En paralelo al debate que el Gobierno nacional abrió en el Senado sobre reforma electoral, eliminación de las PASO y Ficha Limpia, tres provincias avanzan con iniciativas propias en el mismo sentido: Salta, Tucumán y San Luis.

Salta: media sanción con polémica

La Cámara de Diputados de Salta aprobó con 44 votos a favor, 11 en contra y 4 ausencias la reforma electoral impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz. La iniciativa permite que distintas listas compitan dentro de un mismo frente político y que sus votos se sumen luego para disputar bancas frente a otros partidos o alianzas. También elimina el piso del 5% que hasta ahora limitaba el acceso de partidos pequeños a cargos legislativos.

El proyecto avanza al Senado provincial, donde el oficialismo también tiene mayoría absoluta. Sin embargo, la votación estuvo cargada de tensión. Desde la oposición, el diputado Franco Lastra, de La Libertad Avanza, cuestionó que el nuevo esquema es en realidad un regreso encubierto a la llamada "ley de lemas", un sistema derogado hace dos décadas que, según sus críticos, distorsiona la voluntad popular y puede favorecer al partido gobernante. La diputada María Victoria Cayo fue más directa: "Llámenla como quieran pero estamos hablando de lo mismo", dijo.

La reforma también incorpora la obligación de realizarse un narcotest para quienes se postulen a cargos electivos, presentado como una medida de transparencia.

Tucumán: Ficha Limpia en debate parlamentario

En Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo encabezó una reunión con presidentes de todos los bloques legislativos para acelerar el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia. "Es algo que impulsé y que queremos poner en agenda para llegar lo antes posible a su tratamiento y votación", afirmó.

El proyecto del Poder Ejecutivo provincial propone impedir que personas con condenas confirmadas en segunda instancia puedan ocupar cargos públicos, tanto electivos como por designación. Alcanzaría a delitos de corrupción, narcotráfico, delitos contra la vida, la integridad sexual y deudores alimentarios morosos. Además, prevé la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia y un mecanismo para que los ciudadanos puedan presentar impugnaciones.

En paralelo, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto alternativo con un criterio más estricto: propone que una condena en primera instancia por delitos graves ya sea suficiente para inhabilitar el acceso a cargos públicos. La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene previsto continuar los debates la semana próxima.

San Luis: una propuesta que nació de una plataforma ciudadana

En San Luis, el legislador Martín D'Alessandro presentó un proyecto de Ficha Limpia que impediría postularse a cargos electivos o ser designado funcionario público a quienes tengan condena firme —es decir, confirmada en segunda instancia—, tanto en el ámbito provincial como municipal. D'Alessandro señaló que la iniciativa surgió de una plataforma digital de participación ciudadana impulsada por su espacio político, bajo el nombre Tecnodemocracia. "No es un proyecto que salió de un escritorio", afirmó.

El mapa nacional

La norma de Ficha Limpia ya está vigente en al menos ocho provincias: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero. Mendoza fue la primera en aplicarla, en las elecciones de 2021, donde se rechazaron 12 candidaturas. Jujuy y Mendoza son además las únicas que incorporaron la Ficha Limpia en sus constituciones provinciales.

A nivel nacional, la oposición presentó cuatro nuevos proyectos en el Congreso tras el fracaso de la iniciativa en 2025, impulsados por legisladores como Gisela Scaglia, Karina Banfi y Martín Goerling.

El conflicto salarial atraviesa a distintos sectores del trabajo en la provincia, y el secretario general de AGMER Gualeguay, Vladimir Firpo, confirmó la adhesión del gremio docente a la jornada de paro y movilización prevista para este jueves en Paraná, en defensa del sistema jubilatorio y en reclamo por mejoras salariales. “En el marco de la lucha docente de todos los sectores, en primer lugar por la cuestión netamente de la reforma jubilatoria, entendemos que ninguna reforma va a beneficiar a los trabajadores y a los jubilados. Hasta el día de hoy el gobierno no ha hecho ninguna propuesta, ni a nivel salarial ni en materia previsional, que beneficie a los trabajadores”, expresó Firpo.

La jornada incluirá una concentración en Plaza de Mayo de Paraná a las 10 horas, desde donde se marchará hacia Casa de Gobierno. La convocatoria surge de un espacio multisectorial que reúne a distintos sindicatos y organizaciones, con el objetivo de visibilizar el rechazo a posibles modificaciones en el sistema previsional entrerriano. “Este jueves realizaremos en Paraná una concentración y una marcha de todos los sectores, de todos los sindicatos, desde la intersindical, justamente para hacer visible, tanto a la sociedad como al gobierno de la provincia de Entre Ríos, que estamos en absoluto desacuerdo con cualquier reforma jubilatoria que perjudique los derechos previsionales que hemos construido, que hemos conseguido y que ya son parte de nuestros derechos adquiridos”, sostuvo el dirigente.

En ese sentido, remarcó que la movilización se plantea desde una lógica de defensa de derechos: “Vamos a estar en pie, reclamando, marchando desde un lugar netamente justo, porque somos los trabajadores y las trabajadoras, y también luchando por nuestros jubilados, los que vamos a ser perjudicados tanto en la liquidación del haber jubilatorio como en los requisitos”. Firpo también apuntó directamente al Poder Ejecutivo y al rol de los legisladores en un eventual tratamiento de reformas: “Instamos al gobierno provincial y exigimos la no reforma de la ley de jubilaciones. También a los legisladores les pedimos que cuando tengan que votar lo hagan a conciencia del pueblo”.

El conflicto no se limita a la cuestión previsional. Desde AGMER también cuestionan la política salarial vigente, particularmente la última definición del Ejecutivo provincial en el marco de la paritaria docente. “Nuestro reclamo y nuestra demanda también es por el salario docente, que está a la baja, con una paritaria que fue determinada por un decreto unilateral, sin concluir en el consenso de la mesa paritaria. Es un decreto que al mismo tiempo es inconstitucional por los pagos en negro, por los montos en negro”, afirmó.

En este contexto, el gremio docente resolvió un paro de 24 horas en toda la provincia. “Los docentes de Entre Ríos estamos en estado de alerta y movilización. Por definición de nuestro congreso y de la comisión directiva central, convocamos a un paro de 24 horas por la cuestión jubilatoria, por la cuestión salarial y por muchas otras demandas, pero sobre todo por las que hoy son más urgentes”, indicó Firpo.

El dirigente también describió la situación económica que atraviesa el sector: “Las familias docentes no están llegando a fin de mes. Los docentes se están endeudando con prestamistas, con tarjetas de crédito. La realidad de que un jubilado estaba esperando un aumento de 30 mil pesos es muy triste, es angustiante”. En ese sentido, subrayó la preocupación del sindicato: “Estamos sin duda muy preocupados por el salario de los compañeros y compañeras, y absolutamente preocupados también por la situación previsional. Entendemos que una reforma jubilatoria no va a beneficiar a ningún trabajador ni trabajadora ni a ningún jubilado, todo lo contrario”.

Firpo advirtió además sobre el contexto general en el que se enmarcan estas discusiones: “Se vienen tiempos de ajuste, como ya lo estamos observando, y esto es una herramienta más de ese ajuste: la reforma de la ley de jubilaciones 8.732”.

Convocatoria a paritarias

En paralelo al conflicto, el gobierno provincial informó la convocatoria a nuevas mesas paritarias para los primeros días de mayo. Según se indicó oficialmente, los gremios estatales —entre ellos UPCN y ATE— fueron citados para el miércoles 6 de mayo a las 15 horas.

En tanto, los gremios docentes —AGMER, AMET, UDA y Sadop— fueron convocados para el jueves 7 de mayo, también a las 15. Desde el Ejecutivo señalaron que estos encuentros forman parte del diálogo institucional que se mantiene con los distintos sectores gremiales.

Sin embargo, desde el sector docente persiste el malestar por la forma en que se resolvió la última instancia paritaria, lo que añade tensión a la negociación que se reabrirá en las próximas semanas.

El gobierno nacional enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que incluye, entre sus puntos centrales, la implementación de Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y modificaciones en el financiamiento de la política.

La iniciativa establece que no podrán presentarse en listas electorales quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción, entre ellos malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios, y empleo y encubrimiento.

Según el texto del proyecto, la inhabilitación solo regirá si la condena fue confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. También aplica si la segunda instancia confirma al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta.

En cambio, si la condena en segunda instancia se dicta luego del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación recién tendrá efecto a partir de la finalización de ese proceso electoral, por lo que el candidato podrá participar de la elección.

El artículo 7 del proyecto detalla que la restricción abarca una amplia gama de funciones públicas: jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático en actividad y directores de empresas o entes con participación estatal, entre otros.

Otro punto destacado del proyecto es la creación de un Registro Público de Ficha Limpia, que estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral. En ese registro quedarán asentadas las sentencias de segunda instancia que confirmen condenas por los delitos contemplados en la iniciativa.

El Gobierno de Entre Ríos presentó ante legisladores provinciales y representantes gremiales los principales lineamientos de la reforma del sistema previsional, una iniciativa que apunta a garantizar la sustentabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y que ya comienza a generar debate en distintos sectores.

El documento, elaborado a partir de estudios técnicos, fue presentado como una base para iniciar un proceso de análisis y discusión antes de que el proyecto sea enviado formalmente a la Legislatura.

Desde el Ejecutivo remarcaron que la propuesta no afectará a quienes ya se encuentran jubilados o pensionados. Según el texto presentado, la reforma garantizará el respeto de los beneficios ya otorgados y de las situaciones previsionales vigentes.

Sin embargo, algunos de los puntos incluidos en los lineamientos aparecen como los más sensibles dentro de la discusión previsional.

Uno de ellos es la actualización gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes. El esquema planteado prevé que esos cambios comiencen a aplicarse cinco años después de la eventual sanción de la ley, aunque todavía no se detallaron los nuevos parámetros específicos.

Otro aspecto que genera atención es la posibilidad de incorporar herramientas de financiamiento extraordinarias para sostener el sistema. El proyecto contempla que, en situaciones de desequilibrio financiero que comprometan la sustentabilidad del régimen, se puedan aplicar aportes solidarios temporales.

El documento también propone avanzar en la armonización de distintos tipos de pensiones —por fallecimiento, invalidez y edad avanzada— con parámetros similares a los que rigen en otros sistemas previsionales provinciales y nacionales.

Al mismo tiempo, el Gobierno plantea mantener algunos pilares del régimen actual. Entre ellos, el sostenimiento del 82 por ciento móvil sobre el haber bruto para calcular el haber inicial de los futuros jubilados, tomando como referencia la historia laboral real de los trabajadores.

Otro punto que se conservaría es la vigencia de los regímenes especiales para determinadas actividades. Según lo informado, continuarían aplicándose para sectores con características particulares, como docentes, personal de salud expuesto a riesgos y trabajadores con discapacidad.

En materia de movilidad jubilatoria, la propuesta incluye un esquema basado en índices que reflejen la evolución de los salarios de los trabajadores en actividad, con el objetivo de acompañar las variaciones de cada sector.

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que la presentación de estos lineamientos busca abrir una instancia de diálogo institucional con legisladores, sindicatos y sectores involucrados.

En las próximas semanas el borrador seguirá siendo analizado para incorporar observaciones y propuestas antes de avanzar con el envío del proyecto a la Legislatura, en un debate que se anticipa intenso debido a los cambios que podrían impactar en el futuro del sistema previsional entrerriano.

El diputado nacional por Entre Ríos, Francisco Morchio, analizó la situación política provincial y nacional, defendió la decisión de integrar el bloque de La Libertad Avanza para evitar que el kirchnerismo tuviera la primera minoría y respaldó la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

“Fue una decisión consensuada con el gobernador Frigerio, tomada entre los dos. Si Frigerio no me lo hubiera pedido, casi seguro hubiera hecho lo mismo. Porque si yo no pasaba al bloque de la Libertad Avanza, el kirchnerismo tenía la primera minoría, con lo cual manejaba toda la agenda del Congreso. Iba a tener presidencia en todas las comisiones y mayoría en las comisiones. Entonces lo que estaríamos discutiendo hoy sería la agenda del kirchnerismo y no la agenda del gobierno nacional actual.”

Explicó que, no fueron habituales las condiciones en las que tuvo que decidir: "En situaciones normales mi salida del bloque Encuentro Federal estaba decidida por el rumbo que tomó el bloque. Si bien yo estuve muy cómodo y adquirí muchísima experiencia, ya había decidido junto con el gobernador irme de ese bloque. En situaciones normales hubiera ido al bloque del PRO. Lo que pasa es que mi presencia definía quién tenía la primera minoría.”

Sobre la relación con el gobierno nacional, sostuvo:

“Nuestras alianzas están mucho más basadas en lo que nos pide la gente que en las conveniencias económicas. La gente que votó a Frigerio también vota a Milei. Entonces tenemos que actuar en consecuencia.”

No obstante, marcó una crítica.

“El gobierno nacional debería ser más amigo de sus amigos y creo que es algo que va a empezar a pasar a partir de este segundo año.”

Recordó además el episodio en el que fue incluido en una lista de “traidores” por allegados al presidente Javier Milei.

“Tuve un paso traumático a partir de estar en la lista de traidores al pueblo argentino por votar en contra de solo dos incisos de la ley Bases, habiendo votado todo el resto a favor. Me ofrecieron disculpas públicas de la persona que había elaborado esa lista y le dije que ya no era necesario. Pero el problema es lo que generó después. El escrache en las redes sociales pasó un límite que para mí no se pasa, que es meterse con la familia.”

Y agregó una reflexión más amplia: “Muchos nos estamos cansando de estar en política. Porque le damos valor a ese tipo de cosas. Si seguimos así van a quedar los que no les importa nada. Los pillos, los que tienen solo amigos políticos, los que insultan por redes sociales”. Fue un poco más allá con la reflexión: “Los cobardes y los frustrados creen encontrar en sus comentarios en las redes sociales un propósito para sus miserables vidas”

En cuanto a la situación provincial, fue enfático en el respaldo al mandatario entrerriano. “Veo un gobernador que se ocupa de las cosas, que se encontró en una situación muchísimo más complicada de lo que le informaron y que además con animosidad la encontró llena de bombas preparadas que estallaron. Un gobernador que vino a cambiar la historia de Entre Ríos y hoy se encuentra con una muy difícil situación económica, pero sobre todo un gobernador que está muy ocupado en solucionar esos temas.”

Destacó además el reconocimiento ciudadano. “Cuando lo acompaño veo mucho reconocimiento de la gente. Y eso no es común en los políticos.” Sobre el estilo de conducción, remarcó: “Es un gobernador de diálogo. Yo me veo muy afín y muy representado por él. No es porque seamos amigos íntimos, nunca lo fuimos. Es porque reconozco sus formas y su capacidad para encarar y solucionar los problemas.”

Morchio señaló que la provincia atraviesa una etapa de ordenamiento. “Hubo dos años de emprolijar muchas cosas que estaban muy mal. Por ejemplo la obra social de los empleados de la provincia. Se vendrá el momento de sincerar el tema de las jubilaciones.”

En ese punto fue claro: “Me resulta muy gracioso cuando te dicen que no se paga el 82%, cuando en realidad un jubilado provincial cobra el 110%. Porque si un activo cobra 100, el jubilado cobra 110 neto. El problema de la Caja es que hay demasiado jubilados en proporción a los que aportan. Ahora eso no resiste. Entonces los que están trabajando hoy no van a poder cobrar una jubilación porque no va a haber un peso”.

Afirmó que es necesario debatir una modificación previsional: “Me parece muy bien que las cámaras provinciales discutan una modificación jubilatoria que no va a ser cruel, sino de sentido común. Se encaran los problemas. Antes se pateaban todos para adelante”.

En relación con el sector productivo, expresó su deseo de participar en la Comisión de Agricultura como lo viene haciendo. “Sería un honor presidirla. Pero no depende de mí. Sí creo que estaría muy bueno que quien presida la Comisión de Agricultura entienda la realidad del campo argentino”. Y describió esa realidad: “La realidad de la producción agropecuaria es la realidad de las pymes, en su mayoría familiares. Ese es el entramado productivo de Gualeguay, de Galarza y de todos los pueblos del interior. Cuando hay una cosecha mala, va mal el pueblo; cuando va bien, va bien el pueblo.”

Finalmente dejó una definición sobre el rumbo industrial del país. “Argentina tendría que haber enfocado su industria a través de las materias primas que tiene. Hacer una agroindustria o una industria minera. No querer competir con industrias con las cuales no puede competir y solo a través de subsidios puede hacerlo.”

Y concluyó: “Veo un gobernador valiente que encara los problemas.”

Sobre la foto actual Morchio enmarcó su posición en un diagnóstico estructural del mercado laboral argentino. “Primero los números reales del sistema laboral hoy. Hay 22 millones de argentinos en condiciones de estar trabajando. 10 millones de esos trabajan en negro. 10 millones trabajan en blanco. 2 millones están desempleados. De los 10 millones que trabajan en blanco, tres millones son empleos públicos. Es decir que algo hay que cambiar. Tenemos una ley que es del año 1974 (yo no había nacido todavía). Evidentemente hoy no está dando los resultados esperados.”

Para el legislador, el sistema laboral argentino tiene un problema estructural que combina garantías robustas con exclusión masiva. “Analizando la ley, primero pensemos cuál es la realidad del sistema laboral argentino hoy: es un sistema con derechos y garantías laborales robusto, comparado con otros países es un sistema que da derechos y garantías. Eso es bueno. ¿Qué es lo malo? Que hay un montón que quedan afuera”.

Tres objetivos concretos Uno de los ejes centrales de su argumentación fue la litigiosidad: “Después tiene una alta litigiosidad laboral que es traumática para el empleado y también para el empleador. Si vos pensás a veces cómo hacés para pagar una indemnización impensada o cómo hacés para aguantar siendo empleado que te paguen hasta que termine el juicio, es malísimo tener una alta litigiosidad tanto para el empleador como para el empleado. ¿Para quién es bueno esto? Para los abogados que se dedican a eso y para los sindicatos porque usufructúan eso. Ahora, ¿en quién tenemos que pensar? ¿En los empleadores y en los empleados o en los abogados que se dedican a la litigiosidad laboral y en los sindicatos? Yo creo que en los primeros”.

Otro de los puntos que destacó fue el costo tributario del empleo formal. “Vos tenés que el costo tributario en Argentina es el 34% y el promedio en los países de la OCDE es 22%. O sea, que tenés un altísimo costo tributario, que con esta ley baja un 6,8% y se lleva al 27%. Sigue estando arriba del promedio, pero por lo menos es más bajo que lo anterior.”

Según Morchio, el proyecto apunta a tres objetivos concretos: “Primero busca que haya más gente en blanco. Hay una moratoria laboral que creo que va a funcionar. Busca bajar la litigiosidad laboral, que por sí es algo bueno. También va a fomentar que haya más gente en blanco porque vos vas a tener menos miedo siendo empleador PYME de que un juicio te haga perder el restaurant como el caso que todos supimos. Y bajar la carga tributaria laboral. Esas tres cosas son las que creo que ganás acá y por eso es que yo apoyé con mi voto este proyecto de ley”.

Las licencias por enfermedad y los tiempos de debateEl diputado también hizo referencia a modificaciones realizadas durante el tratamiento legislativo. “Hubo un artículo estúpido que se metía con las licencias por enfermedad. Era el único con el cual yo me oponía. Gracias a Dios en Diputados se sacó ese artículo y volvió al Senado. Lo que nosotros aprobamos no incluía ese artículo.”

Consultado sobre los tiempos de debate, admitió tensiones entre dinámica política y trabajo legislativo. “Creo que los tiempos que manejan los oficialismos a veces se basan en las posibilidades políticas de sacar la ley y los tiempos legislativos deberían requerir mucho más trabajo en comisión. También te digo que las comisiones se han vuelto proclamas políticas, con lo cual tampoco hay tanto trabajo en comisión. Ahora, cuando realmente se hacen trabajos en comisión para aportar, para consensuar, yo estoy a favor de eso.”

Frente a quienes sostienen que la reforma no garantiza generación de empleo, fue tajante. “Es una estupidez pensar que una ley puede generar trabajo. Lo que genera trabajo son las condiciones económicas y el rumbo que tenga el país. Ahora, hay señales y un norte que se hace a través de leyes. Si el país mejora, va a mejorar las condiciones de empleabilidad en ese sentido.”

Y agregó: “Vos tenés un montón de gente que está pensando si viene a invertir acá o va a invertir a otro lado y de acuerdo a las leyes laborales que haya lo va a hacer o no. Pero sobre todo ese mundo para mí es medio lejano, yo no los conozco a esos tipos. Pero sí conozco a los tipos que tienen una PYME, que muchas veces dicen ‘no me animo a tomar uno más en blanco por el riesgo que me genera’. Si vos tenés previsibilidad en los riesgos y se genera un fondo, vos no tenés que salir a vender el local para pagar la indemnización”

Críticas a su voto El legislador sostuvo que su voto recibió críticas previsibles.

“Hay una buena manera de saber a quién beneficia y a quién perjudica un proyecto de ley: es ver quién te critica. Este proyecto de ley, tanto el proyecto como mi voto, recibió muchas críticas de los sindicalistas, de los kirchneristas y de los abogados, no de todos, de los que se dedican a fomentar los conflictos laborales. Entonces yo tengo la tranquilidad que yo no represento a esa gente. Es más, estoy seguro que no me votaron.”

Sin generalizar, hizo una salvedad: “S rescato al ´Dr Enzo Cabrera, con quien no coincido, pero no incurre en ninguna falacia demagógica cuando hace su explicación, sino en una argumentación sólida desde el punto de vista de la ley. No quiero meter a todos en la misma bolsa”. También cuestionó a sectores de la oposición. “Muchos viven del conflicto empleado-empleador. No solo algunos abogados o sindicalistas, hay diputados que deben sus bancas a esas teorías”. En esa línea comparó con otros debates recientes. “Es lo mismo que con la ley de inimputabilidad de menores. Si vos tenés un oficialismo que hace dos años que está ahí y trae una propuesta para cambiar las cosas y la oposición hace 20 años que gobierna y no hizo nada, todo se vuelve estéril. Porque es como decirte ‘a partir de hoy me voy a empezar a portar bien’. Tuviste 20 años portándote mal.”A quién representa en el Congreso

Finalmente, definió desde qué lugar dice representar en el Congreso. “Yo vengo de otro mundo, del mundo del trabajo y la producción. Donde el empleador y el trabajador se ven las caras todos los días. Se conocen, quieren que al otro le vaya bien porque así a él le va a ir bien. Ese es el mundo de las pymes y es el mundo laboral de hoy, no el de 1974. A esos empleados y empleadores que quieran trabajar y crecer es a quienes represento en mi banca.”

Y cerró con una reflexión sobre el debate público: “Sé que cuando suban esta nota a las redes del diario algunos aprovecharán para atacar con las barbaridades de costumbre. Solo deseo, aunque sea, que no solo lean el título, sino que lean la nota completa”.

Durante la jornada se abordó la situación actual del organismo, los indicadores de sustentabilidad y las perspectivas de mejora del sistema. Sobre el particular, Bagnat sostuvo: "El 2026 es un año clave para avanzar en una reforma profunda y consensuada. La estrategia no se basa en modificaciones abruptas, sino en un proceso de intercambio institucional con actores políticos, gremiales y sociales".

Asimismo, remarcó: "No existe un borrador finalizado. Se trabaja en parámetros centrales como movilidad jubilatoria, edades de acceso al beneficio y otros factores estructurales. El diálogo es la herramienta principal en esta etapa". En ese marco, se valoró como positiva la instancia de intercambio con la Agmer y se destacó que la Caja continuará manteniendo encuentros con distintos sectores antes de avanzar en propuestas formales.

Por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos participaron el vicepresidente Néstor Wasinger y la directora de Relaciones Institucionales, Raquel Saens; en tanto que por la entidad gremial estuvieron el secretario general, Abel Antivero; la secretaria adjunta, Lía Fimpel; la secretaria gremial, Susana Cogno; y el secretario de Jubilados, Claudio Puntel.

Con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa en zonas rurales, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia llevó adelante una intervención integral en el establecimiento, que se encuentra a 66 kilómetros de la ciudad cabecera y alberga a 115 estudiantes.

Las tareas incluyeron la renovación completa de las instalaciones eléctricas y sanitarias, que presentaban deterioros por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Entre los trabajos realizados se destacan la instalación de un nuevo tablero general, la reubicación del pilar de luz, la revisión y ejecución de troncales eléctricos, y la sustitución de artefactos y tableros seccionales.

En los sanitarios se efectuó una limpieza general, desobstrucción y recambio de artefactos, revisión de cañerías, y reparación de revoques, grietas y cielorrasos dañados por filtraciones.

El coordinador general del ministerio, Hernán Jacob, subrayó que “la inversión en infraestructura escolar impacta de manera directa en el desarrollo cotidiano de las actividades educativas, permitiendo que las clases se dicten sin interrupciones por problemas edilicios”.

Además, destacó que “estas obras forman parte de una planificación sostenida para fortalecer la infraestructura en distintos puntos de la provincia y garantizar mejores condiciones de aprendizaje de nuestros gurises”.

Los trabajos demandaron una inversión provincial de 32.250.000 pesos y estuvieron a cargo de la empresa Gómez Nelson Eladio.

El Poder Ejecutivo, la UIA, la CGT, gobernadores y legisladores nacionales vienen trabajando desde hace meses en una propuesta de reforma laboral dentro del marco del Consejo de Mayo. El objetivo, según fuentes oficiales, es modernizar la legislación laboral vigente y reducir la informalidad, que alcanza al 36% de los asalariados y al 42% de los trabajadores independientes, según Argendata.

El borrador, elaborado principalmente por el equipo de Federico Sturzenegger junto a la Universidad de San Andrés, introduce modificaciones de fondo en el régimen de trabajo, incluyendo nuevos criterios de antigüedad, vacaciones fraccionadas y cambios en la forma de calcular las indemnizaciones.

-Modifica el cálculo indemnizatorio

Cambia criterios de la antigüedad

-Fracciona las vacaciones

-Modifica las condiciones de trabajo a criterio del empleador

-Incorpora al salario beneficios no remunerativos: comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos— exentos de aportes y con un tope del 10% del salario.

-Otorga retribuciones variables por mérito sin que generen derechos adquiridos

-En caso de enfermedad o accidente inculpable, la reforma reduce la prestación al 80% del salario, de carácter no remunerativo

-La indemnización por despido (artículo 245) mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero incorpora un tope de diez sueldos y excluye el aguinaldo del cálculo.

-Introduce modificaciones ante instancias judiciales.

En principio, esta es la iniciativa que el Poder Ejecutivo aspira a enviar al Congreso para que sea tratado en extraordinarias. El proyecto de la Comisión de Mayo deberá estar finalizado para el 15 de diciembre.

La intención del gobierno de Milei es que el proyecto de ley cuente con el mayor consenso posible para así lograr una rápida aprobación.

Por parte Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), integrante del Consejo de Mayo, admitió que “Nuestros equipos técnicos están trabajando todas las semanas con los integrantes del Consejo de Mayo para que salga el mejor proyecto laboral posible. Hoy por hoy, no hay un proyecto ya cerrado y consensuado. Falta todavía un mes y medio, y seguimos conversando”.

Rechazo de la CGT a una reforma laboralEn tanto, la resistencia a este proyecto de reforma laboral la plantea la CGT, representada en el Consejo de Mayo por Gerardo Martínez. “La CGT quiere construir un dialogo de modernización laboral pro activa al desarrollo a la producción y al trabajo “respondió.

Es decir, el sindicalismo es consciente que se necesita adecuar las normas laborales a los tiempos actuales, pero, aclara “no estamos para nada de acuerdo que el Gobierno y los empresarios pretendan eliminar derechos socio laborales y que relativicen la soberanía de las convenciones colectivas”, asevera Martínez.

Es más, en las reuniones del Consejo de Mayo “la CGT, con argumentos y definiciones”, expresó “un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de reforma laboral, mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”, dijo la organización gremial hace unos días.

Este es uno de los puntos más irritativos para el sindicalismo el tema de las negociaciones salariales que se lleven a cabo por empresas y no por gremios como es en la actualidad.

También, al menos en el Poder Ejecutivo, se tiene la intención de eliminar los “aportes obligatorios” de los empleadores a los gremios a través del decreto 149/25. Las cuotas solidarias surgen del artículo N° 9 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo.

Martínez reclama que “el salario siga expuesto a un cepo y variable de ajuste” al tiempo que reclama la generación de empleo y que se contemple la situación de las pymes.

A continuación, los principales aspectos del borrador del proyecto de Ley de Reforma Laboral de 108 artículos que se trabaja en el marco del Consejo de Mayo.

Ámbito de aplicaciónLa norma amplía el ámbito de aplicación a trabajadores de plataformas digitales, como las apps de reparto. También se aclara que las convenciones colectivas no podrán aplicarse por analogía, cerrando una vía de extensión sindical.

En materia de subcontratación y solidaridad, el artículo 30 pasa a establecer una responsabilidad subsidiaria del contratista principal —y no solidaria— salvo incumplimiento de ciertas obligaciones de control. En paralelo, se redefine la antigüedad laboral: sólo se computará el tiempo efectivamente trabajado, y los reingresos al mismo empleador no conservarán antigüedad previa si superan los dos años.

Uno de los ejes de la reforma es que ARCA concentrará la registración laboral y sustituirá la dispersión actual entre AFIP y otras dependencias (artículos 52 y 55). También se digitalizan los certificados de servicios y remuneraciones (artículo 80), que podrán emitirse y descargarse desde una plataforma virtual.

Salarios, horas y vacacionesEl proyecto introduce ajustes en la facultad del empleador para modificar condiciones de trabajo (artículo 66), ratificando el derecho a cambiar formas o modalidades de prestación siempre que sea razonable. Si el trabajador acredita perjuicio material o moral, podrá considerarse despedido sin causa.

En materia salarial, se amplía la lista de beneficios no remunerativos (artículo 103 bis) —comidas, guardería, gimnasio, ropa, celular, reintegros médicos— exentos de aportes y con un tope del 10% del salario.

Además, se crea un nuevo artículo 104 bis que permite incorporar componentes retributivos variables por mérito o situación económica de la empresa, sin que generen derechos adquiridos.

Las vacaciones podrán fraccionarse (artículo 154) en tramos de al menos una semana, y extenderse fuera del período tradicional mediante acuerdo entre las partes. Se introduce además una licencia parental transferible (nuevo artículo 177 bis), que permite a la trabajadora ceder hasta quince días de su licencia por maternidad a su cónyuge o conviviente.

Uno de los puntos más sensibles es la regulación del banco de horas (nuevo artículo 197 bis), que habilita a los convenios colectivos a compensar horas extras y distribuir la jornada en base a promedios semanales, siempre respetando los descansos legales. Se trata de una de las principales herramientas de flexibilidad laboral del texto.

En caso de enfermedad o accidente inculpable, la reforma reduce la prestación al 80% del salario, de carácter no remunerativo, y la condiciona a certificados digitales (artículo 208).

Indemnizaciones y huelgaLa indemnización por despido (artículo 245) mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero incorpora un tope de diez sueldos y excluye el aguinaldo del cálculo. Además, habilita la sustitución del régimen tradicional por un fondo de cese laboral o seguro privado, de costo a cargo del empleador. También se crea una indemnización agravada del 50% al 100% en casos de despido discriminatorio (nuevo artículo 245 bis).

El texto regula la actualización de créditos laborales (artículo 276) mediante el índice de precios al consumidor más una tasa anual del 3%, reemplazando las tasas judiciales variables, lo que busca unificar criterios y reducir litigiosidad.

Fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, el proyecto también modifica normas clave. En la Ley 25.877, amplía la lista de servicios esenciales en los que se restringe el derecho de huelga: salud, educación, energía, transporte, telecomunicaciones, aduanas, alimentación y medios de comunicación, entre otros, con la obligación de garantizar al menos el 75% de la prestación. (Ámbito)

Con el fuerte apoyo que recibió en las urnas, el Gobierno vuelve a poner en agenda la reforma laboral, que ya se venía discutiendo en el Consejo de Mayo. La iniciativa, impulsada por la diputada nacional Romina Diez bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo y acompañada por un grupo de legisladores de distintos bloques, propone un ambicioso proyecto de ley: ampliación de la jornada laboral, flexibilización de convenios, indemnizaciones en cuotas y más.

El oficialismo busca retomar este texto presentado originalmente a fines de 2024 y que sirva como base para modernizar la legislación laboral. Esta propuesta sigue los lineamientos de la denominada Ley Bases, y apunta a “institucionalizar un modelo en términos económicos que modifique, actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y el empleado”.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es la modernización laboral. El proyecto introduce cambios en artículos clave de la Ley de Contrato de Trabajo, como la redefinición del principio de irrenunciabilidad, la ampliación de las facultades del empleador para modificar las formas y modalidades del trabajo, y la actualización de los beneficios sociales no remunerativos.

En cuanto a la movilidad y disciplina laboral, el empleador podrá introducir cambios en la prestación del trabajo siempre que no resulten irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato, y se mantiene la opción para el trabajador de considerarse despedido sin causa si se vulneran estos límites. Además, se precisan los plazos y mecanismos para impugnar sanciones disciplinarias, estableciendo que “dentro de los 30 días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar su procedencia y el tipo o extensión de la misma”.

El proyecto también redefine el concepto de beneficios sociales, detallando una lista de prestaciones no remunerativas que incluyen desde la provisión de almuerzos y útiles escolares hasta el pago de servicios de telefonía móvil y acceso a internet para el trabajador y su familia. Se aclara que estos beneficios no integran la remuneración, salvo excepciones expresamente previstas.

En materia de remuneraciones y recibos de sueldo, se habilita el pago en efectivo, cheque o acreditación bancaria, y se permite la instrumentación electrónica de los recibos, que deberán contener información detallada sobre el empleador, el trabajador, los conceptos liquidados y las deducciones practicadas.

Respecto a las vacaciones, se flexibiliza la época de otorgamiento y se permite la fragmentación en períodos no menores a una semana, garantizando que cada trabajador pueda gozar de sus vacaciones en temporada de verano al menos una vez cada dos años, salvo que opte en contrario. Además, se establece que los trabajadores unidos en matrimonio o unión familiar que trabajen para el mismo empleador podrán solicitar el goce conjunto de las vacaciones.

El texto incorpora la posibilidad de que las convenciones colectivas de trabajo establezcan regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.

En el capítulo de licencias por enfermedad o accidente, se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad —inferior o superior a 5 años—. En el caso de quienes tengan carga de familia y por lo tanto se encuentren impedidos de concurrir al trabajo, tendrán derecho a percibir remuneración durante seis o 12 meses. Esto último también variará de la antigüedad.

Además, se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos, que podrá ser gestionado por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, con la posibilidad de convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes.

En cuanto a la conservación del empleo tras el vencimiento de los plazos de interrupción por enfermedad, el empleador deberá mantener el puesto durante un año adicional. Si el trabajador no se reincorpora, cualquiera de las partes podrá extinguir la relación sin responsabilidad indemnizatoria.

El proyecto también modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que “el total que se obtenga en ningún caso podrá exceder a la suma que resulte de calcular el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del tres por ciento (3%) anual”. Además, se limita el pacto de cuota litis en juicios laborales al veinte por ciento (20%) y se permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias en hasta doce cuotas mensuales.

Por su parte, el proyecto propone que también las Micro, Pequeñas y Medianas empresas puedan abonar el total de una indemnización en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.

En el ámbito del trabajo agrario, el borrador busca redefinir el alcance del régimen legal, excluyendo a trabajadores de actividades industriales, comerciales, turísticas y de servicios, así como a quienes realicen tareas ajenas a la actividad agraria o estén encuadrados en el régimen de casas particulares. Se mantiene la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto de los trabajadores proporcionados, pero se excluye a los propietarios que arrienden tierras no productivas.

Uno de los capítulos más relevantes es el de incentivos al empleo. Se crea un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para el resto, todos aplicables durante doce meses. El beneficio se otorgaría solo si la contratación implica un incremento neto en la nómina y el trabajador no tuvo relación laboral en los tres meses previos, salvo excepciones para programas de inserción laboral.

El texto está acompañado por los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert —ahora, en uso de licencia—, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano, publicó InfoBae. (APFDigital)

El 7 de agosto iniciará el ciclo de charlas "Nuevos Escenarios de la Democracia", donde se realizarán debates e intercambios en torno a la Reforma Política en Entre Ríos. La iniciativa es impulsada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y tendrá lugar en distintas localidades de la provincia.

El objetivo de las instancias será impulsar el debate público y el intercambio en torno a la reforma política electoral en la provincia. En este sentido, se realizarán una serie de encuentros en distintos puntos de la provincia, bajo la pretensión de enriquecer la dinámica que a lo largo de este año involucrará a las distintas fuerzas políticas, el ámbito académicos y legisladores para debatir.

Por este motivo, el Consejo Superior de Uader aprobó la convocatoria a este ciclo con el que busca poner en agenda y discusión la necesidad de los cambios en materia electoral, analizar y fijar posición acerca de los distintos instrumentos de votación, así como también debatir en torno a modalidades, plazos y financiamiento de las campañas. El primer encuentro será en Paraná, previsto para el miércoles 7 de agosto en el Centro Provincial de Convenciones. Las siguientes se realizarán en Concepción del Uruguay y Concordia en fechas a confirmar.

"Estamos agradecidos por la iniciativa y vamos a colaborar en su organización", indicó el secretario de Asuntos Políticos, Julián Maneiro, luego de ser notificado de la decisión del máximo organismo del cogobierno de Uader, "será un aporte fundamental para los cambios que se vienen en la provincia".

Por su parte, en un encuentro con la vicegobernadora Alicia Aluani, el rector Luciano Filipuzzi remarcó: "La Universidad tiene que estar presente en este proceso de debate" y explicó: "Oportunamente fuimos invitados al lanzamiento de esta propuesta de reforma. De allí surgió esta idea. Serán por lo menos tres jornadas, a realizar en distintos puntos de la provincia a fin de promover la discusión". Asimismo Aluani consideró: "Lo más importante en todo esto es que se instale este debate a nivel público".

En su momento, la Asociación había enviado una nota a la Cámara de Diputados oponiéndose a los puntos principales del proyecto de ley que impulsó el diputado oficialista Angel Giano y que el Senado convirtió en ley en la jornada del miércoles.Dentro de los items que la institución que nuclea a jueces y funcionarios judiciales cuestionaba estaban la exclusión del Consejo de la Universidad Nacional del Litoral, algo que se mantuvo en el texto sancionado, y la ampliación de la representación del Poder Ejecutivo, situación que finalmente fue sacado del texto que se votó.

Fuente: APFDigital

El Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) declaró de Interés Institucional la propuesta que se debate en la Cámara de Diputados de la Provincia para modificar la composición del Consejo de la Magistratura.

En dicho proyecto, uno de los objetivos es garantizar la representatividad de las universidades públicas con asiento en la provincia en la integración del órgano que realiza la designación de jueces y funcionarios del Poder Judicial.

Según se informó desde la UADER, la Universidad "se expresó al respecto para acompañar y promover el perfeccionamiento de la norma, específicamente en lo que concierne a la representatividad de las casas de estudios".

En sesión extraordinaria, realizada en modalidad virtual este jueves, el Consejo Superior de Uader emitió una declaración de Interés Institucional para el proyecto de ley. Además expresó algunos fundamentos y posturas que respaldan la revisión de la actual conformación Consejo de la Magistratura.

El gobernador Gustavo Bordet recibió a los integrantes de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Àngel Giorgio, quienes le transmitieron su intención de efectuar aportes para el proyecto de reforma del Código Procesal Penal.

Tras el encuentro, realizado en el Centro Provincial de Convenciones, de Paraná, Claudia Mizawak comentó que la Sala Penal del STJ pidió una audiencia con el gobernador para dialogar sobre la reforma del Código Procesal Penal de Entre Ríos, iniciativa que fue anunciada por el mandatario en la Asamblea Legislativa.

“Queremos participar y hacer nuestros aportes. De hecho, ya estamos trabajando desde que escuchamos la noticia en la Asamblea Legislativa y nos hemos abocado a reunir nuestros precedentes, aquellas sentencias de nuestra Sala que iban interpretando en un sentido o en otro para mejorar el servicio de justicia penal y el sistema acusatorio. Hemos estado reuniendo todo ese material porque queremos ponerlo a disposición de la legislatura y hacer todos los aportes posibles", indicó Mizawak. 

"Vemos desde el Poder Judicial que el sistema acusatorio, tal como está diseñado en la Ley 10.317, ha sido en la práctica y con el correr de los años de alguna manera desnaturalizado", sostuvo la magistrada y agregó: "Creemos que las partes, los fiscales y la defensa, tienen que encontrar, para que esto funciona correctamente, una garantía que justamente son los jueces de garantía. Y esos jueces de garantía tienen que ser jueces de garantía fuertes, dispuestos a controlar el cumplimiento de todas las garantías. Queremos fortalecer dentro de la magistratura esta instancia y queremos también proponer mejoras en el sistema de gestión de audiencias para que se aprovechen mejor los recursos", apuntó Mizawak. 

El senador nacional Alfredo De Angeli, visitó Gualeguay este lunes oportunidad en la que dialogó con El Debate Pregón sobre las elecciones.

En primer lugar, Alfredo De Angeli expresó: "Acompañamos la lista 502 A que encabeza Rogelio Frigerio, su copoblana Marcela Antola y Atilio Benedetti. Estamos recorriendo la provincia y trabajando fuertemente. Le pedimos a la gente participación y también que fiscalice, principalmente en lugares más alejados, que se comprometan, porque las elecciones de este año son las más importantes desde la venida de la democracia, se define qué país queremos, adónde vamos a ir a parar, si queremos un país vinculado con el mundo como lo quería Mauricio Macri o el otro que quieren ellos, Cuba, Venezuela, todos esos países donde hay autoritarismo, por eso son muy importantes las elecciones de este año y estamos acompañando la boleta de Frigerio".

"Son elecciones atípicas por la pandemia, pero hay que tomar todos los recaudos necesarios, lo han hecho en Perú, en Bolivia y en varias provincias. Creo que se puede hacer bien con todo el cuidado que tenemos que tener. Ya llevamos un año y medio de pandemia lamentablemente con la cantidad de gente que se fue de este mundo, pero si tomamos los recaudos necesarios, hay un protocolo de barbijo, llevarse un bolígrafo, se van a poder hacer muy bien las elecciones", consideró.

Por otra parte, comentó: "El Congreso está un poco parado, ellos tienen mayoría así que todavía no han convocado a ninguna sesión. En el Senado la agenda de ellos es ver cómo pueden meter jueces suyos, ir por la justicia y ahora con las elecciones y no hay nada más. Ojalá pronto podamos volver a trabajar, pero no teniendo mayoría por ahí se hace difícil presentar una ley que sea tratada".

"Por eso también la importancia de sumar diputados, porque cuando ellos pierdan las mayorías vamos a poder debatir más, eso lo vimos en el gobierno de Macri donde no teníamos mayoría y nos sentábamos y debatíamos con la oposición y todas las leyes salieron por consenso. Salieron pocas porque algunas no pudimos como la reforma laboral y todas esas cosas que había que hacer, la reforma fiscal que se hizo pero ahora se anuló, bajar la carga impositiva, espero que cuando tengamos la mayoría podamos sentarnos para bajar la carga impositiva para genera más empleo genuino y hacer la gran reforma laboral para generar más puestos de trabajo", finalizó.

Replicando las palabras de la sede entrerriana del PRO, desde el PRO Gualeguay se expresaron en contra de, lo que ellos denominan como el avance del kirchnerismo en el Ministerio Público.

El Ministerio Público es el organismo encargado de investigar los casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y el crimen organizado. Como sí también es quien provee abogados a las distintas víctimas y a los imputados por delitos.

Desde hace unos días el Gobierno Nacional plantea una reforma en dicho Ministerio. Y ante esto, desde el PRO sostienen que "la reforma enmascara un plan de impunidad. Ya que busca revertir el avance de las causas judiciales que involucran al kirchnerismo y construir una justicia adicta"

"Es un proyecto de ley que genera una profunda preocupación porque avanza sobre el Ministerio Público que es el organismo donde están los fiscales que son nuestros representantes para que se aplique la ley", sentencian dese el PRO Gualeguay.

"En medio de una emergencia económica, sanitaria y social sin precedentes, el gobierno da prioridad absoluta a reformas de la justicia", expresan. Y finalizan "los fiscales federales se encargan de hechos de corrupción, trata de personas y narcotráfico, que estén bajo el poder político de turno, sea cual sea el signo, es realmente muy preocupante

Con el fin de mejorar las estructuras administrativas, modernizando y digitalizando los trámites del organismo, la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, avanza en la elaboración del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la repartición.

El proyecto, que busca reformar una Ley que data de 1982, fue elaborado en conjunto con los Colegios de Abogados y de Escribanos, y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos.

"La reforma de la ley significa un gran paso en materia de modernización para el organismo, ya que es sumamente importante para los trámites e inscripciones de sociedades comerciales y entidades civiles que deciden hacerlo en Entre Ríos. Esta reforma permitirá avanzar en materia de digitalización, lo que resultará beneficioso para la sociedad", explicó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, al tiempo que informó que en los próximos días se realizará la entrega formal de la propuesta al gobernador.

Por su parte, el director de Inspección de Personas Jurídicas, Lisandro Amavet, detalló: "El proyecto busca actualizar la ley para regular todo lo que hace a los nuevos procedimientos digitales, de manera tal de tener herramientas y trámites online. Recordemos que hablamos de una ley que tiene muchos años de vigencia y que necesita aggiornarse con la nueva normativa nacional". Por su parte, el director de Inspección de Personas Jurídicas, Lisandro Amavet, detalló: "El proyecto busca actualizar la ley para regular todo lo que hace a los nuevos procedimientos digitales, de manera tal de tener herramientas y trámites online. Recordemos que hablamos de una ley que tiene muchos años de vigencia y que necesita aggiornarse con la nueva normativa nacional".

Además, informó que se avanzó junto con la Secretaría de Modernización "sobre la implementación de trámites nuevos a través de nuestra página que, en este momento de pandemia, es un modo de facilitar el acceso a la dirección".

Esta vez pudimos dialogar con el Presidente de la UCR, también actual concejal Luis Mac´Kay. Repasa los motivos de la última Marcha y que se desarrolló en nuestra ciudad (de manera numerosa). Describe desde la preocupación por la cuarentena, por la reforma de la Justicia; hasta la Ley de Emergencia del Gobernador Gustavo Bordet

Porqué Gualeguay marchó el “17 de Agosto?.

En Gualeguay nos expresamos, como en todo el país la gente salió a manifestarse, con la necesidad de hacerse escuchar, y esta marcha fue aún mayor en concurrencia que las anteriores. Se comprende cabalmente la situación sanitaria que todos nos encontramos atravesando pero existe la necesidad de la gente de expresarse y justamente ahora estamos viviendo una situación en que las posibilidades de hacerlo son menores, así que tomando los recaudos necesarios sale a la calle se hace ver y escuchar.

Luis Mac Kay se refirió a la marcha del 17A

Por esa expresión, se los puede considerar anti cuarentena?

No, en lo absoluto. Los que salen a manifestarse no niegan la existencia de la Pandemia ni la gravedad de la situación. Se pueden observar las imágenes y videos de la marcha de “17A en Gualeguay y la misma se realizó en auto, cada uno con su grupo familiar conviviente y en la oportunidad en que se terminó el recorrido los manifestantes cantaron el himno tomando distanciamiento entre sí y con el uso de tapaboca. Señalar de anti cuarentena a los que se manifiestan o protestan contra las medidas del gobierno solo busca descalificar o en definitiva, ahondar la grieta y así nuevamente enfrentar a la sociedad, otra vez los de un lado o los del otro como lo fue en toda la década kirchnerista. Una lamentable estrategia de poder. Observemos por estas horas como han elevado los proyectos de reforma. Desoyen fallos judiciales, advertencias de entidades que agrupan a los Medios.

Que puede llegar a modificarse, o cree que el Gobierno Nacional no entendió la Marcha?

Teníamos la esperanza de que el Presidente entendiera como así lo hizo con la expropiación de Vicentín, cuando pensó que iban a salir todos a festejar y supo reconocer que se había equivocado. Bueno, nuevamente la gente salió con un reclamo y hasta ahora solo los descalificó y los señaló “los que gritan” y que no se va a doblegar ante estos. En definitiva no se busca doblegar nada, se expresa la disconformidad, que seguramente sería mucho más contundente si no estuviéramos atravesando esta situación sanitaria. Estamos en democracia con o sin pandemia y la sociedad sin desconocer esta situación busca la manera de expresarse, de hacerse escuchar.

Por qué la gente marcha….

El motivo principal es hacerle ver tanto al gobierno Nacional como al Provincial que no se niega la existencia de la Pandemia, que no se niega la gravedad de la situación sanitaria, pero que la sociedad no se va a quedar callada ante los atropellos que se vienen dando aprovechando este aislamiento obligatorio. Ha sido una sociedad muy responsable, pero está atenta y así lo hace saber. Refiero también a la Provincia porque hace ya algo de un mes se aprobó una Ley de Emergencia que por más título de solidaria que se le quiera poner es un ajuste a los trabajadores y a los jubilados. Una Ley que se aprobó en 3 días, con el apoyo de todos los legisladores kirchneristas incluida nuestra legisladora Paola Rubattino y que con domicilio en Gualeguay que se la pasó diciendo en campaña que jamás legislaría contra los intereses de los trabajadores y los jubilados, y guardó rotundo silencio ante el decreto nacional que les quitó la movilidad a los jubilados y levantó la mano con seguridad para aprobar el proyecto de ajuste del Gobernador Bordet.

La gente quiere que el Gobierno Nacional comprenda que hay muchos sectores en situaciones muy complicadas y que debe abocarse a buscar la salida y, contrario a esto aprovechan este escenario anómalo para intentar entre otras cosas una modificación en el sistema de justicia.

Estamos convencidos que la Justicia Federal necesita una reforma, una modificación, pero que no es la oportunidad temporal ni económica. En primer lugar porque los legisladores nacionales no sesionan de manera presencial y acordaron realizarlo a distancia mediante sistema web para tratar aquellos temas relacionados directa o indirectamente con la Pandemia y definitivamente, este proyecto de reforma de la justicia es un tema que nada tiene que ver. El tratamiento de los temas relacionados al Covid no responde a un mero capricho. Es un acuerdo de los bloques, y entre otras cosas se debe a las imperfecciones que estos sistemas tienen que no garantizan en pleno, el debate, y ha quedado demostrado en aquellos oportunidades en que se han silenciado a opositores claramente de manera intencional. En lo que respecta a lo económico toda reforma necesariamente ocasiona gastos, y definitivamente no es momento para destinar fondo más allá de lo que signifique urgente y todavía no se han visto las dimensiones de las consecuencias de este aislamiento obligatorio, y sin dudas los resultados serán gravemente negativos para muchos sectores de la población, desde lo social, económico y laboral. En lo que respecta concretamente al proyecto presentado por el oficialismo nacional, no es un avance, sino por el contrario es un retroceso que solo busca garantizar la impunidad de todos los funcionarios de la era kirchnerista hoy todos investigados. Es un retroceso porque se quiere poner en práctica el sistema acusatorio, sistema que de por si viene demostrando buen resultado, con alguna excepción, en las provincias en las que se ha puesto en funcionamiento y en vez de dotar a la justicia de mayor cantidad de fiscales, que son los que en este sistema tienen a su cargo llevar adelante la investigación de los delitos y promover la acción contra los autores. El proyecto pretende duplicar la cantidad de jueces y los nuevos los serían en calidad de interinos hasta tanto se nombren los que sean elegidos por concurso. Todos sabemos la debilidad que representa un juez interino, un juez que no tiene el cargo asegurado y que posiblemente sea más fácil de presionar por parte del poder político que un Juez titular. Estamos convenidos que el Presidente, como ya lo ha demostrado, dice una cosa y al poco tiempo hace otra. Ejemplos sobran, Causa Nisman, Causa Memorándum, el cepo cambiario, y sin ir más lejos estaba contra la reforma de la Justicia cuando se intentó en el Gobierno de Cristina Fernández. Ahora sostiene que a los jueces que tienen hoy las causas de corrupción se los va a respetar y que estas causas no pasarían a los nuevos jueces, que según el proyecto se nombrarían en calidad de interinos. Sabemos que esto es mentira, que la reforma solo persigue lograr la impunidad prometida al momento de acordar la fórmula con Cristina Fernández. En definitiva, nos oponemos al proyecto por inoportuno, por significar un retroceso y por perseguir solo la impunidad de Cristina y su séquito.

Ésta y demás conductas oportunistas que han demostrado tanto el gobierno Provincial como el Nacional provocan que la sociedad se manifieste y se haga escuchar, podemos decir que la gente no sale a la calle, si no que el gobierno los saca.

En diálogo con El Debate Pregón, el concejal Agustín Turinetto se refirió a diferentes temas de actualidad, entre ellos, la reforma judicial.

Sobre el comienzo, señaló: “Este martes tuvimos sesión y se trató el crematorio que todavía está en comisión, lo estamos trabajando juntos, tiene agregados que quiere hacerle la oposición. También hemos aprobado una unidad fiscal para no tener tantos ajustes, que va a tener el nombre de Minuán, que eran los antiguos pobladores originarios de esta zona”.

“Después esta también el memorial de las víctimas de violencia de género para generar una conciencia justo también alrededor de un espacio donde están las víctimas de tránsito, pero un poco más cerca de la rotonda que después sale a la calle Gianello. Ahí va a estar emplazado, es una ordenanza de Belén Sala. Hay otros temas más en el tintero. Salió además el tema de los nichos que era una obra necesaria y esperada”, agregó.

En esa línea, indicó: “El martes fue el intendente (al recinto del Concejo Deliberante) a pedir a todo el cuerpo que acompañe (el proyecto de crematorio) y haga las mejoras que considere necesarias para que esto salga por unanimidad, pero especialmente para que sea una política de estado, algo continuado y que tenga legitimidad”.

“El tema del crematorio es de larga data en Gualeguay, si se ve la Ley 10.027 y algunas ordenanzas de hace 10 o 15 años, está pidiendo que cuando hay epidemias todos los cuerpos deberían ser cremados, como podemos cumplir algo si no tenemos de qué manera, no vamos a mandarlos a todos a Gualeguaychú, que es un lugar que también tiene su demanda. Además también lo social, sentimental que en una situación de desagracia, de pena, tenemos que hacer 160 kilómetros para esto. A ver si le podemos poner de una vez por todas el punto final a este tema y tener algo propio que, si bien no lo puede hacer un privado que sería lo ideal, está la voluntad política y decisión de que lo haga el propio municipio”, añadió.

En otro orden de cosas, consideró: “En el marco de esta situación, también a nivel nacional lo que está sucediendo y todo lo que ha sido el intento de reforma judicial, que se cuestiona o no la marcha, creo que algunos salieron por la cuarentena, otros porque ven cercenadas sus libertades individuales, otros porque entienden que este proyecto busca también una impunidad para algunos, en la pandemia está la gente adentro de sus hogares y un montón de personas con condena firme como Boudou, Lázaro Báez, se han ido a la casa y han aprovechado para liberar”.

“La inoportunidad del momento para llevar adelante esta reforma en un país que tiene problemas macro económicos muy grandes, con 50 por ciento de pobreza, y venir con una reforma judicial donde el coordinador es el abogado de Cristina, es de una inoportunidad y eso es imposición, si uno sale con un proyecto de tamaña magnitud trabajado con la oposición es consenso y es una política pública, eso también me parece que tiene que quedar de manifiesto. Todo eso también género en su momento un poco de malestar, junto a otros reclamos económicos y demás”, evaluó.

En ese sentido, expresó: “Algunos cuestionan porque se salió a la calle en un momento difícil, están abiertos los restaurants, los comercios, la costanera está con bastante circulación, entonces, si la gente se manifestó en auto y con prudencia, manifestarse es un derecho constitucional también, siempre que sea pacífico”.

Por último, respecto a la obra del Centro Comercial a Cielo Abierto, indicó: “Es algo histórico, lo antiguo confluye con lo nuevo, el adoquín, una cosa característica de Gualeguay y este concepto nuevo de semi peatonal que es algo que sirve para caminar más la ciudad, y con mucho mas estética”.