Los senadores nacionales pasarán a cobrar más de 13 millones de pesos brutos tras el nuevo acuerdo paritario alcanzado entre los gremios con representación en el Congreso y las autoridades de ambas cámaras legislativas. El nuevo acuerdo firmado por UPCN, ATE y APL establece cuatro aumentos mensuales hasta fin de año: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, lo que arroja un incremento acumulado del 6,98%.

La suba se explica por el mecanismo del "enganche", aprobado por los propios senadores en abril de 2024, que vinculó de manera automática sus dietas con las remuneraciones de los trabajadores del Congreso. Por eso, cada vez que se actualiza el salario de los empleados legislativos, el ajuste se traslada de forma directa a los ingresos de los senadores.

Con la aplicación completa de la paritaria, los senadores percibirán un monto bruto de $13.115.760 correspondiente a diciembre, que se cobrará recién durante los primeros días de enero. Actualmente, los ingresos brutos de los integrantes de la Cámara alta rondan los $12.260.000, por lo que la actualización representará una diferencia cercana a los $856.000 mensuales una vez completados todos los tramos.

El monto surge de multiplicar los 4.000 módulos establecidos para las dietas legislativas por el valor que tendrá cada unidad tras aplicarse los cuatro incrementos acordados: $3.278,94.

Dio inicio esta mañana la primera de las dos jornadas de paro de 48 horas dispuestas por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). La medida, que unifica el reclamo con el paro del sector universitario nacional, busca visibilizar el severo deterioro de los ingresos de los trabajadores de la educación y exigir al gobierno provincial una propuesta concreta de recomposición.

A través de un duro comunicado de la Comisión Directiva Central, desde el sindicato remarcaron la gravedad del escenario actual: "Las y los docentes atravesamos una profunda crisis económica. La pérdida salarial alcanza el 16,1% frente a la inflación sólo si tomamos de diciembre de 2025 a julio de 2026. El gobierno de Frigerio, a casi 3 años de gestión, sigue en deuda con la docencia entrerriana y, por el contrario, elige confrontar y atacar: salud, jubilaciones, comedores, se preocupa por estigmatizar a la docencia toda y allí gasta fortunas en operaciones mediáticas como a las que hemos asistido estas últimas semanas, en lugar de priorizar el salario docente como lo prometió en su campaña".

El documento sindical remarca que la situación volvió insostenible el día a día en las escuelas. "Ante esta situación, es urgente una recomposición salarial real, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. El paro de 48 horas expresa el reclamo y la necesidad de respuestas concretas. No se pueden seguir permitiendo mentiras sobre el último aumento: en julio fue apenas del 3%, no hay otro aumento con haberes de agosto y en lo que va del año sólo un 6,6% con una inflación del 22,7%", detallaron.

Asimismo, desde la dirigencia docente enfatizaron la exigencia de responsabilidad institucional. "Frente al hambre y la crisis, exigimos RESPONSABILIDAD. El salario docente debe discutirse en el ámbito correspondiente, con propuestas que permitan recuperar lo perdido frente a la inflación y un proceso de blanqueo de montos en negro que afectan a las y los jubilados, destruyen la obra social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones", advirtieron, al tiempo que rechazaron cualquier medida que avance sobre las garantías constitucionales.

La medida provincial coincide además con la huelga del ámbito universitario: "Hermanamos, a su vez, nuestras 48 hs. de paro con las que llevarán adelante las comunidades universitarias del país por los más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento universitario. Pese a los fallos de la Corte Suprema que obligan al gobierno nacional a hacerla efectiva, los fondos siguen sin aparecer dejando, entre otras cosas, a las y los docentes con un sueldo que ya perdió aproximadamente un tercio de su poder adquisitivo. Salarios, funcionamiento y becas… todo en riesgo ante un gobierno que no escucha. La docencia necesita RESPUESTAS, no discursos. Recomposición salarial ya. Paritaria urgente", concluye el comunicado.

"Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir"

La dimensión social del conflicto fue retratada con crudeza por el secretario general de AGMER, Abel Antivero, quien abordó la realidad cotidiana que atraviesan los educadores en los establecimientos de la provincia.

Antivero graficó la crisis señalando que la falta de respuestas salariales ha derivado en un incremento notable del pluriempleo e informalidad comercial entre los docentes. “Hagan el ejercicio a cualquier docente de mirar la agenda de contactos en las redes sociales y van a encontrar un docente que está vendiendo algo”, expresó el dirigente, refiriéndose a la venta de alimentos, indumentaria y diversos emprendimientos particulares a los que deben recurrir para complementar ingresos. “Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir”, remarcó.

El secretario general describió como “totalmente desesperante” el cuadro en el interior de las escuelas y sostuvo que, al consultar en las salas de maestros quiénes logran llegar a fin de mes, “nadie levanta la mano”. Respecto de las demandas al Ejecutivo entrerriano, Antivero remarcó la necesidad imperiosa de una mesa de diálogo efectiva: “Primero que el gobierno nos convoque, segundo que dé una propuesta que responda a esa deuda que tiene con nosotros”.

El plan de lucha continuará durante la jornada de mañana viernes con el segundo día de paro y tendrá un momento central por la tarde con una marcha de antorchas en la capital provincial. La concentración se realizará desde las 17:30 en la Plaza 1° de Mayo de Paraná para movilizarse luego hacia la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, en reclamo de salarios dignos, partidas de comedores escolares y presupuesto para el sistema educativo.

Elecciones en CTERA y la representación entrerriana

— EDP: ¿Cuál es la importancia de las próximas elecciones de CTERA?

— Fabián Peccín: El próximo 2 de septiembre son las elecciones de CTERA. Convocamos a todos los afiliados de AGMER, tanto a nivel provincial como en la seccional Gualeguay, a acompañarnos con su voto. Habrá mesas fijas distribuidas en las escuelas, urnas volantes y una urna fija en la seccional para que puedan acercarse las y los docentes jubilados.

La compañera Sonia Alesso encabeza nuevamente la propuesta como candidata a Secretaria General y desde AGMER acompañamos con cinco dirigentes dentro de la Junta Ejecutiva: Abel Antivero como Secretario de Ambiente, quien les habla como Prosecretario Gremial, la compañera Soledad Ponce (Gualeguaychú) en el Tribunal de Cuentas, la compañera Lidia Otero como vocal y el compañero Leo Posi en la Comisión Revisora de Cuentas.

Representamos a la Agrupación Celeste Violeta en sintonía con la política gremial que llevamos adelante desde AGMER, en defensa irrestricta de la educación pública y de los derechos laborales. Contar con una CTERA fuerte es el sostén fundamental para respaldar las luchas provinciales.

—  EDP ¿Por qué resulta clave la articulación con el gremio nacional?

— Abel Antivero: CTERA significa lucha articulada. Nos permite unificar nuestros reclamos con otras provincias que atraviesan realidades y problemáticas muy semejantes a las nuestras. Es vital contar con una representación nacional que discuta en el ámbito de la Paritaria Nacional Docente para fijar un piso salarial en todo el país. Hoy vemos un Gobierno Nacional que ha aplastado este ámbito de negociación, provocando un empobrecimiento generalizado en las provincias y en los trabajadores.

Emergencia salarial y el impacto del ajuste provincial

— EDP: ¿Cómo se traduce esta falta de paritaria nacional en la realidad concreta de las escuelas de Entre Ríos?

— Abel Antivero: Se traduce directamente en la pérdida del poder adquisitivo. Según un relevamiento reciente de CTERA sobre los montos salariales de cada provincia, Entre Ríos se ubica en el puesto 23. Históricamente supimos estar dentro de los primeros diez lugares. Ser el anteúltimo sueldo docente del país demuestra y expresa con claridad que no estamos en la agenda pública del Gobierno provincial.

En el ámbito paritario, el Gobierno nos convocó en tres oportunidades (marzo, mayo y julio), pero todas las propuestas fueron rechazadas por no responder a las necesidades reales del trabajador de la educación. Vemos compañeros que no llegan a fin de mes, con un alto índice de endeudamiento con tarjetas de crédito, donde gran parte del salario se destina exclusivamente a pagar deudas.

Tres frentes Abiertos: Jubilaciones, Paritarias y Comedores Escolares

— EDP: Además de la disputa salarial, ¿cuáles son los otros frentes abiertos con la gestión provincial?

— Abel Antivero: A lo largo de este año hemos sostenido tres grandes frentes de confrontación. El primero fue la reforma previsional. Cuando emplazamos al Gobierno a presentar un proyecto concreto y nos dijeron que solo tenían un informe actuarial, decidimos retirarnos de esa mesa de discusión por convicción y mandato histórico: la Caja de Jubilaciones no se toca. Otros espacios sindicales, como el caso de UDA, prefirieron quedarse y avalar la reforma previsional a cambio de ciertos beneficios sectoriales en direcciones departamentales. Nosotros mantenemos una política autónoma e incoherible.

El tercer frente es la iniciativa del Gobierno de tercerizar el servicio de desayunos y meriendas escolares a través de una empresa de la provincia de Buenos Aires llamada Tecnofood. Frente a esto, presentamos un amparo colectivo. Nos preocupa profundamente la salud de los alumnos: pretenden entregar productos ultraprocesados que no pueden definirse como alimento. No se puede pensar en un correcto aprendizaje si las panzas de los chicos suenan de hambre. 

— Generó repercusión el costo presupuestario de esta privatización de comedores.

— Fabián Peccín: El propio ministro declaró que mantener este servicio con Tecnofood elevaría la inversión de 20 a 40 millones de pesos. Es decir, se duplica el gasto para que una empresa privada se lleve las ganancias que antes quedaban en los comercios, almacenes y verdulerías de cada localidad.

Pero esto es solo un ensayo para avanzar luego sobre el servicio de almuerzo. Traer viandas industrializadas implica reducir la función de las cocineras y cocineros a simples servidores de platos, abriendo la puerta a futuros despidos y recortes de personal. Esta misma estrategia de achique se quiso aplicar con el intento de cierre o aglutinamiento de 200 a 300 escuelas rurales en la provincia. Aunque hoy está frenado por la lucha gremial, demuestra que el gobernador Frigerio busca llevar la reducción del Estado a su mínima expresión en sintonía con las políticas nacionales. El intento de tercerización es una estrategia para achicar el Estado y reducir personal de cocina. Frigerio está demostrando ser el mejor alumno del Gobierno Nacional.

Plan de lucha y perspectivas de cara al futuro

— ¿Cómo continuará el plan de acción de AGMER tras las resoluciones del último Congreso en La Paz?

— Abel Antivero: El Congreso nos facultó a profundizar el plan de acción y en breve realizaremos anuncios oficiales. Somos conscientes de que un paro de 24 o 48 horas no resuelve el problema por sí solo; se trata de un proceso de acumulación, disputa y concientización social para visibilizar nuestras demandas salariales y la necesidad de inversión educativa.

Advertimos que este conflicto puede ser de largo aliento, extenderse hasta fin de año e inclusive comprometer el ciclo lectivo 2025. El único responsable de esta situación es el Gobierno provincial por no atender los reclamos ni levantar el teléfono. Además de las medidas de fuerza tradicionales, evaluamos otras alternativas de visibilización ante la opinión pública.

— Para finalizar, ¿cuáles son los ejes centrales de cara a los comicios?

— Fabián Peccín: Nuestra plataforma se sintetiza en la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la defensa irrestricta del salario y la Paritaria Nacional, la exigencia de mayor presupuesto, la protección de la Ley Nacional de Educación y el rechazo rotundo a los proyectos que pretenden declarar a la educación como 'servicio esencial' para restringir el derecho a huelga, privatizar la enseñanza o reformar las jubilaciones docentes.

Por todo esto, apelamos a la mayor participación y llamamos a cada afiliada y afiliado de AGMER a acompañarnos este 2 de septiembre con su voto a la Lista Celeste Violeta para seguir sosteniendo esta lucha en unidad y fortaleza.

El Ministerio de Capital Humano oficializó los montos definitivos que percibirá el personal de casas particulares durante junio de 2026. La actualización forma parte del último acuerdo paritario alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que estableció aumentos escalonados y acumulativos entre abril y julio. 

Los aumentos se implementaron de manera progresiva: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, calculados cada uno sobre el salario actualizado del mes anterior. Además, se incorporó al salario básico el 50% de la suma no remunerativa correspondiente a marzo en abril, y el 50% restante en julio. 

Para la categoría de tareas generales, que engloba a la mayor parte del personal doméstico, los valores de junio quedaron establecidos en $3.600,66 por hora con retiro y un haber mensual de $441.729,92. Para la modalidad sin retiro, la hora es de $3.862,18 y el sueldo mensual de $488.326,19. 

El adicional por zona desfavorable también fue actualizado y se fija en el 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría, beneficiando a trabajadoras y trabajadores que prestan servicios en provincias o regiones del país donde las condiciones geográficas o climáticas exigen una compensación extra. 

En julio se aplicará el último ajuste del esquema: un 1,4% sobre el salario de junio. Ese mes también se incorporará el 50% restante de la suma no remunerativa de marzo al básico, lo que tendrá un impacto directo en los valores mínimos. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares volverá a reunirse en julio para analizar la evolución de los salarios y el impacto de la inflación en el sector.

Testimonios que se repiten

Una de las docentes consultadas relató cómo el uso del adelanto de sueldo —una herramienta que ofrecía el Banco de Entre Ríos y que ya no está disponible— era clave para sostenerse durante el mes. “Yo empecé a darme cuenta que casi siempre los días 15 siempre acababa diciendo: ‘Estoy en la mitad del mes y ya no me queda nada’”, expresó. Según detalló, recurría a adelantos que oscilaban entre los 50.000 y 200.000 pesos, con intereses que consideraba manejables.

Sin embargo, la eliminación de esta opción modificó drásticamente su economía cotidiana. “Con esto te estoy diciendo que obviamente los sueldos de docente, o tanto docente como municipal, no alcanzan”, afirmó, y agregó que actualmente percibe mayores ingresos en su otro trabajo que en la escuela, una situación que refleja el deterioro del salario docente en los últimos años.

Otro docente fue aún más contundente al describir el impacto del endeudamiento financiero: “Dejo un sueldo entero por la refinanciación de la tarjeta de crédito al agente financiero que tiene de rehén a los salarios de los trabajadores entrerrianos”. La frase sintetiza una problemática extendida: el uso de tarjetas de crédito como mecanismo de supervivencia, que luego deriva en refinanciaciones con altos costos.

En la misma línea, otra docente explicó cómo la falta del adelanto de sueldo la empujó a alternativas más costosas: “Ahora que me sacaron el adelanto de sueldo estoy endeudada con una billetera virtual. La verdad que los intereses son mayores. A su vez, lo que estoy haciendo es comprar comida con tarjeta de crédito porque los últimos días del mes me quedo sin plata”.

Estos testimonios locales se inscriben en un contexto nacional preocupante. Según datos recientes difundidos en un informe estadístico, el endeudamiento de las familias argentinas alcanzó un récord de 39 billones de pesos en 2026, impulsado por una combinación de alta inflación, caída del poder adquisitivo y mayor acceso —y dependencia— del crédito. En los últimos cuatro años, la deuda familiar creció un 371%, y se estima que más de 3,3 millones de hogares mantienen compromisos financieros tanto con entidades bancarias como no bancarias.

El informe también señala cambios en la composición de la deuda: las tarjetas de crédito han ganado protagonismo como herramienta para cubrir gastos cotidianos, especialmente alimentos, mientras que crecen los préstamos de billeteras virtuales y financieras no tradicionales, generalmente con tasas más elevadas.

En este escenario, los relatos de docentes de Gualeguay no aparecen como casos aislados, sino como parte de una tendencia más amplia que atraviesa a distintos sectores de trabajadores. La pérdida de herramientas como el adelanto de sueldo, sumada a salarios que no acompañan la inflación, profundiza una dinámica donde el crédito deja de ser una opción y pasa a convertirse en una necesidad estructural.

Mientras tanto, los reclamos salariales continúan siendo un eje central de las demandas del sector docente, que advierte sobre el impacto directo de esta situación en su calidad de vida y en el ejercicio de su labor cotidiana.

El conflicto salarial atraviesa a distintos sectores del trabajo en la provincia, y el secretario general de AGMER Gualeguay, Vladimir Firpo, confirmó la adhesión del gremio docente a la jornada de paro y movilización prevista para este jueves en Paraná, en defensa del sistema jubilatorio y en reclamo por mejoras salariales. “En el marco de la lucha docente de todos los sectores, en primer lugar por la cuestión netamente de la reforma jubilatoria, entendemos que ninguna reforma va a beneficiar a los trabajadores y a los jubilados. Hasta el día de hoy el gobierno no ha hecho ninguna propuesta, ni a nivel salarial ni en materia previsional, que beneficie a los trabajadores”, expresó Firpo.

La jornada incluirá una concentración en Plaza de Mayo de Paraná a las 10 horas, desde donde se marchará hacia Casa de Gobierno. La convocatoria surge de un espacio multisectorial que reúne a distintos sindicatos y organizaciones, con el objetivo de visibilizar el rechazo a posibles modificaciones en el sistema previsional entrerriano. “Este jueves realizaremos en Paraná una concentración y una marcha de todos los sectores, de todos los sindicatos, desde la intersindical, justamente para hacer visible, tanto a la sociedad como al gobierno de la provincia de Entre Ríos, que estamos en absoluto desacuerdo con cualquier reforma jubilatoria que perjudique los derechos previsionales que hemos construido, que hemos conseguido y que ya son parte de nuestros derechos adquiridos”, sostuvo el dirigente.

En ese sentido, remarcó que la movilización se plantea desde una lógica de defensa de derechos: “Vamos a estar en pie, reclamando, marchando desde un lugar netamente justo, porque somos los trabajadores y las trabajadoras, y también luchando por nuestros jubilados, los que vamos a ser perjudicados tanto en la liquidación del haber jubilatorio como en los requisitos”. Firpo también apuntó directamente al Poder Ejecutivo y al rol de los legisladores en un eventual tratamiento de reformas: “Instamos al gobierno provincial y exigimos la no reforma de la ley de jubilaciones. También a los legisladores les pedimos que cuando tengan que votar lo hagan a conciencia del pueblo”.

El conflicto no se limita a la cuestión previsional. Desde AGMER también cuestionan la política salarial vigente, particularmente la última definición del Ejecutivo provincial en el marco de la paritaria docente. “Nuestro reclamo y nuestra demanda también es por el salario docente, que está a la baja, con una paritaria que fue determinada por un decreto unilateral, sin concluir en el consenso de la mesa paritaria. Es un decreto que al mismo tiempo es inconstitucional por los pagos en negro, por los montos en negro”, afirmó.

En este contexto, el gremio docente resolvió un paro de 24 horas en toda la provincia. “Los docentes de Entre Ríos estamos en estado de alerta y movilización. Por definición de nuestro congreso y de la comisión directiva central, convocamos a un paro de 24 horas por la cuestión jubilatoria, por la cuestión salarial y por muchas otras demandas, pero sobre todo por las que hoy son más urgentes”, indicó Firpo.

El dirigente también describió la situación económica que atraviesa el sector: “Las familias docentes no están llegando a fin de mes. Los docentes se están endeudando con prestamistas, con tarjetas de crédito. La realidad de que un jubilado estaba esperando un aumento de 30 mil pesos es muy triste, es angustiante”. En ese sentido, subrayó la preocupación del sindicato: “Estamos sin duda muy preocupados por el salario de los compañeros y compañeras, y absolutamente preocupados también por la situación previsional. Entendemos que una reforma jubilatoria no va a beneficiar a ningún trabajador ni trabajadora ni a ningún jubilado, todo lo contrario”.

Firpo advirtió además sobre el contexto general en el que se enmarcan estas discusiones: “Se vienen tiempos de ajuste, como ya lo estamos observando, y esto es una herramienta más de ese ajuste: la reforma de la ley de jubilaciones 8.732”.

Convocatoria a paritarias

En paralelo al conflicto, el gobierno provincial informó la convocatoria a nuevas mesas paritarias para los primeros días de mayo. Según se indicó oficialmente, los gremios estatales —entre ellos UPCN y ATE— fueron citados para el miércoles 6 de mayo a las 15 horas.

En tanto, los gremios docentes —AGMER, AMET, UDA y Sadop— fueron convocados para el jueves 7 de mayo, también a las 15. Desde el Ejecutivo señalaron que estos encuentros forman parte del diálogo institucional que se mantiene con los distintos sectores gremiales.

Sin embargo, desde el sector docente persiste el malestar por la forma en que se resolvió la última instancia paritaria, lo que añade tensión a la negociación que se reabrirá en las próximas semanas.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguay, Olegario Escobar, confirmó en diálogo con medios locales que el Ejecutivo alcanzó un acuerdo salarial con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales, tras una serie de reuniones que, según destacó, se desarrollaron en un marco de “buen diálogo”. De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el entendimiento establece una pauta salarial con vigencia hasta octubre y contempla un esquema mixto de aumentos fijos y actualizaciones atadas a la inflación. En concreto, se acordó un incremento del 6% para marzo —que se liquidará en los próximos días— y otro 6% en junio.

Además, el acuerdo incluye cláusulas de actualización: en julio se abonará lo correspondiente a la inflación acumulada de abril y mayo, mientras que en octubre se revisarán los índices inflacionarios de julio, agosto y septiembre. “Es un acuerdo que surgió de diferentes reuniones y de un buen diálogo con el sindicato”, señaló Escobar.

El funcionario aclaró que el aumento de marzo se calcula sobre la base salarial de mayo debido a la incorporación progresiva de un bono de 80 mil pesos otorgado el año pasado. Ese monto, explicó, se está integrando al salario en cinco cuotas entre enero y mayo, lo que impacta de manera distinta según la categoría de cada trabajador. En términos generales, Escobar consideró que el acuerdo “protege el salario del trabajador municipal” y brinda “previsibilidad al menos hasta octubre”, en unos contextos económicos complejos, y con paritarias aún abiertas, en otros niveles del Estado. Asimismo, remarcó que el incremento alcanza a todas las categorías, incluyendo personal contratado y jubilados municipales, y que fue firmado y homologado por ambas partes. También subrayó que las mejoras salariales se definieron “respetando el equilibrio fiscal”, en línea con la política económica del municipio.

Finalmente, el secretario destacó que, a diferencia de lo ocurrido en otras negociaciones recientes, en esta oportunidad no fue necesaria la intervención de instancias externas como fuera la conciliación obligatoria del año pasado: “Hubo varias reuniones, pero en razón de un buen diálogo se pudo lograr un buen acuerdo”, concluyó.Un cambio en la resolución

El nuevo entendimiento se da luego de un conflicto salarial intenso durante el año pasado, que incluyó semanas de tensión entre el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). En ese momento, el gremio reclamaba un aumento cercano al 35% para recomponer el poder adquisitivo, mientras que la Municipalidad sostenía una oferta inicial considerablemente menor, lo que derivó en audiencias en la Secretaría de Trabajo y un escenario de posiciones enfrentadas. La falta de acuerdo derivó en asambleas, movilizaciones y un proceso de negociación que se extendió durante varias semanas. Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo que incluyó el pago de una suma fija de 80 mil pesos en los últimos meses del año, que luego comenzó a incorporarse progresivamente al salario desde enero.

En el marco del paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la seccional Gualeguay confirmó su adhesión a la medida de fuerza y expresó su rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Entre Ríos.

La secretaria general de ATE Gualeguay, Luciana Arellano, explicó que la decisión se enmarca tanto en el plano nacional como provincial. “El paro nacional de ATE, al cual se adhiere la provincia, es en rechazo a la reforma laboral, a la reincorporación de los despedidos y acá en la provincia en rechazo a la oferta salarial en negro que nos da el gobierno provincial”, señaló.

En relación con la propuesta discutida en paritaria, Arellano fue clara respecto al planteo del gremio: “Nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial en blanco, no montos en negro que solo sirven para desfinanciar la obra social y la caja de jubilaciones”.

Según indicó, los montos ofrecidos no representan una mejora sustancial para los trabajadores estatales. “Los montos que vamos a recibir no son más de 100 mil pesos por agente cuando venimos de un congelamiento de ocho meses”, afirmó.

La dirigente describió además la situación social que atraviesan muchos empleados públicos. “Todos nuestros compañeros la están pasando mal. Hay mucha gente endeudada, comiendo con la tarjeta de crédito porque no llegan a fin de mes y la verdad que no entendemos este abuso de parte del gobierno provincial”, expresó.

También cuestionó el cierre de la negociación con otro sindicato: “Haber cerrado una paritaria con un solo gremio de acuerdo nos parece una burla”.

Respecto a los anuncios oficiales, hizo referencia al incremento en la escolaridad: “Hablan de un 50% de aumento en la escolaridad cuando en promedio estaba en junio de 2025 en 12 mil pesos”.

Desde ATE sostienen que la discusión debe contemplar una recomposición real y remunerativa, que impacte en adicionales, jubilaciones y obra social. A nivel provincial, el gremio difundió un documento bajo el lema “ATE rechaza la propuesta por insuficiente, no remunerativa ni bonificable”, donde exige recomposición salarial urgente, blanqueo de horas extras, reincorporación de despedidos y revisión del régimen de licencias.

Asimismo, en el marco de la paritaria general, el sindicato enumeró una serie de demandas que incluyen recomposición salarial por encima de la inflación, actualización de adicionales y viáticos, reconocimiento remunerativo a títulos de posgrado, incorporación de horas extraordinarias al salario, revisión del valor hora en Enfermería, unificación de carga horaria en el Escalafón General y reglamentación del Régimen Jurídico Básico (Leyes 9755 y 9811), entre otros puntos vinculados a derechos laborales y condiciones de trabajo.

Finalmente, Arellano manifestó preocupación ante versiones sobre una posible reforma previsional en la provincia. “Estamos viendo que ya se está hablando fuerte sobre la reforma previsional que también nos preocupa porque nosotros tenemos que pagar el déficit de la caja que viene hace años. Quieren subir la edad jubilatoria, quitarnos el 3x1, sacar los regímenes especiales y estamos preocupados porque nada es beneficio del trabajador, absolutamente nada”, advirtió.

En ese contexto, la conducción local ratificó la continuidad del plan de lucha y dejó en claro que, mientras no haya una propuesta que contemple aumentos remunerativos y bonificables, el conflicto seguirá abierto.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró 2025 con una inflación acumulada del 31,5%, según el informe oficial del INDEC publicado en enero de 2026. Solo en diciembre, la suba fue del 2,8%, consolidando —en palabras del Gobierno nacional— “el menor registro anual de inflación en ocho años” y un dato que fue celebrado públicamente por el presidente Javier Milei y su equipo económico.

Sin embargo, detrás del promedio nacional, el impacto de la inflación sobre los ingresos fue muy desigual. En una ciudad como Gualeguay, con fuerte presencia de empleo público, comercio, fuerzas de seguridad y actividad industrial vinculada a frigoríficos, el balance del año muestra ganadores relativos, empates forzados y perdedores claros.

Empleados municipales: por encima pero con montos en negroHa sido un capítulo recordado de nuestra ciudad el conflicto gremial que mantuvieron el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Gualeguay y el Ejecutivo. En declaraciones a los medios de comunicación, funcionarios del DEM detallaron que, hasta antes del conflicto, los trabajadores municipales habían obtenido un aumento del 30% de sueldo durante el 2025. Cabe recordar que el conflicto finalizó con una suma fija en negro que representa un 16% de aumento y será incorporada durante 2026 al salario. En conclusión, los municipales le ganaron a la inflación oficial del INDEC pero con esa salvedad.   Docentes y estatales provinciales: el “empate” con el IPC

En Entre Ríos, tanto docentes como trabajadores estatales provinciales cerraron 2025 bajo un esquema de actualización salarial mes a mes según el IPC, con el compromiso explícito del Gobierno de “garantizar la cobertura contra la inflación hasta diciembre”.

Desde la Provincia destacaron que se trató de “un gran esfuerzo en un contexto complejo”, subrayando que muchos sectores a nivel nacional cerraron paritarias por debajo del índice inflacionario. En los papeles, el mecanismo permitió que los salarios no quedaran atrasados frente al 31,5% anual.

No obstante, desde sectores gremiales advierten que el IPC no refleja el costo real de vida, especialmente por el peso de rubros como combustibles, alquileres y tarifas, que tuvieron subas por encima del promedio. Según estas estimaciones, incluso con la cláusula de actualización, los salarios habrían perdido entre 15 y 20 puntos si se considera la devaluación y el encarecimiento de gastos esenciales.

A eso se suma otro factor: en algunos meses, algunos aumentos incluyeron sumas no remunerativas, que no impactan en jubilaciones, aguinaldo ni demás. “Y de lo perdido anteriormente ni se habla”, afirman.

Policía: atados a las paritarias sin negociación propia

La situación del personal policial en Gualeguay fue similar a la de docentes y estatales, aunque con una limitación estructural: no cuentan con representación gremial. Los aumentos salariales siguieron los acuerdos generales del sector público provincial.

Si bien en algunos casos se incorporaron adicionales en negro, el esquema general replicó la lógica del “empate con el IPC”, con los mismos cuestionamientos sobre la pérdida de poder adquisitivo real y la falta de impacto pleno en el salario de bolsillo.

El dato: el básico de un policía está muy lejos del sueldo bruto. Algunos consultados tienen problemas para pagar la tarjeta de crédito, muy pocos tienen vivienda propia y la posibilidad de acceder al crédito se encuentra muy limitada.

Estatales nacionales: una pérdida real del 14,4%

El escenario fue mucho más desfavorable para los trabajadores de la administración pública nacional. Durante 2025, los salarios del sector aumentaron apenas 17,1%, muy por debajo del 31,5% de inflación anual.

La diferencia marca una pérdida real del 14,4% en el poder de compra, uno de los ajustes más significativos entre los sectores analizados. En términos concretos, un trabajador estatal nacional en Gualeguay terminó el año con un salario que compró sensiblemente menos alimentos, servicios y bienes básicos que en enero.

Empleados de comercio: una brecha de 7,4 puntos

En el sector mercantil, uno de los más numerosos de la ciudad, los números también quedaron en rojo. Según los datos de paritarias:

-Inflación 2025: 31,5%

-Aumento salarial acumulado: 24,1%

La brecha fue de 7,4 puntos porcentuales, incluso considerando que el aumento de diciembre (7,4%) incluyó un 1% no remunerativo y la incidencia de una suma fija de $60.000.

Ese componente fijo tuvo un impacto desigual: benefició más a las categorías más bajas (como Maestranza A) y perdió peso en las escalas superiores. En la práctica, la mayoría de los empleados de comercio no logró empatarle a la inflación.

La situación es todavía más crítica entre quienes trabajan en negro, una realidad extendida en el sector: allí, los aumentos paritarios directamente no se aplican, profundizando la precarización.

Frigoríficos: salarios planchados y fuga de mano de obra

El panorama más delicado se dio en los obreros de frigorífico, un sector clave en la región. Durante todo 2025, los aumentos rondaron apenas el 12% anual, menos de la mitad de la inflación oficial.

Según relatan trabajadores del rubro, el Gobierno nacional no homologó incrementos mayores, lo que se tradujo en una fuerte pérdida salarial. El impacto fue inmediato: jornadas de nueve horas que ya no rinden, renuncias, acuerdos informales y una creciente migración hacia trabajos en negro.

Si bien existen algunos montos no remunerativos, no alcanzan a todas las plantas ni a todos los sectores de producción, lo que profundiza la desigualdad interna.

Otros convenios: la mayoría, por debajo del IPC

El panorama general de los convenios colectivos refuerza el diagnóstico. En el último tramo del año, la mayoría de los sectores cerró aumentos muy por debajo de la inflación trimestral, debido a que el Gobierno intentó impedir cualquier aumento que supere el 1% por mes. En todos los casos, el salario real siguió perdiendo terreno.

Balance final

Mientras el Gobierno celebra el 31,5% de inflación anual como un hito de estabilización, en Gualeguay el cierre de 2025 deja un mapa laboral fragmentado. Solo algunos sectores lograron empatarle al IPC, y aun así con reparos. También es importante tener en cuenta que —comercio, estatales nacionales, frigoríficos y trabajadores informales— terminaron el año claramente más pobres. Un elemento no menor es que siempre se debe tener en cuenta cuánto se viene perdiendo desde hace tiempo, desde qué base se aumenta el sueldo y demás. Aun así, consideramos que el informe pone los números sobre la mesa de la realidad de los trabajadores.

Con el respaldo del 92% de los votos emitidos en las elecciones de septiembre, Vladimir Firpo fue reelecto como secretario general de AGMER Seccional Gualeguay y comenzó formalmente un nuevo mandato al frente del gremio docente. La proclamación de la nueva Comisión Directiva se realizó este lunes, conforme lo establece el estatuto del sindicato. “Después de las elecciones hemos sido nuevamente elegidos por una amplísima mayoría, lo que nos da una fuerte legitimación de los afiliados para encarar una nueva gestión”, expresó Firpo, quien destacó que el respaldo no solo ratifica el rumbo de la seccional, sino que también implica “una gran responsabilidad en un momento muy difícil para la docencia y para los trabajadores en general”. La nueva conducción combina continuidad y renovación. Firpo señaló que se suman compañeras y compañeros a roles clave, como la secretaría adjunta, con la incorporación de Viviana Esteves, docente del nivel inicial y directora de la Escuela N° 54, y de Sandra Aguilar, quien da sus primeros pasos en la docencia. “Es una lista que conjuga experiencia, con referentes que vienen luchando desde hace años, y renovación, con compañeros que apuestan a involucrarse y a fortalecer la seccional”, subrayó. En ese marco, remarcó el rol de dirigentes históricos como Fabián Peccín, quien continúa como congresal y además integra la conducción provincial de AGMER. “Creemos que es importante que los referentes sigan estando, pero también abrir espacios para nuevas miradas y energías”, afirmó.

Preocupación por el nivel superior y los institutos de formación docente

Uno de los ejes centrales del diálogo fue la situación del nivel superior y la incertidumbre que atraviesan los institutos de formación docente en la provincia. Firpo advirtió sobre los recientes planteos de la Dirección de Educación Superior y del Consejo General de Educación, que establecen nuevos requisitos para la continuidad, apertura o cierre de carreras. “El discurso oficial intenta decir que no se cierran institutos, y es cierto que no se cierra el edificio, pero sí se pueden cerrar carreras, y eso es gravísimo”, señaló. En ese sentido, cuestionó la falta de claridad y de información oficial: “La comunicación es muy escueta. Se habló de convocar a las instituciones, pero hasta ahora eso no ocurrió. Mientras tanto, hay carreras a las que se les dio apenas un año más de continuidad, lo que las deja en serio riesgo”.

Desde AGMER, el posicionamiento es diametralmente opuesto al que, según Firpo, plantea el gobierno provincial. “Nosotros decimos que con los institutos no se toca nada. Al contrario: hay que abrir más carreras, asignar presupuesto al nivel superior, avanzar en la titularización docente y garantizar becas para los estudiantes”, enumeró. En ese contexto, recordó el petitorio entregado al gobernador durante su visita a Gualeguay y la jornada de lucha realizada en el Complejo Educativo, donde docentes de distintos niveles expresaron su preocupación. “Nuestra seccional expresó el mismo posicionamiento que AGMER en toda la provincia. Vamos a estar en pie ante cada situación que vaya surgiendo”, afirmó. Firpo también manifestó su expectativa de que haya una revisión de las decisiones adoptadas por la Dirección de Educación Superior, a cargo de Eugenio Medrano. “Esperamos que haya una vuelta atrás de esta mirada, porque así como están planteadas, estas políticas ponen en riesgo la educación superior pública”, sostuvo.

Salarios, ajuste y paritaria

Otro de los puntos abordados fue la situación salarial de la docencia entrerriana. Firpo fue categórico al describir el impacto del ajuste en el día a día de los trabajadores de la educación. “La realidad del salario docente está, sin dudas, a la baja. La inflación que se informa no es la que se vive realmente, y eso no se ve reflejado en los sueldos”, señaló. Según explicó, el acuerdo paritario alcanzado se dio en un contexto de fuerte presión y sin margen real de discusión. “Terminamos llegando a un acuerdo prácticamente ahorcados por las condiciones que se establecieron. El aumento es mínimo y no alcanza a recomponer lo perdido”, afirmó. En ese sentido, reiteró el reclamo al gobierno provincial para que convoque a una reapertura de la paritaria salarial. “Lo hemos planteado en el Congreso y también se lo dijimos al gobernador cuando vino a Gualeguay. Aspiramos a una reapertura, y de lo contrario estaremos atentos a cómo se desarrolla la situación”, concluyó.

Al cierre de esta edición, la nueva Comisión Directiva Departamental de AGMER Gualeguay quedó formalmente en funciones, con el desafío de conducir el gremio en un escenario que la propia conducción define como uno de los más complejos de los últimos años para la educación pública.

La norma también revisa el monto de prestación por desempleo, manteniendo la fórmula vigente desde 2023: será equivalente al 75 % del mejor salario mensual neto de los últimos seis meses, con un piso del 50 % y un tope del 100 % del SMVM vigente. 

La última reunión del Consejo del Salario, realizada el 26 de noviembre, terminó sin acuerdo entre representantes sindicales y empresarios. Ante la falta de consenso, la legislación vigente habilita al Ejecutivo a definir los nuevos montos vía decreto —tal como ha ocurrido durante la gestión de Javier Milei. 

Para muchas organizaciones sindicales y sociales, los nuevos valores siguen muy lejos de cubrir lo necesario para una canasta básica familiar. En particular, señalan que el salario mínimo debería acercarse al valor de la Canasta Básica Total (CBT), que hoy supera el millón de pesos. 

Asimismo, estudios recientes estiman que durante 2025 el poder adquisitivo real del SMVM cayó notablemente: se calcula una baja acumulada del 7,7 % y una caída de alrededor del 35 % desde noviembre de 2023, lo que agrava la pérdida de ingreso frente a la inflación.

Además, se estableció el pago de una suma fija no remunerativa de $14.000 mensuales por tres meses (noviembre, diciembre y enero) para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas semanales.

El acuerdo se logró tras una negociación en la que los representantes del sector trabajador habían solicitado una mejora mayor para noviembre. Finalmente, el entendimiento incluyó el adicional extraordinario y el ajuste total del 2,7%, a la espera de la firma final del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

De esta manera, octubre no tendrá incrementos, dado que el último ajuste había sido del 6,5% distribuido entre julio, agosto y septiembre.

A partir de diciembre, con el nuevo tramo del incremento, los valores pasarán a:

Con estos aumentos, el sector cierra el 2025 con una leve mejora salarial que busca acompañar la inflación, aunque las entidades sindicales advierten que los incrementos siguen quedando por debajo del costo de vida.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos correspondientes al índice de salarios, que evidencian un crecimiento del 3% respecto del mes anterior y del 65,7% en términos interanuales. Estos números, contrastados con una inflación del 43,5% en el mismo período, sugieren una recuperación del poder adquisitivo promedio. Los guarismos fueron revelados en la red social X por parte del organismo oficial y en el mismo lugar celebrados por el presidente Javier Milei y sus seguidores virtuales.

De todas maneras, un análisis más detallado revela disparidades significativas entre sectores.

Los salarios registrados habían experimentado dos meses consecutivos de contracción antes de mostrar este leve repunte en mayo. El sector privado registrado aumentó un 2% respecto de abril, mientras que el sector público evidenció un incremento del 3,3%. Esta última cifra fue impulsada principalmente por los salarios públicos provinciales, que crecieron un 3,9%, en contraste con el sector público nacional que apenas registró un aumento del 1,5%, equiparándose con el índice inflacionario.

Una situación particular presenta el sector privado no registrado, que mostró un incremento del 5,6% mensual. Sin embargo, estos datos deben interpretarse con cautela, ya que al no existir registros formales, las mediciones se basan en encuestas con metodología diferente y cierto rezago temporal, manteniendo no obstante consistencia en su forma de medición.

Qué analizó Fundar

Los gráficos elaborados por la Fundación para el Desarrollo Regional (Fundar) ilustran cómo el poder adquisitivo de los sectores registrados experimentó una caída desde finales de 2023, mientras que el sector no registrado logró mantenerse por encima de la línea inflacionaria. Esta divergencia plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas salariales formales y la creciente informalización del mercado laboral.

Cuestionamientos desde el ámbito sindical

Claudio Buffoni, es Secretario Gremial de la CGT Gualeguay, además de dirigente de Camioneros. En diálogo con El Debate Pregón expresó su escepticismo respecto a los datos oficiales y ofreció una perspectiva crítica sobre la situación económica actual: "Los datos del INDEC son manipulados por el Gobierno", sostuvo el dirigente sindical, quien considera que las estadísticas no reflejan la realidad que atraviesan los trabajadores.

Buffoni señaló que la gestión actual implementa políticas que priorizan el cumplimiento de promesas de campaña por encima de las consecuencias sociales. "Estamos gobernados por quienes quieren imponer las cosas manipulando todos los números", afirmó, haciendo referencia tanto al Presidente como al Ministro de Economía.

El representante gremial destacó la visible contracción del mercado laboral y el cierre de pequeñas y medianas empresas. "Es muy visible la cantidad de Pymes que han cerrado, la cantidad de personas que fueron despedidas. Si bien se les ha pagado la indemnización, que no les sirve para nada, está a la vista que estamos mal", expresó Buffoni.

Respecto a los indicadores macroeconómicos, el dirigente cuestionó la veracidad del déficit cero y el superávit fiscal anunciados por el Gobierno. "Están mintiendo con el déficit cero, siguen pidiendo plata, se llevaron el oro afuera", declaró, caracterizando la situación como "una gran corrupción".

En cuanto al crecimiento del empleo informal reflejado en las estadísticas, Buffoni explicó que este fenómeno responde a la presión empresarial histórica sobre las cargas sociales."La patronal siempre dijo que eran muy caras las cargas sociales. Están trabajando con recibos de sueldo dibujados, que es una forma de tener informalidad en blanco", denunció.

El secretario gremial ilustró esta situación con casos concretos: "Conozco mucha gente que gana setecientos mil pesos por mes cuando tendría que ganar dos millones de pesos. La gente tiene que trabajar, tiene que agarrar trabajo informal porque de lo contrario no hay otra cosa".

Buffoni concluyó que las políticas actuales favorecen desproporcionadamente al sector empresarial: "Al empresario se les dieron todas las posibilidades de que sigan explotando la gente", sentenció, resumiendo así su visión sobre el impacto social de las medidas económicas implementadas. 

La reunión del Consejo del Salario entre los gremios, empresas y el Gobierno nacional fracasó por diferencias en el porcentaje de aumento, y ahora será el Poder Ejecutivo el encargado de fijar el sueldo mínimo.

A mitad de año también se había frustrado y la Secretaría de Trabajo había dado un aumento del 15,9 por ciento.

En esta oportunidad, se esperaba una definición para el último tramo del año y los primeros meses de 2025, pero no se logró un consenso entre las partes. De esta forma, el Gobierno tiene un lapso de diez días para fijar lo que será el próximo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil en la Argentina.

Actualmente, el sueldo mínimo en el país está en $271.571, lo que la Confederación General del Trabajo (CGT) esperaba llevar a $572.000, en acuerdo con las dos CTA.

Durante 2024, el salario aumentó un 74,08%, lo que significa una pérdida del poder adquisitivo, ya que la inflación interanual está en 107%.

Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) propuso un incremento en tramos: $278.000 en diciembre, $284.000 en enero, $290.000 en febrero y $295.000 en marzo.

El Salario Mínimo Vital y Móvil alcanza a unos 6 millones de trabajadores formales, pero también impacta en los informales que se rigen por ese monto.

La reunión se llevó a cabo vía virtual y tras el fracaso de la negociación se pasó a cuarto intermedio. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, deberá establecer un nuevo piso para los salarios, tomando en consideración los argumentos de cada sector.

Las dos CTA y la CGT, que había coordinado el pedido de aumento, consideraron la oferta de las cámaras empresarias como "insuficiente". Además, se quejaron porque un incremento de ese porcentaje no permitirá que se recupere el poder adquisitivo perdido a lo largo del año.

Las empresas argumentaron que las dificultades económicas hacían imposible un aumento mayor. (Fuente: Noticias Argentinas)

Las empleadas domésticas tendrán un triple aumento salarial a partir de noviembre: recibirán 3,2% retroactivo al mes de septiembre 2024 y tomando como base de cálculo los sueldos de agosto, y 2,8% para octubre 2024, con base de septiembre, por un total de 6,1% de aumento que se sumará un tercer incremento por asignaciones de Anses.

El incremento se da luego de varias reuniones en la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, órgano dependiente de la secretaria de trabajo, empleo y seguridad social del ministerio de capital humano, el cual se encarga de fijar los salarios mínimos del sector de trabajadoras de casas particulares.

Si bien se espera la publicación en el Boletín Oficial, los valores regirán desde noviembre 2024. Los empleadores no hayan pagado los aumentos correspondientes, deberán hacerlo de forma retroactiva en un solo pago desde ese mes. Para calcular la diferencia que se debe abonar, se debe calcular el pago correspondiente al mes anterior restando la diferencia entre el sueldo homologado y lo pagado.

Por ello, una trabajadora de tareas de limpieza (categoría quinta) cobra por septiembre $2703,84 la hora y en octubre $2.780. En caso de percibir un salario mensual $331. 649 en septiembre y $340. 935 en octubre.

Los sueldos mensuales de octubre 2024, (mínimo por 48 hs. Semanales):

A estos salarios mínimos se debe calcular también el adicional por antigüedad establecido por resolución nro. 2/2021, siendo un 1% por año de antigüedad sobre el salario cobrado por la trabajadora.

Según DNU 274/24 que introduce una nueva fórmula de actualización de las asignaciones de Anses, basada en el Índice de Precios al Consumidor de noviembre las empleadas de casas particulares también recibirán un plus de 3,47% si cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), ayuda escolar, Complemento de leche y otros.

La Tarjeta Alimentar es un beneficio que reciben las madres y padres con hijos de hasta 17 años y sin límite de edad a quienes tengan hijos en situación de discapacidad que sean beneficiarios de la AUH. Por ello, los montos a cobrar quedaron determinados de la siguiente manera:

El Gobierno ordenó incrementar el Salario Mínimo, Vital y Móvil desde los $202.800 de marzo a $234.315,12 a partir del 1 de mayo. En el medio, se determinó también la suba de abril.

Luego de que la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) terminara sin acuerdo entre los gremios y los empresarios, el gobierno nacional oficializó un nuevo aumento del 15,53% respecto a marzo y lo fijó en $234.000.A través de la resolución 9/2024, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció que en abril fue de $221.052 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, lo que significó un aumento del 9% respeto a marzo. Mientras que a partir del 1° de mayo el sueldo mínimo aumentará otro 5,99% ascendiendo a $234.315,12.Además del salario mínimo, se incrementará el monto mínimo por hora, en caso de trabajadores que desarrollen su actividad por jornada. En abril fue de $1105,26 y en mayo será de $1171,58.Al respecto, la reglamentación señala que el valor del salario mínimo "a partir del 1° de Abril de 2024, en PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y DOS ($ 221.052.-) para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias (...)". Además, determinó el valor de la hora para los trabajadores jornalizados en $1105,26.En tanto que desde el 1° de Mayo de 2024, el valor que rige para el SMVM es de $234.315,12 "para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el artículo 116 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, con excepción de las situaciones previstas en los artículos 92 ter y 198, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción". Asimismo, el jornal se ubica en $1171,58.

Nuevo salario mínimo, vital... by Elonce

Asimismo, determinó que la Prestación por Desempleo prevista en el artículo 118 de la Ley Nº 24.013, para los trabajadores convencionados o no convencionados, "será equivalente a un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis (6) meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo".El pasado martes se llevó a cabo la reunión del Consejo del Salario en la que la CGT y las dos CTA pugnaron por un ajuste de hasta 80% del SMVM, contra un 8% de mayo y 5% en junio que propusieron las cámaras empresarias. Ante tanta diferencia, no hubo acercamiento posible y deberá decidir el Gobierno.

Hugo ''Cachorro'' Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, expresó que “las tres centrales sindicales unificamos las propuestas en $377.000 para el mes de abril que equivale un 80% de aumento y para estar por encima de la canasta de la indigencia. Sin embargo, los empresarios propusieron insólitamente un aumento del 8% para el mes de mayo y un 5% para junio".

"Como no hubo acuerdo, el gobierno y los empresarios de la UIA, la CAME y la Sociedad Rural impidieron el pleno funcionamiento del Consejo y obligaron a un final bochornoso en el cual el gobierno decidirá, una vez más por decreto, y seguramente en contra de los intereses de los trabajadores", agregó.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil no alcanzó un acuerdo para el ingreso mínimo en la Argentina sobre cuánto actualizar los $202.800 actuales que rigen desde marzo pasado por decisión unilateral del gobierno de Javier Milei. Una vez más, la sesión virtual terminó con los gremios acusando a la Secretaría de Trabajo de jugar a favor del sector de los empresarios para evitar un incremento de hasta el 100% que empujaban la CGT y las dos CTA. Desde el Gobierno confirmaron que se laudará ante la ausencia de un acuerdo entre las partes.De este modo, será el gobierno de Javier Milei quien vuelva a definir el nuevo monto actualizado del salario mínimo, vital y móvil por decreto, como ocurrió en febrero. Los gremios acusaron a los funcionarios de eludir la votación en el plenario por no contar con los votos suficientes por parte de los representantes de las cámaras empresariales para imponer su propuesta frente a la oferta unificada de las centrales.

Se trata de la por segunda vez que se convoca el Consejo del Salario en la gestión de La Libertad Avanza con la expectativa de las tres centrales sindicales de conseguir un mejor acuerdo que en la primera ocasión cuando el Gobierno terminó fijando también por decreto un monto por debajo de la línea de indigencia. En la previa, tanto la CGT con las dos CTA se presentaron con una batería de cifras para discutir en base al valor que perdió el salario en términos reales durante los últimos años.Según detallaron fuentes dentro de la reunión, el sector empresarial ofreció en la reunión de la comisión técnica, a las 14, una suba escalonada en dos tramos del 8% en mayo ($16.224) y un 5% en junio ($10.140) con base en el SMVM de marzo mientras que la CGT propuso primero un 80% total para elevar el salario mínimo de los $202.800 actuales a 377 mil en abril primero y luego a $ 407 mil el mes próximo.

Cualquier número no podía estar por debajo de una canasta alimentaria que marca la línea de indigencia en la Argentina para una familia de cuatro integrantes, decían de manera informal. Hoy representaría un 50% de aumento sobre la base del salario mínimo, vital y móvil actual pero que en el mejor de los casos, debiera ascender un 100% hasta los $400 mil solo para recuperar el poder adquisitivo previo a la devaluación de fin del año pasado.Si bien no hay un plazo para definir el laudo por parte de la Secretaría de Trabajo, en el Gobierno entienden que la definición no debería demorar. Fuente: (ElCronista)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó su informe sobre "Distribución del Ingreso". De allí surgió que el 60% de los trabajadores de Argentina percibía un salario de hasta $243 mil pesos al término del cuarto trimestre del año pasado.

Informe del INDEC: distribución y desigualdadEl 63,4% de la población total (18.734.571 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $243.125. Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) fue de $84.678; el del estrato medio (deciles 5 a 8), $227.401 y el del estrato alto (deciles 9 y 10), $591.544.

Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $279.692, mientras que el de las mujeres fue de $207.483.

El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,435 para el cuarto trimestre de 2023, mientras que en el mismo trimestre de 2022 el valor fue de 0,413, lo que muestra un aumento de la desigualdad en la comparación interanual.

Respecto a la población asalariada, se registraron 9.786.542 personas con ingreso promedio de $262.718.

El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $327.719 (+164,5% interanual), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $141.733 (+151,2% interanual).

Fuente: Ámbito

Tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario la semana pasada, el gobierno del presidente Javier Milei confirmó este martes el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Se ubicará en $180.000 en febrero y en $202.800 en marzo.

Las mismas cifras había adelantado el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el lunes, en una entrevista con LN+. Lo dispuesto es menor a los $280 mil que reclamaron los gremios a través del Consejo del Salario, que equivale a un promedio del 85% en relación con la inflación.

Salario mínimo: el argumento del gobierno“El Gobierno debe laudar entre las partes y fijar un salario mínimo; quedó fijado para febrero en $180.000 y marzo en $202.800″, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa. Al ser consultado de si cree que los ingresos le ganen a la inflación en 2024, el portavoz sostuvo: “Los salarios están atados estrictamente a la productividad por la que estamos trabajando fuertemente. El DNU 70/2023 y la ley ómnibus eran claves para que eso avance”.

El SMVM es el responsable de marcar los ingresos de los trabajadores que están por fuera de los convenios colectivos de trabajo e impacta en el Salario Social Complementario. La propuesta de los gremios en el encuentro de la semana pasada fue de un salario mínimo de $288.600 a partir del 1° de febrero; por su parte los empresarios no habían realizado ninguna sugerencia.

El encuentro es parte de la continuidad de las negociaciones paritarias entre el gobierno de Entre Ríos y los gremios que representan a las y los trabajadores de la administración pública provincial. El objetivo es monitorear las consecuencias de la devaluación en la inflación.Durante la reunión, el ministro de Economía, Hugo Ballay, agradeció a ATE y UPCN “el reconocimiento de la tarea que venimos haciendo en conjunto”, en referencia a los logros obtenidos para el personal del Estado tales como las recategorizaciones, pases a planta permanente, estabilidad, la Ley de Enfermería, las mejoras para las cocineras de los comedores escolares, entre otros avances que se dieron durante la gestión del gobernador Gustavo Bordet.En ese marco, Ballay confirmó el compromiso del gobernador para que “los incrementos salariales estén por encima de la inflación”. Y recordó que llegamos a julio con un 68 por ciento de aumento contra un 60 por ciento de inflación. Además mencionó “otra decisión importante, que fue cambiar la base de cálculo, incorporando un cuarenta por ciento más para calcular los siguientes aumentos”.Seguidamente, el titular de la cartera económica explicó que la propuesta concreta para esta reunión consiste en “incorporar un incremento del 5 por ciento en el mes de agosto sobre la nueva base de cálculo, que estamos en condiciones de liquidar el primero de septiembre”, y accedió al pedido de los gremios de “adelantar el incremento de las asignaciones familiares previstas para el 1º de septiembre y liquidarlo a partir del 1º de agosto, porque esto también es salario”.“De esta manera, estaríamos alcanzando un incremento acumulado del 76 por ciento, en lo que va del año”, resaltó Ballay, y subrayó que “como gobierno también nos vemos obligados a ser responsables, evaluar el impacto de la devaluación en los recursos de la provincia para poder cumplir el acuerdo al que lleguemos”.Las y los representantes de ATE y UPCN decidieron acompañar la propuesta del gobierno bajo la condición de la paritaria permanezca abierta para seguir analizando la situación inflacionaria en el plano nacional.PresenciasLa reunión estuvo presidida por el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías y la delegada Contable, Mónica Barbabianca.La representación del gobierno estuvo encabezada por el ministro Ballay y participaron también la directora de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Sandra Vara, el director General de Liquidaciones, Miguel Ángel Ulrich, y el director de Asuntos Jurídicos del ministerio de Gobierno, Miguel Arrúa Gobo.Por parte de UPCN participaron la secretaria adjunta, Carina Domínguez; la secretaria gremial, Cristina Melgarejo y la secretaria de Comedores, Gladis Comas. En representación de ATE, estuvieron presentes el secretario General, Oscar Muntes, y la prosecretaria Mariana Lujan.