Garbarino llegó a su fin. El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, a cargo del juez Fernando D'Alessandro, decretó en marzo la quiebra definitiva de la histórica cadena de venta de electrodomésticos y electrónica, y ordenó la liquidación completa de la empresa. Los últimos tres locales que aún funcionaban —ubicados en Avenida Cabildo en Belgrano, calle Uruguay frente a Tribunales y el outlet de Almagro, en la Ciudad de Buenos Aires— cerraron sus puertas. 

La quiebra se decretó luego de que fracasara el proceso de salvataje: la empresa no logró reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo de pago, y el único interesado que se había anotado para quedarse con la compañía nunca presentó una propuesta formal. 

Garbarino había ingresado en concurso preventivo en noviembre de 2021 y desde entonces atravesó distintos procesos judiciales y negociaciones con posibles inversores que no prosperaron. 

El proceso de liquidación

Con la quiebra confirmada, los bienes de la empresa pasaron a manos de una sindicatura designada por la Justicia, que los administra para liquidarlos y así hacer frente a las deudas acumuladas. Los acreedores —entre bancos, proveedores y exempleados— tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus reclamos sobre el pasivo final. 

La decisión de quiebra también alcanza a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, dos plantas industriales ubicadas en Tierra del Fuego que pertenecen al grupo y que actualmente están inactivas. La marca Garbarino, considerada el activo más valioso de la empresa, también está en proceso de evaluación para su eventual venta.

El fallo judicial inhabilitó a los directivos de la compañía —su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales— para ejercer el comercio, y les prohibió salir del país hasta octubre de 2026.

Una caída de varios años

La empresa fue adquirida en 2020 por el grupo de Carlos Rosales. A principios de ese año, ya acumulaba una deuda de $4.000 millones con bancos acreedores y otros $7.000 millones con proveedores. La pandemia agravó la situación: las ventas cayeron hasta un 75% durante los meses más duros.

Fundada en 1951, la cadena llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos, con más de 300 sucursales en todo el país, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes. En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores.

Según datos judiciales, la cooperativa enfrenta compromisos con más de 1.500 acreedores verificados y una deuda que ronda los 120 millones de dólares. Al momento de la publicación, la solicitud aún no había sido incorporada formalmente al expediente judicial.

La crisis de la empresa se profundizó en los últimos años. Su capacidad de procesamiento de leche cayó de unos 4 millones de litros diarios a menos de 500.000. Además, la cooperativa se desprendió de marcas y plantas en un intento por mantenerse en funcionamiento, y atravesó conflictos laborales con trabajadores nucleados en Atilra que agravaron su situación económica.

Desde el gremio apuntaron que los informes de la sindicatura y otros organismos de control del proceso judicial coincidieron en señalar un estado de insolvencia general y definitiva. También advirtieron que la empresa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus trabajadores.

A pesar del cierre del proceso concursal, Atilra planteó que la quiebra no representa un final para la marca, sino el inicio de una nueva etapa. Se esperaba que en las próximas horas se convocara a una asamblea de productores para ratificar lo actuado.

El fallo fue dictado por el juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial N°29, quien ordenó la liquidación final de la compañía y el cierre de sus plantas. Con sede en Lincoln (Buenos Aires), ARSA empleaba a 180 personas, mientras que otras 200 trabajaban en Córdoba, entre fábrica y centro de distribución. Además, la red de distribución llegaba a 70.000 comercios en todo el país mediante 165 distribuidores.

La medida se produjo luego del fracaso del concurso preventivo, iniciado a comienzos de 2024, cuando ningún inversor manifestó interés en adquirir la firma.

La compañía había sido administrada por el grupo Vicentin hasta hace dos años y medio, con la participación de fondos como BAF Capital, y más recientemente quedó en manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también propietarios de La Suipachense.

En su momento, ARSA atribuyó la crisis a la difícil situación económica del país, marcada por la inflación y los controles de precios. Sin embargo, desde el sector lácteo apuntan a problemas de gestión interna como la principal causa de la caída.

Desde el gremio Atilra denunciaron reiterados incumplimientos salariales, mientras los trabajadores señalaron que cobraban sueldos atrasados y en efectivo, pese a cumplir jornadas completas.

Con esta decisión judicial, se cierra definitivamente una etapa para los productos lácteos Shimmy y SanCor, que formaron parte de la mesa de millones de argentinos durante décadas.Fuente:N.A.

Finalmente sucedió. Tupperware, fabricante de las icónicas cajas de plástico para utensilios de cocina, se declaró en quiebra en Estados Unidos tras años de dificultades financieras. Tupperware Brands Corp busca vender el negocio sin dejar de operar. Se ha declarado oficialmente en quiebra con la protección de acreedores del Capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos.

Auge y caída de un ícono

La firma estadounidense revolucionó el mundo de los artículos para el hogar con sus cuencos, platos y recipientes de cocina, convirtiéndose en un símbolo de la prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero la empresa con sede en Orlando, fundada en 1946 por Earl Tupper, ha estado luchando en medio de una competencia más feroz en el mercado de artículos para el hogar y el auge del comercio en línea.

Los productos de Tupperware tuvieron un auge momentáneo durante la pandemia de coronavirus, en la cual floreció la práctica de cocinar en casa. Luego de la crisis por la covid-19, la tendencia cambió por completo.

Fundada hace 80 años, Tupperware dio el gran salto en 1964, cuando presentó al público sus envases con el original cierre hermético diseñado por su fundador, Earl Tupper. Fue entonces cuando la marca irrumpió en los hogares estadounidenses, en gran medida a través de reuniones de ventas organizadas por mujeres de clase media en los suburbios de las grandes ciudades.

En los últimos meses, la empresa estuvo negociando con prestamistas a los que debe varios cientos de millones de dólares. Según un comunicado, la empresa dijo que la mejor manera de proteger la marca Tupperware es venderla. Laurie Ann Goldman, presidenta y directora ejecutiva de Tupperware, dijo el martes por la noche: "Durante los últimos años, la situación financiera de la empresa se ha visto gravemente afectada por el difícil entorno macroeconómico. Como resultado, exploramos numerosas opciones estratégicas y determinamos que este es el mejor camino a seguir".

Desde entonces la empresa siguió dependiendo en gran medida de las ventas directas de un ejército de proveedores aficionados. En 2022 la firma contaba con más de 300 mil vendedores independientes. Con el paso de los años, el término "tupper", castellanizado como táper, se transformó en sinónimo de envase plástico para alimentos, publicó Ámbito.

La Justicia espera un informe de especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para comenzar a definir la situación procesal de los imputados en la causa que investiga posibles delitos cometidos en el trámite de quiebra del Correo Argentino S.A., en la que está denunciado el expresidente Mauricio Macri.

En la causa se encomendó un relevamiento técnico a expertos de esa casa de estudios cuyo resultado se aguarda, mientras que ya se recibió un segundo informe de la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCO) de la Corte Suprema, confiaron fuentes judiciales.

Este último estudio ratificó el perjuicio al Estado Nacional que hubiera causado la homologación judicial de un acuerdo con la concursada, como el macrismo propuso en 2016.

Una vez que el juez federal Ariel Lijo reciba el informe encomendado a expertos en quiebra de Ciencias Económicas, comenzará a definirse la situación procesal de los ya indagados en el caso: el exministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad; su ex responsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa, el titular del directorio de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la firma Jaime Kleidermacher

También, y en base al segundo estudio de la DaJuDeCO y lo que concluyan los expertos de la UBA, podrían disponerse otras medidas de prueba y citaciones.

Los antecedentes

En febrero pasado, el Juzgado Federal había recibido un primer informe que confirmó los perjuicios que hubiese causado el acuerdo, objetado por la fiscal ante el Juzgado Comercial que tramita la quiebra, Gabriela Boquín.

En marzo, y ante planteos de las defensas de los ya indagados, se ordenó realizar un segundo informe para responder a cuestionamientos puntuales, cuyo resultado ya se entregó la semana pasada, con una ratificación del primero.

La DaJuDeCO concluyó que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. implicaba "una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado" en primera instancia.

En otro de los frentes del caso Correo, el de la Justicia Comercial, después de la feria de julio deberá resolverse un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación para que se revoque una decisión de la jueza Marta Cirulli que otorgó efecto suspensivo a una apelación contra el fallo que decretó la quiebra.

La Procuración del Tesoro, que encabeza Carlos Zannini y cuya función es representar o patrocinar al Estado Nacional en todo juicio que implique una significación económica o institucional relevante, pidió que se prosiga con el trámite de la quiebra, al entender que la apelación no puede postergar la liquidación.

El expediente llegará en agosto a la Cámara Nacional en lo Comercial ante el recurso de la empresa, propiedad de la familia Macri, en el que se pidió la "nulidad" del fallo que decretó la quiebra el 5 de julio.

En esa apelación se sostuvo que Socma Americana, controlante del Correo Argentino S.A., previamente había recurrido al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se cuestionó la presunta falta de análisis de propuestas y del "ofrecimiento de pago del 100% del crédito reconocido al único acreedor de la Categoría "A" (Estado Nacional) en la forma y con la extensión propuestas".

ETIQUETAS CORREO ARGENTINO ARIEL LIJO

En la resolución, el magistrado de Paraná, solicitó que quienes se consideren con derecho podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura vigente.

- 1) DECLARAR la QUIEBRA de la firma BAZAR EL ENTRERRIANO SA CUIT 30-53554035-3, con domicilio legal sito en calle Gualeguaychú No42 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. (...) 13)

ENCOMENDAR a la Secretaria del Juzgado proceda hacer PUBLICAR EDICTOS en la forma prevista por el artículo 89 de la ley 24.522, por el término de cinco días (5), en el Boletín Oficial y en un medio escrito.

A su vez, y dado que la fallida tenía una sucursal en la ciudad de Santa Fe, se dispone la publicación en el Boletín Oficial de esa provincia, en iguales condiciones que el resto de los edictos. Esta misma información será publicada por medio del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial, en atención a su trascendencia.