisis fortuita o mala gestión, sino de un plan deliberado de ahogo económico y desvío de capitales. Consultado por este medio, uno de los trabajadores despedidos mostró su escepticismo tras tantos años de idas y vueltas: “La Justicia es como las serpientes: sólo muerde los pies descalzos”, dijo citando a Galeano.

Las últimas imágenes de FEERSA no se corresponden con su esplendor. Las toneladas de carne de caballo podridas que se dejaron adrede en los depósitos sin electricidad; los camiones, camionetas e instalaciones a la intempeie, dispuestas para la rapiña, dieron cuenta del desprecio que sus otrora dueños tuvieron por los trabajadores. Incluso hubo incendios intencionales para ocultar pruebas que, al parecer, no se pudieron destruir.

El caso que marcó a fuego la historia de muchas familias de nuestra ciudad, tendrá su día en la Justicia, de acuerdo a lo que reconstruyó Análisis Digital. Entre el 10 y el 18 de febrero de 2027, el Tribunal integrado por los jueces Roberto Cadenas, Darío Crespo y Gustavo Acosta (junto a los vocales suplentes o integrantes según la asignación técnica de la jurisdicción) encabezará en nuestra ciudad el juicio oral y público por el presunto vaciamiento fraudulento del Frigorífico Equino Entre Ríos S.A. (FEERSA). Algunos de los responsables de las maniobras denunciadas (de la familia Veronesi) han fallecido, motivo por el cual no serán juzgados  

En el banquillo de los acusados se sentarán cinco imputados: tres profesionales de la contabilidad y dos presuntos testaferros. La acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal sostiene que no se trató de una crisis fortuita o de una mala gestión empresarial, sino de un plan fríamente ejecutado para ahogar económicamente a la planta de Gualeguay y desviar su capital operativo, logístico y comercial hacia otros emprendimientos del rubro.  

El origen de la maniobra: la expansión hacia Buenos Aires

El eje central de la investigación fiscal reconstruye cómo los recursos de la planta ubicada en Gualeguay fueron puestos progresivamente al servicio de dos competidores directos situados en la provincia de Buenos Aires: el frigorífico Lamar S.A., con planta en la localidad de Mercedes, y S.A. Indio Pampa, radicada en Trenque Lauquen.  Ambas plantas bonaerenses pertenecían originalmente a los empresarios belgas Michael y Paul Peeters, a través de las firmas Tradimar NV e H.I.B. Investments NV. Según la hipótesis fiscal, la adquisición de estas estructuras comerciales se financió sustrayendo divisas y activos que pertenecían legítimamente a FEERSA.  Para la Fiscalía, la prueba documental revela la existencia de entramados societarios y firmas de conveniencia destinadas a ocultar a los verdaderos beneficiarios finales de estas operaciones, mientras en la planta gualeya comenzaban a acumularse los signos de asfixia financiera.

Marcas locales, dólares en negro y logística prestada

Uno de los capítulos más contundentes del expediente es la utilización indebida de la identidad comercial de FEERSA. De acuerdo con informes aduaneros y pericias contables incorporadas a la causa, las plantas de Mercedes y Trenque Lauquen exportaron volúmenes masivos de carne equina utilizando sellos y marcas registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a nombre exclusivo de la firma gualeya, tales como “Friguay”, “Veronesi” y “Corona Argentina”.  Solo los despachos al exterior realizados por el frigorífico Lamar bajo estos rótulos locales fueron cuantificados por la Aduana en 15.874.806 dólares.

Sin embargo, en la contabilidad oficial de FEERSA no figura ningún acto jurídico, contrato de licencia, ni contraprestación económica que respalde o compense semejante usufructo.  A la par del desvío de marcas, se produjo una migración sistemática de la cartera de clientes. Compradores internacionales de larga trayectoria que operaban históricamente con FEERSA —como la firma japonesa Teisei, la belga Chevideko y la holandesa Groenveld— pasaron abruptamente a realizar sus pedidos a la planta de Mercedes.  

El vaciamiento también golpeó el aspecto operativo y humano. Personal especializado formado en Gualeguay fue enviado a prestar servicios a las plantas bonaerenses mientras sus sueldos continuaban siendo saldados por la firma local. Testimonios vertidos en la causa por empleados del área de desposte y de comercio exterior ratifican cómo debían trasladarse semanalmente a Mercedes o Trenque Lauquen, o cómo los propios camiones de carga de FEERSA realizaban el flete de hacienda equina y mercadería para las competidoras sin cobro alguno.

Entre las declaraciones más explosivas que constan en la investigación se destacan los relatos sobre el manejo de divisas en efectivo. Un encargado del área operativa recordó ante la Justicia haber sido enviado a retirar cerca de 780.000 dólares en una cueva financiera de la Ciudad de Buenos Aires, provenientes de pagos de exportaciones. Asimismo, testimonios internos detallaron la existencia de subfacturación sistemática, cobros informales y el uso de registros paralelos llevados a mano para alterar los balances reales de la sociedad.  

El desenlace judicial que se llevará a cabo en Gualeguay

Con el correr de los años, el deterioro provocado por estas maniobras derivó en el cese de actividades de la planta y la posterior quiebra de FEERSA, dejando un tendal de trabajadores en la calle y un fuerte impacto social y económico en el entramado productivo de Gualeguay.

En la etapa de fijación de juicio, las defensas de los acusados intentaron promover diversos planteos y pericias complementarias para dilatar o sobreseer el proceso. No obstante, la Oficina Judicial confirmó el calendario definitivo para las audiencias de febrero de 2027, advirtiendo un estricto protocolo de puntualidad y rechazando pedidos de suspensión infundados.

El tribunal contable y penal tendrá ante sí una voluminosa causa de más de una década de recorrido. Para los vecinos de Gualeguay, el debate oral representará la oportunidad de echar luz sobre una trama financiera opaca y determinar si la caída de uno de los motores industriales de la ciudad fue el resultado involuntario de un quebranto comercial o, como sostiene la Fiscalía, la consecuencia planificada de un vaciamiento multimillonario.Fotos: Mariano Beresiartu

La Justicia decretó la quiebra de Carsa S.A., firma que controla la cadena de venta de electrodomésticos Musimundo, y dejó sin efecto la apertura del concurso preventivo que la empresa había obtenido en julio. La resolución reencauzó el expediente bajo la figura de quiebra tras un proceso atravesado por cierres de sucursales, una venta frustrada y un deterioro financiero que ya había derivado en una reestructuración similar en 2018.

La decisión fue adoptada el 2 de septiembre de 2026 por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, a cargo de Fernando Luis Lavenas, en el expediente "Carsa S.A. s/ Concurso Preventivo".

Según informó la propia compañía en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el tribunal revocó la resolución de apertura del concurso preventivo del 17 de julio y decretó la quiebra de la firma. Antes de esa decisión, el caso ya venía acompañado por señales de deterioro operativo: Musimundo había cerrado 20 sucursales en el nordeste del país, en provincias como Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en un contexto marcado por la caída del consumo, el avance del comercio electrónico y la crisis interna de la compañía.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron que la firma buscaba ordenar sus pasivos dentro del concurso preventivo y que los cierres alcanzaban locales considerados duplicados, es decir, plazas en las que la marca tenía más de un punto de venta. Allegados a la sociedad estimaban que la medida había dejado más de 100 puestos de trabajo afectados. En las semanas previas a la presentación concursal, había comenzado además una negociación para una posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, la cadena surgida del recambio de marca de locales operados por Electrónica Megatone, aunque esa operación finalmente no prosperó.

A partir de la resolución, las actuaciones fueron recaratuladas como "Carsa S.A. s/ Quiebra", lo que implicó un cambio de escenario judicial para la compañía. En su comunicación al mercado, la firma precisó que la medida fue tomada en el marco de la intervención de la sindicatura sobre un plan de reducción de estructura presentado por la sociedad, que había sido aprobado por el directorio el 26 de agosto de 2026, después del cierre de sucursales y del fracaso de una operación para transferir 45 locales, también autorizada previamente por la empresa.

De acuerdo con el comunicado, el magistrado entendió que estaban dados "hechos reveladores del estado de cesación de pagos" en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras. Sobre esa base, consideró inviable la continuidad del concurso preventivo.

Carsa S.A. ya había recurrido al concurso de acreedores en junio de 2018, cuando declaró una deuda de 900 millones de pesos. Además, a fines de mayo de 2026 la firma registraba pasivos bancarios por unos 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como principal acreedor por cerca de 1.549 millones de pesos. La deuda concursal ascendía a 63.500 millones de pesos.

El tribunal dispuso la continuidad de la sindicatura ya designada en el expediente, a cargo del Estudio Contable Benítez, integrado por José Valentín Benítez, José Nicolás Benítez y Cynthia Bernard. También se mantuvieron las fechas ya establecidas para las próximas etapas del proceso: la presentación de pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura podrá realizarse hasta el 6 de noviembre de 2026, el informe individual previsto en el artículo 35 de la ley deberá presentarse el 30 de marzo de 2027, y el informe general del artículo 39 fue fijado para el 25 de junio de 2027.

Entre Ríos contabilizó 16.025 empresas empleadoras del sector privado en marzo de 2026, lo que representa una caída de 437 firmas respecto del mismo mes del año anterior, cuando el registro alcanzaba las 16.462. La baja interanual fue del 2,7%, en línea con el retroceso observado en otras provincias del país.

Los datos surgen de un informe elaborado por Politikon Chaco sobre la base de cifras oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El documento revela que el deterioro se profundiza cuando se compara la situación actual con la existente antes del inicio de la gestión del presidente Javier Milei. En noviembre de 2023, Entre Ríos contaba con 17.099 empresas empleadoras; desde entonces desaparecieron 1.074 firmas, una baja del 6,3%.

En el contexto nacional, la provincia registró una caída más pronunciada que el promedio del país. Mientras el total nacional mostró una retracción del 5,2% desde el cambio de gobierno, con una pérdida de 26.213 empresas, Entre Ríos acumuló un descenso del 6,3% en el mismo período.

En la comparación interanual —entre marzo de 2025 y marzo de 2026— la baja entrerriana fue del 2,7%, levemente inferior a la media nacional del 2,8%. A nivel país, en ese lapso cerraron 14.044 empresas, marcando el vigésimo quinto mes consecutivo de retroceso en este indicador.

El informe también muestra contrastes dentro del territorio nacional. La única provincia que logró incrementar su cantidad de empresas durante el último año fue Neuquén, con un crecimiento marginal del 0,1%. En el extremo opuesto se ubicó La Rioja, que sufrió la mayor contracción del país, con una caída del 10,7%.

Las cifras corresponden exclusivamente a empresas privadas que cuentan con al menos un trabajador registrado bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo, excluyendo al sector público y al personal de casas particulares.

Garbarino llegó a su fin. El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, a cargo del juez Fernando D'Alessandro, decretó en marzo la quiebra definitiva de la histórica cadena de venta de electrodomésticos y electrónica, y ordenó la liquidación completa de la empresa. Los últimos tres locales que aún funcionaban —ubicados en Avenida Cabildo en Belgrano, calle Uruguay frente a Tribunales y el outlet de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires— cerraron sus puertas. 

La quiebra se decretó luego de que fracasara el proceso de salvataje: la empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo de pago, y el único interesado que se había anotado para quedarse con la compañía nunca presentó una propuesta formal. 

Garbarino había ingresado en concurso preventivo en noviembre de 2021 y desde entonces atravesó distintos procesos judiciales y negociaciones con posibles inversores que no prosperaron. 

El proceso de liquidación

Con la quiebra confirmada, los bienes de la empresa pasaron a manos de una sindicatura designada por la Justicia, que los administra para liquidarlos y así hacer frente a las deudas acumuladas. Los acreedores —entre bancos, proveedores y exempleados— tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos sobre el pasivo final. 

La decisión de quiebra también alcanza a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, dos plantas industriales ubicadas en Tierra del Fuego que pertenecen al grupo y que actualmente están inactivas. La marca Garbarino, considerada el activo más valioso de la empresa, también está en proceso de evaluación para su eventual venta.

El fallo judicial inhabilitó a los directivos de la compañía —su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales— para ejercer el comercio, y les prohibió salir del país hasta octubre de 2026.

Una caída de varios años

La empresa fue adquirida en 2020 por el grupo de Carlos Rosales. A principios de ese año, ya acumulaba una deuda de $4.000 millones con bancos acreedores y otros $7.000 millones con proveedores. La pandemia agravó la situación: las ventas cayeron hasta un 75% durante los meses más duros.

Fundada en 1951, la cadena llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos, con más de 300 sucursales en todo el país, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes. En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores.

Según datos judiciales, la cooperativa enfrenta compromisos con más de 1.500 acreedores verificados y una deuda que ronda los 120 millones de dólares. Al momento de la publicación, la solicitud aún no había sido incorporada formalmente al expediente judicial.

La crisis de la empresa se profundizó en los últimos años. Su capacidad de procesamiento de leche cayó de unos 4 millones de litros diarios a menos de 500.000. Además, la cooperativa se desprendió de marcas y plantas en un intento por mantenerse en funcionamiento, y atravesó conflictos laborales con trabajadores nucleados en Atilra que agravaron su situación económica.

Desde el gremio apuntaron que los informes de la sindicatura y otros organismos de control del proceso judicial coincidieron en señalar un estado de insolvencia general y definitiva. También advirtieron que la empresa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus trabajadores.

A pesar del cierre del proceso concursal, Atilra planteó que la quiebra no representa un final para la marca, sino el inicio de una nueva etapa. Se esperaba que en las próximas horas se convocara a una asamblea de productores para ratificar lo actuado.

El fallo fue dictado por el juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial N°29, quien ordenó la liquidación final de la compañía y el cierre de sus plantas. Con sede en Lincoln (Buenos Aires), ARSA empleaba a 180 personas, mientras que otras 200 trabajaban en Córdoba, entre fábrica y centro de distribución. Además, la red de distribución llegaba a 70.000 comercios en todo el país mediante 165 distribuidores.

La medida se produjo luego del fracaso del concurso preventivo, iniciado a comienzos de 2024, cuando ningún inversor manifestó interés en adquirir la firma.

La compañía había sido administrada por el grupo Vicentin hasta hace dos años y medio, con la participación de fondos como BAF Capital, y más recientemente quedó en manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también propietarios de La Suipachense.

En su momento, ARSA atribuyó la crisis a la difícil situación económica del país, marcada por la inflación y los controles de precios. Sin embargo, desde el sector lácteo apuntan a problemas de gestión interna como la principal causa de la caída.

Desde el gremio Atilra denunciaron reiterados incumplimientos salariales, mientras los trabajadores señalaron que cobraban sueldos atrasados y en efectivo, pese a cumplir jornadas completas.

Con esta decisión judicial, se cierra definitivamente una etapa para los productos lácteos Shimmy y SanCor, que formaron parte de la mesa de millones de argentinos durante décadas.Fuente:N.A.

Finalmente sucedió. Tupperware, fabricante de las icónicas cajas de plástico para utensilios de cocina, se declaró en quiebra en Estados Unidos tras años de dificultades financieras. Tupperware Brands Corp busca vender el negocio sin dejar de operar. Se ha declarado oficialmente en quiebra con la protección de acreedores del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Auge y caída de un ícono

La firma estadounidense revolucionó el mundo de los artículos para el hogar con sus cuencos, platos y recipientes de cocina, convirtiéndose en un símbolo de la prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero la empresa con sede en Orlando, fundada en 1946 por Earl Tupper, ha estado luchando en medio de una competencia más feroz en el mercado de artículos para el hogar y el auge del comercio en línea.

Los productos de Tupperware tuvieron un auge momentáneo durante la pandemia de coronavirus, en la cual floreció la práctica de cocinar en casa. Luego de la crisis por la covid-19, la tendencia cambió por completo.

Fundada hace 80 años, Tupperware dio el gran salto en 1964, cuando presentó al público sus envases con el original cierre hermético diseñado por su fundador, Earl Tupper. Fue entonces cuando la marca irrumpió en los hogares estadounidenses, en gran medida a través de reuniones de ventas organizadas por mujeres de clase media en los suburbios de las grandes ciudades.

En los últimos meses, la empresa estuvo negociando con prestamistas a los que debe varios cientos de millones de dólares. Según un comunicado, la empresa dijo que la mejor manera de proteger la marca Tupperware es venderla. Laurie Ann Goldman, presidenta y directora ejecutiva de Tupperware, dijo el martes por la noche: "Durante los últimos años, la situación financiera de la empresa se ha visto gravemente afectada por el difícil entorno macroeconómico. Como resultado, exploramos numerosas opciones estratégicas y determinamos que este es el mejor camino a seguir".

Desde entonces la empresa siguió dependiendo en gran medida de las ventas directas de un ejército de proveedores aficionados. En 2022 la firma contaba con más de 300 mil vendedores independientes. Con el paso de los años, el término "tupper", castellanizado como táper, se transformó en sinónimo de envase plástico para alimentos, publicó Ámbito.

La Justicia espera un informe de especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para comenzar a definir la situación procesal de los imputados en la causa que investiga posibles delitos cometidos en el trámite de quiebra del Correo Argentino S.A., en la que está denunciado el expresidente Mauricio Macri.

En la causa se encomendó un relevamiento técnico a expertos de esa casa de estudios cuyo resultado se aguarda, mientras que ya se recibió un segundo informe de la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) de la Corte Suprema, confiaron fuentes judiciales.

Este último estudio ratificó el perjuicio al Estado Nacional que hubiera causado la homologación judicial de un acuerdo con la concursada, como el macrismo propuso en 2016.

Una vez que el juez federal Ariel Lijo reciba el informe encomendado a expertos en quiebra de Ciencias Económicas, comenzará a definirse la situación procesal de los ya indagados en el caso: el exministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad; su ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, el titular del directorio de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la firma Jaime Kleidermacher

También, y en base al segundo estudio de la DaJuDeCO y lo que concluyan los expertos de la UBA, podrían disponerse otras medidas de prueba y citaciones.

Los antecedentes

En febrero pasado, el Juzgado Federal había recibido un primer informe que confirmó los perjuicios que hubiese causado el acuerdo, objetado por la fiscal ante el Juzgado Comercial que tramita la quiebra, Gabriela Boquín.

En marzo, y ante planteos de las defensas de los ya indagados, se ordenó realizar un segundo informe para responder a cuestionamientos puntuales, cuyo resultado ya se entregó la semana pasada, con una ratificación del primero.

La DaJuDeCO concluyó que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. implicaba "una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado" en primera instancia.

En otro de los frentes del caso Correo, el de la Justicia Comercial, después de la feria de julio deberá resolverse un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación para que se revoque una decisión de la jueza Marta Cirulli que otorgó efecto suspensivo a una apelación contra el fallo que decretó la quiebra.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini y cuya función es representar o patrocinar al Estado Nacional en todo juicio que implique una significación económica o institucional relevante, pidió que se prosiga con el trámite de la quiebra, al entender que la apelación no puede postergar la liquidación.

El expediente llegará en agosto a la Cámara Nacional en lo Comercial ante el recurso de la empresa, propiedad de la familia Macri, en el que se pidió la "nulidad" del fallo que decretó la quiebra el 5 de julio.

En esa apelación se sostuvo que Socma Americana, controlante del Correo Argentino S.A., previamente había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se cuestionó la presunta falta de análisis de propuestas y del "ofrecimiento de pago del 100% del crédito reconocido al único acreedor de la Categoría "A" (Estado Nacional) en la forma y con la extensión propuestas".

ETIQUETAS CORREO ARGENTINO ARIEL LIJO

En la resolución, el magistrado de Paraná, solicitó que quienes se consideren con derecho podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura vigente.

- 1) DECLARAR la QUIEBRA de la firma BAZAR EL ENTRERRIANO SA CUIT 30-53554035-3, con domicilio legal sito en calle Gualeguaychú No42 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. (...) 13)

ENCOMENDAR a la Secretaria del Juzgado proceda hacer PUBLICAR EDICTOS en la forma prevista por el artículo 89 de la ley 24.522, por el término de cinco días (5), en el Boletín Oficial y en un medio escrito.

A su vez, y dado que la fallida tenía una sucursal en la ciudad de Santa Fe, se dispone la publicación en el Boletín Oficial de esa provincia, en iguales condiciones que el resto de los edictos. Esta misma información será publicada por medio del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial, en atención a su trascendencia.