La medida alcanza a cultivos clave de la agroindustria y forma parte de la política económica del Ejecutivo orientada a disminuir la carga impositiva sobre el sector productivo. Desde la Secretaría de Agricultura remarcaron que la eliminación de retenciones “ha sido siempre una prioridad para este gobierno” y aseguraron que se continuará avanzando en ese camino “en la medida en que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”, según indicó el organismo en un comunicado al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Con la entrada en vigencia del decreto, las retenciones quedan establecidas de la siguiente manera:

Desde Agricultura señalaron que la decisión apunta a “mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de las exportaciones”.

En ese sentido, el comunicado oficial destacó que la baja de retenciones permitirá potenciar la producción, generar empleo y promover el desarrollo en las distintas regiones del país. “Reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”, indicaron.

Finalmente, el Gobierno subrayó que la estrategia es clara: “menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.

¿Se entiende la semana vivida contantas modificaciones?-Este lunes arrancamos una semana muy movida con el anuncio de la quita de retenciones. La medida concretamente es un decreto que dice que se eliminan las alícuotas de derechos de exportación hasta el 31 de octubre o hasta que se alcancen liquidaciones de declaraciones juradas por ventas por el equivalente a 7 mil millones de dólares; lo que ocurra primero. La primera sensación es la sorpresa, la inmediata siguiente es la de frustración porque el sector hace demasiado tiempo que pide previsibilidad y estas medidas van en contra. El productor está continuamente trabajando a mediano y largo plazo y estas medidas son cortoplacistas y electorales.-El común de la gente lee que hay retenciones cero, ¿lo ve el productor?-Más allá de eso, que puede ser una opinión particular, está el análisis. Y cuando hablamos con los productores surgen situaciones muy diversas.Por supuesto que para muchos la medida sirve; el productor que está comprando insumos o pagando deudas tomadas y puede vender sus granos a un mejor precio tiene una gran oportunidad. O también aprovechar la situación para poder cambiar una máquina, hacer una inversión en el campo, etc. Pero también hay sectores perjudicados, sobre todo aquellos que dependen de estos granos como alimento, feedlots, criaderos de cerdos, aves o tambos. Y ni hablar de muchísimos productores que por necesidad tuvieron que vender toda su producción en cosecha y hoy no pueden acceder a este beneficio.-Hay que tomarlo como lo que fue, una medida puntual donde cada uno hizo su análisis y trató de aprovecharla. Arranqué diciendo que genera frustración y no es una queja, al productor muchas veces se lo tilda de no estar conforme y yo creo que al revés, si hay alguien positivo es el productorque, con pasión, esperanza y mucha punta en el lápiz, siempre trata de salir adelante. Pero como te decía la frustración es porque la medida es puntual y no una política de estado, no es un norte para el sector, no es una señal clara.¿Siempre se pidió retenciones cero?-Sí. El sector brega por la eliminación total de las retenciones de manera definitiva y por ley.-A esta altura del año el grueso del cereal está en manos de los exportadores y hay una cláusula para que ellos tengan que liquidar las ventas por un 90% de las mismas en un plazo de 3 días. Lo cual genera para ellos un costo financiero adicional que repercute en que no trasladen todo el precio al productor.

-Lo más importante al fin y al cabo, es que terminamos la semana y la medida ya no rige. Se cumplió la meta de los 7 mil millones de dólares y se terminó. Y esto es alarmante, porque los mayores beneficiados fueron como siempre los exportadores, no el productor. -Estas medidas así como se dieron las cosas desalientan la producción. Al Gobierno le sirvieron los dólares obtenidos de los exportadores y haber logrado eso en 3 días hace que los exportadores hayan tomado el precio sin retenciones y luego cumplan sus compromisos pagando los cereales a precios con retenciones, obteniendo un beneficio que se calculó en 1.500 millones de dólares, que si se hubiese prolongado por todo el mes de octubre gran parte de eso hubiese ido a los productores en forma de mejores precios, precios que a pesar de retención 0, los exportadores no trasladaron.-No somos necios y entendemos que retroceder sería un desastre. El más mínimo ruido político de que vuelvan vía elecciones las viejas políticas disparó el riesgo país y demás indicadores de la economía. Entendemos que la medida tomada respecto a los derechos de exportación fue electoral y hay que entender que una vez más el sector agropecuario puso el hombro prácticamente sin haberse beneficiado con la medida; se generó malestar y se tergiversaron los mercados.¿No verán mejoras por esas diferencias y hasta por el mismo escenario de commodities?-Estamos atravesando una situación a nivel mundial complicada, con los precios de estos commodities muy deprimidos, muchos conflictos bélicos y peleas de interés en Estados Unidos y China y eso claramente repercute en todos lados. Si a eso le sumamos que dentro del país tenemos una presión fiscal desorbitante y además las retenciones, el negocio se vuelve prácticamente inviable.-Hoy el campo necesita un norte claro a largo plazo, necesita la quita de las alícuotas de derechos de exportación de forma permanente y por ley. Necesita modificar las leyes laborales, necesita infraestructura, financiamiento y menor presión fiscal.Le debo hablar de la Expo 2025; brevemente, ¿cómo la vivieron?-Dejame decirte que estamos muy agradecidos a toda la gente que nos acompañó; a todo el público en general que aprovechó el día para pasear por la Expo, a los expositores que no solo nos acompañaron sino que fue un lujo el nivel con el que armaron los espacios, a la gente del Asilo de Ancianos, a todos los productores, cabañeros, a la gente que participó en los diversos espectáculos, prueba de riendas, desfile de mascotas, concurso del asado a la estaca, el patio de comidas con sus peñas y espectáculos fue un éxito. También CACERIA que trasladó su restorán al predio y tuvo muchísimo acompañamiento. A la comisión directiva porque esto se arma a pulmón, a toda la gente que estuvo trabajando en el predio durante la Expo y al motor de todo que son las secretarias Mariela y Fabiana.-El tiempo fue un factor determinante, fue un fin de semana de pleno sol, primaveral con un clima ideal para poder pasear y aprovechar la muestra.-Nos acompañaron autoridades de la provincia como el ministro Bernaudo y Alfredo Bel, Subdirector de Vialidad; también autoridades de nuestra entidad madre CRA, diputados nacionales, el senador por el Departamento y presidentes de rurales amigas. Aprovechamos su presencia para llevar los reclamos que estamos padeciendo: falta de caminos, falta de inversión en electrificación rural, plan de lucha contra la garrapata, entre otros. Y por supuesto, también poder agradecer y valorar las gestiones que sí se pudieron concretar como la limpieza del arroyo Clé Millán, hacia el sur de la ruta 11.-Tuvimos espectáculos muy atractivos dentro del marco de la Expo, como lo fue la prueba de aparte, con una participación altísima; tanto que en agosto se hizo un preclasificación para que queden los 10 mejores equipos para esta oportunidad. Desfile de mascotas, bandas musicales en el escenario principal, el concurso del asado a la estaca que volvió a tener 12 participantes y un gran apoyo del público y, por supuesto, las peñas del sábado a la noche con un nuevo sector específico para tal fin y gran cantidad de personas disfrutando.-En conclusión, estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y con el apoyo y acompañamiento de todos los que hacen y son parte de esta muestra. 

La medida, que debía extenderse hasta el 31 de octubre, terminó favoreciendo a un reducido grupo de empresas que registraron Declaraciones Juradas de Venta al Exterior, evitando el pago de tributos por unos 1.500 millones de dólares. Ni los productores ni el Estado pudieron acceder a esos recursos.

En Gualeguay, los productores advierten que esta maniobra los deja en desventaja:

La pérdida de recaudación también alcanza al Estado nacional y, en cascada, puede afectar a las provincias y municipios que dependen de transferencias. De este modo, el escándalo no solo impacta en las cuentas públicas, sino que también amenaza con concentrar aún más el negocio exportador en pocas manos.

Para los productores gualeyos, el resultado es claro: mientras los grandes jugadores consolidan ganancias extraordinarias, la base productiva local queda marginada de los beneficios, con el riesgo de un debilitamiento de la economía regional.

De acuerdo con los informes de la periodista Rosalía Costantino (C5N) y de Matías Longoni (Bichos de Campo), el gobierno de Javier Milei, a través de los funcionarios Luis Caputo y Juan Pazo, habilitó un mecanismo que permitió a este reducido grupo de compañías registrar en tiempo récord Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por miles de millones de dólares.

Según las denuncias, las empresas lograron asegurarse la ventaja de no pagar el tributo mediante un sistema sencillo pero contundente:

“Esos 1.500 millones no los recibirán ni los productores ni el Estado. Quedarán en manos de una decena de empresas agroexportadoras”, advirtió Longoni, quien no dudó en calificar la situación como un “afano a mano armada” con aval oficial.

Los beneficiados fueron solo 12 exportadoras. Entre las principales figuran:

Del otro lado, los productores agropecuarios no lograron aprovechar la ventana de oportunidad. Hoy deben vender su producción con un descuento del 26% por retenciones, que los exportadores no pagarán.

El Estado argentino también pierde: deja de recaudar 1.500 millones de dólares en medio de un fuerte ajuste fiscal.

La polémica trascendió fronteras: en Estados Unidos, productores se quejaron de que la maniobra hizo caer el precio de la soja en Chicago, afectando la competitividad frente a China.

El alivio impositivo que abrió una ventana de retenciones cero para los granos duró apenas tres días, pero alcanzó para desatar un movimiento frenético en los mercados y marcar la agenda política y económica de la semana. La confirmación del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, de que el beneficio se dio por terminado al cumplirse el cupo de u$s7000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) cerró el capítulo con la misma velocidad con la que se había abierto.

Detrás de este desenlace se mezclan factores locales y externos. Para el Gobierno, la medida cumplió el objetivo central: acelerar el ingreso de divisas en un momento de máxima sensibilidad cambiaria. Para el sector agroexportador, fue una oportunidad de asegurar ventas a valores excepcionales. Pero para los productores, la percepción predominante es que la ventana fue demasiado corta y concentró beneficios en pocos actores.

Al ser consultado sobre este tema, Ariel Tejera, analista de Grassi S.A., destacó a Ámbito que antes de hacer cualquier análisis es imperioso recordar que “la retención es una carga muy injusta para el productor local y no debería existir” y agregó que “el efecto inmediato de la suspensión fue positivo para todos los actores involucrados”.

Según Tejera, “el Gobierno sacrificó recaudación fiscal para obtener un flujo acelerado de ingreso de dólares y poder aportar tranquilidad en el mercado en un contexto de mucha volatilidad preelectoral”. “Siempre que se baja un impuesto, aunque sea temporalmente, todos los vinculados a ese impuesto ganan”, agregó.

En su visión, la clave estuvo en la mejora abrupta de la capacidad de pago del sector exportador. La eliminación de los derechos de exportación, incluso por unos días, le permitió ofrecer precios significativamente más altos a los productores. Esa mejora, puede seguir teniendo efectos incluso más allá de octubre”.

Además, detalló que "es posible que los mejores precios que vimos se mantengan hacia adelante, porque los exportadores anotaron muchísima mercadería bajo este esquema y ahora van a tener que salir a originarla”. “Eso implica que, aunque volvieron las alícuotas, habrá incentivos para sostener valores firmes en el mercado doméstico”, señaló.

Al mismo tiempo, advirtió que esta dinámica genera un desafío financiero para las empresas del sector, ya que “los exportadores ingresaron dólares y ahora deberán cumplir las DJVE con compras efectivas”. “Eso implica un costo financiero importante y puede limitar su capacidad de pago en el futuro. Habrá que ver qué tanto eso pesa en la estructura de las agroexportadoras y cómo condiciona sus ofertas en las próximas semanas”, dijo.

Para el consultor y analista de mercados, Pablo Adreani, hay un componente internacional clave que explica en buena parte el desenlace de esta medida. Según explicó en diálogo con Ámbito, la presión del secretario de Estado norteamericano Scott Bessent fue determinante. “Condicionó el préstamo de u$s20.000 millones a la Argentina a que se elimine la suspensión temporaria de las retenciones. La Asociación Americana de la Soja presionó para que no se apoye a un país que después compite exportando soja a China”, señaló.

China, en paralelo, comenzó este año a importar soja y harina de soja argentinas, un movimiento que para Adreani funcionó como mensaje geopolítico hacia Washington. Esa jugada encendió alarmas en Estados Unidos y aceleró la decisión de cerrar la ventana fiscal en Argentina.

En el plano doméstico, Adreani destacó el rol de los exportadores y explico que “gracias a ellos se pudo alcanzar rápidamente el cupo de u$s7000 millones, pero con un riesgo financiero muy alto, porque esas declaraciones ahora tienen que cumplirse con compras efectivas de mercadería”.

El consultor detalló además el esquema al que volvió el país tras el cierre del beneficio: 26% de retenciones para soja, 24,5% para harina y aceite, y 9,5% para maíz y trigo. La consecuencia inmediata fue la pérdida del diferencial de precios que se había alcanzado ya que “el valor de la soja había subido u$s60 con la retención cero, pero no veo que vuelva a recuperar ese nivel. La necesidad de la industria sostendrá precios firmes, pero la incertidumbre domina y no creo que haya mucho volumen de oferta en estas primeras ruedas”.

Adreani planteó que el desafío ahora es doble: por un lado, cumplir los compromisos asumidos por los exportadores; por otro, procesar la reacción de los productores, que tendrán que decidir si retienen mercadería a la espera de mejores precios o si venden en un mercado donde el estímulo ya desapareció.

En tanto, David Miazzo, economista y titular de Data Miazzo, aseguro en diálogo con Ámbito que “el error del Gobierno fue no haber limitado las declaraciones a 180 días y dejar que los exportadores puedan comprar soja existente o de la nueva campaña. Ahora el temor de los productores radica en cuál será el precio que le van a pagar, porque los exportadores no estarán apurados a comprar granos para procesar. Otro punto será ver quienes compraron y quienes no, porque unos tendrán mayor capacidad de pago que otros dentro de la industria”.

Dólares urgentes y un tipo de cambio bajo control

Más allá de las discusiones sectoriales, la medida cumplió el objetivo que se había trazado el Gobierno: acelerar el ingreso de dólares y dar un respiro al Banco Central. En apenas 72 horas, se aseguraron u$s7000 millones en DJVE, lo que permitió robustecer reservas y mostrar al mercado cambiario una señal de fortaleza.

En un contexto de alta volatilidad preelectoral, con el recuerdo fresco de episodios de tensión cambiaria en años anteriores, la Casa Rosada logró lo que buscaba: controlar la cotización del dólar y evitar saltos bruscos en un momento político delicado. Es real que el Gobierno sacrificó recaudación, pero ganó aire político y financiero y lo logró bajando impuestos.

Lo que viene: expectativa en el mercado de granos

Con los derechos de exportación reinstaladas, el foco pasa ahora al comportamiento del mercado. Los productores enfrentan la disyuntiva de vender a precios que perdieron parte del plus de los últimos días o retener esperando que la necesidad de los exportadores vuelva a traccionar valores.

Los exportadores, por su parte, tienen por delante el desafío de originar la mercadería comprometida en las DJVE en un contexto de mayores costos y con la obligación de sostener el flujo de divisas que el Gobierno necesita para mantener a raya al dólar.

La clave estará en cómo se equilibre esa tensión. Los mejores precios podrían sostenerse, aunque con límites financieros y difícilmente se recupere el salto de u$s60 que dio en cuestión de horas, por lo tanto, la incertidumbre será el rasgo dominante.

Pero pensando a futuro, es importante recordar que en todo tipo de procesos productivos es central la previsibilidad. Este tipo de medidas de corto plazo pueden tener un efecto positivo, pero nunca cambian la lógica del negocio y en un país con una larga historia de políticas pendulares para el agro, la experiencia de esta semana funcionó más como recordatorio de esa fragilidad que como un cambio estructural, publicó Ámbito.

Ya en el plano internacional y con un trasfondo geopolítico muy evidente, con la disputa entre Estados Unidos y China como telón de fondo, queda claro que la política agroexportadora argentina también deberá contemplar no sólo lo que ocurre en Buenos Aires o Rosario, sino también lo que se habla en Washington y Pekín.

Por último y más allá de lo que ocurre en el seno del sector agropecuario, es clave recordar que a pesar de todas estas tensiones el Gobierno logró reforzar reservas y controlar el valor del dólar (y su posible paso a inflación) en plena cuenta regresiva electoral. Ese era el objetivo y claramente se consiguió, el resto es materia de análisis y debate que continuará durante las próximas semanas. (APFDigital)

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó a través de sus redes sociales que la resolución busca acelerar el ingreso de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado. “La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos”, señaló.

La disposición, que regirá de manera excepcional durante poco más de un mes, alcanza a cereales, oleaginosas y carnes. Según explicó Adorni, el objetivo es reforzar las reservas del Banco Central, sostener el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

El Gobierno prevé que la medida permita liquidar hasta US$ 7.000 millones, en un contexto donde el stock disponible de granos rondaría los US$ 10.000 millones, según estimaciones del sector.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), su presidente Gustavo Idígoras expresó: “Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones, aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuándo se hará operativo”.

El Gobierno nacional anunció este lunes la prórroga de la rebaja temporal de retenciones a la exportación de trigo y cebada hasta el 31 de marzo de 2026, en el marco de una política que busca incentivar la producción de la cosecha fina, que actualmente comienza a sembrarse en gran parte del país.

La decisión fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. El funcionario precisó que la medida no alcanzará a productos como la soja, el maíz, el girasol, el sorgo ni sus subproductos, los cuales volverán a tributar los derechos de exportación con los valores vigentes a principios de este año, a partir del 1 de julio próximo.

“Las exportaciones de estos productos y sus derivados acumulan alrededor de 4.000 millones de dólares por año, lo que representa cerca del 5% del total de las exportaciones argentinas”, explicó Caputo en su publicación.

La rebaja inicial de retenciones fue implementada en enero pasado, como respuesta al difícil escenario que atravesaba el sector agropecuario, afectado por una severa sequía y una caída en los precios internacionales de los commodities.

Con esta prórroga, el Gobierno busca dar previsibilidad a los productores de trigo y cebada, extendiendo el beneficio por nueve meses más y abarcando así toda la próxima campaña agrícola.

Según la consultora Granar, el precio de la soja experimentó una suba, pasando de 315.000 a 322.000 pesos por tonelada en la zona del Gran Rosario, mientras que la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario reportó un avance de 315.000 a 320.000 pesos por tonelada. En el mercado de futuros Matba Rofex, los contratos de abril y mayo mostraron un alza del 1,27% y 1,47%, alcanzando valores de 294,70 y 296,80 dólares por tonelada, respectivamente.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) informó que entre el 5 de febrero y el 1 de marzo está programada la salida de 778.000 toneladas de harina de soja y 205.929 toneladas de aceite de soja desde el Gran Rosario, además de 21.400 toneladas de harina desde otros puertos fluviales.

Javier Preciado Patiño, consultor y ex Subsecretario de Mercados Agrícolas, detalló que desde la implementación de la reducción de retenciones el 23 de enero, el maíz fue el producto más comercializado con 1.009.000 toneladas y un valor FOB cercano a los 231 millones de dólares. La harina de soja sumó 485.000 toneladas por 159 millones de dólares, mientras que el trigo alcanzó 582.000 toneladas, generando 136 millones de dólares. En cuanto a la cebada, se registraron 225.000 toneladas por 53 millones de dólares, y el aceite de soja alcanzó 248.000 toneladas con un valor de 248 millones de dólares.

El dólar MEP favoreció la mejora de los precios del maíz en comparación con los valores históricos, permitiendo a los productores obtener una mayor cantidad de dólares billete. Según Patiño, el aumento en el precio de la soja fue de aproximadamente 25.000 pesos y en el maíz de 10.000 pesos, beneficiando notablemente a los productores.

El analista señaló que todas las operaciones registradas podrían implicar un ingreso de aproximadamente 612 millones de dólares al Estado bajo el nuevo régimen de liquidación, aunque persisten dudas sobre la efectividad del programa. Según Patiño, la evolución de las exportaciones de harina de soja en febrero y marzo permitirá evaluar si el esquema realmente impulsó las ventas.

Desde Grassi SA, el analista Ariel Tejera destacó que la reducción de retenciones favoreció los precios de los granos, aunque los volúmenes comercializados siguen siendo moderados. Además, advirtió sobre la necesidad de prudencia ante la inminente cosecha nueva, aunque resaltó que la mejora de precios contribuyó a sostener los márgenes económicos de los productores.

El informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) indicó que las lluvias recientes beneficiaron al 39% del área sembrada con soja, lo que ayudaría a frenar la caída en los rendimientos y mejorar las perspectivas para la cosecha, que se estima en 49 millones de toneladas.

Por otro lado, el panorama internacional también juega un papel clave. Las políticas comerciales de Estados Unidos, particularmente las decisiones de Donald Trump en relación con China, podrían impactar en la demanda global de granos. Se espera que China regrese al mercado tras sus festividades, lo que podría generar nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas.

Finalmente, el próximo informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sobre estimaciones de oferta y demanda agrícola mundial (WASDE) podría influir en la evolución de los precios, en un contexto donde las cosechas de soja y maíz en Sudamérica siguen siendo un factor determinante para el mercado global.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Una de las principales disposiciones establece que para acceder al beneficio, los exportadores deberán liquidar el 95% de lo declarado en los últimos 15 días hábiles en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de incumplimiento, se aplicará la alícuota anterior. La supervisión de este mecanismo quedará en manos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central.

Según informó la Secretaría de Comercio en un comunicado, esta decisión busca aliviar la situación del sector agropecuario en un contexto de sequía y se enmarca dentro de la política gubernamental de reducción del peso del Estado sobre los sectores productivos, con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal.

La rebaja de las retenciones implica una reducción del 20% en las alícuotas vigentes hasta junio. En detalle, la soja (poroto) pasa del 33% al 26%; la soja en aceite y harina, del 31% al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz, del 12% al 9,5%; y el girasol, del 7% al 5,5%.

Asimismo, el Gobierno Nacional eliminó las retenciones para diversas economías regionales, beneficiando a productos como el azúcar, preparaciones alimenticias, algodón, cuero bovino, bebidas, ovinos (lana y cueros), tabaco, productos forestoindustriales, arroz, maní, golosinas y chocolates, entre otros. Estos bienes representaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones durante el año 2024.

La medida genera expectativas en el sector agropecuario y productivo, que recibirá un alivio impositivo temporal con el objetivo de fortalecer la competitividad de las exportaciones argentinas en el corto plazo.

El federado habló al término de una reunión en Larroque organizada por la Filial local que preside Adolfo De Zan. Encuentro en el cual, el Senador; Alfredo De Angeli y el Diputado; Atilio Benedetti, respectivos titulares de las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras expusieron sobre su accionar, particularmente lo relacionado al sector agropecuario.

En este marco, Martiarena indicó que: “la situación es extremadamente compleja y la medida, si bien es una buena señal, sabemos del esfuerzo que hace el gobierno, pero la realidad es que tendríamos que tener un mejoramiento del 14%, sin embargo, es del 6% en soja. Estos números, fundamentalmente en la provincia de Entre Ríos, principalmente en el sur, no cierran porque la situación de los pequeños y medianos productores es muy compleja”. Alertó que: “el quebranto sigue siendo parte del sistema, tenemos que seguir expresando estas cuestiones, donde tenemos que generar los proyectos necesarios para determinar que se eliminen definitivamente las retenciones y que se les ponga una fecha de vencimiento”. Recordó que “los beneficios otorgados por el Gobierno Nacional hablan de una medida con fines de recaudar, quedando claro que debería tocar otros sectores, porque el nuestro no da para más y mucho menos en los productores de menor escala”.

El Director de FAA Entre Ríos destacó que: “me causó mucha sorpresa que hoy, por el jueves, se haya podido decretar estas reducciones, abriendo el paraguas en cuestiones que pueden llegar a venir. En ese sentido, nosotros vamos seguir presionando para que la situación cambie, tratando los proyectos y mostrando los números como realmente son. En donde podamos mostrar nuestros costos, algo que todos los sectores deberían hacer. Veo que muchos han tenido una buena fiesta, tenemos un sistema como el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones), que resulta desleal para muchos sectores que la venimos poniendo hace mucho tiempo y en ese sentido los pequeños y medianos productores somos los que quedamos fuera del juego. Queremos marcar nuestras diferencias, más allá de un gobierno liberal, que pueda llegar a tener ciertas diferencias con lo que uno plantea, pero la realidad es que somos muy eficientes. Hacemos todo en tiempo y forma con una capacidad muy chica, recursos complejos, en cuanto a maquinarias, montón de cuestiones en donde ni siquiera podemos diversificar el riesgo de lo que es el clima, a diferencia de empresas que siembran un poco en cada provincia, como tampoco podemos acceder a beneficios con los costos de producción, dado que nuestro volumen de compra y venta es pequeño. A pesar de todo eso somos eficientes. Obtenemos muy buenos rindes pese a contar con maquinarias que tienen varias campañas sobre sus espaldas. Solo necesitamos reglas acordes, con las cuales podamos seguir en actividad”, enfatizó.

Consultado sobre ¿Quién tiene los granos?, Martiarena respondió: “los pequeños y medianos productores seguro que no. Esa es una realidad, como que también hay 17 millones de toneladas para liquidarse, que, sin dudas, quienes las tengan se van a ver beneficiados”.

En ese sentido el dirigente dijo: “con los números del lunes, estábamos hablando de un costo de 2.900 kilos en la soja, mientras que hoy con estas bajas, tenemos 2.500, cuando en la provincia hay una media de 2.200 kilos, arrojando un margen negativo, a lo que hay que sumar un clima adverso que juega su buena parte, siempre con la esperanza de que se puedan dar, especialmente en las sojas de segunda que son las que más complejas están, una mejoría importante. También es necesario decirlo la presión que se ha dado en este tipo de cuestiones. Hace una semana escuchaba hablar a gente cercana al Gobierno Nacional que decía que, si esperamos 20 años, por la baja de retenciones, porque no podríamos esperar 20 años más, haciendo referencia a la paciencia del productor. Sin dudas que el chacarero pasa por una enorme paciencia y resiliencia, pero la misma se ha agotado. Después escuchaba el atinado esfuerzo que han realizado los gobernadores de la Región Centro (Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, y Rogelio Frigerio), quienes salieron a hablar por segunda vez de las retenciones. Creo que es un ejemplo a tomar en todos los lugares, máxime cuando el Ministro Luis Caputo, salió a decir que las provincias tenían que ajustar, cuando las mismas están haciendo un esfuerzo muy grande con los pocos recursos que tienen”.

Estas representan solo el 2,9% del ingreso total de la estructura impositiva nacional, según datos proporcionados por el Ministerio de Economía. Sin embargo, este porcentaje aparentemente insignificante ha generado un impacto devastador en el sector agropecuario, particularmente entre los pequeños y medianos productores.

El interrogante que plantea la FAA es contundente: ¿por qué un ingreso tan bajo para el Estado provoca el quebranto de miles de productores y no es eliminado?

Según la entidad, las retenciones representan una carga insostenible para los pequeños agricultores, quienes ya enfrentan costos elevados, falta de financiamiento y condiciones climáticas adversas.

La situación es alarmante: el país ya vivió en décadas pasadas el cierre masivo de explotaciones agropecuarias, con la desaparición de cerca de 100.000 productores. Ahora, el sector teme un escenario similar si no se toman medidas urgentes.

En comparación con otros tributos, las retenciones generan ingresos mucho menores para el Estado. Según los datos disponibles, los principales aportes provienen del IVA (27,8%), los aportes patronales (10,7%), el impuesto a las ganancias corporativas (8,8%) y personales (7,8%). Esto refuerza el argumento de la FAA de que las retenciones son una política fiscal desproporcionada y contraproducente para el desarrollo del sector agropecuario.

Desde la Federación Agraria instan al gobierno a revisar esta política y buscar alternativas que no perjudiquen a quienes producen los alimentos del país. Si bien las retenciones aportan una pequeña fracción al presupuesto estatal, el impacto negativo sobre la agricultura podría derivar en el cierre definitivo de miles de explotaciones, con graves consecuencias para la economía nacional y la seguridad alimentaria.

El llamado de la FAA no solo es una defensa del sector agropecuario, sino también una advertencia sobre las consecuencias sociales y económicas de no actuar a tiempo. "La agricultura es el corazón productivo del país, y sin los pequeños y medianos productores, no hay futuro posible", sentenció un vocero de la entidad.

El mandatario entrerriano compartió el panel “Políticas para el sector”, junto con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo; el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Manuel Otero y el diputado nacional, Ricardo Buryaille.Entre los problemas que es necesario resolver, Bordet destacó la necesidad de “converger hacia un tipo de cambio único que permita dar previsibilidad, con normalidad, como cualquier país del mundo”; y sostuvo que “es importante la decisión de no aumentar las retenciones”.“Creo que, una vez estabilizadas las variables económicas (inflación, brecha cambiaria y confianza en la moneda), hay que generar las condiciones para bajar la distorsión que generan los derechos de exportaciones. Siempre manteniendo los equilibrios. Creo que es parte de un proceso”, explicó el mandatario entrerriano.

A través del decreto 132 publicado este sábado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional oficializó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, con el que busca estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos. A su vez, el decreto 131 definió el aumento del 31% al 33% de las retenciones de harina y aceite de soja.

En cuanto a las retenciones, la norma suspendió hasta el 31 de diciembre un decreto de 2020 que reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a establecer el valor del 33%.

Esta medida se adoptó “con el fin de que el excedente que se recaude se destine a garantizar políticas tendientes a evitar un costo adicional en los alimentos para la población en general y, particularmente, para los sectores de menores ingresos”.

A su vez, la creación del Fondo Estabilizador formó parte de los anuncios económicos formulados el sábado por el presidente Alberto Fernández, a fin de reducir el impacto local de la fuerte suba del precio internacional del trigo como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, dos países que concentran casi el 29% de las exportaciones mundiales de este cereal.

"La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las consumidoras finales", se destaca en los considerandos de la medida.

El Tribunal Fiscal de la Nación falló a favor de la demanda de una compañía cerealera que cuestionó la validez de los cambios en alícuotas de derechos de exportación sin el aval del Congreso nacional. La sentencia consideró que los ajustes en las retenciones dictaminadas por el Poder Ejecutivo sin mediación del parlamento son inconstitucionales.

Se trata de un reclamo denominado de “repetición” -devolución de importes- solicitado por la empresa Bunge Argentina en 2008. La compañía había reclamado por lo que consideró un impuesto mal cobrado al haber pagado al Estado una suma de derechos de exportación que habían sido aumentados sin ratificación legislativa.

El Tribunal Fiscal de la Nación falló a favor de la demanda de una compañía cerealera que reclamó sobre la validez de los cambios en alícuotas de derechos de exportación sin el aval del Congreso nacional

La Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación determinó que ese gravamen no fue correctamente cobrado ya que la falta de sanción del Congreso para esos aumentos tributarios “es contrario al principio de legalidad tributaria”, explicaron fuentes judiciales. El Tribunal, con los votos de los jueces Miguel Licht (en disidencia), Pablo Garbarino y Christian González Palazzo, recordó un fallo de la Corte Suprema de Justicia que había sentenciado en el caso Camaronera Patagónica, en 2014, que el incremento de alícuota por decisión del Poder Ejecutivo era inconstitucional en el caso de esa compañía.

Para algunos expertos, este fallo del Tribunal Fiscal tiene implicancias en la situación actual de los derechos de exportación. Para el tributarista Diego Fraga, en ese fallo de la Corte Suprema “se había sostenido que las facultades que delega el Código Aduanero en el Poder Ejecutivo para fijar derechos de exportación son demasiado amplias y, por lo tanto, inconstitucionales”.

“Este criterio cobra actualidad porque la última ley que delegó esa misma facultad en el Poder Ejecutivo dejó de tener efectos a fin de 2021 (para que sea constitucionalmente válida, según el criterio de la Corte, la delegación tiene que ser temporal, bien acotada; por eso tiene fecha de vencimiento). Por lo tanto, para 2022, al no haberse aprobado una nueva ley que haga esa delegación (se preveía en el proyecto de ley de presupuesto, que finalmente no fue aprobado por el Congreso), el Poder Ejecutivo no tiene la posibilidad de fijar los derechos de exportación”, explicó a Infobae.

Según el tributarista César Litvin, “actualmente los últimos aumentos de derechos de exportación que hizo el Poder Ejecutivo para soja, productos agroindustriales de economías regionales, bienes industriales y servicio, hidrocarburos y minería no están respaldados legalmente”, coincidió. De acuerdo a Litvin, el proyecto de Presupuesto 2022 incluía una extensión de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo para establecer aumentos de derechos de exportación con un determinado tope. “Al caerse el Presupuesto, esas alícuotas no tienen sustento legal”, argumentó Litvin.

En el caso que está incluido en el fallo del Tribunal Fiscal, se trataba de un incremento de alícuotas del 20 al 28 por ciento que no había tenido aprobación legislativa. “Esta sentencia sirve como antecedente para determinar que los derechos de exportación son impuestos que requieren para cualquier modificación una ratificación legislativa, porque sino se viola la Constitución si no se hace”, continuó Litvin.

La Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación determinó que ese gravamen no fue correctamente cobrado ya que la falta de sanción del Congreso para esos aumentos tributarios “es contrario al principio de legalidad tributaria”

La facultad que tiene el Gobierno de aumentar las retenciones, que fue otorgada por el artículo 52 de la Ley de Solidaridad Social. La misma fue utilizada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2020 cuando aumentó un 3% las retenciones a la soja, lo que derivó en un fuerte conflicto con las entidades del campo que lanzaron el primer cese de comercialización de la era gubernamental del Frente de Todos. Y todavía puede aumentar en un mismo porcentaje las retenciones al trigo y el maíz, cuyas alícuotas se encuentran actualmente en un 12 por ciento.

El ministro de Economía, Martín Guzmán había incluido en el presupuesto 2022 un artículo para prorrogar hasta 2024 esa facultad. Pero todo esto quedó sin efecto luego que el oficialismo no consiguiera los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la ley.

Tal como publicó Infobae, esa situación fuerza al Gobierno a recurrir al artículo 755 del Código Aduanero que le faculta establecer los derechos de exportación y establecer por decreto las alícuotas. Esa potestad es la que se pone en discusión con el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación.

Incluso desde algunos sectores de la oposición ya sugerían que la caída de la validez legal de las alícuotas de derechos de exportación podría llegar a implicar la judicialización caso por caso. “Nuestra interpretación es que con el vencimiento de las facultades para fijar el nivel de retenciones, el tributo deja de tener sustento legal. Desaparece. Entendemos que el Gobierno va a decir que una vez fijadas, se mantienen sin cambios, pero no es así como funciona. Caso por caso, se va a judicializar”, dijo en su momento el diputado opositor Ricardo Buryaile.

Fuentes del Poder Judicial consideraron que aún es “temprano” para saber si el fallo del Tribunal Fiscal tiene efectivamente influencia sobre la situación actual de los derechos de exportación. “Queda pendiente saber si la doctina es aplicable a la situación actual en que no fueron renovadas las facultades delegadas”, comentaron a este medio. Se espera que el Gobierno apele esta sentencia, que deberá ser revisada por la Cámara en lo Contensioso Administrativo.

“Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que todavía tiene la facultad de fijar los derechos, basándose en las normas del Código Aduanero. Sin embargo, esta posición desconoce la vigencia del fallo ‘Camaronera Patagónica’, en donde esa delegación fue considerada inconstitucional. Otra discusión es si subsisten o no los derechos de exportación fijados por el Poder Ejecutivo durante la vigencia de la ley delegante”, consideró Fraga. “En mi opinión, en coincidencia con buena parte de la doctrina tributaria, al haber cesado las facultades del Poder Ejecutivo, también han cesado las normas dictadas en ejercicio de esas facultades”, concluyó.

Según Litvin, “¿hoy cuál es el camino del contribuyente al que le aplican los decretos sin sustento legal? Los que a lo largo de este año vienen pagando este impuesto vía retención, podrían solicitar la repetición judicial de lo que hubiera pagado desde enero 2022. Como es un largo camino debería solicitar una medida cautelar para suspender los derechos hasta que se resuelva su validez constitucional”, sugirió

La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, advirtió hoy que el Estado "tiene que actuar" para garantizar que la población pueda acceder a los alimentos a precios accesibles.

Además, reclamó que los empresarios "resignen una partecita de la rentabilidad" para que los trabajadores recuperen el poder de compra de sus salarios; y una "política decidida para contener los aumentos de precios y mejorar los salarios reales".

La legisladora sostuvo que la principal "espalda de un Gobierno de signo popular es el pueblo", elogió la decisión del presidente Alberto Fernández de cerrar las exportaciones de carne por 30 días, propuso medidas para reducir el precio de los alimentos y recordó que para mejorar el poder de compra de los trabajadores es necesario trabajar en pos de contener la suba del precio de los alimentos y aumentar los salarios.

"No vamos a pretender que los empresarios dejen de privilegiar la maximización de sus ganancias; aunque nos gustaría que sean más humanos y se preocupen porque sus compatriotas no están pudiendo comer; no ocurre en la realidad", afirmó a Radio La Red.

Según Vallejos, "hay que actuar, aunque haya sectores a los que la intervención del Estado no les gusta; tienen que resignar una partecita de su rentabilidad; de eso se trata la convivencia democrática".

De acuerdo a un informe de Proyecto Económico, al que aludió Vallejos, el consumo per cápita anual de los argentinos pasó de 58,5 kilos en 2015 a 51 kilos en 2019, 50 kilos en el 2020, y en la actualidad se ubica en torno a los 44 kilos por persona, caída que "coincidió con un incremento del 300% de la carne".

"Cuando hablamos del consumo, necesitamos dos conjuntos de políticas. Una que ataque la cuestión de los precios (...) y mejorar los ingresos, que no solamente han perdido poder de compra por la evolución de los precios sino que los salarios se han venido a pique", consideró.

Vallejos abogó por un rol más activo del Estado que le permita recuperar el papel de regulador y contralor, para "armonizar los equilibrios" económicos y sociales: "En prácticamente todos los mercados de exportación de la Argentina el nivel de concentración es pavoroso", señaló.

"El Estado argentino necesita recomponer sus capacidades de control, que es algo en lo que se está trabajando y que, durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, se habían ido construyendo una serie de herramientas para que el Estado tenga capacidad de intervenir en las relaciones económicas", aseguró.

Por último, reiteró la necesidad de llevar adelante una serie de políticas dirigidas a desacoplar los precios internos de los alimentos de los valores internacionales.

"Hay un combo de instrumentos posibles: se pueden mejorar las retenciones; hoy el margen, que en el caso del maíz es bastante acotado, hay 3 puntos, de acuerdo con el margen legal que se pueden mejorar las retenciones", detalló.

"Habría que tener una nueva ley más acorde a la realidad de los precios internacionales que hoy tenemos para que el Estado tenga más flexibilidad a la hora de administrar este instrumento de desacople de precios que son las retenciones; en el caso de la carne, con retenciones, tenemos un margen un poco más grande, porque estamos en 9 y puede llegar a 15 puntos, que se podrían ampliar", concluyó.

El presidente Alberto Fernández y los integrantes de la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias se comprometieron hoy a analizar la estructura de costos en las distintas cadenas del sector para asegurar a los argentinos el acceso a los alimentos, sin tener que recurrir a subas de retenciones a las exportaciones agrícolas ni otros instrumentos de esa naturaleza.

Así se avanzó en el encuentro que esta tarde mantuvieron en Casa de Gobierno el presidente Alberto Fernández con las autoridades de las entidades de la Mesa de Enlace, tras la cual el ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró que el mandatario dijo que "las retenciones no son el instrumento que tiene la voluntad de aplicar, sino que propone que se alcance un acuerdo".

"Lo más importante fue la excelente predisposición de todos para abordar un problema tan importante como es la accesibilidad de la población a los alimentos. Hubo acuerdo en explorar todas las posibilidades que permitan que la población pueda acceder a alimentos de manera accesible", sostuvo el ministro de Agricultura del Presidente.

Durante el encuentro, el Jefe de Estado dijo que sus dichos de los últimos días fueron "interpretados de una forma" y ratificó su "voluntad de diálogo para resolver el problema", además de ratificar que no implementará medidas como subas en retenciones o cupos para la exportación, aclaró el ministro a la prensa.

El Presidente, quien abordó con "preocupación el tema del maíz y el trigo", les pidió a los ruralistas que "entre todos se encuentre la posibilidad de que los precios no se distorsionen o generen inflación y que no repercutan sobre el conjunto de la sociedad argentina", agregó el titular de la cartera agraria.

El primer mandatario estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

Por el sector agropecuario, participaron los titulares de Coninagro, Carlos Iannizzotto; de Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, acompañados por los vicepresidentes de cada entidad.

Luego del encuentro, que se extendió durante una hora y media en el despacho presidencial, los integrantes de la Mesa de Enlace coincidieron en que el Presidente "no va a aumentar la retenciones" y que se acordó "continuar y profundizar el espacio de diálogo" sumando a otros actores en la mesa, según precisó Achetoni, en un contacto con la prensa.

El titular de Federación Agraria, además, dijo que ese ámbito de trabajo servirá para analizar las "distintas situaciones y las preocupaciones del Gobierno, que son las nuestras, y que se pueda seguir diagramando una mayor producción, generación de empleo y de divisas para el país".

"Quedan conversaciones de por medio para trabajar con toda la cadena, corregir distorsiones. Le explicamos claramente que el sector productivo tiene un componente mínimo en la composición del precio de góndola", sostuvo Achetoni

La reunión había sido agendada por el Presidente luego de que las entidades del campo le solicitaran debatir propuestas sobre cómo estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y manifestar personalmente su rechazo ante un posible aumento de retenciones o la aplicación de cupos a la exportación de productos primarios.

La reacción del sector se produjo luego de que el Presidente planteara la posibilidad de aplicar tales medidas para evitar un traslado al consumidor del aumento del precio internacional de productos como la carne, el maíz y el trigo.

El campo salió a cruzar este lunes al humorista Dady Brieva, luego de que apuntara contra el sector y dijera que "no van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida". Fue después de que Alberto Fernández advirtiera que aplicaría una suba de las retenciones o cupos a la exportación si los productores "siguen sin entender" que los alimentos a nivel local deben venderse más baratos que en el exterior.

"Yo creo que está enduido de mucha ideología y tal vez de algo de resentimiento", sostuvo este lunes Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en diálogo con Radio con Vos. Y agregó: "Le diría a Dady Brieva que se dedique a ser artista, que es un excelente cómico y que se informe mejor cuando opina".

El integrante de Midachi ponderó que el mandatario argentino "se animó a tocar a los Dioses" y se mostró esperanzado de que no retroceda en la decisión. En declaraciones al canal América, señaló: "El problema es cuando, de alguna manera, el campo o los hacendados manejan los precios.Ahí la propiedad privada se pone entre comillas".

Frente a este pensamiento, lanzó una polémica advertencia. "En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se pone jodido para todos: para el Presidente, para los del campo y para todos los argentinos. Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?", preguntó.

Chemes indicó que no le gustan las declaraciones de Brieva "porque están cargadas de agresividad" y explicó que "hoy el país necesita tranquilidad y pacificación", por lo que consideró que este debate "no suma".

Fuente: TN