Al cumplirse este lunes cinco años del hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, su hermano Sergio volvió a denunciar que Gendarmería actuó "avalada por el propio Gobierno" de Cambiemos durante la desaparición del joven y remarcó que la causa que investiga lo ocurrido "está paralizada desde marzo de 2020".

Además, destacó el aporte de una nueva testigo que declaró en febrero pasado frente al fiscal de Esquel, Federico Baquioni, al asegurar que, a raíz de ese testimonio, los implicados tendrán que "dar muchas explicaciones".

Santiago Maldonado desapareció en el marco de una represión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales del Grupo Benetton ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut.

El cuerpo de Santiago fue encontrado sin vida en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez, en una zona que, tal como denunció la familia Maldonado varias veces, ya había sido rastrillada en tres oportunidades por helicópteros, drones y perros rastreadores, sin hallar nada.

La ministra de Seguridad del por entonces gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, había salido a respaldar a la fuerza que tenía a su cargo: "No hay ningún indicio de que haya sido la Gendarmería. Y la fuerza no reporta ningún detenido".

También desde ese Gobierno habían negado la presencia de Santiago en la zona el día del operativo que culminó en la desaparición, en un hecho que tuvo que ser probado por la propia familia que aportó fotos y un video en el que reconocieron la presencia del joven el día anterior a la represión.

"Es el primer caso de una desaparición forzada en donde participa una fuerza federal y es avalada por el propio Gobierno. Nadie se atrevió a tanto en lo que tiene que ver a desaparecidos en democracia", señaló Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

A la vez, en los 78 días que van del 1° de agosto, fecha en la que

 ocurrió la desaparición de Maldonado, y el 17 de octubre, surgieron varias hipótesis que circularon por la prensa que aseguraban que el joven estaba vivo.

En una de ellas, se llegó a difundir un video donde aparentemente se veía a Maldonado en una tienda de Entre Ríos, a raíz de una denuncia que un camionero había hecho frente a la policía local, asegurando que había trasladado a un joven de las mismas características de Santiago en la ruta nacional 12.

También Elisa Carrió, que en aquel momento se encontraba en medio de la campaña como candidata a diputada nacional de Vamos Juntos por la ciudad de Buenos Aires -elección que ganó con el 50% de los votos-, afirmaba que había "un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile con la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)".

Desde el lado de la Justicia, en septiembre de 2017 el primer juez de la causa, Guido Otranto, fue apartado del caso tras ser señalado por la querella por "parcialidad", y se designó en su lugar al magistrado Gustavo Lleral.

En noviembre de 2017, el juez Lleral cerró la causa y en su fallo subrayó que Maldonado murió por ahogamiento y que estaba solo cuando se sumergió en las aguas del río Chubut, en Cushamen.

A la vez, dictó el sobreseimiento del único imputado de la causa, el gendarme Emmanuel Echazú, quien había participado del operativo de represión el 1 de agosto.

Entre las cuestiones que Lleral dejó sin investigar, se encuentran una serie de mensajes y llamadas entre el jefe de Gendarmería de El Bolsón, Fabián Méndez, y el entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.

A través de peritajes hechos al celular de Méndez, y que constan en el expediente, Noceti había sido informado de las tareas que realizaba Gendarmería ese 1 de agosto, y se presume que hasta estuvo en la zona de la desaparición de Maldonado el mismo día.

El intercambio de mensajes demuestra también que fueron comentando entre sí el desarrollo del caso, y que hasta pudo haber avisos de parte del funcionario sobre peritajes que luego la Justicia terminó ordenando, así como también surge evidencia del espionaje ilegal a los celulares de la familia Maldonado.

Cuando todavía tenía a cargo la causa, Otranto había pedido la intervención de las líneas telefónicas del entorno de Santiago Maldonado.

Luego del cierre del expediente a fines de 2017, la familia apeló la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en septiembre de 2019 respondió ordenando la reapertura del caso.

Desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020, y tras una serie de apelaciones por parte de la familia Maldonado, el expediente recayó en tres oportunidades en el juez Lleral, quien volvió a quedar al frente de la causa pese haber sido recusado varias veces.

"La causa madre que tiene que ver con la desaparición forzada está paralizada desde marzo de 2020 y no se hizo ninguna investigación desde fines de noviembre de 2018 hasta la fecha", remarcó Sergio Maldonado.

La familia presentó en marzo de 2020 dos recursos frente a la Corte Suprema de Justicia, y tras más de dos años, el 4 de octubre de 2022 el máximo tribunal respondió rechazando los pedidos y argumentó que no podía pronunciarse debido a que no había previamente "una sentencia definitiva".

En diálogo con Télam, la abogada defensora de la familia, Verónica Heredia, consideró que esa respuesta "demuestra la mentira instalada durante todos estos años de que ya estaba todo resuelto, que Santiago se había ahogado solo".

"No hay nada resuelto y esto es lo que acaba de decir la Corte Suprema", completó.

La abogada señaló que la nueva testigo declaró frente al fiscal Baquioni en febrero pasado y que en esa ocasión "dijo que vio al gendarme Emanuel Echazú el 1 de agosto del año 2017, a las 13, en Gendarmería de Esquel".

"Esto tira por la borda el acta que firmó Echazú a 100 kilómetros de Esquel", aseguró la letrada sobre la contradicción en la información brindada por Gendarmería.

"Todas las personas que nombra ella tendrían que dar muchas explicaciones de qué pasó con Santiago", afirmó Sergio Maldonado sobre el aporte del nuevo testimonio.

Además, confió que "ella afirma que lo tuvieron (a Santiago) en la estancia de Benetton en donde funciona el destacamento de escuadrón de Gendarmería y ahí lo tenían para ir quitándole información".

Al cinco años de la desaparición de Santiago Maldonado, que ocurrió el 1° de agosto de 2017, su hermano Sergio relató el estado de la causa, que está "paralizada hace dos años en la Corte Suprema" a la espera de la designación de un juez que "investigue de verdad" lo que le pasó al joven artesano."No se hizo nada, la causa está paralizada en la Corte desde marzo de 2020, a la espera de que se investigue como 'desaparición forzada' y que se designe otro juez", afirmó en declaraciones a Télam Sergio Maldonado en referencia a la causa que investiga la muerte de su hermano, quien fue hallado sin vida luego de haber estado 78 días desaparecido tras una represión ejecutada en agosto de 2017 en Chubut por agentes de la Gendarmería.A la fecha, el expediente "no tiene culpables ni responsables condenados".Sergio Maldonado se refirió además a la última presentación efectuada en octubre pasado frente al máximo tribunal, y en la que se reclamó la designación de un nuevo juez que "investigue de verdad", ante la falta de celeridad en la resolución del expediente a cargo del magistrado Gustavo Lleral."A Lleral ya lo recusamos cuatro veces, no reconstruyó siquiera lo que pasó ese 1° de agosto de 2017, apelamos para que se designe a otro juez, él se agarra de eso para decir 'No voy a hacer nada hasta que no resuelvan qué van a hacer conmigo, no puedo hacer algo distinto porque yo ya dí mi fallo' ", sostuvo Maldonado.Lleral había cerrado la causa en noviembre de 2018, luego de dictaminar el ahogamiento como causa de muerte del joven y de eximir de responsabilidad al gendarme imputado Emmanuel Echazú, que integró el operativo represivo en la comunidad Pu Lof aquel 1° agosto de 2017.

"El no tomarle declaración a la nueva testigo, por ejemplo, es una muestra más de la falta de compromiso con la causa y, también, una bajada de línea o una forma de amedrentamiento al resto de las personas que quieran declarar", refirió Maldonado acerca de la reciente declaración de una integrante del personal de salud de Gendarmería del Escuadrón 36 de Esquel.

Sergio señaló que la testigo, de identidad reservada, declaró por cuatro horas frente al fiscal federal de esa ciudad, Federico Baquioni, a quien relató que al día siguiente de la represión en la Pu Lof "asistieron a su consultorio Dávila Felipe y Jorge Espejo", comentando que "habían detenido en la zona del campo de Benetton" a una persona a la cual se referían como "el hippie".

En una publicación reciente en sus redes sociales, Maldonado expuso que la testigo, en su declaración a Baquioni, refirió haber escuchado que "Ahumadita se había mandado la cagada del siglo" y que al parecer "Chuqui (apodo con el que identifican al segundo jefe del escuadrón 36, Juan Pablo Escola), había dado la orden y Ahumada la había ejecutado".

Conocemos a otras personas que pueden aportar un montón de información para seguir sumando y destrabar esto, pero ¿cómo hacemos para seguir volcando testimonios si no hay un juez que investigue?", cuestionó Sergio.

Además, el hermano de Santiago Maldonado recordó la multiplicidad de irregularidades que se dieron durante la investigación: libros de actuación de Gendarmería adulterados, grabaciones incompletas del operativo, la quema de evidencia, el espionaje ilegal de celulares a su familia y la falta de análisis de las contradicciones que surgen de las declaraciones testimoniales que dieron los gendarmes, entre otras.

Tampoco puede hacerse a un lado "la paradoja" de que el cuerpo sin vida de Santiago haya aparecido el 17 de octubre de 2017, en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez, en el mismo lugar donde más de 400 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad –con helicópteros, drones y perros rastreadores– no habían encontrado nada.

Asimismo, no se puede entender la desaparición y muerte del joven sin ubicarlas en el contexto de la represión violenta que implicó la persecución a balazos de goma a los miembros de la Pu Lof, y de un contexto más amplio y de larga data vinculado al acceso al territorio de los pueblos indígenas de la Patagonia.

La opinión del CELS

En este sentido, el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Manuel Tufró, señaló que no se cumplen los derechos que se han reconocido en la Constitución y en diferentes leyes de que los pueblos tienen que acceder a sus tierras ancestrales, y que "los Gobiernos provinciales y muchos intereses privados obstaculizan esta posibilidad de acceso".

A su vez, Tufró remarcó a esta agencia que "la desaparición y muerte de Maldonado se dio en el contexto de un plan implementado" por el Gobierno de Mauricio Macri para "reprimir a la comunidad mapuche".

"El Gobierno anterior, a pedido explícito de la Sociedad Rural de la Patagonia, avanzó con un plan represivo que implicaba, entre otras cosas, desplegar a las fuerzas federales y realizar prácticas de inteligencia ilegales para espiar a estas comunidades", señaló.

Asimismo, Tufró hizo referencia a investigaciones posteriores sobre cómo se actuó durante el operativo represivo, como la realizada por la Procuración contra la Violencia Institucional (Procuvin) e incluso una revisión que hizo el propio Ministerio de Seguridad, ya bajo otra gestión, que arrojaron que "ese día hubo un montón de irregularidades y situaciones de violencia excesiva".

"Los gendarmes que entraron ahí no estaban preparados ni entrenados para lidiar con situaciones de conflicto social, hubo problemas en el diseño y en la ejecución totalmente violenta del operativo", indicó.

Tufró expresó la necesidad de que la investigación judicial pueda avanzar en reconstruir estos aspectos para "poder determinar las responsabilidades que les competen a los gendarmes pero, sobre todo, a quienes ordenaron e implementaron el operativo".

En tanto, cuando Sergio Maldonado dice que "no se hizo nada" se refiere a lo que fue expedido en septiembre de 2019 a través del fallo de la Cámara de Casación Penal sobre cuatro puntos del informe pericial que debían ser explicados y ampliados, pero que aún no fueron investigados.

Esos cuatro puntos clave son: la data de la muerte, la presencia de polen adherido en las ropas, el informe sobre la identificación de algas, que es relevante para el diagnóstico de muerte por sumersión, y la peritación del bastón y los billetes hallados junto al cuerpo para determinar el tiempo que permanecieron sumergidos.

Maldonado sostuvo que "pasa el tiempo y nos alejamos cada vez más de la verdad, se van perdiendo pruebas, no sabemos dónde están las pertenencias de Santiago para analizarlas, si las cuidaron", y agregó que "si el propio juez rompió la cadena de custodia del DNI, no me quiero imaginar dónde deben estar tiradas todas las cosas".

"Es una cadena de responsabilidades que ninguno quiere investigar porque ahí la responsabilidad abarca hasta al propio Poder Judicial", sentenció.

Santiago hubiera cumplido 33 años este 25 de julio. A cinco años de su muerte sobran dudas y faltan respuestas.

Este lunes desde las 17, en la quinta conmemoración de su desaparición, la familia y amigos, junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, se concentrarán en Plaza de Mayo para reclamar, una vez más, justicia y verdad.

El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) realizó este jueves en Plaza de Mayo un acto "para exigir juicio y castigo a los responsables materiales y políticos" de la desaparición seguida de muerte del joven artesano Santiago Maldonado, ocurrida hace cuatro años.

"Es una causa que sigue impune a 4 años, paralizada en la Corte Suprema de Justicia. Por eso el reclamo puntual en el que acompañamos a la familia es la exigencia de que se reactive y se provean las muchas medidas pendientes que la querella viene ofreciendo", dijo a Télam María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que integra el EMVyJ.

La referente también aseguró que "Santiago no fue el primer desaparecido, ni siquiera el primero en democracia, porque desde 1983 registramos más de 200 desapariciones forzadas seguidas de muerte a manos de las fuerzas de seguridad", pero sostuvo que "sí fue el primero en el marco de un operativo represivo de una fuerza federal, como el descargado por Gendarmería Nacional".

Verdú sostuvo que la violenta represión llevada a cabo por Gendarmería en el noroeste de Chubut el 1 de agosto de 2017, en el marco de la cual desapareció Santiago Maldonado, se trató de un ataque "contra la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Resistencia, bajo el monitoreo directo del gobierno nacional" de Cambiemos, y apuntó al Ministerio de Seguridad, entonces a cargo de la actual titular del PRO, Patricia Bullrich.

Las demandas planteadas en el acto de este jueves en Plaza de Mayo por las organizaciones que integran el EMVyJ van en línea con el planteo de la familia de Maldonado, que reclama que la Corte Suprema ordene que la causa se investigue como una desaparición forzada.

"Hace cuatro años Santiago servía electoralmente y ahora está abandonado en el fondo de un placard. Lo único que queremos saber es qué le pasó. No tenemos ni una investigación ni una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto de 2017 y la causa está paralizada", reclamó Sergio Maldonado, hermano del joven artesano.

"Estuvimos en Plaza de Mayo para exigir juicio y castigo efectivo a los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago", publicó la Correpi, en su cuenta de Twitter.

Santiago Maldonado desapareció tras una violenta represión de Gendarmería llevada a cabo contra la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen, ubicado en el noroeste de la provincia de Chubut, y luego de 78 días su cuerpo apareció en las gélidas aguas de río Chubut.

El juez federal Gustavo Lleral concluyó que el joven de 28 años murió de hipotermia y no imputó a efectivos de Gendarmería ni funcionarios por este hecho, a pesar de los reclamos formulados por la familia.

El fallo de Lleral fue ratificado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y Casación, y ahora se aguarda una decisión de la Corte para que la causa tenga una nueva carátula y se investigue la responsabilidad del Estado en la muerte de Maldonado.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, consideró días atrás que el Estado, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Judicial, "hizo todo mal" en relación a la desaparición y posterior aparición sin vida de Santiago Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri.

Pietragalla Corti sostuvo además que esa gestión, "en vez de ayudar y acompañar" a la familia, "trabó la búsqueda" y se dedicó luego a "armar operaciones" y "espiar".

La ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, presentó el año pasado una denuncia para que se investigue la responsabilidad de Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de esa cartera durante la gestión de Bullrich, en ese operativo represivo que recayó en el juez Lleral, una situación que la familia criticó.

"Continúa la impunidad a cuatro años. Necesitamos que se active la causa que está detenida desde marzo del año pasado en la Corte Suprema de Justicia", detalló hoy Sergio Maldonado. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017, tras una violenta represión de Gendarmería en la Lof en resistencia Cushamen, Chubut, y su cuerpo sin vida fue encontrado 78 días después, el 17 de octubre en el Río Chubut, 400 metros río arriba de donde fue visto por última vez.

Sergio reclamó la actuación de "un juez imparcial y que los hechos se investiguen como desaparición forzada".

El hermano del joven artesano consideró además que por "no haber hecho una investigación como corresponde sobre la Gendarmería, hoy sea noticia lo que sucedió con Bolivia", en referencia al supuesto envío irregular de material bélico a ese país de parte del Gobierno de Mauricio Macri en ocasión del golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.

En la misma línea, Maldonado relató a El Destape Radio que en una de las investigaciones sobre esa fuerza por la causa de Santiago, "ya se observó que los libros de la Gendarmería estaban todos adulterados y eso tampoco se investigó".

"Esto de Bolivia no es nuevo, era algo habitual al menos durante el Gobierno cuando estaba (la exministra de Seguridad, Patricia) Bullrich", insistió.

En tanto, pidió un juez imparcial debido a que "hasta que la Corte no se expida sigue estando (Gustavo) Lleral que fue el mismo que dijo que Santiago se había ahogado solo", consideró que la investigación "está detenida desde noviembre del 2018".

Además, remarcó la necesidad de que "se unifiquen las investigaciones bajo la carátula de desaparición forzada" porque existe "un conjunto de hechos que se derivan de lo mismo".

Entre ellos citó "la desaparición forzada de Santiago, el hallazgo, la difusión de la foto del cuerpo, las escuchas a mi teléfono y el espionaje que me hicieron".

"Si lo investiga un solo juez va todo al mismo lugar y eso es lo que corresponde", definió.

Asimismo, explicó que "la gente piensa que cuando aparece un cuerpo deja de ser desaparación forzada pero hay que aclara que eso no cambia la carátula, lo que hace es que la condena sea superior, por eso, muchas veces, los cuerpos no aparecen".