En esta primera etapa, el Plan Integral de Alumbrado Público abarcará nueve vecinales de barrio San Agustín, donde comenzó la instalación de 1.000 nuevos artefactos con tecnología LED, para avanzar con la sustitución de obsoletas lámparas de sodio.

Se intervendrán 80 vecinales para completar 16.000 luminarias LED en un plazo de dos años, completando la totalidad del alumbrado público con este sistema sostenible. El plan consta de tres etapas, de 5.000 luminarias cada una, que se suman a las 1.000 ya instaladas en lo que va de la gestión.

“Empezamos por el oeste, pero vamos a extender el programa en toda la ciudad. Las vecinales van a ir sabiendo por donde se seguirá. Hemos adquirido las primeras 5.000 luminarias y ya aplicamos las primeras 1.000. Tenemos un nuevo camión con elevador para fortalecer el equipo que tenemos en Alumbrado; van a ser cuatro cuadrillas que van a estar abocadas todos los días a poner luminaria LED en distintos puntos de la ciudad”, subrayó la intendenta Romero durante el lanzamiento del programa.

Con relación a la planificación del proyecto, agregó: “Tenemos un plan de tres etapas, de tres compras de luminarias y el año que viene también la compra de un soporte de la luminaria, porque en muchos barrios no hay columnas. En 2026 nos va a posibilitar tener colocadas las 16.000 luminarias y de aquí a abril del año que viene las primeras 5.000. Estamos muy contentos, queríamos contárselo a los vecinos, para que también nos ayuden a cuidarlas y a prevenir el delito de robo de cables”.

En este sentido, el viceintendente David Cáceres, valoró que “se ha hecho una planificación donde cada uno de los vecinos van a poder saber en qué etapa y en qué momento le va a tocar a su barrio para que lo vayan programando ante la demanda que tenemos sobre este anuncio. Estamos muy contentos que en este contexto tan complejo macroeconómico, la Municipalidad de Paraná, con fondos propios, haga una inversión millonaria”.

Acto seguido, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, detalló que “se hizo una licitación pública, se presentaron varios oferentes porque teníamos algunas cuestiones técnicas que debíamos cumplir. El objetivo es poner esas luces en todas las calles de la ciudad, generando seguridad y reducir el consumo en un 50%”.

Sobre el programa

En esta primera etapa se comenzará por San Agustín Centro y se va extendiendo a distintos lugares con la colocación de 1.000 artefactos por mes con 4 cuadrillas de trabajo, todo personal municipal

La segunda y tercera etapa del programa está pensado para lugares donde funcionan todavía lámparas colgantes o faltantes de columnas que serán instaladas por personal de alumbrado público. La tecnología LED brinda mayor visibilidad, seguridad, ahorro energético y cuidado del ambiente.

El encuentro fue en el Palacio Municipal, con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión y de fortalecer la integración del Estado municipal con el mundo. 

“Nos ha ilustrado sobre su rol, su recorrida y las posibilidades que tenemos de intercambio y de hacer cosas conjuntas vinculadas con los lazos comerciales y culturales”, subrayó Romero. 

El cónsul adjunto manifestó que la idea es “dar los primeros pasos para buscar un hermanamiento con Paraná que permita traer inversiones; el trabajo que está haciendo la Intendenta por esta ciudad es espectacular”.

“Está haciéndose la investigación. Nosotros no protegemos ninguna situación vinculada con el delito. Tenemos 12.000 hombres y mujeres en la Policía de Entre Ríos. Son hechos excepcionales y están ya sometidos a sumario, relevado de sus funciones y a la espera de una resolución”, señaló la ministra de Gobierno y Justicia consultada por la prensa en la visita que  realizó a la Unidad Penal N°9 como parte de una agenda de finalización de ciclo del gobierno de Gustavo Bordet.

Respecto al hallazgo de una camioneta de la Brigada de Abigeato de la Policía de Entre Ríos en un taller del conurbano bonaerense que se encuentra investigado por la Justicia Federal, remarcó: “Todo está sujeto a la investigación. De todos modos, las medidas disciplinarias ya se han tomado”.

El puesto caminero de Ibicuy

El jueves 23 de noviembre pasado tuvo lugar un operativo a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional en el puesto de control de la Policía de Entre Ríos ubicado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional N° 12 (Ibicuy).

Pero no fue la única medida dispuesta por el juez federal de Victoria, Federico Martin, durante aquella jornada. También se produjeron allanamientos en provincia de Buenos Aires: en lugares considerados posibles depósitos y domicilios de personas involucradas en la red policías y civiles que fue develándose a raíz de decenas de horas de escuchas telefónicas que constan en la causa.

¿Cuál es la trama de ilícitos que investiga hace más de un año la Justicia Federal? Se trata de una organización criminal presuntamente integrada por policías de Entre Ríos (quienes cumplían funciones en el puesto caminero de Ibicuy, utilizando el lugar como un desarmadero) civiles que se encargaban de retirar las autopartes de los vehículos retenidos (uno de ellos presta servicios a la comisaría de Ibicuy y otros dos son oriundos de la provincia de Buenos Aires) y un efectivo retirado de una fuerza federal, quienes habrían cometido por un tiempo aún indeterminado delitos contra la propiedad, cohecho (sobornos), tráfico ilegal de autopartes, y malversación de los recursos públicos, entre otros ilícitos que forman parte de la investigación en curso.

Según pudo confirmar Radio 2820 durante la tarde del mismo jueves en el que se llevaron a cabo los diferentes operativos, se secuestraron alrededor de 60 vehículos, que fueron pesquisados y en los que se encontraron faltantes significativas confirmando la hipótesis judicial respecto al funcionamiento de un desarmadero en el puesto caminero.

La camioneta

También fue allanado el taller mecánico en provincia de Buenos Aires, donde presuntamente se realizaban la extracción de las autopartes en el marco de la red establecida con el resto de los integrantes de la banda. En el mencionado taller se encontró una camioneta de la Policía de Entre Ríos -propiedad de la Brigada de Abigeato-que fue secuestrada por Gendarmería Nacional y que se encuentra a resguardo en el destacamento interviniente.

Según pudo confirmar este portal, en el domicilio de uno de los mecánicos se encontró “un pequeño arsenal”, por lo que fue detenido luego de haber sido indagado por los hechos imputados.

Pero no deja de ser inquietante el dato de la camioneta de la Policía de Entre Ríos: ¿Qué hacía en un taller mecánico investigado en el marco de una causa federal por cohecho y venta ilegal de autopartes -entre otros delitos- en la que se encuentran implicados -e imputados, pese a la comunicación oficial de la Jefatura de la Policía de Entre Ríos- en una presunta organización criminal?

Fuentes policiales confirmaron a Radio 2820 que el mismo jueves el jefe de Policía de Entre Ríos -Gustavo Maslein- recibió un exhorto judicial en el que se le requirió información respecto a los motivos por los cuales la camioneta de Abigeato se encontraba en el taller mecánico de provincia de Buenos Aires. La respuesta habría sido, palabras más palabras menos, “la camioneta estaba en espera para ser reparada”. Lo que lejos de explicar la extraña situación, suma aún mayor desconcierto: ¿Acaso no existen talleres mecánicos que pudieran reparar el desperfecto que tuviera el vehículo? ¿Justo está en la fila de espera en un taller que forma parte de una investigación judicial por una catarata de delitos? Seguramente las respuestas a estas preguntas serán develadas conforme avance la causa.

Por lo pronto la situación procesal de Cristian Omar Villanueva y Luis Armando Zabala, jefe y sub jefe del puesto caminero está sujeta a las próximas decisiones que tome el magistrado interviniente, quien por lo pronto, dispuso que la investigación se encuentre bajo secreto de sumario. Desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de Entre Ríos informaron oportunamente que se dio intervención a Asuntos Internos y se inició el correspondiente sumario a los mencionados policías.

El origen

Las medidas dispuestas fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal a raíz del material que se desprende de la investigación en la que se desarticuló a una organización regenteada por Vicente Teodoro Pineda, alias Tigre, “que tenía su base de operaciones en el partido bonaerense de Moreno y había extendido su zona de influencia hacia la provincia de Entre Ríos, como proveedor de cocaína y marihuana a pequeñas estructuras -incluso un puesto de venta en una unidad penal- y con su propio negocio minorista”, según se reveló a fines de octubre en el sitio Página Judicial.

De la mencionada instrucción surgieron caminos adyacentes que condujeron a policías de distintas reparticiones de la provincia. Se recopilaron pruebas, testimonios y decenas de horas de escuchas telefónicas muy comprometedoras y que configuran varios tipos delictivos.

La causa de Pineda

El “Tigre” Pineda tenía distintos mecanismos de distribución de cocaína y marihuana a distintas personas, que luego vendían la droga en kioscos de narcomenudeo en las localidades de Gualeguay y Gualeguaychú. A su vez, era dueño de la estación de servicios La Posta, en calle Urquiza 2467 de Gualeguaychú, que funcionaba como una pantalla para la venta minorista de estupefacientes.

La estructura tenía una sofisticada organización: Pineda estaba en la punta de la pirámide, como el encargado de proveer la droga desde la provincia de Buenos Aires; a su vez, los empleados de la estación de servicios colaboraban en la administración del negocio en la provincia con roles específicos, ya que uno de ellos se encargaba de recaudar el dinero para entregárselo al jefe y otro atendía el minimercado en el que además de gaseosas y comestibles se vendían estupefacientes, del mismo modo que el lavadero no era un lugar solo de aseo de vehículos. Había también quien se encargaba de recibir la droga; los acopiadores, que eran también fraccionadores; y los distribuidores para la venta al menudeo o reventa.

Una estructura independiente, en tanto, le compraba drogas a Pineda y las revendía en la unidad penal de Gualeguay, adonde eran introducidas a través de los más ingeniosos mecanismos, según se ha podido determinar. Esta situación también abre otra sospecha entre los investigadores respecto de la intervención de agentes penitenciarios.

La esposa de Pineda era la encargada de recaudar el dinero de la venta de drogas, para luego entregárselo al Tigre. El dinero era introducido en el circuito legal a través de transacciones, que incluían la compra de terrenos, vehículos y un esquema clandestino de préstamos. La pantalla del lavado era la estación de servicios.

Con la participación del jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, se exhibió una camioneta Toyota Hilux incautada por la fuerza provincial en un operativo de combate al narcomenudeo y que, en función de la ley con la que cuenta Entre Ríos en esa materia, hoy forma parte de la flota de vehículos del 911 de Paraná.Además, en el marco de la Ley de Narcomenudeo de la provincia, se realizaron entre 2018 y julio del 2023, 1.611 procedimientos en los cuales fueron detenidas 1.839 personas, se incautaron 62,2 kilos de estupefacientes; se secuestraron 244 autos, 232 motos, 827 celulares, 453 computadoras y 121 armas.“La seguridad es un eje central en la Entre Ríos que viene”, ratificó Bordet acompañado por la ministra de Gobierno, Rosario Romero y por el Jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein.Asimismo, remarcó que “hemos logrado una policía muy profesionalizada, que respeta las garantías de las y los ciudadanos y resuelve rápidamente los casos que se presentan”.El mandatario entrerriano también destacó que “en materia de prevención, hicimos inversiones importantísimas, tanto en compras de vehículos, como de equipamiento y en capacitaciones para el personal. La profesionalización que tiene hoy la Policía de Entre Ríos es un ejemplo en Argentina”.Por otra parte, afirmó que “tener una ministra como Rosario (Romero) en materia de seguridad es un plus para Entre Ríos y para las y los paranaenses”, valoró su “visión en torno a la prevención del delito”, y enumeró las acciones impulsadas por el Ministerio de Gobierno, “como este 911, que cuenta con cámaras instaladas en todo el conglomerado de Paraná, es decir la ciudad pero también Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull. Eso hace que haya un sistema de seguridad integrado”.Consultado sobre expresiones de la oposición respecto a este tema, el mandatario advirtió que "hablar es siempre fácil y resulta gratuito. El tema es que hay que trabajar. Nosotros hace siete años y nueve meses que trabajamos todos los días para resolver los problemas de seguridad, de salud, de educación”.Finalmente, indicó que en Paraná “para mejorar, por ejemplo, las condiciones de seguridad tiene que hacerlo alguien que tenga experiencia, que esté comprometida y conozca esta ciudad mejor que nadie”.En ese sentido, Rosario Romero destacó “los avances en el sistema de seguridad de la provincia”. “Tenemos 2.775 cámaras funcionando en distintos puntos de la provincia, a las que se suman las 300 cámaras del 911 de Paraná y hay otras 100 ya para instalar de aquí a noviembre. Solamente faltan algunos detalles técnicos para que existan 400 cámaras en el área metropolitana Paraná y las ciudades que la rodean”, enumeró.“Por otra parte, quiero destacar la adhesión de la provincia de Entre Ríos, que por decisión del gobernador se hizo en 2018, al sistema de investigación del narcomenudeo. El otro día escuchaba que la vicegobernadora electa de Santa Fe dijo que la primera ley que iban a mandar era la de investigación del narcomenudeo, y nuestra provincia la tiene desde 2018, y por esa decisión nosotros hemos tenido 1.839 personas detenidas y 1.611 procedimientos de la justicia provincial, sin contar los procedimientos de la justicia federal que siguen su curso”.“Además, hemos incautado mucha cantidad de kilos de sustancias prohibidas y recuperamos bienes que vienen a la policía, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social. Uno de ellos estamos mostrando hoy: una camioneta Hilux que fue secuestrada en mayo de 2018 a un narcotraficante de la zona que fue detenido con motivo de un procedimiento. Y así ha seguido el curso de la aplicación de esa ley tan valiosa de narcomenudeo”, indicó Rosario Romero.Por su parte, el jefe de Policía, Gustavo Maslein dijo que las cámaras de seguridad en materia de investigación y prevención en Entre Ríos "son muy importantes porque monitorean las 24 horas", y en lo que refiere a investigación puntualmente, el registro de las cámaras "es una prueba muy importante" cuando se requiere para el esclarecimiento de un hecho delictivo, previa autorización de fiscal y de oficio.

Videovigilancia en toda la provinciaPor otra parte, este año se entregaron 50 nuevos aportes en el marco del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), los cuales se destinaron a municipios y comunas para ser invertidos en equipamientos de seguridad y videovigilancia. Desde el 2020 a la fecha, a través de esta política, se destinaron más de 130 millones de pesos a 107 municipios y comunas.En toda la provincia se han instalado 2.700 cámaras bajo un sistema de monitoreo específico que permitirá generar en un futuro una red provincial de seguridad.

En los procedimientos resultaron 16 personas detenidas y fueron incautados diversos bienes.La titular de la cartera de Gobierno y Justicia destacó la labor de personal policial de la Dirección de Toxicología, jefatura departamental de Gualeguay, quienes desarrollaron durante varios meses un proceso investigativo por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con conocimiento del Juzgado Federal de la ciudad de Victoria. Además, la Ministra destacó la relevancia de las medidas dispuestas por el Juzgado Federal en torno al seguimiento de los bienes utilizados por los narcotraficantes.Se llevaron a cabo 17 procedimientos para desarticular una organización narco-criminal en las ciudades de Gualeguay, Merlo y Morón. Lugares donde se concretaron requisas vehiculares, allanamientos de diferentes domicilios y residencias, que arrojó la detención de 16 personas mayores de edad y 30 personas identificadas en relación al proceso investigativo.Además se secuestró más un kilogramo de cocaína, tres kilogramos de marihuana, plantas de Cannabis Sativa, millonaria suma de dinero en efectivo, seis vehículos de diferentes marcas y modelos, aparatos telefónicos; armas de fuego con cartuchería; una motocicleta; balanzas digitales; documentación, soportes de almacenamiento informático, elementos de fraccionamientos, entre otros objetos, los cuales fueron puesto a disposición de la Justicia Federal. 

Con la presencia del coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, la titular de la cartera de Gobierno y Justicia recibió en su despacho al diputado Nestor Loggio e integrantes de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos, entre las cuales se encontraban de manera presencial y virtual la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay, Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER); Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; Agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná; Agrupación H.I.J.O.S. Regional Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia y de Concepción del Uruguay; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Asociación de Ex Presos La Solapa de Paraná; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay y Memoria Colectiva Villaguay.

Se acordó un texto que reúne las posturas de todos los organismos para la puesta en funcionamiento del Comité Contra la Tortura en Entre Ríos. “Fue una reunión excelente a partir de una decisión política del gobernador, Gustavo Bordet, de poner en marcha el Mecanismo Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia de Entre Ríos”, mencionó el diputado Loggio.

En este marco, agregó: “Para esto había necesariamente que reformular la ley 10.563 para poder hacerla efectiva, y despues de mucho diálogo con la Ministra y los organismos de derechos humanos consensuamos un texto que va a ser girado a las cámaras de Diputados y Senadores para que sea tratado próximamente. El Gobernador tiene como expectativa que el 24 de marzo esta Ley esté vigente y el Mecanismo Contra la Tortura empiece a funcionar en la provincia”.

El coordinador del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeikens sostuvo: “Entre todas las organizaciones que integran el Rodher venimos trabajando para la puesta en funcionamiento de este Mecanismo que es fundamental en estos 40 años de democracia. No solo es un compromiso asumido por nuestro país a nivel internacional, sino que es un compromiso asumido hoy por el gobierno provincial de la mano de los organismos de DDHH. Creo que finalmente vamos a poder llegar a buen puerto y tener este organismo que tanto hace falta”.

En cuanto a la conformación que tendrá el Comité, Boeikens mencionó: “Va a estar integrado por tres legisladores, dos por la mayoría y uno por la minoría, un miembro ejecutivo representante de la Subsecretaría de ddhh, dos miembros de la sociedad civil vinculados a la defensa y tutela de los DDHH y un secretario ejecutivo elegido por ese Comité. Van a ser 6 integrantes con paridad de género. Creemos que es un buen número para llevar adelante esta importante tarea y que va a requerir mucho trabajo”.

Por su parte, un integrante de la Asociación Civil La Solapa, Manuel Ramat, mencionó: “fue un avance interesante porque además participaron compañeras y compañeros del interior que también han trabajado en este tema. Pudimos ponernos de acuerdo y lograr un avance fundamental que esperemos sea sancionado y que pueda ser un gesto, además del compromiso, y que salga antes del 24 de marzo”.

La abogada querellante en causas de Lesa Humanidad y Violencia Institucional, Lucía Tejera quién además integra el Rodher, destacó: “Para nosotros es un avance sumamente importante porque la Ley se sancionó en 2017 con el voto unánime de todas las fuerzas políticas y sin embargo tuvimos marchas y contramarchas en todo este tiempo. Este paso, esta reunión y voluntad política que muestra el Gobierno de Entre Ríos lo celebraremos, que viene en consonancia con lo que nosotros venimos pidiendo. Logramos llegar a un consenso para que se pueda poner en marcha el Comité, una herramienta que consideramos esencial para el fortalecimiento democrático”.

A través de los decretos N°2586 y N°2943 el gobierno provincial resolvió reconocer a 40 centros rurales de población como territorios de 30 nuevas comunas que se encuentran unificadas de dos o más centros rurales que comparten distrito.La ministra Romero estuvo presente en tres de los cinco actos que se desarrollaron este lunes en el marco de la asunción de las nuevas autoridades de comunas y tomó juramento a los presidentes comunales comisionados de Antonio Tomás, Edgardo Minchiotti; de Santa Rosa, Diego Jacob; y de San Rafael, Roxana Toloy. También, asumieron sus funciones los presidentes de Don Cristobal I, Carlos Ostorero; y de Puerto Algarrobo, Félix Agustín Gonzalez.Participaron de los actos el senador por Paraná, Juan Carlos Kloss; los diputados Gustavo Zavallo y Julián Maneiro; el secretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer; el subdirector de Juntas de Gobierno, Nicolás Wendler; intendentes de otras localidades y funcionarios provinciales y nacionales.“En la gestión anterior del gobernador Gustavo Bordet pasaron 53 juntas de gobierno a comunas. Durante este año se dictaron decretos ratificados por Ley que crean estas nuevas 30 comunas que hoy empezaron a funcionar en Entre Ríos”, explicó Romero.En este marco, sostuvo: “El pase de juntas de gobierno a comunas les da a los pueblos entrerrianos más autonomía y mayores ingresos, lo que traerá beneficios a la comunidad ya que pueden contratar obras, dictar ordenanzas y ejecutar presupuestos”.

Ambos ministros aprovecharon el encuentro para dialogar sobre el avance de las obras de infraestructura que se vienen llevando a cabo en Unidad Penal 9 “Granja Penal El Potrero” de Gualeguaychú y el inminente cierre de la cárcel más antigua de la provincia, enclavada en el centro de esa ciudad; actos que se realizarán la segunda quincena de diciembre y a los que el ministro nacional confirmó su presencia.Vale recordar que a inicios de semana, Romero estuvo en Gualeguaychú ultimando detalles del traslado de los internos de la UP2 tanto a la UP9 como a otros destinos de la provincia, de manera de poder concretar el cierre de la cárcel de Gualeguaychú que fue anunciado por el gobernador Gustavo Bordet durante la Asamblea Legislativa de este año.

Otro de los temas del encuentro fue el funcionamiento y marcha de los dispositivos de vigilancia electrónica para casos de violencia de género, conocidos como “pulseras duales”. Al respecto, a través de la firma de un convenio entre ambos Ministerios en octubre pasado, la cartera nacional de Justicia duplicó la cantidad de pulseras duales a disposición de Entre Ríos. 

Un total de 18 mujeres y 54 varones obtuvieron el título de técnico superior en Seguridad Pública.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, presidió el acto, junto al jefe de Policía, Gustavo Maslein; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina; el intendente de Paraná, Adán Bahl; la senadora por Federal, Nancy Miranda; el subjefe de la Policía, Alejandro Lauman, y el director de Institutos Policiales, Claudio González. Durante la ceremonia se realizó la entrega de sables réplicas a comisarios generales de la Policía de Entre Ríos.“La promoción que recibió hoy el título de Técnico Superior en Seguridad Pública, representan un aporte fundamental en materia de Seguridad para la Provincia”, subrayó la ministra Romero durante el acto y agregó: “Estos hombres y mujeres que hoy egresan, han demostrado, durante estos años, su alta capacitación y profesionalización que les permiten ser parte de la familia policial entrerriana”.“La formación de nuestra Policía es reconocida por su excelencia, tecnología y capacitación constante” sostuvo al tiempo que felicitó a los 72 nuevos oficiales por este logro. 

En la tarde del lunes la titular de la cartera de Gobierno inauguró nuevas obras. Se trata de una casa de entrenamiento policial para prácticas de operaciones en espacios cerrados, una sala similar al Sistema de Emergencias 911 para la formación de agentes en situaciones de emergencia y monitoreo; y un área de Desarrollo Tecnológico Educativo que cuenta con simuladores de vehículo patrulla policial, motocicleta policial y polígono de tiro en realidad virtual. ALa ministra celebró los avances edilicios y académicos para Institutos Policiales y destacó la importancia de tener buenas instalaciones para la formación profesional. 

“La formación de oficiales, agentes y licenciados de la Policía de Entre Ríos se destaca en el país y cada vez que recorro las diferentes escuelas encuentro más avances en cuanto a recursos tecnológicos, de conocimiento y a entrenamientos especiales de acuerdo a los diferentes tipos de delito”, sostuvo.En cuanto a su visita por la Dirección, mencionó: “Pudimos ver cómo se trabaja en lo cotidiano con los cadetes que hacen su formación en la institución, así como también los avances en incorporación tecnológica para los procesos de capacitación, que hacen a que nuestra formación sea cada vez mejor”. 

La ceremonia se realizó ayer miércoles en la Sala Antequeda, de Paraná, donde los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura juraron.

Juraron como consejeros titulares: doctor Álvaro Gastón Piérola (AMFJER); doctora María Elena Luchesi (AJER); doctor Juan Pablo Filipuzzi (UADER); doctor Alejandro César Caudis (UNER); doctor Yamil Amad Bechir (UCU); Edgardo Oneto (ONG - CPCEER) y Verónica Samek (ONG - Asociación Olímpica Especial).En tanto, los consejeros que juraron como suplentes fueron: doctora María Victoria Federik (AMFJER); doctor Hugo Rubén González Elías (AMFJER); doctor Héctor Darío López Benítez (AJER); doctora Silvia Estela Marrama (UADER); doctora Elena Beatriz Albornoz (UNER); María Angélica Pivas (UCU); Analía Matas (ONG - AGDU) y Lía Silvina Vismara (ONG - LEADI).

El Consejo de la Magistratura es un órgano que hoy está en la Constitución de Entre Ríos y que funciona como asesor del gobernador en los procesos de designación de los funcionarios judiciales.

En este marco, la Ministra Romero detalló: “Es una labor muy importante que busca la excelencia y también busca un perfil de jueces involucrados en la sociedad donde viven. Comprometidos con el quehacer judicial y en el impartir justicia, en los casos que se presentan para su consideración. En el caso del Ministerio Público de la Acusación de la investigación y, en el caso de la Defensa, el de hacer por aquellos sectores más desprotegidos la labor que el Estado les prevé específicamente”. 

Con una amplia convocatoria de funcionarios judiciales, ejecutivos, legislativos y magistrados se llevó adelante un nuevo encuentro del Congreso Argentino de Justicia Constitucional, que tuvo lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre en el Centro de Convenciones Provincial Fórum de Santiago del Estero.La temática abordada en este encuentro fue el amparo como Herramienta de Protección Constitucional y Convencional. La titular de la cartera de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, disertó sobre este tema y formó parte del panel de cierre de las jornadas.“Las conclusiones fueron verdaderamente valiosas, referidas a los derechos fundamentales de las personas. Entiendo que sirven no solo a la función pública, sino que nutren a quienes forman parte de los estrados judiciales que tienen que resolver cuestiones constitucionales y también a quienes estamos en labor ejecutiva”, sostuvo Romero.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, estuvo el fin de semana en la 2° Fiesta de la Torta Frita y el Mate Cocido, realizada en Villa Clara, En su visita, entregó un aporte al intendente en funciones, Marcelo Alvarez, para la adquisición de equipamientos de videovigilancia.En este marco, la ministra Romero entregó al municipio un aporte por 400.000 pesos, a través del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose), para la adquisición de equipamientos de videovigilancia. Este aporte se suma a los cuatro que se entregaron esta semana para la adquisición de equipamientos de Videovigilancia a municipios y comunas de la provincia."Es un gusto participar de las fiestas de nuestra provincia y sobre todo poder cumplir con nuestro deber y poder traer aportes para fortalecer la seguridad de Villa Clara. Sé cómo trabajó esta gestión en medio de la pandemia y cómo cuidan su lugar así que más cámaras de seguridad hacen un valor de seguridad urbana que nos importa preservar", destacó la ministra Romero.

En el marco de los programas Juntas y Comunas a la Obra, 1000 Evitas, Construyendo Comunidad y subsidios del Ministerio de Gobierno y Justicia, se otorgaron aportes a Juntas, Comunas e Instituciones de los departamentos Paraná, Diamante, Uruguay, Federación, Feliciano, Tala, Concordia, Gualeguaychú, Nogoyá, La Paz, Villaguay y Gualeguay.

La titular de la cartera de Gobierno y Justicia destacó la labor de las organizaciones sociales “que complementan el trabajo del Estado estimulando el deporte, la educación y la salud”, subrayó.

“Es una política del Gobierno que encabeza el gobernador Gustavo Bordet que, a través de los distintos Ministerios, confía en nuestras instituciones para que ellos ejecuten finalidades en las que está involucrado el Estado pero también la comunidad que se organiza. Hoy son algo más de 20 millones de pesos los que se destinaron a distintas Instituciones que lo usan con toda responsabilidad y luego lo rinden al Tribunal de Cuentas”, informó Romero.

Estuvieron presentes en el acto de entrega la senadora por Nogoyá, Flavia Maidana y los senadores por Uruguay, Horacio Amavet y Gualeguaychú, Jorge Maradey; la diputada Carina Ramos y los diputados, Gustavo Zavallo, Jorge Cáceres y Leonardo Silva; el secretario de Asuntos Municipales, Fabián Flores; el subsecretario de Comunas, Mariano Nuñez; el director de Juntas de Gobierno, José Bantar y la coordinadora adjunta de Subsidios y Aportes, Verónica Alloatti.

Aportes

Las instituciones que recibieron aportes por parte de la Coordinación General de Subsidios son Club Empleados Telefónicos de Entre Ríos de la ciudad de Paraná; Club Atlético Talleres de la ciudad de Paraná; Asociación Civil Los Chisperos de la ciudad de Viale; Municipalidad de El Pingo; Junta de Gobierno de Aldea San Rafael; Junta de Gobierno de Isletas; Asociación Mutual Socios del Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento y Municipalidad de Villa del Rosario.

“Comenzamos hace varios años con el merendero Micaela Garcia y vimos que para poder llevar adelante distintos proyectos lo mejor era constituirnos como Asociación. El año pasado pudimos recibir un aporte gracias a eso que nos permitió abrir una pequeña escuela deportiva”, explicó la presidenta de la Asociación Civil Los Chisperos, Romina Sanabria.

En este sentido, remarcó: “El acompañamiento del ejecutivo y los legisladores es muy importante ya que son el puente entre instituciones y el Estado. Estamos muy agradecidos con todo eso que nos va a permitir seguir trabajando para la comunidad”.

Desde el programa Juntas a la Obra, que está orientado a la realización de pequeñas obras en las poblaciones rurales, se destinaron fondo por un total de 15.945.271 a las Juntas y Comunas de Estación Sosa, Aldea Santa Rosa, Arroyo Maturrango, Laguna Benitez, Durazno, Estación Yuquerí, Costa Uruguay Sur, Isletas, ,Don Cristóbal Primero, Estación Camps, Arroyo Burgos y Colonia Carrasco.

El presidente de Estación Camps, Luis Rivero, recibió un aporte para la compra de un aire acondicionado para el salón de usos múltiples de la localidad. “Nosotros trabajamos mucho con los legisladores del departamento, Claudia Gieco y Jorge Cáceres, que nos ayudan a tramitar los pedidos. También, desde el Ministerio de Gobierno y Justicia que periódicamente nos están ayudando”, mencionó.

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y la decana de la Facultad, Daniela Dans, firmaron el martes un convenio que permitirá desarrollar un sistema on line para carga de crédito, consultas in visu según el crédito disponible y auditar dichas consultas.“Estar vinculados con el conocimiento a través de las Universidades hace que las gestiones de gobierno sean más eficaces, con menos errores y con una respuesta hacia la comunidad que es muy necesaria”, destacó la ministra Romero al término de la rúbrica.

Con un plazo estimado de cuatro meses, el sistema desarrollado por la Facultad se ajustará, a su vez, al sistema que ya posee la Dirección General de Informática de la Provincia de Entre Ríos. 

El mismo estará orientado a facilitar a los profesionales autorizados por la Dirección y/o Ministerio a obtener una copia digital del folio real requerido. 

El edificio de la UP2 en Gualeguaychú será destinado a oficinas públicas y espacio de recreación.

“Tenemos el propósito de concretar esta decisión del Gobernador Bordet de cerrar la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, una de las más antiguas del país. Desde el Gobierno Provincial vamos en un camino de construcción de nuevos pabellones en la Unidad Granja El Potrero y tenemos otra construcción en la ciudad de Federal, donde se reubicarán los internos”, explicó la ministra Romero.En relación al destino de la UP N°2, sostuvo: “El camino que vamos a hacer progresivamente es que en el enclave actual Unidad Penal de Gualeguaychú, que funcione una parte un espacio público y otra destinada a un centro cívico para funcionamiento de oficinas del Estado Provincial”."La cárcel se va a cerrar por completo, la parte de la vieja estructura va a quedar para la provincia para que funcionen oficinas públicas como un centro cívico y una parte va a quedar para paseo público y espacio de recreación", indicó la ministra Romero.

Estuvieron presentes el senador Jorge Maradey, la diputada Mariana Farfán, funcionarios municipales y la delegada de la zonal de Arquitectura, Leticia Bogliolo, entre otros.“Tenemos el propósito de concretar esta decisión del Gobernador Bordet de cerrar la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, una de las más antiguas del país. Desde el Gobierno Provincial vamos en un camino de construcción de nuevos pabellones en la Unidad Granja El Potrero y tenemos otra construcción en la ciudad de Federal, donde se reubicarán los internos”, explicó la ministra Romero.En relación al destino de la UP N°2, sostuvo: “El camino que vamos a hacer progresivamente es que en el enclave actual Unidad Penal de Gualeguaychú, que funcione una parte un espacio público y otra destinada a un centro cívico para funcionamiento de oficinas del Estado Provincial”."La cárcel se va a cerrar por completo, la parte de la vieja estructura va a quedar para la provincia para que funcionen oficinas públicas como un centro cívico y una parte va a quedar para paseo público y espacio de recreación", indicó la ministra Romero.En este marco, el intendente Piaggio destacó: “En poco tiempo vamos a cerrar la UP 2, que nos da la posibilidad de revalorizar la zona, crear una nueva centralidad para nuestra ciudad, un sitio de encuentro y trabajo”, para luego concluir “Vamos a rescatar este patrimonio de nuestra ciudad y abrirlo, convertirlo en un espacio público temático, un centro cívico”El senador Jorge Maradey, subrayó la importancia de trabajar en conjunto entre la provincia y el municipio "para encontrar el mejor destino para el edificio histórico de la Unidad Penal 2" y agregó: "Analizamos distintas propuestas, la idea principal sería trasladar a los internos y transformar ese espacio en un lugar abierto a la comunidad"."Cabe destacar el gran trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Gobierno, para avanzar con el traslado de la Unidad Penal Nº2, tanto ampliando la Unidad Penal Nº9 que podría alojar a algunos internos, como coordinando con la gestión municipal y los organismos de DDHH futuros proyectos en el espacio, preservando este histórico y significativo edificio. Es una satisfacción enorme como gestión y para la comunidad que comiencen a ser realidad", mencionó, por su parte, la diputada Mariana Farfán.En este sentido, agregó: "Quiero destacar la decisión política de nuestro gobernador Bordet, la ministra Romero y el intendente Piaggio, de transformar este espacio público, y ponerlo a disposición de todos los y las vecinas con una nueva funcionalidad, dando así respuesta a una demanda histórica".

Lo hizo en el marco de la reunión plenaria del Consejo Federal de Justicia (Cofejus), que estuvo presidida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

En la reunión se suscribieron convenios con Nación con el fin de reforzar los sistemas de justicia y seguridad en la provincia. La titular de la cartera de Gobierno y Justicia participó, junto a la secretaria de Justicia, Adriana Pérez.

En el encuentro, desarrollado en el Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, se anunciaron políticas tendientes a optimizar el funcionamiento de los sistemas de justicia y se firmaron convenios de colaboración con todas las provincias.

En este marco, la ministra Romero rubricó dos convenios: uno destinado a la adquisición de 200 nuevas tobilleras electrónicas para el Servicio Penitenciario y otro por el cual el Patronato de Liberado recibe un aporte de 1.054.643,93 pesos para fines específicos de la Dirección, relacionados a la tutela de liberados.

“Solicitamos, además, mayor cantidad de dispositivos duales para libertades asistidas. Estos dispositivos son utilizados en causas de violencia de género y familiar”, explicó la Ministra.

La agenda de trabajo del Consejo Federal versó sobre el Programa de patrocinio jurídico y acompañamiento integral a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual (PatrocinAR) y la presentación del Primer Mapa Federal Interactivo de recursos para víctimas de violencia y delitos graves (AyudAR).

Además, se expusieron los registros de Datos Genéricos Vinculados a delitos contra la integridad sexual y las Políticas de Control de armas de fuego y materiales controlados. (APF

En este marco, el Senador Provincial por el Departamento Gualeguay, Ingeniero Francisco Morchio, estuvo presente y afirmo que “la seguridad nos ocupa”.

Ante esto sostuvo “Junto a la Presidente Municipal Veronica Berisso recibimos la visita de la Ministra de Gobierno y Justicia Rosario Romero para trabajar en políticas de seguridad para Gualeguay”

Comentando que “En dicha ocasión se hizo entrega del convenio a través del cual el gobierno provincial brindará cámaras de monitoreo para mejorar la seguridad en la vía pública de nuestros vecinos”

“Asimismo se abordaron temas relacionados a la prevención y sanción de los delitos, a partir del trabajo conjunto de todas las áreas involucradas, entre ellos los funcionarios judiciales y policiales”, culminó

Asimismo, se hizo entrega al municipio de un aporte para la adquisición de nuevos equipamientos de videovigilancia.

Durante el encuentro se abordaron temas relacionados a la prevención y sanción de los delitos, a partir del trabajo conjunto de todas las áreas involucradas.

En ese marco, El Debate Pregón dialogó con la ministra, quien explicó: “Esto es una continuidad de una reunión de trabajo que tuvimos en febrero motivada por una preocupación de un crimen que había ocurrido a principios del año, después ocurrió otro homicidio más, por lo que consideramos que era necesario que todas estas áreas que hoy están acá del estado local y provincial, la policía de Entre Ríos, fiscalía, los concejales y legisladores estén en esta reunión aportando lo suyo”.

“Es una reunión de trabajo en la que va a participar también vía videoconferencia el Sedronar porque queremos fortalecer todo lo que sea tratamiento de adicciones, recuperación de los chicos en la escuela, por esto está el presidente del CGE y  el Copnaf que trae una propuesta especial de fortalecimiento de la labor con instituciones intermedias. Todo esto completa un trabajo conjunto de los estados para prevenir el delito”, añadió.

Y continuó: “También le vamos a entregar a la presidenta municipal un aporte para más cámaras de video vigilancia en la ciudad en un convenio que hemos hecho con el municipio por el cual la provincia aporta un dinero para la compra y la municipalidad se compromete a instalarlas y a colaborar en el mantenimiento de las mismas en el centro de monitoreo que ya existe”.

En tanto, evaluó respecto a la problemática de la inseguridad: “El consumo (de estupefacientes) es una de las problemáticas, quizás la falta de trabajo, alguna situación de vulnerabilidad en lo económico o familiar, el chico que se va de la escuela y no lo detectamos que se fue del sistema educativo que es fortalecedor de vínculos con la comunidad y es un modo de integración muy bueno, por eso hoy estamos todos para analizar las situaciones y entre todos poner nuestro esfuerzo para cohesionar la prevención del delito, porque el delito nos preocupa cuando ocurre, pero en realidad se inicia en otras situaciones sociales, económicas, de abandono de la escuela, de falta de proyecto de vida sobre las cuales hay que trabajar”.

En otro orden, respecto a la incorporación de más efectivos policiales a la fuerza, señaló: “Tenemos muchos aspirantes, no tantos cargos como quisiéramos pero el gobernador este año va a analizar la posibilidad de crear más cargos en la policía y justamente esto que hacemos de brindar aportes para video vigilancia es también fortalecer la presencia de la policía en las calles”,

En cuanto al proyecto de construcción de la Comisaría Tercera en nuestra ciudad, expresó: “Lo estamos solucionando ya, eso lo hablé con el Escribano Mayor de Gobierno el problema del terreno y solucionado eso ya estaremos en condiciones de licitar la obra”.