El Gobierno nacional formalizó la creación del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, una estructura administrativa diseñada para coordinar las actividades del Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación de la Ley 27.801. Esta normativa, que reformó el sistema de responsabilidad penal adolescente, cuenta ahora con un organismo centralizado para su ejecución efectiva, según lo dispuesto en la Resolución 484/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La medida, que lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques, establece que el programa funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, la cual depende de la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría de Justicia. La vigencia de esta disposición comenzará a regir a partir de este sábado 26 de septiembre.

La conducción del nuevo espacio fue asignada a Débora Eliana Di Girolamo, quien desempeñará sus funciones con carácter ad honorem. Según el texto oficial, la coordinadora tendrá la responsabilidad de supervisar todas las acciones y líneas de trabajo que se ejecuten en el marco de este régimen, asegurando la coherencia en la implementación de la ley en todo el territorio nacional.

El programa tiene como objetivo principal promover la articulación entre los organismos nacionales y las diversas jurisdicciones. Entre sus funciones clave se destaca el desarrollo de un sistema integral para reunir y sistematizar información estadística e institucional. Asimismo, el organismo deberá administrar y supervisar el funcionamiento del cuerpo de supervisores del Régimen Penal Juvenil, estableciendo criterios homogéneos para sus intervenciones en el sistema.

Para garantizar la transparencia y la eficacia de la reforma, se prevé la implementación de mecanismos permanentes de seguimiento, monitoreo y evaluación. Estas herramientas permitirán medir los resultados de las intervenciones y generar datos precisos sobre el funcionamiento institucional, el cumplimiento de las medidas impuestas y los índices de reincidencia. La resolución también aprobó el Reglamento del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y el Manual del Supervisor Juvenil.

Además de las tareas de control, el programa se enfocará en la capacitación continua para magistrados, funcionarios y demás operadores del sistema de justicia penal juvenil. Este apoyo técnico y operativo se extenderá también al Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, creado oportunamente por decreto, con el fin de unificar criterios de actuación en todo el país.

En paralelo a esta medida, el Ministerio de Justicia dispuso la creación del Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital, conocido como PRONACIB, mediante la Resolución 483/2026. Esta iniciativa, que también operará bajo la Subsecretaría de Política Criminal, tiene como propósito brindar orientación y patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes, reforzando así el marco de protección y asistencia integral en el ámbito digital.

Un adolescente de 16 años quedó detenido durante un operativo policial realizado en la noche del miércoles en Concordia, acusado de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Según informó la Policía, se trataría del primer menor detenido en esa jurisdicción desde la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801.

El procedimiento se desarrolló el 9 de septiembre durante un Operativo Saturación desplegado por distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia en barrios correspondientes a la jurisdicción de Comisaría Sexta. En ese contexto, efectivos de la Sección Motorizada y de la Sección Cuerpo y Guardia recorrían el barrio 708, sector B6, cuando observaron a dos adolescentes. Según la información policial, uno de ellos, al advertir la presencia de los uniformados, se habría descartado de varios envoltorios de nylon.

Ante la situación, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que realizó las correspondientes pruebas de campo sobre la sustancia encontrada, con resultado positivo para cocaína. Como consecuencia del procedimiento, los efectivos secuestraron una piedra de cocaína, 42 dosis de la misma sustancia fraccionadas y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

La Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Scherning, dispuso que el adolescente de 16 años quedara detenido por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En tanto, el otro joven involucrado, de 14 años, fue entregado a sus padres, según precisó la información policial.

El procedimiento se produjo pocos días después de un cambio sustancial en la legislación argentina. La Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil entró en vigencia el 5 de septiembre de 2026 y estableció un sistema penal específico para adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen los 18. La norma había sido sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo, y uno de sus principales cambios fue la reducción de 16 a 14 años de la edad mínima de responsabilidad penal.

De esta manera, adolescentes de 14 y 15 años que anteriormente estaban por debajo de la edad de punibilidad quedaron alcanzados por el nuevo régimen, bajo procedimientos y garantías específicas para menores de edad. La legislación establece que la respuesta judicial debe contemplar la edad y las circunstancias particulares del adolescente, prioriza medidas orientadas a la educación, resocialización e integración social, y contempla alternativas a la privación de la libertad. La prisión perpetua quedó expresamente prohibida para adolescentes y las penas privativas de libertad tienen un máximo de 15 años.

En este nuevo escenario normativo se produjo el procedimiento de Concordia. Según la información brindada por la fuerza de seguridad, el adolescente de 16 años quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.