El Gobierno de Entre Ríos recusó al juez Juan Francisco Malvasio, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, en cuyo despacho recayó el amparo colectivo presentado por un grupo de padres de niños que asisten a comedores escolares, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce. A través de esa acción judicial, los denunciantes buscan que la Justicia frene la implementación del sistema de compra centralizada de insumos que licitó el Ministerio de Desarrollo Humano y que fue adjudicado a la firma Teknofood SA.

En el escrito, la Provincia sostuvo que el magistrado "ha afirmado anticipadamente que los productos cuestionados poseen una aptitud dañosa, y así ha mandado a publicar información sobre el pleito, lo que irremediablemente lleva a esta parte a detectar prejuzgamiento". El planteo incorpora además un segundo argumento, que según el propio texto "complementa lo dicho" y "torna aún más evidente la afectación de la necesaria imparcialidad" del juez.

La causa se originó el 31 de julio, cuando padres de alumnos, junto a Agmer y la Fundación Cauce, presentaron una acción de amparo colectivo para impedir la puesta en marcha del nuevo esquema de compras centralizadas, que preveía la contratación de un único proveedor para abastecer los desayunos y meriendas escolares en toda la provincia. Los amparistas sostuvieron que el Gobierno se había limitado a exigir un aporte calórico y proteico fijo, lo que habilitaba la inclusión de productos ultraprocesados en lugar de alimentos frescos o mínimamente procesados.

El 5 de agosto, Malvasio hizo lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó a la Provincia abstenerse de distribuir en las escuelas productos con sellos de advertencia por exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales o calorías, al considerar que varios de los alimentos ofrecidos por Teknofood SA resultaban incompatibles con la Ley de Etiquetado Frontal. El fallo también dispuso restablecer de manera provisoria el mecanismo de compras descentralizadas que regía anteriormente en cada establecimiento.

Tras conocerse la resolución, el Gobierno provincial anunció que apelaría la medida y remarcó, a través de la Fiscalía de Estado, que se trataba de una decisión "provisoria" y no de una sentencia sobre el fondo de la cuestión, además de ratificar que continuaría garantizando la alimentación de los alumnos en todos los establecimientos mientras avanzara el proceso judicial.

El recurso de apelación derivó en que el expediente fuera elevado al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con efecto devolutivo, lo que implica que la suspensión del nuevo sistema se mantiene vigente mientras el máximo tribunal provincial analiza la causa. Por su parte, los querellantes solicitaron a ese cuerpo que declare la nulidad tanto de la resolución que concedió la apelación como de la elevación del expediente, al considerar que fueron dispuestas en contradicción con la normativa vigente. De momento, el nuevo esquema de provisión no entró en vigencia, pese a que estaba previsto que comenzara a regir este mes de agosto.