Uno de los efectos más concretos de la reglamentación de la reforma laboral se pondrá en marcha este lunes: el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intimará a empresarios y dirigentes sindicales para renegociar 150 convenios colectivos de trabajo que están vencidos. El paso se enmarca en el decreto 407, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial, que reglamentó la Ley 27.802 de Modernización Laboral e introdujo cambios que el Gobierno define como generadores de empleo y que la CGT califica de "precarización" y "aniquilación de derechos".

El núcleo del cambio es la eliminación práctica de la ultraactividad, el principio que sostenía la vigencia de un convenio colectivo tras su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. Para los gremios, ese mecanismo era una garantía clave que impedía la pérdida de derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban.

La nueva normativa distingue entre cláusulas normativas —que regulan condiciones de trabajo y mantienen cierta protección— y cláusulas obligacionales, como cuotas solidarias y aportes especiales, que caen al vencimiento del convenio. El decreto además abre la posibilidad de renegociar todas las cláusulas posibles para actualizar cada acuerdo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, justificó la medida señalando que existen convenios "negociados hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen". Sin embargo, Gustavo Ciampa, abogado de la CGT, rebatió que "desde 2003 existe negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades" y que los convenios se renovaron en todo lo que las partes quisieron renovar.

Entre las herramientas que el Gobierno quiere incorporar a los nuevos convenios figura el denominado "salario dinámico", previsto en el artículo 104 bis de la ley, que habilita componentes retributivos variables según el mérito individual o la situación de cada empresa. La iniciativa apunta a reemplazar los aumentos automáticos atados a la inflación por incrementos vinculados a la productividad y los resultados.

Esto también abre la posibilidad de negociar condiciones a nivel de empresa y no por rama de actividad, lo que la CGT considera un quiebre del modelo sindical argentino, que históricamente privilegió la negociación centralizada por sector.

La homologación de los nuevos convenios —paso necesario para que sean obligatorios para todos los trabajadores del sector— podrá ser suspendida por la Secretaría de Trabajo si su aplicación "genera distorsiones económicas graves". Este punto fue otro de los que la CGT cuestionó con mayor dureza y llevó ante la Organización Internacional del Trabajo.

La reglamentación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei habilitó la renegociación obligatoria y masiva de los convenios colectivos de trabajo en todo el país. La medida quedó plasmada en el decreto 407, publicado esta semana en el Boletín Oficial, que modificó el régimen de ultraactividad y genera preocupación entre sindicatos, abogados laboralistas y especialistas en relaciones del trabajo.

Según la normativa, la Secretaría de Trabajo considerará vencidos los convenios colectivos cuyo plazo de vigencia originalmente consignado hubiera expirado. Además, el decreto establece que el organismo laboral podrá prescindir de las cláusulas convencionales relativas a la prórroga de vigencia de los convenios. Para aquellos acuerdos que no tengan una fecha de vencimiento expresamente fijada, la reglamentación determinó como referencia el 31 de diciembre de 2026.

El proceso de convocatoria para renegociar los convenios comenzará un mes después de la entrada en vigencia del decreto y podrá extenderse durante un año. Uno de los puntos más cuestionados es la facultad otorgada a la Secretaría de Trabajo para suspender la homologación de convenios cuando las partes no avancen en las renegociaciones, herramienta que los sindicatos interpretan como una posible intervención sobre la negociación colectiva.

El abogado laboralista Juan Ottaviano advirtió que la reglamentación podría derivar en una instancia especial de negociación. "Podría terminar por habilitarse una ronda paritaria especial por un año con más poder de la autoridad administrativa de Trabajo para establecer topes salariales, y que si no son aceptados se abra la renegociación de todo el convenio", señaló.

La Confederación General del Trabajo expresó su rechazo y presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. "Advertimos con preocupación la reciente reglamentación de la reforma laboral, en especial a los decretos reglamentarios mediante los cuales el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales", sostuvo la central obrera.

El dirigente de Sanidad Héctor Daer advirtió que la medida podría derivar en conflictos gremiales y judiciales. Gerardo Martínez, de la UOCRA, la calificó como una intromisión que rompe la soberanía de las partes en la negociación de paritarias.

La reforma también fijó un tope del 2% de las remuneraciones para las cuotas solidarias cobradas por los sindicatos y un límite del 0,5% para los aportes destinados a cámaras o asociaciones empresarias. Los convenios que superen esos porcentajes deberán ser renegociados. Además, las cámaras empresarias deberán acreditar una representación de al menos el 10% de los trabajadores del sector para poder participar en negociaciones colectivas.

El Gobierno nacional reglamentó este lunes los puntos centrales de la reforma laboral a través del Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma precisa el alcance de distintos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en el marco de la Ley de Modernización Laboral, sancionada por el Congreso y promulgada en marzo de este año.

Uno de los cambios más significativos afecta la registración laboral. A partir de ahora, la obligación de los empleadores se cumplirá mediante altas y bajas de trabajadores en los sistemas habilitados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), eliminándose la exigencia de llevar libros laborales en formato físico o digital.

En materia de recibos de sueldo, la reglamentación establece que estos documentos deberán presentar una estructura uniforme con información detallada sobre salarios, aportes, contribuciones y costos laborales asociados.

Respecto a las licencias por enfermedad, las prescripciones médicas deberán emitirse de manera electrónica a través de plataformas digitales habilitadas. Solo se admitirán excepciones donde no exista conectividad o disponibilidad tecnológica.

En cuanto a las desvinculaciones, los acuerdos de finalización de la relación laboral podrán ser homologados siempre que se garantice la ausencia de irregularidades en el consentimiento de las partes y una adecuada protección de los derechos involucrados. La norma también instruye a ANSES a implementar un sistema que informe a los empleadores el inicio y cierre de los trámites jubilatorios de sus trabajadores.

El decreto incorpora un apartado específico para las empresas de servicios eventuales, fijando límites para los períodos de inactividad entre asignaciones. Si no se otorga una nueva tarea dentro de los plazos previstos, el trabajador podrá considerarse despedido y reclamar las indemnizaciones correspondientes. Además, se ratifica el principio de igualdad salarial: los trabajadores eventuales no podrán cobrar menos que los empleados permanentes en funciones equivalentes.

En materia de acuerdos colectivos, el decreto establece que las asociaciones empresarias deberán acreditar representación suficiente, con un piso mínimo equivalente al 10% de los trabajadores comprendidos en el sector. También se precisa el alcance de las obligaciones económicas previstas en los convenios, incorporando aportes, contribuciones, cuotas, retenciones y fondos específicos.

La Ley de Modernización Laboral había obtenido media sanción en el Senado en febrero de este año. Uno de sus artículos vinculados a las licencias por enfermedad generó controversias y fue retirado antes del tratamiento en Diputados. Tras las modificaciones introducidas en esa cámara, el proyecto volvió al Senado, donde fue aprobado con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones.

La principal novedad radica en la forma en que se presenta la información. Hasta ahora, el recibo se construía partiendo del salario bruto para llegar al neto tras los descuentos. Con el nuevo diseño impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, el documento se convierte en una "hoja de costos" que sigue este orden:

Las empresas deberán desglosar ítems que anteriormente no figuraban de manera explícita para el trabajador. Entre los campos obligatorios se encuentran:

Aunque la reforma entró en vigencia el pasado 6 de marzo, la Secretaría de Trabajo aclaró que no se aplicarán sanciones inmediatas a las firmas que aún no hayan adecuado sus sistemas de liquidación. El objetivo es permitir una transición ordenada mientras se terminan de definir los formatos digitales y la estructura definitiva del documento.

Desde el sector contable, especialistas advierten que persisten dudas sobre el nivel de detalle requerido —si los ítems deben aparecer unificados o totalmente desagregados— y sobre el uso del término "abonadas" en la norma, dado que las contribuciones se ingresan al mes vencido.

Por el momento, los recibos correspondientes al mes de marzo podrían no reflejar la totalidad de estos cambios en todas las empresas, a la espera de la publicación del modelo oficial en el Boletín Oficial.

La presentación fue realizada mediante una medida cautelar autónoma, a través de la cual solicitaron la suspensión de los efectos de los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificados por la reforma laboral. Según plantearon, estas disposiciones introducen límites y restricciones que impactan en la percepción íntegra y oportuna de los honorarios profesionales.

Desde las entidades demandantes sostienen que las nuevas normas generan una afectación directa del derecho de propiedad de los abogados, al alterar condiciones esenciales vinculadas con su trabajo y con la retribución correspondiente por su labor.

Además, en el escrito presentado ante la Justicia se cuestiona la constitucionalidad de esos artículos. Los colegios argumentan que la reforma avanza sobre aspectos que pertenecen al derecho procesal, como la regulación de las costas del proceso, las consecuencias jurídicas de la conducta procesal de las partes y las sanciones relacionadas con la formulación de pretensiones judiciales.

En ese sentido, remarcan que se trata de materias que corresponden a la competencia exclusiva de las provincias y que, por lo tanto, no podrían ser reguladas por el Congreso Nacional.

Otro de los puntos objetados son las sanciones previstas por la reforma laboral para los casos de peticiones improcedentes. Según indicaron, el sistema procesal argentino ya contempla herramientas para castigar conductas abusivas o contrarias a la buena fe.

“El Código Procesal de la Nación y los distintos códigos procesales provinciales consagran el deber de buena fe procesal y habilitan la sanción de conductas abusivas”, señalaron los demandantes en su presentación.

La causa quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita María Ailán. No obstante, los colegios solicitaron que la medida cautelar sea acumulada por conexidad con otro expediente en trámite, caratulado “Asociación Gremial de Abogados del Estado c/ EN-Orden del Día 699/25 s/ proceso de conocimiento”, que se encuentra en el Juzgado N° 11 del mismo fuero.

Sobre la foto actual Morchio enmarcó su posición en un diagnóstico estructural del mercado laboral argentino. “Primero los números reales del sistema laboral hoy. Hay 22 millones de argentinos en condiciones de estar trabajando. 10 millones de esos trabajan en negro. 10 millones trabajan en blanco. 2 millones están desempleados. De los 10 millones que trabajan en blanco, tres millones son empleos públicos. Es decir que algo hay que cambiar. Tenemos una ley que es del año 1974 (yo no había nacido todavía). Evidentemente hoy no está dando los resultados esperados.”

Para el legislador, el sistema laboral argentino tiene un problema estructural que combina garantías robustas con exclusión masiva. “Analizando la ley, primero pensemos cuál es la realidad del sistema laboral argentino hoy: es un sistema con derechos y garantías laborales robusto, comparado con otros países es un sistema que da derechos y garantías. Eso es bueno. ¿Qué es lo malo? Que hay un montón que quedan afuera”.

Tres objetivos concretos Uno de los ejes centrales de su argumentación fue la litigiosidad: “Después tiene una alta litigiosidad laboral que es traumática para el empleado y también para el empleador. Si vos pensás a veces cómo hacés para pagar una indemnización impensada o cómo hacés para aguantar siendo empleado que te paguen hasta que termine el juicio, es malísimo tener una alta litigiosidad tanto para el empleador como para el empleado. ¿Para quién es bueno esto? Para los abogados que se dedican a eso y para los sindicatos porque usufructúan eso. Ahora, ¿en quién tenemos que pensar? ¿En los empleadores y en los empleados o en los abogados que se dedican a la litigiosidad laboral y en los sindicatos? Yo creo que en los primeros”.

Otro de los puntos que destacó fue el costo tributario del empleo formal. “Vos tenés que el costo tributario en Argentina es el 34% y el promedio en los países de la OCDE es 22%. O sea, que tenés un altísimo costo tributario, que con esta ley baja un 6,8% y se lleva al 27%. Sigue estando arriba del promedio, pero por lo menos es más bajo que lo anterior.”

Según Morchio, el proyecto apunta a tres objetivos concretos: “Primero busca que haya más gente en blanco. Hay una moratoria laboral que creo que va a funcionar. Busca bajar la litigiosidad laboral, que por sí es algo bueno. También va a fomentar que haya más gente en blanco porque vos vas a tener menos miedo siendo empleador PYME de que un juicio te haga perder el restaurant como el caso que todos supimos. Y bajar la carga tributaria laboral. Esas tres cosas son las que creo que ganás acá y por eso es que yo apoyé con mi voto este proyecto de ley”.

Las licencias por enfermedad y los tiempos de debateEl diputado también hizo referencia a modificaciones realizadas durante el tratamiento legislativo. “Hubo un artículo estúpido que se metía con las licencias por enfermedad. Era el único con el cual yo me oponía. Gracias a Dios en Diputados se sacó ese artículo y volvió al Senado. Lo que nosotros aprobamos no incluía ese artículo.”

Consultado sobre los tiempos de debate, admitió tensiones entre dinámica política y trabajo legislativo. “Creo que los tiempos que manejan los oficialismos a veces se basan en las posibilidades políticas de sacar la ley y los tiempos legislativos deberían requerir mucho más trabajo en comisión. También te digo que las comisiones se han vuelto proclamas políticas, con lo cual tampoco hay tanto trabajo en comisión. Ahora, cuando realmente se hacen trabajos en comisión para aportar, para consensuar, yo estoy a favor de eso.”

Frente a quienes sostienen que la reforma no garantiza generación de empleo, fue tajante. “Es una estupidez pensar que una ley puede generar trabajo. Lo que genera trabajo son las condiciones económicas y el rumbo que tenga el país. Ahora, hay señales y un norte que se hace a través de leyes. Si el país mejora, va a mejorar las condiciones de empleabilidad en ese sentido.”

Y agregó: “Vos tenés un montón de gente que está pensando si viene a invertir acá o va a invertir a otro lado y de acuerdo a las leyes laborales que haya lo va a hacer o no. Pero sobre todo ese mundo para mí es medio lejano, yo no los conozco a esos tipos. Pero sí conozco a los tipos que tienen una PYME, que muchas veces dicen ‘no me animo a tomar uno más en blanco por el riesgo que me genera’. Si vos tenés previsibilidad en los riesgos y se genera un fondo, vos no tenés que salir a vender el local para pagar la indemnización”

Críticas a su voto El legislador sostuvo que su voto recibió críticas previsibles.

“Hay una buena manera de saber a quién beneficia y a quién perjudica un proyecto de ley: es ver quién te critica. Este proyecto de ley, tanto el proyecto como mi voto, recibió muchas críticas de los sindicalistas, de los kirchneristas y de los abogados, no de todos, de los que se dedican a fomentar los conflictos laborales. Entonces yo tengo la tranquilidad que yo no represento a esa gente. Es más, estoy seguro que no me votaron.”

Sin generalizar, hizo una salvedad: “S rescato al ´Dr Enzo Cabrera, con quien no coincido, pero no incurre en ninguna falacia demagógica cuando hace su explicación, sino en una argumentación sólida desde el punto de vista de la ley. No quiero meter a todos en la misma bolsa”. También cuestionó a sectores de la oposición. “Muchos viven del conflicto empleado-empleador. No solo algunos abogados o sindicalistas, hay diputados que deben sus bancas a esas teorías”. En esa línea comparó con otros debates recientes. “Es lo mismo que con la ley de inimputabilidad de menores. Si vos tenés un oficialismo que hace dos años que está ahí y trae una propuesta para cambiar las cosas y la oposición hace 20 años que gobierna y no hizo nada, todo se vuelve estéril. Porque es como decirte ‘a partir de hoy me voy a empezar a portar bien’. Tuviste 20 años portándote mal.”A quién representa en el Congreso

Finalmente, definió desde qué lugar dice representar en el Congreso. “Yo vengo de otro mundo, del mundo del trabajo y la producción. Donde el empleador y el trabajador se ven las caras todos los días. Se conocen, quieren que al otro le vaya bien porque así a él le va a ir bien. Ese es el mundo de las pymes y es el mundo laboral de hoy, no el de 1974. A esos empleados y empleadores que quieran trabajar y crecer es a quienes represento en mi banca.”

Y cerró con una reflexión sobre el debate público: “Sé que cuando suban esta nota a las redes del diario algunos aprovecharán para atacar con las barbaridades de costumbre. Solo deseo, aunque sea, que no solo lean el título, sino que lean la nota completa”.

La votación finalizó con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, reflejando un respaldo amplio al proyecto de “modernización” laboral que había sido modificado previamente en la Cámara de Diputados. La discusión se dio poco después de la aprobación de la ley que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años.

Tras el resultado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró el avance de la iniciativa y encabezó una foto con los senadores oficialistas, en lo que fue presentado como un hito dentro de la gestión del presidente Javier Milei.

Cambios centrales de la nueva ley

La norma aprobada incorpora modificaciones en distintos aspectos del sistema laboral. Entre los principales puntos se destacan:

Durante el tratamiento se confirmó la eliminación del artículo 44, que proponía reducir hasta un 50% los salarios de trabajadores con licencias por accidentes o enfermedades graves, uno de los puntos más cuestionados del proyecto original.

El oficialismo defendió la reforma al sostener que busca reducir la litigiosidad laboral, incentivar la inversión y generar empleo. También se destacó la incorporación de incentivos para pymes a través del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI).

Posturas enfrentadas en el recinto

Desde La Libertad Avanza, el senador Juan Cruz Godoy afirmó que la ley es resultado de un “profundo proceso democrático de debate y negociación” y aseguró que brinda previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores.

Por su parte, Patricia Bullrich sostuvo que la reforma pretende “corregir la informalidad” y enviar señales de crecimiento económico, remarcando que el objetivo es dar previsibilidad a empresas y trabajadores.

En contraposición, el bloque Justicialista rechazó el proyecto. El senador Mariano Recalde calificó la iniciativa como una “ley monstruosa” y anticipó que será judicializada. Desde la oposición se cuestionó la rapidez del tratamiento y se advirtió que podría precarizar el empleo y vulnerar derechos laborales.

También se pronunciaron en contra legisladores como Jorge Capitanich, José Mayans y otros representantes peronistas, quienes consideraron que la reforma afectará el salario, aumentará la precarización y podría generar mayor conflictividad judicial.

Desde sectores aliados al oficialismo, en cambio, se remarcó la necesidad de actualizar la legislación laboral y fomentar la competitividad económica.

Un escenario de debate abierto

La aprobación de la reforma laboral abre una nueva etapa en el escenario político y económico nacional. Mientras el Gobierno sostiene que la norma favorecerá la creación de empleo y la inversión, desde la oposición anticipan presentaciones judiciales y cuestionamientos por presunta inconstitucionalidad.

La implementación de la ley y sus efectos concretos en el mercado laboral argentino comenzarán a observarse en los próximos meses, en un contexto de fuerte discusión política y social.

En diálogo con El Debate Pregón, Cabrera sostuvo que la discusión no puede agotarse en consignas políticas ni en eslóganes, sino que “va a jugar su partida en el plano constitucional y convencional. Esta es una cuestión que va a atravesar la vida de gran parte de la sociedad argentina, con lo cual requiere de un tratamiento bastante serio”, afirmó. Y cuestionó que una reforma de esta magnitud haya tenido un trámite parlamentario breve en comparación con otros procesos legislativos de fondo.

Mandatos constitucionales y principio de progresividad

Apoyado en el dictamen elaborado por el Instituto de Derecho del Trabajo, Cabrera subrayó que el análisis debe comenzar por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por el principio de progresividad incorporado con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994. “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario”, recordó. Y remarcó un aspecto técnico: “Está redactado en el futuro del modo indicativo. No dice ‘podrán’, dice ‘asegurarán’. Es una orden de mandato imperativo. Son mandatos de resultado, no de conducta”.

En esa línea, explicó que el principio de progresividad implica “una obligación de avanzar de manera concreta y constante” en la protección de los derechos sociales. Y que su contracara es la prohibición de regresividad: “Está inexorablemente prohibido disminuir el grado de tutela del que goza un derecho en el orden jurídico nacional. La única interpretación compatible con la Constitución es la que mejore o, al menos, mantenga el estándar de protección”, sostuvo.

Fondo de Asistencia Laboral: “Vacía de contenido la ley”

El eje más crítico de la reforma, según Cabrera, es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplazaría la indemnización por antigüedad ante despidos sin causa. “Convierte en letra muerta la Ley de Contrato de Trabajo”, afirmó. Y explicó que la indemnización actual cumple dos funciones: “Una es indemnizar. Indemnizar es reparar un daño. Yo rompo un contrato sin causa alguna, entonces tengo que dejar indemne a esa persona a la que dejé sin trabajo”. Pero además existe una función “fundamentalmente disuasoria”.

“La función disuasoria es fundamental en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso es lo que le impide al empleador despedir por cualquier motivo”, indicó. Con el nuevo esquema, dijo, “es abaratar el costo del despido. El empleador no tiene responsabilidad frente al despido arbitrario, al despido sin causa”. Y fue más allá: “No tiene costo echar a alguien. O sea, básicamente no le va a pagar el empleador. Lo paga el Fondo de Asistencia Laboral”.

En el dictamen del Instituto se sostiene, en términos coincidentes, que el fondo “no protege al trabajador, sino que incentiva y hasta financia el despido”, además de eliminar el efecto disuasorio que hoy tiene la indemnización por antigüedad.

¿Flexibilizar genera empleo?Ante el argumento de que la reforma podría estimular la creación de puestos de trabajo, Cabrera respondió con datos históricos: “Nunca la ley laboral genera empleo. La ley laboral lo que hace es proteger a quien la propia Constitución dice que es sujeto de preferente tutela constitucional, que es el trabajador”. Recordó que las reformas flexibilizadoras de los años noventa concluyeron con “una tasa de desocupación nunca vista en la Argentina, superior al 25%”, mientras que en períodos posteriores de recuperación de derechos laborales el desempleo descendió a niveles cercanos al 5%. “Lo que genera empleo es la actividad económica. La ley laboral hace otra cosa”, sintetizó.

Autonomía de la voluntad y desigualdad estructural

Otro de los puntos cuestionados es la ampliación de acuerdos individuales entre empleador y trabajador, por ejemplo en materia de vacaciones o jornada. Cabrera explicó que en el Derecho del Trabajo rige la “limitación de la autonomía de la voluntad”. “En un contrato civil partimos de la base de que somos iguales. En el contrato de trabajo no es una relación entre pares. El empleador tiene facultades de organización, dirección y disciplina que no existen en ninguna otra órbita”. Por eso existe el “orden público laboral”, que fija un piso mínimo inderogable. “Si usted cumple para arriba no tengo ningún problema; para abajo, no. Ese piso mínimo elemental de derechos no puede perforarse”, afirmó. Y recordó que rige el principio de irrenunciabilidad: el trabajador no puede renunciar anticipadamente a derechos reconocidos por la ley o el convenio colectivo.

Banco de horas, período de prueba y estabilidad

En relación con el “banco de horas”, señaló que las horas trabajadas por encima de la jornada dejarían de abonarse como extras y pasarían a una cuenta compensable con descansos futuros. “La Ley de Contrato de Trabajo es taxativa en el descanso entre jornada y jornada, en el descanso semanal y en el descanso anual. Incluso establece que los descansos no son compensables en dinero”, indicó. También cuestionó la extensión del período de prueba hasta doce meses. “Durante ese período el trabajador puede ser despedido sin causa y sin que le abonen indemnización”, remarcó.

Un proyecto “regresivo”

El dictamen del Instituto de Derecho del Trabajo, que lleva su firma junto a otros integrantes, define la iniciativa como “un proyecto de carácter regresivo” que “desconoce los principios fundamentales del Derecho del Trabajo” y podría incluso comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por violación de tratados de derechos humanos. En la misma línea, Cabrera cerró la entrevista con una advertencia: “Si no tenés una garantía mínima para poder reclamar tus derechos, todo es letra muerta. Podés tener 150 días de vacaciones; ahora, si no tenés protección contra el despido arbitrario, no podés ejercerlos”.

Y concluyó: “Es catastrófico lo que va a pasar con el empleo”.

El proyecto avanzó con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados como PRO, UCR, MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y legisladores de monobloques provinciales. En contraposición, votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros espacios opositores.

Para continuar su trámite legislativo, el Senado deberá ratificar el texto aprobado, que eliminó el artículo 44, el cual contemplaba una reducción salarial para trabajadores que sufrieran accidentes o enfermedades fuera del ámbito laboral.

Entre los aspectos más debatidos del proyecto se incluyen:

El oficialismo logró aprobar en particular los 26 títulos y 218 artículos de la iniciativa.

El debate comenzó con quórum ajustado y rápidamente derivó en momentos de tensión. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue cuestionado por la oposición al disponer una votación a mano alzada del plan de labor, lo que generó reclamos y la presencia de legisladores opositores frente al estrado.

Durante la jornada también se registraron discusiones por el quórum y episodios polémicos dentro del recinto, incluyendo interrupciones entre diputados y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

El titular de la comisión de Trabajo, Lisandro Almirón, defendió la reforma al sostener que el sistema laboral vigente “expulsa a las personas de la formalidad” y dificulta la generación de empleo registrado.

Desde la oposición, el dirigente bancario y diputado Sergio Palazzo advirtió que la norma provocará una “catarata de pedidos de inconstitucionalidad” y significará un retroceso en derechos laborales.

En una línea similar, Máximo Kirchner afirmó que la ley otorgará mayor poder a los empleadores y anticipó que será derogada si el peronismo vuelve al gobierno.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó el esquema de convenios por empresa, mientras que sectores oficialistas y aliados defendieron la reforma al considerar que la legislación actual es “vetusta” y genera litigiosidad e informalidad.

El oficialismo ya convocó a un plenario de comisiones en el Senado para avanzar con el dictamen y buscar su tratamiento en el recinto antes de la apertura de sesiones ordinarias que encabezará el presidente Javier Milei.

Si la Cámara alta ratifica el texto, la reforma quedará sancionada como ley. En caso contrario, el proyecto deberá volver a Diputados para una nueva revisión.N.A.

Entre los legisladores de Entre Ríos, el posicionamiento quedó claramente dividido por bloques políticos.

El bloque oficialista acompañó la iniciativa. Entre los entrerrianos que respaldaron la propuesta se encuentran:

También votaron afirmativamente:

Desde el bloque Unión por la Patria

Guillermo Michel -su voto fué afirmativo

 Quiénes votaron en contra  y rechazaron el proyecto:

Tras la media sanción, la iniciativa deberá ahora ser tratada en el Senado, donde se anticipa un debate intenso debido a las diferencias políticas y jurídicas que genera la reforma del régimen penal juvenil.

El oficialismo buscará avanzar con el debate durante el período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de que la iniciativa pueda ser incluida en el discurso de Apertura de Sesiones Legislativas del 1° de marzo.

En la votación quedaron definidas las posturas de los representantes de Entre Ríos.

Los senadores de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y la gualeya Romina Almeida, votaron afirmativamente y respaldaron el proyecto en el recinto. Ambos asumieron sus bancas en diciembre pasado.

Durante su intervención, Benegas Lynch sostuvo:

“Esta ley es un pilar fundamental para mejorar, transparentar y liberar el ámbito laboral. Reglas claras para los verdaderos protagonistas, que son el empleador y el empleado. Pero no como adversarios, sino como socios naturales”.

En contraposición, el senador peronista Adán Bahl votó en contra de la iniciativa y cuestionó el alcance de la reforma.

“La legislación laboral necesita una actualización, es razonable discutir un marco normativo moderno que promueva el empleo formal, que acompañe al que invierte y genera puestos de trabajo, cuidando a las personas. Pero no estamos discutiendo una modernización, estamos discutiendo cómo abaratar despidos”, expresó.

Con la media sanción obtenida, la reforma laboral inicia ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se anticipa un nuevo debate político. El resultado será clave para definir si la iniciativa se convierte en ley en el corto plazo.

La sesión extraordinaria se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por cruces entre legisladores oficialistas y opositores, negociaciones políticas de último minuto y una fuerte movilización en las inmediaciones del Congreso.

El jefe del bloque peronista, José Mayans, alertó durante su discurso que la iniciativa sería “inconstitucional” y que, según su visión, derivará en un aumento de la “litigiosidad” en el mercado de trabajo. El peronismo y otros sectores de la oposición criticaron el proyecto por considerar que implica un retroceso en derechos laborales fundamentales.

El proyecto incorpora cambios sustanciales en la legislación laboral vigente, con el objetivo, según el Gobierno, de “modernizar” un sistema que consideran obsoleto y que genera altos niveles de empleo informal. Entre sus puntos principales se destacan:

Originalmente, el proyecto también contemplaba cambios en Ganancias y en la financiación de obras sociales sindicales, pero esos artículos se negociaron y quedaron fuera para asegurar los votos de gobernadores y bloques dialoguistas.

Mientras transcurría la votación, grupos de manifestantes se concentraron en la Plaza Congreso, generando momentos de tensión con las fuerzas de seguridad. Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, aunque la Comisión Provincial por la Memoria reportó hasta 60 personas detenidas. Hubo también heridos en la protesta.

El presidente de la Nación y varios miembros de su gabinete difundieron en sus cuentas en redes sociales imágenes de incidentes con un reducido grupo que lanzó bombas molotov, a quienes denominaron despectivamente como “kukas”. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó los hechos a sectores de la izquierda.

El Ejecutivo definió la media sanción como “un punto de inflexión en la historia laboral argentina” y la defendió como un paso clave para generar empleo formal, reducir la litigiosidad y actualizar una legislación que, según sus defensores, estaba desfasada ante los desafíos económicos actuales.

En tanto, sectores sindicales y opositores anticiparon que no solo seguirán la discusión en Diputados sino que evaluarán acciones judiciales, al considerarla una norma que vulnera garantías constitucionales y derechos consagrados en el Artículo 14 bis de la Constitución, que protege la estabilidad y organización sindical de los trabajadores.

En los últimos días se vio una fuerte ofensiva, tanto del lado de los bancos como de las fintech, sobre este tema, que supone el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo que hay hoy en la Argentina. Los bancos ejercieron presión tanto pública como sotto vocce para conseguir que el artículo 35 del proyecto que presentó el Ejecutivo en diciembre, que reemplaza al 124 de la Ley actual de Contrato de Trabajo y establece que los sueldos deben acreditarse en un banco, quede afuera de la discusión parlamentaria de esta semana. En la previa, las fintechs, con Marcos Galperin a la cabeza, salieron al cruce con datos: aseguran que 8 de cada 10 argentinos “ya eligió” a las billeteras virtuales para sus finanzas diarias y que la actualización de la ley laboral en este punto va en línea con este comportamiento de los usuarios. En su cuenta de X, el fundador de Mercado Libre se hizo eco de este debate: “Tu sueldo, tu decisión! Por qué obligar a los trabajadores a cobrar en una cuenta que paga 0%?“, retuiteó de un posteo de su colega Osvaldo Giménez, presidente del gigante fintech Mercado Pago. Detrás de este tironeo también hay una puja política: este artículo en cuestión fue impulsado por el ministro de Modernización Federico Sturznegger. Incluso aparecía en la redacción de la Ley Bases con la que el Gobierno de Javier Milei intentó reformar la agenda política a comienzos de la gestión. Del otro lado, Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, entienden que no deben “quemar puentes” con los bancos, pieza clave de todo el entramado económico del Gobierno. “Sí vemos que hay una mayor dependencia con los bancos tradicionales del ala económica del Gobierno. Es grave en el sentido de que, por esa dependencia, se vulnera la libertad de elegir de los argentinos”, comentó una fuente del sector fintech. Argumentos cruzados Por un lado, en distintas notas enviadas a los senadores e incluso a la propia Patricia Bullrich, las cámaras bancarias ABA y ABAPPRA se refirieron a riesgos “jurídicos y sistémicos” que se activarían si se habilita a las billeteras virtuales a acreditar los salarios de los argentinos. Del otro, las apps no bancarias, nucleadas en la Cámara Argentina de Fintech, insisten en que son compañías que ya están reguladas por distintos organismos, que su uso es masivo y que la inclusión de este artículo en la reforma laboral solo suma más alternativas para que los argentinos manejen su dinero. “El 100% de los depósitos en billeteras virtuales está dentro del sistema bancario. La principal diferencia con los bancos es que las billeteras virtuales no prestan la plata de sus usuarios (intermediación financiera)”, aseguró Maximiliano Raimondi, CFO de Lemon. “Cuando dicen que buscan “cuidar a los usuarios”, están tratando de cuidar un negocio. “Los argentinos deben poder elegir libremente dónde cobrar y cómo manejar su dinero”, apuntó. En este sentido, Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Fintech, explicó: “Sería muy negativo que los senadores se desacoplen de la realidad de los argentinos, que ya eligieron a las billeteras virtuales. En un punto, es una instancia similar a la que se vivía antes de la apertura de los medios de pago para el transporte. No se produjo el fin de la SUBE, como muchos señalaban, sino que los usuarios pudieron sumar más opciones a la hora de moverse”. Qué pasa con el crédito Una de las premisas de los bancos que caló más hondo en el oficialismo es la que sostiene que “los sueldos son la materia prima de los préstamos” y que, si los salarios salen del sistema bancario formal, se viviría una caída de la capacidad prestable de los bancos. Las entidades estimaron que esta implicaría una reducción del stock de préstamos de entre $ 4 billones y $ 6 billones”. Contra este punto Biocca señaló: “Existen actualmente más de 25 millones de cuentas de pago con fondos invertidos diariamente. Esto implica, con datos a octubre del año pasado, que se colocaron US$ 4.000 millones en fondos comunes de inversión generados por billeteras. Todo ese dinero va al mercado de capitales y financia el modelo productivo. ¿Qué hicieron los bancos en los últimos años? ¿A quién le prestaron?

Tras la presión del sector bancario, el oficialismo retiró del debate el artículo que habilitaba el pago de salarios a través de fintech. La disputa expuso tensiones económicas y políticas dentro del propio Gobierno.

En medio de intensas negociaciones parlamentarias, el Gobierno nacional decidió dejar fuera de la discusión de la Reforma Laboral el artículo que permitía a los trabajadores elegir cobrar su salario en billeteras virtuales. La medida se conoció luego de una fuerte presión ejercida por entidades bancarias, que advirtieron sobre supuestos riesgos jurídicos y financieros.

El artículo 35 del proyecto enviado por el Ejecutivo en diciembre —que modificaba el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo— abría la posibilidad de que los salarios pudieran acreditarse no solo en cuentas bancarias, sino también en billeteras virtuales.

Actualmente existen más de 10 millones de cuentas sueldo en la Argentina, lo que convierte al manejo de estos fondos en un tema central para el sistema financiero.

En los últimos días, tanto bancos como fintech desplegaron una fuerte ofensiva pública y privada para influir en la decisión oficial.

Las cámaras ABA y ABAPPRA enviaron notas a senadores y a funcionarios nacionales alertando sobre:

Uno de los argumentos que más peso tuvo en el oficialismo sostiene que “los sueldos son la materia prima de los préstamos”. Según estimaciones del sector, si los salarios dejaran de acreditarse en bancos, podría registrarse una caída del stock de préstamos de entre $4 y $6 billones.

Desde el ala económica del Gobierno consideran clave mantener una relación fluida con el sistema bancario tradicional.

Desde la Cámara Argentina de Fintech defendieron la iniciativa, asegurando que:

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, se pronunció públicamente en redes sociales cuestionando la obligatoriedad de cobrar en cuentas que no generan rendimiento.

Además, referentes del sector señalaron que:

Para las fintech, impedir esta opción significa frenar un cambio que ya fue adoptado por la mayoría de los usuarios.

El artículo en cuestión había sido impulsado por el ministro Federico Sturzenegger y figuraba previamente en la Ley Bases. Sin embargo, otros sectores del Gobierno, alineados con el Ministerio de Economía y el Banco Central, optaron por no profundizar el conflicto con los bancos.

La decisión final muestra un delicado equilibrio dentro del oficialismo entre avanzar con reformas estructurales y preservar la estabilidad del sistema financiero.

Por el momento, los trabajadores deberán seguir cobrando sus salarios exclusivamente en cuentas bancarias tradicionales. La posibilidad de optar por billeteras virtuales quedó, al menos por ahora, fuera de la reforma laboral.

El debate, sin embargo, dejó expuesta una discusión de fondo sobre el futuro del sistema financiero argentino y la competencia entre bancos y fintech en el manejo del dinero de los ciudadanos.

El Debate Pregón – Información nacional Fuente :N.A.

Esta semana podría darse en la Patagonia el primer encuentro de 2026 entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y un gobernador dialoguista como Ignacio Torres. La reunión prevista para miércoles en Chubut apunta a avanzar en el acuerdo por el reclamo de la deuda de 51.000 millones de pesos que Nación tiene con la provincia por la caja previsional. El gobernador ya hizo una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia pero tras la baja de retenciones a la exportación de crudo, también hay optimismo en las negociaciones con la Casa Rosada para lograr una solución.

En cuanto a la reforma laboral, la gira de Santilli estará enfocada en provincias aliadas. Además de Chubut, figuran al tope de la agenda Entre Ríos, donde manda el gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, y Chaco, a cargo del radical Leandro Zdero. Ambas provincias fueron en alianza con La Libertad Avanza en las legislativas del 26 de octubre y ofrecen senadores para empujar la aprobación del proyecto enviado por Javier Milei al Congreso en sesiones extraordinarias.

Tras la sanción del Presupuesto 2026, existe un principio de acuerdo con los gobernadores para convertir en ley también la reforma laboral. Para eso, Milei deberá firmar un decreto de prórroga de sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero y hasta el 27, al filo de inicio de sesiones ordinarias que opera el 1 de marzo con el tradicional discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa. Si bien la iniciativa ya cuenta con dictamen, falta que Nación y las provincias se pongan de acuerdo en relación a los capítulos de Impuesto a las Ganancias y Reducción de la Carga Tributaria que afecta la recaudación coparticipable de los gobernadores.Fuente: Ámbito 

El diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel cuestionó con dureza el Presupuesto 2026 recientemente aprobado por el Congreso, al que calificó como “técnicamente un dibujo”, y apuntó contra el rol de los legisladores entrerrianos alineados con el gobernador Rogelio Frigerio. En ese marco, señaló al diputado Francisco Morchio como “el fiel reflejo” del mandatario provincial en la Cámara baja.

Según opinó Michel, el Presupuesto aprobado pierde sustento técnico por las propias decisiones del Gobierno nacional. “En el presupuesto se definen determinadas metas, como un dólar a 1.428 para el año que viene, pero con el anuncio de la suba de las bandas queda totalmente desdibujado”, afirmó.

Además, remarcó inconsistencias en las proyecciones de recaudación. “Se anuncia una recaudación prevista de impuestos a las ganancias que se va a bajar en 3,1 billones de pesos por la rebaja de impuestos a las ganancias de las sociedades. Y se anuncia una recaudación de cargas sociales que va a disminuir en cerca de 3.000 millones de dólares producto de la baja de contribuciones para financiar el FAL y las indemnizaciones en las grandes empresas”, detalló. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno “terminó sancionando un presupuesto que técnicamente es un dibujo porque envía otra ley por el Senado, que es la ley de indemnización laboral, que afecta a esos recursos”.Sobre los legisladores entrerrianos En cuanto al rol político del oficialismo entrerriano, Michel fue especialmente crítico con el gobernador. “Ya quedó demasiado claro y en poco tiempo que Frigerio no solo entregó los legisladores, sino que entregó los intereses de la provincia a Milei. Frigerio ya no tiene senadores, los senadores son de Milei”, afirmó.

También cuestionó la estrategia política del mandatario provincial en la Cámara de Diputados. “Frigerio entregó la cabeza de lista de diputados y entregó uno de esos diputados al PRO, con lo cual no le queda nada para negociar (en el incentivo político de la palabra) para defender los intereses de la provincia con el gobierno de Milei”, sostuvo. En ese marco, Michel lo definió con dureza: “Frigerio es el Tweety Carrario de la política, no tiene camiseta, es como Tarzán, está para donde sopla el viento. Y el fiel reflejo de Frigerio en la Cámara es Morchio: votó a favor de las universidades y a los dos meses cambió su voto”, afirmó.

Sobre la Reforma LaboralFinalmente, al ser consultado sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, Michel aseguró que no tendrá impacto positivo en la generación de empleo. “No existe reforma laboral que cree puestos de trabajo. Los puestos de trabajo se crean con una economía creciendo, que sustituya importaciones, que invierta y que produzca”, señaló.

En esa línea, sostuvo que la iniciativa apunta a debilitar a los trabajadores. “Esta reforma laboral lo que está buscando es debilitar a los trabajadores y lo hace atacando a los sindicatos, que son los que defienden los intereses de los trabajadores. Lo que buscan es debilitar la posición de los trabajadores para abaratar el costo de la mano de obra. Nada más que eso”, concluyó.

El evento, que reunirá a más de mil empresarios de todo el país, cuenta además con la participación de figuras oficiales como Sebastián Amerio (secretario de Justicia), Martín Redrado (ex presidente del Banco Central de la República Argentina), y gobernadores como Rogelio Frigerio, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). 

El Gobierno impulsa una reforma laboral que será tratada en diciembre, luego del recambio legislativo, y que los industriales vienen reclamando desde hace tiempo.  La presencia de Caputo ante la UIA es interpretada como un gesto para fortalecer el canal de diálogo con el sector fabril.

Martín Rapallini, presidente de la UIA, destacó la necesidad de “darle músculo a la competitividad con una mirada integral que propicie un salto de calidad en infraestructura, logística, conectividad, financiamiento productivo, desarrollo territorial, sistema tributario y legislación laboral”.

El escenario que enfrenta Caputo y los industriales es complejo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de producción manufacturera (IPI) registró en septiembre una caída interanual del 0,7 % y en la mayoría de los rubros clave se observó retroceso. 

Sectores como el textil registraron una contracción de 20,5 % interanual, la industria automotriz bajó 2,5 % y las industrias metálicas básicas cayeron 1 % en el mismo período. Pese a un crecimiento acumulado de 3,8 % entre enero y septiembre respecto al mismo lapso del año anterior, la tendencia reciente muestra signos de estancamiento.